El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Dos personas aún sin identificar, que se movilizaban en una motocicleta AX100, perdieron la vida tras colisionar de manera violenta contra un vehículo de carga tipo turbo, color blanco, en el sector conocido como el cruce de Algeciras, sobre la vía principal que comunica a Neiva con Garzón.Según el reporte oficial de las autoridades, las dos víctimas quedaron calcinadas tras el fuerte impacto, mientras que el conductor del automotor resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y recibe atención médica en un centro asistencial de la zona.“En el kilómetro 79, sobre la Ruta 45, cruce de Algeciras, se presentó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos vehículos: un camión tipo turbo marca Mitsubishi y una motocicleta AX100. Ambos vehículos quedaron consumidos por las llamas. Desafortunadamente, en el hecho las dos personas de la motocicleta pierden la vida y el conductor del camión resultó herido con quemaduras en su cuerpo”, confirmó la capitán Martha Liliana Losada, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía en el Huila.Por su parte, peritos de criminalística de la Policía de Tránsito avanzan en las investigaciones para identificar a las víctimas fatales y esclarecer las causas del siniestro vial que terminó con la incineración de los vehículos involucrados.Por último, las autoridades hacen un llamado a conductores y motociclistas a acatar las señales de tránsito y conducir con responsabilidad, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que aumenta en esta temporada de fin de año en las vías del departamento.
Rechazo en el Suroeste de Antioquia por la construcción de una cárcel en el municipio de Andes: sectores académicos, turísticos y políticos cuestionaron que este se haga al frente de una universidad y temen que incremente inseguridad. El gobernador Andrés Julián Rendón negó que fueran dudas de la comunidad y dijo que a esto solo se oponen “dos o tres personas que tienen visibilidad”Algunos de los argumentos es que allí actualmente funciona una granja agrícola, que en la discusión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el año 2023 no se contempló ese espacio como apto o idóneo para un centro carcelario, y sus posibles implicaciones en la seguridad, en una localidad que a la fecha triplica la cifra de homicidios de todo el 2024, con más de 60 casos. También se cuestionan los impactos que tendrá en el turismo en este corredor que va desde la Posesión hasta el corregimiento de Tapartó.Aunque al ser consultado sobre este tema, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que esta iniciativa está contenida en el Plan de desarrollo y que es una inversión cantada de las más importantes de la tasa de seguridad, el docente Luis Carlos Gaviria manifestó a Blu Radio que no ha habido una socialización oficial por parte del ente departamental y que se enteraron por la visita de un topó.“Los vecinos de una urbanización que hay cerca que es Palmar de Los Andes, otro condominio que hay en La Pradera se han mostrado muy extrañados porque sus terrenos se van a desvalorizar. Enfrente de La Granja queda el Ecoparque de Comfenalco. Es un sitio de recreación. Por un lado, que es un centro de recreación, vamos a colocar una cárcel. Y al otro lado está la Universidad de Antioquia”, afirmó.Frente a cómo se eligió el predio también hay algunas dudas. El concejal Ramón Genaro Restrepo manifestó a este medio de comunicación que aunque este uso del suelo debía ser aprobado por el Concejo, la solicitud no pasó por allí durante la revisión del PBOT ni posteriormente, ejercicio que se hace cada 10 años. Incluso, dijo el corporado, este documento indica que esta es una zona de expansión y distrito educativo.“La realidad es que nosotros los andinos no queremos esa cárcel departamental a Canadá. El problema es que el área que tenemos, esa área es un área destinada para educación nada más. Y ahí queremos una universidad de las TIC. Eso lo pueden llevar para Rionegro, para Medellín, yo no sé para dónde era, pero aquí no la queremos”, aseveró.Sobre este punto, el gobernador aseguró que lo que hizo su administración fue revisar diferentes predios de su propiedad, como este de Andes, mirar qué usos del suelo permitidos tenían cada uno de ellos y “la voluntad de la institucionalidad local para acometer ese tipo de inversiones”, para este caso, del alcalde Germán Vélez.“Más que la comunidad, yo creo que son dos o tres personas con una capacidad de influencia y de visibilidad muy grande y eso pues lo respetamos. No es cierto que allí exista una granja que esté a cargo de una institución educativa ni que esté un centro de protección animal. No tengo noticia que exista una cárcel y que eso aumente la inseguridad”, afirmó.Para Francisco Zapata, exviceministro de Justicia oriundo de Andes, el problema va más allá, porque las cárceles de Colombia se han convertido en centros de extorsión.“Jamás hayamos tenido un proceso como el que tenemos de criminalidad. Son tres, cuatro asesinatos semanales. Uno es el tema de inseguridad, pues crea todavía más más expectativas y más angustia frente a la inseguridad, una percepción de inseguridad. Segundo, que todos sabemos que los centros callejeros se convirtieron hoy en grandes centros de la extorsión con eh centros de comunicaciones al interior”, dijo.Finalmente, Rendón dijo que revisará la idea de que una cárcel genera más inseguridad, aunque anticipó que no conoce estudios “ni evidencia empírica que indique un aumento de la criminalidad por la presencia de un centro penitenciario”. Añadió que, por el contrario, contar con un lugar adecuado para que los detenidos o condenados cumplan sus penas, junto con una buena operatividad de la Fuerza Pública y la justicia, suele generar mayor disuasión y reducir los índices delictivos.
