El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas 24 horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
En Chocó, 18 militares fueron secuestrados por la comunidad, en zona rural de El Carmen de Atrato. Las tropas adelantaban operaciones de seguridad en la zona rural. El ministro de Defensa, Pedro Sanchéz, rechazó el secuestro.Sobre el secuestroLo que comenzó como una asonada, donde participaron 200 personas de una comunidad indígena del resguardo La Puria, terminó en el secuestro de 18 militares, 2 suboficiales, 16 soldados, que fueron rodeados por todos lados, en zona rural del Carmen de Atrato.Los militares que adelantan operaciones en contra de la guerrilla del ELN, en el departamento de Chocó, fueron obligados a trasladarse hasta un resguardo indígena en donde los mantienen a esta hora.Todo comenzó, según un comunicado del resguardo, porque una mujer y sus dos hijos que iban hacer actividades de pancoger, por parte de la fuerza pública, llegaron en shock y llanto al centro de la comunidad.De inmediato, reaccionó la guardia indígena Enríque Arcw, que insistió que no hay secuestro y que no van a permitir la presencia de ningún grupo armado, legal o ilegal, dentro de sus límites territoriales.El Ejército Nacional rechazó enfáticamente estas acciones, la retención de los militares, señalando que vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Y se advierte que sería en retaliación por 7 acciones contra el ELN, que instrumentaliza a la población.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta en X fue enfático en señalar que: “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.Advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades.Los líderes de la comunidad indígena La Puría, dieron a conocer un video donde se ve a los militares, en buen estado, eso sí sin fusiles, armamentos, ya se espera se avance en una mesa de diálogo.La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que esta mañana habrá un consejo de seguridad con altos mendoza militares y de Policía, donde se pidió la presencia de los ministros del Interior Armando Benedetti y el de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez.
El llamado 'caso Epstein' ha tenido en 2025 varios episodios convulsos, tras conocerse nuevas revelaciones que han puesto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el centro de la polémica y que han salpicado incluso a la monarquía británica, al haber obligado al rey Carlos III a despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe.Los correos del pederasta Jeffrey Epstein, divulgados por congresistas demócratas, revelaron que Trump conocía sus crímenes y que, además, había pasado “horas” con una de las víctimas.Una serie de batallas judiciales y una prolongada tensión legislativa mantuvo a la Casa Blanca bajo presión, hasta que la Cámara de Representantes logró los 218 votos necesarios el 18 de noviembre para aprobar una ley que obliga a publicar los archivos del pederasta de forma íntegra.Desgastado por haber perdido las elecciones de Nueva York, los comicios locales más importantes del año, junto a la bajada de popularidad por el cierre de Gobierno más largo de la historia, Trump decidió permitir la liberación de los archivos, que han quedado ahora en manos del Departamento de Justicia.Sin embargo, aún no existe certeza del mecanismo para publicarlos o si serán publicados sin reserva.La tensión por los posibles alcances de la implicación del mandatario republicano en los archivos provocaron fisuras en el mundo MAGA. Prueba de ello es el distanciamiento con la representante del estado de Georgia Marjorie Taylor Green -antaño una ferviente defensora de Trump-, quien dimitió de su cargo y optó por respaldar a las víctimas del caso Epstein en medio de ataques contra ella del propio presidente.Los más de 20.000 correos divulgados en octubre salpicaron a varias figuras públicas y políticas estadounidenses, entre ellos Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard University, quien se vio obligado a renunciar a su puesto de profesor en la universidad tras revelarse que había mantenido correspondencia con Epstein sobre asuntos personales y sociales.También figuran en la lista de amigos citados por Epstein el magnate tecnológico Peter Thiel; Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca e ideólogo del mundo MAGA; el multimillonario Elon Musk y otros ejecutivos y donantes prominentes que aparecen en los archivos como parte de la red de relaciones sociales y políticas de Epstein.Sacudida en la Casa Real británicaLa onda expansiva de los correos de Epstein llegó hasta el otro lado del Atlántico cuando aparecieron las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que muchos años atrás había asegurado que el príncipe Andrés había abusado de ella siendo todavía menor de edad, tras haber sido 'prestada' por Epstein, quien también la había violado repetidamente.En estas memorias, tituladas 'Nobody's Girl' (Chica de nadie), Giuffre relata con lujo de detalles las tres veces en que Andrés la violó, en lugares diferentes, una de ellas en medio de una orgía donde ella estaba rodeada de chicas extranjeras aparentemente menores y que apenas sabían hablar inglés.Andrés había negado repetidamente el relato de Giuffre, pero el hecho de que ya en 2019 hubiera renunciado a sus títulos reales y de haber acordado en 2022 un arreglo millonario con Giuffre -se habló de 12 millones de euros- hacían dudar de la honestidad del príncipe.Las memorias, aparecidas tras el suicidio de Giuffre y en medio de una ola internacional de compasión por la mujer, pusieron de nuevo al príncipe en la picota y el propio rey Carlos, harto de que su hermano siguiera contemporizando, tomó en octubre de 2025 una decisión inédita: quitó a su hermano el último título de 'príncipe' y le ordenó salir de la mansión que ocupaba en las propiedades de la Corona y por las que pagaba un simbólico grano de pimienta.El príncipe destronado pasará a ser conocido como Andrés Mounbatten-Windsor. Ese nuevo guion entre sus apellidos, de reminiscencias aristocráticas, parece haber sido la última concesión del rey Carlos a su hermano díscolo, el favorito de su madre y que con su conducta ponía sistemáticamente en apuros a una monarquía que cuenta aún con el favor del pueblo, pero sin el fervor que despertaba la reina Isabel.
