En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que, debido a una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos, fue necesario activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención en el Poliducto Galán – Sebastopol, a la altura de la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.Al conocer la emergencia, Cenit informó sobre la situación al Consejo Municipal Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja y de inmediato iniciaron las labores para superar la emergencia.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales. Los profesionales son acompañados por uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantan operaciones para garantizar la seguridad en la zona.Cenit hizo un llamado a la comunidad de esta zona para que “se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya a lugar”.Cabe recordar que a finales del año pasado se presentó una emergencia en el municipio de Puente Nacional, específicamente en el sector Alto Semisa, donde se produjo un incendio de diésel, que desencadenó en un incendio forestal. En ese momento la empresa confirmó que la razón de esa situación fue válvulas ilegales instaladas en la línea, además de unos recipientes ilegales usados para el almacenamiento del hidrocarburo hurtado,A través de un comunicado, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.
En medio de la creciente tensión comercial entre Ecuador y Colombia, la ministra de Gobierno ecuatoriana, Nataly Morillo, aseguró que la reciente imposición de aranceles del 30% a las importaciones colombianas no responde a una “guerra comercial”, sino a una acción de defensa nacional frente a amenazas de seguridad en la frontera común.En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria recalcó que la medida anunciada por el presidente Daniel Novoa busca “proteger la soberanía ecuatoriana” ante la falta de cooperación binacional en el combate al crimen organizado. “Esto no es una guerra de aranceles declarada, es un tema de firmeza y de soberanía en respuesta a la seguridad que necesitamos nosotros en el Ecuador”, afirmó Morillo.La ministra insistió en que el gobierno ecuatoriano ha realizado “esfuerzos reales de cooperación”, pero que “no ha habido la misma reciprocidad por parte del presidente Petro”. En ese contexto, el Ejecutivo de Quito considera que los aranceles son una herramienta temporal “para evidenciar la necesidad de corresponsabilidad” en el control fronterizo.Aranceles en el marco de la política de seguridadLa decisión, según Morillo, se enmarca en la estrategia de seguridad integral que impulsa el presidente Novoa desde 2024, cuando declaró prioridad nacional la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal. “El país se encuentra en una guerra contra los grupos de delincuencia organizada; ya no tenemos delincuencia común, tenemos crimen organizado transnacional”, explicó.La ministra precisó que el arancel del 30% “estará vigente hasta que exista un compromiso real y efectivo para combatir de forma conjunta el crimen organizado transnacional en la zona fronteriza” y señaló que su eventual suspensión dependerá de resultados verificables en cooperación entre fuerzas de seguridad de ambos países.Sin ruptura diplomática ni motivación políticaLa crisis arancelaria comenzó con el anuncio hecho por Daniel Noboa durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el pasado 17 de enero. La decisión generó una inmediata respuesta del Gobierno colombiano, que aplicó un arancel similar a productos ecuatorianos y anunció la suspensión temporal de exportaciones de energía hacia Ecuador.Sin embargo, Morillo negó que exista una escalada que ponga en riesgo las relaciones bilaterales. “No va a romper estos lazos comerciales ni afectará los lazos de hermandad. Nosotros seguimos apostando por el diálogo, pero también actuamos con responsabilidad para proteger a nuestra población”, dijo.La funcionaria también descartó que la decisión del Ejecutivo ecuatoriano tenga motivaciones políticas o esté influenciada por terceros países. “No tiene nada que ver Estados Unidos con el anuncio. Nosotros somos soberanos y tomamos las decisiones pensando en la soberanía y el territorio ecuatoriano”, añadió y negó, asimismo, cualquier conexión con tensiones derivadas de declaraciones del presidente Petro sobre la situación judicial de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.Contexto económico y efectos en fronteraConsultada sobre las consecuencias económicas de la medida, Morillo sostuvo que “no habrá afectación significativa a la balanza comercial bilateral”. Según datos ofrecidos por la Ministra, Ecuador importó desde Colombia entre enero y noviembre de 2025 cerca de 191 millones de dólares en cosméticos, 124 millones en productos farmacéuticos y 120 millones en vehículos y autopartes.“Estos aranceles no buscan encarecer los productos, sino fomentar una corresponsabilidad efectiva con Colombia. Son medidas coherentes con nuestra política de seguridad y defensa económica”, puntualizó.En relación con el impacto para los habitantes de la frontera, la titular de Gobierno aseguró que Ecuador mantiene solo dos pasos fronterizos habilitados —el de Carachi al norte, con Colombia, y el de Huaquillas al sur, con Perú—, tras el cierre de cruces ilegales desde el 24 de diciembre de 2025. Dijo además que “hasta el momento no se han afectado las balanzas comerciales” pese a la reducción de puntos de tránsito.¿Qué pasará con el suministro de energía de Colombia a Ecuador?Sobre el suministro eléctrico, Morillo confirmó que Ecuador ya no depende de la energía colombiana. “Este año no vamos a tener desabastecimiento. Fue un problema heredado de gobiernos anteriores, pero ahora hay planificación para 2026”, declaró.Consultada sobre una posible reunión binacional prevista en Ipiales, la ministra declinó confirmar su participación y aseguró que “las gestiones están en manos de la Cancillería ecuatoriana”, aunque reiteró que su país mantiene disposición al diálogo.La ministra Nataly Morillo cerró la entrevista destacando que la decisión de su Gobierno “no es comercial ni política, sino una herramienta de defensa nacional frente a riesgos fronterizos reales”. Con ello, dijo, el Ejecutivo ecuatoriano busca sostener su narrativa de soberanía ante una crisis que mantiene en tensión a dos de los socios históricos más relevantes de la Comunidad Andina de Naciones.
