La Fiscalía General de la Nación logró la condena de José Antonio Hernández Pérez, conocido como alias ‘Zamir’, cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, a 24 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en una serie de asesinatos ocurridos en el departamento de Casanare entre 2020 y 2021.Alias ‘Zamir’ fue señalado como el autor intelectual de al menos 21 homicidios cometidos en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué. Según la Fiscalía, estos crímenes tenían como objetivo demostrar el control territorial de la organización criminal en la región y generar miedo entre la población.Entre los hechos más conocidos está el asesinato de Julio Velásquez Martínez, líder social y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Paso Cusiana, en Tauramena. El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2020, cuando Velásquez se encontraba en un taller de ornamentación y varios hombres llegaron en motocicleta y le dispararon, acabando con su vida. Según la investigación, el asesinato se habría producido porque la víctima se negó a trabajar con el grupo criminal.Otro hecho violento ocurrió el 9 de mayo de 2021 en Orocué, donde hombres bajo las órdenes de alias ‘Zamir’ dispararon repetidamente a un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. Varios casos similares se registraron en otros municipios del departamento, lo que dejó como consecuencia una ola de violencia causada por esta subestructura del Clan del Golfo en Casanare durante esos años.A José Antonio Hernández Pérez se le imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas, todos agravados. La condena se logró luego de que alias ‘Zamir’ aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía.
Desde este fin de semana, Villavicencio y el departamento del Meta se convierten en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, un evento que reúne los sectores bovino, equino, agroindustrial y turístico, y que proyecta la capacidad productiva de la región a nivel nacional.La feria, que se desarrolla en un escenario de 35 hectáreas con nueve pabellones, espera la llegada de más de 250.000 visitantes, lo que representa una importante dinamización económica para el departamento. De acuerdo con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el impacto económico estimado oscila entre 90.000 y 110.000 millones de pesos, derivados de actividades como la gastronomía, la hotelería, el turismo, la logística, el comercio y los conciertos programados durante los cinco días del evento.“Esta es la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante del país. Aquí le estamos mostrando a Colombia cómo el Meta, como hermano mayor de la Amazonía y la Orinoquía, viene creciendo en productividad y generación de riqueza”, señaló la mandataria, al destacar el tránsito del departamento de una economía basada en los hidrocarburos hacia la agroindustria y la producción de alimentos.Expomalocas también se presenta como una vitrina para el desarrollo sostenible, con espacios académicos, muestras de ganadería sostenible, extensión agropecuaria y políticas departamentales orientadas a una producción amigable con el medio ambiente. A esto se suma una agenda cultural y musical que, según la Gobernación, fortalece el consumo y la actividad turística en la región.En el marco del evento, la gobernadora confirmó, además, la articulación entre 32 regiones del país, destacando la visita del gobernador de Antioquia y la firma de acuerdos de entendimiento en materia de seguridad, infraestructura y fortalecimiento de la fuerza pública. Según Cortés, esta cooperación interregional busca generar condiciones que incentiven la inversión y reduzcan las brechas de desigualdad.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos entre Ecuador y Colombia.La investigación se inició tras detectar el ingreso ilegal de clorato de potasio, un químico de alto riesgo empleado en la elaboración de explosivos, que era transportado desde territorio ecuatoriano hacia diferentes regiones del país. Como resultado de las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación identificó a Sonia Patricia Prado, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak como presuntos responsables de esta actividad ilícita.Según el ente acusador, durante los años 2024 y 2025, Prado y Marcial habrían facilitado el ingreso del clorato de potasio, el cual era camuflado en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas, con el propósito de evadir los controles de las autoridades. En tanto, Usamak Vásquez, quien laboraba en una empresa de envíos y correspondencia, sería el encargado de la logística del transporte, coordinando al menos 20 despachos del material ilegal.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados cargos por fabricación, tráfico y porte de explosivos y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Con estas capturas, ya son 29 los integrantes judicializados de esta red criminal, y las autoridades han logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo, en lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra el tráfico ilegal de insumos para explosivos en la región.
