El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa:
En las últimas horas, Venezuela ha sido escenario de un nuevo proceso de excarcelaciones de ciudadanos detenidos por motivos políticos, una medida que, aunque representa un "alivio colectivo" para las familias en vísperas de Navidad, está marcada por la falta de transparencia y la discrepancia en las cifras oficiales. Mientras el Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro reporta la liberación de 99 personas, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y Provea manejan datos significativamente menores, confirmando apenas entre 45 y 70 ciudadanos liberados mediante una verificación caso por caso.Opacidad en el proceso y condiciones de libertadÓscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, ha calificado la situación como un panorama de "absoluta opacidad". Según explicó, no se trata de una libertad plena, sino de una excarcelación bajo medidas cautelares, lo que implica una libertad condicionada tras haber sido imputados por delitos graves como terrorismo. Murillo denunció que esta práctica es parte de un modelo autoritario donde la arbitrariedad reina, señalando que muchas de estas salidas ni siquiera cuentan con la firma de un juez al momento de producirse. Además, el gobierno ha sido criticado por revictimizar a los detenidos en comunicados donde se les acusa de haber sido "engañados".Perfil de los detenidos y contexto represivoLa gran mayoría de los beneficiados por estas medidas fueron arrestados en el contexto post-electoral del 28 de julio de 2024, en lo que se describió como "redadas abiertas". Entre los confirmados se encuentran:Un grupo minoritario vinculado a movimientos políticos y logística electoral.Un grueso de ciudadanos comunes que fueron detenidos en las calles de forma aleatoria, en algunos casos tras la revisión arbitraria de sus teléfonos celulares.Jóvenes de diversos estados que fueron trasladados a cárceles distantes de sus lugares de origen, lo que agravó el sufrimiento de sus familias debido a la falta de recursos para visitarlos."Insuficiente"A pesar de las liberaciones, la cifra de presos políticos en Venezuela sigue siendo alarmante, superando las 900 o incluso 1,000 personas según diversos registros. Provea subraya que este ciclo de represión es inédito en la historia contemporánea del país, con al menos cinco oleadas represivas registradas solo en 2024.La organización también destaca que figuras clave y presos de conciencia siguen tras las rejas. Es el caso de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido tras solicitar aclaraciones sobre los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien permanece en el Sebin. Asimismo, defensores de derechos humanos y el núcleo de apoyo de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González continúan privados de su libertad, lo que lleva a concluir que estas excarcelaciones no representan un cambio real en la política de persecución del Estado.Escuche aquí la entrevista:
En un operativo realizado por la Policía Nacional en el municipio de Santa Rita, en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, fue capturado Juan Camilo Restro Alzate, alias 'Moga' integrante del Grupo Delincuencial Organizado conocido como La Terraza que delinque en esta zona del país.A alias 'Moga' se le atribuyen varios delitos, entre ellos, y tal vez uno de los más importantes, es la participación de un homicidio múltiple donde perdieron la vida cuatro personas, en el corregimiento de Santa Rita, ubicado en zona rural del sector conocido como La Clara, del municipio de Andes. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo de 2025.A la fecha, este hombre cuenta con una orden de captura vigente por otras faltas a la ley, como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio agravado. Se le acusa también del manejo las de finanzas de la organización, de la cual hace parte, y generar control territorial y homicidios selectivos en esa zona del departamento. "La captura se produjo mediante la materialización de una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, resultado de un proceso investigativo estructural el cual incluyó interceptaciones telefónicas, interrogatorios, declaraciones juradas y reconocimientos fotográficos", dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.La captura fue realizada por la subestación de Policía del corregimiento de Santa Rita del municipio de Andes, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal Antioquia, entidad que realizó la investigación estructural por más de seis meses en la jurisdicción en contra de los integrantes del Grupo Delincuencial Organizado La Terraza.
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
Las autoridades en Antioquia no bajan la guardia ante la amenaza de los ataques con drones y por ello, la Gobernación anunció que se encuentra en el proceso de adquirir equipos especiales para emplear en contra de estos artefactos tecnológicos.Según reveló el secretario de Seguridad Luis Martínez, si bien es el Ejército el que debe determinar en qué zonas del departamento se emplearán, a su juicio para iniciar las prioridades son las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde ya se han presentado algunos hechos.Mientras tanto, el ente departamental está a la espera del aval de las fuerzas militares para proceder con la compra, que será con recursos de la tasa de seguridad e implicarán una inversión de 4.000 millones de pesos."Ya estamos en la adquisición de los mismos, estamos haciendo todas las coordinaciones pues con Ejército porque son ellos los usuarios finales y deben aprobar algunas situaciones que consideran deben cumplir estos aparatos. Son cinco antidrones que estamos adquiriendo para darle a nuestro Ejército", aseguró Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.Cabe recordar que la Fuerza Pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país, así lo indicó recientemente el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento, quien aseguró que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.Entre las disposiciones, Rico indicó que se encuentra, tanto el aumento en la recolección de información, como la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, aunque reconoció que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.Otra de las estrategias que reveló Rico se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien explicó que su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, destacó que avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.