Bucaramanga continúa fortaleciéndose como un destino estratégico para el turismo y los negocios en Colombia y el Caribe. A partir del mes de marzo, la aerolínea Wingo abrirá nuevas rutas aéreas desde la capital santandereana hacia Barranquilla, Cartagena y Medellín, con tres frecuencias semanales, y desde junio conectará de manera directa a Bucaramanga con Aruba, un destino internacional que por primera vez tendrá vuelo directo desde la ciudad.El anuncio fue recibido con entusiasmo por las autoridades departamentales y municipales, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá esta ampliación de la conectividad aérea en la economía regional. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que estas nuevas rutas son el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Alcaldía de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.Según el mandatario, las cifras respaldan el crecimiento del departamento como destino turístico. En 2024, Santander registró un aumento del 305 % en visitantes extranjeros, y en lo corrido de este año ya se reporta un crecimiento del 16,05 %. Díaz señaló que el reto ahora es seguir fortaleciendo el sector a través de tres ejes fundamentales: promoción, eventos e infraestructura turística.El gobernador también resaltó el potencial del departamento con atractivos como el páramo de Santurbán, San Gil y sus deportes de aventura, los pueblos patrimoniales, la gastronomía, el Parque Nacional del Chicamocha, la Mesa de Los Santos y el Santísimo. Además, anunció proyectos estratégicos que buscan transformar la dinámica económica y turística de Santander, como el desarrollo de la náutica en Topocoro, la construcción del Centro de Eventos del Oriente Colombiano y la recuperación de Acualago, con el objetivo de impulsar un turismo sostenible.Por su parte, el presidente de Wingo, Eduardo Lombana, confirmó que la aerolínea seguirá apostándole a Bucaramanga como un punto clave de su operación. Explicó que, además de mantener las rutas a Bogotá y Santa Marta, desde marzo iniciarán los vuelos directos Bucaramanga–Medellín, Bucaramanga–Cartagena y Bucaramanga–Barranquilla. En tanto, a partir del 17 de junio se operará de manera estacional la ruta Bucaramanga–Aruba, conectando por primera vez a la ciudad con la conocida “isla feliz”.Lombana destacó que Wingo busca convertirse en un dinamizador más de la economía regional y reafirmó el compromiso de la aerolínea con el crecimiento de Santander, agradeciendo el respaldo de la Gobernación, la Alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de Comercio.Jordan Schlipken Cruz, director de la Autoridad de Turismo de la isla para América Latina, señaló que esta nueva conexión abre oportunidades que van más allá del turismo vacacional. Explicó que, aunque el turismo es la principal fuente de ingresos de la isla, que recibe cerca de 1,5 millones de visitantes al año, también se podrían generar acuerdos comerciales con empresas santandereanas. Además, resaltó el potencial de Santander en el turismo de salud, teniendo en cuenta que Aruba no cuenta con todas las capacidades médicas especializadas.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, celebró la apertura de las nuevas rutas y destacó los beneficios que representa para los pasajeros contar con vuelos directos, tanto en ahorro de tiempo como en costos. Señaló que la ciudad le está apostando a la seguridad y la competitividad como pilares de desarrollo, y recordó que durante este año Bucaramanga tiene programados más de 250 eventos que contribuirán a dinamizar la economía local.
