La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El cantante bogotano Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, decidió contar públicamente cómo estuvo a punto de ser víctima de una nueva modalidad de estafa bancaria. Su relato, compartido en redes sociales, dejó en evidencia lo sofisticados que se han vuelto estos engaños y encendió las alertas entre sus seguidores.Bako, vocalista de The Mills, reveló cómo casi lo roban“Casi me tumban, casi. No lo lograron, algo dentro de mí me dijo: pilas”, dijo Bako al inicio del video que publicó en Instagram. Según contó, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido, en la que supuestos funcionarios de Bancolombia le advirtieron sobre una transferencia fraudulenta en curso.“Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, relató el músico. Los estafadores usaron un discurso técnico, mencionaron protocolos de seguridad y aseguraron que una persona había fallado varias preguntas de verificación, razón por la cual se activaron las alertas.La nueva modalidad de estafa con bolsillos digitalesEl engaño avanzó cuando, según Bako, lo comunicaron con alguien que decía pertenecer al área de seguridad del banco. “Me dijeron que era necesario crear un bolsillo digital para proteger mi dinero”, explicó. Aunque al principio dudó, la insistencia y el tono convincente lograron ponerlo en alerta.El momento clave llegó cuando le pidieron ingresar un supuesto número de radicado. “Me dijeron: ‘no ponga su cédula, ponga el número de radicado’. Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, contó.Así evitó el robo: esto dijo BakoAnte la desconfianza, Bako optó por ir directamente a una sucursal física. “Le dije al asesor: ‘me están suplantando en este momento’. Y él respondió: ‘nosotros nunca llamamos a eso’”, narró. En ese instante, la llamada se cortó.Tras confirmar que se trataba de una estafa, el artista dejó una advertencia clara: “Lo jodido de esta modalidad es que no te piden datos, no te piden links, solo te dan el número y tú creas el bolsillo. Pilas”.Su experiencia sirve como recordatorio para estar atentos y no confiar en llamadas extrañas, por más convincentes que parezcan.
El sorteo No. 479 de MiLoto, realizado el 3 de febrero de 2026, marcó un hito en la historia del juego al entregar su premio mayor por primera vez en el departamento de Risaralda. El afortunado ganador, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se hizo acreedor a una bolsa de $200 millones.Detalles del sorteo de MiLotoEl tiquete ganador fue generado bajo la modalidad automática y adquirido en un punto de venta de la red aliada Apostar. Las balotas que conformaron la combinación ganadora fueron: 08, 09, 17, 22 y 24.Además del gran acumulado, la jornada del 3 de febrero registró 13.461 ganadores adicionales en el resto del país. Con este evento, el premio mayor de MiLoto ha caído en tres ocasiones en tan solo una semana, consolidándose como el juego con mayor frecuencia de caída en Colombia.Balance operativo y transferencias a la saludDesde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 hasta el 31 de enero de 2026, la operación de MiLoto arroja las siguientes cifras oficiales:Premios pagados: Más de $42.705 millones de pesos.Volumen de ganadores: 2.451.116 premios entregados en totalAportes al sistema de salud: Se han transferido más de $18.403 millones al sector salud nacional.Canales de cobro y puntos de ventaPara reclamar el premio, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar el procedimiento en la página web oficial del juego.Actualmente, MiLoto cuenta con más de 43 mil puntos de venta físicos a través de las redes Su Red y SuperGIROS, presencia en las principales cadenas de grandes superficies y canales digitales mediante su sitio web oficial.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (norte) confirmó la condena de un año de prisión y multa de 3.240 a un hombre por un delito de odio al insultar y humillar a un trabajador venezolano por su origen, a quien también deberá indemnizar con 1.000 euros.Los jueces desestimaron el recurso interpuesto por el acusado, aunque la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, informó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).En la primera sentencia, recurrida por el condenado, la Audiencia de Bizkaia declaró probado que el 19 de septiembre de 2023 la víctima, nacida en Venezuela y que trabajaba como técnico de una mercantil de telefonía, acudió a prestar un servicio al domicilio del acusado, ubicado en la localidad vasca de Sestao.El procesado, con ánimo de "menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral" por razón de su origen nacional, profirió afirmaciones como "machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles", y "negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu", entre otras.Cuando el trabajador tomaba el ascensor para abandonar la vivienda, el acusado "se abalanzó sobre él y trató de golpearle con los puños" al tiempo que le gritaba: "No se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo".El acusado recurrió la condena alegando que había sido condenado sin prueba incriminatoria concluyente, ya que él había negado los hechos durante el juicio y el tribunal había dado "plena fiabilidad" a lo narrado por el denunciante sin que existieran, en su opinión, otras pruebas contra él.También mantenía que no se podían integrar los hechos probados en el delito de odio recogido en el Código Penal porque con las expresiones utilizadas "no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano
La Lotería de la Cruz Roja realiza la noche de este martes 3 de febrero de 2026 su sorteo número 3139, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. En esta edición, el juego pone en disputa un premio mayor de 11.800 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones.Premio mayor de la Lotería de la Cruz RojaEl número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 3 de febrero de 2026 es el 4443 de la serie 307. Felicitaciones al nuevo ganador de los 11.800 millones de pesos.Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo se lleva a cabo cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Uno. Los jugadores pueden consultar el boletín oficial de resultados en el sitio web de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100, para confirmar si su billete resultó ganador.Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz RojaAdemás del premio mayor, el sorteo incluye varios premios secos que amplían las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si obtuvieron alguno de estos premios.Premio Seco de 300 millones4987 – 209Premio Seco de 100 millones5687 – 1854409 – 1578895 – 000Premio Seco de 50 millones7671 – 3061101 – 2270996 – 1537758 – 127Premio Seco de 20 millones4179 – 1964006 – 3292554 – 0835988 – 1029094 – 079Premio Seco de 10 millones0736 – 3252552 – 2482066 – 2389037 – 2528898 – 1978664 – 1367949 – 314También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. Se recomienda comparar con atención el número y la serie del billete frente a esta información oficial para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.¿Cómo reclamar los premios?Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja, el ganador debe presentar el billete o fracción original, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Para reclamar el premio mayor o los premios secos es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía.Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o en la Lotería, mientras que el premio mayor se paga exclusivamente en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?Quienes resulten ganadores de un premio de 7.000 millones de pesos deben tener en cuenta los descuentos de ley antes de recibir el dinero. Al premio se le aplica un 17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a 1.190 millones de pesos, y un 20 % de retención en la fuente, calculado sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Luego de estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador en su cuenta bancaria sería de 4.648 millones de pesos.
El martes 3 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales:Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 3 de febreroEl gran protagonista de la noche fue el número 4443 de la serie 307, correspondiente al premio mayor de $11 mil millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4741)El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 3 de febrero de 2026, es el 3700 de la serie 082. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
Después de que el Gobierno designara como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares mediante la Resolución 327 de 2025, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, respaldó la mesa técnica en la que participarán excomandantes de las AUC como Salvatore Mancuso, 'Jorge 40' alias 'Don Berna', alias 'Macaco', entre otros.De acuerdo con Patiño, esta resolución es el resultado de un diagnóstico que se hizo desde noviembre de 2024 en el que se evaluaron cómo estaba la situación de los exjefes paramilitares y dijo que se da un tiempo necesario para avanzar en el esclarecimiento de temas de verdad y restitución de bienes. Esta designación de los gestores de paz estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026.Hasta dicha fecha, el Ministerio del Interior será el articulador de los espacios de diálogo en el comité técnico que crea esta nueva resolución en el que participarán, además de los exparamilitares, participará también el Dapre y la Consejería de Paz.La decisión del Ejecutivo además de buscar reparación y no repetición del conflicto, busca dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, en Rialto, Córdoba, y que los aportes de los 16 gestores puedan ayudar a prevenir nuevas violencias en el país.Patiño también agregó que todavía hay muchas preguntas e insatisfacción frente a procesos incompletos y temas de verdad, según él, porque durante el proceso con los paramilitares “no hubo mucha formalidad”.“Esa falta de formalidad hace que tengamos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer hasta dónde se avanzó y qué hace falta”, dijo.Dos aclaraciones que hizo frente a esta nueva etapa es que este comité no es un proceso de negociación y que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y todas las que se requieran también participarán en el desarrollo de la mesa técnica.
