La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. En el documento, la entidad sostiene que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía en el documento.De acuerdo con el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo. La Fiscalía aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, además de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser considerado, en su momento, la mano derecha del presidente.El documento también señala que los dineros obtenidos de manera irregular habrían sido objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la acusación por lavado de activos. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas recolectadas permite inferir la participación activa del exfuncionario en los hechos investigados. En el escrito de acusación, el ente acusador relató uno a uno los hechos por los que será acusado González y en los que resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.La audiencia de acusación fue fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito de acusación.No obstante, el avance del caso se da en ausencia del acusado. Carlos Ramón González permanece actualmente en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su equipo de defensa, el exdirector del Dapre no tiene intención de regresar a Colombia, incluso en el escenario de una eventual condena.A pesar de esta situación, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia. La Corte Suprema seguirá adelante con el juicio mientras se definen los escenarios jurídicos relacionados con la permanencia del acusado en el exterior.
Los ataques contra la infraestructura eléctrica en Colombia continúan en aumento. El Ministerio de Minas y Energía denunció que, en los últimos días, se registraron dos nuevos atentados en el suroccidente del país, hechos que agravan la situación de seguridad energética y afectan el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.Según el ministerio, estos nuevos ataques coinciden con la suspensión de las exportaciones de energía hacia Ecuador, un panorama que ha generado presiones adicionales sobre la operación del sistema y ha encendido las alertas en el sector. El Ministerio recordó que desde diciembre de 2025 se vienen presentando ataques constantes a la infraestructura eléctrica, especialmente en el departamento del Cauca, una zona donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificando que las consecuencias de estos actos criminales están afectando directamente a la población y, además, ponen en riesgo derechos fundamentales.Ante este escenario, el Gobierno nacional reforzó la seguridad física y operativa del sistema eléctrico, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, especialmente en Cauca y Nariño, donde se concentran los ataques. A la par, avanzan los procesos de judicialización de los responsables, criminales que ponen en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad energética de toda la región.“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, afirmó el ministro de Minas y Energía.Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección del acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura clave para el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.
Dos comerciantes fueron secuestrados en la zona rural del municipio de San José de Albán, en el norte de Nariño, por hombres que los intimidaron con armas de fuego cuando Miguel Ibarra y su hermana Rosalina regresaban de la ciudad de Pasto.Cristina Cabrera, esposa de Miguel Ibarra, dijo a Blu Radio que el rapto de los dos hermanos se produjo pasadas las 9:30 de la noche del sábado 24 de enero, en el sector del puente del Quiña, zona rural del municipio de San José de Albán.La mujer asegura que un hombre de la tercera edad que acompañaba a los hermanos Ibarra fue liberado horas más tarde y fue quien dio aviso a la familia.Según la esposa del comerciante, él y su hermana viajaban en una camioneta y, de acuerdo con el relato del testigo, fueron obligados a bajar del automotor y posteriormente los subieron a otro carro que partió con rumbo desconocido en el norte del departamento.Manifestó la señora Cabrera que los dos hermanos, luego de ser amenazados con armas de fuego, fueron obligados a subir a un vehículo que partió por una carretera destapada que conduce al municipio de El Tablón de Gómez, en el norte de Nariño, pero hasta este momento nada se sabe de su suerte ni mucho menos del paradero de los dos hermanos Ibarra.Los familiares de inmediato dieron aviso al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.“Ellos no tienen enemigos, son trabajadores que siempre han ayudado a la comunidad y no tenemos los recursos para pagar un rescate si eso es lo que van a pedir”, dijo otro de los allegados a Miguel Ibarra, quien prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato por temor a represalias.La angustia y el temor se apoderaron de los familiares de Miguel y Rosalina Ibarra, quienes pidieron a sus captores que les respeten la vida y los liberen inmediatamente sanos y salvos.
Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que, en lo que va corrido del año 2026, se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios del departamento.Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, lo que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.Brote activo en Chaparral y aumento de muertesEl rebrote más reciente se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, indicador clave de circulación del virus, y nuevos contagios en humanos.Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de aparente control.“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.Muertes registradas entre diciembre y eneroDe acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos:Un adulto de 79 años en ChaparralUna persona de 75 años en PradoUn hombre de 63 años en CundayEn enero de 2026, la cifra aumentó a cuatro muertes adicionales, entre ellas:Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en AtacoUna mujer de 32 años en CundayUn hombre de 29 años en CundayUn adulto de 58 años en IcononzoAutoridades insisten en la vacunaciónEl coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:HospitalesColegios y universidadesVeredas y zonas ruralesEmpresas privadasJornadas puerta a puertaPreocupante resistencia a la vacunaEn municipios como Icononzo, las autoridades reportan que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que la resistencia está ligada a:Desinformación en redes socialesMitos surgidos tras la pandemia del COVID-19Creencias religiosas y culturales“El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.Alerta regional y llamado urgenteLos municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y turistas que visitan la región.Pese a la emergencia, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.Antecedente preocupanteCabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con un total de 132 contagios y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
La Procuraduría pide a las entidades públicas el cumplimiento de la Ley de Garantías, esto en medio de la polémica por el decreto del Gobierno nacional que anuncia la creación de 1.141 nuevos empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. El organismo de control recordó que la norma prohíbe contrataciones estatales durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas, período que empezó a regir desde el 8 de noviembre por los comicios para Congreso.“Estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del período de aplicación de la Ley de Garantías, y la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano”, insistió la entidad.En este sentido, el ente de control solicitó a las entidades públicas, especialmente a los jefes de control interno, fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento con el fin de evitar posibles sanciones que podrían desencadenar investigaciones y sanciones a la administración actual.Cabe resaltar que fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron a Blu Radio que el objetivo es lograr el nombramiento de 300 a 500 personas antes del 31 de enero, cuando empieza a regir la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales. Sin embargo, la postura es polémica porque, de acuerdo con actores políticos, el Gobierno podría estar buscando “prebendas” ad portas de las elecciones, aunque la cartera insiste en que esta no es una decisión política.
Migración Colombia negó el ingreso al país a una mujer de nacionalidad costarricense que llegó a Colombia por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de San José, capital de Costa Rica, tras detectar que representaba una grave amenaza para la seguridad nacional y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.De acuerdo con información de investigación e intercambio internacional, la mujer tiene dos procesos penales abiertos en Costa Rica por los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas. Además, registra antecedentes relacionados con el reclutamiento de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Las autoridades establecieron que realizaba constantes viajes internacionales con el objetivo de captar víctimas, no para explotarlas en su país de origen, sino en el exterior.Según explicó la subdirectora de Control Migratorio, Juliana Rodríguez, los análisis adelantados por oficiales de Migración Colombia permitieron concluir que su ingreso al país constituía una amenaza grave para la convivencia ciudadana y, especialmente, para la garantía de los derechos de la niñez.Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que la entidad mantiene una posición firme frente a la trata de personas y reiteró que Colombia no será plataforma, refugio ni tránsito de redes criminales que vulneren la dignidad humana.Finalmente, la mujer fue inadmitida por razones de soberanía y seguridad nacional y no logró ingresar al país. La entidad reiteró que no existe margen de tolerancia frente al uso de la migración para cometer delitos y ratificó su compromiso con la protección de la niñez, los derechos humanos y la seguridad nacional.
Las exportaciones de Antioquia con destino a Ecuador, que entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron los 415,2 millones de dólares, podrían verse drásticamente afectadas tras el anuncio del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel unilateral del 30 % a productos colombianos, según un reporte del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. El informe advierte que esta medida se suma a un contexto ya adverso, dado que en ese mismo periodo las exportaciones del departamento hacia ese mercado registraron una caída del 22,1% frente a igual lapso del año anterior.La disminución estuvo asociada principalmente a la fuerte contracción de las ventas de energía eléctrica, que se redujeron en 52,5 % y representan cerca de una tercera parte de las exportaciones regionales a Ecuador. Este escenario contrasta con el desempeño de las exportaciones no minero-energéticas, que crecieron cerca de un 12 % entre enero y noviembre de 2025, hasta alcanzar los 280,2 millones de dólares.El reporte destaca que Antioquia es el primer departamento del país en exportaciones totales hacia Ecuador, con una participación del 24 %, y el tercero en envíos de productos no minero-energéticos, con el 18,7 %, por detrás de Valle del Cauca y Bogotá. Para el director del Centro de Pensamiento de la EIA, Saúl Pineda Hoyos, este nuevo episodio en las relaciones bilaterales ratifica la recurrencia de medidas unilaterales en la región, que ponen en entredicho los acuerdos de integración."En particular, en el caso de Antioquia, el impacto se va a sentir sobre productos como el de las motocicletas, los vehículos y sus partes, las manufacturas de plástico y algunas confecciones, pero también en la distribución de energía", destacó Pineda.Aunque inicialmente las ventas de energía eléctrica estarían exentas del arancel, el anuncio del Gobierno colombiano de suspender el suministro tendría un impacto negativo, considerando que las exportaciones acumuladas de este producto sumaron 133 millones de dólares hasta noviembre del año anterior. Adicionalmente, el informe señala posibles afectaciones en productos no minero-energéticos como aceites de palma, motocicletas, tampones higiénicos, poliésteres en formas primarias, fajas, bragas y manufacturas de plástico, que venían registrando importantes crecimientos en ese mercado.