Un grave accidente en la vía La Calera–Sopó, en Cundinamarca, dejó un motociclista muerto luego de que un Ferrari amarillo perdiera el control y arrollara a varios usuarios de la vía, entre ellos motociclistas y, al parecer, ciclistas que transitaban por la zona.El siniestro ocurrió este jueves en horas de la mañana, en el tramo La Calera–El Salitre (Sopó). Según información preliminar, el vehículo deportivo de alta gama invadió el carril contrario y chocó de frente contra una motocicleta. El impacto fue tan fuerte que el motociclista falleció en el lugar, quedando a un costado de la vía mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en medio de un amplio trancón.Las autoridades confirmaron que el accidente involucra a un Ferrari amarillo, similar a un modelo Ferrari 488 GTB, de los más potentes y costosos comercializados en el país. En junio de 2025, un vehículo de ese mismo tipo fue ofrecido en venta en Bogotá por $1.500 millones, cifra que da una idea del valor del auto accidentado.Ese modelo, lanzado en 2015, incorpora un motor V8 biturbo de 3.9 litros con 670 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos y alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Tiene tracción trasera, transmisión automática de siete velocidades, suspensión adaptativa y tecnologías de control como el Side Slip Control 2. Su interior, característico de la marca italiana, combina materiales de lujo y un diseño centrado en la conducción deportiva.La Policía de Tránsito mantiene cerrados parcialmente los carriles mientras realiza el levantamiento del cuerpo y avanza en la recolección de evidencias para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales está un posible exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo, aunque las autoridades insisten en que la investigación está en curso.
Este jueves, en horas de la mañana, ocurrió un trágico hecho que involucró un vehículo deportivo de alta gama y una motocicleta. Por la vía La Calera - El Salitre (Sopó) circulaban ambos automotores cuando ocurrió el accidente de tránsito.Información preliminar indica que el vehículo Ferrari terminó colisionando de frente contra la moto. Al parecer, perdió el control del carro y el motociclista falleció por el impacto, quedando a un costado de la vía.Medios locales hablan de que el Ferrari también se habría llevado a unos ciclistas que circulaban por el corredor; no obstante, el único reporte de fallecidos habla del motociclista.A esta hora, el cuerpo de bomberos de Cundinamarca y las autoridades atienden el siniestro para retirar los vehículos y el cuerpo de la vía.En un informe reciente, se informó de una grave afectación vial, pues el hecho ha generado problemas en la movilidad en el sector de Patios - Guasca en el Kilometro 17, vereda Márquez.Los vehículos implicados fueron identificados, una motocicleta con placa ESB-79E y el carro Ferrari con placa JEX-488, ambos de servicio particular. Esto dijeron las uatoridades:
El mayor Bruno Nocente Regato Pereira, oficial de la Fuerza Aérea Brasileña y uno de los instructores del programa Gripen, explica que el simulador que tendrá Colombia para entrenamiento será una pieza fundamental para preparar a los pilotos que operarán estos aviones de última generación. Según asegura, su principal fortaleza es que permite entrenar tanto las maniobras básicas de vuelo como los escenarios tácticos más complejos, todo en un entorno seguro y controlado.De acuerdo con el oficial, el sistema está diseñado para replicar dos grandes áreas de entrenamiento. La primera corresponde a la operación básica de la aeronave: control general del avión, manejo de instrumentos, procedimientos de despegue y aterrizaje, y simulación de emergencias que pueden surgir en pleno vuelo. La segunda área está dedicada a la parte táctica, donde los pilotos practican misiones contra enemigos virtuales y ponen a prueba las capacidades de los sensores y sistemas avanzados del Gripen.Con la adquisición de 17 aeronaves nuevas Gripen E/F, el país adquirió un centro de entrenamiento avanzado con cuatro cabinas para formación de pilotos y simulación de realidad aumentada en combates aire-aire y aire-tierra, junto con sistemas de entrenamiento para ingenieros, técnicos y personal de apoyo. Lo anterior reduce costos y dependencia.El mayor Regato Pereira también destacó la importancia del modelo biplaza que Colombia adquirirá, una versión del Gripen con dos asientos. Explica que esta