El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El viernes 30 de enero de 2026 se realizó el sorteo MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor número de seguidores en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a su bajo costo de participación. La expectativa entre los apostadores aumentó luego de que en el sorteo anterior se entregara el premio mayor, situación que permitió que el pozo acumulado iniciara con un nuevo monto.Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Premiación y ganadoresDe acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:5 aciertos: $200.000.0004 aciertos: $14.832.0003 aciertos: $24.093.7002 aciertos: $38.728.000Así funciona MiLotoMiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su sistema de juego es fácil de entender: el participante debe elegir cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.Al contar con un universo numérico más reducido, MiLoto ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.Más allá de su atractivo por el valor de la apuesta, este juego opera bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza su legalidad. Los recursos generados por la venta de MiLoto se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, representando un aporte directo al bienestar social.¿Cómo reclamar premios de MiLoto?Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; si la apuesta se realizó de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del jugador, asegurando que todos los datos estén correctamente diligenciados.También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el proceso incluye un paso adicional. El ganador debe comunicarse previamente al número (601) 742 6861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización correspondiente y conocer la sucursal fiduciaria asignada.Para el cobro, se debe presentar el tiquete original en perfecto estado —impreso si la compra fue digital y con todos los campos completos— junto con un documento de identidad vigente, dentro de las opciones permitidas por la normativa.¿Cómo cobrar gran acumulado de Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto?El cobro del gran acumulado de juegos como Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto comienza con un contacto directo con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en la Carrera 13 #26A-47, piso 9, en Bogotá.La comunicación debe realizarse con el Director de Gestión de Negocios, a través del teléfono (601) 742 6861, extensión 72749, en horario laboral. Durante esta llamada se efectúa una verificación inicial de los datos del tiquete y se agenda una cita para continuar con el proceso de reclamación del premio.
La suerte ha vuelto a elegir a Antioquia como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0477 de MiLoto, realizado la noche del viernes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $200 millones. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en el municipio de Rionegro, fue adquirido bajo la modalidad manual, consolidando una vez más al departamento como uno de los más afortunados para este juego.Los números que cambiaron la vida de este ganador fueron el 03, 04, 17, 27 y 33. Con este acierto, ya son 10 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en territorio antioqueño, demostrando la alta penetración y confianza que los colombianos depositan en este formato.MiLoto ya había caído esta semanaEste es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en la semana, pues el pasado 28 de enero cayó en Bogotá, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en la capital, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.Además del gran premio, el sorteo No. 0477 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $277 millones."El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.Un impacto real en la salud de los colombianosMás allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.¿Cómo participar por el nuevo acumulado?Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia con una cifra inicial de $120 millones para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:Canales digitales: A través de la página web oficial www.baloto.com.Puntos físicos: En los más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país.Redes aliadas: En puntos PagaTodo y principales cadenas de grandes superficies.
Los ajustes introducidos por la Ley 2445 de 2025 al régimen de insolvencia para personas naturales han generado un incremento en las solicitudes de este mecanismo en el país. Según cifras oficiales, mientras en 2024 se registraron 10.459 personas insolventes, en 2025 la cifra ascendió a 18.743. En lo que va de enero de 2026, se han presentado 1.550 solicitudes, lo que representa un aumento del 28 % en comparación con el mismo mes del año anterior. La nueva normativa incluye por primera vez a deudores de créditos de libranza y pequeños comerciantes.Suspensión de descuentos por libranza y embargosLa principal modificación de la ley permite que personas con créditos de libranza —incluidos pensionados, docentes y militares— soliciten la suspensión de los descuentos automáticos en sus nóminas, siempre que posean deudas adicionales. Esta medida es de cumplimiento obligatorio para empleadores y fondos de pensiones una vez el proceso de insolvencia es admitido.Vanessa Méndez Farfán, abogada de la firma Mendez y Mendez Abogados, señala que la admisión al proceso conlleva efectos legales inmediatos: "Desde ese momento se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como otras medidas como la congelación de cuentas bancarias". Respecto a las libranzas, la especialista aclara que "es el empleador o el fondo de pensiones quien está obligado a suspenderlos y, si no lo hacen, pueden verse obligados a devolver el dinero descontado".Requisitos y procedimiento para deudores y comerciantesEl trámite debe realizarse ante centros de conciliación autorizados en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios o notarías con conciliadores habilitados. Para iniciar la solicitud, el interesado debe presentar:Explicación de las causas del incumplimiento de pagos.Relación completa de acreedores y monto de las deudas.Informe de ingresos actuales (salario, honorarios o pensión).Relación de bienes a su nombre.Propuesta de pago ajustada a su capacidad económica.En el caso de los pequeños comerciantes, pueden acogerse a la ley si sus bienes no superan los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.750 millones de pesos), sin incluir su vivienda ni vehículo de uso personal. La ley permite frenar procesos de cobro, suspender demandas y detener la inmovilización de vehículos si la captura no se ha hecho efectiva.Tiempos, costos y efectos en el historial crediticioLa revisión inicial de la solicitud por parte del conciliador tarda tres días hábiles. Una vez admitida, se abre un periodo de negociación con los acreedores que suele durar 60 días, con posibilidad de prórroga en casos complejos. Durante esta fase, las obligaciones se renegocian en términos de plazos y condiciones, pero no desaparecen.Sobre los costos, estos varían dependiendo del centro de conciliación o notaría donde se realice el trámite. En cuanto a la vida crediticia, el ingreso al régimen de insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos de forma temporal. No obstante, el cumplimiento de los acuerdos logrados permite la reconstrucción posterior del historial financiero del deudor.