En medio del debate por los ajustes económicos de cara a 2026, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) deje de ser un seguro y se convierta en un impuesto. La propuesta generó preocupación en el sector asegurador y en el sistema de salud. Desde Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, su presidente Gustavo Morales advirtió en Mañanas Blu que esa idea tendría consecuencias negativas para la atención de las víctimas de accidentes viales y para el flujo de recursos del sistema.¿Qué plantea Petro sobre el SOAT?Morales explicó que el planteamiento presidencial tiene dos componentes. El primero, relacionado con los subsidios cruzados —que los vehículos grandes paguen más y las motos y carros pequeños menos—, no es nuevo. Según dijo, ese esquema existe desde la creación del SOAT en 1986 y ha sido incluso reforzado por el propio Gobierno con un decreto expedido a finales de 2022, que puso topes al incremento de las tarifas para motos y vehículos de servicio público.Sin embargo, la mayor preocupación de Fasecolda está en la idea de convertir el SOAT en un impuesto. Para Morales, “eso sería un gran error”, porque el SOAT funciona hoy como uno de los pilares del sistema de salud en la atención de accidentes de tránsito. Principales consecuencias de convertir el SOAT en un impuesto, según FasecoldaDe acuerdo con lo expuesto por Gustavo Morales, estas serían las principales consecuencias:Riesgo para el flujo de recursos al sistema de salud: el SOAT es hoy uno de los mecanismos que más recursos aporta a la atención de accidentes de tránsito. Morales explicó que el siniestro promedio del SOAT es de cerca de 3 millones de pesos, casi el doble de la UPC del sistema general de salud.Dificultades para las IPS: más de 12.000 clínicas y hospitales atienden accidentes de tránsito con cargo al SOAT. Convertirlo en un impuesto dejaría en el aire a quién le cobrarían las IPS, cómo se tramitarían los pagos y con qué tiempos se les girarían los recursos.Pérdida de eficiencia en los pagos: según Morales, las aseguradoras del SOAT son “las mejores pagadoras del sistema de salud” gracias al manejo técnico de reservas, supervisado por la Superintendencia Financiera. Ese esquema desaparecería al pasar los recursos al presupuesto general.Mayor carga burocrática: el presidente de Fasecolda advirtió que los recursos quedarían “enredados en una maraña burocrática”, lo que afectaría la rapidez en la atención y el pago de servicios médicos.Impacto directo sobre las víctimas de accidentes: para Morales, cualquier retraso o dificultad en el pago terminaría perjudicando a las personas lesionadas en accidentes de tránsito, que hoy cuentan con una atención inmediata gracias al SOAT.Problemas en la transición del sistema: actualmente los conductores pueden acreditar de forma inmediata que tienen su SOAT vigente. Morales cuestionó cómo se haría ese control si el SOAT se convierte en un impuesto y cómo se garantizaría el cumplimiento durante el cambio de modelo.Agravamiento de la evasión: Fasecolda advierte que la evasión, que hoy ya es alta, podría aumentar. Según cifras del gremio, el 47 % de los vehículos y el 57,3 % de las motocicletas no tienen SOAT vigente.Cifras a tener en cuenta del SOAT 2025En cuanto al impacto financiero, el presidente de Fasecolda entregó cifras que, a su juicio, muestran la magnitud del riesgo. Con corte a octubre, se registraron cerca de 1.154.000 víctimas de accidentes viales y se pagaron alrededor de 23 billones de pesos en siniestros con cargo al SOAT. En el caso de las motocicletas, indicó que hay 13,3 millones registradas y que el 88 % de los siniestros viales involucran a una moto. También reveló que la evasión sigue siendo alta: el 47 % de los vehículos y el 57,3 % de las motos no tienen SOAT vigente.
