La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
El sistema público de salud atraviesa uno de sus momentos más críticos y la Nueva EPS, la más grande del país, quedó en el centro de la discusión nacional. La falta de medicamentos, la suspensión de servicios y las deudas con hospitales y gestores farmacéuticos han convertido la atención en un camino lleno de obstáculos para millones de usuarios.En entrevista con Sala de Prensa este 18 de enero de 2026, Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, fue contundente al describir la situación actual del sistema: “Hoy hay muerte, dolor y ruina en las familias colombianas por la línea del presidente Gustavo Petro de manejar la salud”. Para los pacientes, aseguró, la crisis dejó de ser administrativa y ya tiene consecuencias directas en la vida de las personas.Crisis de la Nueva EPS y deterioro del sistema de salud en ColombiaSilva señaló que, aunque en gobiernos anteriores también hubo problemas con las EPS, el momento actual no tiene comparación. “En gobiernos anteriores se intervinieron EPS, pero jamás vivimos lo que se está viviendo hoy”, afirmó. A su juicio, el manejo de las intervenciones agravó una crisis que hoy se siente en hospitales desfinanciados y servicios suspendidos.La Nueva EPS, que concentra cerca de 11,5 millones de afiliados, recibe en promedio 2 billones de pesos mensuales por concepto de la Unidad de Pago por Capitación. En dos años de intervención, el monto supera los **44 billones de pesos**, pero la red prestadora denuncia que esos recursos no se están viendo reflejados en pagos oportunos.¿Dónde están los recursos de la salud? hospitales y farmacias sin pagosSegún Silva, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) certifica que los giros se hacen, pero el problema aparece después. “La plata llega a la EPS, pero no llega a la red”, dijo. Esto ha llevado a cierres de servicios, suspensión de contratos y desabastecimiento de medicamentos esenciales.Uno de los casos relatados fue el de una paciente con cáncer de seno cuyo tratamiento se retrasó por falta de autorizaciones completas. “Cada ciclo se demoraba meses y la paciente terminó haciendo metástasis”, contó.“Hace meses no me entregan la medicina”: lo que dicen los usuarios de la EPSLos testimonios de los afiliados reflejan el impacto cotidiano de la crisis. “Hace tres meses no me entregan la insulina ni la metformina”, dijo una adulta mayor. Otro usuario resumió su situación así: “Todo me quedó pendiente hace cuatro meses. Mi esposo está muy delicado de salud”.Con deudas que, según la Contraloría, podrían superar los 21 billones de pesos, y con una movilización nacional convocada para el 26 de enero, la incertidumbre crece. Para miles de pacientes, el problema ya no es de cifras ni de reformas, sino de acceso real a la atención que necesitan.
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
El próximo 27 de enero comenzarán los cierres durante cinco horas diarias y por al menos 10 meses en el sector Las Areneras con el fin de que se haga la construcción del Retorno 2 - Paso Nivel en la vía Pacífico 1; no obstante, la medida anunciada por la concesión Covipacífico sigue generando molestia entre los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño y la misma Gobernación de Antioquia.Recientemente, las autoridades departamentales y locales mostraron nuevamente su rechazo al cierre en el municipio de Amagá, ya que esto generaría graves afectaciones a la movilidad de la subregión, el turismo y el transporte de pasajeros y productos. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, aseguró que, de hacerse el cierre, sería un duro golpe para todos los municipios del suroeste antioqueño."No podemos tolerar más cierres en estas vías, en las areneras, lo que pasó en el Repecho de la Cianifana. Hoy en día es una odisea usted viajar a la ciudad de Medellín. Si a esto le sumamos un cierre tan prolongado en las areneras, creo que sería una verdadera pandemia", indicó.Aunque aún no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la Concesión Covipacífico ni de la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Gobernación de Antioquia se hizo una propuesta para aprovechar una vía veredal con la que se podría retirar el material de las obras sin afectar la movilidad de vehículos y que, eventualmente, solamente se necesitarían unos cierres temporales o parciales durante un corto tiempo.Mientras las entidades correspondientes estudian las alternativas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, cuestionó el cierre de cinco horas y aseguró que cree que las medidas pueden ser más cortas para no afectar económicamente al Suroeste antioqueño."Este cierre que está proponiendo Pacífico 1, nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector. Podemos disminuir el tiempo del cierre, sabemos que hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados", aseguró.Por ahora, la Gobernación de Antioquia reiteró al Gobierno nacional, a través de la ANI, que avancen en las labores sobre la vía Pacífico 1, que ha tenido serios retrasos y que sigue generando afectaciones graves para el desarrollo de la subregión antioqueña.
