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La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.

Nación

Lozano y Juvinao piden a Corte y Procuraduría actuar ante decreto de emergencia económica

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