Ya se conoce nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para el primer semestre de 2026. Empezará a regir desde el próximo 2 de febrero con una semana pedagógica.Autoridades de movilidad en el Valle de Aburrá revelaron cómo se rotará la medida de pico y placa durante al menos los próximos seis meses para los 10 municipios de la subregión incluyendo el distrito de Medellín.La nueva disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa. De igual manera seguirá rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.Con la medida se busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%.“Esa rotación de carácter técnico tiene un modelo de probabilidades y estadístico que lo que asegura es que las personas no repitan número con el semestre inmediatamente anterior y asigna número dependiendo de cuáles han sido los números que han tenido pipí y placa en determinado día en los últimos en los últimos dos años es decir en los últimos cuatro semestres", indicó el alcalde Federico Gutiérrez.La nueva rotación iniciará desde el próximo lunes 2 de febrero con una semana pedagógica que irá hasta el 09 de febrero, es decir, sin comparendo pero con la obligación de realizar un curso, de la siguiente manera:Lunes: 1 y 7Martes: 0 y 3Miércoles: 4 y 6Jueves: 5 y 9Viernes: 2 y 8Continuarán como vías exentas de la medida la avenida Regional y la autopista Sur, excepto en los municipios de Itagüí, según las autoridades para reducir la accidentalidad, y en el municipio de Bello con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía.
En medio del auge turístico que vive Medellín por la coincidencia del concierto de Bad Bunny y la feria internacional ColombiaTex, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la activación de una línea oficial de WhatsApp (301 604 4444) para recibir denuncias sobre abusos en precios de alojamientos, especialmente en plataformas como Airbnb y hoteles.La decisión se tomó tras conocerse casos de apartamentos que, aprovechando la alta demanda, duplicaron o triplicaron tarifas en cuestión de días. “No bajaban de un millón de pesos y en estos días buscando ya no bajan de dos o tres millones”, relató un ciudadano durante la emisión de Mañanas Blu.“Hay abusivos, pero no es generalizado”: GutiérrezEl alcalde Gutiérrez sostuvo en entrevista con Néstor Morales que la Alcaldía ha recibido un número limitado de denuncias. “Hasta el momento tenemos registradas menos de diez denuncias oficiales, mientras que Airbnb nos reporta cerca de veinte casos en toda la ciudad. No podemos generalizar”, precisó.Según datos oficiales, Medellín cuenta con alrededor de 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles. Para el mandatario, los casos de especulación son aislados y no representan el comportamiento general del sector turístico. “Una cosa es quien ofrece precios absurdos; otra, el comportamiento normal del mercado. Pero quien abusa se quedará con las habitaciones vacías”, afirmó.Gutiérrez explicó además que sostuvo conversaciones directas con el representante de Airbnb para América Latina, a quien solicitó sancionar a los anfitriones que cancelaron reservas para volver a ofertar a precios más altos. “Les pedí que congelen esas cuentas e impidan que vuelvan a ofrecer hospedajes durante los días del concierto. Quien haya abusado debe responder”, añadió.¿Por qué está tan caro alquilar apartamento en Medellín?El incremento en las tarifas hoteleras también se explica por la coincidencia de dos grandes eventos: el concierto de Bad Bunny, que reúne a 147.000 asistentes, y la feria ColombiaTex, que trae a Medellín unas 30.000 personas más. “Tenemos una ocupación hotelera superior al 94%. Es algo positivo, pero hay quienes se aprovechan del boom y quieren matar la gallina de los huevos de oro”, advirtió el mandatario.Además, la llegada de visitantes nacionales e internacionales —el 77% nacionales y el 23% extranjeros— genera una derrama económica estimada entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, de acuerdo con la Alcaldía. “Esto beneficia al comercio, los taxistas, los restaurantes y las ventas callejeras”, destacó Gutiérrez.¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario en Medellín?El alcalde reconoció que el fenómeno de la especulación va más allá de la coyuntura del concierto. En Medellín, dijo, el precio del metro cuadrado y los arriendos han aumentado debido a la falta de suelo disponible para construcción. “Cuando no hay oferta y la demanda crece, sube el precio. Tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial muy restrictivo, y esa discusión debemos darla este año”, señaló.Gutiérrez advirtió además sobre la responsabilidad compartida de todos los actores del sector. “No solo los hoteleros o arrendadores deben actuar con ética. También los dueños de restaurantes y bares: les pido que no abusen. Queremos una ciudad turística, pero donde los que vivimos aquí podamos seguir viviendo”, enfatizó.Hacia una regulación más clara para evitar especulaciónSi bien el alcalde reconoció que los precios de mercado pueden fluctuar libremente, insistió en la necesidad de establecer precedentes frente a prácticas abusivas. “Esto no puede volver a pasar ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Cartagena. Hay que revisar de fondo cómo se regula para no matar el turismo, que es una fuente fundamental de empleo y desarrollo”, afirmó.Gutiérrez reiteró que su administración seguirá vigilando el comportamiento del sector turístico durante los tres días del evento y exhortó a los visitantes afectados a reportar irregularidades. “Quien haya sido víctima de cancelaciones o cobros desmedidos, puede escribirnos al WhatsApp de la Alcaldía. Yo mismo estoy al frente de cada caso”, concluyó.
