La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
El viernes 30 de enero de 2026 se realizó el sorteo MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor número de seguidores en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a su bajo costo de participación. La expectativa entre los apostadores aumentó luego de que en el sorteo anterior se entregara el premio mayor, situación que permitió que el pozo acumulado iniciara con un nuevo monto.Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Premiación y ganadoresDe acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:5 aciertos: $200.000.0004 aciertos: $14.832.0003 aciertos: $24.093.7002 aciertos: $38.728.000Así funciona MiLotoMiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su sistema de juego es fácil de entender: el participante debe elegir cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.Al contar con un universo numérico más reducido, MiLoto ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.Más allá de su atractivo por el valor de la apuesta, este juego opera bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza su legalidad. Los recursos generados por la venta de MiLoto se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, representando un aporte directo al bienestar social.¿Cómo reclamar premios de MiLoto?Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; si la apuesta se realizó de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del jugador, asegurando que todos los datos estén correctamente diligenciados.También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el proceso incluye un paso adicional. El ganador debe comunicarse previamente al número (601) 742 6861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización correspondiente y conocer la sucursal fiduciaria asignada.Para el cobro, se debe presentar el tiquete original en perfecto estado —impreso si la compra fue digital y con todos los campos completos— junto con un documento de identidad vigente, dentro de las opciones permitidas por la normativa.¿Cómo cobrar gran acumulado de Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto?El cobro del gran acumulado de juegos como Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto comienza con un contacto directo con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en la Carrera 13 #26A-47, piso 9, en Bogotá.La comunicación debe realizarse con el Director de Gestión de Negocios, a través del teléfono (601) 742 6861, extensión 72749, en horario laboral. Durante esta llamada se efectúa una verificación inicial de los datos del tiquete y se agenda una cita para continuar con el proceso de reclamación del premio.
La suerte ha vuelto a elegir a Antioquia como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0477 de MiLoto, realizado la noche del viernes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $200 millones. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en el municipio de Rionegro, fue adquirido bajo la modalidad manual, consolidando una vez más al departamento como uno de los más afortunados para este juego.Los números que cambiaron la vida de este ganador fueron el 03, 04, 17, 27 y 33. Con este acierto, ya son 10 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en territorio antioqueño, demostrando la alta penetración y confianza que los colombianos depositan en este formato.MiLoto ya había caído esta semanaEste es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en la semana, pues el pasado 28 de enero cayó en Bogotá, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en la capital, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.Además del gran premio, el sorteo No. 0477 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $277 millones."El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.Un impacto real en la salud de los colombianosMás allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.¿Cómo participar por el nuevo acumulado?Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia con una cifra inicial de $120 millones para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:Canales digitales: A través de la página web oficial www.baloto.com.Puntos físicos: En los más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país.Redes aliadas: En puntos PagaTodo y principales cadenas de grandes superficies.
En medio de la intensa ola invernal que atraviesa el departamento del Valle del Cauca, más de 20 municipios han resultado gravemente afectados por el aumento del caudal del río Cauca. Ante esta situación, la gobernación ha desplegado ayuda humanitaria en al menos cinco municipios declarados en calamidad pública, según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.En este contexto, el pasado 27 de enero se viralizó en redes sociales un video en el que un hombre, identificado como Ángel Montoya, de aproximadamente 30 años, se lanza desde el puente General Santander, ubicado en la vía Tuluá–Riofrío, al parecer con el objetivo de cumplir un reto.“Nos vamos es a tirar, mi hermano”, fueron las últimas palabras que se escuchan de Montoya antes de lanzarse al vacío. En las imágenes posteriores se observa al hombre intentando nadar, mientras una fuerte corriente de agua lo arrastra río adentro.Tras confirmarse su desaparición, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda, difundiendo el video en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.Ángel Montoya fue hallado sin vida en BolívarDurante la mañana de este viernes 30 de enero, un grupo de areneros que se encontraban en aguas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, ubicado a varios kilómetros río abajo del punto donde ocurrieron los hechos.Luego de las labores de recuperación realizadas por los organismos de socorro, se confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Ángel Montoya.Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal del río incrementa considerablemente el peligro.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó el desacuerdo del Gobierno con la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que quedó en 10,25%. La determinación fue adoptada por mayoría: cuatro codirectores votaron por el aumento, dos por una reducción de 50 puntos y uno por mantenerla sin cambios.Tras conocerse la medida, el jefe de la cartera económica aseguró que el ajuste podría tener un efecto contrario al que busca el banco central. “Puede tener más efectos inflacionarios, que al contrario de controlar la inflación puede tener más efectos inflacionarios la decisión que se está tomando”, afirmó, al señalar que el contexto actual muestra, según el Gobierno, mejoras en inflación, empleo y dinámica productiva.Ávila sostuvo que el alza de la tasa de referencia impacta directamente los costos de financiamiento de la producción. “Aumentar la tasa de referencia solamente impacta el costo financiero de la producción, pretenden evitar el crecimiento económico, contraer la economía, y esto en medio de una dinámica de expansión de la demanda agregada solamente tiene efectos inflacionarios”, indicó.El ministro agregó que, desde la perspectiva del Ejecutivo, el incremento de la tasa no responde al comportamiento reciente de variables como el crecimiento, las exportaciones no tradicionales y el aumento del salario mínimo. “Creemos que los efectos de la medida adoptada por los cuatro miembros de la junta directiva del Banco de la República van a tener exactamente el efecto inverso al cual pretenden actuar con esta medida”, afirmó.Finalmente, señaló que el Gobierno mantendrá su línea de acción económica. “Manifestamos nuestro total desacuerdo con la decisión, continuaremos tomando medidas en beneficio de la sociedad colombiana y de las mayorías colombianas”, concluyó, al indicar que también estarán atentos a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica.
Blu Radio conoció el recurso de apelación presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la defensa de Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller de las Farc”, con el que se busca que la Sala de Apelaciones revoque la sentencia que lo declaró penalmente responsable como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad.El documento, firmado por el abogado Ernesto Moreno Gordillo, sostiene que la sentencia emitida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad “adolece de motivación jurídica, táctica y probatoriamente” al atribuirle a Granda responsabilidad como autor por delitos como toma de rehenes, homicidio, privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.En el recurso, la defensa cuestiona que, pese a no haber tenido mando directo sobre tropas ni haber ejercido como comandante de Bloque o Frente en el terreno, Granda habría tenido una incidencia decisiva en la política de secuestro de las Farc. El apoderado recuerda que la propia sentencia reconoce que Granda no ejerció funciones de comandante en el terreno.“Finalmente, se considera la situación de RODRIGO GRANDA, quien integró el Estado Mayor Central de las FARC-EP y fue conocido como "el canciller" o encargado de frente internacional, pero no tuvo a su cargo directo unidades militares permanentes ni ejerció funciones de comandante de Bloque o Frente en el terreno. Debido a esta circunstancia, no es posible establecer razonablemente en su caso una responsabilidad por mandozao en sentido estricto, pues faltaría el elemento de subordinados bajo su control efectivo en la estructura de secuestros”.El escrito plantea una aparente contradicción interna del fallo, al señalar que, pese a reconocer que Granda no tenía subordinados bajo su control efectivo ni comandaba estructuras armadas, la Sala le atribuye incidencia directa en la política de secuestro.“¿Por qué la Sala de manera unilateral y subjetiva y sin soporte probatorio alguno afirma la Sala en señalar al COMpareciente RODRIGO GRANDA ESCOBAR que su 'conducta tuvo incidencia en la perpetración de ios crímenes, lo cual será debidamente valorado en el contexto global de la sentencia'?"Más cuando, en la foliatura del proceso de la referencia no existe declaración y/o versión alguna que indique el modo, tiempo y lugar en que mi representado haya planificado, organizado, ordenado, participado, orientado e instrumentado a un Prente, Bloque de las PARC EP para ejecutar plagios de ciudadanos y con ello, contribuir a la financiación de la Guerra Civil dirigida a derrocar el régimen político en Colombia”, señala la defensa en el documento.El recurso insiste en que Granda cumplía funciones políticas y diplomáticas dentro de la organización, principalmente en la Comisión Internacional de las Farc, y que gran parte del tiempo se encontraba fuera del país.Otro de los argumentos de la defensa es que la captura de Rodrigo Granda en Caracas, Venezuela, en 2004 constituyó un secuestro, hecho que el recurso presenta como un elemento clave para sostener que, en ese momento, no ejercía funciones de mando ni tenía participación directa en operaciones armadas dentro de las Farc.“Mi representado RODRIGO GRANDA ESCOBAR, NO FUÉ comandante de ningún frente de las PARC EP, ni integrante del “ESTADO MAYOR CENTRAL, y que luego de salir de la Cárcel en Junio de 2007 y de haber sido condenado en forma irregular, luego de ser secuestrado en Caracas-Venezuela y puesto en la Ciudad de Cúcuta del Departamento de Santander del Norte en forma irregular, y que gracias a la presión ejercida por el Gobierno del expresidente Francés NICOLAS ZARKOSY y la comunidad internacional, al Presidente Alvaro Uribe Vélez, quedará libre el Compareciente que fuera ubicado por las PARC EP, en el "Estado Mayor del Bloque Caribe”, y que al poco tiempo se dedicara a negociar la Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en la Habana Cuba”.Con base en estos argumentos, el apoderado solicita a la Sala de Apelaciones revocar el numeral séptimo de la sentencia y, en su lugar, declarar no culpable penalmente a Rodrigo Granda como autor de los crímenes imputados.Adicionalmente, la defensa solicitó a la JEP que oficie a las salas competentes para que se investigue la actuación de funcionarios públicos en relación con la captura de Rodrigo Granda en Caracas, Venezuela, en 2004, episodio que califica como un secuestro.“Oficiar a las Salas Respectivas que tengan competencia de la Jurisdicción Especial Para la Paz, para Investigar a los Funcionarios Públicos que tengan que ver con el Secuestro de RODRIGO GRANDA ESCOIBAR, el que fuera Secuestrado en la Ciudad de Caracas Venezuela, y el Bombardeo en la República del Ecuador en donde murieran RAUL REYES Miembro del Secretariado, Civiles Mexicanos que tengan que ver las Conductas de Agresión, Homicidio, en donde se ejecutaron extrajudicialmente a combatientes que quedaran heridos”.Ahora será la Sala de Apelaciones de la JEP la que deberá estudiar el recurso y definir que sucederá con la condena.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que comenzó como una falla mecánica terminó convertido en una emergencia de grandes proporciones. Un incendio de alta intensidad consumió por completo el peaje Bicentenario , ubicado en el corredor vial Honda (Tolima) – Puerto Bogotá – en el peaje de las afueras de Guaduas (Cundinamarca) , generando pánico entre los usuarios de la vía y dejando la infraestructura en pérdida total .La conflagración se desató cuando un vehículo presentó fallas mecánicas justo al momento de atravesar los carriles del peaje . En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y alcanzaron directamente las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura.“Inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”, relató a Blu Radio el capitán César Santana , comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda .Ante la magnitud del fuego, Bomberos Honda activó de inmediato el protocolo de emergencia y desplazó una máquina extintora con dos unidades , seguida posteriormente por un vehículo cisterna , en un intento por contener el avance de las llamas.“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, explicó el oficial.Cerca de 30 minutos después , unidades de Bomberos Guaduas llegaron al lugar para apoyar las labores de evaluación, aunque el incendio ya había sido controlado. Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato y severo.“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.Por su parte, el a lcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García , confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la Policía Nacional hace presencia en la zona para garantizar la seguridad y regular el tránsito.“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó el mandatario.A esta hora, organismos de socorro y personal del peaje continúan en el lugar realizando evaluaciones técnicas , mientras cientos de conductores permanecen represados a la espera de que se habilite un paso provisional.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
Luego del anuncio sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas iniciaron el proceso de reactivación gradual de sus rutas hacia y desde Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de seguridad operacional.Wingo ya confirmó la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026, tras haber suspendido temporalmente su operación desde diciembre pasado. La aerolínea informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que manifestó formalmente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la ruta Bogotá–Caracas, con el fin de gestionar la restitución del permiso de operación, aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio.Otras compañías, como Avianca, también se mantienen en proceso de verificación de las condiciones de seguridad y operativas antes de anunciar oficialmente la reanudación de sus vuelos hacia el país vecino.En el ámbito regional, aerolíneas como Copa Airlines informaron que retomarán progresivamente sus vuelos Panamá - Caracas desde enero, en medio del restablecimiento gradual de la conectividad aérea con Venezuela.
Blu Radio conoció que la salida de Andrés Idárraga se debería a una molestia del propio presidente Gustavo Petro por varios episodios de fuego amigo dentro del Gobierno. Y es que el exministro de Justicia encargado, a mediados de enero, acusó al Ministerio de Defensa de estar detrás del espionaje a su celular a través del polémico software Pegasus.Sin embargo, la gota que rebosó la copa habría sido el contrapunteo con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien dijo que estaba siendo víctima de una presión política por parte del saliente ministro encargado y su esposa, quien hasta hace unos días se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía.Los hechos se remontan a la polémica imputación de cargos contra Rodríguez por supuestas omisiones en la seguridad del fallecido precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Imputación que duró pocas horas por un reversazo de la Fiscalía que terminó costándole el cargo a Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga.Y es que, aunque en su momento no se conocieron mayores detalles sobre la renuncia de Verdugo, fuentes confirmaron que el hecho estaría directamente relacionado al caso del director de la UNP.Dentro de la lista de hechos que han llegado a Petro también está una alerta que el propio Augusto Rodríguez llevó al despacho presidencial sobre las presuntas intenciones del ministro encargado Idárraga para que la SAE cambiara el depositario de un bien expropiado en 2024 a Mauricio Vélez Hernández, alias 'Fortuna', según reveló el diario El Tiempo.Mientras tanto, este viernes se oficializó la llegada del abogado Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia en propiedad tras la salida hace dos meses de Eduardo Montealegre de esa cartera y lo que dicen fuentes al interior del Gobierno es que en el contrapunteo de Idárraga con dos hombres fuertes del presidente Petro (Pedro Sánchez y Augusto Rodríguez), el perdedor fue el hoy exministro encargado.