La mayor María Fernanda Martínez Parra se convirtió en la primera militar de arma en liderar el Comando de Operaciones Logísticas N.° 1, una unidad clave para el apoyo a las tropas en todo el país. La oficial cuenta con 17 años de servicio y ha desarrollado su carrera en departamentos como Valle del Cauca, Guaviare, La Guajira y Cundinamarca, donde ha asumido responsabilidades tanto operativas como administrativas.El Comando de Operaciones Logísticas N.° 1 cumple una función estratégica para el Ejército Nacional, al ser la unidad encargada de garantizar el apoyo logístico a las tropas desplegadas en las distintas áreas de operación. Entre sus principales tareas están el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución de insumos, así como otros procesos esenciales para el desarrollo continuo de las operaciones en el territorio nacional.Durante el acto de reconocimiento de mando, la oficial estuvo acompañada por sus familiares y personas cercanas. Desde la institución destacaron que este nombramiento no solo representa un logro en su carrera profesional, sino también un avance en la participación de las mujeres en cargos de liderazgo dentro del Ejército.El Ejército señaló, además, que este tipo de designaciones ratifican que el liderazgo se construye a partir del mérito, la preparación y la excelencia profesional, sin distinción de género, y hacen parte de los esfuerzos por consolidar una institución más inclusiva, moderna y fortalecida.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia, con un fuerte arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, lo que lo ha convertido en un sorteo cercano, confiable y muy popular entre miles de apostadores.Resultado del Paisita Día hoyEl número ganador del chance Paisita Día de este sábado 31 de enero de 2026 es el 4377 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 4377Dos últimas cifras: 77Tres últimas cifras: 377La quinta: 6¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del chance Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Estos horarios permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados sin inconvenientes.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego ofrece diferentes modalidades, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?Para reclamar un premio, es necesario presentar:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.De acuerdo con el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades, el chance Paisita Día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en todo Colombia.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
En medio de las protestas que se han registrado en los últimos días, la Personería de Medellín mostró preocupación por la situación que enfrentan 1.134 mujeres y 2.710 hombres que se encuentran privados de la libertad en la cárcel el Pedregal, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado, quienes requieren atención médica oportuna, permanente y especializada.A ello se suma la persistencia de cierres de pabellones y aislamientos preventivos, como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, ante la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión.Como responsables de estos aspectos, el Ministerio Público le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, adoptar de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados. Además, al Inpec como custodios de esta población y a la unión temporal Medisalud. "Desde el momento de la llegada hasta hoy se tiene presente de que esta entidad no le está dando cumplimiento ni a la entrega de los medicamentos ni a los servicios de salud con médicos profesionales y con personal asistencial", dijo Oswaldo Patiño Marín, personero Delegado 20D.Y es que pese a que la Uspec suscribió un contrato con Medisalud, para la atención integral de dicha población, se han registrado quejas por la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos.En palabras de la Personería, estas circunstancias no solo afectan de manera directa a las personas privadas de la libertad, sino que “constituyen una vulneración grave y sistemática de derechos fundamentales que no se suspenden con la privación de la libertad, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
La violencia en Bucaramanga ha generado alarma entre los líderes comunitarios. Doce ediles y varios presidentes de juntas de acción comunal han denunciado amenazas de grupos armados que buscan imponer su control en barrios estratégicos afectados por el narcotráfico y la minería ilegal, según señalaron líderes locales.Julio César Ortega Herrera, presidente de la JAC del barrio Balconcitos, explicó que la situación ha llevado a que siete de los once presidentes de la Comuna 17 consideren presentar su renuncia debido a la falta de garantías y a la demora en los estudios de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Actualmente tenemos 12 ediles amenazados en el área metropolitana y tres presidentes de juntas comunales bajo riesgo. La demora de las entidades de protección nos deja vulnerables”, indicó Ortega Herrera.El líder comunal denunció además que algunos grupos utilizan alcantarillas y quebradas de la ciudad, como la zona bajo el Puente La Novena y la quebrada del Lorito, para realizar extracciones ilegales de oro y transportar drogas. Según Ortega Herrera, en los últimos días se registraron explosiones nocturnas con tacos de dinamita, que si bien eran pequeñas, reflejan la intensidad de la actividad ilegal en estos sectores.Entre los grupos armados que han emitido amenazas directas se encuentra el Clan del Golfo, acusado de intimidar a los ediles y considerarlos “objetivos militares”. Ortega Herrera aseguró que, pese a las denuncias realizadas ante la Fiscalía y el SIJIN, la respuesta de las autoridades ha sido lenta, generando temor entre los líderes comunitarios y sus familias.La comunidad advierte que en Bucaramanga hay al menos 140 ediles en riesgo, y muchos no se atreven a reportar las amenazas por temor a represalias. Frente a esta situación, el comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, indicó que 80 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GODES) se encuentran desplegados en los sectores más vulnerables para fortalecer la presencia policial y prevenir delitos de alto impacto.Adicionalmente, la administración municipal anunció inversiones millonarias en cámaras de seguridad con tecnología avanzada, que permitirán monitorear los barrios estratégicos y capturar a los responsables de homicidios, amenazas y delitos relacionados con la minería ilegal. Las autoridades aseguran que la combinación de presencia policial, vigilancia tecnológica y denuncia comunitaria es clave para garantizar la seguridad y proteger a los líderes comunales de la ciudad.
