El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Este 4 de febrero ocurrió un hecho que dejó a una persona sin vida en Bogotá a causa de un accidente de tránsito.Según las autoridades, una mujer de 58 años de edad perdió la vida en un grave siniestro en la avenida Mutis con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo. La víctima caminaba por el sector en compañía de sus dos nietos de 6 y 11 años de edad cuando fue atropellada por un vehículo particular.Los niños resultaron con heridas leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde reciben atención médica, según manifestó la Policía. En el mismo hecho también resultó lesionado un motociclista, quien habría sido embestido por el mismo automóvil presentando un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva"Los dos menores de edad, iban con la peatón fallecida, son familiares afortunadamente, las lesiones que presentan no son de consideración", aseguró el coronel Jhon Silva, jefe seccional de tránsito de Bogotá.Las primeras versiones indican que el vehículo habría superado el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era conducido por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19 años."En este momento el joven ya fue trasladado hacia la URI para hacer la prueba de embriaguez y está todo en proceso de judicialización, para entregarle toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación", afirmó el coronel.Hasta el momento las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y de esta forma poder continuar con el proceso judicial.
El legendario cantautor dominicano liderará un elenco estelar que dará vida a la apertura oficial de la festividad más importante del Caribe colombianoBarranquilla se prepara para vivir una noche inolvidable. El próximo viernes 13 de febrero, el emblemático Estadio Romelio Martínez abrirá sus puertas para albergar la ceremonia oficial que dará arranque al Carnaval de Barranquilla 2026, una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y considerada una de las fiestas populares más significativas del continente americano.La velada de gala congregará a miles de espectadores que serán testigos de la investidura de los nuevos monarcas del carnaval: Michelle Char, quien portará la corona como Reina, y Adolfo Maury, designado como Rey Momo para esta edición. Sin embargo, lo que convierte este acontecimiento en un evento sin precedentes es el espectacular cartel artístico que acompañará la ceremonia.Encabezando la lista de intérpretes confirmados se encuentra Juan Luis Guerra, considerado uno de los iconos indiscutibles de la música latinoamericana a nivel mundial. El maestro dominicano, ganador de múltiples premios Grammy, promete ofrecer un espectáculo memorable que elevará la fiesta a dimensiones internacionales. Su presencia no solo resalta la importancia cultural del evento, sino que también proyecta el Carnaval de Barranquilla como una plataforma de clase mundial.Complementando este lineup de primer nivel, se presentarán otros artistas de gran relevancia en la escena musical colombiana. Kapo, reconocido como uno de los referentes más destacados del género afrobeats en Colombia, aportará sus ritmos urbanos y contemporáneos. Por su parte, Diego Daza representará la tradición vallenata con su talento emergente que ha cautivado a miles de seguidores en todo el país. Cerrando esta alineación de lujo, el artista cartagenero Juan Carlos Coronel, quien participó en la interpretación de "Aquí suena Michelle", el himno oficial de esta versión del Carnaval, promete emocionar al público con su actuación.El Estadio Romelio Martínez ha sido seleccionado estratégicamente como sede del acontecimiento. Su ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad facilita el acceso desde diversos sectores de Barranquilla, mientras que su infraestructura moderna garantiza excelente visibilidad desde cada rincón del recinto. Los organizadores han diseñado un esquema de ingreso optimizado para asegurar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes.La producción del show promete ser espectacular, incorporando coreografías de alto impacto, manifestaciones auténticas de las danzas folclóricas tradicionales del Caribe colombiano, y toda la energía característica que hace del Carnaval de Barranquilla una experiencia única. El carisma y la presencia de los soberanos serán elementos centrales en una puesta en escena que fusiona tradición y modernidad.Para aquellos interesados en ser parte de esta celebración histórica, las entradas están disponibles a través de la plataforma www.tuboleta.com, también en el call center 601 593 63 00 y en los puntos de venta físicos autorizados. Los asistentes podrán elegir entre diferentes zonas: Palcos Alfombra Roja, Palcos Oro, Palcos Plata, Pal Bailador, y las graderías Occidental, Oriental y Norte, cada una ofreciendo perspectivas únicas del espectáculo.Como incentivo adicional, los organizadores ofrecen descuentos especiales en la adquisición de boletos hasta el 31 de enero, una oportunidad limitada para quienes deseen asegurar su lugar en condiciones preferenciales.Con esta Coronación, el Carnaval 2026 arranca oficialmente, trayendo consigo una programación llena de tributos a las costumbres ancestrales y presentaciones artísticas de primer nivel. Porque como reza el lema carnavalero: ¡Quien lo Vive es quien lo Goza!
Un trabajo de inteligencia le siguió los pasos durante meses y terminó cerrándole todas las salidas. En el corregimiento El Valle, en Bahía Solano, Chocó, fue capturado alias 'el Panameño', un hombre que figuraba en el cartel de los más buscados de Panamá y sobre quien pesaba una circular roja emitida por Interpol.La captura se registró el pasado 30 de enero, luego de un operativo que permitió ubicarlo en esta zona del Pacífico colombiano donde intentaba mantenerse oculto. Alias 'el Panameño', también conocido como 'Yusef' o 'Giussepe', era requerido por las autoridades internacionales por el delito de feminicidio en grado de tentativa.De acuerdo con la información conocida, este hombre tendría vínculos con la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y llevaría más de tres años dentro de esta organización criminal. Su rol estaría relacionado con el transporte de clorhidrato de cocaína y marihuana con destino a Centroamérica, utilizando rutas marítimas desde el litoral chocoano. Así lo confirmó el coronel José Hair Urrego Baquero, comandante de la Policía del Chocó:"Esta persona posee en su contra una circular roja emitida por la Interpol por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Es importante mencionar que este delincuente se encuentra en el cartel de los más buscados en el vecino país de Panamá. Es integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y tendría más de tres años de trayectoria criminal en esta organización", indicó el uniformado.Las autoridades señalan que su accionar se concentraba en el corregimiento El Valle y se extendía hacia municipios como Bahía Solano, Nuquí, Docordó, Pizarro y Juradó, además de conexiones hacia la ciudad de Panamá. Durante el procedimiento le fueron incautados 500 gramos de marihuana, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía junto con el capturado.Por lo pronto, alias 'el Panameño' fue dejado a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los trámites correspondientes para definir su situación jurídica y el proceso de cooperación internacional.
En medio de un 2026 clave para la economía colombiana, la relación entre Colombia y Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central, especialmente tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Para AmCham Colombia, este encuentro puede marcar un antes y un después en la agenda bilateral.En entrevista con Blu Radio, la Cámara de Comercio Colombo Americana fue clara al señalar que este acercamiento debe convertirse en “un punto de partida para una agenda de resultados en beneficio de ambos países”, donde la prioridad sea “mantener la diplomacia con disciplina, canales abiertos, mensajes alineados y cero improvisación”.Aunque el tema comercial no fue protagonista en el encuentro, para AmCham no puede quedarse por fuera de las prioridades de la agenda. Actualmente, cerca del 28 % de la canasta exportadora colombiana enfrenta un arancel del 10 %, mientras países como Guatemala y El Salvador ya cerraron negociaciones y Ecuador avanza en el mismo camino. Y es que el comercio sigue siendo el verdadero pilar de la relación bilateral. Actualmente, más de 5 millones de empleos en Colombia dependen de esta dinámica y, al cierre de 2025, los productos no minero-energéticos crecieron un 15 %. El 60 % de las exportaciones colombianas ya pertenece a este sector, con un protagonismo cada vez mayor del sector agro. En cifras claras: uno de cada cuatro dólares del comercio colombiano depende de Estados Unidos.En el plano económico, AmCham advierte que también hay una oportunidad estratégica en la reconstrucción económica de Venezuela, donde Colombia podría jugar un papel clave no solo en el sector minero-energético, sino también en infraestructura, logística y servicios.Uno de los ejes centrales será la seguridad. La agenda, según AmCham, estará enfocada en “la lucha contra las drogas, las bandas criminales y el narcotráfico”, con acciones concretas como la erradicación, los golpes a las redes ilegales y la cooperación para acelerar alternativas productivas para los campesinos. A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el cierre de corredores ilegales y el uso de inteligencia, interdicción y control territorial, además de aprovechar el respaldo de Estados Unidos para coordinar esfuerzos conjuntos con Venezuela en la frontera.De cara a 2026, el mensaje es directo: “Más gestión y menos crisis”. Mantener el diálogo diplomático, avanzar en acuerdos, obtener resultados reales en seguridad y abrir oportunidades en comercio e inversión serán claves para reducir aranceles, atraer capital extranjero y traducir la relación binacional en crecimiento económico y bienestar para los colombianos.