La movilidad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana podría cambiar en plena temporada decembrina. Esta semana, las autoridades de tránsito darán a conocer si se suspende de manera temporal el pico y placa para facilitar los desplazamientos durante Navidad y fin de año.La medida, que cada año genera expectativa entre conductores y comerciantes, está siendo evaluada con base en estudios técnicos adelantados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. El objetivo es determinar si es viable levantar la restricción sin afectar la seguridad vial, en un mes históricamente complejo por el aumento del flujo vehicular y la accidentalidad.El antecedente inmediato deja decisiones divididas. Durante las fiestas decembrinas del año pasado, Bucaramanga mantuvo el pico y placa, mientras que en Girón las autoridades optaron por suspenderlo de manera temporal. No obstante, este año ya hubo un precedente de consenso regional: en Semana Santa, los cuatro municipios del área metropolitana acordaron levantar la medida, permitiendo la libre circulación de residentes y visitantes sin riesgo de sanciones.De cara a la temporada de compras, eventos y turismo local, propietarios de vehículos particulares han solicitado que la restricción entre en pausa para facilitar los recorridos por la ciudad y los municipios vecinos.Sobre el tema, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, confirmó que la decisión se conocerá en los próximos días. “Se adelantó un análisis técnico sobre la conveniencia de levantar provisionalmente el pico y placa en esta temporada navideña y esta semana se comunicará una decisión”, señaló.El funcionario advirtió, sin embargo, que diciembre es el mes más crítico en materia de seguridad vial. “Es el mes con mayor accidentalidad y más muertes, por lo que debemos estar más atentos. Dependiendo de cómo se comporte la movilidad en el territorio, tomaremos la decisión correspondiente”, explicó.Independientemente de la determinación final, las autoridades anunciaron un refuerzo en los operativos de control, con puestos de alcoholemia y personal destinado a descongestionar los puntos más críticos de la movilidad, con el fin de garantizar desplazamientos más seguros durante las celebraciones de fin de año.
En una operación conjunta realizada por tropas del Ejército y unidades de la Policía en zona rural de La Plata, Huila, las autoridades lograron el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas desde el pasado 17 de octubre. El operativo, desarrollado tras semanas de seguimiento, permitió ubicar el punto donde los retenidos estaban custodiados por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.Según fuentes oficiales, las víctimas fueron encontradas en condiciones de cautiverio extremo: permanecían amarradas con cadenas en el cuello y vigiladas permanentemente por hombres armados del grupo criminal. Los secuestradores exigían una suma de $5.000 millones por permitir su liberación. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, se trataba de un grupo de empresarios del departamento de Antioquia, por quienes incluso ya se había pagado parte de una millonaria exigencia.Durante el operativo fueron capturados dos miembros de las disidencias, uno de ellos señalado de participar en un atentado contra una estación de Policía en una zona cercana. Asimismo, fue recuperado un menor de edad que permanecía en manos del mismo grupo armado y que estaba siendo utilizado para labores de apoyo dentro del campamento.Las autoridades indicaron que la ubicación del sitio de cautiverio fue posible gracias a labores de inteligencia y al despliegue de unidades especializadas que lograron cerrar el cerco sobre los responsables. Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y acompañamiento psicológico.
