El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 23 de marzo:El periodista Edward Porras, el Ojo de la Noche, hizo un recorrido sobre su carrera y las historias que le ha tocado cubrir.En historias que merecen ser cortadas estuvo la conferencista Tatiana Barreto, quien habló sobre cómo logró salir adelante.
En la mañana de este martes 24 de marzo se reportó un nuevo caso de homicidio en el sur de Bogotá. Según la información preliminar, un hombre habría asesinado a su pareja y a sus dos hijastras en su casa ubicada en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa. Las autoridades ya adelantan las labores judiciales e investigativas para esclarecer lo ocurrido.El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el Cuerpo Oficial de Bomberos ingresó al inmueble y encontró los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y de dos jóvenes, de 20 y 17 años, quienes serían sus hijastras.La emergencia fue conocida tras una llamada a la Línea 123 realizada por un familiar de las víctimas. De inmediato, uniformados de la Policía acudieron a la residencia ubicada en este sector de la localidad de Bosa.“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el general Zambrano.Una vez reciba atención médica, el capturado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
En medio del escándalo de acoso sexual que azota a los medios de comunicación, uno de los más relevantes es el que involucra al periodista Holman Morris. En ese contexto, la abogada Ana Bejarano volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda sobre lo que implica denunciar este tipo de hechos en Colombia.En entrevista con Mañanas Blu, Bejarano habló desde su experiencia como abogada y también como mujer que ha sido testigo de estas situaciones. Aseguró que, aunque el país ha avanzado, aún hay fallas profundas en la manera en que el sistema responde a estas denuncias.Denunciar no siempre garantiza justiciaPara la jurista, uno de los mayores problemas está en la falta de herramientas claras dentro de las instituciones. “Lo cierto es que no hay políticas públicas que, por ejemplo, le digan a un fiscal cómo actuar frente a este tipo de casos”, explicó.Según dijo, esto hace que muchas investigaciones no tengan un enfoque adecuado desde el inicio. Por eso insistió en que el enfoque de género debe aplicarse desde que la Fiscalía recibe el caso y no solo durante el proceso.En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista. “Las mujeres que denuncian este tipo de violencias (…) sufren unas consecuencias enormes”, reiteró, al advertir que muchas terminan siendo cuestionadas o revictimizadas.Del silencio a hablar, un cambio que aún cuestaBejarano también hizo una mirada hacia atrás para explicar cómo ha cambiado el entorno. Recordó que en sus primeros años profesionales estas conductas eran vistas como algo cotidiano.“Era una conducta tan generalizada que era simplemente como estrategias de cómo esconderse de los señores acosadores”, contó, al describir lo que vivían muchas mujeres en espacios laborales.Hoy, el panorama es distinto, en buena parte por la fuerza colectiva. “El elemento que cambia todo es cuando las mujeres empiezan a hablar masivamente”, afirmó.Un problema que atraviesa toda la sociedadLa abogada fue enfática en que este no es un tema aislado ni exclusivo de un sector. “Este es un problema generalizado en nuestra sociedad (…) ocurre en todas las profesiones, en todas las esquinas”, señaló.También cuestionó que estos casos se utilicen con fines políticos, lo que, a su juicio, termina desviando la atención del problema real.Al final, dejó un mensaje claro. No basta con solidarizarse con las víctimas. “Hay que empezar también a cambiar el sistema”, dijo, insistiendo en que el reto está en garantizar condiciones reales para que denunciar no se convierta en una carga más para las mujeres.