En Armenia, una familia lleva nueve meses sin certeza sobre la ubicación de Christian Camilo Olaya Muñoz, de 31 años. Su actual pareja les dijo a sus familiares que él estaba en la cárcel, pero ellos confirmaron que la información es falsa.El quindiano Christian Camilo Olaya Muñoz se había ido hace ocho años a México con una esposa colombiana. Cinco años después de llegar, se separó y, tres años más tarde, volvió a casarse con una mujer mexicana.La familia tiene una versión según la cual la nueva unión de Christian Camilo estaba por terminar. “La esposa con la que él se casó estaba en ese momento en papeleos de divorcio o lo había demandado por violencia intrafamiliar”, manifestó a Blu Radio Lina Johana Olaya Muñoz, hermana de Christian Camilo.Para sustentar lo dicho a la madre y a la hermana del joven, la mujer les envió documentos que fueron corroborados por ellas y que resultaron ser falsos. “Siempre me han dicho que (los documentos) están muy raros”, explicó Lina, quien también señaló que las respuestas de la esposa a los interrogantes sobre su paradero eran contradictorias: “Las versiones que ella nos da nunca se confirman. Nunca tuvimos una llamada ni por parte del penal donde supuestamente está”.El mensaje de MessengerLa semana pasada, una familiar le contó a Gloria y a Lina sobre un inquietante mensaje que había recibido del joven. “Le mandó un mensaje a una prima nuestra por Messenger, porque últimamente ni usaba WhatsApp, solo Messenger. Entonces, él le decía a mi prima: ‘Prima, soy Camilo. Quiero ponerla al tanto de las cosas. No vaya a alarmar a mi mamá ni a mi hermana. Si algo me llega a pasar, la responsable es mi esposa, Ivonne Casandra Ortiz Ulloa, y su amante’, decía así”.“La señora nos bloqueó como por cinco meses. Ella es muy grosera, no nos dejaba hablar y, como se dice, había que andar pasito con ella para saber algo sobre Christian Camilo”, agregó Lina.Un interno sin audienciasDespués de la supuesta captura del colombiano, su pareja mexicana le dijo a la familia que las audiencias tenían todo tipo de dificultades: que supuestamente se iba la luz en el penal, que se habían aplazado, que se realizaban por la plataforma Zoom y que el internet no funcionaba.Lina contó a Blu Radio un diálogo que tuvo con la esposa de su hermano: “Este 6 de octubre me llamó y me dijo que a Camilo lo iban a dejar libre, pero que él tenía que pasarle una plata mensualmente, y que si no lo hacía, lo volvían a meter preso”.Lina tomó valor después de confirmar que su hermano no estaba en la cárcel y confrontó a Ivonne: “Dígame, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano no está en ninguna cárcel de México porque ya lo confirmé a través de páginas oficiales. Le envié un pantallazo y me dijo: ‘No, efectivamente él no está preso’”.Cuando la familia la enfrentó sobre la situación del joven, Ivonne aseguró que Christian Camilo se encontraba en una cárcel, sentenciado por violencia intrafamiliar, y que, como parte de un supuesto plan de reparación ante la justicia mexicana, debía cancelar 31.000 pesos mexicanos, es decir, más de 6,5 millones de pesos colombianos.“La única defensa de ella fue mandarme esos papeles. Me dijo que si quería saber algo de él, tenía que ir personalmente porque no le iban a dar información a nadie, y luego volvió a bloquearnos”, relató Lina.Ante la gravedad de la situación, la familia buscó a las autoridades y pudo corroborar que esta información era falsa: Christian Camilo no aparece como interno en ninguna penitenciaría mexicana.¿Qué están haciendo las autoridades quindianas?Diego Alexander Santamaría Tabares, director de Derechos y Atención a Poblaciones de la Gobernación del Quindío, confirmó a Blu Radio que se han adelantado contactos con el Gobierno mexicano para determinar la situación de Christian Camilo tras la denuncia de su familia: “De inmediato nos comunicamos con el embajador de Colombia en México, a quien le informamos la situación y le solicitamos verificar si existe algún proceso judicial, administrativo o penal relacionado con el señor Christian Camilo en México. Además, realizamos una búsqueda extensiva y colocamos la denuncia por la desaparición del ciudadano ante las autoridades de Nuevo León y las organizaciones de derechos humanos”, dijo. finalmente, el funcionario fue categórico al indicar que, hasta el momento, se descarta que Christian Camilo esté en la cárcel: “Las llamadas y las indicaciones que nos han dado señalan que este ciudadano no se encuentra en los registros de ninguna cárcel en México”, concluyó. Como el caso de Christian Camilo, actualmente la Gobernación del Quindío registra nueve denuncias de ciudadanos del departamento desaparecidos o afectados en otros países.