Desde Washington se ultiman los detalles de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro está programado para este martes 3 de febrero, a las 11:00 a. m., y será el primero entre ambos mandatarios tras meses de tensiones diplomáticas. Según fuentes oficiales, el presidente Petro saldrá de Colombia hoy a las 2:00 de la tarde y se espera que aterrice en una base militar cerca de Washington alrededor de las 8:00 de la noche.La agenda oficial comenzará el lunes, y este viaje incluye conferencias y otras reuniones con organismos multilaterales. Cabe mencionar que Washington está enfrentando un fenómeno climático severo, con temperaturas que rondan los −12 °C, y se espera que se mantengan en ese rango durante los próximos días. Esto ha obligado a reforzar la logística de transporte y los movimientos oficiales durante la visita.Además de Petro, viajan con él miembros de su gabinete; entre ellos, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien recibió, al igual que el mandatario, una visa temporal, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. También se espera la presencia del comisionado de paz y otros altos funcionarios vinculados al eje de cooperación bilateral.Uno de los objetivos principales del viaje es fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos. Otro asunto que se pondrá sobre la mesa es la situación en Venezuela. Al respecto habló el presidente Trump, refiriéndose al futuro de la líder opositora María Corina Machado.“Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, dijo.Luego de su reunión en la Casa Blanca, Petro aprovechará su visita para asistir a compromisos multilaterales. El miércoles 4 de febrero, a las 3:00 p. m., participará en una sesión en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Salón de las Américas, donde está prevista una recepción protocolar en su honor.
El encuentro anunciado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega después de un año marcado por choques diplomáticos, señalamientos directos y decisiones que pusieron al límite la relación entre ambos países. Desde comienzos de 2025, los gobiernos han atravesado al menos siete crisis que explican la tensión con la que se espera el cara a cara en la Casa Blanca.La primera estalló en la madrugada de enero de 2025. A las 3:41 a. m., Petro trinó desautorizando la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes deportados. Según explicó después, reaccionó tras ver un video en el que los colombianos aparecían esposados. La respuesta de Trump fue inmediata: desde Truth Social anunció el cierre de la oficina de visas en Colombia, un arancel del 25 % a las exportaciones colombianas, la revocatoria de visas a altos funcionarios y la revisión de ayudas al país.Tras contactos liderados por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, Daniel García Peña y Laura Sarabia, Colombia dio marcha atrás, aceptó recibir a los migrantes y anunció el envío de aeronaves de la Fuerza Aérea para recogerlos.Meses después, en julio de 2025, Petro volvió a sacudir la relación al acusar a funcionarios del Gobierno de EE. UU. de hacer parte de un plan para sacarlo del poder, supuestamente liderado por su excanciller Álvaro Leyva. El señalamiento incluyó reuniones con congresistas republicanos. En respuesta, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia. Días después, ambos gobiernos retiraron a sus funcionarios.La tercera crisis se produjo el 27 de septiembre de 2025, cuando Petro, desde Nueva York y en el marco de su defensa de Gaza, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump. El Departamento de Estado reaccionó con dureza y anunció la revocación de la visa del mandatario colombiano y de varios altos funcionarios de su Gobierno.El choque volvió a escalar el 20 de octubre, cuando Trump aseguró públicamente que Petro era un “líder del narcotráfico” y sugirió cortar pagos y ayudas a Colombia. Petro respondió cuestionando bombardeos de EE. UU. en el Caribe y denunciando violaciones a la soberanía nacional. La Cancillería calificó las declaraciones como ofensivas y el embajador Daniel García Peña fue llamado a consultas.Pocos días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, a su hijo Nicolás Petro, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista OFAC. El argumento fue el aumento de la producción de cocaína durante su gobierno. Petro rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.La tensión no cedió. En noviembre de 2025 se conoció un fotomontaje tomado en el Despacho Oval que mostraba a Petro y a Nicolás Maduro con overoles naranjas de presos en EE. UU. Colombia presentó una nota de protesta y el presidente calificó el hecho como un irrespeto al país.La crisis más delicada llegó el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Petro reaccionó con trinos, comunicados y la convocatoria de consejos de seguridad; pidió reuniones urgentes de la OEA y la ONU y ordenó medidas preventivas en la frontera. Trump respondió sugiriendo una posible operación en Colombia y volvió a lanzar ataques personales contra el mandatario colombiano.Tras días de tensión, el 7 de enero se concretó una llamada entre Petro y Trump, facilitada por el senador republicano Rand Paul. Después del contacto, el tono del presidente colombiano cambió y Trump extendió una invitación formal a la Casa Blanca. La reunión quedó programada para el 3 de febrero.
El presidente Gustavo Petro ordenó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado narcotraficante y líder de la estructura criminal “La Inmaculada”.Esta orden la dio el mandatario de manera directa al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde justificó la medida por los intentos del criminal de corromper funcionarios públicos con recursos del Estado.“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió Petro.La orden presidencial se produce luego de que el Ministerio de Justicia confirmara esta semana la negativa al recurso de reposición presentado por la defensa de Marín Silva, con el que se buscaba frenar su envío a Estados Unidos. Con esta decisión, queda en firme el proceso de extradición solicitado por una Corte Distrital del estado de Texas.Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína.Los cargos hacen parte de una acusación formal presentada en septiembre de 2024, en la que se señala que “Pipe Tuluá” habría tenido un papel clave en el envío de grandes cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.Aunque el traslado del jefe criminal ya había sido anunciado desde diciembre del año pasado, su defensa interpuso un recurso de reposición argumentando que la decisión carecía de motivación suficiente y que desconocía los procesos penales que Marín Silva enfrenta actualmente en Colombia.Sin embargo, el Ministerio de Justicia concluyó que estos argumentos no eran suficientes para detener la extradición y ratificó la validez del requerimiento internacional.Actualmente, “Pipe Tuluá” cumple una condena de 30 años de prisión en Colombia por su responsabilidad en al menos 46 homicidios. En este momento se encuentra recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, tras haber permanecido un periodo en la cárcel La Picota.
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero Luis Gustavo Moreno, radicó la denuncia ante los entes de control competentes, señalando la importancia de garantizar la transparencia en el ejercicio del poder local y el respeto a las normas sobre participación política de los funcionarios públicos.Como contexto, la misma organización ciudadana ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República contra la alcaldesa de Turbaco (Bolívar), Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL).Según la información conocida públicamente, la mandataria habría enviado un audio a los ediles del municipio en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la veeduría, esta afirmación podría evidenciar una posible desviación de poder y un uso indebido de sus facultades, al dar un carácter de beneficio económico a una decisión administrativa.Estos hechos reafirman la importancia del control ciudadano como herramienta esencial para fortalecer la democracia, promover la rendición de cuentas y evitar que el poder público se utilice con fines personales o políticos.