Blu Radio recorrió la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol, en la regional Central del Magdalena Medio, que concentra entre el 70 % y el 80 % de la operación de la compañía en el país, según el balance entregado durante la jornada.De acuerdo con la información presentada, esta regional abarca 31 campos en 6 departamentos y 15 municipios, con una producción cercana a los 75 mil barriles diarios. La operación es sostenida por más de 800 empleados directos y una infraestructura que incluye estaciones, plantas, miles de pozos y una extensa red de transporte de crudo.En materia ambiental, Ecopetrol destacó que avanza en su transición energética con la puesta en marcha de dos granjas solares en el Magdalena Medio: una en el sector de La Cira-Infantas y otra en el municipio de Yondó. Estas generan en conjunto cerca de 66 megavatios de energía, que permiten abastecer parte de sus operaciones en campos petroleros como Casabe y reducir el uso de fuentes tradicionales.La compañía señaló que estas iniciativas hacen parte de su Plan Estratégico Ambiental, con el que busca integrar la protección de los ecosistemas con el desarrollo de sus actividades, incluyendo la meta de deforestación neta cero y la generación de impactos positivos en la naturaleza.En el Magdalena Medio, Ecopetrol ha identificado más de 2.400 especies de fauna y flora, entre ellas especies endémicas y en riesgo. A nivel nacional, cuenta con una red de 20 ecoreservas que superan las 15.500 hectáreas destinadas a la conservación y restauración de hábitats.Entre los programas destacados está Proyecto Vida Silvestre, que en esta región trabaja en la protección de especies como el paujil de pico azul, el manatí del Caribe, el bagre rayado del Magdalena, el mono marimonda y el árbol carreto colorado. Estas especies enfrentan presiones por actividades humanas como la caza, la tala y la pesca no regulada.Como parte de estas acciones, se desarrollan iniciativas con comunidades locales que incluyen monitoreo ambiental, educación, acuerdos de no caza, siembra de especies nativas y proyectos productivos sostenibles.Ecopetrol también avanza en otras líneas de transición energética en el país, como proyectos eólicos, estudios en geotermia e iniciativas relacionadas con hidrógeno, con el apoyo del Instituto Colombiano del Petróleo y de la Energía para la Transición.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 24 de marzo de 2026:Jhon Molina, gobernador de Putumayo, habló sobre el trágico accidente aéreo ocurrido el lunes 23 de marzo, cuando un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra en el departamento.Eduardo Sanjuan, comandante de Bomberos de Putumayo, se refirió sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo), habló sobre el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia ocurrido en la mañana del lunes 23 de marzo.David Fernández, contralor delegado para el sector trabajo, se refirió sobre las nuevas advertencias de la Contraloría, que considera inviable la aplicación del decreto que propone el traslado de pensiones desde los fondos privados hacia Colpensiones.Otty Patiño, consejero comisionado de Paz, habló sobre la confesión ante la justicia de Simeón Pérez, alias 'El Viejo', acusando a alias 'El Zarco Aldinever', uno de los máximos cabecilla de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc creada en Venezuela por alias 'Iván Márquez' luego de traicionar el acuerdo de paz, abre una serie de interrogantes que deben ser respondidos por el Gobierno Nacional.El alcalde de Fómeque, Cundinamarca, Eduar Esneider Acosta, se refirió sobre el caso de dos senderistas y un guía que estuvieron desaparecidos durante varias horas en el páramo de Chingaza y que fueron encontrados por los rescatistas.Escuche el programa completo aquí:
El general en retiro, Luis Mendieta, fue secuestrado en 1998 durante la toma de Mitú, en el Vaupés. Mendieta estuvo casi 12 años en cautiverio y en diálogo con Blu Radio se refirió a la primera sentencia de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc. Quienes fueron los máximos comandantes de esa guerrilla fueron condenados por secuestro, sin embargo, cumplirán una sanción propia, es decir, que no irán a la cárcel, pues la JEP consideró que aportaron verdad plena y asumieron su responsabilidad por estos casos.Mendieta señaló que él participó en diferentes audiencias en la JEP y que allí se habló de las sanciones propias y los proyectos que cumplirían los excomandantes de las Farc, en esos espacios, según Mendieta, las víctimas hicieron unos aportes que no sienten que se hayan tenido en cuenta."En esas audiencias las víctimas hicieron una cantidad de requerimientos, de solicitudes y hoy las víctimas quedarán con un sufrimiento porque no ser tuvo en cuenta por parte de la JEP esos requerimientos que se hicieron", señaló Mendieta.Los excomandantes de la guerrilla van a mantener sus derechos políticos mientras cumplen la sentencia. Sobre este tema, se refirió el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Sebastián Velásquez."Lo primero que debió hacer la JEP al condenar a ocho años de sanciones propias a los máximos responsables es la pérdida de los derechos políticos de estos comparecientes porque se trata de crímenes atroces y de lesa humanidad, si bien es cierto que las Farc cambió la cárcel por verdad, que aún no la debe, pues entonces que asuman sus responsabilidades como condenados", dijo Velásquez.Otra reacción llegó por parte de la ONG Hijos de los Héroes, desde donde se refirieron a las sanciones y a las penas que imponen desde la JEP."Hoy se culmina el proyecto de impunidad para las Farc en la JEP. Es completamente desproporcional la pena impuesta con los delitos cometidos. Lo peor que puede pasar es que, al final, los únicos que reciban cárcel sean los militares que busquen defender su inocencia en la JEP. Recordemos que la condena para las Farc es de solo 8 años de penas restaurativas. Por otro lado, varios militares han manifestado su deseo de defender su inocencia en juicio adversarial. Por hacerlo, ya no solo se enfrentan a penas restaurativas sino a 20 años de cárcel", señalaron desde la organización.
