Tras una inspección bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país. Aunque el proceso y sus documentos están clasificados como información secreta y ultrasecreta, el ente de control tuvo acceso total al expediente y verificó cada una de las etapas de la negociación.De acuerdo con las conclusiones preliminares, la compra se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector Defensa, y estuvo precedida por un análisis de aeronaves ofrecidas por fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las propuestas de Saab y Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En esa evaluación, la oferta sueca resultó la mejor, al ser más económica, con un valor contractual de 3.135 millones de euros, precio fijo y respaldo de vigencias futuras, además de iniciar entregas en un plazo más corto, clave para el reemplazo de los Kfir.La Contraloría también destacó que el contrato incluye la adquisición de 17 aeronaves nuevas, acompañadas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. En la evaluación técnica realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizó nueve variables y 157 subvariables, el Gripen obtuvo el mayor puntaje, especialmente por su menor costo por hora de vuelo, su facilidad para operar en pistas cortas —incluso carreteras— y sus menores costos de sostenimiento al ser una aeronave monomotor.Otro punto clave fue el esquema de compensaciones (offset), que no incrementa el valor del contrato. El 85 % de estos beneficios tendrá un componente social liderado por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15 % estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial. En materia financiera, el acuerdo contempla un anticipo del 40 %, pagadero entre 2026 y 2031, y el restante 60 % contra entrega entre 2028 y 2032, con garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales bajo ley colombiana.Con base en esta revisión, la Contraloría informó que no encontró inconsistencias en la estructuración del contrato ni en el proceso de selección y anunció que, debido a la magnitud económica del negocio, mantendrá un seguimiento permanente a su ejecución durante el primer semestre de 2026.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la aerolínea Satena confirmaron este miércoles el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, tras accidentarse en Norte de Santander. "No hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander", puntualizó la ministra Rojas, al tiempo que la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 13 pasajeros y dos tripulantes que cubrían el vuelo NSE 8849 en la ruta Cúcuta-Ocaña.Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil señaló que se puso disposición "los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”.Así quedó el avión de SatenaCampesinos de la zona fueron los primeros en divisar los restos de la aeronave. Según testimonios y registros desde el lugar, el avión se encuentra en una zona de alta nubosidad, factor que pudo incidir en el siniestro, aunque falta la confirmación. La aeronave, operada por la firma Searca, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y perdió contacto a las 11:54 a. m., agotando formalmente su autonomía de vuelo a las 2:00 p. m.La aerolínea Satena expresó sus condolencias y publicó el listado oficial de las víctimas, entre las que figuran líderes políticos, profesionales y la tripulación al mando:Pasajeros:Diógenes Quintero Amaya (Representante a la Cámara)Carlos Salcedo (Candidato a la Curul de Paz)Juan Pacheco Mejía (Exconcejal de Ocaña)Maira Sánchez CriadoRolando Peñaloza Gualdrón (Médico)Natalia Acosta SalcedoMaría Álvarez BarbosaMaría Díaz RodríguezMaira Avendaño RincónAnayisel QuinteroKaren Parales VeraAnirley Julio OsorioGineth RincónTripulantes:Cap. Miguel Vanegas (Piloto)Cap. José de la Vega (Copiloto)Satena informó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y colaborará activamente con la Aeronáutica Civil para esclarecer las causas de la tragedia. Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina ahora el traslado de los organismos judiciales a la vereda Curasica para realizar las labores de levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
