Dos personas que permanecían en poder del ELN fueron liberadas hoy en zona rural del departamento de Arauca, en el marco de una misión humanitaria facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.Se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca.De acuerdo con el Comité de la Cruz Roja, la operación humanitaria se desarrolló en una zona rural del departamento y, tras verificar el estado de salud de las personas liberadas, estas fueron trasladadas a un lugar seguro.Señalan, además, que este tipo de acciones buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y facilitar el restablecimiento del contacto familiar.La Defensoría del Pueblo por su parte recordó que, en lo corrido de 2026, el departamento de Arauca registra al menos cinco personas que habrían sido secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, dijo la Defensoria.
El Ministerio de Hacienda publicó oficialmente para comentarios el borrador de proyecto con el que busca limitar y traer al mercado Colombiano parte de las inversiones que los Fondos de Pensión tienen hoy en el extranjero; un plan pedido por el presidente Gustavo Petro y mencionado en varios de sus consejos de ministros.El documento, indica que cada una de las AFP, (es decir, Porvenir, Colfondos, Skandia, etc) deben invertir en el exterior solo el 30% de sus fondos siguiendo el cronograma establecido por el Gobierno para que sea de manera progresiva y no afecte el mercado.Una vez sea firmado el decreto, tendrá un plazo inicial de tres años para que ya tengan el 35% de sus inversiones en el extranjero y en los próximos cinco años, máximo el 30%. Contando con que se oficialice este 2026, en 2031, los fondos ya tendrían que estar cumpliendo este lineamiento.Entre los argumentos del ministerio de Hacienda para este cronograma está la de evitar afectaciones a la seguridad, liquidez y rentabilidad de los ahorros de los pensionados colombianos.“Esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio”, dice el documento justificativo que acompaña el proyecto de decreto.Ese porcentaje deberá ser cumplido de manera independiente por cada fondo de pensión sin importar qué tantas inversiones tienen hoy en el exterior o la categoría (Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado). Es decir, no se calcula de manera aislada , sino sobre la suma del valor total de los cuatro tipos de fondos que administra cada AFP.Entre las indicaciones que da el Gobierno es que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las AFP deben entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el respectivo plan de cómo están ajustando dichas inversiones priorizando la inversión nacional con las nuevas cotizaciones o los procesos que están a punto de vencerse.En otras otras palabras, el Ejecutivo le dice a los fondos que los nuevos afiliados que tengan, ya sean por pensiones reglamentarias o voluntarias, o las inversiones que tengan que renovar, todo sea direccionado al mercado nacional.Para facilitar esto, dice el ministerio de Hacienda, dispondrá de un banco de proyectos en sectores como infraestructura, energía y vivienda con opciones para los fondos. Este fue uno de los argumento que presentó por su parte la URF, que es la Unidad de Regulación Financiera.“La capacidad de absorción de estos recursos no depende únicamente de la existencia de proyectos, sino de su identificación, priorización, estructuración financiera y de la disponibilidad de instrumentos admisibles conforme al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Por ello, el decreto incorpora un componente habilitante al disponer que, con el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, agregó el reporte.Las razones del Gobierno Con esta iniciativa, el Gobierno busca canalizar el ahorro pensional hacia proyectos nacionales en sectores que tienen un impacto potencial sobre el PIB superior al promedio de la economía, en especial el de la construcción. Asimismo, el objetivo es fortalecer el mercado de capitales colombiano ampliando su tamaño, liquidez y profundidad y que las empresas nacionales tengan alternativas de financiación más allá del crédito bancario tradicional.El otro frente de trabajo del Gobierno es el sistema pensional: dice que actualmente los portafolios de las AFP tienen una alta concentración en activos del exterior, cercana al 50% del total de los recursos, cerca unos $257,1 billones, lo que genera una vulnerabilidad del sistema colombiano frente a choques globales y volatilidad externa.Según el cálculo de los gremios, estos cambios implicarán repatriar a Colombia aportes o ahorros de hasta $125 billones.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 19 de enero:La representante a la Cámara Catherine Juvinao habló sobre la denuncia de un presunto cartel de diplomas irregulares entre el Gobierno y la Universidad San José.Por falta de competencia, fiscal que anunció imputación contra director de la UNP retirará solicitud por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.Hallan sin vida a docente del Externado reportado como desaparecido en Bogotá.Liberaron a los cinco policías secuestrados por el ELN en el Catatumbo.Más de 230 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos.El resumen de la primera fecha de la liga colombiana.
