Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un evento sísmico de magnitud considerable que fue sentido en varios departamentos del país, especialmente en el nororiente. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 02:05 hora local, alcanzó una magnitud de 5.0, según el boletín preliminar emitido por la entidad.El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander. Históricamente, esta región alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, el temblor se sintió en: Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.A pesar de la intensidad del movimiento, que generó alarma en edificios altos y zonas residenciales, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato el protocolo de verificación en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.Temblor en México hoyMientras tanto, en México se sintió otro temblor, bastante fuerte pues su magnitud fue de 5.3, al punto que muchos ciudadanos salieron a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum, minutos después del sismo envió un mensaje de tranquilidad en su cuenta de X: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.Sismo en HondurasComo un complemento a la actividad tectónica de la jornada, el SGC también informó sobre un evento sísmico internacional ocurrido apenas una hora antes del temblor en Colombia.A las 01:08 hora local (correspondiendo al huso horario de Centroamérica), se registró un fuerte sismo en Cuyamel, Honduras. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y, a diferencia del evento colombiano que suele ocurrir a profundidades intermedias en Santander, este fue de carácter superficial (menor a 30 kilómetros).La profundidad superficial del sismo en Honduras implica que la energía liberada se siente con mayor rigor en la zona del epicentro, afectando potencialmente a comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, así como zonas fronterizas con Guatemala. La fuente de esta información fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), procesada y difundida por el SGC dentro de sus protocolos de vigilancia regional.Contexto geológico y medidas de prevenciónLa coincidencia de estos dos eventos en la misma madrugada subraya la complejidad tectónica de la región. Mientras Colombia se encuentra en el punto de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, Centroamérica es influenciada por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país es sísmicamente muy activo, por lo que este tipo de eventos son esperados. La información proporcionada en los boletines iniciales es de carácter automático y está sujeta a cambios tras la revisión técnica definitiva. Se recomienda a la ciudadanía:Mantener la calma: Los sismos no se pueden predecir, pero la preparación reduce el riesgo.Asegurar objetos: Revisar que cuadros, estanterías y lámparas estén bien sujetos para evitar caídas durante movimientos telúricos.Fuentes oficiales: Seguir únicamente los reportes del SGC y de los organismos de respuesta locales para evitar la desinformación.
Una mujer de 42 años resultó gravemente herida luego que un disparo de mortero cayera al parecer de manera accidental sobre su vivienda durante el desarrollo de ejercicios en polígono en el batallón de entrenamiento de la Novena Brigada del Ejército del municipio de La Plata en el occidente del Huila.Tan pronto se presentó el incidente, soldados enfermeros de la unidad militar se desplazaron al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada. Posteriormente fue llevada al hospital departamental San Antonio de Padua de La Plata donde recibió atención médica.Por la gravedad de las heridas fue necesario su traslado en helicóptero por parte del Ejército hasta el hospital universitario de Neiva, donde es atendida por especialistas y sometida a cirugía de ortopedia.El Ejército explica la situaciónEn desarrollo de un ejercicio de instrucción y entrenamiento en polígono de mortero realizado en las instalaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9, con sede en el municipio de La Plata, Huila, se presentó un incidente que ocasionó afectaciones a una vivienda cercana a la unidad militar y que dejó como resultado heridas a una mujer, habitante del sector.Una vez conocido el hecho, unidades militares se desplazaron de manera inmediata al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron al hospital municipal, donde recibió atención médica y posteriormente trasladada vía aérea a la ciudad de Neiva e ingresada al Hospital Universitario.El Comando de la Novena Brigada ordenó de manera inmediata la apertura de las investigaciones correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y esclarecer plenamente lo sucedido.Así mismo, el Ejército Nacional ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora conformada por un equipo interdisciplinario, la cual se trasladará a la unidad para adelantar el proceso investigativo y adoptar las medidas administrativas y operacionales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.La unidad militar ha dispuesto todo el apoyo institucional, así como el acompañamiento permanente a la persona afectada y a su núcleo familiar.