Luego de varios días de advertencias y llamados a ejercer mayor control sobre la situación financiera del Deportivo Pereira, las autoridades dieron un paso decisivo frente a la crisis que atraviesa el club, en medio de crecientes preocupaciones por el cumplimiento de sus obligaciones y el impacto en su funcionamiento deportivo y laboral.Ante esto, la Superintendencia de Sociedades ordenó que el Deportivo Pereira entre en reorganización empresarial, un proceso legal similar a una reestructuración financiera, con el fin de ordenar sus deudas y evitar la paralización del club.La medida se tomó luego de que la Superintendencia comprobara que el club dejó de cumplir con el pago de varias de sus obligaciones. A 31 de agosto de 2025, las deudas vencidas sumaban $11.252 millones, lo que representa más de la mitad del total de sus pasivos, con retrasos superiores a 90 días frente a distintos acreedores. Entre las obligaciones pendientes hay deudas con la Dian, otros clubes, proveedores y accionistas, algunas con moras que superan los 240 días.Pese a las deudas, Deportivo Pereira tiene un "patrimonio positivo"No obstante, la Superintendencia aclaró que el club presenta patrimonio positivo, ya que a 30 de octubre de 2025 sus activos sumaban $45.804 millones, frente a pasivos por $23.399 millones.Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia experto en insolvencia, quien acompañará la estructuración del acuerdo con los acreedores.El Deportivo Pereira, constituido en 2022 en la capital risaraldense, hace parte del Sistema Nacional del Deporte como club de fútbol profesional. Dentro de su plan de negocios, la sociedad plantea ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera y la gestión de nuevos patrocinadores, además de la optimización de ingresos por taquillas, publicidad y derechos de televisión.Clubs del fútbol profesional deben "cumplir sus obligaciones"Sobre la medida, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que el fútbol profesional colombiano “mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones”, por lo que la reorganización busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones del club y la continuidad de su operación.La crisis financiera del equipo matecaña ya había derivado en una medida cautelar del Ministerio de Trabajo, impuesta el 30 de octubre de 2025, que ordenó el cese de actividades y el cumplimiento de obligaciones laborales.En medio de esta situación, el club estuvo cerca de perder su reconocimiento deportivo y registró la salida de varios jugadores y del entonces director técnico, Rafael Dudamel.Deportivo Pereira convoca Asamblea General en medio de llamados a controlEn paralelo al proceso que adelantan las autoridades, el Deportivo Pereira convocó el pasado viernes a su Asamblea General Ordinaria de Accionistas para febrero de 2026, una cita que cobra especial relevancia en medio de la crisis financiera del club.En la reunión se revisará la gestión administrativa correspondiente a 2025 y se elegirá a dos nuevos integrantes de la junta directiva, decisiones que se toman en un momento de mayor escrutinio institucional y llamados públicos a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración del equipo.La convocatoria a la asamblea de accionistas incluye, además, la presentación y aprobación de los estados financieros de 2025, el dictamen del revisor fiscal y el presupuesto para 2026, puntos que adquieren especial relevancia en medio del proceso de reorganización y de los cuestionamientos sobre el manejo financiero del club.
