Con arengas y pancartas, alrededor de 400 empleados de una IPS en Neiva adelantaron un plantón exigiendo a la Nueva EPS que gire los recursos a la entidad prestadora de salud, quienes llevan cinco meses sin recibir sus honorarios y demás prestaciones como trabajadores.En diálogo con Blu Radio, la fisioterapeuta Alison Valencia dijo que desde hace un año se han presentado dificultades en los pagos de la Nueva EPS con la IPS que brinda sus servicios de fisioterapia y agregó que desde hace cinco meses no reciben el pago de sus salarios, situación que los ha obligado a suspender los servicios como profesionales de la salud.“Es injusto que en plena fecha de Navidad ,quienes venimos trabajando todo el año y todos los días, nosotros le brindemos todos los servicios a nuestros pacientes y la EPS no responda con los recursos económicos, por eso entramos en protesta. Desde el día de hoy suspendimos parcialmente nuestros servicios, pero si no hay una solución urgente, la decisión que tomaría la IPS es cerrar los servicios para todos los usuarios y son más de 1.500 usuarios afectados en todo el Huila”, advirtió la trabajadora profesional.De acuerdo con la profesional de la Salud, Alison Valencia, la IPS Fisiohome presta sus servicios especializados en Neiva y en todo el departamento del Huila, donde laboran fisioterapeutas, psicólogos, médicos generales y administrativos, entidad que depende del flujo de recursos por parte de las EPS a las que están afiliados sus pacientes.Blu Radio también habló con Tania Marcela Tovar, madre de un niño con autismo y expresó que, con esta protesta de los trabajadores de la salud, se afectan al menos 150 pacientes menores de edad que reciben terapia en todas las especialidades en la IPS Fisiohome.“Yo tengo un hijo que debe recibir como control de terapias constantes, hoy vine a control con mi niño y me encontré que los fisioterapeutas no están trabajando porque les deben varios meses de salarios y eso para nosotros como usuarios y pacientes es bastante preocupante” dijo con angustia la madre de familia.A raíz de la protesta y del cese de labores de los profesionales de la salud de la IPS especializada en fisioterapia, se han visto afectados al menos 150 niños en su mayoría con autismo y otras enfermedades que deben recibir terapias permanentes, expresaron con preocupación algunos padres de familia y pacientes.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
Muchos hogares en Colombia dependen, en buena medida, del Sisbén. No es una exageración: los subsidios y apoyos en salud que se asignan a través de este sistema alivian el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, un trámite que suele pasarse por alto podría obligar a más de uno a pensarlo dos veces, ya que una información desactualizada puede significar la pérdida de ayudas económicas clave.El Sisbén no entrega dinero de manera directa, pero sí funciona como la principal puerta de entrada a los programas sociales del Estado. A través de una encuesta estandarizada, el sistema clasifica a los hogares según sus condiciones socioeconómicas, lo que permite identificar quiénes necesitan mayor apoyo y priorizar la inversión social.Esa información es utilizada principalmente por Prosperidad Social para focalizar programas de transferencias monetarias, subsidios y otros beneficios. Por esta razón, cualquier dato que no refleje la realidad actual del hogar puede generar inconsistencias en la clasificación y afectar la continuidad de las ayudas. En la práctica, no actualizar el Sisbén equivale a quedar mal ubicado dentro del sistema.Actualizar el Sisbén: un trámite clave para no perder subsidiosLa actualización de los datos del Sisbén es obligatoria cuando se presentan cambios relevantes en el hogar. No se trata de un proceso automático ni opcional. Entre las situaciones más comunes que deben reportarse se encuentran:Cambio de residencia o mudanza a otro municipio.Ingreso o retiro de integrantes del hogar.Variaciones en la situación laboral, como conseguir empleo o perderlo.Cambios en los ingresos mensuales.Modificaciones en las condiciones de la vivienda o en el acceso a servicios públicos.Cualquiera de estas novedades puede alterar el grupo asignado en el Sisbén. Si la información no se actualiza a tiempo, el sistema puede reflejar una realidad que ya no existe, lo que pone en riesgo el acceso a subsidios actuales o futuros.El trámite puede realizarse de forma virtual, a través de los canales oficiales del Sisbén, o de manera presencial en los puntos de atención definidos por cada alcaldía. En ambos casos, es fundamental suministrar datos veraces y completos, ya que estos son verificados antes de asignar o modificar la clasificación.Sisbén IV: cómo funciona la clasificación y por qué importaEl Sisbén IV organiza a los hogares en cuatro grandes grupos: A, B, C y D. Esta clasificación se construye a partir de variables como las condiciones de la vivienda, el nivel educativo, la situación laboral, los ingresos y el acceso a servicios públicos, entre otros indicadores sociales.Grupo A: hogares en situación de pobreza extrema.Grupo B: hogares en pobreza moderada.Grupo C: población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza.Grupo D: personas que no se consideran pobres ni vulnerables.Cada grupo cuenta con subcategorías que permiten una segmentación más precisa. En general, los hogares ubicados en los grupos A y B tienen prioridad en los programas de Prosperidad Social, debido a sus mayores carencias económicas.Desde el Gobierno se ha insistido en que no actualizar el Sisbén puede derivar en la suspensión o pérdida de beneficios. Por eso, revisar periódicamente la información y reportar cualquier cambio se ha convertido en una tarea indispensable para no quedar por fuera de los apoyos del Estado.