El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
Durante el Consejo de Ministros de este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una acusación contra el Hospital San Rafael de Itagüí, al calificarlo como un “nido de corrupción” que, según afirmó, tendría origen en la Asamblea Departamental de Antioquia. “El hospital de San Rafael de Itagüí es un nido de corrupción. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor. Todo el mundo sabe que el hospital San Rafael ha sido presa de diputados permanentemente; el mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado. Mal administrados los hospitales y no hace nada la administración departamental por sus hospitales”, dice el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.De hecho el presidente Gustavo Petro respaldo lo que dijo el ministro de salud y en su cuenta de X indicó que “El hospital de San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción” en repuestos a distintas organizaciones médicas que aseguran que “dan ganas de llorar, y mucho cuando un gerente llora por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal”.El jefe de la cartera de Salud cuestionó la administración del centro asistencial y aseguró que los problemas financieros no obedecen únicamente a la falta de pagos por parte de las EPS.Jaramillo fue más allá y señaló al gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave, quien días atrás apareció públicamente llorando al denunciar la grave crisis financiera y la falta de pago a los trabajadores. El ministro aseguró que el directivo tiene un familiar que es político y diputado, y sostuvo que, si faltan recursos, es porque ese y otros hospitales del departamento han sido mal administrados.Las declaraciones se dan en medio de la polémica por las deudas que ahogan al Hospital San Rafael, que superarían los 22.000 millones de pesos, en su mayoría atribuidas a EPS intervenidas por el Gobierno nacional.Savia Salud, la EPS con mayor número de afiliados del régimen subsidiado en Antioquia, salió a responder a las denuncias. La entidad defendió que sí ha realizado pagos al hospital y aseguró haber girado más de 18.700 millones de pesos durante la vigencia 2025, lo que, según sus cifras, corresponde a más del 80 % de lo radicado en ese año.Savia Salud explicó que los valores reconocidos obedecen a procesos de auditoría, glosas y devoluciones, y afirmó que el pago mensual promedio supera los 1.500 millones de pesos.No obstante, el gerente del hospital Luis Fernando Arroyave insistió en que el problema central es la falta de citas para conciliar facturas, lo que impide definir con claridad cuánto deben pagar las EPS.En contraste con Savia Salud, la Nueva EPS asumió una postura distinta y se comprometió a girar de manera urgente 1.500 millones de pesos, además de agendar una conciliación.A la discusión se sumó el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien pidió al gobernador de Antioquia asumir corresponsabilidad financiera, al tratarse de un hospital departamental.Las deudas de las EPS con los hospitales en Antioquia superan los 2 billones de pesos en el sector público y los 6 billones en el privado.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
Baloto dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 150 de ColorLoto, celebrado este lunes, 19 de enero de 2026, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente durante la temporada decembrina.Las balotas y colores ganadores fueron: 7 (blanco) - 6 (azul) - 1 (azul) - 4 (azul) - 6 (rojo) - 3 (amarillo).Con esta combinación, no se registraron ganadores del premio mayor, lo que provocó un nuevo aumento en el acumulado para el próximo sorteo.Premio acumulado sigue creciendoPara esta edición, el premio mayor acumulado de Baloto ColorLoto era de $1.380 millones, cifra que despertó el interés de cientos de apostadores en todo el país, quienes buscaron un ingreso adicional en medio de las celebraciones de fin de año. Al no caer el gran premio, el monto seguirá creciendo, aumentando así las expectativas para el siguiente sorteo, que promete atraer aún más jugadores.Premios secundarios y ganadoresAunque no hubo ganador del acumulado principal, sí se registraron múltiples ganadores en las categorías secundarias, correspondientes a aciertos parciales por números y colores, lo que permitió repartir premios entre decenas de jugadores.Baloto recordó que los premios pueden reclamarse en los puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por el operador del juego.¿Cuándo es el próximo sorteo de ColorLoto?El próximo sorteo de Baloto ColorLoto se realizará en su fecha habitual, con un premio acumulado más alto, lo que incrementa las probabilidades de que el gran premio finalmente tenga un ganador antes de finalizar el año.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
La Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todas las consultas, con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto.El registrador Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie la orientación política del votante. Además, recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que, una vez cerrada esta etapa, se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral.Esta decisión ha generado inconformidad. El Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por que este formato genere una cantidad importante de votos nulos, en el momento en el que una persona marque más de una casilla.Este formato fue presentado durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, a la que asisten representantes de partidos, el registrador, el ministro del Interior, el director de la UNP y UIAF y otros altos funcionarios. Desde allí el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de las elecciones en todo el territorio nacional.