Llegar cuatro días antes de sus conciertos a Medellín le dejaron una nutrida agenda al puertorriqueño Bad Bunny, que se le vio visitando el restaurante Idílico en el sector Manila, de El Poblado, donde saludó a varios fanáticos que se acercaron para hablarle y grabar el encuentro.Allí llegó con gorra blanca, un buzo oscuro y gafas negras, y se le vio siendo amable con sus admiradores, pero su tour no pararía ahí. Así lo dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó que el artista, así como su equipo de trabajo, manifestaron su deseo de visitar el Museo de Antioquia.Pero también el boricua está detrás de la “casa” de las colecciones artísticas del maestro Fernando Botero, fallecido en 2023, que se ubica en frente de la plaza que lleva su mismo apellido y donde están las famosas gordas del artista paisa."Bad Bunny quiere ir al Museo de Antioquia, a las obras de Botero. Esa es Medellín, no la otra, lo que vienen otras personas. El maestro Botero, que ya no está con nosotros, es un gran referente. Saben que esta es la tierra del maestro Botero, saben la importancia del arte y de la cultura. Ese es el turismo que queremos estimular nosotros, la gastronomía. Bad Bunny ha estado en muchas zonas de la ciudad", indicó el mandatario.Por lo pronto y mientras se le ve siendo un turista más en Medellín, las tres fechas departe de su gira 'Debí tirar más fotos' en el estadio Atanasio Girardot, le dejarán a la capital antioqueña importantes beneficios en materia de turismo, entretenimiento, empleo y generación de ingresos: una derrama económica superior a $150.000 millones, más de 37 millones de dólares, gracias a la movilización de sectores como alojamiento, transporte, restaurantes, bares y comercio.Según la Alcaldía, la asistencia proyectada para los conciertos del artista puertorriqueño es de 141.000 personas, alrededor de 47.000 cada noche. Datos de los organizadores del espectáculo indican que, de los 100.000 visitantes que llegarán, el 77 % son turistas nacionales y el 23 %, internacionales. Además, de acuerdo con datos de Cotelco, la ocupación hotelera es del 94 %.
La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito confirmó que el programa Renhacemos, enfocado en la sustitución de cultivos ilícitos, ha alcanzado un hito significativo en el municipio de Argelia. Más de 1.100 familias han expresado su interés en abandonar los cultivos ilícitos y transitar hacia la producción lícita, con 787 familias ya inscritas y 498 siendo atendidas en la línea de café, en donde se han realizado:Transferencias monetarias condicionadas a 480 familias, con 347 terceros pagos y 91 cuartos pagos.231 jornadas de capacitación y asesoramiento (Ecas) y 323 muestras de suelo con 200 resultados.Además, se proyecta que las familias inscritas en café en Argelia producirán alrededor de 570 toneladas al año de café pergamino seco.Por parte de la infraestructura vial, se han iniciado estudios para generar los diseños de la construcción de 6 tramos viales en el municipio, proyectos que equivalen a más de 2.500 millones de pesos, en colaboración con las Juntas de Acción Comunal de Argelia Alta y del Plateado. Para la conectividad, MinTransporte realizará una ruta de transporte con Cootransmicay.La educación es parte fundamental, puesto que se van a establecer medidas que aporten al aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la región. El inmueble de la SAE, que se encuentra ubicado en Popayán, se convertirá en una vivienda estudiantil para las personas que salen de Argelia a continuar con sus estudios de educación superior. 160 personas que se encuentran vinculadas al programa de sustitución con el Sena y con la unidad solidaria están conformando los grupos de formación en asociatividad, cooperativismo y empresarialidad.Frente a la intervención en el territorio, se busca mejorar el bienestar y brindar oportunidades para la comunidad. 11 personas de El Plateado, gracias a la articulación con el Ministerio de Vivienda podrán mejorar el estado de su vivienda. Además, 20 productores del municipio de Argelia podrán acceder a nuevos mercados y adquirir nuevos ingresos debido al fortalecimiento en materia ambiental y productiva, proyecto que se conocerá como Negocio Verdes.