Tras una reunión informal de los 9 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional, los togados determinaron que sí estudiarán el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, una vez retomen labores luego de la vacancia judicial, es decir, hasta el 13 de enero del próximo año.Mediante un comunicado, la Corte Constitucional explicó que este control debe ejercerse conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Constitución y en las normas que regulan la administración de justicia, garantizando principios como el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de audiencia.En ese sentido, el alto tribunal precisó que, durante la vacancia judicial, deben respetarse las reglas legales que regulan las situaciones administrativas de los servidores judiciales, lo que genera un efecto operativo que solo puede restablecerse legalmente una vez concluya dicho receso, es decir, el próximo año.Como antecedente, la Corte citó el caso del Estado de Emergencia declarado en diciembre de 2009, cuyo decreto fue estudiado por el alto tribunal una vez se retomaron las labores judiciales en enero de 2010.Con esta decisión, la Corte Constitucional dejó para el 2026 el conocimiento de este caso y asimismo se hará el reparto por sorteo que corresponde para conocer a qué magistrado le corresponde ser ponente.
Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 22 de diciembre en una de las vías más transitadas de Antioquia, luego de que un bus de transporte intermunicipal se precipitara a un abismo en el corredor que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el siniestro ocurrió tras una colisión entre el bus y un furgón. Como consecuencia del impacto, el vehículo de pasajeros perdió el control y terminó rodando por un barranco. En el bus se movilizaban cerca de 25 personas, que se desplazaban desde el municipio de Rionegro hacia la capital antioqueña.Organismos de socorro llegaron rápidamente al lugar y activaron los protocolos de atención de emergencias. El balance oficial da cuenta de 12 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para su valoración médica. Entre los heridos también se encuentra una persona que estaba dentro de una vivienda contra la cual terminó estrellándose el bus tras la caída. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales.El accidente obligó al cierre total de la vía durante varias horas, mientras se adelantaban las labores de rescate, atención a los lesionados y extracción del vehículo siniestrado. Las autoridades de movilidad recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se normalizaba el tránsito en el sector.Sobre la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en la red social X que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. “Las labores de rescate y extracción del bus continúan en el sector. Seguimos articulados con todos los organismos de emergencia y atentos a la evolución de los pacientes”, señaló el mandatario.En redes sociales comenzó a circular un video que captó el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo un camión toma una curva y, segundos después, el bus que venía detrás pierde estabilidad al girar, se sale de la calzada y cae al vacío. Tras el impacto, varias personas que se encontraban cerca reaccionan con gritos y tratan de auxiliar a los pasajeros.El vehículo involucrado pertenece a la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A., compañía que presta servicios de transporte en las modalidades intermunicipal, municipal y especial.
Donald Trump, definió este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.Trump pronunció estas palabras en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, en la que calificó a Petro como "nuevo líder de Colombia" pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país."Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento.El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EE.UU."Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido", afirmó Trump.Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que EE.UU. construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como "Clase Trump".El anuncio sobre estos nuevos navíos de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada "flota fantasma" y la industria del crudo, la principal del país caribeño.Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegado en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una contundente maniobra de presión para tratar de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
Año tras año las cifras de entretenimiento en Colombia van creciendo, demostrando que esta industria llegó a tomar un protagonismo difícil de superar. Ejemplo de ello fue el reciente reporte del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas que demostró que los conciertos generando ganancias de más de 90.000 millones de pesos.Una cifra impresionante entre enero y noviembre de 2025. Pero esto no es casualidad, pues este año llegó el Vive Claro al país, otro escenario que llegó a competir fuerte en el mercado con artistas de talla mundial y cifras de miles de millones de pesos.Gracias a esto también, según el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, Bogotá fue la ciudad que lideró como las que más dinero generó con los conciertos con un recaudo de $50.280 millones, seguida de Medellín, $19.233 millones, y Cali, $6.286 millones.¿Cuáles son los conciertos que más dinero generaron en 2025?Para sorpresa de muchos, el concierto que más dinero generó este 2025 ni siquiera se ha realizad, eso sí, se encuentra ad-portas de llevarse a cabo y se trata de Bad Bunny y sus tres fechas en Medellín con recaudo de 6.853 millones de pesos, seguido por Shakira en Cali con 3.304 millones de pesos y del Festival Estéreo Picnic en Bogotá con $2.433 millones. Lo curioso, todos eventos organizados por Páramo Presenta.El ‘Conejo Malo’ se presentará el 23, 24 y 25 en el Atanasio Girardot de Medellín y, aún sin llevarse a cabo, ha dado cifras astronómicas en la industria y en el turismo local, pues varios hoteles han tenido que poner el cartel de lleno para estas fechas ante el incremento de la demanda para ese fin de semana en la capital de Antioquia.Esta tendencia no parece que se detenga en 2026 y se espera que las cifras sigan creciendo con el paso de los meses.