La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, defendió este martes al presidente Gustavo Petro, tras la polémica por la publicación de sus gastos para demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico y calificó de "injusta" la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como 'Lista Clinton'."La inclusión del presidente y su familia en la lista Clinton es bastante injusta, es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, que es el jefe de Estado y el presidente legítimo de nuestro país", denunció Villavicencio, en una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez.El 24 de octubre, EE.UU. anunció la inclusión de Petro en la 'Lista Clinton', tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico", y también se añadió a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.La canciller considera que es "una situación muy negativa" tanto para Petro como para el país porque "no hay ninguna evidencia de las que se argumenta para incluirlo en esa lista", expuso.El gobierno colombiano ha presentado una nota verbal para pedir al estadounidense que dé los motivos por los que se le ha incluido y también para exigir que se le saque, según explicó Villavicencio, ya que esta inclusión impacta en la presencia internacional de Colombia y su relación con otros países.Para justificar que no hay tal relación Petro autorizó la publicación de sus gastos personales desde el 2022 hasta la fecha para "que no quede duda" de sus ingresos, y también recordó que su declaración de la renta es pública.Esa publicación ha traído polémica, pues hay compras en tiendas de lujo durante sus viajes en el extranjero y también en un burdel en Portugal.Aparecen desde pagos en hoteles, restaurantes, farmacias y heladerías, hasta abonos a una hipoteca y compras en tiendas en sus viajes al exterior, como El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue, La Rinascente y Nordstrom, y algunas de lujo, como Gucci y Prada.Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los medios locales, no tanto por su cuantía, de 209.969 pesos colombianos (unos 56 dólares de hoy) sino por el tipo de establecimiento, es un gasto que aparece registrado en mayo de 2023 en Ménage Strip Club, un club de entretenimiento para adultos en Lisboa.La canciller defendió a Petro y alegó: "Tenemos una acción que pocos presidentes o pocos funcionarios hacen, la de poner a disposición su declaración de renta, sus gastos en función de que pues se estructure si recibe dineros no apropiados. Es una persona con bastante austeridad".Tras la publicación de sus gastos, Petro cuestionó a Noticias RCN, uno de los medios que se hizo eco del informe financiero, y le preguntó en X: "Algo que rechazar, señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro?", sin hacer más comentarios.
Uno de los menores que murió durante el bombardeo que hizo el Ejército a estructuras de alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare, había sido reclutado por este grupo armado hace tres meses.Así lo conoció en primicia Blu Radio, a través del relato de su hermana, otra joven menor de edad que, junto a su familia, vio esfumarse la esperanza de volver a ver a su hermano, quien cursaba apenas quinto grado.“A él se lo llevaron hace tres meses, lo reclutaron. Mi papá intentó buscarlo, pero le dijeron que dejara así; por miedo y terror dejó de buscarlo”, dijo la joven.Mientras espera, junto a su familia, en Medicina Legal en Villavicencio a que los restos de su ser querido sean entregados, esta joven hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro: “Se supone que él cuida a los jóvenes, pero no le importó que murieran todos esos niños, les arrebató sus sueños”, señaló.La joven recordó a su hermano menor: “Era muy juicioso, le ayudaba a mi papá a trabajar y, cuando tenía tiempo, le gustaba jugar con sus amigos del colegio”.El drama continúa para el resto de las familias de quienes fallecieron en el bombardeo y que esperan que sus restos sean entregados en Villavicencio.
Tras la revelación de Blu Radio de un presunto detrimento patrimonial por más de 241.000 millones en la hidroeléctrica Urrá, que fue notificado a la empresa en una carta la semana pasada, la compañía defiende sus actuaciones y asegura que hizo lo correcto al vender su energía a precios bajos.La Contraloría notificó a Urrá de un presunto detrimento patrimonial por 241.000 millones de pesos a raíz de la falta de estrategia en la fijación de precios de la electricidad durante la sequía el año pasado."Colombia afrontaba una temporada de sequía, mientras la situación de nuestro embalse era contraria, superando los niveles máximos permitidos, con riesgo de rebosamiento y el consecuente impacto económico y social en las comunidades aguas abajo del sitio de la presa", argumentó Urrá en un comunicado de prensa.Según la hidroeléctrica, ofrecer precios altos en ese momento "hubiera generado sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, por especulación en los precios, lo cual iría en contravía de la política del actual Gobierno de aliviar las tarifas del usuario final".La visión de Urrá contrasta con la comunicación oficial de la Contraloría revelada por Blu Radio.En esa comunicación, el ente de control dice, textualmente, lo siguiente:"La falta de responsabilidad en la determinación del precio de oferta de energía durante el periodo de aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en la vigencia 2024, conllevó a un impacto financiero negativo para la empresa URRA S.A. E.S.P., al asumir cargos por valor de Doscientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Nueve Pesos con Doce Centavos ($241.614.659.909,12), pagados y neteados durante la vigencia 2025, afectando no solo los ingresos y la liquidez de la empresa, sino el patrimonio de la misma".La comunicación está fechada el pasado 13 de noviembre y fue dirigida al presidente de Urrá, Juan de Jesús Acevedo. Urrá asegura que sus actuaciones fueron revisadas por la Contraloría, quien ya feneció las cuentas del año anterior sin hallazgos.