Tras una reunión en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), en el municipio de Villa del Rosario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, junto a los funcionarios de Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza, el personero municipal Óscar Eduardo Cabrales, y representantes de los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela, anunció la creación de una misión humanitaria que ingresará al vecino país con el propósito de verificar el estado de salud y las condiciones de detención de al menos 40 connacionales.La conformación de esta comisión se da luego de las protestas realizadas por los familiares de los detenidos en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, donde denunciaron que sus seres queridos fueron privados de la libertad de manera arbitraria por las autoridades venezolanas y exigieron su liberación inmediata.Frente a esta situación, el Gobierno colombiano anunció la activación de una misión humanitaria y definió varios compromisos concretos:El viceministro de Asuntos Multilaterales reiterará a la Canciller y al Presidente de la República la necesidad urgente de reunirse con los familiares de los detenidos.El jueves 16 de octubre se compartirá un borrador de la misión humanitaria con los familiares y demás actores del proceso, para establecer los canales de acción y difusión en territorio venezolano.Se promoverán contactos con los medios de comunicación para visibilizar la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante los últimos meses.Finalmente, se conformará una mesa técnica de trabajo con la participación de los familiares, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y miembros del Congreso, con el fin de hacer seguimiento a los avances y compromisos asumidos.Estos acuerdos fueron firmados el 12 de octubre de 2025 por 22 personas, entre ellas, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir, el personero Óscar Eduardo Cabrales, funcionarios de la Cancillería y los familiares de los colombianos retenidos en Venezuela.
Si bien, durante el pasado mes de septiembre, Barranquilla y su área metropolitana registró una significativa reducción de los homicidios, que estuvo por encima del 50% comparado con el mismo mes del 2024, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana (Mebar) enfatizó que solo el 17% de esta disminución se puede atribuir a la tregua que firmaron Digno Palomino, líder de la banda ‘Los Pepes’ y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de los ‘Costeños’.“Cuando empezamos a revisar los análisis de los avances investigativos, de las informaciones de inteligencia y comparamos las acciones delincuenciales que venían cometiendo estas estructuras, de lo que tenemos conocimiento para el mes de septiembre, podemos decir que se presentó una reducción del 17% que podría uno atribuirle a la tregua”.El oficial enfatizó que la reducción de las muertes violentas en su gran mayoría es atribuible al trabajo que se ha venido realizando desde las instituciones para combatir la delincuencia, a través del fortalecimiento de la capacidad operativa.El general Urrego recalcó que esa disminución del 55% para Barranquilla y 50% en la Metropolitana se debe al “trabajo sistemático, continuo mes a mes, que se ha venido realizando con todas estas estructuras desde que se empezó a fortalecer toda la capacidad institucional".Cifras entregadas por el comandante de la Mebar a inicios de septiembre señalaban, por ejemplo, que de los 100 sicarios detenidos en el último año, 93 fueron capturados y 7 neutralizados. Así mismo, 14 de esos sicarios están relacionados con 115 homicidios.El oficial también recordó que en toda el área metropolitana, además de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, delinquen más grupos como 'Los Papalópez' y el 'Clan del Golfo'.Precisamente el jueves pasado Barranquilla fue escenario de la primera mesa de trabajo entre funcionarios del Gobierno nacional vinculados a la Consejería Comisionada de Paz (CCP) como el comisionado Otty Patiño, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; alcaldes y representantes del área metropolitana; autoridades, gremios y academia en el marco de la fase exploratoria de los diálogos con las estructuras criminales de Los Pepes y Los Costeños, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla.Un día después, el alto Comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien se ha mantenido distante al pacto entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.
Tropas de la novena Brigada del Ejército Nacional capturaron a un hombre e incautaron 827 kilos de marihuana, avaluados en cerca de 500 millones de pesos en el mercado ilícito.El operativo fue desarrollado por soldados del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), durante un puesto de control en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila. En el lugar, las autoridades ordenaron detener un vehículo tipo furgón en el que fueron hallados múltiples paquetes con la sustancia ilegal.Según información de las autoridades, la acción golpea las finanzas de la estructura criminal Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Además, la incautación representa la salida del mercado de más de 1,6 millones de dosis de marihuana, evitando su distribución en redes internacionales de microtráfico y contribuyendo a la protección de la salud pública.“El resultado evidencia la efectividad y compromiso de nuestros soldados por debilitar de manera sostenida las finanzas y la capacidad logística de los grupos armados organizados residuales”, afirmó el teniente coronel Cristian Arturo, comandante del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza.El Ejército Nacional hace un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que atente contra la legalidad y tranquilidad en el país.