En entrevista en Sala de Prensa el decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, expresó fuertes reparos frente a las recientes decisiones económicas del Gobierno nacional, especialmente la declaratoria de emergencia económica, el aumento del salario mínimo, los cambios tributarios sobre licores y tabaco, y la política de endeudamiento.Herrera recordó que el artículo 215 de la Constitución solo permite declarar una emergencia económica cuando existen hechos “extraordinarios, imprevisibles y sobrevinientes”, condiciones que, según él, no se cumplen en este caso. “Difícilmente se puede catalogar como un hecho sorpresivo que el Congreso no haya aprobado los recursos del presupuesto, porque el Gobierno sabía desde el primer momento que eso podía suceder”, afirmó. Incluso usó una metáfora doméstica: “Es como hacer el presupuesto de la casa con un crédito que el banco aún no ha aprobado”.El economista también cuestionó que el déficit fiscal sea presentado como un hecho inesperado. Recordó que fue el propio Gobierno el que activó la cláusula de escape de la regla fiscal. “Desde junio ya se sabía que esto iba a generar una presión de déficit cercana al 6,8 % del PIB”, subrayó.Sobre el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, Herrera alertó por el impacto directo en las finanzas regionales. “Menos rentas departamentales afectan directamente la salud y la educación”, señaló, pero además advirtió sobre el efecto en los hogares: “El consumo de estos bienes es inelástico; la gente seguirá comprándolos y eso reducirá su capacidad de pago para otros productos esenciales”.En cuanto al aumento del salario mínimo del 23,7 %, el decano expresó preocupación por el análisis presentado por el presidente. “No se puede concluir que no habrá inflación mirando precios de Corabastos solo durante 15 días”, afirmó. Además, destacó que el impacto real se verá cuando las empresas enfrenten el alza en sus estructuras de costos: “Estamos hablando de incrementar el salario casi en una cuarta parte, lo que afecta transversalmente las cadenas productivas y de servicios”.Otro punto crítico fue la emisión de bonos del Tesoro. Herrera explicó que se trata de deuda y no de un logro automático: “Uno puede colocar bonos porque ofrece tasas muy altas, pero eso no significa necesariamente confianza; es como cuando el banco presta, pero cobra más interés porque percibe mayor riesgo”. Según él, Colombia “se sigue endeudando sin resolver el problema de fondo”.Sobre la caída del dólar, señaló que obedece, entre otros factores, al ingreso de divisas por deuda, remesas y posibles flujos ilícitos, lo que podría estar generando una tasa “artificialmente baja”.Finalmente, cuestionó que el Gobierno atribuya la situación actual únicamente a la administración anterior. “Llama la atención que, faltando seis meses para terminar el mandato, se sigan tomando decisiones improvisadas y mirando solo por el espejo retrovisor”, dijo. Y concluyó: “La Superintendencia de Industria y Comercio no está para controlar precios; su función es proteger la libre competencia. En una economía de mercado, lo que necesitamos es dinamizar la oferta y la demanda”.
Un trabajador del municipio de Barbosa, Santander, vivió momentos de tensión al encontrar un enjambre de abejas posado sobre su motocicleta, que había dejado parqueada a plena luz del día. La situación generó alarma y obligó a solicitar el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos.De acuerdo con David Márquez, integrante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, este tipo de episodios se presentan con mayor frecuencia durante la temporada de verano, cuando se intensifica la migración de abejas en busca de nuevos lugares para establecer colmenas.“En esta época nacen nuevas reinas y en una colmena no pueden coexistir dos al mismo tiempo. Por eso estos enjambres son de paso y no son agresivos. Llegan a descansar entre dos y tres horas antes de continuar su desplazamiento”, explicó.El funcionario advirtió que no se deben retirar ni manipular las abejas cuando hay altas temperaturas, ya que el calor las vuelve más sensibles al estrés y a la deshidratación, aumentando el riesgo de que reaccionen de manera defensiva.“Con el sol fuerte, las abejas se alteran fácilmente. Si se les molesta en ese momento, pueden atacar en defensa del enjambre. Por eso los retiros solo se hacen en horas frescas, antes de las 7:00 de la mañana o después de las 5:00 de la tarde”, indicó.Tras la emergencia, los bomberos realizaron el control del enjambre y su posterior traslado a una zona rural, garantizando la seguridad de las personas y la protección de las abejas.Las autoridades recordaron que estos insectos pueden posarse temporalmente en motocicletas, vehículos, postes, balcones, fachadas de negocios o espacios públicos, e insistieron en mantener la calma y reportar la situación a los organismos de socorro, evitando acciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.