En una operación conjunta desarrollada en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. En el mismo operativo murieron cuatro hombres que integraban su esquema de seguridad y fueron capturados otros dos miembros de la organización.Durante la acción de la Policía y la Fuerza Aeroespacial, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición, además de equipos de comunicación como celulares, radios, memorias USB y una grabadora, así como material de intendencia utilizado por el grupo armado. El golpe se dio en una zona estratégica para la movilidad y el control territorial de esta estructura criminal en el centro del departamento.Alias “07” tenía una trayectoria criminal cercana a los 20 años, tras haberse desmovilizado de las antiguas AUC y reincidir en actividades ilegales. Dentro del Clan del Golfo había ocupado cargos de alto nivel, entre ellos segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, posteriormente, jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, consolidándose como uno de los hombres de confianza del mando regional.Su prontuario lo vinculaba con homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados con otras organizaciones criminales por el control de corredores de narcotráfico. Con su caída, las autoridades consideran que se debilita de manera significativa el accionar de esta estructura en el Magdalena y se impacta su capacidad de expansión hacia zonas del departamento del Cesar, reduciendo la presión criminal sobre comunidades rurales y urbanas de la región.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
La escalada en la tensión comercial entre Colombia y Ecuador, que incluye la aplicación de aranceles del 30 %, empieza a generar efectos negativos en varios sectores productivos del país. Uno de los más afectados es la industria del calzado en Bucaramanga, que mantiene una alta dependencia del mercado ecuatoriano.De acuerdo con Wilson Gamboa, vocero de Asoinducals (Asociación de Industriales del Calzado y Similares), entre el 15 % y el 18 % del calzado producido en Bucaramanga tiene como destino Ecuador, lo que convierte a ese país en un socio comercial clave para los fabricantes santandereanos.El dirigente gremial explicó que, aunque las exportaciones no se han paralizado por completo, el escenario actual ha obligado a los empresarios a modificar sus estrategias comerciales. “Estamos atravesando una coyuntura compleja. En muchos casos, se está negociando la mercancía en zona de frontera, mientras los compradores ecuatorianos analizan cómo ingresar los productos al país”, señaló.Según Asoinducals, los últimos envíos de calzado se realizaron entre noviembre y diciembre y, desde entonces, el flujo comercial ha disminuido considerablemente. Las pérdidas económicas para el sector ya se estiman entre 500 mil y 700 mil dólares, una cifra que preocupa al gremio por el impacto que tiene sobre el empleo y la sostenibilidad de las empresas.Gamboa recordó que, tras el debilitamiento del comercio con Venezuela, Ecuador se consolidó como uno de los principales mercados para el calzado fabricado en Bucaramanga. Hacia ese país se exportaba principalmente calzado femenino, con una composición aproximada del 70 % en material sintético y un 30 % en cuero.Ante esta situación, los empresarios del sector, con el acompañamiento de ProColombia, están explorando nuevos destinos internacionales y fortaleciendo contactos comerciales para reducir la dependencia del mercado ecuatoriano.Paralelamente, se mantienen diálogos con empresarios del vecino país, con el fin de preservar relaciones comerciales directas pese a las restricciones actuales.Gremios económicos advierten que la crisis comercial entre Colombia y Ecuador no solo afecta al sector del calzado, sino que también podría impactar una amplia canasta de productos, que incluye manufacturas, agroindustria y bienes del mar, si las medidas se prolongan en el tiempo.
Nuevamente, el departamento del Cauca es el escenario del terrorismo, pues un ataque con explosivos lanzados desde drones fue perpetrado en la tarde de este martes en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia.El hecho se registró en inmediaciones del parque central de esta población, muy cerca de la estación de Policía, donde se encontraba un numeroso grupo de personas que estaban exigiendo claridad sobre la muerte de dos jóvenes, ocurrida días atrás.En medio del ataque murió una persona, quien al parecer también transportaba explosivos. Otras 14 personas resultaron heridas, las cuales fueron atendidas en el Hospital de El Plateado; una de ellas, una niña de ocho años de edad, quien resultó lesionada por las esquirlas."La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siennfo atendida y la comunidad continúa en pánico", señaló la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.Las autoridades iniciaron el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques; mientras tanto, se inició una investigación para determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás de este hecho, pues en la zona delinquen la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco', y el ELN."La situación es confuza, triste y lamentable. Se repiten episodios de tiempos que considerábamos en el pasado, pero el conflicto sigue y la alteración al orden público nos afecta de nuevo. Nuestras vidas están corriendo muchísimo peligro", indicó el alcalde de Argelia, Cauca, Osmán Duan.