Colombia registra una esperanza de vida de 77,5 años, una de las más bajas entre los más de 40 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe 'Panorama de la Salud 2025', divulgado este jueves.Ese dato está 3,6 años por debajo del promedio de la Organización, señala el documento.El estudio advierte que aunque el país ha logrado una cobertura sanitaria casi universal (el 99 % de la población), su desempeño general en salud continúa rezagado frente al promedio de la OCDE, especialmente en mortalidad prevenible y tratable; recursos humanos en salud, y gasto sanitario, así como en la satisfacción con los tratos médicos recibidos.Según la OCDE, Colombia registra 304 muertes prevenibles por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio de 145 en los países miembros, y 115 muertes tratables, frente al promedio de 77.Además, el país gasta 1.877 dólares per cápita en salud, muy por debajo de la media de 5.967 dólares, pero solo el 46 % de la población colombiana estuvo satisfecha con los servicios recibidos, un 18 % menos que la media de la OCDE.El informe destaca que el país dispone de 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio de la OCDE es de 3,9 y 9,2, respectivamente.A pesar de las limitaciones, el documento subraya algunos avances: la tasa de suicidios en Colombia (seis por cada 100.000 habitantes) es una de las más bajas entre los países analizados y solo el 1,3 % de los colombianos declara tener mala o muy mala salud, frente al 8 % de la media de la OCDE.En cuanto a los factores de riesgo, Colombia tiene una prevalencia de tabaquismo del 9,8 % y un consumo anual de 4,2 litros de alcohol por persona, cifras inferiores a los promedios de 14,8 % y 8,5 litros.Sin embargo, el sedentarismo alcanza al 35 % de la población adulta, cinco puntos por encima de la media.El informe, que constituye una de las principales radiografías comparativas de los sistemas de salud del mundo, muestra que los países de la OCDE enfrentan crecientes desafíos de sostenibilidad tras la pandemia, con presiones sobre el gasto, el personal médico y la atención preventiva.En este contexto, la organización insta a reforzar las políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso, la prevención y la eficiencia en el uso de los recursos.
La agonía de la niña Omaira Sánchez, de 13 años, enterrada hasta el cuello entre el lodo y los escombros, se convirtió hace 40 años en símbolo de la tragedia del pueblo colombiano de Armero en cuyas ruinas sobresale una escultura suya, rodeada de centenares de placas de agradecimiento, y transformada en objeto de culto popular.Como los más de 25.000 habitantes de Armero, una localidad agrícola del departamento colombiano del Tolima, en el centro del país, los Sánchez Garzón, familia de la pequeña Omaira, fueron sorprendidos la noche del 13 de noviembre de 1985 cuando una avalancha de piedras y lodo causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó el pueblo en la mayor catástrofe natural de Colombia.Al día siguiente, el país y el mundo vieron atónitos como socorristas y sobrevivientes trabajando con las uñas, porque no había otros medios, trataban de rescatar a personas que habían quedado atrapadas, la mayoría de ellas irreconocibles por la hinchazón causada por el lodo tostado por el sol que hasta les desdibujaba la forma humana.Entre esas personas que quedaron vivas a pesar de haber sido sepultadas por la avalancha estaba Omaira, una niña de ojos negros y cabello corto ensortijado cuya vida se extinguió lentamente ante la mirada del mundo que fue testigo de su drama particular, uno entre los muchos de aquella catástrofe, retransmitido por las televisiones de la época, entre ellas Televisión Española."A la niña Omaira la convirtieron en el símbolo de la tragedia (...) pero situaciones como las de la niña Omaira tuvieron que haber sucedido miles", afirma a EFE José Nova, quien con su hermano Hernán Darío creó el Centro de Visitantes de Armero, una precaria oficina que ofrece visitas guiadas a quienes se detienen en la carretera que lleva a Ibagué, la capital regional, para visitar las ruinas del pueblo desaparecido.Carrera contra el tiempoEl cuerpo de Omaira quedó atrapado en un mar de agua y lodo entre los escombros de su casa en el barrio Santander. Logró sobrevivir tres días porque su cabeza sobresalía en aquella zona convertida en pantano, como lo muestra una escultura instalada en la tumba de la niña, rodeada de centenares de placas de granito con mensajes de agradecimiento "por los favores recibidos", puestos por personas, en su mayoría anónimas, que le atribuyen milagros.Lo que siguió tras el hallazgo de la niña -cuyos ojos vivaces se fueron tornando vidriosos con el paso de las horas, y los dedos de las manos y los labios, arrugados por estar mucho tiempo en el agua-, fue una carrera frenética para tratar de salvarla que