La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las campañas para la consulta del Pacto Histórico de Iván Cepeda y Carolina Corcho han generado polémica tras la revisión de los documentos de financiación.En el caso de Corcho, los documentos señalan que obtuvo un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.La ahora candidata al Senado se refirió al tema, negando cualquier irregularidad.“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, señala la aspirante al Senado en un comunicado.Además, señaló que se estaban haciendo acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento contra su campaña.“Dichos servicios fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias. La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, agregó Corcho.
La situación crítica que vive el sector salud en Antioquia debido a la intervención por parte de la Supersalud a algunas EPS y las millonarias deudas que se tiene con la red hospitalaria conocidas en las últimas horas, no deja de traer nuevos casos de usuarios que no pueden acceder a sus servicios.A los pacientes afiliados a la Nueva EPS Y Savia Salud con diagnósticos como la diabetes, cáncer y osteoporosis que no reciben sus medicamentos hace varios meses, ahora se suman los pacientes diagnosticados con VIH afiliados a estas mismas entidades, quienes tampoco están recibiendo sus medicamentos de manera completa hace varios meses.En Blu Radio conocimos el caso de un usuario diagnosticado como positivo para VIH, que hoy vive el drama de no tener la entrega completa de sus medicamentos, teniendo que sacar de su propio bolsillo alrededor de $1'800.000 para comprarlos y dice que no sabe hasta cuándo podrá soportar esa situación. Él es la cara de miles de usuarios que viven este mismo drama."Finalizando en noviembre aproximadamente, con un problema de entrega de medicamentos que obviamente por la patología que tenemos y que tengo, eso nos afecta mucho en nuestra salud, porque no podemos ni debemos interrumpir los tratamientos. Para nosotros fue un choque muy fuerte porque los medicamentos algunos son muy costosos en su mayoría y entonces teníamos que tratar de conseguirlos de forma particular para no quedar entonces sin el tratamiento", detalló el afectado.Ante esta preocupante situación, Gustavo Campillo presidente de la Fundación Rasa, que vela por la salud e integridad de pacientes con diagnóstico positivo para VIH, manifestó su preocupación al respecto y expuso el panorama en el departamento."Los pacientes de SIDA de VIH, las personas viviendo con VIH en Antioquia, secretaria, en su gran mayoría están en estas intervenidas. Nueva EPS, Sabio Salud, sin tratamiento. Llevan cuatro meses sin tratamiento", expuso. Y para ampliar un poco más el panorama de la crisis de la salud en este contexto, de acuerdo con datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, el número de personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas y que también estaban afiliadas a las mismas EPS intervenidas llegó a 2.563.
Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, de la Cuarta Brigada, adelantaron operativos en la vereda La Cristalina del municipio de San Luis, donde ubicaron y destruyeron de forma controlada cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.En esta zona rural los soldados adelantaron la destrucción controlada de cerca de 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilogramos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. El teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón Energético y Vial N.º 4."Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos entre ellos, ACPM, gasolina, amoniaco y solución de pasta a base de coca", aseguró. Las autoridades estiman una afectación a las finanzas ilícitas en más de 630 millones de pesos para la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.Más sobre el operativoEl reporte de las autoridades indica que en el lugar fueron hallados 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, así como una caneca negra con capacidad de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.De igual manera, los soldados neutralizaron 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, insumos empleados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico.Finalmente, fueron inutilizados elementos utilizados para la producción, entre ellos un escurridero, un mezclador, tres fumigadores y un reloj de pesa, además de más de 60 canecas plásticas y metálicas de distintas capacidades, empleadas para el transporte y almacenamiento de insumos líquidos.
Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
El decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores, continúa generando preocupación en Santander, especialmente en el sector privado licorero, que advierte una fuerte caída en ventas, afectación al empleo y un posible aumento del contrabando.Desde la Licorera de Santander aseguran que los efectos del nuevo impuesto se sienten desde comienzos de año. Según explicó su gerente suplente, Danny Villamizar, la tendencia del consumo es claramente a la baja.“Desde el primero de enero venimos siendo afectados por el impuesto del IVA para los licores. Las ventas ya se han reducido en un 30 %. Hay una gran incertidumbre en el sector licorero del país por lo que pueda pasar con este decreto”, señaló.Villamizar explicó que, aunque varios gobernadores han manifestado su rechazo a la medida, las empresas privadas están obligadas a cumplirla, lo que encarece el producto final y reduce el mercado.“Nosotros, como privados, sí debemos acatar y pagar los impuestos; esto reduce el mercado en la región y hace que el aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierta en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó.El impacto no solo se refleja en las ventas, sino también en el empleo. La Licorera de Santander opera con dos plantas maquiladoras y mantiene una cadena de contratos directos e indirectos que hoy está en riesgo.“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, advirtió el directivo.Además, el sector alerta que el aumento de precios puede favorecer el contrabando y la comercialización de licor ilegal, que no paga IVA ni impuesto al consumo, y que representa un riesgo para la salud pública.“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, concluyó Villamizar.Mientras la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto por afectar la autonomía fiscal y los ingresos regionales, en Santander el sector privado licorero insiste en que la medida está debilitando una industria clave para la economía y el empleo del departamento.
Con el inicio del calendario escolar, miles de familias en Colombia se enfrentan a uno de los gastos más importantes del año: la compra de uniformes y, especialmente, de zapatos. Aunque para muchos padres esta elección parece sencilla, especialistas advierten que una mala decisión puede afectar la postura, la comodidad y hasta el rendimiento de los niños en el colegio.Durante los primeros meses del año, el sector del calzado vive su mayor auge. Marcas como Bata proyectan vender alrededor de 430.000 pares en temporada escolar, lo que representa ingresos por más de 34.000 millones de pesos. Sin embargo, más allá de las cifras, persiste una duda común: ¿es buena idea comprar los zapatos una talla más grande para que duren más?¿Comprar una talla más grande es realmente una buena idea?El pediatra Leonardo Escobar asegura que esta práctica no es recomendable. Según el especialista, un zapato demasiado grande puede provocar tropiezos, incomodidad y una mala pisada, lo que termina afectando el desarrollo natural del pie.“Durante la infancia y adolescencia, los pies están en constante crecimiento. El calzado cumple un papel fundamental en la postura, el equilibrio y la forma de caminar. Elegir mal puede generar fatiga e incluso problemas musculoesqueléticos a largo plazo”, explica.Atrás quedaron los tiempos en los que solo existía un modelo tradicional. Hoy, los colegios permiten una mayor variedad de diseños que combinan funcionalidad y estética. En el mercado se pueden encontrar desde zapatos clásicos de cuero en negro, café o azul, hasta sneakers de tonos neutros, modelos deportivos y opciones con velcro o fácil calce, pensadas para mayor comodidad.Esta diversidad permite que los padres escojan un calzado que no solo cumpla con el uniforme, sino que también se adapte a las necesidades reales del niño.Claves para elegir el zapato escolar adecuadoLos expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos antes de comprar:Revisar el ajuste: debe existir un espacio aproximado de un centímetro entre el dedo más largo y la punta del zapato.Evaluar materiales y suela: lo ideal es que sean flexibles, antideslizantes y transpirables.Observar cómo camina el niño: si se tropieza, siente roces o el zapato se sale del talón, no es el indicado.Priorizar comodidad sobre diseño: un zapato incómodo puede causar ampollas, cansancio y distracciones en clase.Para el dosctor Escobar, la compra del calzado escolar debe ir más allá de la estética. “El zapato debe sentirse cómodo desde el primer uso. Elegir la talla correcta es una inversión directa en el bienestar y el desarrollo saludable de los niños”, señala.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufre un nuevo revés, esta vez, por cuenta de la decisión que tomó el Consejo de Estado al decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno Nacional había puesto en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, piedra angular de su reforma sanitaria.Esta decisión se da dentro de una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.Esto, para el Consejo de Estado, implicó una modificación sustancial del modelo de prestación del servicio público de salud.“Al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley, en los aspectos que fueron invocados por el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Además, la demanda sostiene que el decreto omitió la consulta previa con comunidades indígenas, pese a que las nuevas disposiciones podrían impactar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural.