El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica al asegurar que Nicolás Maduro estaba secuestrado en Estados Unidos. El mandatario colombiano dijo esto solo días antes de su reunión en Washington con Donald Trump en la Casa Blanca.Algunos sectores políticos consideran que estas declaraciones podrían llevar incluso a la cancelación de la reunión.“¿Serán sus declaraciones una excusa para no asistir a la reunión? Tal vez porque sabe que la reunión es políticamente riesgosa para su base ideológica. Aquí eleva el tono antes del encuentro creando un clima que justifique tal vez un enfriamiento o incluso una cancelación”, dijo la representante a la Cámara del partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien integra la Comisión Segunda.Por su parte, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador en Washington, dijo que las declaraciones de Petro son una "vergüenza".“Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton, en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, ahora peor anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar”, dijo Pinzón.La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez también se refirió al tema.“Defiende a Maduro, legitima tribunales de bolsillo y calla frente a la barbarie iraní. Pero eso sí, da lecciones morales hablando de Gaza. Con esa hipocresía gobierna el ‘cambio’,” agregó la congresista Arbeláez.Mientras tanto, el candidato Enrique Peñalosa aseguró que estas declaraciones pueden afectar a los colombianos.“Los colombianos que vieron al presidente Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto? Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que eso que dijo Petro les sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos cuya producción generan decenas de miles de empleos en Colombia”, señaló Peñalosa.Mientras que el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero dijo que Petro actuaba como un defensor de Maduro.“¡Qué vergüenza que el presidente de Colombia se convierta en el defensor de oficio del dictador Maduro y pida que lo devuelvan para que lo juzgue un tribunal de bolsillo en Venezuela! Y sigue hablando de Gaza mientras calla sobre la barbarie de sus amigos del régimen iraní”, señaló Forero.Otra de las reacciones llegó por parte del expresidente Andrés Pastrana.“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos”, dijo el exmandatario.
Luego de tres meses de dar inicio formal al proceso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció en las últimas horas que adjudicó a Millicom Colombia Holding S.A.S., empresa del Grupo Millicom, la totalidad de sus acciones en UNE durante la Audiencia de Adjudicación realizada este martes 27 de enero.La compañía indicó que en esta Segunda Etapa, recibió un único Sobre para Precalificación, el cual cumplió con todos los requisitos exigidos. La propuesta de compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, por 418.741 pesos por cada una de las 5.014.958 acciones, para un valor total de 2.099.968.527.878.Así las cosas, la empresa aceptó la oferta y adjudicó la totalidad de las acciones a Millicom Colombia Holding S.A.S., que tendrá cinco días hábiles, contados a partir del miércoles 28 de enero, para efectuar el pago. De acuerdo con la información oficial, una vez se valide la recepción de los recursos, EPM solicitará a UNE la inscripción del comprador en el Libro de Registro de Accionistas, con lo cual se hará efectiva la transferencia y se dará por concluido el proceso de enajenación.Indicó la compañía que en la Primera Etapa del proceso, dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, se adjudicaron 77 acciones a 11 nuevos accionistas. Posteriormente, las acciones remanentes fueron ofrecidas al público en general en la Segunda Etapa, cuyo Aviso de Inicio fue publicado el 30 de diciembre de 2025.Finalmente, señaló que, de confirmarse el pago dentro del plazo establecido, no se producirán cambios en el control de UNE, dado que el Grupo Millicom ha sido su accionista controlante desde 2014.
La incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la identidad de las 15 personas que viajaban a bordo del avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, al servicio de Satena, desaparecido desde el mediodía de este miércoles. Entre los ocupantes del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se encuentran destacados líderes políticos de la región.Tripulación y PasajerosEl reporte oficial consolida los siguientes nombres de los 13 pasajeros y 2 tripulantes:Diógenes Quintero: representante a la CámaraCarlos Salcedo: candidato a la Curul de Paz.Juan David Pacheco: exconcejal del municipio de Ocaña.María Sánchez: esposa del exconcejal Juan David Pacheco.Rolando PeñalozaNatalia Cristina Acosta SalcedoTorcoroma ÁlvarezMaira AvendañoMaría Del Carmen DíazAnirley JulioKaren ParalesAnayisel QuinteroGineth RincónMiguel Vanegas: piloto.Jorge Trujillo: copiloto.Último contacto y operativo de rescateLa aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y registró su último contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del inicio del vuelo. El radar ubicó el avión por última vez en una zona montañosa de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC).