El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
En medio de un contexto económico marcado por la volatilidad cambiaria y los retos del comercio internacional, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, encendió las alertas sobre el impacto que la apreciación del peso colombiano está teniendo en los ingresos de los caficultores. En entrevista con Blu Radio, Bahamón explicó que, aunque el fortalecimiento del peso suele percibirse como una buena noticia para consumidores e importadores, para el sector cafetero representa una amenaza directa a la rentabilidad.“El tema de la apreciación del peso definitivamente tiene un impacto en el valor de la carga que se le está pagando al cafetero”, afirmó el gerente, al señalar que existen variables macroeconómicas que escapan al control del sector, pero que están incidiendo de manera clara en el precio interno del café. Según Bahamón, en los últimos 12 meses el peso se ha apreciado cerca de 46 pesos frente al dólar, lo que se traduce en una pérdida aproximada de 500.000 pesos por carga para el productor, pese a que el esfuerzo productivo sigue siendo el mismo.El dirigente cafetero fue enfático en aclarar que no se trata de un señalamiento directo, sino de una advertencia. “Esto no es un reclamo a nadie, pero sí es una necesidad de que el Gobierno tome medidas para proteger”, sostuvo. En su análisis, identificó factores estructurales como el aumento de las remesas y la entrada de dólares asociados al narcotráfico, así como factores coyunturales, entre ellos el contexto global y el endeudamiento externo del país en dólares, que presionan la tasa de cambio a la baja.Bahamón explicó que la rentabilidad del café depende de dos variables clave: la tasa representativa del mercado y la cotización en la Bolsa de Nueva York. Actualmente, esta última se mantiene por encima de los 3,50 dólares la libra, lo que permite sostener la rentabilidad. Sin embargo, advirtió: “El problema sería si la otra, que es la cotización, empieza a caer”. Para el sector, una tasa cercana a los 4.000 pesos por dólar ofrecía mayor estabilidad tanto para exportadores como importadores.Más allá de las preocupaciones, la entrevista también dejó espacio para noticias alentadoras. Una de ellas es la creciente presencia del café colombiano en China, un mercado estratégico por su tamaño y potencial de consumo. Aunque aclaró que aún no existe una tienda oficial de Juan Valdez en ese país, Bahamón destacó que ya se están vendiendo productos empacados de café colombiano a través de distribuidores locales. “China es un mercado a desarrollar… si lo conquistamos tendríamos la posibilidad de crecer enormemente”, señaló.El gerente subrayó que el consumo de café en China sigue siendo incipiente, con menos de 0,2 kilos per cápita al año, muy por debajo de Colombia o países europeos. No obstante, esta baja base representa una gran oportunidad de crecimiento. “Vemos una potencialidad enorme de seguir construyendo una demanda”, concluyó.Así, entre la incertidumbre cambiaria y la exploración de nuevos mercados como el asiático, el sector cafetero colombiano enfrenta un momento clave, en el que las decisiones macroeconómicas y las estrategias de internacionalización serán determinantes para el futuro de miles de productores en el país.
La victoria del Cúcuta Deportivo frente a San Lorenzo en territorio uruguayo no solo dejó sensaciones positivas en lo futbolístico, sino que también estuvo acompañada por un hecho inesperado fuera de la cancha. Tras el compromiso, se conoció que a uno de los jugadores del equipo motilón le fue sustraída una suma de dinero en el hotel de concentración, situación que obligó a la intervención de la administración del lugar y a un pronunciamiento oficial del club.Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, confirmó en entrevista con Blog Deportivo que el incidente ocurrió durante la estadía del plantel en Uruguay. Según explicó el directivo, se trató de la pérdida de una cantidad de dinero “no muy significativa”, correspondiente a un solo jugador, y aclaró que el caso fue atendido de manera inmediata por el hotel. “Son cosas que a veces pasan, lastimosamente uno no quiere que sucedan, pero la administración del hotel respondió y el tema quedó resuelto”, aseguró.El presidente también reconoció que hubo un descuido en el manejo de los objetos de valor. De acuerdo con Sánchez, la recomendación interna siempre ha sido que los jugadores utilicen las cajas de seguridad de las habitaciones para guardar dinero, relojes y pertenencias importantes. En este caso, los objetos no habrían sido asegurados, lo que facilitó el inconveniente. Aun así, destacó la buena disposición del hotel para asumir la responsabilidad y devolver el dinero extraviado.Desde el club evitaron dar a conocer el nombre del hotel, precisamente por la forma en la que se manejó la situación. Para la dirigencia del Cúcuta, la respuesta oportuna permitió cerrar el episodio como un simple impase logístico, sin mayores consecuencias para el plantel ni para el desarrollo de la gira internacional.Más allá de este hecho, el Cúcuta Deportivo continúa su preparación en Uruguay, donde enfrentará a Huracán antes de regresar a Colombia. El plantel tiene previsto volver al país en la madrugada del domingo y ya piensa en su debut oficial en el calendario del fútbol colombiano, el próximo lunes a las 4:00 de la tarde frente al Once Caldas, en el estadio General Santander.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
Leonardo Helicopters suspendió temporalmente el soporte técnico del helicóptero FAC 0008, la aeronave de configuración VIP asignada al servicio del presidente Gustavo Petro.La decisión obedece a las nuevas disposiciones regulatorias derivadas de su inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, que obligan a la compañía a solicitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para continuar cualquier actividad relacionada con este equipo.La notificación fue enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM. En la carta, la empresa agradece la cooperación sostenida con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (Fac), pero advierte que, mientras avanza el trámite ante la OFAC, debe detener de manera preventiva todo el soporte al helicóptero.El helicóptero FAC 0008 es un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque. Su precio fue de 12 millones de dólares y corresponde a una aeronave de uso ejecutivo, con cabina ampliada, capacidad para vuelos largos y un diseño enfocado en comodidad.El modelo permite configuración VIP para hasta 12 pasajeros, una de las características que generó cuestionamientos desde el momento de la compra.La compra se convirtió en un tema central durante la moción de censura de 2020 contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (fallecido en enero de 2021), liderada por el senador Roy Barreras.En ese debate, Barreras calificó la compra como un gasto innecesario en plena pandemia y recordó que la Presidencia ya contaba con dos helicópteros en operación.El Gobierno argumentó que el AW139 se pagó con la póliza del helicóptero presidencial accidentado en 2019 y que no se usaron recursos nuevos. Sin embargo, el debate también expuso los altos costos de operación: el mantenimiento anual del AW139 puede superar los 5.000 millones de pesos, con un costo por hora cercano a los 11 millones de pesos.