Habitantes de 14 veredas de San José del Guaviare protestan por el mantenimiento de una vía que los comunica con el sector urbano y, debido a la manifestación, no hay acceso al municipio esta tarde de miercoles 23 de octubre.Según información, la comunidad exige la intervención de una vía en la vereda El Capricho, la cual está ubicada en una zona de reserva natural.Precisamente, esta sería la causa por la que ni el municipio ni el departamento podrían hacer inversiones en esta vía.José Alexander Corgua, secretario de Asojuntas de la vereda El Capricho, asegura que hay una normatividad que permite la ejecución de recursos, pero las entidades territoriales se pasan la pelota de un lado al otro sin encontrar una solución.La falta de mantenimiento de esta vía tiene incomunicadas a cerca de 10.000 personas que habitan en estas 14 veredas y municipio, incluida El Capricho.Por su parte, el alcalde municipal, Willy Rodríguez, señaló que la situación de invierno ha dificultado aún más la situación, y señaló que es necesario que el Gobierno nacional autorice a la alcaldía para poder hacer intervenciones preventiva y correctiva en esta vía.Ante la situación, las comunidades hacen un llamado al Gobierno nacional y autoridades ambientales a revisar su situación y encontrar soluciones.
El presidente Gustavo Petro calificó este jueves de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia"."Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.Petro afirmó además que Trump lo ha "calumniado y ha insultado a Colombia". El inquilino de la Casa Blanca lo tachó ayer de "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra las drogas.Hasta la fecha, la Administración Trump ha informado de al menos nueve ataques de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe y en el Pacífico desde que el Pentágono inició en agosto una operación antidrogas, en los que, según el Gobierno de EE.UU., han muerto unas treinta personas.Según Petro, su Gobierno ha identificado a un colombiano entre estas víctimas mortales, un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta, identificado como Alejandro Carranza y fallecido presuntamente en un ataque a mediados de septiembre.Sin embargo, advirtió que podrían ser más los ciudadanos colombianos abatidos, ya que "el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico".Por otro lado, Colombia recibió el fin de semana a un ciudadano herido en uno de los ataques, identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años, que llegó con "traumatismo cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador" y se mantiene en estado crítico en un hospital del barrio de Kennedy, en el sur de Bogotá, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Petro señaló que las lanchas atacadas, con motor fuera de borda, "jamás" podrían navegar más de siete horas o llegar a Estados Unidos, por lo que pidió considerar a los lancheros como "obreros del narcotráfico" y no como narcotraficantes.Reiteró, en ese sentido, que los "capos" del narcotráfico "no viven en las lanchas bombardeadas ni en los campos de coca que hay en Colombia" sino "en las grandes ciudades del lujo del mundo"."Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o sea que no, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza, castigado por el derecho internacional humanitario", sostuvo.Consultado sobre la posibilidad de que la Administración Trump imponga nuevos aranceles a Colombia —que ya paga un 10 % en la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, la tasa base que Washington aplica a varios países en su guerra comercial—, Petro reconoció que sería "obviamente un problema", aunque dijo que afectaría solo al 10 % de las exportaciones totales colombianas.Colombia destina a su principal socio comercial, Estados Unidos, el 26 % de sus exportaciones. De esa cifra, el 60 % corresponde a petróleo y carbón, por lo que, según Petro, el país norteamericano solo impondría mayores gravámenes al 40 % restante.
Este jueves, 23 de octubre, se realizó en el Palacio de San Carlos una reunión entre la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña, el encargado de negocios de EE. UU., John McNamara, y el viceministro de Defensa, Javier Baquero. El encuentro tuvo como propósito evaluar los caminos que permitan superar la crisis diplomática con Estados Unidos.La Cancillería informó que fue un “diálogo franco”, en el que la ministra Villavicencio pidió retomar el diálogo de alto nivel con el Gobierno Trump y reactivar el Grupo de Trabajo Antinarcóticos. También confirmó que el llamado a consultas del embajador García Peña llegó a su fin.“La ministra de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, en particular el compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros. Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes”, se lee en un comunicado oficial.Sin embargo, mientras la Cancillería intenta avanzar en gestiones diplomáticas, la escalada del lenguaje por parte y parte continúa. El presidente Gustavo Petro, en rueda de prensa, aseguró que su homólogo Donald Trump “calumnió e insultó a Colombia con declaraciones infundadas y basadas en mentiras”. Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del presidente Petro, a quien calificó de “desquiciado”.