La tragedia aérea ocurrida en el Catatumbo, tras el accidente de un avión Beechcraft 1900 de la empresa Searca, alquilado a Satena, dejó una profunda huella en el país. La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, se accidentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, causando la muerte de las 15 personas que iban a bordo. No hubo sobrevivientes.Uno de los primeros en llegar al lugar fue Sael Páez, Vocal de la Cruz Roja Colombiana en Ocaña, quien relató en El Radar las complejas condiciones en las que se desarrollaron las labores de búsqueda y rescate. “Estamos consternados con esta triste noticia que enluta al municipio de Ocaña y a toda la región del Catatumbo con este siniestro”, afirmó.Páez explicó que durante varias horas no se conoció con certeza el paradero de la aeronave. “Se hablaba de secuestro, de un posible aterrizaje de emergencia en Ábrego o en zona rural de Acarí, y eso complicó la salida de los grupos de emergencia”, señaló. Solo hacia las 4:00 de la tarde se autorizó el desplazamiento hacia La Playa de Belén, donde finalmente fue hallado el avión.Una zona de difícil accesoEl sitio del accidente se ubicó en la vereda Curasica, en un terreno montañoso y de acceso limitado. “Los vehículos llegan hasta cierto punto y luego tuvimos que caminar cerca de una hora, hora y media para poder llegar”, relató Páez, quien describió el panorama como “bastante desalentador”.Al llegar, los organismos de socorro encontraron la aeronave severamente afectada por el impacto. Páez aseguró que fue necesario organizar el lugar, ya que algunas personas estaban retirando objetos del avión. “Empezamos a buscar cada uno de los cuerpos; en ocasiones nos tocó buscar partes porque algunos se desmembraron por el impacto”, explicó.Cierre de las labores y entrega de las cajas negrasLas labores concluyeron cerca de las 10:00 de la noche, luego de recuperar todos los cuerpos y descender por el terreno, que provocó incluso caídas entre voluntarios. Páez confirmó que las cajas negras fueron rescatadas y entregadas a la Aeronáutica Civil para la investigación. “Esperábamos encontrar personas con vida, pero lamentablemente no fue así”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Todo comenzó con una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).La defensa de Sarabia, encabezada por la abogada Lina Sandoval, anunció una respuesta legal. “Vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente. Quiero contarle que la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior. Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explicó.“No se trata entonces de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó Sandoval.La abogada argumentó además que las reuniones de la junta se realizan de forma virtual, por lo que la embajadora no ha incurrido en ningún gasto para asistir a ellas. Cabe mencionar que la denuncia de Briceño solicita a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.
El reciente pronunciamiento del Consejo de Estado generó una nueva tensión entre el Gobierno y la justicia. La alta corte determinó que el presidente Gustavo Petro hizo un uso inadecuado de las alocuciones presidenciales al convertir estos espacios, destinados a informar sobre asuntos de interés nacional, en escenarios de opinión política. El mandatario respondió calificando la decisión como un acto de censura y una limitación a su libertad de expresión.Ante estas afirmaciones, el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, salió al paso de las críticas. En declaraciones a los medios, afirmó que la decisión judicial no tiene un carácter restrictivo ni busca silenciar al jefe de Estado. “Creo que las garantías ciudadanas las tiene el primer mandatario y, por supuesto, todos los ciudadanos”, señaló, enfatizando que el fallo busca equilibrar el acceso a la información y evitar el monopolio del discurso oficial en los medios públicos.El Consejo de Estado recordó que las alocuciones deben tener un carácter excepcional y justificado, dirigidas a comunicar temas de interés nacional y no a promover posturas políticas o confrontaciones con otros poderes. La sentencia también ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establecer reglas claras sobre el uso de estos espacios antes de finalizar el año.Con esta decisión, el alto tribunal marcó un precedente en la regulación del uso de los medios oficiales por parte del Ejecutivo. Aunque el presidente Petro mantiene su desacuerdo y advierte que el fallo afecta su capacidad de comunicarse con la ciudadanía, la Corte insiste en que su objetivo es garantizar un debate público equilibrado y plural, en el que el acceso a la información no dependa de la voz exclusiva del Gobierno. La controversia, sin embargo, deja claro que la tensión entre el poder político y la justicia seguirá siendo un tema central en el escenario colombiano.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
El Gobierno Nacional expidió el decreto 1138 de 2025, una norma que cambia las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia y autoriza por primera vez el uso de la flor de esta planta con fines médicos. A partir de ahora, las farmacias y droguerías podrán vender el producto a personas con certificaciones médicas.El decreto establece que la flor de cannabis podrá utilizarse para producir medicamentos, cremas o preparaciones recetadas, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades de salud. También permite que los pequeños y medianos cultivadores participen en este mercado legal, con trámites más sencillos y apoyo del Estado para fortalecer sus proyectos.Según el Ministerio de Salud, esta decisión busca garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos seguros y de calidad, basados en estudios que demuestran los beneficios terapéuticos del cannabis. Además, el Gobierno espera que esta medida impulse la economía rural y contribuya a cambiar la percepción sobre el uso médico de la planta.El decreto también establece licencias extraordinarias para la investigación no comercial, regula la fabricación de derivados psicoactivos y no psicoactivos, y define que los productos con bajo contenido de tetrahidro cannabinol (THC) no serán fiscalizados. Además, introduce lineamientos técnicos para las preparaciones magistrales a base de cannabis, que deberán ser elaboradas únicamente por establecimientos farmacéuticos y bajo supervisión de químicos farmacéuticos certificados.Durante los próximos meses, los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud deberán definir las normas técnicas para la venta y producción del cannabis medicinal, así como las condiciones para la investigación científica. Mientras tanto, los cultivadores actuales tendrán dos años para adaptarse a las nuevas reglas.
El Ministerio del Trabajo inició una investigación formal para determinar si existieron vulneraciones a los derechos laborales en modelos de comercialización informal asociados a las empresas Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., que habrían vinculado a personas en situación de vulnerabilidad como vendedores ambulantes y “letreros andantes” sin contrato, seguridad social ni remuneración digna.La actuación se originó a partir de la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó a las autoridades sobre presuntas prácticas empresariales que, según su denuncia, encubren relaciones laborales mediante esquemas informales. Benavides advirtió que dichas dinámicas afectan especialmente a ciudadanos sin recursos ni herramientas de defensa frente a grandes compañías.“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”, expresó Benavides AnguloEn el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo concedió un plazo de cinco días hábiles para que Quala y Grupo Nutresa se pronuncien y presenten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad recordó que el incumplimiento de este requerimiento podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, conforme a la legislación laboral colombiana.Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales consideran que este caso podría sentar un precedente importante frente a un modelo que se ha normalizado en el país, donde grandes empresas trasladan los riesgos del trabajo informal a personas en condiciones de pobreza, aprovechando su vulnerabilidad económica.“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, agregó Benavides.El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá determinar si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si las prácticas denunciadas constituyen una forma de evasión de responsabilidades laborales frente a poblaciones especialmente vulnerables.
Tania Peñaranda, quien se venía desempeñando en el área administrativa de la compañía, fue designada por el Gobierno como agente interventora encargada, después de la renuncia el fin de semana pasado de Nelson Javier Vásquez.Desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó el nombramiento y le deseó suerte a la funcionaria en su gestión.“Le deseamos, obviamente, el mejor éxito en esta labor que es difícil; espero conversar con ella en los próximos días. Nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo caribeño es de seguir prestando el servicio público”, dijo el funcionario, quien minutos antes firmó la resolución que redujo 500 pesos en el costo del galón de gasolina corriente.La elección de Peñaranda coincide con el pedido que desde el sindicato de trabajadores de Air-E intervenida (Sintraelecol) hizo su presidente, Eduardo Remolino, sobre elegir en el cargo de agente interventor a un empleado de la empresa y no a alguien de afuera que desconozca las problemáticas.Junto a Remolino, más de 80 trabajadores realizaron una jornada de protesta en la entrada de las oficinas administrativas de Air-e, ubicadas en el norte de Barranquilla.Hay que recordar que ya han pasado cuatro agentes interventores, incluido el actual ministro de Energía, Edwin Palma, desde que el Gobierno asumió las riendas de la empresa que lleva energía a más de 5 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas anunció que se proporcionarán patios contenedores en el puerto de Buenaventura como medida para mitigar los problemas del sector transportador. La próxima semana la Supertransporte realizará visitas a las navieras para revisar la recolección de contenedores.“Instalamos el PMU y tanto el MinTransporte como la Supertransporte están articulados en Buenaventura. Hoy se avanzó en compromisos de patios de contenedores para el fin de semana pero la próxima semana debemos avanzar en medidas estructurales. También estamos concertando acciones con la Dian y la Dimar”, indicó la jefa de cartera a través de su cuenta de X.Estas medidas se dan en el marco de los problemas que enfrenta la operación logística en el puerto de Buenaventura, pues según advertencias de los gremios del transporte de carga, la devolución de los contenedores fallas en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) y cierres viales simultáneos tienen en jaque la operación del sector de transporte de carga.“Buenaventura se ha convertido en un hub de residuos de contenedores vacíos. Las navieras no los retiran porque los costos de mantenerlos aquí son muy bajos”, aseguró Cuervo.Se espera que en la reunión se tomen más decisiones con el fin de solucionar las problemáticas que enfrenta el gremio transportador en términos de tiempos, seguridad y garantías.
Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.