Con ayuda de las cámaras de la ciudad, un hombre fue capturado minutos después de robar cadenas de oro en el barrio Belén de Medellín. El sujeto fue sorprendido en un establecimiento comercial y las pertenencias fueron devueltas a las víctimas.Videos del sistema de videovigilancia de Medellín captaron el momento en el que el hombre huía en una motocicleta luego de cometer el hurto al suroccidente de la ciudad. Según la información conocida, el presunto responsable intimidó con un arma de fuego a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, a quienes les robó dos cadenas de oro antes de escapar.Tras el reporte del hecho, se activó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad que permitió reconstruir su recorrido. El rastreo llevó a las patrullas hasta el nororiente de Medellín, donde el sospechoso intentó pasar desapercibido ingresando a un establecimiento de comercio, al parecer una cafetería. Allí fue interceptado por los uniformados, quienes procedieron a su captura."Gracias al seguimiento detallado a través de las cámaras LPR y de videovigilancia, fue posible realizar el trazado del recorrido de los presuntos delincuentes, lo que permitió orientar de manera oportuna a las patrullas de vigilancia. Como resultado de esta articulación tecnológica y operativa, uniformados adscritos a la Estación de Policía Aranjuez lograron ubicar y capturar al presunto responsable de este delito", manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron las dos cadenas de oro hurtadas e incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el robo. Los elementos fueron devueltos a sus dueños. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la ciudad.Ante este caso, la Secretaría de Seguridad de la ciudad reiteró que el monitoreo técnico fue determinante para cerrarles el paso a los delincuentes y recordó que denunciar de manera inmediata permite una reacción más rápida y efectiva en las calles de la capital antioqueña.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
A nivel nacional hay preocupación en torno a la seguridad nacional tras los recientes atentados que se registraron en diferentes zonas del país. Pues este jueves, 21 de agosto, se sumaron dos nuevos que dejaron varios heridos, uno en Cali y otro en zona rural de Antioquia por parte de grupos al margen de la ley.Estos hechos encendieron las alarmas en todo el país y la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para hacer un llamado al Gobierno nacional y diferentes actores que se encargan de la seguridad nacional para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.“Hay una alerta vigente en Cali, que es la 001 del 2022, que reporta la existencia de varios grupos armados, entre esos, las disidencias de la Farc de la ‘Jaime Martínez’ que presencia en la capital del Valle, en Jamundí (…) También hay presencia del ELN y bandas locales”, explicó Iris Marín, defensora del Pueblo, en diálogo con Recap Blu.¿En qué falló la seguridad nacional del Gobierno?Cabe recordar que, si bien en Cali los grupos implicados no hacen parte del proceso de paz, en los hechos de Amalfi, Antioquia, sí son estructuras que se han acogido este proceso que ha sido iniciativa del actual Gobierno nacional y, según la defensora, era de esperarse que en el inicio de la implementación de estas sí necesitaban de una mejor preparación.“Los procesos de conversación se hacen sobre situaciones de conflictividad y violencia. No diría que es una razón para evaluar completamente, pero sí es importante es articular las políticas de conversaciones de la paz total con las políticas de Defensa y de prevención, de lo contrario quedan aisladas que pareciera que se dan algunos beneficios a algunos grupos”, puntualizó la defensora.Asimismo, desde la Defensoría hallaron poco seguimiento por parte de las entidades encargadas al seguimiento a las alertas de seguridad que “son bajas”, a través de acciones ordinarias cuando la situación se convierte en extraordinaria ante la fuerte expansión de los grupos armados y no hay medidas para evitar esto.El llamado de la Procuraduría al EstadoA través de su comunicado, la entidad aseguró que “debe darse una protección real y efectiva a las comunidades urbanas y rurales expuestas a estos escenarios de violencia”, que permitirá una mejor atención integral y cumplir de manera adecuada las alertas que son emitidas en las comunidades bajo el marco del DIH y los estándares internacionales.
Guillermo Rivera, exministro del Interior durante parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, se pronunció sobre la reciente iniciativa de un referendo que busca revocar el acuerdo de paz con las Farc. Aunque reconoció la posibilidad jurídica de tal mecanismo, fue enfático en su inconveniencia política y la improbabilidad de su éxito.A la pregunta sobre si esta iniciativa es jurídicamente posible, Rivera señaló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga que, en efecto, es “posible jurídicamente”. Explicó que la Registraduría Nacional ya ha reconocido a los ciudadanos que impulsan esta idea y les ha facilitado los formularios para la recolección de firmas.Este punto lo diferencia de la postura del exjefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle, quien a través de redes sociales mencionó que es “necesario discutir de nuevo la correcta aplicación de lo relativo a cultivos de uso ilícito y poner al día la JEP”."En lo jurídico, el referendo contra el acuerdo de paz es apenas una comedia. Un acto de prestidigitación pseudojurídica", dijo De La Calle.Rivera aclaró la aparente contradicción, explicando que la preocupación de De la Calle se centra en las consecuencias. Y es que el exfuncionario mencionó también que por las demoras en cuando a la implementación del acuerdo del 2016 se han “provocado” un “desprestigio y ha abierto la puerta para que, ante ausencia de sanciones oportunas, se recrudezca la sensación de desproporción en materia penal en amplios sectores de la sociedad”.“Lo que señala el doctor Humberto de la Calle en este trino es que, si eso llegara a ocurrir, es decir, que, si recogieran el número de firmas necesarias y que luego en la votación del referendo se obtuvieran las mayorías necesarias para derogar, pues el Estado colombiano estaría incurriendo en una perfidia”, aseveró el exministro.Rivera coincidió en que sería “un hecho de una enorme gravedad desde el punto de vista del derecho internacional” si Colombia incumpliera un acuerdo validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, reiteró que la Constitución contempla el referendo como un mecanismo de participación directa para revocar normas constitucionales y legales.A pesar de la viabilidad jurídica, el exministro se mostró crítico con la intención: “Me parece políticamente inconveniente desde todo punto de vista”, añadió.Para él, este tipo de iniciativas “surgen justamente en estas épocas electorales” y sus promotores buscan “una excusa para salir a la calle, para recoger apoyos a sus aspirantes al Congreso de la República. Eventualmente a la Presidencia”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió en El Plateado, Cauca, la Casa Atrapasueños, un espacio que hace parte de la estrategia intersectorial del mismo nombre. Su propósito es brindar atención y acompañamiento a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes que residen en un territorio impactado por el conflicto armado y otras expresiones de violencia.La Casa Atrapasueños busca prevenir cualquier forma de vulneración de derechos a través de actividades centradas en el juego, el arte, la cultura, el deporte y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas herramientas se integran como parte de un enfoque que promueve la participación, la expresión y el fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y comunitarias.La estrategia Atrapasueños es una intervención intersectorial impulsada por el ICBF en diversas zonas del país, con especial atención a contextos de alto riesgo para la infancia y la adolescencia. La apertura de este espacio en El Plateado responde a las condiciones particulares del territorio y a las necesidades identificadas por el instituto y sus aliados en la región.Además de la atención directa a niñas, niños y adolescentes, la Casa Atrapasueños también contempla el trabajo con sus familias y cuidadores. Se espera que esta intervención contribuya al fortalecimiento del tejido social y a la generación de entornos protectores dentro de la comunidad.La implementación del espacio se logró gracias a la articulación del ICBF con entidades del orden local, regional y nacional, en el marco de una política de atención integral a la niñez en zonas priorizadas por su situación de vulnerabilidad.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó tres predios en El Agrado, Huila, que suman 270 hectáreas, como parte de la estrategia de reforma agraria del Gobierno Petro. Más de 20 familias campesinas y víctimas del conflicto recibieron tierras para trabajar, producir y reconstruir sus proyectos de vida.Durante tres días de operaciones, del 13 al 15 de agosto, la ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, adelantó la aprehensión material de tres predios rurales:El Dindal (97,5 hectáreas): perteneciente al Fondo de Tierras y adquirido en 2013 para beneficiar a las familias desplazadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Fue entregado a 12 familias campesinas, quienes recuperan ahora un espacio digno para sembrar y vivir con estabilidad.Los Manzanillos (101,96 hectáreas) y Los Llanitos (69,98 hectáreas): administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras procesos de extinción de dominio contra su propietario, fueron entregados a seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias, integrada en su mayoría por madres cabeza de hogar.Las acciones contaron con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y administrativas, garantizando legalidad y respeto a los derechos fundamentales.“Estoy muy agradecido con la Agencia de Tierras por este predio que nos otorga la oportunidad de dignificar nuestras luchas. Por fin puedo decir con orgullo: ¡esta tierra sí es mía!”, expresó Rusbert Sinbaqueva, víctima del proyecto El Quimbo.Por su parte, Vianey Medina, lideresa de la Asociación Mujeres Agrarias, destacó: “Recibir este predio representa para nosotras dignificar la lucha social y fortalecer nuestra identidad campesina”.Con estas recuperaciones, la ANT avanza en la devolución de derechos territoriales a comunidades rurales históricamente vulneradas. Cada hectárea entregada se convierte en una herramienta para la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento del campo colombiano, en línea con la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.