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá admitió un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro, esto dentro de la acción de tutela que fue interpuesta por el fiscal Mario Burgos, quien llevó el proceso del hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro por lavado de activos. La decisión del juzgado de admitir esta acción es porque el presidente no habría acreditado el cumplimiento total del fallo de tutela que le ordenaba retractarse por sus declaraciones contra Burgos.Si bien el presidente Gustavo Petro el pasado 15 de octubre mediante su red social 'X' presentó un escrito de retractación, para el fiscal Mario Burgos esta orden no se cumplió a cabalidad y quedó inconforme, señalando que no correspondía a lo ordenado en principio."El accionante (Mario Burgos) a través de apoderado, presenta memorial radicado el 16 de octubre de 2025, en el que pone en conocimiento del despacho que el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una publicación de rectificación en la red social X el 15 de octubre de 2025 y manifiesta su inconformidad frente a la misma, afirmando que no da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia ni en auto de 3 de octubre de 2025, a través del cual se aceptó la objeción de conciencia presentada por el Presidente de la República", se lee en el documento.Ahora bien, el juzgado determinó abrir un incidente de desacato contra Petro por no allegar la acreditación de que en efecto se retractó de haber llamado "narcofiscal" a Burgos, por ello el juzgado abre este incidente para que el primer mandatario demuestre que sí se retractó.Todo esto tiene un contexto y es que, un juez consideró que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales de Mario Burgos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana .“De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describió el fallo del Juzgado.La advertencia del juzgado es claro, si el presidente Petro no acredita que se retractó podría ser objeto de eventuales sanciones, ahora el juzgado estudiará los argumentos de ambas partes para resolver de fondo el incidente y determinar si hubo o no desacato.
A raíz de las constantes denuncias de cientos de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la entrega de medicamentos en Neiva, las autoridades de salud y los entes de control se reunieron para analizar y buscar medidas urgentes con el Gobierno nacional para que se les garantice el derecho a los afiliados.La secretaria de salud municipal, Lilibeth Johana Galván, dijo que esta situación hace parte de la grave crisis estructural que enfrentan las EPS en el país, especialmente, en el suministro de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos entre esos Discolmets y Colsubisidio.“Esta situación hace parte de una crisis estructural en la prestación de los servicios de salud, que no es reciente y que ha venido afectando de manera progresiva, especialmente, en el suministro de medicamentos. Frente a este panorama, la Secretaría de Salud Municipal ha adelantado mesas de trabajo y reportes permanentes con la Secretaría de Salud Departamental y la Supersalud. Con Nueva EPS hemos venido surtiendo algunas acciones de vigilancia toda la situación que ha venido afectando a la población”, indicó la secretaria de salud de Neiva.Le puede interesar: “Hoy hay muerte, dolor y ruina”: pacientes denuncian colapso de la Nueva EPSDurante la reunión que se cumplió este fin de semana con la Supersalud, Procuraduría y Personería municipal, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, informó que uno de los compromisos del gestor farmacéutico Discolmets es hacer entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas a partir del 6 de diciembre del año 2025.¿Qué dicen los usuarios?Blu Radio también consultó con los usuarios de la Nueva EPS y esto fue lo que respondieron con respecto a la entrega de medicamentos en Discolmets."Mi nombre es Domingo Mahecha, yo he venido solicitando los medicamentos para mi esposa que le hicieron una cirugía de cráneo, vine hace 20 días y la respuesta es que los medicamentos siguen pendientes y así me tienen", dijo uno de los afiliados a Blu Radio.Gloria González, otra afiliada, dijo que lleva seis meses reclamando los medicamentos para su esposo que es diabético y no le han entregado, igual que Argenis Ledesma, quien lleva el mismo tiempo intentando recibir los medicamentos de diabetes e hipertensión.Por último, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, le hizo un llamado al Ministerio de Salud buscar soluciones de fondo ante esta grave situación que padecen los usuarios de la Nueva EPS, donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo que necesitan urgente el suministro de los medicamentos.“En nuestro despacho, entre el 2025 y a la fecha, llevamos 118 tutelas radicadas solo en casos de salud, es decir, de usuarios y personas que llevan meses reclamando medicamentos y citas con especialistas. Nosotros hemos estado muy vigilantes de este tema de la salud, son más de 130.000 afiliados de la Nueva EPS en Neiva y en el Huila. Esta situación requiere una solución de fondo y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que actúe bajo los parámetros legales”, concluyó el personero de Neiva.