El director de la Policía, general William Rincón, se pronunció en Noticias Caracol frente a los cuestionamientos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien lamentó que la Dijín no hubiera actuado con urgencia ni solicitado apoyo oportuno en la revisión de los elementos incautados a la caravana de camionetas en la que se movilizaba alias ‘Calarca’, jefe de las disidencias, junto a otros hombres armados y con dinero en efectivo, donde, además, se alojaba información que daría evidencia de una supuesta infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares.El general Rincón aseguró que, según la información que recibió, todos los equipos decomisados, computadores, celulares y memorias, fueron puestos en custodia siguiendo los protocolos establecidos.El general Rincón explicó que las evidencias estuvieron bajo reserva, con la trazabilidad correspondiente y el debido cuidado, como exigen los procedimientos internos. De acuerdo con lo que le informó la unidad investigativa, entre octubre de 2024 y junio de 2025 fueron entregados seis informes al despacho de la fiscal especializada que había emitido la orden de policía judicial. Cada uno de estos documentos, dijo, fue remitido de manera exclusiva a la funcionaria a cargo del caso.Le puede interesar: Detalles de suspensión de Procuraduría a Huertas y Mejía por escándalo de alias ‘Calarcá’Ante la pregunta sobre si la responsabilidad señalada por la Fiscalía hacia la Dijín era injusta, el director de la Policía evitó confrontaciones directas y sostuvo que no atribuía culpas a ninguna de las dos instituciones. “No se puede culpar hasta no tener certeza”, afirmó, insistiendo en que lo fundamental es revisar con detalle las pruebas y establecer qué ocurrió con la información después de su entrega al ente investigador.El general Rincón también respondió a la inquietud sobre la aparente contradicción entre lo dicho por la Fiscalía y la existencia de seis informes técnicos entregados meses atrás. Sin referirse de manera directa a la jefa del ente acusador, reiteró que no entrará “jamás en controversia” con la institución, a la que calificó como “el mejor aliado” de la Policía. Subrayó que los uniformados son auxiliares de las investigaciones y que mantener una relación articulada con la Fiscalía es esencial tanto para el funcionamiento institucional como para el país.“Hay unos informes, esos informes se entregaron en forma exclusiva y están en manos de una fiscal; queremos observar qué pasó después de eso”, concluyó. Mientras avanza la revisión detallada de los documentos y la actuación de cada entidad, el caso sigue generando tensiones institucionales alrededor de la información hallada en los dispositivos que acompañaban al jefe disidente en la carretera de Antioquia.
La revista británica The Economist publicó un análisis detallado sobre la rápida expansión del uso de drones por parte de grupos armados en Colombia, en un fenómeno que describe como la más reciente transformación de la guerra criminal en América Latina. El medio señala que esta tecnología —hasta hace poco limitada a tareas de vigilancia o contrabando— ha entrado de lleno en la ofensiva armada y ha cambiado la manera en que las organizaciones ilegales ejercen presión territorial y militar.Según The Economist, la presencia de esta tecnología marca un punto de inflexión: “Drone warfare has come to Colombia”. El artículo explica que, en cuestión de meses, las fuerzas de seguridad han sido blanco de múltiples ataques con drones por parte de al menos media docena de bandas narcotraficantes y grupos insurgentes que continúan activos tras más de seis décadas de conflicto interno.Primera fase: contrabando y vigilanciaEl uso de drones no es completamente nuevo dentro del conflicto colombiano. Conforme al análisis del diario británico, "Las facciones armadas en Colombia llevan casi una década utilizando drones. El Clan del Golfo, por ejemplo, habría empezado a emplearlos para operaciones de contrabando en 2016. Dos años después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría adoptado estos equipos principalmente para vigilancia.No obstante, The Economist advierte que el punto de quiebre llegó en 2023, cuando las organizaciones criminales empezaron a utilizar drones con capacidad ofensiva. En ese año se registró la primera víctima mortal en Colombia causada por un artefacto explosivo lanzado desde un dron, un niño de diez años que se encontraba en un campo de fútbol.La expansión de los ataquesEl reporte del medio incluye cifras de ACLED, una organización internacional dedicada al análisis de conflictos. De acuerdo con esos datos, “Más de 80 ataques con drones en Colombia por parte de grupos no estatales” se han registrado solo en 2025, una cifra muy superior a los ataques documentados durante 2024. El crecimiento es tan acelerado que, según la publicación, los bombardeos tradicionales realizados por las fuerzas militares ahora son superados ampliamente por los ataques con drones perpetrados por bandas y milicias ilegales.Drones como herramienta ofensivaEntre los casos documentados por The Economist, se menciona un ataque ocurrido en julio, cuando una facción disidente de las FARC impactó un bote patrullero de la Armada con un dron FPV, un dispositivo manejado en primera persona que se dirige directamente contra el objetivo. Según la publicación, fue “one of the first uses of an FPV drone in Colombia”.El artículo también detalla ofensivas del ELN en regiones como Catatumbo y Cauca, donde se han registrado ataques con explosivos lanzados desde el aire. En uno de ellos, un video citado por el medio muestra a soldados dispersándose al detectar la