Uno de los puntos claves de la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral al sancionar a los directivos y partidos de la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes, omisión de reporte de gastos y financiación con fuentes prohibidas, es el impacto que genera en otras investigaciones que se adelantan en otros estamentos por estas irregularidades ya comprobadas por la autoridad administrativa.Además de las sanciones y multas económicas que se tomaron en contra del exgerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aidée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica; en la resolución adoptada, el CNE ordenó también compulsar copias a la Fiscalía para investigar directamente a Roa en calidad de responsable de la campaña, “frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”.Lo cierto es que la investigación en contra del exgerente de la campaña ya lleva varios meses siendo adelantada en su etapa preliminar desde mediados de 2023 por el fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa, en contra de las personas no aforadas en el caso de presunta financiación ilegal e irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, entre ellos Roa.Ardila Espinosa ha adelantado varias diligencias, entre ellas búsquedas selectivas en bases de datos, diligencias en la sede del Pacto Histórico, declaraciones de varias personas relacionadas con la campaña, entre otros.Sin embargo, según fuentes consultadas por BLU Radio, a pesar de los avances realizados por el fiscal Ardila Espinosa, la investigación se ha ralentizado; entre otros factores, por una reestructuración en la entidad adelantada por la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, así como otros cambios internos por la coyuntura electoral del año 2026. Estos cambios han retrasado el trabajo y obligan a los fiscales a estar por lo menos un año más conociendo los temas asignados en dicha reestructuración.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los alcances del proceso de adquisición de los aviones Gripen de Saab y detalló las comunicaciones recientes con los organismos de control. Según dijo, desde el 18 de noviembre el Ministerio había solicitado formalmente a la Procuraduría y la Contraloría revisar el procedimiento dentro de sus competencias. “Ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor contralor general de la República; también había hablado hace ya ocho días con el procurador general”, señaló.El ministro contó que, casi de manera simultánea, llegó un requerimiento de la Contraloría solicitando la misma información. “Nosotros respondimos e informamos que había toda la disposición, en esta era de la desinformación es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario para aclarar que estábamos disponibles”, afirmó. Indicó que el Ministerio propuso una mesa de trabajo para compartir documentos clasificados como secretos y ultrasecretos, siempre bajo los procedimientos establecidos. “No hacerlo es simplemente violar los procedimientos”, advirtió.Sánchez confirmó que el contralor convocó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre para presentar de manera detallada la información, con actas de confidencialidad firmadas por todas las partes. Adicionalmente, informó que ya sostuvo conversaciones con los presidentes de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, a quienes se les explicará en sesión privada las decisiones tomadas. “Qué fue lo que adquirió Colombia y cuál fue la decisión que tomó el país”, resumió.El jefe de la cartera se refirió también a los análisis públicos hechos con datos, según él, incompletos. “Aquí no se adquirieron unas aeronaves o 17 aeronaves; aquí se adquirió una capacidad de superioridad aérea”, dijo, precisando que esa capacidad integra funciones de ataque aire-tierra, reconocimiento y otros sistemas complementarios.Finalmente, Sánchez indicó que los estudios comparativos hechos por el equipo multidisciplinar llevaron a la elección del avión de superioridad aérea Saab, que, según dijo, resultó “mucho más costo-eficiente” que otras alternativas evaluadas.
La suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre los archivos de alias ‘Calarcá’, fue confirmada y analizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario aseguró que la cartera acatará plenamente la medida y ajustará las actuaciones institucionales según lo que determine el órgano de control.Sánchez explicó que la comunicación llegó de manera reciente y que el Ministerio procederá conforme a las instrucciones impartidas. “Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría”, afirmó el ministro, al señalar que la decisión hace parte de los mecanismos de control sobre el funcionamiento de las entidades del Estado.El ministro destacó que la medida envía un mensaje sobre la labor de vigilancia que realizan los entes de control. “Es un mensaje claro, que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia”, señaló Sánchez, al recalcar que la prioridad de su cartera es mantener la confianza en las Fuerzas Militares y en los organismos de inteligencia.Sobre la decisión de la Procuraduría, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, dijo que los fallos judiciales los acatan estrictamente y una vez sean notificados por el ente de control y se conozca realmente cuál es el alcance del fallo, se procederá en consecuencia.“Lo que de parte de la organización se ha hecho es, una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones. También le solicitamos a nuestra Fiscalía la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso”, dijo el comandante del Ejército.Procuraduría suspende a involucrados en caso 'Calarcá'La Procuraduría abrió esta semana una investigación previa contra ambos, después de que Noticias Caracol revelara presuntas infiltraciones de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en el Ejército y la DNI, acusaciones que Huertas y Mejía niegan.La investigación periodística obtuvo comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, en las que se menciona a Huertas y Mejía, supuestamente con el fin de crear una empresa de seguridad de fachada que permitiera a los disidentes moverse en vehículos blindados y portar armamento legal cuando fracasaran los diálogos de paz."El procurador delegado para estos asuntos tomó una decisión que estábamos esperando, faltaban unas pruebas y ya llegaron, se suspende provisionalmente del cargo al señor general Huertas y al funcionario Mejía con efecto inmediato", declaró por su parte a Noticias Caracol el Procurador, Gregorio Eljach.El funcionario aclaró que esta decisión "no quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante". Según explicó, la suspensión busca evitar que los involucrados interfieran en la investigación, repitan la conducta señalada o utilicen su cargo para beneficiarse.En un inicio, el presidente, Gustavo Petro, restó importancia al escándalo surgido por la investigación periodística, que también reveló un presunto apoyo de las disidencias a su campaña de 2022, y atribuyó los "errores" de Noticias Caracol a fuentes de la CIA.Más tarde, sin embargo, el mandatario ordenó un análisis de informática forense sobre los chats de alias Calarcá, que supuestamente evidencian la infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército y la DNI."De acuerdo a eso (los resultados del examen forense) tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que guía mis decisiones", aseguró Petro.
El dramático testimonio de ‘Renata’, una mujer que quedó con una discapacidad del 61 % tras sobrevivir a una violenta agresión en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la protección a las mujeres en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, relató cómo el simple hecho de rechazar a un hombre desencadenó un ataque que transformó su vida para siempre.La mujer contó que vivía con sus dos hijos cuando un vecino comenzó a insistirle para salir con él. Ella siempre se negó. Nunca imaginó que ese límite la pondría en riesgo. “Vivía con mis dos hijos en un barrio de Bogotá. Un hombre enamorado de mí siempre me invitaba a salir; yo le decía que no. Nunca pensé que decir no fuera un problema como el que ese hombre me ocasionó”, afirmó.Según su relato, aquel día accedió a acompañarlo solo con la condición de que dejara de acosarla. Lo que parecía una salida breve terminó convertido en un acto de violencia. “Me invitó a hacer una vuelta. Le dije que sí si no me volvía a molestar. Como estábamos solos, sacó un arma blanca y me empezó a agredir… Estoy agradecida con Dios que me devolvió la vida”, contó.‘Renata’ perdió el conocimiento durante el ataque. Al despertar, como pudo, buscó ayuda: “Me arrastré hasta una casa que había visto y pedí auxilio. La Policía llegó y me dieron primeros auxilios”, recordó.“Después de que me atendieron en el hospital, estuve entubada cuatro meses y logré despertar. Como al año empecé a caminar otra vez”, relató.Lo que más la indigna, asegura, es la respuesta del sistema judicial frente al agresor. “Lo cogieron, lo llevaron a la cárcel poco tiempo y yo aún convivo con él. Su tiempo en la cárcel fue muy poco. Sentí más protección al agresor que a mí”, denunció.A esto se suma la falta de apoyo institucional tras quedar con una discapacidad permanente: “Me indemnizaron donde trabajaba, pero del Estado no he recibido ninguna ayuda. He necesitado el certificado de discapacidad y nadie me resuelve”, lamentó.