La Corte Suprema de Justicia estableció que los recursos que reciben las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a través de los giros directos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) pueden ser objeto de embargo, siempre que correspondan al pago de servicios y tecnologías en salud que ya hayan sido efectivamente prestados.La decisión se conoce en medio de la controversia generada en los últimos días por la situación financiera de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, que informó tener cuentas embargadas por un monto cercano a los dos billones de pesos. Este escenario se ha repetido en otras EPS y está relacionado con procesos judiciales iniciados por IPS y gestores farmacéuticos como mecanismo para reclamar el pago de deudas acumuladas por la prestación de servicios de salud.En este contexto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había señalado recientemente que los recursos destinados a la salud no podían ser embargados y había solicitado la liberación de estos fondos, al considerar que la normatividad vigente establecía su protección. No obstante, la Corte Suprema precisó que dicha protección no se extiende a los recursos una vez son transferidos a las cuentas de las IPS como pago por servicios ya ejecutados.La decisión se produjo al conceder una acción de tutela y amparar el derecho al debido proceso de una empresa que reclamaba a una IPS el pago de una deuda cercana a los 500 millones de pesos. En su análisis, la Corte indicó que extender la inembargabilidad de los recursos del giro directo incluso después de haber sido consignados en las cuentas de las IPS implicaría una afectación a los derechos de los acreedores que buscan el pago de obligaciones contractuales.El alto tribunal reiteró el precedente fijado por la Sala de Casación Laboral, según el cual los recursos administrados por la ADRES tienen naturaleza parafiscal y, por tanto, son inembargables. Sin embargo, aclaró que esa condición se mantiene únicamente mientras los recursos están bajo administración de la entidad, y que una vez ingresan a las cuentas de las IPS mediante giro directo, adquieren el carácter de pago contractual por servicios de salud prestados.
Millonarios FC confirmó la salida del director técnico Hernán Torres tras una serie de resultados negativos en la liga local. La decisión de la junta directiva se tomó luego de que el equipo registrara tres derrotas consecutivas frente a Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, resultados que ubicaron al club en la parte baja de la tabla de posiciones.A través de un comunicado, el entrenador presentó una carta de despedida dirigida a los seguidores de la institución. En el texto, Torres recordó su primer ciclo en el equipo, donde obtuvo el título de 2012, y se refirió a su labor reciente. "Trabajé con el alma para sembrar y construir algo que va a dar frutos. Esta vez no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club", manifestó el estratega."Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia”, agregó Torres, quien reiteró que siempre será “un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios".La gestión de Torres en este periodo finalizó debido a la falta de respuesta futbolística y la ausencia de puntos en los últimos compromisos. El club, que este año llega a su aniversario número 80, señaló que el proceso de búsqueda para un nuevo cuerpo técnico ya inició, al parecer, será extranjero.Jorge Arias, defensa y quien fue el capitán de Millonarios en el último partido, habló sobre la salida del técnico: “Es un golpe duro, han pasado varios técnicos en pocos meses en el club y eso quiere decir que las cosas no están muy bien. Queda en nosotros revertir esta historia, nosotros como jugadores en la cancha somos los que nos metemos en esta situación y nosotros mismos tenemos que salir de ella.”
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que comenzó como una falla mecánica terminó convertido en una emergencia de grandes proporciones. Un incendio de alta intensidad consumió por completo el peaje Bicentenario , ubicado en el corredor vial Honda (Tolima) – Puerto Bogotá – en el peaje de las afueras de Guaduas (Cundinamarca) , generando pánico entre los usuarios de la vía y dejando la infraestructura en pérdida total .La conflagración se desató cuando un vehículo presentó fallas mecánicas justo al momento de atravesar los carriles del peaje . En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y alcanzaron directamente las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura.“Inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”, relató a Blu Radio el capitán César Santana , comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda .Ante la magnitud del fuego, Bomberos Honda activó de inmediato el protocolo de emergencia y desplazó una máquina extintora con dos unidades , seguida posteriormente por un vehículo cisterna , en un intento por contener el avance de las llamas.“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, explicó el oficial.Cerca de 30 minutos después , unidades de Bomberos Guaduas llegaron al lugar para apoyar las labores de evaluación, aunque el incendio ya había sido controlado. Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato y severo.“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.Por su parte, el a lcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García , confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la Policía Nacional hace presencia en la zona para garantizar la seguridad y regular el tránsito.“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó el mandatario.A esta hora, organismos de socorro y personal del peaje continúan en el lugar realizando evaluaciones técnicas , mientras cientos de conductores permanecen represados a la espera de que se habilite un paso provisional.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
Luego del anuncio sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas iniciaron el proceso de reactivación gradual de sus rutas hacia y desde Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de seguridad operacional.Wingo ya confirmó la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026, tras haber suspendido temporalmente su operación desde diciembre pasado. La aerolínea informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que manifestó formalmente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la ruta Bogotá–Caracas, con el fin de gestionar la restitución del permiso de operación, aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio.Otras compañías, como Avianca, también se mantienen en proceso de verificación de las condiciones de seguridad y operativas antes de anunciar oficialmente la reanudación de sus vuelos hacia el país vecino.En el ámbito regional, aerolíneas como Copa Airlines informaron que retomarán progresivamente sus vuelos Panamá - Caracas desde enero, en medio del restablecimiento gradual de la conectividad aérea con Venezuela.
Blu Radio conoció que la salida de Andrés Idárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del Gobierno. Y es que el exministro de Justicia encargado, a mediados de enero, acusó al Ministerio de Defensa de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus.Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía.Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga.Y es que, aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la UNP.Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro también está una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Idárraga para que la SAE cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias 'Fortuna', según reveló el diario El Tiempo.Mientras tanto, este viernes se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace dos meses de Eduardo Montealegre de esa cartera y lo que dicen fuentes al interior del Gobierno es que en el contrapunteo de Idárraga con dos hombres fuertes del presidente Petro (Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez), el perdedor fue el hoy exministro encargado.
En diálogo con Blu Radio, el expresidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux hizo un llamado a los candidatos presidenciales a no usar el miedo ni el odio como herramientas de campaña, en un país que, según advirtió, aún no logra salir del “modo de guerra”.Para el expresidente de la Comisión de la Verdad, uno de los mayores riesgos que enfrenta Colombia es no haber salido completamente del “modo de guerra”, un estado que, según explicó, se expresa hoy en una polarización profunda.En ese contexto, envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales de no contribuir al miedo y al odio en el país.Además, advirtió que buena parte del tono actual de la campaña está atrapado en una narrativa del miedo.“El mensaje que uno oye en la campaña hoy en día es, de un lado, están diciendo si este país vuelve a quedar en manos de los que hoy en día gobiernan, este país se destroza y se vuelve triste y se acaba. Y del otro lado, si los que están en contra de este gobierno radicalmente toman el poder, tenemos que irnos de aquí porque nos van a matar. Eso es lo que uno siente, y eso es una cosa gravísima”, añadió.Para el expresidente de la comisión, este tipo de discursos no solo profundizan la polarización, sino que mantienen viva una lógica peligrosa para el país.“Los candidatos tienen que entender, no crear miedo de ningún lado, no creen animadversiones. Eso es el modo de guerra en que todavía estamos. Y en Colombia eso es letal. Letal quiere decir es mortal. Por eso matan a la gente en Colombia y se exacerban los ánimos”, advirtió.Al evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, De Roux reconoció que el Gobierno ha mostrado voluntad política para incorporarlas, pero advirtió que su implementación real sigue siendo muy limitada. “Pero el que las recomendaciones hayan entrado en práctica, que se vivan, que hayan transformado el país, estamos muy lejos”, dijo.Según su análisis, uno de los principales obstáculos es el “desbarajuste institucional”: “la falta de conectividad a nivel nacional con el regional, con el municipal, con las comunidades, es enorme. Y luego, la forma como todas se actúan de una manera desintegrada. Hace muy difícil que estas recomendaciones, que son tan serias y que son tan claras, se puedan poner en práctica”, aseguró.Sobre la política de “paz total”, De Roux fue enfático en señalar que el país ha descubierto que el desafío es mucho más complejo de lo previsto. “Se han hecho muchos esfuerzos, pero el desborde del narcotráfico presente en Colombia, la realidad de la existencia de las organizaciones criminales Las organizaciones criminales empresariales en los territorios son muy profundas”, añadió.
Estados Unidos le otorgó una visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti. La decisión se tomó faltando cuatro días para que se de el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington.Es importante recordar que desde el pasado mes de octubre Armando Benedetti fue incluido en la lista Clinton junto al presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro.La visa diplomática que obtuvo Armando Benedetti tiene vigencia hasta agosto del 2026, mes en el que termina el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento no se sabe si Armando Benedetti acompañará a Petro a su reunión con el presidente Trump.El encuentro entre Trump y Petro se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre los dos mandatarios.Pues al presidente Gustavo Petro lo incluyeron en la lista Clinton, además, le retiraron su visa.La primera crisis diplomática se dio en enero del 2025 cuando el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso al país de dos vuelos desde Estados Unidos en el que venían colombianos deportados.
La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reanudación de los vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos.Lo que señaló Villavicencio es que la idea es realizar un vuelo por semana.“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, dijo Villavicencio.Es importante señalar que estos vuelos los opera la Fuerza Aérea desde hace un año. Lo anterior, ya que el pasado mes de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso de dos vuelos desde Estados Unidos pues los colombianos deportados venían esposados.“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver porque no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo y unas condiciones, digamos, administrativas legales”, agregó Villavicencio.Este anuncio de la canciller se da solo días antes de la reunión en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Un encuentro que se da tras algunos episodios de tensión entre los dos gobiernos.