Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El sorteo 506 de MiLoto, realizado el lunes 23 de marzo de 2026, dejó miles de ganadores en Colombia y un nuevo acumulado que sigue creciendo. De acuerdo con la información oficial del operador del juego, 5.578 jugadores lograron algún tipo de acierto, mientras que el premio mayor quedó desierto al no registrarse ganadores con los cinco números.Los números ganadores del sorteo fueron: 01, 15, 30, 37, 38. Debido a que ningún participante acertó la combinación completa, el premio principal se acumula para el siguiente sorteo, que ahora alcanzará un acumulado de $300 millones. En total, la jornada de este lunes dejó una premiación global de $51.288.100, distribuida entre miles de apostadores que lograron desde dos hasta cuatro aciertos.Premios de MiLoto según número de aciertos5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Premio por ganador: $0Al no presentarse ganadores en esta categoría, el premio mayor continúa acumulándose.4 aciertosGanadores: 19Premio total: $11.228.050Premio por ganador: $590.950Los jugadores que acertaron cuatro números se llevaron uno de los premios más altos de la jornada, superando el medio millón de pesos cada uno.3 aciertosGanadores: 489Premio total: $19.780.050Premio por ganador: $40.450Esta categoría concentró una parte importante de los premios intermedios del sorteo.2 aciertosGanadores: 5.070Premio total: $20.280.000Premio por ganador: $4.000La mayor cantidad de ganadores se registró en esta categoría, lo que permitió que miles de jugadores recuperaran parte de su apuesta.Más de 5.500 ganadores en el sorteoEl balance general del sorteo refleja que 5.578 personas resultaron ganadoras en las distintas categorías del juego. La mayor parte de los premios se concentró entre quienes lograron dos y tres aciertos. MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar de mayor crecimiento en Colombia, debido a su formato de apuestas accesible y sorteos frecuentes. Cada jugador selecciona cinco números dentro de un rango determinado, y los premios se asignan según la cantidad de coincidencias con la combinación ganadora.El acumulado sube a $300 millonesTras quedar desierto el premio mayor del sorteo 506, el nuevo acumulado de MiLoto alcanza los $300 millones, cifra que estará en juego en el próximo sorteo. Este incremento en el acumulado suele atraer a más apostadores, ya que a medida que el premio crece aumenta también el interés de los jugadores en participar.Los sorteos de MiLoto se realizan varias veces por semana y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador del juego y las plataformas de loterías en Colombia. Los participantes deben verificar sus números con los resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.
El sorteo 2.634 del Baloto y su modalidad Revancha se realizó el lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia. El sorteo dejó ganadores en diferentes categorías y acumulados que continúan creciendo para el próximo sorteo. A continuación, se detallan los números ganadores, así como el desglose de premios y estadísticas oficiales reportadas tras la jornada.Resultados del Baloto del 23 de marzo de 2026Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron: 25 - 33 - 37 - 39 - 41, superbalota: 11. El acumulado del sorteo alcanzó los $28.400 millones, sin registrarse ganadores en la categoría principal (5 aciertos + superbalota), lo que implica que el premio mayor sigue creciendo.Resultados de la Revancha del 23 de marzo de 2026Los números ganadores de Revancha, por su parte, fueron: 04 - 11 - 12 - 23 - 28, Superbalota: 11. En esta modalidad, el acumulado inicial del sorteo fue de $18.700 millones, y tampoco se reportaron ganadores del premio mayor.
Un adinerado empresario finlandés ha sido multado con 120.000 euros por exceso de velocidad tras ser sorprendido por la Policía conduciendo a 59 kilómetros por hora, 29 más de lo permitido, en una zona urbana de Mariehamn, en el archipiélago de Åland.Los 120.000 euros en pesos colombianos se traducirían a un poco más de 500 millones, dependiendo de la TRM del día y, aunque en Colombia es una multa costosa, sí hay una gran diferencia con el sistema finlandés de tránsito.Según informó este martes el diario local 'Nya Åland', Anders Wiklöf, millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, admitió su error y reconoció al citado medio que conducía "un poco demasiado rápido", por lo que no recurrirá la multa ante la Justicia y la pagará íntegramente."Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo", afirmó Wiklöf.Si hubiera rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, el millonario habría cometido una infracción de tráfico muy grave, por lo que, además de los 120.000 euros de multa, le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses.¿Por qué es tan costosa la multa por velocidad en Finlandia?La cifra de 120.000 euros se explica por la ley finlandesa, que contempla un sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible.La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de "días de multa" (los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año) que aumenta cuanto más grave es la infracción.No es la primera vez que Wiklöf, el hombre más adinerado de la región autónoma de Åland y uno de los más ricos de Finlandia, es sancionado por incumplir el código de circulación.En 2023 ya cometió una infracción de tráfico muy grave y fue castigado con una multa de 121.000 euros y la retirada temporal del permiso de conducir.Según el 'Nya Åland', Wiklöf es multireincidente, a pesar de las elevadas cuantías de las sanciones, y en los últimos trece años ha desembolsado cerca de 400.000 euros en multas de tráfico.¿Cuánto cuesta la multa por velocidad en Colombia?Con un sistema completamente diferente en Colombia, las multas están definidas en SMDLV, aunque calculadas mayoritariamente con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) desde 2024, para evitar aumentos desproporcionados con el salario mínimo.En otras palabras, la infracción que castiga el exceso de velocidad es la C29, según el Código Nacional de Tránsito, que corresponde a "conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida" y es sancionada con 633.232 pesos para todo infractor, y no dependiendo de los ingresos de este.