Comprar vivienda propia en Colombia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil de alcanzar y, lejos de aliviarse, todo indica que su costo será más alto en 2026. El reciente aumento del salario mínimo, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, impacta de forma directa el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), lo que volvió a encender las alarmas para quienes sueñan con estrenar casa este año.En ciudades como Bogotá, por ejemplo, el precio de un apartamento VIS puede llegar hasta los 150 salarios mínimos, es decir, cerca de $262 millones, una cifra que para muchos hogares se siente cada vez más lejana. Por ello, cada ajuste termina afectando de manera directa al comprador.Salario mínimo impacta la compra de vivienda VIS y VIPLa relación entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP es estrecha y, con el tiempo, castiga más el bolsillo de los colombianos. Con el aumento del ingreso base, el tope máximo de estas viviendas sube de inmediato, reduciendo el margen de maniobra para quienes dependen de subsidios o créditos hipotecarios.Ante este panorama, el Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que ha generado debate: desvincular el valor de la vivienda VIS y VIP del salario mínimo. La idea es que los precios no continúen creciendo al mismo ritmo del ingreso base del país, lo que podría convertirse en una alternativa para evitar sobrecostos en los inmuebles.Construcción también afecta la compra de viviendaSin embargo, el problema no se limita únicamente al incremento del salario mínimo. Los costos de construcción siguen siendo un factor determinante. Si bien el DANE reportó una variación moderada del 0,13 % en noviembre en el índice de costos de obras civiles, otros rubros continúan presionando al sector:Transporte, con un aumento del 1,61 %Herramientas menoresEquipos utilizados en obraAunque los materiales, que representan más del 50 % de la estructura de costos, tuvieron un alza leve, siguen siendo el componente que más pesa al momento de definir el precio final de la vivienda.“Los resultados de noviembre confirman que el sector continúa enfrentando presiones de costos, y el reto para 2026 será implementar soluciones que mejoren la eficiencia sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad de las obras”, afirma Patricio Zapata, Customer Success Manager LATAM de Graphisoft.¿Se puede comprar casa más barato?En medio de este escenario, las constructoras buscan estrategias para no trasladar todo el impacto al comprador. La digitalización y el uso de herramientas como el modelado BIM aparecen como aliados para mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y anticipar sobrecostos.Pese a ello, mientras no se defina con claridad qué ocurrirá con el Gobierno frente a la indexación del salario mínimo, la compra de vivienda sigue siendo un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló sobre la tensa situación que se vive en el municipio de Necoclí tras las protestas de familias que se sienten excluidas de la adjudicación de un predio de aproximadamente 1.143 hectáreas. Harman fue enfático al señalar que, contrario a lo que circula en versiones locales, la entidad aún no ha formalizado la entrega de las tierras, ya que actualmente se adelanta un operativo de desalojo contra un ocupante indebido.Desinformación y sabotaje políticoSegún el director de la ANT, existe una "desinformación profunda" que busca sabotear las diligencias legales de la agencia. Harman identificó directamente al exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, como el presunto responsable de promover invasiones y difundir falsos rumores, como la supuesta entrega de tierras a personas foráneas provenientes del Catatumbo. "Él es el que está promoviendo las invasiones para sabotear el desalojo y que este señor [el ocupante actual] no desocupe la finca", afirmó el funcionario.El objetivo de esta narrativa, según el Gobierno, sería favorecer a una empresa ganadera que ha ocupado el predio durante los últimos tres años sin pagar contraprestación alguna al Estado.El origen y futuro del predioLa finca en disputa tiene una carga histórica significativa, pues Harman la describió como una de las propiedades más poderosas de la región, donde anteriormente se reunían figuras paramilitares como Rito Alejo del Río y 'El Alemán' para coordinar acciones criminales en el Golfo de Urabá. El terreno formaba parte de los bienes de Justicia y Paz entregados por paramilitares en 2005.Respecto al destino de las hectáreas recuperadas, el director explicó que se ha llegado a un acuerdo institucional para beneficiar a la comunidad local. El municipio de Necoclí contará con un banco de suelo para vivienda urbana, mientras que el resto del terreno será destinado a campesinos seleccionados a través del Comité Municipal de Reforma Agraria.Proceso de desalojo en cursoHarman aclaró que lo ocurrido el pasado viernes no fue una entrega oficial, sino una "diligencia de aprehensión" y una asamblea informativa con 120 familias locales para definir las reglas de postulación. Actualmente, el ocupante ilegal dispone de un plazo de cinco días para retirar su ganado y bienes del lugar. "Seríamos absolutamente irresponsables de entregar una finca con unos bienes de un indebido ocupante... eso sí que generaría más conflicto en la región", puntualizó el director, quien también confirmó una próxima reunión con el actual alcalde para finiquitar el saneamiento del predio. Escuche aquí la entrevista:
El Ejército colombiano confirmó este lunes, 19 de enero, la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas Farc que tuvieron lugar el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país."En este momento se han recuperado 26 cadáveres" a los que ya se les está haciendo "el proceso correspondiente en la parte judicial", dijo el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque en diálogo con Mañanas Blu.El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera, 'alias Iván Mordisco', el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, 'alias Calarcá'."Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central", agregó el general Roque.En fotos y videos publicados el sábado por medios locales se ven varios cadáveres uniformados tendidos sobre una carretera del Guaviare, donde hace solo doce días el Ejército activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 con el fin de combatir a los distintos grupos armados ilegales que operan en la zona.Según el oficial, desde el viernes "no hay más confrontaciones" entre los dos grupos de las disidencias que están enfrascados en una disputa territorial por las zonas cocaleras de El Guaviare, que definió como "un conflicto por el control de las economías ilícitas"."Ya las tropas están en el terreno retomando el control de la situación (...) protegiendo la población civil que se encuentra en la zona", agregó.Ante la delicada situación de orden público en El Retorno, la Procuraduría General (Ministerio Público) pidió a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes".
