En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Susto en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.
Durante los últimos años, las manijas ocultas se convirtieron en uno de los elementos de diseño más llamativos en los automóviles modernos, especialmente en los carros eléctricos. Su apariencia futurista y su integración con líneas limpias las volvió una auténtica “moda” dentro de la industria automotriz. Sin embargo, esa tendencia acaba de recibir un fuerte revés después de que China anunciara la prohibición de este tipo de manijas tras varios accidentes con víctimas mortales, en los que se sospecha que el mecanismo impidió la evacuación o el rescate de los ocupantes.La decisión fue confirmada esta semana por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), que publicó un comunicado detallando los nuevos requisitos de seguridad que deberán cumplir los fabricantes a partir del próximo año.Por qué China decidió prohibir las manijas ocultas en carrosSegún las autoridades chinas, la medida surge tras analizar varios siniestros viales en los que fallos eléctricos habrían bloqueado las puertas, dificultando que los pasajeros salieran del vehículo o que los equipos de emergencia pudieran abrirlas desde el exterior.Uno de los casos que más atención generó involucró a vehículos eléctricos de la marca Xiaomi, donde, tras choques graves, se sospecha que la ausencia de manijas mecánicas funcionales impidió el rescate oportuno de los ocupantes, quienes finalmente fallecieron. Estos episodios llevaron a cuestionar si la apuesta por el diseño estaba sacrificando aspectos básicos de seguridad.Qué exige la nueva normativa en ChinaLa regulación establece que todos los vehículos deberán contar con manijas mecánicas, tanto en el interior como en el exterior, independientemente de que el sistema principal sea eléctrico o retráctil. Además, el MIIT fijará especificaciones técnicas claras sobre el tamaño, la ubicación y la facilidad de uso de estas manijas.Los modelos que ya cuentan con autorización para su comercialización antes de la entrada en vigor de la norma tendrán un periodo de transición: podrán adaptarse hasta comienzos de 2029, lo que da margen a los fabricantes para rediseñar componentes sin retirar modelos del mercado de inmediato.¿Cuántos carros tienen manijas ocultas?El impacto de la decisión es amplio. De acuerdo con el diario oficial China Daily, cerca del 60 % de los 100 carros eléctricos más vendidos en China utilizan manijas ocultas, incluyendo modelos de marcas como Nio, Li Auto, XPeng y Xiaomi. La popularización de este diseño se atribuye, en gran parte, a Tesla, fabricante que introdujo este tipo de manijas como un sello distintivo de sus vehículos.Ante la inminente regulación, algunos fabricantes chinos como Geely y BYD ya comenzaron a volver a las manijas tradicionales en sus nuevos lanzamientos, mientras que Tesla señaló que realizará los ajustes necesarios para cumplir con la legislación en el mercado chino.Fuentes del sector citadas por Bloomberg advierten que adaptar un modelo a la nueva normativa podría costar más de 100 millones de yuanes por vehículo, lo que obligará a replantear plataformas completas. Sin embargo, expertos como Bill Russo, fundador de la consultora Automobility, sostienen que China podría marcar el camino global en materia regulatoria.Al adelantarse, Pekín utilizaría el peso de su mercado interno para fijar estándares de seguridad que luego podrían trasladarse a las exportaciones de vehículos eléctricos chinos, influyendo incluso en futuras normativas en Europa y otros mercados.Además de las manijas ocultas, las autoridades chinas también preparan límites a la aceleración desde cero y una mayor supervisión sobre los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