El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de este lunes, que llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 han fallecido, es uno de los más importantes desde 2018 en el ámbito militar entre las tragedias aéreas ocurridas en América Latina.En lo que va de siglo, en Latinoamérica se han producido accidentes de aviones, tanto comerciales como militares, que han dejado decenas de fallecidos.Hace poco menos de un mes, el 28 de febrero, murieron 22 personas en un accidente de un avión militar de carga que transportaba dinero destinado al Banco Central de Bolivia. El avión se salió de la pista tras aterrizar y varias personas accedieron para recoger los billetes dispersos. Hay 51 detenidos y abiertas tres investigaciones.Esta la cronología de los mayores accidentes de avión en Latinoamérica este siglo:11 enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), y que cubría la ruta entre Chiclayo y la ciudad amazónica de Chachapoyas (Perú), se estrella contra el cerro Coloque a 3.300 metros de altitud. No hubo supervivientes.16 agosto 2005.- Mueren los 161 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, la gran mayoría franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.29 septiembre 2006.- Un Boeing de la línea brasileña GOL desaparece con 154 personas a bordo, que fallecieron, tras colisionar con un avión Legacy que se dirigía a Estados Unidos, en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Mato Grosso. El Legacy consiguió aterrizar de emergencia.17 julio 2007.- Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se sale de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo (Brasil) y choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).21 febrero 2008.- Un avión ATR 42300 de fabricación franco-italiana, con 43 pasajeros y tres tripulantes, de la aerolínea Santa Bárbara, desaparece cuando volaba entre Mérida y Caracas (Venezuela).1 junio 2009.- Un Airbus A-330 de Air France se precipita en aguas del Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro (Brasil) a París. Mueren las 228 personas que viajaban a bordo, la mayoría brasileños y franceses. Según el análisis de las cajas negras, el accidente se debió a un error de los pilotos, lo que exculpa al fabricante, Airbus.5 noviembre 2010.- Fallecen los 68 ocupantes de un avión comercial -un ATR-72 de dos motores turbohélice para viajes regionales- de la aerolínea cubana Aerocaribean, al estrellarse en la región de Guasimal en la provincia de Sancti Spiritus, Cuba.28 noviembre 2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión Avro RJ 85 de la compañía boliviana Lamia que se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín (Colombia).18 mayo 2018.- Fallecen 112 de los 113 ocupantes de un Boeing 737 de Cubana de Aviación, alquilado a la mexicana Global Air, que cubría la ruta entre La Habana y Holguín. El avión se estrelló instantes después de despegar a 1 kilómetro del aeropuerto de La Habana.9 diciembre 2019.- Desaparece un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, con 38 personas a bordo, a los que se dio por muertos, cuando se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas.9 agosto 2024.- Un avión con 62 personas se estrella en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil y provoca la muerte de todos quienes iban a bordo. El aparato era un avión bimotor modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta Sao Paulo.28 de febrero de 2026.- Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), un Hércules C-130 que transportaba dinero del Banco Central de Bolivia, se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, provocando la muerte de 22 de sus tripulantes23 marzo 2026.- Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidenta al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo (Colombia). Iban 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 66 fallecieron.