Cuando dos personas tienen una buena relación llega el momento en que deciden dar el siguiente paso. Algunos, optan por iniciar un proyecto en conjunto, adoptar una mascota o simplemente irse a vivir juntos.Estas acciones son consideradas por muchos como la siguiente etapa de la relación; sin embargo, una ley en Colombia establece que, para el último caso mencionado, existen consecuencias para ambas partes.Aunque irse a vivir juntos sin casarse legalmente puede parecer solo una decisión personal o emocional, lo cierto es que la convivencia también tiene implicaciones legales que están reguladas por la Ley 54 de 1990, especialmente en el artículo 2.¿Qué dice el artículo 2 de la Ley 54 de 1990?Según la norma, cuando una pareja convive de manera permanente por un tiempo, se presume que entre ambos existe una sociedad patrimonial de hecho, pero, para ello, deben cumplir estas dos condiciones:“Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio”.“Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.Asimismo, el artículo 3 de la misma ley, menciona que: “El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes”.Esto quiere decir que, así no se haya firmado un contrato de matrimonio, ni se haya celebrado una ceremonia civil o religiosa, la ley reconocerá los derechos económicos similares a los de una pareja casada legalmente.Consecuencias legales de irse a vivir con su parejaMuchas personas creen que irse a vivir juntos no conlleva obligaciones legales, pero realmente sí puede tener efectos patrimoniales importantes.Si la convivencia de una pareja cumple con los requisitos anteriormente mencionados, se crea una sociedad patrimonial de hecho, y con ella llegan las siguientes consecuencias en cuanto a derechos y deberes:Repartición de bienes adquiridos durante la convivencia, al igual que en un matrimonio civil.Derecho a reclamar pensión de sobreviviente si uno de los compañeros fallece.Inclusión en seguridad social como beneficiario en salud o pensión.Posibilidad de reclamar herencia bajo ciertas condiciones legales.En caso de separación, obligación de liquidar la sociedad patrimonial ante notaría o juez de familia.En otras palabras, irse a vivir con la pareja va mucho más allá de un paso emocional, pues implica asumir ciertas responsabilidades legales que pueden influir en el manejo del patrimonio, en los derechos de herencia y en otros aspectos sociales que surgen dentro de la convivencia.¿Cómo evitar las consecuencias legales de irse a vivir con su pareja?Vivir en pareja puede ser una experiencia enriquecedora para ambos; no obstante, lo ideal es informarse antes de tomar esta y otras decisiones, por ello, es recomendable consultar con un abogado de familia para evitar conflictos a futuro.Frente a lo anterior, Ley 54 de 1990 también menciona que, para que los efectos legales sean válidos, la pareja puede formalizar la unión marital de hecho por medio de:Una declaración ante una notaría, firmada por ambas partes.Una sentencia judicial, si uno de los dos desea hacer valer sus derechos y el otro no reconoce la unión.La firma de abogados JPelaez y Abogados menciona que para evitar las consecuencias legales que implica irse a vivir con la pareja, lo ideal es hacer capitulaciones patrimoniales antes de cumplir los dos años de convivencia.¿Cómo hacer capitulaciones patrimoniales?De acuerdo con la firma, las capitulaciones patrimoniales se deben hacer antes de que se crea una sociedad patrimonial de hecho por medio de una notaría pública, así se logra conserva un patrimonio individual y no en conjunto. No obstante, existe un requisito y es que ambas personas deben estar de acuerdo en hacer las capitulaciones, de no estarlo, no será posible hacer dicho trámite.