En un barco que pasa de tres a cinco meses sin ver tierra, el agua potable no es un lujo: es supervivencia. Y en el Buque Escuela ARC Gloria esa responsabilidad recae en un sistema tan silencioso como vital. “El buque escuela cuenta con la capacidad de generar 6.000 galones de agua potable al día”, explica el teniente de corbeta Andrés Felipe Oñate Díaz, jefe de la División de Propulsión. Sin ese proceso, la tripulación simplemente no podría completar las largas piernas de navegación.A bordo funcionan dos desalinizadoras LT-3000, llamadas así porque cada una puede “convertir agua salada en agua potable 3.000 galones al día”. Es un proceso que ocurre muy lejos de las cubiertas soleadas, entre tuberías, filtros de micras mínimas y presiones capaces de dividir el mar en dos.Ósmosis inversa: cuando el agua de mar se vuelve potableEl procedimiento es tan delicado como crítico.“La desalinizadora funciona más o menos con un proceso de ósmosis inversa”, detalla Oñate. El agua de mar entra a un circuito cerrado donde es forzada a pasar por filtros diminutos “de una tolerancia de cinco micras” y luego impulsada a alta presión. Ahí ocurre la magia técnica, el soluto y el solvente se separan.De un lado queda la salmuera, que es devuelta al océano; del otro, el agua recién purificada, que es analizada para medir sus partículas por millón. “Ese es el parámetro para determinar si es apta o no para el consumo”, dijo el teniente Oñate, quien agregó que solo cuando cumple las normas, pasa a los grandes tanques y se distribuye por todo el buque, desde la cocina y las duchas hasta los sistemas de emergencia.La ingeniería que nunca duerme: el corazón del Buque Escuela ARC GloriaLa división a cargo del teniente Oñate no solo garantiza el agua potable: es el corazón mecánico del ARC Gloria.“Mi división se encarga de mantener en óptimo estado los motores generadores y el motor propulsor”, una tarea continua, milimétrica y sin margen para fallas.Por eso la consola de ingeniería está activa las 24 horas del día y siempre hay personal verificando los parámetros para, en caso de que se llegue a presentar una avería, poder solventarla lo más rápido posible. La guardia incluye suboficiales electricistas, motoristas y un apoyo técnico directo al oficial de guardia.“Es prácticamente imposible que el buque escuela se quede varado en medio del mar”, asegura Oñate y si alguna emergencia extrema ocurriera, protocolos internacionales garantizan apoyo inmediato de otras marinas.Sistemas ocultos que hacen posible la vida a bordoMás allá de la propulsión y el agua potable, la ingeniería del Gloria sostiene aspectos fundamentales del día a día. Uno de ellos, el sistema sanitario. “En los buques no se puede confiar en la gravedad para el uso de los inodoros”, explica. Por eso funciona con bombas de vacío que succionan y trasladan los desechos hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, también a bordo, donde se procesan antes de ser devueltos al mar.Todo el agua potable, la electricidad, los motores, la refrigeración y los sistemas sanitarios, depende de que esta división funcione sin pausa en un entorno donde cualquier error puede convertirse en un riesgo mayor.