La liberación bajo fianza de un hombre acusado de asesinar a una joven porrista durante una fiesta ha provocado indignación, miedo y tristeza entre familiares y conocidos de la víctima, quienes aseguran sentirse desprotegidos ante la decisión judicial.El hecho ocurrió en el estado de Alabama, donde Steven Tyler, de 27 años, salió este martes 3 de febrero de la cárcel del condado de Jefferson tras pagar una fianza cercana a los 118 millones de pesos. El juez ordenó además que el acusado use un dispositivo de monitoreo electrónico mientras avanza el proceso en su contra por la muerte de Kimber Mills, una estudiante de último año de secundaria.La joven, de 18 años, era animadora de su escuela y recibió un disparo en la cabeza durante una reunión de jóvenes alrededor de una hoguera en Pinson. Tras permanecer varios días conectada a soporte vital, su familia tomó la difícil decisión de desconectarla, respetando su voluntad de donar sus órganos. “Era una niña llena de vida, siempre sonriendo, y ahora solo queremos que se haga justicia”, expresó un familiar cercano.La noticia de la liberación causó una fuerte reacción entre sus seres queridos. Su hermana aseguró que vive con temor desde que supo que el acusado volvió a las calles. “Saber que está afuera me produce una ansiedad enorme. Me quedaré en casa. Justicia para Kimber, eso es todo lo que pedimos”, expresó.De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió luego de que el hombre intentara acercarse a la joven y ella se negara a hablar con él, lo que habría desencadenado una discusión. En medio de la confrontación, el acusado sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra varios asistentes.Uno de los sobrevivientes, Silas McCay, de 21 años, resultó gravemente herido al intentar intervenir para proteger a sus amigos. Desde el hospital relató que intentó detener al agresor. “La consideraba como una hermana menor. Hice todo lo que pude”, señaló.McCay también reveló que minutos antes había sido alertado sobre la conducta del sospechoso hacia Kimber. Ahora, mientras el proceso judicial continúa, familiares y miembros de la comunidad insisten en que no descansarán hasta que el responsable enfrente la justicia por la muerte de la joven.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrieron una nueva convocatoria pública para proveer 1.142 vacantes de planta en diferentes regiones del país, a través del proceso de selección DIAN 2676.Las oportunidades están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los requisitos exigidos y se distribuyen en los niveles asistencial, técnico y profesional. En detalle, se ofertan 79 vacantes asistenciales, 308 técnicas y 755 profesionales.Las inscripciones estarán habilitadas desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero, y se realizan únicamente a través del sistema SIMO de la CNSC.Vacantes en todo el territorio nacionalLa convocatoria contempla cargos en varios departamentos del país, con mayor concentración en Bogotá D.C. (475 vacantes), seguido por Valle del Cauca (113), Antioquia (88) y Atlántico (66). En Santander se ofertan 36 vacantes, mientras que en Norte de Santander hay 29 disponibles.Nuevos cargos y concurso abiertoDesde la CNSC se aclaró que los empleos ofertados no corresponden a convocatorias anteriores, ya que responden a necesidades específicas de la DIAN y no pueden ser provistos mediante listas de elegibles. Por esta razón, los cargos solo pueden ser cubiertos a través de concurso abierto, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en el acceso al empleo público.El proceso se desarrolla conforme al Decreto 927 de 2023, que regula los concursos de méritos y busca fortalecer la carrera administrativa y modernizar el talento humano de la entidad.Perfiles, salarios y oportunidades para jóvenesEntre las áreas de conocimiento requeridas se encuentran Administración, Economía, Derecho, Comunicación Social, Psicología, Sociología, Contaduría Pública, Ingenierías y Lenguas Modernas, entre otras.Los salarios varían según el nivel del cargo:Hasta $4.100.000 para el nivel asistencialHasta $7.100.000 para el nivel técnicoHasta $17.600.000 para el nivel profesionalAdemás, se destacan 276 vacantes dirigidas a jóvenes que buscan su primer empleo o personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad para ingresar al sector público.¿Cómo inscribirse?Los interesados deben realizar el proceso exclusivamente en la plataforma SIMO de la CNSC, donde también deberán pagar los derechos de participación:$58.400 para niveles técnico y asistencial$87.550 para los demás niveles jerárquicosCada aspirante solo podrá postularse a una vacante y no haber participado en la modalidad de ascenso.Toda la información sobre reglas del proceso, requisitos y pasos de inscripción está disponible en la página oficial de la CNSC, en el apartado de procesos en desarrollo de la convocatoria DIAN 2676.