El pueblo indígena Barí, que habita en el Catatumbo, enfrenta una grave situación de seguridad que ha puesto en riesgo a sus comunidades y su forma de vida. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Natubaiyibari, ha emitido un comunicado denunciando la escalada de violencia que se manifiesta en hechos como la desaparición de una joven en Ocaña y el secuestro de uno de sus guardianes del territorio en Tibú.Violencia que impacta a las comunidadesEstos incidentes son parte de un patrón de violencia más amplio perpetrado por grupos armados que operan en los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú, donde se ubica el resguardo Motilón Barí. Además de la desaparición y el secuestro, la comunidad ha denunciado otras vulneraciones, como retenciones de líderes para obtener información, amenazas de reclutamiento de menores y hostigamientos con drones que vigilan a las familias incluso durante actividades de caza y pesca.La Asociación Barí ha advertido que estos hechos, sumados a los confinamientos y desplazamientos forzados, están impactando profundamente la vida colectiva de las familias y amenazan su autonomía, prácticas tradicionales y vínculos espirituales con su territorio.Llamado de Atención ante la Indiferencia del GobiernoEl comunicado de la Asociación Natubaiyibari también critica la inacción del Gobierno Nacional, al que acusan de ignorar e invisibilizar la situación de su pueblo. A pesar de los compromisos adquiridos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha entregado los mecanismos de seguridad colectiva e individual para los líderes en riesgo. Además, la Asociación señala que en una reciente mesa de diálogo, entidades gubernamentales clave no participaron, lo que evidencia la falta de interés por parte del Gobierno para atender las necesidades del pueblo Barí.Ante esta crisis, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí exige a los grupos armados que respeten los derechos, la vida y el territorio de sus comunidades. También solicitan al Gobierno Nacional que actúe de manera urgente, asegurando los recursos necesarios para dar cumplimiento a las medidas cautelares y convocando a sus delegados a las mesas de diálogo para abordar la grave situación.
La resolución 327 de 2025 designó como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, responsables de miles de crímenes durante el auge del paramilitarismo. La decisión del Ejecutivo se enmarca en el esfuerzo por dar un cierre definitivo a la desmovilización de las AUC, iniciada en 2003, y por aprovechar su experiencia en el conflicto para prevenir nuevas violencias.Entre los nombrados están:Salvatore Mancuso, excomandante nacional de las AUC, extraditado a EE. UU. por narcotráfico y procesado en Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad.Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', líder del Bloque Norte, señalado por masacres y desapariciones en la Costa Caribe.Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', jefe del Bloque Cacique Nutibara, vinculado a la Oficina de Envigado.Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', del Bloque Central Bolívar, procesado por desplazamientos masivos y masacres.Freddy Rendón Herrera, 'El Alemán', comandante en Urabá, vinculado a casos de parapolítica.Hernán Giraldo Serna, jefe del Frente Resistencia Tayrona, condenado por violencia sexual, homicidios y narcotráfico.Otros nombres como Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago completan la lista.Los excomandantes acumulan condenas por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos. Algunos estuvieron en cárceles de Estados Unidos tras ser extraditados en 2008; otros han participado en el marco de Justicia y Paz o en procesos ante la JEP.El Gobierno argumenta que su rol como gestores permitirá consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias en las regiones.La medida ha generado reacciones encontradas. Para críticos, designar a exparamilitares con amplios historiales criminales representa un mensaje de impunidad y revictimización. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de un paso necesario para garantizar que quienes un día lideraron la guerra aporten ahora a la construcción de paz.