A muchos colombianos les ha pasado que llega el día de las elecciones y, al revisar el registro, descubren que su puesto de votación está a kilómetros de distancia de su casa. Para algunos significa madrugar más de lo habitual, para otros, implica atravesar la ciudad o incluso renunciar a votar ante la imposibilidad de desplazarse.Esa distancia entre el ciudadano y su puesto asignado se ha convertido en uno de los obstáculos más comunes y silenciosos para la participación electoral en Colombia, incluso algunos llegan sobre la hora de cierre de las mesas de votación y no alcanzan a ejercer su derecho.Consciente de esa problemática, y a menos de un año de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la implementación de una serie de estrategias para garantizar el ejercicio del voto en Colombia y la fecha límite para el cambio de puesto de votación, especialmente para quienes se han mudado de residencia.Estrategias de la Registraduría para garantizar el derecho al votoLa entidad anunció un paquete de iniciativas diseñadas para que más ciudadanos puedan inscribir su cédula a tiempo y ejercer su derecho al voto sin barreras. Estas estrategias incluyen: Campañas móviles de inscripciónPara llegar a quienes no pueden desplazarse a un punto fijo, la entidad realizará más de 1.000 campañas móviles en universidades, plazas principales y centros comerciales de diferentes departamentos del país.Estas jornadas permitirán que miles de ciudadanos inscriban su cédula cerca de su lugar de estudio, trabajo o residencia. Jornadas de inscripción en puestos de votaciónDel 6 al 9 de noviembre se llevó a cabo la primera jornada masiva de inscripción directamente en los puestos de votación. La próxima fecha será del 27 al 30 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con más de 11.000 puestos habilitados en todo el país.Sedes de la Registraduría y consulados en el exteriorDesde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría en el territorio nacional están abiertas para realizar el trámite de inscripción o cambio de puesto. El horario de atención es: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.En el exterior, los colombianos pueden inscribirse de manera permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección. Además, la Registraduría lanzará en su sitio web un código QR que redirigirá a una aplicación especializada donde los residentes fuera del país podrán actualizar su puesto de votación usando biometría facial para validar su identidad.Fecha límite para cambiar el puesto de votación en ColombiaDesde el 1 de septiembre y hasta el 31 de marzo de 2026, la entidad habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en todo el país. Están distribuidos en centros comerciales, zonas de alto flujo peatonal y lugares estratégicos de ciudades capitales y municipales.Los horarios varían entre:Le puede interesar: (En Antioquia piden a Procuraduría indagar falta de recursos para consulta popular del Oriente).8:00 a. m. a 5:00 p. m., o 11:00 a. m. a 8:00 p. m., dependiendo del punto.¿Quiénes deben realizar el trámite?La inscripción o cambio de lugar de votación es necesaria únicamente para las siguientes personas:Ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia.Colombianos que regresaron al país de forma permanente.Personas cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no hacen parte del censo electoral.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas en redes sociales y discursos oficiales contra Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud EPS.Según la decisión, las expresiones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso de González. En esas publicaciones, Petro lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.El fallo conocido este miércoles, revocó una decisión tomada por el juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que en primera instancia había declarado improcedente la tutela.Y es que, tras revisar las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que la acción sí cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, puesto que las declaraciones presidenciales se extendieron hasta julio de 2025 y generaron un daño reputacional que continúa amplificándose y que los mecanismos ordinarios, como denuncias por injuria y calumnia o solicitudes de rectificación, no lograron detener el impacto de los señalamientos.En el expediente quedó registrado que el presidente publicó varios mensajes en su cuenta de X y realizó afirmaciones en actos oficiales acusando a González Montaño de apropiación de recursos públicos, montaje de redes para enviar dineros a paraísos fiscales y participación en presuntos fraudes financieros.Varias de esas publicaciones mencionaron al exdirectivo de forma explícita, lo calificaron como “bandido” y lo relacionaron con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos de recursos de la salud.Ante esto, el abogado Julián Quintana, encargado de la defensa de las anteriores administraciones de Coosalud EPS, interpuso los recursos correspondientes buscando resarcir el daño causado por las declaraciones.Para ello, la defensa presentó una serie de documentos que certifican que la entidad no realizó transferencias hacia países paraísos fiscales ni operaciones con vinculados del exterior durante 2023 y 2024.Asimismo, una certificación del Banco GNB Sudameris confirmó que desde las cuentas maestras de la EPS no se hicieron giros al extranjero, contradiciendo algunas de las afirmaciones realizadas por el presidente.La decisión judicial recalcó que, aunque el presidente goza del derecho a la libertad de expresión, este no es absoluto, especialmente tratándose de un jefe de Estado, cuya comunicación tiene un alcance masivo y un peso institucional que puede amplificar el daño sobre un ciudadano.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.