Para muchos colombianos, el aumento del salario mínimo fue de gran ayuda al bolsillo y es que el incremento del 23 % en el sueldo sin duda ha sido un alivio, pero para otros resultó siendo un castigo, pues también influyó en el aumento de las cuotas de administración, lo que ha sido un dolor para miles de propietarios en conjuntos residenciales.De hecho, en varias situaciones el incremento ha superado el 23 %, lo que ha llevado a dudar de la legalidad de esta situación, especialmente sobre si se puede o no hacer.Si bien a primera vista podría parecer una decisión arbitraria, lo cierto es que los ajustes suelen estar aprobados en la asamblea de copropietarios, donde la mayoría define el presupuesto del conjunto. Esto quiere decir que, incluso si el cobro es elevado, puede ser válido ya que fue aprobado por un proceso válido legalmente.Pero esa medida no quiere decir que los propietarios queden maniatados, pues hay mecanismos legales que permiten revisar cómo se tomó la decisión y si se presentaron irregularidades en el proceso.¿Qué hacer si la cuota de administración subió exageradamente?Lo principal que el copropietario debe tener claro es que no se puede demandar directamente el aumento. La ruta correcta, de acuerdo con la normativa actual, resulta ser la impugnación de la decisión tomada en la asamblea.Esto quiere decir que implica revisar si el proceso se cumplió con lo establecido de acuerdo con la Ley 675, misma que regula la propiedad horizontal en el país. Sin embargo, si el presupuesto fue aprobado de manera adecuada y el coeficiente de propiedad fue bien aplicado, el cobro definitivamente es obligatorio. En este punto, la discusión no es el monto, sino la legalidad.Cómo impugnar el aumento de las cuotas de administraciónPara quienes no estén de acuerdo con el incremento, existen varias herramientas que pueden utilizarse antes y después de la asamblea. Estas opciones permiten dejar constancia de la inconformidad y, en varios casos, llevar el tema ante un juez.Las principales acciones son:Derecho de inspección para revisar libros contables y cotizaciones antes de la asambleaParticipar en la reunión y dejar constancia de la inconformidad en el actaSolicitar explicaciones al consejo de administración sobre los gastosAcudir a una impugnación judicial dentro de los dos meses siguientesEste último punto es clave, ya que existe un plazo limitado para iniciar el proceso legal.Qué dice la ley sobre el aumento de cuotasTodo el inconveniente nace desde la Ley 675, la cual establece que las expensas comunes deben distribuirse de acuerdo con el coeficiente de copropiedad. Eso quiere decir que cada propietario debe pagar en función de su participación dentro del conjunto.Por tal motivo, más allá del porcentaje de aumento, lo importante es verificar que los cálculos y decisiones se hayan hecho de acuerdo con la norma.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
El personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, advirtió que desde 2022 el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc mantiene en riesgo permanente a los campesinos de siete veredas rurales.“Los enfrentamientos, que inicialmente se concentraron en Normandía, Progreso, Paraíso y El Paisaje, se han desplazado hacia Ripial, Maporal y El Perocero”, explicó el funcionario.Según Vanegas, la población ha recurrido a medidas desesperadas para sobrevivir. “Las familias se refugian en viviendas marcadas con trapos blancos y salen con banderas del mismo color para buscar alimentos o desplazarse sin ser confundidas con combatientes. Es una forma de pedir respeto a los actores armados”, detalló.La situación humanitaria se agrava por el aislamiento geográfico. Para llegar a las veredas más afectadas se requiere cruzar el río Cravo, que no cuenta con puente, y las vías se encuentran anegadas por la temporada de lluvias.“Se necesita pasar por tres municipios para acceder a esas zonas. Por eso, a las comunidades les resulta más fácil salir hacia la ciudad de Arauca que regresar al casco urbano de Puerto Rondón”, añadió el personero.La Personería coordina acciones con la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para atender la emergencia, aunque las condiciones de seguridad y movilidad dificultan el ingreso de ayuda.Vanegas hizo un llamado urgente a las estructuras armadas —la disidencia de las Farc y la estructura Domingo Lain del ELN— para que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH).“Pedimos que no se afecte a la población civil y que se respeten los símbolos de protección que la misma comunidad ha adoptado. Es urgente evitar más víctimas en esta confrontación que tiene atrapadas a siete veredas del municipio”, concluyó.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la agudización del conflicto armado y el aumento de riesgos para la población civil en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte y Cubará (Boyacá). La entidad emitió una alerta temprana para advertir a las autoridades nacionales y locales sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de prevención y protección ante la persistencia de enfrentamientos, amenazas, homicidios y desplazamientos forzados.De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la confrontación entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central sigue teniendo graves repercusiones humanitarias. Las comunidades rurales se encuentran atrapadas entre los actores armados ilegales, que disputan el control de rutas del narcotráfico, la extorsión, el contrabando y el cobro de rentas. Esta situación ha derivado en confinamientos, asesinatos selectivos y restricciones a la movilidad, especialmente en zonas fronterizas.La alerta también advierte sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el uso de minas antipersonal y el riesgo para líderes sociales, docentes, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. En varios municipios, las estructuras armadas han impuesto toques de queda y normas de comportamiento a la población civil, afectando las actividades productivas y educativas.La Defensoría señaló que, a pesar de los esfuerzos institucionales, las respuestas del Estado no han sido suficientes para garantizar la protección efectiva de las comunidades. En este contexto, recomendó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, avanzar en la implementación de los planes de prevención y activar los mecanismos de articulación interinstitucional para atender las emergencias humanitarias.El organismo insistió en que el departamento de Arauca continúa siendo uno de los más críticos del país en materia de derechos humanos y alertó sobre la posibilidad de un incremento de las violencias durante los próximos meses si no se adoptan acciones coordinadas. La Defensoría reiteró su llamado a las autoridades civiles, militares y de policía, así como a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región.