configuración permitirá una transición más segura para los pilotos inexpertos, pues podrán volar acompañados de un instructor dentro de la misma aeronave. Esto facilita el aprendizaje inicial, reduce riesgos y acelera la curva de entrenamiento en una plataforma tan avanzada.Pero uno de los puntos más relevantes del simulador es su impacto en la seguridad y en la economía operacional. El oficial asegura que, al recrear misiones completas sin necesidad de volar, los pilotos pueden entrenar situaciones críticas, algunas difíciles de reproducir en misiones reales, sin exponer sus vidas ni las aeronaves a peligros innecesarios. “El mayor beneficio es la economía de recursos”, explica. “Podemos practicar todo lo que se hace en vuelo, sin gastar combustible y sin someter a la aeronave a riesgos”.
Colombia presentó en Expodefensa 2025 a VIGÍA, un dron creado y ensamblado completamente en el país por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC). El dispositivo, resultado de meses de trabajo de ingenieros y especialistas, busca abrirse espacio en un mercado global dominado por grandes fabricantes y donde la innovación es la única vía para mantenerse vigente.El VIGÍA fue concebido como un sistema aéreo no tripulado modular y portátil, capaz de adaptarse a misiones de vigilancia, inteligencia y operaciones especiales tanto en entornos civiles como de defensa. Su diseño compacto, de apenas 5 kilos de peso, contrasta con el nivel de tecnología integrado: cámaras diurnas, nocturnas y térmicas, además de una función de auto tracking que permite seguir automáticamente vehículos, personas o puntos de interés sin intervención del operador.Uno de los elementos más llamativos es su capacidad de transmisión de video en tiempo real mediante sistema satelital, una ventaja clave para operar en selvas, montañas o zonas rurales donde no hay conectividad. A esto se suma un alcance operativo de hasta 20 kilómetros y una autonomía cercana a los 70 minutos, cifras que lo ubican por encima de muchos modelos de su misma categoría.El proyecto fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de expertos colombianos, quienes apostaron por un diseño modular que permite reparaciones rápidas y reduce costos de mantenimiento, un aspecto altamente valorado por entidades que requieren equipos operativos sin interrupciones. La CIAC ve en este dron una oportunidad para fortalecer la independencia tecnológica del país y posicionar a Colombia como un actor competitivo en el mercado de soluciones aeronáuticas avanzadas.
El dirigente del Centro Democrático Juan Carlos Cometa, denunció un nuevo hecho de intimidación en su vivienda en zona rural de Mocoa, donde cuatro sujetos lo increparon, lo señalaron políticamente y dejaron nuevas amenazas contra su actividad en el Putumayo.Según relató Cometa, en la madrugada de este miércoles, hacia las 2:00 de la mañana, un grupo de cuatro sujetos armados llegó hasta su vivienda en Las Planadas, interrumpiendo su descanso y el de su familia. Los hombres lo increparon exigiéndole la entrega de supuestas armas oficiales.“Me dijeron: ‘Entregue las armas’, y yo les respondí que el armamento no era de la Unidad Nacional de Protección, sino de mi propiedad, con salvoconducto legal”, aseguró en diálogo con Blu Radio. “Me señalaron de paraco, que yo era de ultraderecha, que hacía parte de los mismos corruptos que hace 200 años han liderado la política en el país y cuestionaron que apoyara a un candidato de derecha”, añadió en su relato el dirigente.Tras el violento hecho, Cometa madrugó a presentar la denuncia y a solicitar acompañamiento policial alrededor de las 6:00 de la mañana,. Agregó que los atacantes pintaron una consigna con aerosol en su vehículo particular, dejando un mensaje intimidante.Cometa recordó que esta situación no es aislada: “Es la segunda vez que me atacan. En un pasado atentado, en la misma finca y también en horas de la noche, mi vehículo recibió varios disparos”. Para el líder político, la situación se ha vuelto insostenible: “Realmente no se puede hacer trabajo político en el Putumayo”.En los últimos días, Cometa adelantaba la recolección de firmas para respaldar la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, lo que aumenta el peso político de la denuncia.El caso fue puesto en conocimiento de la Sijín de la Policía, mientras Cometa y su familia esperan medidas urgentes de protección ante el recrudecimiento de las intimidaciones en la región.