A raíz de las constantes denuncias de cientos de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el Gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados.La secretaria de salud municipal, Lilibeth Johana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país, especialmente, en el suministro de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos entre esos Discolmets y Colsubisidio.“Esta situación hace parte de una crisis estructural en la prestación de los servicios de salud, que no es reciente y que ha venido afectando de manera progresiva, especialmente, en el suministro de medicamentos. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud Municipal ha adelantado mesas de trabajo y reportes permanentes con la Secretaría de Salud Departamental y la Supersalud. Con Nueva EPS hemos venido surtiendo algunas acciones de vigilancia toda la situación que ha venido afectando a la población”, indicó la secretaria de salud de Neiva.Le puede interesar: “Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPSDurante la reunión que se cumplió este fin de semana con la Supersalud, Procuraduría y Personería municipal, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, informó que uno de los compromisos del gestor farmacéutico Discolmets es hacer entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas a partir del 6 de diciembre del año 2025.¿Qué dicen los usuarios?Blu Radio también consultó con los usuarios de la Nueva EPS y esto fue lo que respondieron con respecto a la entrega de medicamentos en Discolmets."Mi nombre es Domingo Mahecha, yo he venido solicitando los medicamentos para mi esposa que le hicieron una cirugía de cráneo, vine hace 20 días y la respuesta es que los medicamentos siguen pendientes y así me tienen", dijo uno de los afiliados a Blu Radio.Gloria González, otra afiliada, dijo que lleva seis meses reclamando los medicamentos para su esposo que es diabético y no le han entregado, igual que Argenis Ledesma, quien lleva el mismo tiempo intentando recibir los medicamentos de diabetes e hipertensión.Por último, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, le hizo un llamado al Ministerio de Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la Nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos.“En nuestro despacho, entre el 2025 y a la fecha, llevamos 118 tutelas radicadas solo en casos de salud, es decir, de usuarios y personas que llevan meses reclamando medicamentos y citas con especialistas. Nosotros hemos estado muy vigilantes de este tema de la salud, son más de 130.000 afiliados de la Nueva EPS en Neiva y en el Huila. Esta situación requiere una solución de fondo y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que actúe bajo los parámetros legales”, concluyó el personero de Neiva.
Comprar vivienda propia en Colombia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil de alcanzar y, lejos de aliviarse, todo indica que su costo será más alto en 2026. El reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, impacta de forma directa el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), lo que volvió a encender las alarmas para quienes sueñan con estrenar casa este año.En ciudades como Bogotá, por ejemplo, el precio de un apartamento VIS puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, es decir, cerca de $262 millones, una cifra que para muchos hogares se siente cada vez más lejana. Por ello, cada ajuste termina afectando de manera directa al comprador.Salario mínimo impacta la compra de vivienda VIS y VIPLa relación entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP es estrecha y, con el tiempo, castiga más el bolsillo de los colombianos. Con el aumento del ingreso base, el tope máximo de estas viviendas sube de inmediato, reduciendo el margen de maniobra para quienes dependen de subsidios o créditos hipotecarios.Ante este panorama, el Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que ha generado debate: desvincular el valor de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo. La idea es que los precios no continúen creciendo al mismo ritmo del ingreso base del país, lo que podría convertirse en una alternativa para evitar sobrecostos en los inmuebles.Construcción también afecta la compra de viviendaSin embargo, el problema no se limita únicamente al incremento del salario mínimo. Los costos de construcción siguen siendo un factor determinante. Si bien el DANE reportó una variación moderada del 0,13 % en noviembre en el índice de costos de obras civiles, otros rubros continúan presionando al sector:Transporte, con un aumento del 1,61 %Herramientas menoresEquipos utilizados en obraAunque los materiales, que representan más del 50 % de la estructura de costos, tuvieron un alza leve, siguen siendo el componente que más pesa al momento de definir el precio final de la vivienda.