involucró a socorristas y numerosos espontáneos.Los socorristas pedían a gritos una motobomba para tratar de evacuar el agua que rodeaba a la pequeña, pero en aquellos años y en esas condiciones todo era imposible.Vaciar parte del agua y del lodo en que estaba hundida la pequeña era fundamental para tratar de rescatarla porque su cuerpo estaba atorado por lo que, en medio de la desesperación, alguien sugirió la posibilidad de cortarle las piernas, a ciegas y sin los instrumentos apropiados, para sacarla."En ese sitio había muchos escombros y parece ser que algo muy pesado, digo parece ser, porque no se veía siquiera (...) qué era lo que la tenía atrapada a nivel de la cintura. Se habla de una placa de concreto, de una columna, de una viga y el tema más complejo es que no había ninguna manera de llevar algún tipo de herramienta, de máquina para poderla liberar de eso", agrega Nova.Entereza en la despedidaTodos los esfuerzos fueron en vano y Omaira murió en la tarde del 16 de noviembre de 1985, después de permanecer más de 60 horas en esas dramáticas condiciones, durante las cuales conversó por momentos con quienes trataban de ayudarla o de mojarle con agua los labios agrietados por la deshidratación."Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude... Mami, te quiere mucho mi papi, mi hermano y yo... Adiós, madre", fueron las conmovedoras palabras con las que se despidió y que el mundo siguió por la televisión.Por la entereza que demostró en esos momentos de angustia, a pesar de su corta edad, Omaira ganó fama de persona virtuosa y en el imaginario popular se convirtió en digna de veneración, como lo demuestran las numerosas placas que le agradecen su intercesión en los más diversos asuntos.Según testigos, el cuerpo de Omaira, con autorización de su madre, que sobrevivió a la tragedia, fue cubierto con escombros y cuando el lodo se solidificó, su tumba se convirtió en una especie de santuario y lugar de visitación de quienes van a las ruinas de Armero.En el lugar, además de la escultura, una cruz parcialmente tapada por las placas de granito, flores, fotografías y juguetes, y una lápida decorada con pinturas de ángeles recuerdan que Omaira nació el 28 de agosto de 1972 y murió el 16 de noviembre de 1985.
El presidente Gustavo Petro ha matizado la instrucción que dio, hace 24 horas, de suspender la entrega de información de inteligencia a agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos.Aunque en su primera publicación señaló que la medida iría mientras ese país continuara con los ataques contra embarcaciones con droga en el Caribe y el Pacífico, en nuevos pronunciamientos ha cambiado el sentido de la instrucción.En la publicación más reciente en X, Petro aseguró que Colombia respeta el derecho internacional y por ello, la información compartida, debe ir en esa línea.“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", escribió el jefe de Estado.Es decir, sí habrá intercambio de información reservada de inteligencia siempre y cuando se garantice que será usada para operaciones de interdicción con capturas y no bombardeos que dejen muertos.“Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”, agregó Petro.Con esto, se confirma que no habrá una especie de ruptura total entre las fuerzas y agencias de inteligencia de ambos países, una relación que ya ha afectado en varias ocasiones por la inclusión de Petro en la Lista Clinton y las declaraciones del mandatario colombiano donde ha pedido que el país trabaje de manera conjunta con la inteligencia de Venezuela, una posición que no ha sido bien recibida en Estados Unidos.Petro, por ahora, mantienen su crítica a el presidente Donald Trump por los bombardeos y el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.“De nuevo, solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, han sido sus declaraciones.
En varios municipios del Caquetá, los funcionarios de la EPS Asmet Salud —entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional— realizaron una jornada de protesta pacífica denominada “Cartelatón”, con la que exigieron el pago de los salarios que les adeudan desde hace más de 55 días.La manifestación consistió en la instalación de carteles y mensajes alusivos al derecho al pago oportuno en las diferentes sedes de la entidad en el departamento. Con esta acción simbólica, los trabajadores expresaron su inconformidad y preocupación por la difícil situación económica que atraviesan cientos de familias que dependen de la EPS.A pesar del descontento, los empleados aclararon que la jornada se desarrolló de manera pacífica y respetuosa, sin afectar la atención a los usuarios.Los manifestantes esperan que el interventor, Raúl Múnevar, y el Gobierno Nacional adopten medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales y eviten mayores afectaciones en la prestación del servicio de salud en Caquetá.