La Policía rescató este martes en el Cauca a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien fue secuestrado hace once días mientras se movilizaba en un vehículo por la carretera Panamericana, en ese convulso departamento del suroeste del país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el rescate y llamó por teléfono al artista para informarle que su hijo "ya va a estar en el lugar en el que debe estar", aseguró en declaraciones a la prensa."Yo le dije que primaba la vida de su hijo y del mánager y no nos doblegamos ante estos criminales", añadió el ministro, quien aseguró que en el operativo la Policía capturó a una persona que hacía parte de un grupo de delincuencia común.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía, entregó detalles de cómo fue el rescate del joven, las condiciones en las que los encontraron y lo que tuvieron que vivir durante el cautiverio. La crucial prueba de supervivencia y la planificaciónDesde el primer día del secuestro, el Gaula inició una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, mientras simultáneamente desarrollaban la parte operativa enfocada en un posible rescate. Durante 15 días, el intercambio de información, el acompañamiento a la familia de la víctima, la información técnica, y la inteligencia de fuentes humanas permitieron acumular datos cruciales para la toma de decisiones.Hace tres días, la investigación se centró en una "zona de interés" estratégica. Fue en ese momento que se recibió la prueba de supervivencia. El coronel Correa explicó que, aunque ya se estaba considerando la realización del operativo, la prueba de vida fue fundamental para confirmar y alinear toda la información previa obtenida de fuentes humanas, datos técnicos e imágenes especiales y sobrevuelos en el terreno.La planeación del rescate se realizó con una metodología rigurosa, analizando el ambiente climático y diversas circunstancias, siempre priorizando la preservación de la vida de los secuestrados. Se tuvo especial consideración no solo en el ingreso, sino también en la seguridad operacional durante la salida de las personas secuestradas, un momento que a menudo genera dificultades.Delincuencia común y el operativo de rescateLos investigadores del Gaula concluyeron que los dos jóvenes estaban en poder de delincuentes comunes, lo cual fue un factor que alentó la decisión de adelantar un operativo de rescate. Sin embargo, el Coronel Correa señaló que existe la hipótesis, aún en investigación, de que estos delincuentes comunes pudieran estar actuando como un 'outsourcing' para vender a los secuestrados a disidencias de las Farc. De hecho, es habitual que bandas criminales en la zona del túnel en la Villa Panamericana de Popayán roben vehículos que luego son vendidos a grupos armados ilegales.Los delincuentes, que obtienen mucha de su información sobre la capacidad económica de las víctimas a través de redes sociales, exigían altas sumas de dinero, estimadas entre 4000 y 7000 millones de pesos. Afortunadamente, no se alcanzó a realizar ningún pago de rescate.
Fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto que busca castigar el porte, fabricación y transporte del fentanilo en Colombia. Es una iniciativa liderada por el ministro del interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.Uno de los objetivos es, por ejemplo, una reforma contundente para tipificar como delito tanto el tráfico, la fabricación, el desvío, porte ilegal de fentanilo. Esto, según el texto, con el fin de garantizar la investigación, la judicialización y una sanción efectiva.“Este es un mensaje de nuevo a la comunidad nacional e internacional, a propósito de una medida preventiva que estamos aplicando, que esperamos tenga eco en el Congreso de la República, para impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de esa sustancia que daño le hace a la salud pública”, argumentó Idárraga.Por su parte, el ministro Benedetti señaló que esto es un proyecto preventivo, para evitar que los laboratorios de fentanilo que hay en México se instalen en Colombia.Los ministros resaltaron que la meta es impedir que organizaciones criminales puedan usar fentanilo como una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta esa capacidad de generar dependencia en dosis diminutas.El proyecto también lo que busca es blindar la cadena de control para evitar que el producto médico, el que sí está permitido en entornos hospitalarios, sea sustraído o alterado para redirigirlo ya al mercado ilegal. Con esta radicación, el documento iniciará su trámite a partir del próximo año en la Cámara de Representantes para un primer debate.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