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que desde mañana jueves se pondrá en marcha el plan 'Independencia 200' en los estados de Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, para la "defensa integral" del país, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante adelantó que se activarán las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en "parte de la frontera con la hermana Colombia", en el marco del plan defensivo, que comenzó a desarrollarse de manera progresiva hace una semana, principalmente en regiones con salida al Caribe."Estamos ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado, ¿y quién gana la paz? La gana la sociedad entera, la sociedad unida, el pueblo unido en perfecta unión nacional. Vamos avanzando porque Venezuela hoy se transforma en un ejemplo (...) de dignidad, de valentía, de pueblo pacífico, decente, trabajador", expresó.El jefe de Estado hizo un llamado a "incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir", relacionadas, señaló, con la "preparación integral para la defensa".Este mismo miércoles, las autoridades activaron el plan en Caracas y en el estado de Miranda (norte, cercano a la capital), que se sumaron a las 11 regiones donde ya ha habido despliegues en la última semana, la gran mayoría costeras, además del insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe.Maduro, a través de su canal de Telegram, pidió a los ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda, donde dijo que habitan casi siete millones de personas, a activar "toda la fuerza de defensa integral" para proteger "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades", con el fin, agregó, de "seguir ganando la paz".El ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó la movilización en un sector de Miranda, durante la que reiteró que el país permanece "en resistencia activa y prolongada" ante "la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo", en referencia a EE.UU., a cuyo Gobierno acusó de querer "robar" los "inmensos recursos naturales" de Venezuela.El número dos del chavismo explicó que el plan tiene como propósito garantizar que la nación siga funcionando mientras se prepara para defenderse, lo que, sostuvo, también es responsabilidad "del pueblo" y "no solo" de las autoridades.EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de sus recursos.El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.
El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que la política de drogas que supuestamente Estados Unidos quiere imponer a su país tiene como consecuencia una "posible invasión" a Venezuela."La política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos (...) tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la república de Venezuela", expresó Petro en el municipio sureño de Puerto Asís, donde el Gobierno presentó la destrucción de material de guerra de una disidencia de las antiguas Farc con la que negocia la paz.La declaración de Petro se conoce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.Estados Unidos ha atacado durante las últimas semanas a diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.En ese sentido, Petro señaló que esos ataques son contrarios a la resolución impulsada por Colombia y aprobada por unanimidad la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vincula las políticas de drogas con los derechos humanos."Problema, el que lanzó los misiles es el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos no quiso pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos ante una tensión y un conflicto hablable, no necesariamente tiene que llegar a violencia", expresó el mandatario.Igualmente dijo que aunque no es muy amigo de "las políticas que se agencian en el Gobierno actual de Venezuela" -liderado por Nicolás Maduro, cuya victoria electoral Petro recordó hoy que no reconoció- es consciente de que un conflicto en el país vecino puede afectar a Colombia."Esa sí es mi responsabilidad, si allá caen misiles o, como anuncian hoy, se empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o de Mariners o de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, se está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas", expresó Petro.En los últimos meses, el presidente colombiano ha elevado el tono ante Trump por diferencias sobre la política migratoria, la lucha contra las drogas y el apoyo de ese país a Israel, unas tensiones que se materializaron a finales de septiembre con la decisión de EE.UU. de revocarle el visado.En esas fechas, en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente colombiano dijo que la guerra contra las drogas era en realidad una estrategia de los poderosos que "necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina".
