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Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.

Nación

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