caída de un proyectil.La influencia de la guerra en UcraniaUno de los elementos más relevantes destacados por The Economist es la relación entre este fenómeno y la guerra en Ucrania. El diario señala que “La aparición de videos de ese conflicto marcó un hito”, al mostrar a grupos latinoamericanos lo que podía lograrse con drones modificados.Además, el análisis indica que miles de combatientes colombianos se han desplazado a Ucrania como mercenarios, algunos de ellos integrándose a la legión extranjera para recibir entrenamiento especializado en manejo de drones. Según el medio, varios regresan al país con conocimientos avanzados que luego son aprovechados por organizaciones criminales.Respuesta del EstadoAnte este panorama, el Gobierno colombiano ha comenzado a implementar medidas para contrarrestar la amenaza. The Economist reporta que el país invirtió 25 millones de dólares en equipos inhibidores de señal y que una empresa estatal desarrolló el primer dron ofensivo de fabricación nacional, llamado Dragom. Asimismo, la Fuerza Aérea creó su propia unidad de drones.Sin embargo, el diario advierte que estas estrategias tienen limitaciones. En un territorio tan fragmentado como el colombiano, el uso de inhibidores podría afectar las comunicaciones de civiles, lo que dificulta una implementación amplia y efectiva.El riesgo regionalPor último, The Economist destaca que este fenómeno ya no es exclusivo de Colombia. El medio afirma que “Los drones armados se están extendiendo más allá de Colombia”, con incidentes recientes reportados en Ecuador y Brasil.
Un video que circula en redes sociales muestra los angustiosos segundos posteriores al ataque contra el teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional asesinado este jueves en Popayán, Cauca. En las imágenes se observa el vehículo blanco en el que se movilizaba el oficial sobre un andén, mientras varios uniformados y ciudadanos lo extraen para llevarlo de urgencia a un centro asistencial.En los vidrios del carro se aprecian los impactos por donde habrían ingresado los disparos.Según informó el Ejército, el oficial, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico, se dirigía a su residencia cuando fue interceptado por sicarios que le dispararon “de manera indiscriminada”. Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Popayán, murió debido a la gravedad de las heridas.El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como “un crimen de guerra” y aseguró que pidió un informe sobre las condiciones de seguridad del oficial en sus desplazamientos. Tras el ataque, tropas del Ejército y unidades de Policía activaron protocolos de reacción y reforzaron la seguridad en la zona.La institución señaló que este crimen “es una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad de la región”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar a los responsables.Ofrecen hasta $230 millones en recompensasTras un consejo de seguridad extraordinario, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar a los autores del crimen.“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.La Alcaldía de Popayán también se sumó a la búsqueda ofreciendo $30 millones adicionales, al rechazar el asesinato ocurrido cerca de las casas fiscales del sector La Toscana, zona residencial próxima a instalaciones militares.Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con el trabajo del oficial en la lucha contra el narcotráfico, en un departamento marcado por la fuerte presencia de disidencias de las FARC, células del ELN y organizaciones dedicadas al control de economías ilegales.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves la caída de ceniza en varias veredas del municipio de Puracé, en el Cauca, debido a emisiones del volcán Puracé, que continúa en estado de alerta Amarilla y presenta actividad sísmica superficial bajo su cráter.Según el reporte, durante este jueves 27 de noviembre se recibieron avisos de precipitación de ceniza en sectores como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío, así como en la cabecera municipal de Coconuco, ubicada al occidente del edificio volcánico. La dispersión del material ha estado influenciada por las condiciones del viento durante la jornada.El SGC explicó que el fenómeno está relacionado con emisiones persistentes de gases y ceniza, acompañadas de sismicidad asociada al movimiento de fluidos en zonas superficiales. La entidad recordó que, en alerta amarilla, es esperable la presencia de “incandescencias, pequeñas explosiones, anomalías térmicas, ruidos, olores a azufre, grietas y lahares menores, además de desgasificación en áreas distintas al cráter”.Aumento de actividad en días recientesEl 25 de noviembre, el SGC ya había advertido un incremento en los eventos sísmicos del Puracé, particularmente señales tipo Tremor y Largo Periodo registradas a menos de un kilómetro de profundidad. Ese día también se observaron columnas de gases que alcanzaron hasta 1,6 kilómetros de altura, con dispersión hacia el suroccidente, acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza.El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y se ubica cerca de Popayán, capital del Cauca.Recomendaciones oficialesFrente a la actividad actual, el SGC recomendó no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atento a los boletines extraordinarios emitidos por la entidad. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Las autoridades reiteraron que, aunque la alerta amarilla no implica una erupción inminente, sí exige vigilancia permanente y cumplimiento de las medidas de prevención en las zonas cercanas.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.