La JEP decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc, por el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas.Granda asegura que se le están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa. Recordemos que cuando se asumió la competencia del caso, la investigación fue enviada a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que es la Fiscalía de la JEP. Esto abre la posibilidad de que Granda enfrente un juicio, pues como él ha negado su responsabilidad en el secuestro de Cubas, si la UIA encuentra pruebas o información que lo involucren con el caso, empezaría la etapa de juicio, y de ser hallado culpable , podría enfrentar hasta 20 años de prisión.En una primera medida, Granda dice que las relaciones entre las Farc y el brazo armado del movimiento Patria Libre, de Paraguay, fueron de “solidaridad política”. Sin embargo, su defensa señala que el compareciente no tuvo una participación directa en el caso Cubas.“El señor Rodrigo Granda, dentro de la versión libre, no reconoció su responsabilidad en los hechos que se le endilgan por las autoridades de la República del Paraguay. En ese orden, entiende el despacho que el análisis que se debe hacer al momento en relación con el factor material sigue girando en torno a un análisis probatorio bajo, no solo porque se está definiendo la competencia sino porque, al entrar en la ruta de no reconocimiento, el proceso se retrotraería a una fase primigenia que no es otra que la activación del ejercicio de la acción penal”, dice el abogado de Granda.En el mismo sentido, asegura su defensa que la JEP está buscando que Granda reconozca conductas que no ha cometido.“La sección no solo estaría intentando obligar al compareciente a pensar de forma distinta respecto de su propia responsabilidad, sino que iría en contravía del debido proceso, siendo este actuar transgresor del principio de culpabilidad que exige para una declaratoria de responsabilidad, que el hecho sea típico, antijurídico y culpable. En ese orden, de conformidad con la normativa que guía las actuaciones de la JEP el Acto Legislativo 01 de 2017 en su artículo 5 transitorio establece que para acceder al tratamiento especial previsto por el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. De otra parte, establece que el aporte de verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades y que quien aporte de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”, se lee en la apelación presentada por Granda.Por otro lado, Granda explica que no está en capacidad de aportar verdad detallada y exhaustiva sobre los hechos acaecidos en el día el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay, es decir, el caso de Cecilia Cubas y que la Sección de Reconocimiento de Verdad debió haber hecho la contrastación de información antes de enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP."La Sala de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tenía el deber y la obligación de profundizar e investigar el modo el tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y conductas que se le endilga, al compareciente Rodrigo Granda Escobar, por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la República del Paraguay y otras conductas que ocurrieron presuntamente con ocasión del conflicto armado interno, por el que atraviesa la nación paraguaya, y que luego de haber perfeccionado dicha investigación, entrar a valorar los elementos tácticos y jurídicos que no existen dentro del paginarlo de la referencia, para tomado una decisión de fondo sobre el caso de Paraguay, el que ameritaba por parte de los operadores judiciales, de haber hecho un análisis mucho más profundo y cuidadoso, toda vez, que dicho estudio no se puede comparar con algunos casos que se pueden despachar con breves y simples. Consideraciones jurídicas y sin fundamento alguno, con el propósito de entrar a dirimir en forma definitiva hechos y conductas graves que ocurrieran con ocasión del conflicto armado de carácter social y político e interno y prolongado de Colombia”, dice el documento radicado por la defensa de Granda.En el documento se solicita revocar la decisión de enviar el caso a la UIA de la JEP y Granda y su defensa piden que el proceso lo asuma la Sección de Reconocimiento de Verdad, a quienes culpan de no tener en cuenta toda la información ni pruebas del proceso.“La sala omitió de practicar pruebas para que se configurara el factor material, y así asumir la competencia de investigar el caso de Paraguay, situación que la sala se limitó a decretar la diligencia de versión de Rodrigo Granda Escobar, que le fuera suficiente para la sala, para inferir una presunta responsabilidad del compareciente, sin haber constatado y verificado lo dicho espontáneamente por el compareciente, ‘respecto’ del secuestro y posterior asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky en hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2004 en la república del Paraguay, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia’, con base a información periodística que no se puede tener como evidencia o prueba, toda vez que son opiniones, por un lado y por otro, con pruebas ilícitas derivadas de la Operación Fenix, al llevarse a cabo el bombardeo en territorio ecuatoriano en donde muriera Raúl Reyes de las Farc EP, incautándose unos ordenadores que fueran adulterados por la Policía Judicial, al abrirlo e incluir información, mensajes, correos electrónicos etc, violándose de esta manera la cadena de custodia, conforme a lo consagrado en el artículos 254 entre otros, de la Ley 906 de 2004 en donde la Corte Suprema de Justicia declaró mediante auto la ilicitud de dicha prueba, la cual no se puede tener cuenta en ningún proceso que curse en Colombia e incluso en otros Estados, conforme al Derecho Internacional y la Justicia Penal Internacional”, señala su defensa.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.Por su parte Sofia Gaviria Correa, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, aseguró que esta apelación era un “descaro”, de los comparecientes.“Las víctimas no podemos quedarnos calladas. Yo invito a los colombianos a que rechacemos esta indignación. El Pacto de La Habana es generoso para los victimarios y ha negado a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las formas de lucha las están utilizando las Farc en este momento y esta es una prueba de que efectivamente pretenden negar la atrocidad que cometieron”, dijo Gaviria.