Momentos de tensión se viven en Norte de Santander luego de que se confirmara la desaparición de un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y que perdió todo contacto con los radares cuando se aproximaba a su destino.La aeronave, que prestaba servicios a la aerolínea estatal Satena, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana de este miércoles y tenía previsto aterrizar minutos después en el aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña. Sin embargo, a las 11:54 a. m., los sistemas de control aéreo reportaron la pérdida total de comunicación.A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a las curules de paz Carlos Salcedo, y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.Tras cerca de tres horas de la desaparición, el equipo del representante se pronunció informando que "seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente de agenda, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".Agregaron que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue". El equipo finalizó pidiendo oración por los tripulantes.Las labores de búsqueda y rescate se concentran en una zona montañosa y de compleja geografía del Catatumbo, entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, punto donde se habría registrado el último rastro del avión.La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde la base aérea de Palanquero, con el objetivo de realizar sobrevuelos de reconocimiento, mientras que equipos en tierra intentan establecer posibles puntos de impacto.Por su parte, Satena informó en un comunicado oficial que: "La aerolínea de los colombianos informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero".
Una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 y operada por la firma Searca al servicio de Satena, desapareció este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 de la mañana, minutos antes de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Aguas Claras. A bordo viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.Entre los ocupantes se confirmó la presencia del representante a la Cámara Diógenes Quintero, reconocido líder del Catatumbo. Junto al legislador viajaban Carlos Salcedo, también candidato a la Curul de Paz, y un exconcejal del municipio de Ocaña en compañía de su esposa.La búsqueda se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, donde se registró la última señal del radar. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplazó un helicóptero desde la base de Palanquero para realizar un barrido visual en este sector crítico de la geografía nortesantandereana.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya recopila datos técnicos sobre la pérdida de comunicación. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones", declaró la funcionaria.Detalles técnicos de la aeronaveEl Beechcraft 1900 involucrado es un avión turbohélice con cabina presurizada, ideal para las condiciones topográficas de la región. Aunque Satena adelanta un proceso de modernización de su flota propia (compuesta por modelos ATR y Embraer), la estatal utiliza el esquema de alquiler de equipos de alto rendimiento de Searca para cubrir trayectos específicos como el de Cúcuta-Ocaña.El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) continúa trabajando en la verificación de coordenadas exactas para localizar el aparato y sus ocupantes.
Una emergencia aérea se registra este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena, cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.De acuerdo con la información oficial, el avión, identificado con matrícula HK-4709, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto con la aeronave se perdió minutos antes de su llegada.En un comunicado, Satena confirmó que a bordo del vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m.“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. del día de hoy”, indicó la aerolínea en su pronunciamiento oficial.Según el reporte preliminar, el avión se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, desplegando un helicóptero desde la base de Palanquero, con el fin de rastrear el área donde se perdió el rastro del vuelo.Satena informó además que se activaron todos los protocolos de emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro, y habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de los ocupantes.“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en su comunicado.Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y el estado de las personas que viajaban a bordo.
La incertidumbre reina en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la pérdida de contacto con una aeronave que cumplía rutas comerciales para la aerolínea Satena. La aeronave, que debía aterrizar en el mediodía de este miércoles, ha activado todas las alarmas de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país.De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave —con capacidad para 15 pasajeros— perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la cual estaba programada para las 12:10 p. m.El último registro de los radares ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el corazón de la región del Catatumbo. Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a la cancelación de los trayectos subsiguientes que el aparato debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú.Este es el avión de Satena que desapareció en Norte de SantanderSegún la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709.La aeronave es de la empresa Searca (vuelos privados y comerciales) bajo servicios para Satena y es un modelo Beechcraft 1900. El vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, pero nunca llegó a su destino.Detalles de la desaparición del avión de SatenaSatena informó a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana de este 28 de enero.La aeronave había despegado a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 p. m., según detalló la aerolínea en su comunicado oficial.Pronunciamiento oficial de SatenaTras perder contacto, Satena activó de inmediato todos los recursos disponibles para adelantar las labores de búsqueda y localización de la aeronave.Estas acciones se desarrollan en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidades encargadas de coordinar y apoyar las operaciones técnicas correspondientes.Adicionalmente, la aerolínea habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información oficial a los familiares de las personas que se encontraban a bordo. Satena reiteró que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
A 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el debate sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz ha resurgido con fuerza, impulsado por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro ha defendido la toma del Palacio como un "acto de insurrección" o una "genialidad" del M-19. Además, ha sugerido la teoría, vía redes sociales, de que Gaona salió vivo del baño del Palacio, lo que implicaría que fue asesinado por el Ejército, no por el M-19.Frente a esta tesis presidencial, que el historiador Óscar Alarcón califica de "totalmente contravidente", el abogado, periodista y amigo personal de Gaona, revela que todos los documentos y testimonios la desmienten.Alarcón, quien escribió una crónica reciente sobre la tragedia en El Espectador, subraya que la muerte de Gaona fue un golpe doblemente doloroso para él, pues atropelló la justicia y se llevó a varios amigos, muchos de ellos externadistas.Testimonio de los sobrevivientesÓscar Alarcón confirma, basado en la información recogida de las investigaciones y lo escrito por el hijo de la víctima, Mauricio Gaona, que existen testigos que aseguran que Manuel Gaona fue asesinado por el M-19.El trágico suceso ocurrió a la salida de un baño ubicado en los entrepisos, entre el tercero y cuarto piso del Palacio de Justicia. Alarcón relata que Almarales le dio la orden a uno de los guerrilleros de matar a ese señor. Así, Gaona murió allí mismo, y no salió con vida. El historiador aclara que, a diferencia de Gaona, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, sí fue visto saliendo vivo del Palacio en video.Alarcón también ratifica un detalle doloroso del episodio en el baño: el magistrado Gaona le suplicó a Almarales que no lo matara, argumentando que tenía una hija recién nacida. M-19Recientemente, la figura de Gaona ha sido objeto de una polémica sobre su supuesta cercanía ideológica con el M-19. Alarcón niega categóricamente esta afirmación, asegurando que Gaona no tenía "ninguna relación" con el grupo guerrillero.De hecho, Gaona era cercano a la campaña de Virgilio Barco, para quien había elaborado documentos. Alarcón recuerda que Gaona, en su último escrito, dejó un mensaje pidiendo que hablaran con él o con el doctor Inestrosa, lo cual el historiador interpreta como un intento desesperado de transmitirle un mensaje al doctor Virgilio Barco para que lo ayudaran a salir con vida.El historiador lamentó los intentos de manchar la memoria del magistrado, señalando que la tutela ganada por la familia Gaona contra una película que sugería su cercanía al M-19 estaba plenamente justificada, ya que eso es una "ficción que metieron ahí".Escuche aquí la entrevista:
El presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, envió una carta al presidente Gustavo Petro Urrego en la que solicita gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una ampliación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, con el fin de que esta pueda acompañar y supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En la misiva, Londoño, quien firmó como representante de una de las partes contratantes del Acuerdo Final de Paz, recordó que el pacto suscrito en 2016 fue un “hito histórico” que permitió poner fin a más de cinco décadas de guerra y avanzar en procesos de justicia, reparación y reforma rural. Señaló que, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 31 de octubre una nueva resolución que renueva el mandato de la misión, lamentó que el componente de justicia y el capítulo étnico no fueran incluidos dentro de las tareas de verificación.El líder del partido Comunes citó el punto 5.1.2 del acuerdo final, que establece la creación de un mecanismo internacional para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. En ese sentido, pidió al presidente Petro elevar una solicitud conjunta con el secretario general de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para que se incluya dicha función en el mandato de la misión.“Es fundamental para el éxito del Acuerdo que la comunidad internacional respalde esta etapa sancionatoria. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, expresó Londoño en la carta.El excomandante de las Farc también manifestó su disposición de reunirse con el mandatario “cuando lo considere pertinente”, con el propósito de ampliar la motivación de la solicitud y fortalecer el respaldo al sistema de justicia transicional.Con esta comunicación, Londoño busca reactivar el acompañamiento internacional en una de las fases más sensibles del proceso de paz: la aplicación de las sanciones restaurativas por parte de la JEP, consideradas clave para consolidar la verdad, la justicia y la reparación en el país.
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el exmagistrado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia (2008), narró los hechos ocurridos hace 40 años. Según Pinilla, el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue el gran responsable de la tragedia, y su accionar no respondió a razones políticas sino a un plan de venganza financiado por el narcotráfico.“El gran responsable de eso es el M-19, porque entró a asesinar al Palacio con una gran mentira: que iban a hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur”, afirmó Pinilla durante la entrevista.El exmagistrado recordó que el grupo insurgente ingresó al edificio de la Corte Suprema el 6 de noviembre de 1985, asesinando a los vigilantes y al administrador del edificio, y dirigiéndose directamente al cuarto piso donde sesionaban las Salas Constitucional y Penal. “Fueron a matar a los magistrados porque Pablo Escobar los había financiado para que lo hicieran así”, sostuvo.Financiación del narcotráfico y objetivo de la tomaDe acuerdo con Pinilla, las conclusiones de la Comisión de la Verdad apuntaron a que el cartel de Medellín tuvo una participación determinante en la planificación del ataque. El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', y de la periodista Virginia Vallejo, sirvió como base para establecer los nexos entre el M-19 y Pablo Escobar.“Pablo Escobar les dijo: les doy dinero y armas, pero ya que se van a tomar el Palacio, enséñenles a esos hijueputas de la Sala Penal y Constitucional que conmigo no se metan”, relató Pinilla. Según el exmagistrado, la operación tuvo como trasfondo el debate que en ese momento adelantaba la Corte Suprema sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, tema que afectaba directamente los intereses del cartel de Medellín.Críticas al papel de la Fuerza PúblicaAunque Pinilla responsabiliza al M-19 por el inicio del ataque, también reconoció graves excesos cometidos por la Fuerza Pública durante la retoma del edificio. Señaló directamente al teniente coronel Alfonso Plazas Vega, a quien calificó de actuar “con un gatillo fácil”.“El teniente coronel del Ejército dio órdenes para disparar a la loca con tanques de guerra... confesando que en combate primero se asesina y luego se averigua quién fue muerto”, aseguró. El exmagistrado indicó que tanto Ejército como Policía intervinieron sin coordinación, generando una “balacera alocada” que terminó con la vida de rehenes y guerrilleros. También recordó que once empleados de la cafetería salieron vivos del Palacio, pero posteriormente fueron desaparecidos, lo que dio origen a la condena del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.Petro y las “verdades a medias” sobre el PalacioEn un momento de la entrevista Néstor Morales citó las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre los magistrados que supuestamente salieron vivos del baño durante la toma. Ante ello, Pinilla respondió con firmeza: “Eso es parcialmente cierto. Esas son las verdades a medias que suele decir un mentirosillo incorregible como es nuestro presidente de la República”, expresó, aludiendo a Petro por tergiversar, según él, la historia de los hechos.El exmagistrado aclaró que el magistrado Manuel Gaona Cruz fue asesinado “por la espalda” por un guerrillero del M-19, y no por fuego del Ejército, como ha sostenido el mandatario. “A Gaona lo mata un guerrillero del M-19 cumpliendo la consigna de Escobar de acabar con los magistrados”, precisó.La deuda del Estado con la verdadPinilla lamentó que, a pesar de los años y de los informes producidos, el país aún no conozca toda la verdad sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue reducido a escombros. Recordó que la Comisión de la Verdad fue conformada ante la inacción de las autoridades y que incluso el entonces presidente Belisario Betancur fue “dejado al margen” por los mandos militares.“Belisario fue convertido en un pelele... Nos dijo que había ordenado recuperar el Palacio respetando la vida de rehenes y guerrilleros, pero no supo qué hacer cuando vio la balacera”, relató Pinilla.A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, las palabras del exmagistrado Nilson Pinilla reavivan el debate sobre las responsabilidades compartidas entre guerrilla, narcotráfico, fuerza pública y Estado. Una tragedia que, como él mismo lo resumió, “sigue siendo una herida abierta que Colombia aún no ha sabido cerrar”.
Desde las 9:00 de la mañana de este martes será retomada en el centro de servicios judiciales de Barranquilla, la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esta diligencia, el juez Hugo Carbonó, encargado del Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Barranquilla, definirá cuáles de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa que serán aceptadas dentro del juicio.Esto será clave, teniendo en cuenta que, entre otras, se definirá el futuro de pruebas como chats, videos y testimonios que serían relevantes para demostrar si efectivamente hubo irregularidad en la recepción de más de mil millones entre 2020 y 2022 por parte del hijo del presidente o si se trató de unos préstamos realizados por él a polémicos contratistas como Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca, tal y como su defensa insiste en establecer.La decisión será determinante para la siguiente fase judicial, en la que se fijará el cronograma de juicio oral. Es importante tener en cuenta que la Fiscalía sostiene que hay evidencias de movimientos bancarios y transferencias sin justificación que habrían aumentado el patrimonio del exdiputado del Atlántico de manera irregular.Con la definición sobre las pruebas para tener en cuenta en el proceso, se dará inicio al juicio en el que serán escuchados los testimonios admitidos por ambas partes.De acuerdo con información entregada a Blu Radio, Nicolás Petro no estará presencial en la audiencia, sino que la atenderá de manera virtual, debido a los problemas de seguridad que enfrenta, lo que lo llevó a trasladar su residencia de Barranquilla a Bogotá.
Una emergencia aérea se registró este miércoles 28 de enero de 2026 en el noreste del país, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, en la que se movilizaban 15 personas.El avión se perdió en una zona montañosa ubicada entre Ocaña y la capital de Norte de Santander, según el último registro de la plataforma de seguimiento aéreo. La aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y se desplazaba con rumbo oeste cuando desapareció del radar. Preliminarmente se conoció que al avión le faltaban entre 7 - 8 minutos de vuelo para llegar a Ocaña, exactamente 20 millas.De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras a las 12:10 del mediodía, lo que no ocurrió, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.Según información preliminar, los radares ubicaron por última vez el avión en la región del Catatumbo, en un sector comprendido entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, una zona de difícil acceso. Hasta ese punto se desplazaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, que adelantan labores para establecer el paradero del avión y de sus ocupantes.Entre tanto, en el municipio de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata lidera una mesa de crisis junto a las autoridades locales y directivos del aeropuerto, con el fin de coordinar la atención de la emergencia y mantener comunicación con los organismos nacionales.Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los pasajeros ni las causas de la pérdida de comunicación, a la espera de información oficial conforme avancen las labores de búsqueda.
Una situación de emergencia aérea se vive en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la desaparición de un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena. La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña tras haber cumplido una ruta inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Según el reporte oficial actualizado, a bordo del aparato viajan 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.El vuelo despegó de la capital nortesantandereana a las 11:40 a. m. y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. Sin embargo, el contacto se perdió minutos antes de su llegada. Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero de búsqueda desde la base militar de Palanquero para sobrevolar la zona del Catatumbo, donde se registró el último rastro del radar.La desaparición movilizó de inmediato al Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC), que ya coordina esfuerzos con las autoridades locales de Ocaña y el concesionario del aeropuerto en Medellín. Según fuentes de la empresa Searca, propietaria de la aeronave que opera bajo la modalidad de alquiler para Satena, se están verificando las coordenadas exactas entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.Detalles técnicos de la aeronave desaparecidaEl Beechcraft 1900 es un avión bimotor turbohélice de alto desempeño, diseñado para operar en geografías difíciles como la colombiana. Estas son sus especificaciones principales:Capacidad: hasta 19 pasajeros (en este vuelo viajaban 13).Velocidad: 440 kilómetros por hora (240 nudos).Alcance: cabina presurizada capaz de volar hasta los 25,000 pies de altura.Autonomía: hasta 6 horas y 30 minutos de vuelo continuo.Ante la pérdida de comunicación, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó que se encuentra en la etapa de recolección de información técnica y operativa. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU (Puesto de Mando Unificado)", señaló la entidad a través de sus canales oficiales, enfatizando que trabajarán de la mano con el Ministerio de Transporte para coordinar la respuesta.¿Qué tipos de aviones tiene Satena?La flota actual de la compañía se consolida con 19 unidades: diez ATR 42, cinco ATR 72, dos Embraer ERJ 145 y dos Twin Otter. Esta infraestructura se complementa, como en el caso del vuelo desaparecido, con servicios de terceros para cubrir otras rutas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el ofrecimiento de un diálogo para tratar los problemas comunes, entre ellos el narcotráfico y la guerra arancelaria en la que están inmersos los dos países."Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro dirigiéndose a Noboa, con quien coincidió hoy en Panamá en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, que reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.Según Petro, la guerra contra las drogas "no ha servido para detener el narcotráfico", que en su opinión, "crece, crece y crece, y no es regional, presidente Noboa, es mundial y universal"."La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas, los compradores, ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericanas, es una multinacional internacional", agregó.En ese negocio ilícito "hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses", señaló Petro, quien subrayó que "el camino" en esa lucha "es la integración policial"."Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencia", manifestó.Lucha fronterizaEl presidente agregó que entre Colombia y Ecuador hay "una de las grandes fronteras de la droga" y por eso "hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana que ya la tenemos, sino abrirla, para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto".Tras el anuncio ecuatoriano de los aranceles, el Gobierno colombiano apeló al principio de reciprocidad e impuso una sobretasa del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó el lunes con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).El pasado sábado Petro manifestó por primera vez su disposición a reunirse con Noboa para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, que fue la manzana de la discordia con Ecuador."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en su cuenta de X.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo ayer que se le propuso a Ecuador una reunión de Petro y Noboa hoy en Panamá, pero que no ha habían recibido una respuesta a esa solicitud.En la agenda de Petro en Ciudad de Panamá hoy figuran tres reuniones bilaterales pero con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
La investigación administrativa por la muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que desapareció y fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, avanza, pues el abogado Julián Quintana, representante legal de la familia, confirmó que recibió recientemente un radicado de la Gobernación de Cundinamarca en el que se informa que desde noviembre pasado fue emitido un auto de formulación de cargos contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.De acuerdo con el apoderado, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor. “¿Por qué es importante? Porque es como una acusación. Y, precisamente, es por la negligencia en el cuidado. Nos enteramos hasta ahora, porque ayer nos llegó el oficio, pero es muy importante, porque es la primera acusación en un proceso, ahora disciplinario, frente al colegio”, explicó Quintana.El abogado señaló que esta actuación se suma a otras decisiones como la medida cautelar de la CAR. “Siempre ha mantenido ellos la tesis de que no ha pasado nada, que nunca les han llamado la atención, entonces ya son dos cosas: la medida cautelar de la CAR y ahora el pliego de cargos de la Gobernación. Dicen allí que en marzo ya tendrán decisiones”, precisó.En el radicado oficial, la Gobernación de Cundinamarca detalló el estado actual del proceso disciplinario contra la institución educativa. “A la fecha, nos permitimos informar, en lo que resulta hito procesal relevante, que desde el pasado 5 de noviembre fue emitido auto de cargos en contra de la institución, el cual fue notificado a la representante legal el día inmediatamente siguiente”, señala el documento.La comunicación agrega que el colegio, a través de su apoderado, ya presentó descargos y que el proceso se encuentra en la fase probatoria. “Nos encontramos en emisión de auto que decreta pruebas, las cuales son de tipo documental aportadas por el establecimiento educativo; de igual forma, se decretaron testimoniales, los cuales serán escuchados en audiencia, y se requirió allegar video de cámaras de seguridad del Colegio Gimnasio Campestre Laureles”, se lee en el oficio.Según la autoridad departamental, esta etapa probatoria se espera concluir el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión. “Agotadas las etapas mencionadas, se emitirá decisión de fondo, la cual podría habilitarse para el mes de marzo del año que avanza, entendiendo que pueden presentarse acciones que, conforme al ordenamiento jurídico, pudieren variar excepcionalmente tal contexto”, puntualiza el radicado.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.