“Los resultados de noviembre confirman que el sector continúa enfrentando presiones de costos, y el reto para 2026 será implementar soluciones que mejoren la eficiencia sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad de las obras”, afirma Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.¿Se puede comprar casa más barato?En medio de este escenario, las constructoras buscan estrategias para no trasladar todo el impacto al comprador. La digitalización y el uso de herramientas como el modelado BIM aparecen como aliados para mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y anticipar sobrecostos.Pese a ello, mientras no se defina con claridad qué ocurrirá con el Gobierno frente a la indexación del salario mínimo, la compra de vivienda sigue siendo un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Necoclí tras las protestas de familias que se sienten excluidas de la adjudicación de un predio de aproximadamente 1.143 hectáreas. Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.Desinformación y sabotaje políticoSegún el director de la ANT, existe una "desinformación profunda" que busca sabotear las diligencias legales de la agencia. Harman identificó directamente al exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, como el presunto responsable de promover invasiones y difundir falsos rumores, como la supuesta entrega de tierras a personas foráneas provenientes del Catatumbo. "Él es el que está promoviendo las invasiones para sabotear el desalojo y que este señor [el ocupante actual] no desocupe la finca", afirmó el funcionario.El objetivo de esta narrativa, según el Gobierno, sería favorecer a una empresa ganadera que ha ocupado el predio durante los últimos tres años sin pagar contraprestación alguna al Estado.El origen y futuro del predioLa finca en disputa tiene una carga histórica significativa, pues Harman la describió como una de las propiedades más poderosas de la región, donde anteriormente se reunían figuras paramilitares como Rito Alejo del Río y 'El Alemán' para coordinar acciones criminales en el Golfo de Urabá. El terreno formaba parte de los bienes de Justicia y Paz entregados por paramilitares en 2005.Respecto al destino de las hectáreas recuperadas, el director explicó que se ha llegado a un acuerdo institucional para beneficiar a la comunidad local. El municipio de Necoclí contará con un banco de suelo para vivienda urbana, mientras que el resto del terreno será destinado a campesinos seleccionados a través del Comité Municipal de Reforma Agraria.Proceso de desalojo en cursoHarman aclaró que lo ocurrido el pasado viernes no fue una entrega oficial, sino una "diligencia de aprehensión" y una asamblea informativa con 120 familias locales para definir las reglas de postulación. Actualmente, el ocupante ilegal dispone de un plazo de cinco días para retirar su ganado y bienes del lugar. "Seríamos absolutamente irresponsables de entregar una finca con unos bienes de un indebido ocupante... eso sí que generaría más conflicto en la región", puntualizó el director, quien también confirmó una próxima reunión con el actual alcalde para finiquitar el saneamiento del predio. Escuche aquí la entrevista:
El Ejército colombiano confirmó este lunes, 19 de enero, la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas Farc que tuvieron lugar el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país."En este momento se han recuperado 26 cadáveres" a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque en diálogo con Mañanas Blu.El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, 'alias Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, 'alias Calarcá'."Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.En fotos y videos publicados el sábado por medios locales se ven varios cadáveres uniformados tendidos sobre una carretera del Guaviare, donde hace solo doce días el Ejército activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 con el fin de combatir a los distintos grupos armados ilegales que operan en la zona.Según el oficial, desde el viernes "no hay más confrontaciones" entre los dos grupos de las disidencias que están enfrascados en una disputa territorial por las zonas cocaleras de El Guaviare, que definió como "un conflicto por el control de las economías ilícitas"."Ya las tropas están en el terreno retomando el control de la situación (...) protegiendo la población civil que se encuentra en la zona", agregó.Ante la delicada situación de orden público en El Retorno, la Procuraduría General (Ministerio Público) pidió a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes".
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Finalmente se confirmó cuál sería la reducción en el precio de la gasolina para el año 2026. A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la disminución obedece al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída de los precios internacionales del petróleo y del dólar.Si bien, inicialmente la baja se explica por una disminución superior al 17 % en el precio del dólar, que pasó de $4.400 en 2025 a rondar los $3.700 actuales, también se suma la caída del precio del petróleo, que tuvo una baja cercana al 23 % y hoy se ubica alrededor de los 62 dólares.Así mismo, el cierre gradual del déficit del FEPC permite que estos ajustes se realicen sin asumir una nueva deuda fiscal. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han señalado que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Pese a ello, datos revelados en Mañanas Blu han abierto el debate sobre la estrategia del Gobierno nacional, al advertir que la reducción del precio de la gasolina debería hacerse de forma más gradual desde ahora.Precio de la gasolina en 2026: en cuánto debería quedar el galónLa validación del precio de la gasolina, según expertos, debería asumirse con recortes progresivos, similares a los aplicados durante el periodo de incrementos que llevaron el combustible a superar los $16.000 pesos por galón.Sin embargo, durante el programa Mañanas Blu, analistas como Sergio Cabrales y Felipe Campos señalaron que la gasolina debería tener una disminución mucho mayor. De acuerdo con los valores actuales del petróleo y del dólar, la baja tendría que estar entre $3.000 y $3.500 pesos, y no limitarse a los $300 pesos confirmados recientemente por el Gobierno.Por lo tanto, se estima que, con base en estos datos, el precio de la gasolina debería ubicarse alrededor de los $13.000 pesos. No obstante, los expertos consideran que la reducción podría ser progresiva a lo largo de 2026, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni recurrir a distorsiones como la gasolina subsidiada. “Para estar alineados con el precio internacional debería estar hoy un 18 o 19 % abajo; es decir, deberíamos pagar alrededor de 13 mil pesos”, señalaron en Mañanas Blu.El anuncio llega en el arranque de 2026Con apenas 19 días transcurridos del año 2026, el anuncio se conoce luego de incrementos como el de 90 pesos por galón aplicado en enero. La decisión responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar los precios una vez se ordenaran las cuentas del FEPC, una noticia que sorprende tras más de dos años en los que los colombianos pagaron entre $2.000 y $3.000 pesos adicionales en el valor final del combustible.
La Contraloría General de la República prendió las alarmas ante la posibilidad de un inminente desabastecimiento de pasaportes en Colombia, a raíz de los retrasos en la implementación del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según advirtió el contralor para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, en entrevista con Mañanas Blu, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigencia del nuevo modelo a partir del próximo 1 de abril.“Estamos muy cerca de ese escenario”, reconoció Abadía, al precisar que hay demoras y vacíos en el cumplimiento del cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia. Retrasos técnicos y ausencia de maquinariaLa Contraloría ha detectado que no se ha completado la importación ni la instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los nuevos documentos. “Hasta la semana anterior, pese a los requerimientos formales, no hay evidencia de que se haya contratado al importador ni que la maquinaria esté en el país”, indicó Abadía.Este retraso compromete el cumplimiento de los plazos de producción, que deberían garantizar la continuidad del servicio desde el primer día de abril. El organismo de control insiste en que cualquier demora podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de pasaportes para los ciudadanos.Riesgos financieros y cambiariosEl funcionario también señaló inconsistencias en la planeación financiera del contrato, particularmente por la decisión de valorarlo en euros. “Cuando se fija en moneda extranjera, se traslada el riesgo cambiario al Estado colombiano”, explicó.“Nos preocupa que las variaciones en la tasa del euro frente al peso generen costos adicionales que el presupuesto nacional no pueda absorber. Antes, los pasaportes se contrataban en pesos y ese riesgo no existía”, puntualizó el contralor delegado. Además, la Contraloría encontró que no están definidos con claridad los costos de personalización, transporte e impuestos asociados a la importación de las libretas, ni existen previsiones claras para financiar eventuales aumentos en la demanda. Otro cambio relevante es la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual, que fija en 1.200.000 unidades la producción obligatoria. Esto —según el organismo— podría crear desbalances financieros si la demanda real estuviera por debajo de esa cifra.Sin prototipo del nuevo pasaportePese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia tendrá “el cuarto mejor pasaporte del mundo”, la Contraloría no ha tenido acceso a un modelo físico del nuevo documento.“No hemos visto el pasaporte nuevo. Esa es una pregunta que debe responder la Cancillería. Nosotros seguimos haciendo seguimiento, pero a esta altura no tenemos información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas”, afirmó Abadía. El contralor también aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta que expire su vigencia, por lo que no será necesario renovarlos de inmediato. “Podrán coexistir los dos modelos. Cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de inmensas proporciones”, explicó.Seguimiento permanente a la Cancillería y la Imprenta NacionalEl organismo de control ha dispuesto un equipo de funcionarios para trabajar de forma presencial y continua en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el propósito de monitorear la ejecución del nuevo contrato. “Son las entidades responsables de rendir cuentas ante la Contraloría. Estamos en tiempo completo haciendo seguimiento, porque los plazos son cortos y el riesgo es alto”, enfatizó Abadía.El funcionario insistió en que la advertencia busca prevenir, no sancionar: “Estas son alertas técnicas, no políticas. Queremos que las cosas se hagan bien, sin riesgos para el patrimonio público ni para la ciudadanía”.El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la producción de estos documentos durante varias décadas. La disputa provocó una controversia legal y política que terminó resolviéndose con una licitación adjudicada a la Casa de la Moneda de Portugal, en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia.Mientras la Cancillería sostiene que el nuevo proceso permitirá “modernizar y mejorar los estándares de seguridad”, la Contraloría advierte que todavía no hay garantías suficientes de que el servicio podrá mantenerse sin interrupciones. A dos meses de la fecha prevista para el cambio, la incertidumbre sobre el abastecimiento de pasaportes sigue vigente.