El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti.“Con esta medida contundente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja claro que Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para exportarlo. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó Benedetti.La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, serán sometidas a vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales.Además, los ministros anunciaron que el próximo martes a las 10:00 a.m. será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.“Enviamos un mensaje claro: no vamos a permitir que en Colombia se instalen cocinas de producción de fentanilo ni que se utilice el país como plataforma para el crimen internacional”, señaló Idárraga.Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su compromiso con la seguridad, la salud pública y la protección de la vida, frente a una sustancia que ha causado una grave crisis humanitaria en países como Estados Unidos, Canadá y China.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
La retención de 18 militares del Ejército en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, ocurrida en la tarde del domingo 21 de diciembre, volvió a encender las alarmas sobre el accionar del ELN en el norte del departamento. Detrás del episodio, en el que una multitud de cerca de 200 personas interceptó la operación militar, aparece el nombre de alias ‘Ramiro’, identificado como tercer cabecilla de la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’, estructura del Frente de Guerra Occidental del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Ramiro’, cuyo nombre figura como Luis Eduardo David Manco, tiene más de una década de trayectoria criminal (11 años) dentro de la organización armada. Ha ocupado cargos de mando de forma sostenida desde 2012, cuando fue señalado como cabecilla de comisión, y posteriormente ascendió hasta convertirse en tercer cabecilla de la estructura que opera en Chocó. Su influencia se extiende a residencias y corredores estratégicos en municipios como Alto Baudó, Medio Baudó y Quibdó, zonas clave para la movilidad y el control territorial. El prontuario atribuido a este cabecilla incluye hechos de alto impacto: la incineración de vehículos en ejes viales, homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública, desplazamientos forzados de comunidades y la activación de artefactos explosivos improvisados, incluso con afectaciones a menores de edad. Estos antecedentes configuran un patrón de presión armada y coacción social que, según autoridades, se replica en escenarios donde el ELN busca obstaculizar operaciones militares y preservar áreas de influencia.Ese patrón se reflejó en Carmen de Atrato. Según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada, durante una operación contra el ELN, dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la misión constitucional. La modalidad, retención colectiva con participación de civiles, coincide con prácticas documentadas de la estructura, que recurre a movilización social forzada para frenar el avance de la Fuerza Pública. Los informes de inteligencia señalan que la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’ ha buscado mantener su presencia mediante intimidación, control de rutas y disuasión armada, a pesar de golpes operacionales que, en otros momentos, debilitaron su direccionamiento. En ese contexto, alias ‘Ramiro’ aparece como un actor clave para sostener la cohesión y la capacidad de respuesta del grupo en el norte del Chocó.El caso vuelve a poner el foco sobre la estructura de mando del ELN en Chocó y el rol de cabecillas como alias ‘Ramiro’, cuya trayectoria criminal explica, en buena medida, la persistencia de hechos que comprometen la seguridad y la estabilidad en la región.
La periodista Camila Zuluaga expuso en Mañanas Blu, a las 10:30 a. m., una modalidad de estafa que inicia con una llamada telefónica en la que el delincuente se hace pasar por un supuesto funcionario de Meta, con el fin de solicitar datos personales o un código de verificación que llega al dispositivo de la víctima.Una vez el estafador obtiene dicho código, logra acceder a la cuenta de WhatsApp y comienza a contactar a los conocidos de la persona afectada para pedirles dinero prestado. Generalmente, solicita consignaciones a cuentas de Nequi bajo el argumento de que su línea personal se encuentra bloqueada.La conversación entre la periodista y el delincuente avanzó hasta el punto en que este último confesó la naturaleza del engaño, luego de percatarse de que no lograría obtener el código de WhatsApp. “Yo tengo un buen poder de convencimiento, pero la gente que lee y anda despierta como tú, obviamente no. Pero sí caen”, afirmó, al referirse a los guiones que utilizan para responder cualquier pregunta de las víctimas.Además, reveló que no actúa de manera individual, sino que hace parte de una red conformada por miles de personas. “Nosotros somos miles y ustedes son millones. Imagínate tú, todas las personas del mundo: Chile, España, Panamá, México, Ecuador. Si se dejan estafar los colombianos, ahora imagínate tú los otros”, aseguró.El diálogo tomó un giro inesperado cuando el estafador confesó su ubicación actual. “Corazón, estoy en la universidad”, dijo, usando este término para referirse a la cárcel. Ante la incredulidad de la periodista, respondió en tono burlón: “Ay, bobita, la cárcel”, y explicó que desde allí operan estructuras similares a centros de llamadas.El delincuente también intentó justificar sus acciones señalando que necesita dinero para sobrevivir dentro del penal. Según su testimonio, un almuerzo puede costar hasta “250 mil pesos”, lo que lo impulsa a realizar estafas con las que, afirmó, puede obtener hasta “20 millones de pesos” en cuestión de minutos.Finalmente, ante la pregunta de la periodista sobre si ella podría ingresar al grupo para hacer parte de la estructura, el estafador respondió que “una voz femenina ayuda a crear un vínculo de confianza con la víctima”, y llegó incluso a ofrecerle el envío de un “audio tutorial” para que aprendiera la dinámica del supuesto “negocio”.Esta es la llamada