En el municipio de Villanueva, en el departamento del Casanare, entró en funcionamiento la planta de biomasa de madera más grande del país, lo que significa un paso más hacia la transición energética.Según explicó la empresa EDF Power Solutions y Refocosta, la planta cuenta con una capacidad instalada de 30 MW y generará más de 200 GWh de energía renovable y constante cada año, equivalente al consumo eléctrico de 175.000 colombianos, más de tres veces la población de este municipio.Además, gracias a su operación, se logrará una reducción potencial de alrededor de 70.000 toneladas de CO₂ por año. Este proyecto incluyó la contratación de mano de obra local en cerca de un 90 %, y cerca de la mitad de los trabajadores hacen parte también de la fase de operación.La iniciativa también incluye proyectos de cosechas de agua, una construcción de puntos de recolección para almacenar agua en época de lluvias y disponer de ella en temporada seca, protegiendo las reservas subterráneas y garantizando un acceso más seguro al recurso hídrico para las comunidades.
Las autoridades investigan el asesinato de una familia dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, norte del Tolima, ocurrido durante la noche del viernes 23 de enero de 2026, un hecho que llamó la atención por las circunstancias en las que dos menores no se encontraban en el lugar.Según información preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron de forma violenta a la casa ubicada en el barrio Resurgir durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes dormían en sus habitaciones. Cuando la Policía llegó al lugar tras el aviso de vecinos que escucharon los múltiples disparos, encontró a tres personas heridas. Aunque se intentó trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de las heridas de bala sufridas. Las autoridades identificaron a los fallecidos como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; su esposa, Marta Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años, todos integrantes de la misma familia. La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió la investigación del caso. Equipos especializados adelantaron labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos y responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas implicadas ni la ruta de escape utilizada por los agresores, aunque se presume que contaron con apoyo externo para planear y ejecutar el ataque sin ser interceptados. Entre las hipótesis que se manejan se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y se mantiene como parte de las líneas de investigación iniciales. Un dato clave que surgió durante las indagaciones es que dos menores de edad que también vivían en la vivienda no estaban presentes al momento del ataque, ya que se encontraban en otro lugar acompañados por compañeros de colegio, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.El caso motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda por parte de las autoridades en distintos sectores del municipio y zonas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.
En entrevista exclusiva con Blu Radio, el alcalde del municipio de Vistahermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que los combates presentados recientemente entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, han dejado un saldo de dos muertos y tres desaparecidos. Estos enfrentamientos se vienen produciendo desde el día de ayer en la vereda Laurel, sector de La Cooperativa en zona rural de Vistahermosa.“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde.Gómez también confirmó que, para protegerse de los ataques del Ejército, las disidencias están utilizando a la población civil como escudo humano. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”.El alcalde le solicitó al Gobierno Nacional ayuda para que estos combates donde se está afectando la población civil cesen, y también confirmó que la comunidad se encuentra encerrada en sus casas. “Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”.
En medio de la guerra arancelaria iniciada por Ecuador al imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta de X, que el Gobierno está abierto a reunirse con Ecuador, con la condición de analizar una política bilateral para el control de los puertos marítimos.“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, aseguró el mandatario.Petro afirmó que la prioridad de Colombia ha sido la seguridad en la frontera y en los puertos, y recordó que se han capturado varios líderes de grupos criminales ecuatorianos. El presidente indicó que el crecimiento de las rutas de la cocaína por los puertos genera un problema de contrabando que puede desencadenar un dilema aún peor en términos de transporte hacia Estados Unidos.En este sentido, Petro informó sobre la instalación de un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, Nariño, para detectar rutas aéreas de contrabando. De acuerdo con el mandatario, en su reunión con la delegada del Gobierno ecuatoriano, durante la inauguración del Centro de Coordinación de Inteligencias en Manaos, Ecuador aceptó la política “antimafiosa” que él propuso.La condición del presidente se conoce luego de que Ecuador informara este viernes, 23 de enero, que no podrá asistir a la reunión planteada por Colombia por compromisos con una misión de seguridad extranjera.