En una reciente entrevista, el concejal de Medellín y exsecretario de seguridad, Andrés Tobón, compartió detalles alarmantes sobre la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a una reunión secreta entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, y disidencias de las Farc en la capital antioqueña. Según Tobón, diversas fuentes de inteligencia y expertos en crimen organizado han confirmado que este encuentro no solo ocurrió, sino que contó con la coordinación y protección de estructuras criminales locales.Logística y protección en la Vía Las PalmasDe acuerdo con las fuentes citadas por el concejal, el encuentro habría tenido lugar en una lujosa vivienda propiedad de un odontólogo, ubicada estratégicamente en la vía Las Palmas, entre los municipios de Medellín y Envigado. Lo más preocupante para la seguridad ciudadana es que la protección de Maduro Guerra habría estado a cargo de "La Terraza", una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Esta organización es comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí, quien actualmente participa en la mesa de paz urbana del gobierno nacional.Vínculos entre el narcotráfico y VenezuelaEl propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia. El concejal explicó que, a principios de 2020, traslados de cabecillas de La Oficina a la cárcel de La Picota permitieron una coordinación criminal más fluida, facilitando vínculos entre estructuras que antes no colaboraban, como las disidencias de las Farc y bandas locales.Controversia por la falta de capturas en plena pandemiaUno de los puntos más debatidos es cómo un personaje tan reconocible pudo ingresar a Medellín durante el confinamiento absoluto de la pandemia de 2020 sin ser detectado. Al respecto, Tobón señaló que, dada la naturaleza del crimen organizado, es creíble que el ingreso se realizara de forma ilegal a través de fronteras porosas y bajo estrictos modelos de seguridad.Por su parte, aunque el entonces comandante de la policía, el general Camacho, admitió haber escuchado rumores sobre la reunión, afirmó en su momento que no se pudo corroborar la información, razón por la cual no se informó al alcalde de la época. No obstante, Tobón sugiere que es muy probable que la inteligencia colombiana haya colaborado con las autoridades norteamericanas para construir el material probatorio que hoy sustenta la acusación en Estados Unidos. Se espera que durante el proceso de juicio se revelen más nombres y detalles sobre este pacto que, según la justicia estadounidense, tendría vigencia hasta el año 2026.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en política.La decisión Cabal la tomó tras una publicación en X de Benedetti, en la que decía que ningún candidato le ganaría a Petro si hubiera reelección.“El servidor público hace referencia directa a la figura del Presidente de la República, utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario. La publicación fue realizada mientras el señor Armando Benedetti ostentaba plenamente su cargo como ministro del Interior, sin que exista constancia de que se tratara de una comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de sus funciones legales”, señala Cabal en el documento enviado a la Procuraduría.Es por esto que Cabal pidió que se investigue la conducta del ministro; además, solicitó que, de comprobarse una falta disciplinaria, se impongan las sanciones correspondientes.El ministro Benedetti ya también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señalando que tiene derecho a opinar.“Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, respondió el ministro del Interior.