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red delictiva señalada de enviar cocaína desde Bogotá hacia España, utilizando a viajeros como correos humanos y ocultando los cargamentos en equipajes de doble fondo y prendas de vestir. La organización, que se hacía llamar ‘Los Cómbita’, también estaría implicada en la venta local de estupefacientes en varias zonas del norte y sur de la capital.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que tenían previsto viajar a España y los convencía de transportar cocaína a cambio de dinero. Los estupefacientes eran entregados minutos antes de los vuelos, en baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, desde donde los correos intentaban salir rumbo a Europa.En el curso de la investigación se acreditaron varios eventos delictivos en los que viajeros fueron descubiertos por las autoridades poco antes de abordar las aeronaves, lo que permitió identificar el patrón de operación de la organización y establecer su estructura criminal. Según la Fiscalía, estas maniobras evidencian un esquema coordinado y reiterado para el tráfico internacional de estupefacientes.Paralelamente, se estableció que ‘Los Cómbita’ no solo operaban en rutas internacionales, sino que también estarían involucrados en el acopio y distribución de drogas al menudeo en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con estas actividades ilícitas, la red habría invadido espacios públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios, generando un impacto directo en comunidades educativas y residenciales.El director de la Seccional Bogotá de la Fiscalía explicó que el actuar ilegal del grupo fue afectado con la judicialización de seis de sus presuntos integrantes, quienes estarían encargados tanto de la logística de los envíos internacionales como de la distribución local de narcóticos. Un fiscal de la estructura de apoyo de la seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Los capturados fueron detenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en procedimientos en los que también se incautaron diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar las sustancias, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, que serán analizados dentro del proceso penal.Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados. No obstante, por disposición de una juez de control de garantías, los seis deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
A través del convenio 9677 suscrito por 20.000 millones de pesos entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación del Huila, entró en operación el nuevo kit de maquinaria amarilla para atender las emergencias ocasionadas por el invierno que se presentaron en el transcurso del año 2025.La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Huila, Isabel Hernández, confirmó en Blu Radio que la maquinaria recibida por el gobierno departamental inicia con la recuperación de vías secundarias y rurales afectadas por deslizamientos de tierra, entre otras necesidades de las comunidades campesinas.“En esta oportunidad se entregaron cinco vibrocompactadoras, tres retroexcavadoras, una motoniveladora, dos retroexcavadoras de llantas y dos volquetas, con esta nueva entrega se suma tres kits más que hicieron gobiernos anteriores para el departamento. Estas nuevas máquinas y demás equipamiento van a fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier emergencia, también se va a realizar mantenimiento preventivo y recuperación de vías rurales que se encuentran obstruidas por las temporadas de lluvias”, explicó Isabel de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.Por su parte, Sebastián Azuero, asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el Huila, afirmó que la adquisición de esta maquinaria amarilla se realizó a través del aplicativo ‘Colombia compra Eficiente’ con el fin de garantizar la calidad de las máquinas para que tengan uso por largo tiempo.“En esta administración le hemos entregado al Huila un total de 32.800 millones de pesos en proyectos y maquinaria amarilla como esta que estamos entregando. Se fortalece, además, el banco de maquinaria amarilla del departamento, la cual permanece a disposición de los municipios para la atención de la gestión del riesgo” dijo.De acuerdo con las cifras de la Oficina de Gestión de Riesgo, durante el año 2025 las dos temporadas de lluvias en el Huila dejaron alrededor de 620 familias damnificadas, vías rurales obstruidas, puentes averiados, acueductos regionales destruidos, cerca de 90 viviendas afectadas y cuatro personas fallecidas, entre otras emergencias que en su momento fueron atendidas por el gobierno departamental y las alcaldías municipales.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó la segunda rendición de cuentas de su actual administración, un informe de puertas abiertas a los habitantes que dio cuenta de los avances de estos dos años de gobierno en el trabajo emprendido para recuperar a la ciudad en temas como seguridad y convivencia; empleo y reducción de la pobreza; salud física y mental; educación y cultura; infraestructura; confianza ciudadana e inversión transparente de los recursos públicos.En medio de los retos sociales, el mandatario local destacó que la ciudad va por buen camino y que ya se superó la meta propuesta a la fecha en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. En mitad del actual gobierno, la ejecución avanza en un 56 %.“Hay tres instrucciones muy claras. Austeridad al 100 transparencia al 100 y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores, tenemos que generar más empleo, más condiciones de vida, para que más personas salgan de la pobreza, como ya lo han hecho tantas familias”, expresó el alcalde.Este logro tuvo una importante influencia de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y se evidencia en el pago de impuesto predial y de industria y comercio. De igual forma, se redujeron los fondos fijos de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99.7 % menos.