Este martes se conoció la primera sentencia de la JEP y es contra el antiguo secretariado de las Farc. Quienes deberán cumplir con esta sanción son: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.Es importante recordar que algunos de ellos ejercen cargos políticos pues, por ejemplo, Catatumbo y Gallo son senadores por el partido Comunes.El magistrado de la Sección de Reconocimiento de la JEP explicó que, tras esta sentencia a ocho años, los exjefes de las Farc mantendrán sus derechos políticos.“No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes. No obstante, y hacemos énfasis, se determinó que prima el cumplimiento de la sanción propia sobre la participación en política”, explicó el magistrado Camilo Suárez.Es decir, que cuando alguna actividad política se realice el día en el que los exjefes de las extintas Farc deban cumplir algún proyecto de sanción, deberán priorizar la sentencia y cumplir con los trabajos relacionados con la misma.“El ejercicio del derecho de participación en política no puede emplearse para emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios a la sentencia y a las decisiones de la JEP”, explicó Suárez.Los siete exjefes de las Farc deberán cumplir sanciones restaurativas durante ocho años, no irán a la cárcel y las acciones y proyectos que desarrollen deberán estar enfocadas a la reparación de las víctimas.Según la JEP, la extinta guerrilla de las Farc es responsable por más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.
La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas; quien era conocido como el canciller de las Farc.Esta jurisdicción, además, envió a Granda a la Unidad de Investigación y Acusación pues él no reconoció su responsabilidad en este caso. si la UIA considera que hay mérito, podría adelantar un juicio en su contra.La hija del expresidente paraguayo fue secuestrada en 2004 y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida en una casa de la periferia de Asunción. La justicia paraguaya ha solicitado en extradición a Rodrigo Granda para que responda en ese país por este caso; sin embargo, cabe recordar que recientemente la JEP había abierto la puerta para investigar a Granda por estos hechos."Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre». El apoyo no solo se circunscribía a un factor ideológico sino que este tendría que ver también con uno de carácter militar, el mismo que se concretaría en facilitar las condiciones para poder fortalecer su brazo armado y esa colaboración estaba dirigida a superar las fronteras, trascender su doctrina subversiva, internacionalizar el conflicto", explicó la JEP sobre las razones por las que se admitió la competencia.En el mismo sentido, la Sección con Reconocimiento de Verdad decidió enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, es decir la Fiscalía de la JEP. Si Granda es hallado responsable se podría enfrentar, eventualmente, a 20 años de prisión."REMITIR la actuación adelantada por este caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz —UIA— para que investigue la responsabilidad del señor RODRIGO GRANDA ESCOBAR respecto del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia", se lee en el autoLa jurisdicción, además, explicó que "la vinculación del compareciente con los hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004, desde la óptica de la relación que se presenta con el conflicto armado colombiano no deja espacio a la ambigüedad. Las pruebas ponen de manifiesto que el compareciente entabló un vínculo que obviamente no era personal sino que tenía que estar relacionado con las actividades insurgentes de las FARC- EP y el brazo armado del partido «Patria Libre»", añade la JEP.