La iniciativa busca hace parte del conjunto de propuestas que el precandidato viene presentando antes de la consulta del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo para definir el candidato único de ese sector político.De acuerdo con el planteamiento, la medida busca reducir el impacto de los altos precios del combustible sobre la economía familiar y los sectores productivos. La propuesta contempla una estructura de precios revisada, con subsidios focalizados y mecanismos de control que permitan equilibrar el costo del galón sin afectar la sostenibilidad fiscal.El exmandatario también señaló que esta medida se acompañaría de un impulso a la transición energética, con incentivos a tecnologías limpias y políticas que promuevan un consumo más responsable de combustibles.La propuesta ha generado distintas reacciones en el ámbito económico. Algunos analistas consideran que la reducción podría favorecer la competitividad y aliviar los costos del transporte público y de carga, mientras otros advierten sobre las implicaciones fiscales que tendría una disminución sostenida del precio del galón.Con esta iniciativa, el precandidato busca posicionar su agenda en torno a temas de economía popular y costo de vida, en un contexto donde el precio de la gasolina se ha convertido en uno de los debates más sensibles para los colombianos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que desde la organización están solicitando la conformación de una comisión nacional de seguimiento electoral para la frontera con Venezuela, con el fin de analizar la situación política del país vecino y los posibles efectos que esta pueda tener sobre las elecciones en Colombia. Según explicó, se trata de un escenario que requiere monitoreo permanente y coordinación institucional. “Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y, dependiendo de lo que pase en Venezuela, puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, afirmó.En otro punto, la directora de la MOE cuestionó los topes de financiación establecidos para las consultas interpartidistas, al compararlos con los del proceso realizado el año anterior. “El tope del año pasado era de 6.000 millones. Este año es de $18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro por qué esa diferencia en topes y reposición de votos”, señaló.Barrios también alertó que la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los principales retos del proceso electoral y pidió solucionar los problemas del aplicativo Cuentas Claras, que solo hasta la semana pasada fue habilitado. “Solo cuatro campañas han registrado ingresos y otras cuatro gastos y estamos hablando de 3.144 candidatos (…) es importante que el Gobierno Nacional solucione el acceso a las cuentas bancarias por parte de organizaciones políticas”, dijo.Además, advirtió que, según información verificada en Meta, existen gastos por $500 millones correspondientes a 131 cuentas que no aparecen reportados en la plataforma.Finalmente, la directora de la MOE se refirió a la violencia política en el país, al señalar que se han reportado 415 hechos contra líderes políticos. “El 40 % es en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca. El 53% en circunscripciones transitorias especiales de paz. Hay que hacer acciones coordinadas, pero no solo desde Bogotá; estamos hablando de territorios que tienen alcaldes y gobernadores”, concluyó.
El gobierno nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026 con el que se estableció una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesione el 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir $16’914.540 pesos mensuales.Según se puede leer en el decreto, el Gobierno Nacional justifica la reducción en que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.Cabe recordar que desde el 2015, se han presentado cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados.
El asesinato de 26 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, puso en evidencia la intensidad y crudeza de la confrontación entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en esta región del sur del país.De acuerdo con información de inteligencia militar, en Guaviare tiene fuerte presencia el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura alineada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Este bloque delinque a través de varias estructuras armadas, entre ellas la estructura Marco Aurelio Buendía, comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, y la estructura Jhon Linares, cuyo jefe es Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’. Estas unidades cuentan con dispositivos armados, redes logísticas y comisiones financieras que operan en zonas rurales estratégicas del departamento.En paralelo, se mantiene activa la facción disidente liderada a nivel nacional por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a través del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En Guaviare, esta estructura delinque principalmente mediante la estructura primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es Diego Horacio Tarache, alias ‘Korea’, y la subestructura 44 Antonio Ricaurte, al mando de Jhon Wilmer Trochez, alias ‘Yimmi Martínez’. Estas unidades están asociadas al control de corredores de narcotráfico, centros de entrenamiento ilegal y redes de financiamiento criminal.El choque entre ambas facciones escaló en las últimas semanas por disputas internas relacionadas con el control de economías ilícitas y la dominación de áreas estratégicas en El Retorno y otros municipios del Guaviare. Según el análisis de las autoridades, las 26 personas asesinadas pertenecen a estas dos corrientes disidentes.Además de estas dos facciones, el documento de inteligencia da cuenta de la presencia de otras estructuras disidentes en el departamento, como la Segunda Marquetalia, a través de la columna móvil Rodrigo Reyes, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente el Frente Iván Merchán, que mantienen articulación con redes de narcotráfico y apoyo logístico en la región.El asesinato múltiple en El Retorno no solo revela la fragmentación y violencia interna de las disidencias, sino que confirma que Guaviare sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa armada entre estructuras criminales, donde la lucha por el control territorial y las rentas ilegales continúa dejando un alto saldo de muertos y profundizando la inestabilidad en zonas rurales del departamento.
Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Cajamarca con Ibagué, dejando como saldo la muerte de un soldado del Ejército Nacional que se movilizaba en un convoy militar.El hecho ocurrió a la altura del puente ubicado en el ingreso al municipio de Cajamarca, cuando varios vehículos de carga militar avanzaban en caravana por este importante corredor vial del Tolima.De acuerdo con información preliminar, el uniformado habría caído desde uno de los camiones en movimiento y posteriormente fue arrollado por otro automotor que hacía parte del mismo convoy, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Debido a la gravedad del impacto, no fue posible prestarle atención médica.La víctima fue identificada como Pedro Manuel Parra Ávila, soldado adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) de la Quinta División del Ejército Nacional, oriundo de la ciudad de Ibagué.Al lugar del siniestro llegaron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas operativas o responsabilidades adicionales.
Los recientes enfrentamientos en el departamento del Guaviare, protagonizados por las disidencias de los alias 'Mordisco' y 'Calarcá', han encendido las alarmas sobre lo que se describe como una degradación total del conflicto armado en Colombia. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, describió en entrevista la crudeza de una situación que trasciende los combates directos, afectando profundamente la estructura social y el futuro de las comunidades rurales más vulnerables.El drama de la desescolarización y el riesgo de reclutamientoUno de los puntos más críticos señalados por Monseñor Henao es la desescolarización masiva de niños y jóvenes. En zonas como la vereda de la Paz, los estudiantes solo pudieron asistir a clases durante el primer semestre del año pasado debido a graves amenazas contra los profesores. La transición a actividades virtuales fue inviable para la mayoría de las familias en zonas remotas que carecen de computadores y conectividad, dejando a los menores sin educación y sin acceso a la alimentación básica proporcionada por el PAE.Esta ausencia de entorno escolar aumenta exponencialmente el riesgo de reclutamiento forzado. Según el prelado, los grupos armados emplean hoy métodos sofisticados de coacción y atracción, incluyendo el uso de plataformas digitales como TikTok para involucrar a los menores en actividades ilícitas. Aunque se sospecha la presencia de menores entre las víctimas de los recientes combates, aún no existe una confirmación oficial, lo que agrava la preocupación humanitaria.Un Estado con presencia fragmentada y deudas pendientesPara la Iglesia Católica, la persistencia de la violencia en el Guaviare responde a una histórica dificultad de coordinación entre las agencias del Estado. Monseñor Henao enfatizó que una presencia estatal efectiva no debe limitarse únicamente a los órganos de seguridad, sino que debe integrar desarrollo rural, créditos y alternativas económicas para evitar que las familias dependan de rentas ilícitas.A pesar de la existencia de herramientas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional de Desarrollo, la falta de una implementación plena y articulada con las autoridades locales y organizaciones sociales ha impedido recoger las aspiraciones reales de las comunidades. Esta zona ha sufrido una victimización prolongada debido a sectores de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo de 2016 y mantienen una disputa territorial constante.La Iglesia como actor humanitario en el territorioEn medio de este panorama, la Iglesia Católica reafirma su papel como acompañante permanente en las regiones donde otras organizaciones no logran estar. Monseñor destacó la labor de sacerdotes y religiosas que "se casan con sus comunidades" y permanecen allí incluso en las peores circunstancias, convirtiéndose en la única esperanza ante la incertidumbre.Finalmente, respecto a las mesas de paz total, Henao señaló que es fundamental que estos espacios cuenten con mecanismos que analicen rigurosamente hechos como los de Guaviare para que el Gobierno nacional tome decisiones pertinentes sobre el futuro de las negociaciones. Escuche aquí la entrevista: