El pulso que marcó la decisión del Consejo de Estado de ponerle límites a las alocuciones presidenciales tiene nuevas aristas, porque Blu Radio conoció en primicia un auto en el que el alto tribunal corre traslado de una solicitud de incidente de desacato que interpusieron varios ciudadanos, a los que en septiembre del año pasado el Consejo de Estado les dio un espaldarazo al proteger su derecho a la información.En ese sentido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá llegar al despacho del magistrado Albert Montaña la información sobre las medidas que han tomado para darle cumplimiento a este fallo de tutela.En aquella providencia, el Consejo de Estado fijó varios criterios para las intervenciones del presidente Gustavo Petro en televisión abierta, relacionados con la urgencia, excepcionalidad, recurrencia y delimitación temática y temporal de dichas alocuciones.Además, ordenó a la CRC verificar previamente el cumplimiento de esos parámetros y, de encontrar irregularidades, impedir la transmisión de las intervenciones.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
Un derrame de látex provocado por un accidente de tránsito en la cuenca del río Coello obligó al cierre inmediato de las bocatomas de captación, dejando sin servicio de agua potable al municipio de El Espinal y a poblaciones de su área de influencia, en una emergencia ambiental que afecta a más de 100.000 personas en el departamento del Tolima.El accidente de tránsito ocurrido en la zona rural de Ibagué desencadenó una emergencia ambiental que dejó sin agua potable a más de 100 mil habitantes del Tolima y encendió las alarmas en varios municipios ribereños del río Magdalena.El volcamiento de una tractomula en el corregimiento Coello Cocora, sobre la vía nacional, provocó el derrame de látex en el río Coello, afluente tributario del río Magdalena y estratégico para el abastecimiento de agua potable en el centro y norte del departamento. El líquido lechoso tiñó de blanco las aguas del río, obligando al cierre inmediato de las bocatomas en El Espinal y su principal corregimiento, Chicoral.Según explicó Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, hacia las 4:00 de la tarde se evidenció el cambio de color del agua en el punto de captación, lo que llevó a suspender de manera preventiva el suministro.“Las compuertas se mantienen cerradas y solo se retomará la captación cuando, mediante observaciones organolépticas, se evidencie que el agua ya no está blanca ni espumosa”, señaló la funcionaria.La emergencia no se limita a El Espinal. Al continuar su curso, el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo que el contaminante podría alcanzar a municipios ribereños como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otras poblaciones del norte del Tolima, donde también se recomendó suspender temporalmente la captación de agua y activar los planes de contingencia.“Nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que adopten las medidas respectivas. Invitamos a todos los ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma y, de ser necesario, cerrar las captaciones”, advirtió Mayorquín.De acuerdo con las autoridades, más de 75.000 personas en El Espinal resultaron afectadas directamente, pero la cifra total supera los 100.000 habitantes en todo el departamento.La Alcaldía de El Espinal informó que, si las condiciones del río lo permiten, el suministro de agua potable podría retomarse este miércoles en horas de la tarde, una vez desaparezca por completo el contaminante.Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, adelanta investigaciones para determinar la cantidad exacta de látex vertida, mientras que la empresa Disproquin S.A.S. deberá indicar el tratamiento adecuado para este tipo de sustancia en cuerpos de agua.La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de las fuentes hídricas del Tolima y la necesidad de reforzar los controles sobre el transporte de sustancias industriales que circulan cerca de ríos y quebradas del departamento.
Un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca fue desmantelado en el departamento del Chocó, en una operación del Ejército que dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en esta región del país.La intervención se llevó a cabo en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién, donde las tropas del Ejército ubicaron una infraestructura utilizada para transformar hoja de coca en pasta base. En el lugar fueron hallados e inutilizados cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada, 400 galones de pasta base en proceso y varios combustibles y químicos empleados en la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco.Según el Ejército, el laboratorio estaría al servicio de la subestructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, y hacía parte de la cadena de producción que sostiene las economías ilegales de esta organización en el Bajo Atrato chocoano.Durante el operativo también fueron destruidos elementos artesanales clave para la elaboración de droga, como una estructura en madera, canecas metálicas y plásticas, garrafones, una prensa artesanal, una guadaña y un sistema rudimentario de escurrido, lo que dejó inoperante el punto de procesamiento.En una acción adicional, desarrollada en el municipio de Vigía del Fuerte, el Ejército logró la incautación de 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas, que presuntamente iban a ser utilizados para la adecuación de infraestructuras ilegales relacionadas con la producción de pasta base de coca. Estos materiales quedaron a disposición de las autoridades.Las autoridades señalan que este tipo de acciones buscan golpear las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, una región estratégica para el narcotráfico por su ubicación y compleja geografía.
El coronel en retiro Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila, falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido el martes 13 de enero de 2026. El oficial retirado había sido trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde luchó por su vida tras recibir dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax.El ataque se registró hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del establecimiento carcelario, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, se desplazaba en un vehículo particular por la ruta 45, en la vía Neiva–Rivera, en compañía de su hijo de 11 años y del subdirector Renato Solano Osorio. De acuerdo con la información conocida, un motociclista interceptó el automotor y abrió fuego en repetidas ocasiones, realizando aproximadamente seis disparos contra el vehículo.Como consecuencia del atentado, el menor de edad, hijo del director del centro penitenciario, recibió un impacto de bala en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció horas después. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.Tras el ataque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que el subdirector de la cárcel de Neiva había recibido amenazas previas. No obstante, estas advertencias no derivaron en decisiones de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, situación que ahora es objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan en curso. Las autoridades buscan establecer tanto los móviles del atentado como la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque armado, que dejó dos víctimas mortales.Como parte de las acciones para avanzar en el esclarecimiento del crimen, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila mantienen vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita identificar a los responsables.
Viajar en 2026 es una de las metas para millones de personas, pero al menos este año implicará ajustes para quienes planean visitar algunos museos, templos y atracciones emblemáticas que permanecerán cerradas por remodelaciones, daños estructurales o cierres definitivos. En varios casos, las restricciones serán temporales, pero en otros no existe una fecha clara de reapertura. Por lo tanto, este es un listado de ocho destinos que no estarán disponibles en 2026, junto con opciones alternativas en sus mismas ciudades o regiones.Catacumbas de ParísLas Catacumbas de París, uno de los espacios subterráneos más visitados de la ciudad, permanecen cerradas por trabajos de reparación y mantenimiento. Aunque se ha planteado una posible reapertura en 2026, no existe confirmación oficial, lo que mantiene en duda su disponibilidad para los visitantes.Alternativa: Osario de SedlecUbicado en Kutná Hora, en la República Checa, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad conserva una estructura decorada con restos humanos y se encuentra abierto al público.Museo del Coleccionismo y el DiseñoEste museo, dedicado a objetos miniatura y ubicado originalmente en Las Vegas, dejó de existir como espacio físico tras la demolición del centro comercial que lo albergaba. La colección ha sido exhibida de forma itinerante, pero no cuenta con una sede permanente operativa en 2026.Alternativa: Omega MartTambién en Las Vegas, esta instalación artística permanente combina arte contemporáneo y experiencias inmersivas dentro de un entorno inspirado en un supermercado.Rivers of America en Walt Disney WorldLa zona Rivers of America en Magic Kingdom cerró en 2025 como parte de una reconfiguración del parque. El área, que incluía la Isla de Tom Sawyer y el barco fluvial, será reemplazada por una nueva zona temática.Alternativa: Rivers of America en DisneylandEsta atracción continúa funcionando en Disneyland (California) y en Tokyo Disneyland.Centro PompidouEl Centro Pompidou se encuentra cerrado por un proceso de renovación integral que abarca infraestructura, accesibilidad y seguridad. La reapertura está prevista para 2030, por lo que no recibirá visitantes en 2026.Alternativa: KANALLa sede del Pompidou en Bruselas abrirá sus puertas en noviembre de 2026, con exposiciones de arte moderno y contemporáneo en una antigua fábrica de automóviles.BluestockingsLa librería Bluestockings, reconocida por su modelo cooperativo y enfoque feminista, cerró definitivamente en 2025. El espacio no volverá a operar como librería física.Alternativa: Librerías independientes de Nueva YorkEspacios como Yu & Me, Ripped Bodice y The Lit Bar siguen activos en distintos barrios de la ciudad.Templo de GounsaEl templo budista Gounsa, en Corea del Sur, fue destruido por incendios forestales en 2025. Aunque se adelantan labores de restauración, no hay una fecha establecida para su reapertura.Alternativa: Templo BongjeongsaSituado en la ciudad de Andong, este complejo histórico permanece abierto y conserva edificaciones de madera y murales antiguos.Museo del Tapiz de BayeuxEl museo que alberga el Tapiz de Bayeux cerró en 2025 por un proyecto de ampliación y actualización. Su reapertura está prevista para 2027, por lo que no estará disponible en 2026.Alternativa: Museo Bonnat-HelleuUbicado en Bayona, en el País Vasco francés, este museo reabrió tras una extensa renovación.Azotea del Museo Metropolitano de ArteLa azotea del Met, utilizada para exposiciones temporales, permanece cerrada por un proyecto de ampliación que se extenderá varios años.Alternativa: Parque de Esculturas SócratesEste espacio al aire libre en Queens exhibe instalaciones artísticas temporales con vistas a Manhattan.
Colombia avanza en su estrategia de posicionamiento internacional en materia de defensa con su participación en la Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX 2026), una de las ferias más relevantes del sector a nivel mundial. La presencia del país hace parte de la agenda internacional del Gobierno orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con aliados estratégicos.Durante el evento, la delegación colombiana ha centrado su atención en el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como en la cocreación y fortalecimiento de la industria de defensa. Entre los ejes prioritarios también figuran el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, ciberseguridad y el fortalecimiento de capacidades en vehículos blindados, áreas consideradas clave frente a los retos actuales y futuros de la seguridad.En el marco de la feria, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha participado en exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa. Además, ha tomado parte en conferencias y paneles estratégicos junto a altos oficiales y expertos internacionales, donde se analizan los desafíos de la seguridad global y las nuevas amenazas transnacionales.Estos espacios han permitido abrir canales de cooperación técnica y militar, explorar alianzas estratégicas con la industria internacional y avanzar en posibles acuerdos que contribuyan al desarrollo tecnológico y operativo de la Fuerza Pública. La participación colombiana busca, además, diversificar socios y fortalecer su presencia en escenarios multilaterales de defensa.Como parte de la agenda en Qatar, el ministro Sánchez Suárez tiene previstos encuentros con los ministros del Interior y de Defensa del país anfitrión, así como visitas a puertos marítimos estratégicos, con el fin de conocer de primera mano las capacidades tecnológicas y operativas desarrolladas en esa nación.Uno de los hitos de la participación colombiana fue el encuentro con el secretario de la Industria Militar de Turquía, Haluk Görgün, en el que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento orientado a incrementar la autonomía y diversificar las capacidades de la industria de defensa colombiana, fortaleciendo la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.La DIMDEX 2026 reúne en Doha a líderes militares, tomadores de decisiones, gobiernos y empresas del sector, y se consolida como una plataforma clave para la exhibición de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras en los ámbitos naval y marítimo. En este escenario, Colombia busca traducir el diálogo y los contactos estratégicos en acuerdos concretos que fortalezcan sus capacidades frente al crimen transnacional y los desafíos de la seguridad regional y global.La feria es organizada por las Fuerzas Armadas de Qatar y cuenta con el patrocinio del Emir del Estado de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, consolidándose como uno de los encuentros más influyentes del sector defensa en el mundo.
Con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército, la Policía, la Gobernación del Huila y la Defensoría del Pueblo, se adelantó el comité denominado ‘Plan Democracia’, en el que se analizaron temas de seguridad y prevención de delitos electorales para los comicios de Congreso y las elecciones presidenciales de 2026.Asimismo, las autoridades analizaron los temas de orden público que han afectado al departamento y señalaron que las zonas más complejas estarán blindadas por la fuerza pública para que la población civil pueda acudir libremente a participar en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.“En la reunión se abordaron temas estratégicos relacionados con la planeación, coordinación y prevención, orientados a garantizar la seguridad, la transparencia y la libre participación ciudadana en las elecciones del Congreso de la República y la Presidencia de 2026, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera conjunta por unas elecciones seguras, confiables y en completa normalidad”, dijo el teniente coronel Cárdenas Peña.La Policía también hizo un llamado a los ciudadanos para que, en caso de conocer cualquier actividad o situación ilícita o sospechosa en el marco del plan electoral, la pongan de inmediato en conocimiento de las autoridades correspondientes.Es importante anotar que municipios como La Argentina, La Plata, Nátaga, Baraya y Tello, que han tenido problemas de orden público por la presencia de grupos armados ilegales, tendrán una atención especial por parte de las autoridades para evitar cualquier situación que altere la tranquilidad durante el desarrollo de las elecciones.
Transitar a pie por Bogotá se ha convertido en una actividad cada vez más peligrosa. Un informe revelado por la Secretaría de Movilidad, y dado a conocer por el concejal Rolando González, expone cifras alarmantes sobre la seguridad vial en la capital: entre 2024 y 2025 se registraron 5.960 peatones atropellados, de los cuales 386 perdieron la vida.De acuerdo con el reporte oficial, 187 de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente y 199 murieron en centros hospitalarios dentro de los 30 días posteriores al siniestro, lo que evidencia la gravedad de los impactos y la vulnerabilidad de quienes se movilizan a pie por la ciudad.Las motocicletas aparecen como el principal factor de riesgo. El 44 % de los peatones lesionados fueron atropellados por este tipo de vehículos, seguidos por automóviles particulares con un 28 %. Según el concejal González, estas cifras están asociadas al exceso de velocidad, la invasión de andenes y el irrespeto por los pasos peatonales.Otro dato preocupante es que el 42 % de las víctimas corresponde a personas mayores de 50 años, un grupo poblacional con menor capacidad de reacción ante maniobras imprudentes. Las localidades con mayor número de casos son Kennedy, Bosa y Suba, zonas con alta densidad de tráfico y circulación de motocicletas.El informe también señala que la imprudencia de algunos peatones contribuye a la problemática. El número de comparendos impuestos a transeúntes pasó de 53.874 en 2024 a 59.200 en 2025, principalmente por cruzar vías en lugares no autorizados.Ante este panorama, González hizo un llamado a fortalecer las campañas de cultura ciudadana y seguridad vial. “El peatón es el actor más vulnerable y debe ser protegido. Conductores y transeúntes deben respetar las normas para evitar que estas tragedias sigan repitiéndose”, advirtió.
El debate económico en Colombia volvió a abrirse tras un anuncio técnico que, en apariencia, tendría un impacto directo en el bolsillo de los colombianos. No se trata de un nuevo impuesto ni de una medida inédita que afecte de forma inmediata el gasto diario, pero sí de una decisión que incidiría en el ahorro pensional, la inversión y el comportamiento del dólar. En este contexto, una nueva propuesta del Gobierno ya empezó a mover el tablero financiero.Gobierno advierte un ajuste en inversiones de fondos pensionalesEl Gobierno de Gustavo Petro advirtió que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que reduciría el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones, pasando del 49 % al 30 %. Esta medida impacta de forma directa a más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos fondos y obligaría a repatriar recursos que actualmente están invertidos fuera del país.Ante este anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el proceso será gradual y tendrá un plazo máximo de cinco años, aunque la meta ideal sería cumplirlo en tres. Según indicó Ávila, la idea es redirigir entre $120 billones y $250 billones hacia la economía nacional, con el objetivo de fortalecer la inversión interna y el financiamiento del país.Petro defiende traer el ahorro al paísDesde el Gobierno, el argumento central es que el ahorro pensional debe cumplir un rol más activo dentro de la economía local. El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta a través de su cuenta en X con un mensaje contundente:El Ministerio de Hacienda también aclaró que la medida solo aplicaría para las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los cotizantes activos. Los pensionados actuales no se verían afectados por este ajuste regulatorio.Estrategia bajaría el dolar a $2.500: critican medidaEl anuncio no cayó bien en varios sectores. Analistas y representantes del sistema pensional han advertido posibles efectos negativos sobre la rentabilidad de los ahorros y la tasa de cambio. La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, cuestionó la iniciativa en su cuenta de X: “¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”.A estas críticas se sumaron las objeciones presentadas por la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), que alertó sobre riesgos como una menor diversificación internacional, mayor exposición a crisis locales y posibles vulneraciones al derecho de propiedad y al marco legal vigente.Entre las principales objeciones se destacan:La medida vulneraría el derecho de propiedad y de ahorro, amparados en los artículos 58 y 335 de la Constitución. Los fondos pertenecen a los afiliados y forzar la liquidación internacional afecta el encargo fiduciario.Una mayor concentración en instrumentos locales incrementa el riesgo y podría agotar reservas ante crisis financieras.Restringir la diversificación internacional es una medida regresiva que reduce la protección frente a la inflación, la devaluación y la volatilidad cambiaria.El Gobierno buscaría modificar el régimen legal del ahorro pensional mediante un decreto, superando sus atribuciones reglamentarias y contrariando la Ley 100 de 1993.
Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue coordinador nacional de la Guardia Indígena.Nacido en 1973 en Caloto, Cauca, en el seno del pueblo nasa, Acosta solo cuenta con formación académica hasta educación básica media.Sin embargo, desde hace más de una década lidera a más de 60.000 guardias indígenas, muchos de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.Se espera que su conocimiento del tejido social indígena contribuya a la protección de los derechos colectivos y al diseño de políticas inclusivas a nivel nacional.Su nombramiento también refleja la apuesta del gobierno por integrar líderes sociales cercanos a la Administración en cargos de alto nivel, reconociendo asì la importancia de la Guardia Indígena para la estrategia política del presidente Petro.
El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
Dos personas que permanecían en poder del ELN fueron liberadas hoy en zona rural del departamento de Arauca, en el marco de una misión humanitaria facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.Se trata de los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca.De acuerdo con el Comité de la Cruz Roja, la operación humanitaria se desarrolló en una zona rural del departamento y, tras verificar el estado de salud de las personas liberadas, estas fueron trasladadas a un lugar seguro.Señalan, además, que este tipo de acciones buscan aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y facilitar el restablecimiento del contacto familiar.La Defensoría del Pueblo por su parte recordó que, en lo corrido de 2026, el departamento de Arauca registra al menos cinco personas que habrían sido secuestradas, y reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que mantienen privadas de la libertad.“Una vez más, exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, dijo la Defensoria.
El Ministerio de Hacienda publicó oficialmente para comentarios el borrador de proyecto con el que busca limitar y traer al mercado Colombiano parte de las inversiones que los Fondos de Pensión tienen hoy en el extranjero; un plan pedido por el presidente Gustavo Petro y mencionado en varios de sus consejos de ministros.El documento, indica que cada una de las AFP, (es decir, Porvenir, Colfondos, Skandia, etc) deben invertir en el exterior solo el 30% de sus fondos siguiendo el cronograma establecido por el Gobierno para que sea de manera progresiva y no afecte el mercado.Una vez sea firmado el decreto, tendrá un plazo inicial de tres años para que ya tengan el 35% de sus inversiones en el extranjero y en los próximos cinco años, máximo el 30%. Contando con que se oficialice este 2026, en 2031, los fondos ya tendrían que estar cumpliendo este lineamiento.Entre los argumentos del ministerio de Hacienda para este cronograma está la de evitar afectaciones a la seguridad, liquidez y rentabilidad de los ahorros de los pensionados colombianos.“Esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio”, dice el documento justificativo que acompaña el proyecto de decreto.Ese porcentaje deberá ser cumplido de manera independiente por cada fondo de pensión sin importar qué tantas inversiones tienen hoy en el exterior o la categoría (Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado). Es decir, no se calcula de manera aislada , sino sobre la suma del valor total de los cuatro tipos de fondos que administra cada AFP.Entre las indicaciones que da el Gobierno es que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las AFP deben entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia el respectivo plan de cómo están ajustando dichas inversiones priorizando la inversión nacional con las nuevas cotizaciones o los procesos que están a punto de vencerse.En otras otras palabras, el Ejecutivo le dice a los fondos que los nuevos afiliados que tengan, ya sean por pensiones reglamentarias o voluntarias, o las inversiones que tengan que renovar, todo sea direccionado al mercado nacional.Para facilitar esto, dice el ministerio de Hacienda, dispondrá de un banco de proyectos en sectores como infraestructura, energía y vivienda con opciones para los fondos. Este fue uno de los argumento que presentó por su parte la URF, que es la Unidad de Regulación Financiera.“La capacidad de absorción de estos recursos no depende únicamente de la existencia de proyectos, sino de su identificación, priorización, estructuración financiera y de la disponibilidad de instrumentos admisibles conforme al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Por ello, el decreto incorpora un componente habilitante al disponer que, con el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, agregó el reporte.Las razones del Gobierno Con esta iniciativa, el Gobierno busca canalizar el ahorro pensional hacia proyectos nacionales en sectores que tienen un impacto potencial sobre el PIB superior al promedio de la economía, en especial el de la construcción. Asimismo, el objetivo es fortalecer el mercado de capitales colombiano ampliando su tamaño, liquidez y profundidad y que las empresas nacionales tengan alternativas de financiación más allá del crédito bancario tradicional.El otro frente de trabajo del Gobierno es el sistema pensional: dice que actualmente los portafolios de las AFP tienen una alta concentración en activos del exterior, cercana al 50% del total de los recursos, cerca unos $257,1 billones, lo que genera una vulnerabilidad del sistema colombiano frente a choques globales y volatilidad externa.Según el cálculo de los gremios, estos cambios implicarán repatriar a Colombia aportes o ahorros de hasta $125 billones.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su intranquilidad por la posible modificación de las normas que regulan la asignación y el monitoreo de slots en los aeropuertos colombianos, una decisión que, según el gremio, podría afectar la conectividad aérea del país, la competitividad regional y los derechos históricos de las aerolíneas que operan en Colombia.En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, IATA expresó su “profunda preocupación” por la información recibida desde la Aeronáutica Civil sobre la intención del Gobierno nacional de modificar el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3 (RAC 3), que regula el sistema de asignaciones horarias en aeropuertos congestionadosSegún la asociación, estos cambios implicarían una desviación de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), el estándar internacional aplicado en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo y reconocido por aerolíneas, aeropuertos y coordinadores internacionales. En Colombia, este sistema fue incorporado hace más de una década para ordenar la operación del Aeropuerto El Dorado, el único del país que opera bajo el esquema de slots.IATA recordó que la aplicación de los WASG ha sido clave para el crecimiento sostenido de El Dorado, que hoy es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil citadas en la misiva, entre enero y octubre de 2025 se movilizaron 47,3 millones de pasajeros en el país, lo que representa un incremento de más de 800.000 personas frente al mismo periodo del año anteriorEl gremio también destacó que durante 2025 se registró un crecimiento del 7,8 % en la oferta de sillas aéreas, con un aumento del 15,6 % en vuelos internacionales y del 3,6 % en rutas domésticas. A esto se suma el crecimiento de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales, indicadores que reflejan una mejora en la conectividad del país.Sin embargo, IATA advirtió que una modificación de la norma que se aparte de los estándares internacionales podría poner en riesgo esa senda de crecimiento. En particular, señaló que cambiar las reglas de asignación de slots podría afectar los derechos históricos de las aerolíneas, generar incertidumbre operativa y ubicar a Colombia en desventaja frente a otros aeropuertos hub de la región, como los de Lima, Ciudad de México o São Paulo.La asociación fue enfática en advertir que las consecuencias no serían solo operativas, sino también diplomáticas, pues Colombia tiene más de 70 acuerdos bilaterales de aviación que se basan en el respeto de las normas actuales y de los derechos adquiridos por los operadores aéreos. Una desviación de esos principios, advirtió, podría traer implicaciones graves para la relación aérea con otros países.En la carta, IATA también cuestionó que se plantee una modificación normativa sin que se haya aplicado plenamente el esquema vigente, especialmente en lo relacionado con el monitoreo del uso efectivo de los slots o franjas horarias asignadas. Según el gremio, este mecanismo es clave para controlar el uso adecuado de la infraestructura aeroportuaria y abrir espacios en las franjas horarias más congestionadas de El Dorado.Ante la posibilidad de cambios en los horarios asignados para despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado, la asociación solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer en detalle los riesgos de la propuesta y reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta en soluciones que fortalezcan la conectividad aérea del país sin afectar a los usuarios ni al sector.
Continúa la salida de funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, y en los últimos días se han nombrado oficialmente a 27 funcionarios de alto rango entre asesores, subdirectores y directores de área, según las resoluciones publicadas hasta el 4 de noviembre.Uno de los casos más importantes ocurre al interior de la Dirección de Presupuesto, encargada de maniobrar la asignación de recursos en medio de la crisis fiscal del Gobierno.Dos fuentes distintas le confirmaron a Blu Radio la salida del subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal, José Sebastián Cubillos, y de la subdirectora de Promoción y Protección Social, Johana López Silva, a quien le pidieron que renunciara y entregara su puesto el mismo día, además de otros asesores.Las diferencias en torno al proyecto de ley de presupuesto para 2026 fueron uno de los detonantes de las salidas.Por otro lado, el Ministerio de Hacienda le está abriendo paso a la contratación de asesores en la Dirección de Presupuesto que no necesariamente sean economistas ni expertos en presupuesto. En la lista podrían entrar arquitectos, ingenieros ambientales, agrónomos, antropólogos, artistas, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, periodistas, médicos o maestros.“Estas áreas aportan conocimientos técnicos y estratégicos para el ordenamiento territorial alrededor del agua, la planificación urbana sostenible, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, y son esenciales para garantizar justicia social, equidad en el acceso a servicios, y el respeto por los derechos humanos en la implementación de políticas públicas, así como para la eficiencia en la gestión de recursos, asegurando que las metas del plan se cumplan con transparencia y sostenibilidad, y permitiendo que la estructuración presupuestal coincida con las metas institucionales a nivel de preparación y ejecución del Presupuesto Público Nacional", señala la resolución de modificación del manual."Finalmente, se incluye la función de participar en espacios de discusión en el marco de las políticas de construcción de paz, derechos humanos y la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la violencia, en el marco de la importancia de las actividades de relacionamiento de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional con otras entidades en los temas señalados”, agrega la resolución.La inclusión de profesiones liberales en los manuales de funciones de áreas técnicas de los ministerios se ha dado también en el Ministerio de Minas y Energía, usando argumentos similares.En septiembre, Blu Radio había informado sobre la salida de asesores del Viceministerio Técnico, y en ese momento el viceministro, Leonardo Pazos, negó la existencia de motivaciones políticas. Sin embargo, varios de los que se fueron lo hicieron por diferencias sobre el manejo que se le está dando al viceministerio.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o identificación de los responsables del atentado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk ocurrido el pasado 21 de agosto de 2025 en el municipio de Amalfi, Bajo Cauca antioqueño.El helicóptero, perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, transportaba miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca cuando fue atacado con artefactos explosivos improvisados.El ataque provocó la muerte de 13 uniformados de la Policía Nacional, dejó cuatro heridos y causó la destrucción total de la aeronave. La autoría del atentado se la atribuyó el Frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc.La embajada estadounidense exhortó a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a identificar, localizar o detener a los responsables. Los datos pueden ser enviados de manera confidencial a través de Signal, Telegram o WhatsApp, así como mediante una línea de informes segura basada en la red Tor.“Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, señala el mensaje de la sede diplomática.La iniciativa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca incentivar la cooperación ciudadana en casos de terrorismo y crimen organizado transnacional.Las autoridades continúan trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del atentado, considerado uno de los más graves ataques recientes contra operaciones conjuntas antidrogas en el país.La embajada americana dejó a disposición el número para WhatsApp, Telegram y Signal +1-202-925-0090, la cuenta en X @RFJ_ESPANOL y el link de Tor.
El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías de Colombia, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro Urrego, a quien acusa de haber incurrido en el delito de violencia moral agravada contra servidor público y de encubrimiento, en relación con las declaraciones que hizo sobre la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.En el documento, radicado este 12 de noviembre de 2025, Bustos pide que se adelante una investigación penal, disciplinaria y política “por indignidad y posibles faltas disciplinarias y hechos punibles” del jefe de Estado.Según el denunciante, el presidente habría incurrido en una “afrenta abierta a la independencia judicial” al afirmar que el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ordenado por la magistrada Lombana, “no solo fue ilegal sino que constituyó un secuestro familiar”, a pesar de que no existe pronunciamiento judicial que así lo declare.Bustos considera que tales afirmaciones constituyen “violencia moral” y “revictimización institucional”, especialmente por provenir del jefe del poder Ejecutivo hacia una integrante del poder Judicial.“Se trata de un acto de abierto constreñimiento o violencia moral desde la cabeza de la rama ejecutiva contra la rama judicial. El pronunciamiento de Petro mina y socava los pilares mínimos del Estado de Derecho”, aseguró Bustos.La denuncia también hace referencia a los insultos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría lanzado contra la magistrada Lombana tras el operativo judicial. En su cuenta de X, Benedetti calificó a la togada de “demente y delincuente”, expresiones que posteriormente repitió en entrevistas radiales.“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, publicó Benedetti en su perfil de la red social en la mañana del pasado 11 de noviembre.Frente a estos hechos, el presidente no desautorizó las afirmaciones de su ministro, sino que, según Bustos, las respaldó y amplificó, incurriendo en un acto de encubrimiento y cohonestación de la ofensa.El texto también cita el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, quien rechazó públicamente los ataques a la magistrada.“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, indicó Tejeiro.Por todo esto, Bustos pidió que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos y determine si las conductas descritas configuran los delitos de violencia contra servidor público y encubrimiento, en los términos del artículo 429 del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1453 de 2011 y la Ley 2197 de 2022.“Solicito se adelante el respectivo plan metodológico de investigación, se recauden los elementos materiales probatorios y se determine la responsabilidad penal, disciplinaria y política del presidente Gustavo Petro Urrego”, concluye el documento.Con esta denuncia, la Red de Veedurías busca que se respete la independencia judicial y se sienten precedentes frente a los ataques verbales de altos funcionarios del Gobierno a magistrados de las altas cortes, en el marco del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público.
La noche del 13 de noviembre de 1985 quedará marcada en la historia de Colombia como una de las tragedias más devastadoras del siglo XX. Tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el municipio de Armero, en el departamento del Tolima, desapareció bajo toneladas de lodo y escombros.Al amanecer del día siguiente, entre los primeros en llegar al lugar estuvo Jorge Manrique, reportero de El Espectador, quien viajó desde Bogotá con destino a Manizales pocas horas después de conocerse la emergencia.Manrique emprendió el viaje alrededor de la medianoche, cuando aún no se conocía la magnitud real del desastre. Al amanecer, al llegar a Mariquita, el equipo periodístico encontró el primer signo de la catástrofe: el puente que comunicaba este municipio con Fresno había sido completamente destruido por la creciente del río Gualí. Desde ese momento comprendieron que algo mucho más grave había ocurrido.La comunicación con Armero estaba totalmente interrumpida. Las autoridades advirtieron a los periodistas que avanzar hacia la zona era bajo su propio riesgo. Aun así, el grupo decidió continuar. Hacia las seis y media de la mañana del 14 de noviembre, llegaron finalmente al lugar donde antes se levantaba la ciudad.Ante sus ojos se extendía un inmenso campo de lodo y desolación. Armero, con sus 29.000 habitantes, había desaparecido. Entre el barro se observaban cuerpos, sobrevivientes heridos y personas clamando ayuda. La tragedia se mezclaba con el silencio de lo que, horas antes, había sido una comunidad próspera.“Ante nosotros se extendía un inmenso playón de lodo y silencio. Una ciudad de 29.000 habitantes había desaparecido. Había cuerpos cubiertos de barro, personas heridas, sobrevivientes que pedían ayuda. La sangre y el lodo se confundían en la piel de quienes habían logrado escapar de la avalancha”, recordó Jorge Manrique Grisales en conversación con Blu Radio.Durante su recorrido, Manrique y su equipo decidieron regresar para intentar transmitir la información. Sin embargo, en el camino encontraron decenas de personas que intentaban evacuar. Los helicópteros no eran suficientes para atender la magnitud del desastre. En ese momento, el periodista dejó de lado su labor informativa para sumarse a las tareas de rescate. Según relataría después, ayudó a evacuar a un niño de brazos cuya madre estaba herida, trasladándolo hasta la carretera para ponerlo a salvo.“Allí se percibía la angustia general. Todo el país esperaba noticias de Armero. En medio del caos, dejé de ser reportero para convertirme, sin pensarlo, en rescatista: saqué a un niño de brazos cuya madre tenía una profunda herida en el tobillo. Lo llevé hasta la carretera”, recordó.Cuando logró reencontrarse con otros colegas de la prensa, Manrique estaba cubierto de barro y apenas podía ser reconocido. “Soy Jorge Manrique, de El Espectador”, les dijo, antes de narrar el difícil camino que lo había llevado hasta lo que horas antes era Armero, una ciudad que la naturaleza borró del mapa en cuestión de minutos.Cuarenta años después, el testimonio de Jorge Manrique continúa siendo una de las crónicas más vívidas y conmovedoras de aquella madrugada en la que el Nevado del Ruiz cambió la historia de Colombia para siempre.
A través de un pronunciamiento, los jueces destacaron que el trabajo de los defensores públicos es fundamental para garantizar el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia, en especial para las personas que requieren una defensa técnica adecuada y carecen de recursos para contratar un abogado particular.El documento advierte que, a la fecha, los defensores públicos han sido relegados por parte del Estado, situación que se ha traducido en el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y profesionales.Según los jueces, esta afectación se ha profundizado desde el momento en que dejaron de recibir honorarios acordes con la importancia de su función y con los incrementos que consideran justos.En ese sentido, los jueces penales señalaron que los defensores públicos, en su condición de trabajadores, deben contar con garantías dignas y equiparables a las de los demás intervinientes y operadores del proceso penal, al advertir que no es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.“No es posible hablar de derechos ni de garantías cuando quienes están llamados a protegerlos se encuentran vulnerados y afectados”, señaló el comunicado de los jueces.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
La Registraduría Nacional presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo y confirmó que habrá una sola tarjeta para todas las consultas, con el fin de garantizar el secreto del voto. Los ciudadanos deberán marcar una única opción en toda la tarjeta, pues hacerlo en más de una casilla anulará el voto.El registrador Hernán Penagos explicó que esta medida evita que se evidencie la orientación política del votante. Además, recordó que el 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de precandidatos por parte de las organizaciones políticas y que, una vez cerrada esta etapa, se realizará el sorteo de la posición de los candidatos en la tarjeta electoral.Esta decisión ha generado inconformidad. El Consejo Nacional Electoral expresó su preocupación por que este formato genere una cantidad importante de votos nulos, en el momento en el que una persona marque más de una casilla.Este formato fue presentado durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, a la que asisten representantes de partidos, el registrador, el ministro del Interior, el director de la UNP y UIAF y otros altos funcionarios. Desde allí el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad de las elecciones en todo el territorio nacional.