El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
En entrevista con Mañanas Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras reafirmó que participará en la consulta de marzo, a pesar de la decisión del Pacto Histórico de no concurrir a este mecanismo. Con tono desafiante, el exsenador aseguró que no abandonará el escenario político ni permitirá que la derecha defina sola el rumbo de las elecciones.“Claro que existe el derecho democrático de los colombianos, entre otros quien le habla, de poder ir a las urnas a ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas”, manifestó Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la realización de una consulta conjunta con Iván Cepeda, inicialmente prevista entre sectores de izquierda y centro-izquierda, alteró los planes del Frente Amplio. Sin embargo, Barreras sostuvo que aún hay “un resultado electoral pendiente” y que su consulta “debe continuar” como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado.Fracturas dentro del Pacto HistóricoEl distanciamiento entre Barreras y algunos sectores del Pacto Histórico, encabezado por el senador Iván Cepeda y figuras cercanas al petrismo, se hizo evidente tras los anuncios de no participación en las consultas. “Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, reprochó.El exsenador defendió su trayectoria dentro de la coalición, recordando su papel en la construcción de los acuerdos de paz y en la aprobación de leyes clave para las víctimas del conflicto. “Hace 15 años presenté el Marco para la Paz, hace 17 la Ley de Víctimas, y más de una década después hicimos realidad el acuerdo de paz. Aquí hay un acumulado en defensa de la vida y de la democracia desde el liberalismo socialdemócrata”, enfatizó.Pese a los desencuentros, negó una ruptura definitiva con el petrismo: “Los puentes no están rotos, lo que ha hecho falta es una conversación. Yo tengo afecto profundo por cada uno de los compañeros. Soy fundador del Pacto, las reuniones se han hecho en mi casa”.Un llamado a no dejar “la cancha libre”Barreras insistió en que su propósito sigue siendo fortalecer una alternativa progresista que compita en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras. “No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, afirmó con contundencia.El líder del Frente Amplio confirmó que inscribirá su consulta ante la Registraduría, incluso si otros precandidatos se abstienen. Aunque evitó revelar los nombres de quienes podrían acompañarlo, dejó entrever la posibilidad de sumar figuras reconocidas de tendencia liberal o de centroizquierda. “Después de conversar con quienes han mostrado su interés, podremos informarlo”, indicó, sin descartar eventuales acuerdos con el canciller Luis Gilberto Murillo.Barreras concluyó reiterando que su meta será competir con argumentos y mantener vivas las banderas de la paz, la inclusión y la democracia. De lograrlo, aseguró, buscará construir una coalición amplia para la elección presidencial: “El 9 de marzo, después de ganarle a la consulta de la derecha, nos sentaremos a hacer un acuerdo político para llegar juntos a la primera vuelta. No tenga ninguna duda”.
Mientras Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicaba con detalle cómo 170 municipios del país están en riesgo por factores de fraude y violencia, la conversación se detuvo brevemente por un curioso momento que generó cientos de comentarios.En plena entrevista, el gato blanco y negro de la directora empezó a treparse sobre ella buscando su atención en el minuto 6:36, interrumpiendo por unos segundos el análisis que hacía sobre el mapa de riesgo electoral. Fue entonces cuando Barrios, entre risas, explicó la situación al aire: “Disculpen, pero por la mañana el gato se pone un poco amoroso, quiere desayuno”, mientras lo bajaba de su regazo para poder continuar con la conversación.El momento no pasó desapercibido para los televidentes, quienes rápidamente comentaron en redes sociales el episodio, que contrastó con la seriedad del tema que se estaba abordando. Según el informe presentado por la MOE, 170 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral, de los cuales 81 están en riesgo extremo, especialmente en departamentos como Cauca, Arauca, Putumayo, Guaviare, Bolívar y Meta.Durante la entrevista, Barrios explicó que el país se encuentra en un punto límite, pues superar esa cifra implicaría retroceder a escenarios anteriores al acuerdo de paz. También advirtió que estas semanas previas a las elecciones son claves para reforzar las garantías de seguridad para candidatos, votantes y autoridades locales, especialmente en territorios con presencia de actores armados ilegales.Además, hizo un llamado a fortalecer la articulación entre alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional, así como a mantener activas las comisiones de seguimiento electoral, especialmente en zonas de frontera y en regiones como el Cauca y el suroriente del país, donde el riesgo se mantiene alto.Pero más allá de las cifras y alertas, el momento que quedó marcado en la entrevista fue esa escena inesperada en la que un gato interrumpió una conversación sobre democracia y elecciones, obligando a una pausa breve antes de retomar un tema clave para el futuro político del país.
Fuertes lluvias tienen incomunicado al Urabá antioqueño. Autoridades confirmaron que no es uno, sino dos los puentes que se necesitan para conectar a las miles y miles de familias afectadas. En el departamento son 10 municipios con calamidad pública y más de 3.000 ayudas humanitarias que han sido entregadas a la fecha.Aunque el agua ha arreciado un poco en Antioquia, aún hay más de 7.500 familias damnificadas por los aguaceros que dejaron al Urabá antioqueño bajo el agua y totalmente incomunicado desde Necoclí hacia municipios como San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, además de la conexión a Montería.Y es precisamente en Necoclí donde se han dado las buenas noticias en medio de tantas emergencias que ha sacudido al departamento, los tres campesinos que estaban desaparecidos fueron reportados con vida en los albergues y un niño de 14 años se aferró a un palo de mangos durante 17 horas y así salvó su vida.Las labores se centrarán en las vías que están destruidas en varias partes de la subregión. Tan grave es la situación, que el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, indicó que no se necesita un puente, sino dos para poder conectar nuevamente al Urabá antioqueño.“Hablando con unos expertos de la Secretaría de Infraestructura Física, se puede encauzar un poco las aguas hacia el centro y buscar cómo hacer unos terraplenes mientras se construyen los puentes o las dos módulos que se que se cayeron”, afirmó Gallón.Hay que mencionar que una de las infraestructuras será puesta por la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo, quien evaluará el terreno para poder instalar un puente militar, que será una solución temporal, mientras que ya se envió otro oficio a la misma entidad para poder tener pronto una segunda infraestructura.Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo.Tan graves son los daños que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas, debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que dejan afectaciones de grandes proporciones en el Urabá antioqueño.Esta semana de emergencia dejan, hasta el momento, la declaración de calamidad pública en Urrao, El Bagre, Murindó, San Juan de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Apartadó, San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí. Además, autoridades ya han entregado 3.224 ayudas humanitarias y otras 1.200 están en proceso de entrega en las próximas horas.
Se entregó la mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín. Aunque la mujer huyó y se intentó esconder fuera del departamento de Antioquia, autoridades pudieron dar con su paradero rápidamente.Sobre el crimenLa muerte de Alexis Ospina, de 28 años, no solo causó conmoción pues el hombre fue quemado vivo por su pareja sentimental en una vivienda del barrio La Milagrosa de Medellín, sino que también generó una respuesta inmediata de las autoridades que en las últimas horas lograron la captura de la supuesta responsable, Laura Rave.Los hechos ocurrieron cuando el hombre sostuvo una discusión con su pareja sentimental, que estaba en estado de embriaguez, y minutos después presuntamente la mujer roció gasolina a la vivienda donde estaban y la incendió con él adentro, causándole graves heridas que le costaron la vida.Tras conocido este trágico hecho, cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que la mujer huye del sitio con una recipiente plástico en la mano, donde llevaría el combustible, mientras que la vivienda ardía en llamas y la comunidad del sector ayudaba a la víctima como relató María Eugenia Tobón, amiga cercana de Alexis Ospina.“Y él salió literal quemado con el celular en la mano porque, inclusive, llamé a la mamá y estaba acostada, tenía el celular en silencio. Tenía el resorte del bóxer pegado como derretido contra el cuerpo y ella me decía que él soltaba como escamas, como si tuviera la piel quemada. Y él solo decía, "Yo me voy a morir, no me deje morir", relató.Luego de varios días de búsqueda incesante por parte de las autoridades, Rave se entregó en una Estación de Policía en Pereira, donde contó lo que sucedió en la capital de Antioquia y fue trasladada a un centro asistencial por unas lesiones que corresponderían al dicho del incendio.Mientras se define la situación de la mujer, hay que recordar que la pareja tiene una hija de tan solo cinco años, que, por fortuna, estaba a cargo de su abuela al momento de los hechos, y que ya había antecedentes de violencia, pues hace un par de meses Rave quebró una botella y le propinó una grave herida en el estómago a Ospina.
Un video captado por cámaras de seguridad del sector se convirtió en una pieza clave para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 4 de febrero en el barrio Chapinero de Bogotá, que dejó como saldo una mujer fallecida, dos menores heridos y un motociclista gravemente lesionado.De acuerdo con información entregada por las autoridades, la víctima mortal era una mujer de 58 años que caminaba por la avenida Mutis con carrera 17 acompañada de sus dos nietos, de 6 y 11 años, cuando fue arrollada por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la mujer murió en el lugar de los hechos.Los dos menores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Así lo confirmó el coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, quien señaló que “afortunadamente, las heridas de los niños no son de gravedad”.En el mismo accidente también se vio involucrado un motociclista, quien fue embestido por el mismo automotor segundos antes de que este arrollara a la peatona. El hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, donde recibe atención especializada.Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, mientras varios vehículos esperaban el cambio del semáforo, una camioneta aparece circulando a gran velocidad, embiste primero al motociclista y luego impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban la vía. Posteriormente, el vehículo terminó chocando contra un establecimiento comercial, causando daños materiales considerables.Este es el video del momento exactoSegún las primeras hipótesis, el conductor habría excedido el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era manejado por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19. Ambos fueron requeridos por las autoridades en el lugar de los hechos.“El conductor fue trasladado a la URI para practicarle la prueba de embriaguez y adelantar todo el proceso de judicialización, con el fin de poner la documentación en manos de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Silva.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
Cuatrocientos sesenta exguerrilleros colombianos han sido asesinados desde la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz de Colombia, según cifras proporcionadas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Alejandro Ramelli, en una entrevista con EFE."Es un dato muy preocupante (...) La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz", explicó Ramelli desde un hotel en Nueva York.El magistrado se encuentra en la Gran Manzana en calidad de representante observador en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se presenta hoy el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz, suscritos hace nueve años entre el Estado colombiano y las FARC-EP.Ramelli desglosó que ayer, jueves, ya mantuvo un desayuno de trabajo con los quince miembros del Consejo de Seguridad que calificó como un "diálogo abierto, franco y respetuoso"."Un proceso exitoso""La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso (...) A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo", añadió posteriormente el presidente de la JEP.Aunque reconoció que los acuerdos "no se han cumplido en su totalidad" y que los avances en temas estructurales como la gestión de los cultivos ilícitos -hoja de coca, principalmente- y la reforma rural integral continúan "rezagados"."Obviamente, habrá que hacer otros procesos para cerrar completamente el conflicto, pero es que una cosa no se opone a la otra", puntualizó Ramelli, que se afanó durante la entrevista en separar, por un lado, el "éxito" del proceso con los firmantes y, por otro, las matanzas y el desplazamiento forzado actual, debidas también al fraccionamiento de las FARC y el ELN en distintos grupos disidentes.Sin embargo, esta posición contrasta con la esbozada a finales de abril por la Secretaría General de la ONU, que pidió al Gobierno del país andino una "implementación más profunda" de los acuerdos, tras los entonces sonados brotes de violencia en la región del Catatumbo o en departamentos como el Cauca, entre muchos otros."Crisis de la cooperación internacional"El líder del ente cuya función es administrar la justicia transicional en Colombia dijo que con este viaje a Nueva York ha entendido "un poco más" la situación de la "crisis (de financiación) para proyectos de cooperación internacional" presente en todo el entramado de la ONU, en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en USAID (la agencia de desarrollo de EE. UU. que ha resultado prácticamente desmantelada por Donald Trump).Y añadió que existe "un gran debate presupuestario" dentro de Naciones Unidas acerca "principalmente de la aportación de Estados Unidos y de algunos países europeos".Además, aceptó que la comunidad internacional está más centrada en conflictos como el de Gaza o la guerra de Ucrania que en los males estructurales de Colombia.En 2024, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia aprobó un presupuesto de casi 11,5 millones de dólares para iniciativas de paz, dentro de las cuales se incluyen proyectos para el fortalecimiento de la justicia transicional, incluida la JEP.USAID también otorgó 3,5 millones de dólares el año pasado a la JEP para investigaciones de macrocasos de violencia sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano.
Fuentes le confirmaron a Blu Radio que el pasado 9 de julio, en el Club de Banqueros de Bogotá, se llevó a cabo una reunión presidida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con los integrantes de la Comisión de Política Criminal, conformada por distintos abogados y catedráticos en derecho penal.El jefe de la cartera estuvo acompañado por dos de sus viceministros, y en el encuentro también participó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc.Blu Radio pudo establecer que en la reunión se presentaron dos borradores de proyecto de ley: uno respaldado por Montealegre Lynett y otro elaborado por el jefe negociador Novoa.Ambos borradores buscan reformar el tratamiento penal a actores armados en el marco de la paz total, pero con enfoques distintos. El proyecto respaldado por Montealegre propone modificar la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para incluir a grupos armados actuales, civiles colaboradores y agentes del Estado, con penas alternativas de 2 a 8 años, entrega de bienes, reintegración territorial y medidas de resocialización. El otro plantea un régimen jurídico especial más amplio y flexible, que distingue entre grupos armados y estructuras de crimen organizado, prevé tratamientos diferenciados por rol, beneficios como libertad condicional y conservación parcial de bienes, y un procedimiento judicial colectivo más ágil. Ambos coinciden en la centralidad de la justicia restaurativa y la reparación de víctimas, pero difieren en la arquitectura legal y los mecanismos procesales.La discusión sobre el proyecto ha generado especial preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se advierte que varios cabecillas de bandas criminales que participaron en el denominado 'tarimazo', un acto en el que se subieron a una tarima en un evento del Gobierno junto al presidente Gustavo Petro, podrían quedar en libertad condicional si se aprueban los beneficios propuestos. Incluso otros delincuentes de alto perfil, como Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, podrían acceder a esas mismas prerrogativas judiciales si cumplen los requisitos establecidos.Ambos documentos fueron socializados, y se acordó que en los próximos días se volverá a reunir la Comisión, junto con otras organizaciones de alcance nacional, para conocer en detalle los contenidos del proyecto, que ya empieza a generar desconcierto en algunos sectores políticos, a pocos días del inicio de un nuevo periodo legislativo.El senador Efraín Cepeda se pronunció al respecto: “Creo que sería burlar a la justicia. Que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia para que en la mañana se sienten en una mesa de negociación y en la noche delinquen… yo no estoy con eso”.
El Secretario General de las Naciones Unidas , António Guterres, reveló su más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país, correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de este año.Guterres reconoció los avances alcanzados, pero también expresó su preocupación por la persistente violencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas, niños reclutados, excombatientes y líderes sociales.Tan solo en este periodo, fueron asesinados diez firmantes del Acuerdo, lo que eleva a 470 el total de excombatientes asesinados desde 2016. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también reportó 34 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos y 13 denuncias de masacres.El informe advierte que la temporada electoral podría agudizar las tensiones políticas, aunque celebra el consenso entre los partidos para rechazar la violencia política. Para Guterres, erradicar esta violencia y garantizar una participación política inclusiva son metas centrales del Acuerdo de Paz.En materia humanitaria, la situación sigue siendo crítica. Entre enero y junio de 2025, se registraron 67.800 personas víctimas de desplazamiento forzado, especialmente en el Catatumbo, y 98.700 personas en condición de confinamiento. Esto representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior.A pesar de este panorama, el informe destaca avances importantes. El 95 % de los más de 11.000 excombatientes activos ya concluyeron sus planes individuales de reincorporación, y cerca del 30 % de estos incluyen formación política, evidenciando el compromiso con la participación democrática. Además, se instaló formalmente el Sistema Nacional de Reincorporación, que articula a más de 30 entidades estatales.En el frente rural, se adjudicaron 40.000 hectáreas de tierra y se formalizaron otras 86.000. Aunque estas cifras representan avances, aún están lejos de las metas del acuerdo: 3 millones de hectáreas adjudicadas y 7 millones formalizadas. Las restricciones presupuestales y los riesgos de seguridad para funcionarios siguen siendo obstáculos importantes.Guterres también hizo énfasis en la necesidad de acelerar la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como herramienta clave para garantizar justicia transicional, reparación a las víctimas y reconciliación. Instó a los comparecientes a cumplir sus compromisos y a que estas sanciones se traduzcan en acciones restaurativas reales.Por otro lado, el informe reconoce avances en el Capítulo Étnico del Acuerdo, con nuevos decretos que fortalecen la autonomía de los pueblos indígenas. También se espera que en los próximos meses se adopte oficialmente el Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325, referente a mujeres, paz y seguridad.El informe será presentado oficialmente el próximo 18 de julio en Nueva York por Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.La ONU reitera que, aunque los desafíos son múltiples, el apoyo internacional sigue siendo vital para este proceso liderado por Colombia.
El Ministerio de Defensa Nacional precisó que el bombardeo realizado el pasado lunes 7 de julio de 2025 se llevó a cabo en zona rural de Briceño, al norte del departamento de Antioquia y no en Valdivia; sin embargo, sí fue en un área limítrofe entre los dos municipios.Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la intervención fue planeada como una acción de precisión dirigida contra integrantes del Clan del Golfo, organización criminal armada con presencia en esa región y con injerencia criminal también en municipios vecinos a Briceño, como Valdivia.De acuerdo con las autoridades, la operación hace parte de un conjunto de acciones focalizadas contra estructuras ilegales que operan en el norte del departamento. Como complemento a la intervención, el Ministerio indicó que se ha fortalecido el dispositivo de control territorial en el área, con presencia permanente de unidades militares y operativas, en coordinación con otras fuerzas del Estado.El Ministerio no entregó detalles sobre capturas, incautaciones u otros resultados derivados de la operación, de la que aún no se conocen resultados concretos, pero señaló que estas acciones hacen parte de los esfuerzos institucionales por mantener la seguridad en zonas rurales donde delinquen grupos armados organizados. “En lo corrido del año, se han neutralizado 1.170 integrantes del Clan del Golfo, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año 2024.”.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.