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Finalmente se confirmó cuál sería la reducción en el precio de la gasolina para el año 2026. A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la disminución obedece al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída de los precios internacionales del petróleo y del dólar.Si bien, inicialmente la baja se explica por una disminución superior al 17 % en el precio del dólar, que pasó de $4.400 en 2025 a rondar los $3.700 actuales, también se suma la caída del precio del petróleo, que tuvo una baja cercana al 23 % y hoy se ubica alrededor de los 62 dólares.Así mismo, el cierre gradual del déficit del FEPC permite que estos ajustes se realicen sin asumir una nueva deuda fiscal. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han señalado que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Pese a ello, datos revelados en Mañanas Blu han abierto el debate sobre la estrategia del Gobierno nacional, al advertir que la reducción del precio de la gasolina debería hacerse de forma más gradual desde ahora.Precio de la gasolina en 2026: en cuánto debería quedar el galónLa validación del precio de la gasolina, según expertos, debería asumirse con recortes progresivos, similares a los aplicados durante el periodo de incrementos que llevaron el combustible a superar los $16.000 pesos por galón.Sin embargo, durante el programa Mañanas Blu, analistas como Sergio Cabrales y Felipe Campos señalaron que la gasolina debería tener una disminución mucho mayor. De acuerdo con los valores actuales del petróleo y del dólar, la baja tendría que estar entre $3.000 y $3.500 pesos, y no limitarse a los $300 pesos confirmados recientemente por el Gobierno.Por lo tanto, se estima que, con base en estos datos, el precio de la gasolina debería ubicarse alrededor de los $13.000 pesos. No obstante, los expertos consideran que la reducción podría ser progresiva a lo largo de 2026, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni recurrir a distorsiones como la gasolina subsidiada. “Para estar alineados con el precio internacional debería estar hoy un 18 o 19 % abajo; es decir, deberíamos pagar alrededor de 13 mil pesos”, señalaron en Mañanas Blu.El anuncio llega en el arranque de 2026Con apenas 19 días transcurridos del año 2026, el anuncio se conoce luego de incrementos como el de 90 pesos por galón aplicado en enero. La decisión responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar los precios una vez se ordenaran las cuentas del FEPC, una noticia que sorprende tras más de dos años en los que los colombianos pagaron entre $2.000 y $3.000 pesos adicionales en el valor final del combustible.
La Contraloría General de la República prendió las alarmas ante la posibilidad de un inminente desabastecimiento de pasaportes en Colombia, a raíz de los retrasos en la implementación del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según advirtió el contralor para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, en entrevista con Mañanas Blu, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigencia del nuevo modelo a partir del próximo 1 de abril.“Estamos muy cerca de ese escenario”, reconoció Abadía, al precisar que hay demoras y vacíos en el cumplimiento del cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia. Retrasos técnicos y ausencia de maquinariaLa Contraloría ha detectado que no se ha completado la importación ni la instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los nuevos documentos. “Hasta la semana anterior, pese a los requerimientos formales, no hay evidencia de que se haya contratado al importador ni que la maquinaria esté en el país”, indicó Abadía.Este retraso compromete el cumplimiento de los plazos de producción, que deberían garantizar la continuidad del servicio desde el primer día de abril. El organismo de control insiste en que cualquier demora podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de pasaportes para los ciudadanos.Riesgos financieros y cambiariosEl funcionario también señaló inconsistencias en la planeación financiera del contrato, particularmente por la decisión de valorarlo en euros. “Cuando se fija en moneda extranjera, se traslada el riesgo cambiario al Estado colombiano”, explicó.“Nos preocupa que las variaciones en la tasa del euro frente al peso generen costos adicionales que el presupuesto nacional no pueda absorber. Antes, los pasaportes se contrataban en pesos y ese riesgo no existía”, puntualizó el contralor delegado. Además, la Contraloría encontró que no están definidos con claridad los costos de personalización, transporte e impuestos asociados a la importación de las libretas, ni existen previsiones claras para financiar eventuales aumentos en la demanda. Otro cambio relevante es la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual, que fija en 1.200.000 unidades la producción obligatoria. Esto —según el organismo— podría crear desbalances financieros si la demanda real estuviera por debajo de esa cifra.Sin prototipo del nuevo pasaportePese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia tendrá “el cuarto mejor pasaporte del mundo”, la Contraloría no ha tenido acceso a un modelo físico del nuevo documento.“No hemos visto el pasaporte nuevo. Esa es una pregunta que debe responder la Cancillería. Nosotros seguimos haciendo seguimiento, pero a esta altura no tenemos información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas”, afirmó Abadía. El contralor también aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta que expire su vigencia, por lo que no será necesario renovarlos de inmediato. “Podrán coexistir los dos modelos. Cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de inmensas proporciones”, explicó.Seguimiento permanente a la Cancillería y la Imprenta NacionalEl organismo de control ha dispuesto un equipo de funcionarios para trabajar de forma presencial y continua en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el propósito de monitorear la ejecución del nuevo contrato. “Son las entidades responsables de rendir cuentas ante la Contraloría. Estamos en tiempo completo haciendo seguimiento, porque los plazos son cortos y el riesgo es alto”, enfatizó Abadía.El funcionario insistió en que la advertencia busca prevenir, no sancionar: “Estas son alertas técnicas, no políticas. Queremos que las cosas se hagan bien, sin riesgos para el patrimonio público ni para la ciudadanía”.El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la producción de estos documentos durante varias décadas. La disputa provocó una controversia legal y política que terminó resolviéndose con una licitación adjudicada a la Casa de la Moneda de Portugal, en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia.Mientras la Cancillería sostiene que el nuevo proceso permitirá “modernizar y mejorar los estándares de seguridad”, la Contraloría advierte que todavía no hay garantías suficientes de que el servicio podrá mantenerse sin interrupciones. A dos meses de la fecha prevista para el cambio, la incertidumbre sobre el abastecimiento de pasaportes sigue vigente.
En una reciente entrevista, el concejal de Medellín y exsecretario de seguridad, Andrés Tobón, compartió detalles alarmantes sobre la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a una reunión secreta entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, y disidencias de las Farc en la capital antioqueña. Según Tobón, diversas fuentes de inteligencia y expertos en crimen organizado han confirmado que este encuentro no solo ocurrió, sino que contó con la coordinación y protección de estructuras criminales locales.Logística y protección en la Vía Las PalmasDe acuerdo con las fuentes citadas por el concejal, el encuentro habría tenido lugar en una lujosa vivienda propiedad de un odontólogo, ubicada estratégicamente en la vía Las Palmas, entre los municipios de Medellín y Envigado. Lo más preocupante para la seguridad ciudadana es que la protección de Maduro Guerra habría estado a cargo de "La Terraza", una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Esta organización es comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí, quien actualmente participa en la mesa de paz urbana del gobierno nacional.Vínculos entre el narcotráfico y VenezuelaEl propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia. El concejal explicó que, a principios de 2020, traslados de cabecillas de La Oficina a la cárcel de La Picota permitieron una coordinación criminal más fluida, facilitando vínculos entre estructuras que antes no colaboraban, como las disidencias de las Farc y