“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80 % de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó el mandatario local.La apuesta por la inversión transparente y eficiente de los recursos para aumentar el bienestar de las familias ha dado buenos resultados. Medellín reporta la tasa con la menor desocupación en el país, con 6,7 % en el corte de agosto a octubre, según cifras del Dane. En el Distrito se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, 50.000 personas han sido acompañadas para la generación de ingresos y 41.390 han iniciado la ruta de la empleabilidad. Esto se suma a la recuperación del trabajo conjunto con el sector privado, que genera el 97 % de los empleos.La Administración Distrital ha fortalecido el ecosistema emprendedor con 12 programas y 2.600 emprendedores acompañados, lo que ha derivado en un 59 % de crecimiento en sus ventas y un 49 % de aumento en empleos desde este sector. De igual forma, en los cinco corregimientos se implementaron 15 proyectos de inversión y se han beneficiado 1.650 productores campesinos con ventas de $20.878 millones en Mercados Campesinos, un 21 % más frente a 2024.En este año que cierra el Distrito se consolidó como epicentro de grandes eventos, que dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares, beneficiaron a 4.254 emprendedores, generaron 169.000 empleos directos e indirectos y aumentaron las ventas en un 26 % frente a 2024. A esto se suman 23 ruedas de negocio nacionales e internacionales que han dejado expectativas de negocios de 168 millones de dólares.Movilidad social: reducción del hambre y la pobreza En su segundo año de mandato, el alcalde Gutiérrez Zuluaga resaltó los logros en materia social, con resultados tan importantes como la reducción de la pobreza del 27 % al 22 % y la disminución del hambre del 28 % al 19 %, lo que se traduce en un descenso de personas que comen menos de tres comidas al día.La primera infancia ha sido prioridad. Se impulsaron estrategias como Buen Comienzo 365, que aumentó sin precedentes los días de atención a niñas y niños, así como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que acompaña a 18.000 menores de 5 años, a mujeres gestantes y lactantes; además, permitió la entrega de 197.000 paquetes alimentarios.Esto ha contribuido a una reducción histórica en los índices de desnutrición, al pasar del 1.1 % al 0.4 % en la actualidad, que se suman a cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, cuando en 2023 se registraron cuatro.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también creció su cobertura y llegó a 244.000 estudiantes, mientras que la Alianza Medellín Cero Hambre permitió la entrega de 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, en una apuesta que reúne al sector privado y social y que hoy cuenta con 200 madrinas aliadas.Por otro lado, Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, presenta avances significativos en el acompañamiento de las familias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado.En materia social también se abrieron nueve círculos de cuidado, se brindaron oportunidades de empleo y becas a 8.000 mujeres y se entregará el primer centro de lavado comunitario en Manrique, que permitirá ahorrar cada semana al menos seis horas en tareas de lavado, secado y doblado de ropa, una apuesta que se extenderá a otras comunas.En estos dos años, la Administración Distrital ha entregado 1.630 subsidios para compra de vivienda, ha invertido $6.000 millones para compra de crédito hipotecario, $16.164 millones para subsidios de cuota inicial y $124.000 millones en mejoramientos. A la par de facilitar un techo digno, con el programa Unidos por el Agua se avanzó en el acceso de 7.257 hogares a agua potable y alcantarillado.Además, en estos dos años, Medellín registra un hito en protección y bienestar animal. Solo en 2025, el número de adopciones de perros y gatos se incrementó en un 21 %, con lo cual se superó la meta propuesta.Educación, juventud y culturaProgramas como Parceros y Referentes dan un voto de confianza a las nuevas generaciones. El primero ha formado a 8.041 jóvenes en la meta de llegar a 15.000 en el cuatrienio, todo con el fin de que aquellos que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales tengan opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. Con Referentes, 50 jóvenes han sido certificados en liderazgo público en la Universidad EIA.En este segundo año de gobierno, se logró la tasa de deserción más baja en 20 años, con 2,5 % frente a 3,18 % en 2024 y 5,40 % en 2023; esto se traduce en 5.000 estudiantes que regresaron al sistema educativo, gracias a estrategias como 238 recorridos de búsquedas activas en los barrios, 10.742 beneficiarios con transporte escolar gratuito y 11.960 estudiantes en riesgo de deserción beneficiados con modelos flexibles.A esto se suman las oportunidades de estudio con los programas de Sapiencia, Matrícula Cero y Ruta N, además de las posibilidades que se les brindan a los docentes de realizar posgrados formados desde Mova. Este año, Medellín logró que más jóvenes ingresaran a la educación superior, con alrededor de 31.200 beneficios de Matrícula Cero.Adicionalmente, 16.912 personas fueron formadas en habilidades digitales con Estud-IA, otras 21.000 en inglés y más de 96.000 se matricularon en programas ofrecidos en @Medellín.Además, aumentó la participación en los eventos culturales de la ciudad, principalmente en los estratos 1 y 2; han sido invertidos más de $430.000 millones en cultura: conciertos, ,visitas a centros históricos, museos, galerías, cines, proyecciones y asistencia a musicales. El talento juvenil también se fortaleció: en 2025, 316 jóvenes accedieron a formación gratuita en industria musical y creativa, a través de Music Lab.Salud física y mentalEntre 2024 y 2025, se invirtieron más de $77.600 millones en salud mental en la ciudad, que permitieron atender a 45.596 personas en los 21 Centros de Escucha, orientar a 17.673 en la Línea Amiga, capacitar a 643 profesionales de salud, consolidar 71 Escuchaderos en la ciudad y brindar 165.001 intervenciones psicológicas.Esto va de la mano del fortalecimiento de la red pública de salud, con una inversión de $383.000 millones entre 2024 y 2025, de los cuales $183.618 millones se destinaron este año. Solo en el Hospital General de Medellín, que esta administración recibió en