Tras esta reunión, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones gripen con la empresa sueca Saab.En ese sentido, el jefe del órgano de control; aseguró que tuvo que firmar una especie de “acuerdo de confidencialidad” para acceder a esa información.“Lo primero que tuve que hacer fue firmar un documento en el cual yo me comprometo a conservar unos temas de reserva, porque sí hay unos temas de seguridad nacional que dependen de ello”, dijo el contralor.Incluso, el contralor señaló que la adquisición de los aviones en reemplazo de los K-fue era necesaria tras esta reunión que sostuvieron en la Contraloría.“Considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya varios o bastantes años frente al tema. Se le han hecho un poquito más de 40, 50 años. Y se le han hecho varias actualizaciones y con todo respeto no aguantan una actualización más”.Las claves de la reunión entre el contralor y MindefensaEl contralor General explicó que formuló una serie de preguntas, como por ejemplo, el estudio operacional que sustentó la elección de los Gripen frente a otras alternativas evaluadas, así como los criterios técnicos aplicados, las ponderaciones utilizadas y las matrices comparativas entre las distintas ofertas, incluidas las presentadas por otros países.Rodríguez precisó que varias de estas preguntas ya cuentan con respuestas preliminares, pero advirtió que no se pronunciará hasta contar con toda la documentación por escrito y realizar la valoración técnica correspondiente.‘Si hay las condiciones para realizar algún tipo de advertencia, la Contraloría lo va a hacer’: Contralor General sobre contrato de aviones Gripen• Ministerio de Defensa deberá entregar por escrito respuesta a cuestionario formulado por la Contraloría General de la República en la mesa técnica desarrollada este jueves por solicitud de la entidad.• El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato, estudios previos que conllevaron a tomar la decisión, entre otra serie de condiciones técnicas.• El contralor General manifestó que la información será retroalimentada con la Procuraduría General de la Nación, entidad que también solicitó información sobre el contrato.El contralor aseguró que si hay las condiciones para realizar alguna advertencia sobre la compra de estos aviones, lo hará.
Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, la solicitud de fusión del Partido Progresistas al movimiento político del Pacto Histórico.Con este hecho, el movimiento político de la senadora María José Pizarro, que hace pocos días había obtenido su personería jurídica luego de su escisión del partido MAIS, se disolverá en el nuevo movimiento político del presidente Gustavo Petro y podrá participar en la lista única de este partido para el Congreso de la República, luego de qué se haga el cambio en el registro único de partidos y movimientos políticos.Asimismo, en la decisión se ordena incluir a la senadora Pizarro, a los representantes David Racero y Heráclito Landinez, y al exministro de Minas Omar Andrés Camacho, como integrantes de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico.Quedaría faltando la decisión frente al partido Colombia Humana, partido del presidente Petro, y que no ha podido fusionarse, al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.
Copa Airlines, Satena y Wingo se suman al grupo de aerolíneas colombianas que cancelaron su operación desde y hacia Venezuela. El anuncio, que se conoció este jueves 4 de diciembre, fue respaldado por la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, quienes aseguraron que la suspensión de vuelos debe mantenerse hasta que "existan garantías verificables y soportadas en criterios técnicos" que confirmen un retorno en condiciones seguras y normales en ese espacio aéreo.A través de comunicaciones oficiales, Wingo y Copa Airlines anunciaron que la suspensión la mantendrán hasta el 12 de diciembre teniendo en cuenta que continúan evaluando la situación de riesgo que persiste en territorio venezolano.“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, indicó la aerolínea.Por el lado de Copa Airlines, la compañía informó que ofrecerá alivios a los pasajeros que se puedan ver afectados por esta situación:Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.comCada viajero podrá elegir la opción que más le favorezca con el fin de resarcir los daños ocasionados por las cancelaciones.Por su parte, Wingo propuso a sus viajeros reembolsar el 100 % del valor del tiquete, ya sea en el medio de pago original o a través de ‘voucher Wingo’, un estilo de beneficios con la aerolínea para redimir servicios en otra oportunidad. También ofreció el cambio de vuelo, según disponibilidad, sin penalidad ni diferencia en la tarifa.Con el panorama aún incierto y sin claridad sobre cuándo podrán restablecerse plenamente las operaciones, las aerolíneas mantienen abiertos sus canales de información mientras avanzan los análisis técnicos sobre el riesgo en el espacio aéreo venezolano. Por ahora, los viajeros deberán acogerse a los alivios ofrecidos y estar atentos a nuevas decisiones en los próximos días.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.