El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno (Guaviare) corresponden a integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central, estructura que responde al mando de ‘Iván Mordisco’.Los enfrentamientos, ocurridos el pasado viernes, se dieron entre miembros de esa facción y del grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de ‘Calarcá’, ambos antiguos integrantes de las FARC que hoy luchan por controlar rutas y economías ilegales de narcotráfico en el suroriente del país.“El viernes se presentaron enfrentamientos entre las dos facciones: la de Calarcá y la de Mordisco, en el municipio de El Retorno. Se recuperaron 26 cadáveres y se activó el Consejo de Seguridad para retomar el control del área”, afirmó el general Roque en entrevista con Mañanas Blu.El control del narcotráfico, el eje del conflictoSegún el alto oficial, los combates hacen parte de una disputa abierta por las rentas del narcotráfico en una zona dominada por cultivos de uso ilícito. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, precisó el general.El Guaviare, con más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia las fronteras con Brasil y Perú. Las facciones en pugna buscan controlar no solo la producción, sino también la salida de la droga a través de los corredores selváticos de la Amazonía.“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida, hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, explicó Roque, quien también destacó la articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).Acciones de control y presencia del EstadoEl general Roque señaló que la Brigada 22 del Ejército, con jurisdicción en Guaviare, lidera las operaciones en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población civil y restablecer la presencia estatal.Desde el estallido de la confrontación, el Ejército ha desplegado unidades en terreno, y las autoridades locales mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores humanitarias y judiciales. “Las tropas están en el terreno retomando el control de la situación, protegiendo a la población civil”, sostuvo el comandante.Sobre la identificación de los cuerpos, el oficial indicó que los procedimientos judiciales avanzan con apoyo de Medicina Legal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si entre las víctimas hay menores de edad. “No se tiene aún esa información. Es parte del trabajo que adelantan las autoridades forenses”, puntualizó.Impacto humanitario y respuestas institucionalesLa violencia entre disidencias de las FARC ha tenido graves consecuencias humanitarias en Guaviare y departamentos vecinos. Habitantes de El Retorno y zonas rurales cercanas han reportado desplazamientos, confinamientos y temor por posibles represalias. Según alertas anteriores de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un incremento sostenido de los enfrentamientos armados desde 2024.El alto mando militar reconoció la complejidad del escenario, impulsado por el poder económico de las economías ilícitas. “Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes”, enfatizó Roque.El general añadió que el Ministerio de Defensa adelanta un plan de planeamiento estratégico conjunto para optimizar el uso de recursos y fortalecer la coordinación entre Ejército, Policía y demás fuerzas. “Buscamos fortalecer las relaciones de mando y apoyo para responder con mayor eficiencia a estas amenazas dinámicas”, dijo.Aunque evitó declarar un “ganador” entre los bandos en disputa, Roque dejó claro que las principales víctimas siguen siendo las comunidades locales. “Los más afectados son nuestros habitantes del Guaviare. Por eso estamos comprometidos en recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solo militar sino también institucional”, concluyó el comandante de la Cuarta División.
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el decreto 301 de 2017 sin consentimiento de la Alta Parte Contratante de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, ni de los miembros del ahora partido Comunes.Desde el sindicato consideran esa decisión como “un grave precedente para la implementación de la paz”, que viene del gobierno, cuyos integrantes apoyaron las entonces negociaciones y lo pactado en Cuba; además utilizaron esa bandera como campaña.La derogación se dio a través de otro decreto, el 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, dicen desde Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu de lo pactado en el artículo 88 del Acuerdo Sindical - Resolución 1498 de 2024”. Explican que, además de derogar un decreto, creado conforme al Acuerdo de La Habana, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección no tendrá formalización. Esa es la instancia encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos específicos con riesgos extraordinarios o extremos, como excombatientes de las Farc en reincorporación, líderes sociales y firmantes de paz.En el sindicato coinciden con el Observatorio de Paz (PazEs) en que “desconectar a firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias como alta parte contratante de los firmantes del Acuerdo, en disposiciones vitales para la población del Decreto 299/2017, y sienta un mal precedente que abre puertas a modificaciones del acuerdo”.“Le recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Le invitamos a generar un diálogo "transparente" con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresaron desde el observatorio.Añaden que recibieron la decisión con sorpresa los decretos 019 y 020, porque “pone en inminente riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo”, aunque reconocen que dignifica el empleo en la UNP.
Una fuerte advertencia lanzó la Fábrica de Licores de Antioquia frente a los efectos que traería el nuevo decreto del Gobierno nacional sobre el sector licorero y las finanzas regionales. La empresa aseguró que la medida pone en riesgo recursos que hoy sostienen programas clave en los departamentos y que provienen del impuesto al consumo y de las utilidades de la industria legal.De acuerdo con la FLA, durante 2025 fueron transferidos más de 800 mil millones de pesos al departamento de Antioquia y cerca de 500 mil millones adicionales a otras regiones del país. Para el próximo año, la licorera proyecta un crecimiento del 5 %, lo que permitiría incrementar esos aportes. No obstante, el decreto habilitaría al Gobierno nacional para apropiarse de los excedentes del impuesto al consumo, una bolsa que supera los 720 mil millones de pesos y que dejaría de llegar directamente a los territorios.El cambio ya tendría un impacto inmediato para los ciudadanos. En el caso del Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, los impuestos pasarán de 17.500 a 33.000 pesos, lo que representa un incremento cercano al 50 % en el precio final. Para el Ron Medellín, el alza sería del 48 %. A esto se suma el aumento del IVA por botella, que subiría de 900 a 3.700 pesos, encareciendo aún más el producto legal.Desde la Fábrica de Licores de Antioquia también alertan por las consecuencias en materia de salud pública. Actualmente, entre el 30 % y el 35 % del licor que se consume en Colombia es adulterado, y el aumento de precios podría disparar aún más esta problemática, fortaleciendo las redes ilegales y la delincuencia organizada en el país.La Fábrica de Licores de Antioquia señaló que el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional podría afectar de manera directa los recursos destinados a la salud y la educación de los colombianos, al impactar la autonomía fiscal de los departamentos y sus finanzas.
La Procuraduría General de la Nación pidió acciones urgentes de protección para los habitantes de la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras conocerse el reporte de múltiples muertes producto de enfrentamientos armados en el sector.Ante el riesgo que enfrentan las comunidades, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales activar de manera inmediata los mecanismos de atención humanitaria, con el fin de responder oportunamente ante posibles desplazamientos forzados o escenarios de confinamiento de la población civil.De acuerdo con información preliminar, al menos 30 personas habrían muerto en choques violentos entre estructuras disidentes de las Farc que se disputan el control territorial en esta región estratégica. Los enfrentamientos estarían relacionados con una confrontación directa entre los grupos ilegales comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.El Ejército Nacional indicó que las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas. Desde la noche del viernes, tropas de la Brigada 22 se desplazaron al área para verificar la situación, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y labores de inteligencia militar, ante la complejidad del terreno y la persistencia de la amenaza armada.Mientras avanzan las operaciones militares para esclarecer lo ocurrido y recuperar el control de la zona, las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente por la posible presencia de artefactos explosivos cerca de los caseríos, una situación que incrementa el riesgo para los habitantes de El Retorno.Las autoridades continúan evaluando el impacto humanitario de estos hechos, mientras el Guaviare vuelve a quedar en el centro de la disputa armada entre grupos ilegales que buscan imponer su control en el sur del país.
El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más complejas, marcada por un profundo desbalance financiero y por efectos visibles en la atención a los pacientes. Así lo advirtió el exministro de Salud y fundador del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que expuso cifras y reflexiones basadas en diagnósticos recientes del sector.Galán explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo. “Las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a la EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal y eso es lo que estamos viendo”, afirmó.Según el exministro, la raíz del problema está en la insuficiencia de recursos para financiar el actual plan de beneficios. “Por cada $100 que reciben, en promedio se están teniendo que gastar $108,6”, precisó, al explicar que ese desfase genera el hueco financiero que hoy afecta a hospitales, clínicas y pacientes.Insuficiencia de recursos y efectos en la atenciónGalán advirtió que, además de ser insuficientes, los recursos no están llegando de manera adecuada a los prestadores. Esto se traduce en retrasos en pagos, dificultades para cubrir nóminas y suspensión de servicios. “Es muy doloroso, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida, en sufrimiento y en enfermedad”, señaló, al referirse a los testimonios de directivos hospitalarios y usuarios.Intervenciones a EPS y el caso de la Nueva EPSSobre la situación de la Nueva EPS, Galán fue enfático en que las intervenciones no han sido una solución. “Las intervenciones en materia de salud no han funcionado nunca y eso estaba advertido”, aseguró. A su juicio, concentrar la administración en una sola persona, sin controles, ha agravado los problemas: “Manejar $2,4 billones anuales con una sola persona que no tiene experiencia en aseguramiento es una visión errada”.Aumento del gasto de bolsillo y llamado al diálogoOtro de los efectos señalados es el incremento del gasto de bolsillo de los colombianos. Galán recordó que este indicador había bajado al 14 % del gasto total en salud, pero ahora “se está incrementando y se está aproximando más al 20 %”, lo que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.Pese al panorama, el exministro expresó un moderado optimismo y llamó a un cambio de rumbo. “Se requiere un liderazgo claro, compasivo, que respete la evidencia y promueva el diálogo”, concluyó, al insistir en que aún es posible corregir el rumbo del sistema de salud en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.