una crítica situación, se invirtieron en los dos años $197.788 millones. Esto permitió logros como el aumento en un 46 % de ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias y un 31 % en las cirugías. Por su lado, para la recuperación de la red deMetrosalud se invirtieron $174.047 millones en ambos años, y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, $11.296 millones. Seguridad y reducción de delitos Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, alrededor de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se registró reducción en todas las modalidades de hurto y en la extorsión. Los resultados también se han visto reflejados en golpes a las estructuras criminales, incautaciones, personas capturadas y vehículos recuperados. Asimismo, se fortaleció el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad, al llegar a un total de 3.261.Este año, se desarrollaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes. Igualmente, se fortaleció la capacidad de la Fuerza Pública: se invirtieron alrededor de $36.700 millones para dotar de parque automotor a la Policía, Fiscalía y Ejército.Medellín es la primera ciudad no capital en contar con una oficina de Interpol, que ha dejado importantes resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 131 personas han sido capturadas por este delito, entre ellos alias ‘Lili’, condenada a 21 años por proxeneta, y siete extranjeros. Además, se hicieron 63 inadmisiones por alertas migratorias y del sistema Angel Watch, lo que representa un aumento del 52 % frente al año anterior.Grandes proyectos estratégicos de infraestructura Medellín cierra 2025 con avances cruciales en uno de los hitos de ciudad: la mayor inversión en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura física, una de las apuestas primordiales del alcalde Gutiérrez Zuluaga. Son casi $8 billones para infraestructura educativa de calidad, espacio público renovado, mejores escenarios deportivos y recreativos, obras de impacto que mejoran la calidad de vida de los habitantes y aportan a la equidad.La ciudad tiene más de 1.800 obras activas, entre las que se destacan la intervención de todas las sedes educativas oficiales de la ciudad, la construcción de 10 nuevos megacolegios y siete jardines infantiles de Buen Comienzo; la renovación de 282 escenarios deportivos solo este año con la meta de llegar a 1.044 antes de finalizar 2027.La ciudad también tendrá siete nuevos ReCreo Deportivos y cinco ReCreo Culturales. El compromiso con la generación de más espacio público para el disfrute de los medellinenses abarca la construcción de dos grandes parques para la ciudad. El Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas. Todo esto sumado a zonas verdes, espacios de recreación y lagunas artificiales para que las familias disfruten juntas.El estadio Atanasio Girardot tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad y a seguir trabajando. Yo estoy dedicado a que a la ciudad le vaya bien. No estamos en discusiones de izquierdas, derecha o centro, estamos enfocados a hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.*Información tomada de la Alcaladía de Medellín por acuerdo comercial con Blu Radio
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato usando drones, una modalidad que, según explicó, será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad.De acuerdo con Idárraga, los primeros territorios donde se implementará esta estrategia están ubicados en el departamento del Cauca. “Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca”, señaló el ministro, tras precisar que la decisión se adoptó luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara la aspersión terrestre con siete votos a favor de los siete asistentes.El jefe de la cartera de Justicia explicó que, una vez surtida esta aprobación, el proceso pasa a la última revisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Cuándo y dónde comenzará la aspersión con glifosatoSi ese visto bueno se otorga, el Gobierno espera que las operaciones comiencen la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, afirmó.Idárraga aclaró que, aunque ya se habla de 17 municipios, la definición final de los puntos específicos estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a que estas operaciones requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”, indicó.Sobre la modalidad, el ministro insistió en que no se trata de aspersión aérea, como la que en el pasado se hacía con avionetas. Según explicó, los drones operan a muy baja altura y son controlados visualmente desde tierra, lo que, desde el punto de vista técnico y normativo, los clasifica como aspersión terrestre. “No es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”, dijo.El ministro también detalló que esta estrategia será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos y no reemplazará programas como la sustitución voluntaria. En ese sentido, aseguró que la fumigación con drones se enfocará únicamente en zonas donde, según el Gobierno, los campesinos están siendo obligados por estructuras criminales a sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”, afirmó.Cómo se realizará la aspersión con glifosatoEn cuanto a la seguridad, Idárraga confirmó que las operaciones estarán custodiadas por la Fuerza Pública debido a los riesgos que persisten en estas zonas. Reconoció que, aunque el uso de drones reduce la exposición directa del personal, siguen existiendo amenazas como ataques o asonadas. Por ello, insistió en que la definición de los territorios será una decisión conjunta entre Ejército y Policía.El ministro explicó además que los drones serán operados por la Policía Nacional, entidad que los adquirió desde 2018 y que cuenta con personal entrenado para su manejo. Según Idárraga, esta tecnología permite reducir la llamada “deriva”, es decir, la dispersión del químico hacia cultivos o zonas no objetivo, lo que minimiza impactos ambientales.Finalmente, indicó que aún no es posible precisar cuántas hectáreas serán intervenidas bajo esta modalidad, debido a que se trata de una estrategia focalizada y no masiva. “Cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable”, concluyó.