El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, llegó a Neiva para inspeccionar varias obras consideradas de alto riesgo o elefantes blancos; es decir, proyectos inconclusos en el departamento del Huila. Durante su recorrido, entregó detalles del inventario de obras que permanecen inconclusas en el departamento y los recursos comprometidos.“Tenemos un inventario de 5,3 billones de pesos en proyectos críticos aquí en el departamento, de los cuales 5,1 billones corresponden a la concesión vial Neiva–Campoalegre–Pitalito–Santana Ramos–Mocoa. Ese es el proyecto que tiene el 90 % de los recursos comprometidos más importantes aquí en el departamento. Tenemos obras de infraestructura educativa, plazas de mercado y viviendas de interés social que son parte de las obras que aspiramos se puedan terminar en el Huila”, señaló el vicecontralor. El delegado del ente de control advirtió que las obras de infraestructura continúan siendo un lunar crítico en la gestión pública, al representar una alta pérdida de recursos del Estado.“El sector de infraestructura sigue siendo el de mayor riesgo. Ahí tenemos la concesión vial, una obra que se encuentra en estado crítico. La obra de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es otro proyecto que ha generado gran preocupación en la Contraloría y que actualmente está en litigio. Se requiere una inversión aproximada de 18.000 millones de pesos para poner en funcionamiento este importante centro educativo”, precisó el funcionario. Además, el vicecontralor destacó que en los últimos tres años se han recuperado nueve obras, con una inversión que supera los 67.000 millones de pesos, gracias al seguimiento de la Contraloría y al acompañamiento ciudadano.“En el departamento del Huila hemos logrado entregar, en estos tres años, nueve obras por un valor de 67.000 millones de pesos. Actualmente, tenemos tres obras bajo la lupa de la Contraloría que deberían finalizarse el próximo año y representan una inversión de 11.000 millones de pesos”. Zuluaga también inspeccionó la construcción de la torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano. El proyecto, que inició con apenas un 1,22 % de avance físico, hoy alcanza el 73,25 %.“Vale la pena recordar que esta obra ingresó a la estrategia Compromiso Colombia hace año y medio, con un avance físico de 1,22 % y un 1,7 % de avance financiero. Actualmente presenta una ejecución física del 73,25 % y financiera del 75,29 %”, destacó el funcionario. Finalmente, resaltó que este proyecto de infraestructura no ha requerido adiciones presupuestales ni prórrogas en el tiempo, lo que garantiza su entrega dentro de los plazos establecidos y con el presupuesto inicial. Una vez finalizado, beneficiará a más de dos millones de habitantes del departamento.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la reunión que tendrá con el mandatario Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.Petro aseguró que la idea que él tiene de ese encuentro es no hablar de misiles ni de bombardeos a seres humanos.“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, dijo Petro.Las declaraciones de Petro se dieron en el departamento de Nariño, donde, según dijo, la directora del programa de sustitución de cultivos, PNIS, Gloria Miranda, se reunió con autoridades estadounidenses.“Aquí se reunieron ayer la compañera Gloria Miranda con los gringos y ellos no creen que seamos capaces de sustituir voluntariamente. Yo me he puesto a mirar los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca, a ver si lo que me decían es cierto o no y cómo me defiendo. Pero he aprendido a leer a través de esos cuadros y encuentro una tendencia, cada vez que imponen la palabra forzada hay más hoja de coca”, dijo Petro.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al informe trimestral sobre Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó duras críticas a la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.Las advertencias fueron hechas por Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tienen conversaciones productivas, pero insistió en que persisten preocupaciones por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos.“Estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, aseguró Locetta.La delegada estadounidense hizo énfasis en el incremento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos” afirmó.En su intervención, Locetta también se refirió de manera directa a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y cuestionó que algunas decisiones del gobierno colombiano, lejos de fortalecer la seguridad, podrían haber contribuido a un escenario contrario.“Pedimos a Colombia que priorice el hacer frente a la violencia y al terror que realizan estos grupos y que garantice la seguridad y la justicia para las víctimas. Condenamos a todos aquellos que socavan la paz y que realizan actividades terroristas”, agregó.La representante estadounidense recordó además que uno de los grupos armados ha sido designado por su país como organización terrorista extranjera, con el fin de restringir su acceso a recursos y financiación.Locetta también prendió las alarmas frente a la seguridad de las próximas elecciones, advirtiendo que los grupos armados ilegales no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil.Finalmente, la delegada estadounidense cerró su intervención haciendo un llamado a esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato del Senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana” concluyó.