bandas locales.Controversia por la falta de capturas en plena pandemiaUno de los puntos más debatidos es cómo un personaje tan reconocible pudo ingresar a Medellín durante el confinamiento absoluto de la pandemia de 2020 sin ser detectado. Al respecto, Tobón señaló que, dada la naturaleza del crimen organizado, es creíble que el ingreso se realizara de forma ilegal a través de fronteras porosas y bajo estrictos modelos de seguridad.Por su parte, aunque el entonces comandante de la policía, el general Camacho, admitió haber escuchado rumores sobre la reunión, afirmó en su momento que no se pudo corroborar la información, razón por la cual no se informó al alcalde de la época. No obstante, Tobón sugiere que es muy probable que la inteligencia colombiana haya colaborado con las autoridades norteamericanas para construir el material probatorio que hoy sustenta la acusación en Estados Unidos. Se espera que durante el proceso de juicio se revelen más nombres y detalles sobre este pacto que, según la justicia estadounidense, tendría vigencia hasta el año 2026.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en política.La decisión Cabal la tomó tras una publicación en X de Benedetti, en la que decía que ningún candidato le ganaría a Petro si hubiera reelección.“El servidor público hace referencia directa a la figura del Presidente de la República, utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario. La publicación fue realizada mientras el señor Armando Benedetti ostentaba plenamente su cargo como ministro del Interior, sin que exista constancia de que se tratara de una comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de sus funciones legales”, señala Cabal en el documento enviado a la Procuraduría.Es por esto que Cabal pidió que se investigue la conducta del ministro; además, solicitó que, de comprobarse una falta disciplinaria, se impongan las sanciones correspondientes.El ministro Benedetti ya también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señalando que tiene derecho a opinar.“Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, respondió el ministro del Interior.
El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno (Guaviare) corresponden a integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central, estructura que responde al mando de ‘Iván Mordisco’.Los enfrentamientos, ocurridos el pasado viernes, se dieron entre miembros de esa facción y del grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de ‘Calarcá’, ambos antiguos integrantes de las FARC que hoy luchan por controlar rutas y economías ilegales de narcotráfico en el suroriente del país.“El viernes se presentaron enfrentamientos entre las dos facciones: la de Calarcá y la de Mordisco, en el municipio de El Retorno. Se recuperaron 26 cadáveres y se activó el Consejo de Seguridad para retomar el control del área”, afirmó el general Roque en entrevista con Mañanas Blu.El control del narcotráfico, el eje del conflictoSegún el alto oficial, los combates hacen parte de una disputa abierta por las rentas del narcotráfico en una zona dominada por cultivos de uso ilícito. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, precisó el general.El Guaviare, con más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia las fronteras con Brasil y Perú. Las facciones en pugna buscan controlar no solo la producción, sino también la salida de la droga a través de los corredores selváticos de la Amazonía.“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida, hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, explicó Roque, quien también destacó la articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).Acciones de control y presencia del EstadoEl general Roque señaló que la Brigada 22 del Ejército, con jurisdicción en Guaviare, lidera las operaciones en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población civil y restablecer la presencia estatal.Desde el estallido de la confrontación, el Ejército ha desplegado unidades en terreno, y las autoridades locales mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores humanitarias y judiciales. “Las tropas están en el terreno retomando el control de la situación, protegiendo a la población civil”, sostuvo el comandante.Sobre la identificación de los cuerpos, el oficial indicó que los procedimientos judiciales avanzan con apoyo de Medicina Legal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si entre las víctimas hay menores de edad. “No se tiene aún esa información. Es parte del trabajo que adelantan las autoridades forenses”, puntualizó.Impacto humanitario y respuestas institucionalesLa violencia entre disidencias de las FARC ha tenido graves consecuencias humanitarias en Guaviare y departamentos vecinos. Habitantes de El Retorno y zonas rurales cercanas han reportado desplazamientos, confinamientos y temor por posibles represalias. Según alertas anteriores de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un incremento sostenido de los enfrentamientos armados desde 2024.El alto mando militar reconoció la complejidad del escenario, impulsado por el poder económico de las economías ilícitas. “Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes”, enfatizó Roque.El general añadió que el Ministerio de Defensa adelanta un plan de planeamiento estratégico conjunto para optimizar el uso de recursos y fortalecer la coordinación entre Ejército, Policía y demás fuerzas. “Buscamos fortalecer las relaciones de mando y apoyo para responder con mayor eficiencia a estas amenazas dinámicas”, dijo.Aunque evitó declarar un “ganador” entre los bandos en disputa, Roque dejó claro que las principales víctimas siguen siendo las comunidades locales. “Los más afectados son nuestros habitantes del Guaviare. Por eso estamos comprometidos en recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solo militar sino también institucional”, concluyó el comandante de la Cuarta División.