En Arauca, las autoridades lograron la captura de Brayan Esmit López, alias 'Guacho', integrante de las disidencias de las Farc, señalado de participar en el brutal asesinato de un líder comunal.Los hechos se registraron el 19 de mayo de 2024 en la zona rural del municipio de Tame. Según las investigaciones, alias 'Guacho' y varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de José Ricardo Calderón, líder comunitario y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes. Los delincuentes se movilizaban en dos camionetas, una gris y otra negra, y sin permiso sacaron a la fuerza al líder comunal de su hogar. Durante el traslado, le propinaron múltiples disparos que acabaron con su vida.El cuerpo del líder fue hallado aproximadamente una hora después por su esposa y otros familiares, en una carretera cercana, dejando conmocionada a toda la comunidad. Según las autoridades, el tesorero podría haber sido atacado por haber suministrado información sobre la presencia de este grupo armado ilegal en la región, una acción que habría desatado la represalia.Tras su captura, alias Guacho fue presentado ante un juez por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación. Se le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos agravados. Aunque no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.Este caso evidencia la amenaza que siguen representando las disidencias de las Farc en Arauca, un departamento que ha sido escenario de múltiples actos violentos en los últimos años. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso de proteger a los líderes comunitarios, garantizar la seguridad en las zonas rurales y desmantelar las estructuras criminales que afectan la convivencia y los derechos de los habitantes.
La confirmación de que los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo se encuentran en Medicina Legal fue calificada como un hecho histórico para el país. Así lo aseguró en diálogo con Noticias de la Mañana el profesor Rodrigo Torrejano, investigador y especialista en memorias colectivas.Según explicó Torrejano, la aparición de los restos de Camilo Torres tiene un significado profundo al tratarse de una figura emblemática de la historia política, académica y social de Colombia, y porque su muerte estuvo rodeada durante décadas por la incertidumbre propia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado.Para el investigador, el hallazgo de los restos representa un avance en la construcción de verdad, al estar directamente ligado a hechos del conflicto armado y al accionar del Estado en una época marcada por la violencia política.“Permite que la ciudadanía y la comunidad universitaria se reencuentren alrededor de su figura y reflexionen sobre las implicaciones de la violencia, las resistencias y los impactos del conflicto”, señaló Torrejano.Más que el relato del “cura guerrillero”El profesor insistió en que la figura de Camilo Torres ha sido reducida durante años al relato del “cura guerrillero”, desconociendo su aporte académico y social. Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, profesor capellán y una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales en el país.Además, participó en procesos fundamentales como la creación de Juntas de Acción Comunal, impulsó debates sobre la reforma agraria desde el INCORA, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y promovió, junto a Orlando Fals Borda, una visión de la academia comprometida con la transformación social.¿Qué pasará con los restos de Camilo Torres?Torrejano explicó que existe la posibilidad de que los restos de Camilo Torres reposen en la Universidad Nacional, donde ya existen espacios de memoria dedicados a su figura. En la capilla Cristo Rey reposan actualmente los restos de Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, y desde los años 70 hay una urna simbólica dedicada a Camilo Torres.De acuerdo con su investigación, dentro del campus universitario existen al menos 14 lugares de memoria que recuerdan a Camilo Torres, lo que convertiría su eventual sepultura en la universidad en un espacio para el debate, la reflexión y la construcción de paz.“Sería una oportunidad para que la comunidad universitaria dialogue sobre la violencia y la necesidad de transformaciones sociales profundas, algo en lo que Camilo siempre insistió”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Total rechazo e indignación causó en el municipio de Algeciras, Huila, el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán, hallado con impactos de arma de fuego al interior del establo para el ganado, en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santuario de esa localidad.Según información suministrada de manera oficial, la víctima, quien ejercía su función como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en esa jurisdicción rural de Algeciras, salió de su casa a cumplir con sus labores de ordeño y horas después fue encontrado sin vida por sus familiares.El personero de Algeciras, Raúl Forero, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación por el asesinato del dirigente comunitario y por los recientes hechos de violencia que se han registrado en ese municipio del departamento.“Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo”, relató el personero municipal.Entre tanto, las autoridades del orden departamental adelantaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar y tomar acciones urgentes frente a estos hechos de violencia que han afectado no solo al municipio, sino también a otras regiones del Huila.De acuerdo con datos oficiales, en Algeciras, Huila, se contabilizan cuatro homicidios en lo que va del mes de enero de 2026, y el más reciente caso ocurrió en la vereda Las Morras, donde un firmante de paz fue atacado por hombres armados y permanece en estado grave en un centro asistencial de Neiva, mientras que su esposa murió en el lugar tras ser impactada por varios disparos. No obstante, en el Huila va un registro de 40 asesinatos este año, en diferentes circunstancias.A propósito, según información oficial, un hombre identificado como Luis Vargas Zapata fue ultimado con arma de fuego en jurisdicción del centro poblado de Pacarní, en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento.
En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.