Para las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es urgente que el Congreso acelere el trámite del proyecto de ley que fijará un marco judicial para el tránsito a la vida civil plena de combatientes y comandantes que se encuentran en conversaciones de paz. Confiaron en que, antes de terminar el año, el presidente Petro expida el acto legislativo que cree las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, dijo a Blu Radio que “el hecho de que haya una campaña electoral en curso no libera a ningún congresista ni a ninguna congresista de cumplir con su misión institucional”.Aseguró Novoa que “por eso creemos que les corresponde examinar, discutir, tramitar y tomar las decisiones que a ellos les competen en relación con el tema del marco jurídico para la paz. Si deciden hundir ese proyecto, ellos tendrán que responsabilizarse frente al país por esa decisión, pero lo que no pueden hacer es guardar silencio u omitir esa obligación que establece la Constitución, porque los congresistas están elegidos para hacer leyes, no para eludir ese compromiso”, dijo Novoa.Con este llamado a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, terminó en Puerto Asís, en el medio Putumayo, la reunión de las subcomisiones jurídica, de seguridad y de transformaciones, que durante tres días centraron su objetivo en la construcción de los acuerdos para los protocolos que permitan poner en funcionamiento dos zonas de capacitación y ubicación temporal en zonas que están en discusión en los departamentos de Nariño y Putumayo.Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró a Blu Radio que, en un comienzo, habrá una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos en la construcción de las zonas de ubicación integral temporal y que la presencia del jefe de Estado, Gustavo Petro, en Puerto Asís, Putumayo, es muestra del compromiso que tiene su Gobierno con la búsqueda de la paz total.Novoa dijo que la participación de más de 3.000 personas apoyando en el Putumayo este proceso que busca construir la paz es un hecho histórico que los obliga a reafirmar el compromiso de seguir construyendo hechos que avancen la paz en los territorios.Aseguró que las delegaciones, después de examinar distintos aspectos, avanzan en la consolidación de los siguientes documentos: Acuerdo Marco por el cual se establece una zona de capacitación integral y ubicación temporal y sus anexos; y el Protocolo para el funcionamiento de las zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo.Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal disidencias Farc - Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señaló que, a pesar de que los tiempos en el Congreso están muy cortos, confía en la voluntad de los congresistas para sacar adelante el proyecto de ley que les permita tener garantías judiciales para llegar a las zonas de ubicación integral temporal.Existirá un protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias en las zonas de capacitación integral y ubicación temporal, y señaló que el país debe estar tranquilo, que no se está negociando nada por debajo de la mesa. Finalmente, dijo que, en cumplimiento del acuerdo No. 12 de la MDP y teniendo en cuenta los decretos 1052 y 1053 del 7 de octubre de 2025, se continuará en el departamento de Nariño con el proceso de destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.
El organismo advirtió que esta tendencia evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad del personal sanitario y constituye una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al derecho fundamental a la salud.En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado urgente a los actores armados y a la sociedad en general para garantizar el respeto, la protección y el apoyo irrestricto a la Misión Médica, en momentos en que se han documentado retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad y ataques a infraestructura hospitalaria, algunos con artefactos explosivos.“Atacar la Misión Médica es atacar la vida misma”, señaló la entidad, al resaltar que esta labor, guiada por los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad, representa el rostro más humano de la esperanza en medio de la violencia.La Defensoría solicitó a los grupos armados respetar los emblemas de la Misión Médica; a las autoridades civiles y militares, fortalecer las acciones de prevención y protección; y a la sociedad, reconocer su papel como pilar esencial para la vida y la dignidad humana.Finalmente, reafirmó su compromiso de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones y de promover medidas efectivas que garanticen la seguridad y continuidad de la atención en salud en las zonas más afectadas por el conflicto.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.