La sección con reconocimiento de verdad de la JEP anunciará este martes su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc.Los exjefes de la extinta guerrilla deberán cumplir unas sanciones propias de la JEP, es decir que no irán a la cárcel, pues ese tribunal consideró que el secretariado aportó verdad plena y reconoció su responsabilidad por los casos de secuestro que se dieron en el marco del conflicto.La sentencia es contra Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.Estos siete comparecientes deberán cumplir sanciones sobre cuatro ejes temáticos: la búsqueda de los desapariciones, el desminado humanitario, medioambiente y memoria de las víctimas.Cada proyecto tendrá un plazo de vigencia y los comparecientes durante ese tiempo deberán cumplir la sanción. Estas sanciones contarán con el monitoreo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Es importante recordar que la JEP ha determinado que la extinta guerrilla de las Farc es responsable de más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto armado.La lectura de la sentencia contra los exjefes de esa guerrilla será a las 7:00 de la mañana desde las instalaciones de la JEP en Bogotá.
Blu Radio tuvo acceso a un documento de inteligencia de autoridades en Colombia que da evidencia no solo de la existencia de la llamada ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, sino de toda su estructura que delinque bajo un esquema asociativo horizontal.Según el documento, esta estructura, que en el pasado operó como una poderosa mafia ya extinta, ha resurgido bajo un esquema sofisticado, integrando a viejos capos reincidentes, sectores vinculados con las esmeraldas, ganaderos y nuevas generaciones de delincuentes nacionales y extranjeros. El informe describe que este entramado no solo busca controlar la producción de cocaína en Colombia, sino también articular alianzas con mafias internacionales para garantizar la expansión de sus negocios y el flujo de armas.Entre enero y agosto de 2025, las autoridades han capturado a 20 narcotraficantes extranjeros en territorio colombiano, varios de ellos asociados al Cartel de los Balcanes y a la mafia italiana ‘Ndrangheta, lo que evidencia la consolidación de un “portafolio criminal” con nuevos mecanismos como el uso de criptomonedas para mover dinero y expandir redes.“Estos capos, especialmente de mafias europeas, evidenciarían nuevos portafolios criminales y movimiento en criptomonedas. Mafias internacionales garantizarían la demanda y expansión del mercado, así como la interconexión con centros financieros, disponibilidad de armas y tecnologías”, indica el informe de inteligencia.Estas estructuras han extendido sus tentáculos a ciudades clave como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Pasto, donde se han detectado contactos directos con redes de Europa.El alcance de la Junta trasciende América Latina. Grupos logísticos dominicanos y ecuatorianos han asumido el papel de compradores directos, creando rutas hacia la península balcánica, Oceanía y Medio Oriente, mientras que el Clan del Golfo articula buena parte de la cooperación criminal para abastecer de cocaína al continente europeo. Las capturas en Abu Dabi de alias ‘El Gerente’, un ecuatoriano vinculado a los Comandos de Frontera, y del albanés Dritan Gjika, confirmaron la magnitud de estas conexiones.Los carteles mexicanos mantienen un rol determinante en la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, el Cártel de Sinaloa controla la compra de cocaína en la frontera del Catatumbo, mientras que el Jalisco Nueva Generación ha instalado redes en Putumayo y Nariño para enviar cargamentos a Estados Unidos. En paralelo, Bogotá, Cali y Medellín se consolidan como centros urbanos estratégicos para la articulación de operaciones internacionales.La violencia sigue siendo el combustible de esta reconfiguración criminal, el informe describe como extraditados reincidentes y exjefes de bandas en el Valle y el Eje Cafetero han conformado nuevas oficinas de sicariato, como La Alianza y Rastrojos Nueva Generación, encargadas de ajustes de cuentas, recuperación de bienes y control de rentas ilícitas. De igual forma, las autoridades han identificado negocios de trueque de cocaína por armas en regiones como Amazonas, Vichada y Chocó, con carteles mexicanos y organizaciones ecuatorianas como principales proveedores.El impacto de esta recomposición se refleja en el terreno, teniendo en cuenta que según describe el documento, el 32 % de las acciones armadas en 2025 se han concentrado en 60 municipios con más de mil hectáreas de coca, escenarios donde además se han registrado 112 enfrentamientos entre bandas. Todo esto confirma, indica el informe conocido por este medio, que la ‘Junta del Narcotráfico’ delinque como un consejo criminal global, en el que confluyen capos nacionales, redes europeas y carteles mexicanos, reciclándose en nuevas generaciones pero manteniendo intacta su capacidad de violencia y corrupción.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.