La transición minero-energética en el norte de Colombia ha dado un paso definitivo hacia la digitalización y la justicia climática. Con la puesta en marcha del Hub Ambiental del Caribe, los territorios históricamente vinculados a la extracción de carbón ahora cuentan con herramientas de alta precisión para medir el impacto ambiental en sus comunidades. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo (BiOReD) y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca que la descarbonización del país no sea solo un cambio de matriz técnica, sino un proceso respaldado por datos científicos y participación popular.Tecnología AIoT para el monitoreo en tiempo realEl núcleo técnico de este proyecto es la implementación de la tecnología AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas). A través de una red de luminarias inteligentes y sensores estratégicamente ubicados, se capturan datos constantes sobre la calidad del aire, temperatura, humedad y niveles de ruido. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial para generar pronósticos ambientales semanales, permitiendo una gestión del riesgo mucho más eficiente."La transición no es solo tecnológica; debe ser profundamente social y territorial", afirmó John Alexander Taborda Giraldo, director del proyecto Hub Ambiental del Caribe. Según el directivo, el objetivo primordial es que la ciencia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de decisión pública para los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico (Cesar), Albania (La Guajira) y Algarrobo (Magdalena).Ciencia ciudadana y veeduría en el corredor mineroMás allá de los sensores, el proyecto establece las Escuelas de Ciencia Ciudadana. Este componente educativo busca que los habitantes de los municipios piloto no sean sujetos pasivos del monitoreo, sino veedores activos. Al democratizar el acceso a la información a través de una plataforma de datos abiertos, el Hub permite que la comunidad comprenda y utilice los indicadores para exigir el cumplimiento de normativas ambientales.El corredor minero del Caribe enfrenta actualmente diversos momentos del ciclo extractivo, desde la operación intensa hasta el cierre de minas. Por ello, el modelo desarrollado en estos tres departamentos se proyecta como un piloto replicable en otras regiones de Colombia que enfrentan desafíos similares.Con una hoja de ruta trazada hasta el año 2026, el Hub Ambiental del Caribe pretende consolidarse como un eje de consulta obligatoria para la política pública nacional. Al integrar universidades, autoridades ambientales y comunidades, la iniciativa busca subsanar deudas históricas relacionadas con la contaminación y la exclusión social derivadas del modelo extractivo tradicional.Los interesados en consultar los indicadores en tiempo real y conocer los avances de esta red de monitoreo pueden acceder al portal oficial de la iniciativa en hubambientaldelcaribe.co, donde se centraliza la evidencia técnica que guiará el futuro sostenible de la región.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.
Luego de que el ELN asegurara que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pronunció y confirmó que ya están realizando análisis forenses a muestras óseas para establecer si corresponderá Torres Restrepo.La entidad explicó que estas labores hacen parte del trabajo conjunto que se desarrolla con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), según Medicina Legal, las muestras óseas están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario, con el fin de obtener resultados concluyentes sobre su posible identidad.“Actualmente se están realizando análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, señaló Medicina Legal.La guerrilla del ELN hizo el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.
El comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, aseguró que gran parte de los resultados contra el narcotráfico logrados por Ecuador se sustentan en información de inteligencia compartida de manera permanente, esto en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos.La cooperación naval entre Colombia y Ecuador ha sido constante y silenciosa, pero decisiva. Así lo afirmó el almirante Juan Ricardo Rozo, al revelar que buena parte de los resultados antidrogas reportados por la Armada del Ecuador tienen origen en información de inteligencia producida por autoridades colombianas y compartida de forma directa para operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.Según explicó el alto oficial, existe una comunicación permanente entre las dos armadas, tanto a nivel de comandantes como de los equipos operativos y de inteligencia que trabajan en el seguimiento de rutas, embarcaciones y estructuras criminales ligadas al narcotráfico que operan en el Pacífico y en zonas fronterizas.“Gran parte de los resultados que da la Armada del Ecuador son con base a información de inteligencia que produce la inteligencia de la Armada colombiana, compartida con ellos para que juntos podamos avanzar contra el crimen organizado transnacional”, afirmó el almirante Rozo.El comandante de la Armada subrayó que esta coordinación no es esporádica, sino permanente, y que incluye intercambio de datos, análisis de amenazas y planeación de acciones operacionales contra redes criminales que no reconocen fronteras. “Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de operaciones están compartiendo información de manera continua”, señaló.Estas declaraciones se conocen días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del primero de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.Rozo insistió en que la colaboración ha sido real, técnica y efectiva, y que los resultados operacionales obtenidos por Ecuador en incautaciones y desarticulación de estructuras criminales son una muestra concreta del trabajo conjunto basado en inteligencia compartida.