Un joven trabajador del sector salud y del área de servicios denunció presunta negligencia médica, fallas en la atención de su EPS y vulneración de sus derechos laborales, hechos que hoy lo mantienen con una discapacidad severa y bajo cuidados paliativos. Se trata de Alejandro, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, agente de un call center bilingüe y deportista de porrismo profesional.Según su testimonio en Vamos Pa Eso Podcast, su estado de salud comenzó a deteriorarse tras el uso prolongado de diademas a alto volumen en su jornada laboral, lo que le provocó episodios recurrentes de otitis. Pese a las molestias constantes y la supuración en los oídos, aseguró que no recibió el acompañamiento adecuado por parte de su EPS ni comprensión de su entorno laboral. Alejandro afirma que, incluso en medio de citas médicas, debía reponer el tiempo laboral perdido. “Yo quería ser ese doctor que sea humilde, que entienda lo que siente la otra persona”, expresó al recordar su vocación antes de que su condición se agravara.El joven señaló que su situación empeoró tras un procedimiento médico que califica como negligente. De acuerdo con su relato, durante un lavado de oídos, una enfermera utilizó una jeringa con presión excesiva, lo que le generó un vértigo inmediato. “Sentí el primer vértigo de mi vida”, indicó. Posteriormente, fue diagnosticado con un síndrome vertiginoso acompañado de nistagmus, condición que afectó su estabilidad y visión.En septiembre de 2023, Alejandro sufrió un accidente doméstico como consecuencia de estos síntomas. Durante una crisis de vértigo en el baño de su vivienda, perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente en la cabeza. “Mi cabeza dio contra la división del baño… me desmayé”, relató. A raíz del impacto y de complicaciones posteriores, desarrolló una monoplejía que le impide mover el brazo y la pierna izquierdos, dejándolo en condición de dependencia y con cuidados paliativos.A la situación médica se sumó un conflicto legal con la EPS, que lo denunció por un presunto fraude por “abuso del derecho” a la incapacidad, luego de identificar publicaciones suyas en redes sociales. Alejandro asegura que esta decisión profundizó su crisis emocional. “Yo ya no quiero vivir más… esto no es vida para alguien por tantas dificultades que hemos pasado”, manifestó. La denuncia fue retirada únicamente después de que su familia acudiera a la Defensoría del Pueblo y el caso se hiciera público.Pese a ello, el joven denuncia que aún no recibe una atención integral ni los insumos básicos para su rehabilitación. Asegura que no cuenta con una silla de ruedas propia ni con acompañamiento domiciliario. “Ni siquiera tengo el derecho a estar en una silla de ruedas… lo único que están pensando la ARL, la EPS y todos ellos es lavarse las manos conmigo”, afirmó.“Cuando ya estaba pasando por toda esta situación, le dije a mi familia que no quería seguir viviendo y que quería solicitar la eutanasia, porque sentía que esa ya no era una vida digna para nadie", narró.Actualmente, Alejandro exige que se reconozca la responsabilidad de la ARL y la EPS en su caso, así como el acceso a una enfermera domiciliaria, suplementos nutricionales, ayudas técnicas y una pensión por incapacidad que le permita garantizar su subsistencia y la de su madre.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el transcurso de la semana los organismos de socorro han atendido más de 60 emergencias en 17 municipios del Huila y siete se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas urbanas y rurales.El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento Jhon Jairo Yepes, confirmó que entre las emergencias se reportan 15 viviendas averiadas, 20 familias damnificadas, cultivos de café y plátano destruidos y dos instituciones educativas con afectaciones en sus infraestructuras.“Hemos tenido afectaciones en los municipios de Tarqui, Tello, El Pital, La Plata, Campoalegre, Neiva, Oporapa, Íquira, a la fecha tenemos derrumbes en 63 vías del Huila, vías secundarias y terciarias y familias damnificadas. En Tarqui tuvimos que evacuar a una familia por prevención, debido a inestabilidad del terreno donde se encuentra la vivienda” relató el funcionario.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026● Total emergencias: 60● Municipios afectados: 17● Tipos de eventos:● Deslizamientos (36)● Crecientes súbitas (9)● Inundaciones (6)● Caída de árboles (5)● Hundimiento (1)Afectaciones:● 15 viviendas afectadas (10 urbanas y 5 rurales).● Infraestructura pública: afectación en instituciones educativas y vías.De acuerdo con el reporte oficial, los municipios de Íquira, Campoalegre, Neiva, Rivera, Timaná, Elías y La Plata, han sido lo más afectados por la temporada de lluvias en lo que va corrido del año 2026 y en alerta roja están: Elías, Neiva, Oporapa, Rivera, Saladoblanco, Yaguará y La Plata.Asimismo, Bomberos del municipio de Timaná, reportan cierre parcial en el sector de Pericongo por hundimiento de la calzada en la vía Pitalito – Garzón. También hay dificultades de movilidad en el sector de Patico en la vía que comunica al municipio de La Plata con Inzá en el Cauca.Por último, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes, concluyó que el banco de maquinaria amarillas se encuentra atendiendo emergencias en vías rurales en los municipios de Tello, Baraya, Saladoblanco, Nátaga, Oporapa entre otros que presentan derrumbes.
Una cadena de hechos violentos, ataques armados, asonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla Jhon Alexander Jiménez Marín, alias ‘Zamora’, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Informes de inteligencia militar advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por autoridades.Alias ‘Zamora’ es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control territorial en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Huisitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas.La tensión más reciente se desató tras un procedimiento policial en la entrada de El Plateado, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando uniformados instalaron un puesto de control. Un vehículo que recibió la señal de pare no se detuvo y, de acuerdo con el reporte operativo, desde su interior dispararon contra los policías. En la reacción armada murieron los dos ocupantes del carro, uno de ellos de nacionalidad venezolana. En la inspección fueron halladas armas de fuego y munición. Mientras se adelantaban los actos urgentes, un grupo de pobladores rodeó a los uniformados, los agredió y se llevó los cuerpos, en medio de una asonada.Tras el hecho comenzaron a circular audios por WhatsApp atribuidos a mandos de la estructura Carlos Patiño, en los que, según inteligencia, se ordenaba a la comunidad salir a confrontar a la Policía y exigir su retiro del sector. Habitantes de distintas veredas llegaron al corregimiento y durante esa noche aumentó la alteración del orden público. La presión, de acuerdo con las fuentes, hacía parte de una estrategia para forzar la salida de la Fuerza Pública de un punto estratégico conocido como Casa Charlie, un lugar elevado que bloquea rutas de movilidad usadas para el tráfico de droga e insumos químicos, lo que tendría cargamentos represados de la organización.El martes en la tarde la situación escaló aún más. Mientras grupos presionaban a la Policía y preparaban bombas molotov, se produjo un ataque con drones cargados con explosivos que cayó sobre personas concentradas en el parque del corregimiento. El hecho dejó una persona muerta y más de diez heridos, entre ellos una menor de edad. Informes preliminares indican que el ataque habría sido ejecutado por la misma estructura armada, en medio de la tensión por la baja asistencia a la asonada convocada.Reportes posteriores de inteligencia señalan que nuevamente fueron vistas personas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo de El Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huisitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias 'Zamora'.Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Alias Zamora figura como objetivo prioritario dentro de ese despliegue por su capacidad de mando, coordinación de acciones violentas y presión armada sobre la población civil.
El candidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que en este momento hay una falta de garantías en el proceso electoral, pues dice que hay dos alcaldes además del mismo presidente Gustavo Petro que estarían, según él, interviniendo en política.“Le pido al señor procurador, Gregorio Eljach, que garantice la posibilidad de que los candidatos tengamos igualdad de condiciones en esta contienda electoral”, aseguró Lizcano.El candidato dice que el Gobierno Petro, por medio de las entidades, estaría apoyando al senador Iván Cepeda.“Por el otro lado, los alcaldes de dos ciudades principales, Medellín y Barranquilla, están haciendo campaña por De la Espriella, no hay garantías, ¿dónde está la Ley que obliga que los funcionarios no pueden participar en política?”, dijo Lizcano.Es importante recordar que el movimiento Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, respaldó recientemente la candidatura de Abelardo de la Espriella.Por otro lado, la casa Char, de Barranquilla, también apoyará al abogado en su candidatura presidencial.
El registrador Hernán Penagos se refirió a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, día en el que también se harán las consultas interpartidistas de los diferentes sectores políticos.Penagos explicó que a los ciudadanos se les entregarán ese día dos tarjetas electorales y que los jurados deben contarle a la ciudadanía en los puntos de votación que existe la tarjeta de las consultas.“El 8 de marzo los jurados entregarán dos tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes. Y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no”, dijo Penagos.Es importante recordar que hasta el momento hay dos consultas, la del Frente por la Vida, de sectores de centroizquierda, y la Gran Consulta por Colombia, de sectores de la centroderecha.Además la exalcaldesa de Bogotá Claudia López está tratando de conformar una tercera consulta, a la que invitó a Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.
El Clan del Golfo suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a los acuerdos del presidente con Donald Trump para atacar a su líder.La organización responsable del mayor volumen de exportación de cocaína desde Colombia protestó luego de que los mandatarios priorizaron las acciones militares y de inteligencia contra su jefe Chiquito Malo, durante una reunión el martes en la Casa Blanca.Al margen de los diálogos de paz en Doha, Petro expresó a Trump la necesidad de atacar al líder del Clan del Golfo, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez."Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos" asumidos hasta el momento en Catar, aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas sobre el anuncio."El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", agregó.Cambio de rumboMiembros del gobierno confirmaron que la cuenta que publicó el mensaje pertenece a la organización de origen paramilitar, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.Esta nueva estrategia entre los dos países cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.Antes de reunirse con Trump, el presidente izquierdista de Colombia era presionado por su supuesta falta de mano dura contra las mafias, razón por la que Estados Unidos le impuso sanciones.El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Catar con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.Petro ha enfrentado fuertes críticas por su política de negociar la paz con los principales grupos armados del país, que se habrían fortalecido durante su mandato. En el caso del Clan del Golfo, el mismo gobierno reconoce que aumentó en número de miembros.VenezuelaAdemás de Chiquito Malo, Colombia apuntó frente a Trump contra 'Iván Mordisco', el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla ELN que opera en la frontera con Venezuela."No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos", dijo el ministro Sánchez a Caracol Radio.Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan tras la captura en octubre de 2021 de Otoniel, extraditado a Estados Unidos. El segundo al mando del grupo, alias Gonzalito, murió el fin de semana ahogado tras sufrir un accidente en una embarcación cuando iba rumbo a una zona de paz pactada con el gobierno.En enero el comandante del ELN, Antonio García, dijo que estaba dispuesto a unirse con 'Iván Mordisco' para enfrentar a Washington.Sánchez añadió que Colombia y Estados Unidos invitarán a la Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico.Esta ofensiva "significa interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia, pero aplicando la fuerza en cada territorio según la soberanía de las mismas naciones". La intención "es que Venezuela también se integre en esta línea", sostuvo Sánchez.El ministro precisó que en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero "la aplicación de la fuerza se hará" por parte de las fuerzas del orden colombianas.