Blu Radio conoció que el alto tribunal negó una solicitud de aclaración que pidió la Presidencia de la República sobre el fallo que puso límites a las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados. Estos espacios deberán tratar de circunstancias urgentes, no pueden ser recurrentes, es decir, varias veces por semana y deben ser limitadas en temas y en duración.En septiembre el Consejo de Estado le puso freno a las alocuciones tras revolver un fallo de tutela de un grupo de personas que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro."NEGAR la solicitud de aclaración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2025, presentada por el Presidente de la República y la Presidencia de la República, por las razones expuestas", se lee en el apartado conocido por este medio.En el fallo del 16 de septiembre el Consejo de Estado consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.Allí advirtió el alto tribunal que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizó este miércoles un debate de control político al que fueron citados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.Aunque el debate estaba citado desde antes de que se supiera que hubo menores de edad que fallecieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país, este fue un tema al que hicieron referencia varios congresistas.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el bombardeo en el Guaviare en el que murieron 7 menores de edad se hizo contra los cabecillas de las disidencias.“Se aplicó la precaución porque se hizo a una hora y en un lugar donde prácticamente no iban a transitar personas protegidas por el DIH. Se dirigió específicamente a la posición que teníamos por información de inteligencia de los cabecillas, no de toda la estructura, buscando siempre proteger a nuestros menores, víctimas del reclutamiento forzado que los llevan a las hostilidades y les hacen perder la protección en las mismas”, dijo Sánchez.El ministro de Defensa también señaló que en esa zona del país hay un alto nivel de reclutamiento forzado.“Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores ahí en esa zona era alta por el reclutamiento que estaban haciendo. Pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La única manera era estar metidos allá y contarlos ahí, decirles, a ver, saquen la cédula”, agregó Sánchez.Al final del debate el ministro aseguró que esta acción fue legítima.“Gracias por este espacio para analizar y no tapar las cosas, decirlas tal y crudas como son, con mucho dolor. Claro que sí, lamento y mi mayor solidaridad con las familias, los menores, de todos los colombianos víctimas del conflicto. Esta operación fue legítima, pero si desestimulamos el empleo de las capacidades del Estado para su protección, comprometemos el cumplimiento de los fines esenciales que tenemos en la Constitución. Y en última instancia, los que van a ganar aquí son los criminales”, señaló Sánchez.
El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Cuando varios uniformados atendían un posible caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública en el barrio La Pradera, del municipio de Pitalito sur del Huila, una persona involucrada en la riña intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien de manera inmediata reaccionó con el fin de proteger su integridad.Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó herido en medio de la asonada y falleció cuando era atendido en un centro hospitalario, mientras que el uniformado herido se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” dijo el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.Le puede interesar: Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivosEn el procedimiento policial otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito para el debido proceso de judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía de permitir que la policía cuando sea alertada del cualquier circunstancia que altere la tranquilidad de los ciudadanos, abstenerse de atacar a los uniformados para que la situación no pase a mayores y no termine con resultados lamentables.
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).La acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, impulsado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.El camposanto, priorizado como sitio de interés forense por su relación con casos de desaparición forzada, cuenta desde 2023 con una medida cautelar de protección emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Desde entonces, la UBPD ha adelantado cuatro intervenciones humanitarias que han permitido el abordaje de 81 cuerpos y la recuperación de los 34 que son de su competencia.Durante la más reciente intervención, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos inhumados directamente en suelo. En esta fase se aplicaron técnicas como el uso de georradar, que permitió detectar alteraciones del terreno y orientar la ubicación de los sitios de excavación.Según explicó la antropóloga Daniella Stephanya Caballero, de la UBPD, el trabajo en fosas múltiples y la falta de registros precisos sobre las inhumaciones han hecho que la acción humanitaria sea “más compleja, porque en muchos casos encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel”.De los cuerpos bajo competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis de identificación y toma de muestras óseas. En siete casos adicionales se confirmó correspondencia con registros ‘post mortem’ ya existentes, lo que permitirá avanzar en su plena identificación.La medida cautelar ordenada por la JEP busca proteger los cuerpos no identificados y los identificados sin reclamar, garantizando su preservación y facilitando los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.Estas acciones han sido posibles gracias a la articulación entre la JEP, la UBPD y Medicina Legal, con el apoyo de la Alcaldía de Saravena, la Parroquia Cristo Rey, organizaciones sociales y la comunidad local.Tanto la JEP como la UBPD reiteraron su compromiso con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas, e invitaron a los habitantes de Arauca y del país a aportar información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no reclamados que permanecen en este cementerio.