En una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, las fuerzas militares de Colombia ejecutaron un golpe contundente contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. Este operativo marca un hito en la política de defensa actual, siendo el primer bombardeo directo contra este grupo guerrillero en los últimos cinco años y el primero durante el mandato del presidente Gustavo Petro.Inteligencia y planificación de precisiónLa operación, descrita por el general Hugo López, en Mañanas Blu, como fruto de una "inteligencia dominante", no fue un evento fortuito. El campamento objetivo venía siendo monitoreado meticulosamente desde hace aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, se combinaron labores de inteligencia técnica y humana, complementadas con la observación constante de aviones de reconocimiento especializados que permitieron fijar el blanco de manera exacta.A pesar de la coincidencia temporal con encuentros diplomáticos internacionales, el alto mando militar enfatizó que se trató de una operación planificada detalladamente y ejecutada el pasado 4 de febrero a la medianoche. La decisión final para la aplicación de la fuerza aérea sobre este objetivo estratégico fue autorizada directamente por el presidente de la República.Golpes a la estructura del Frente de Guerra NororientalEl objetivo primordial del ataque fue una estructura del Frente de Guerra Nororiental, compuesta por entre 50 y 60 integrantes que delinquían en la vereda Arangalia. Como resultado del bombardeo y los combates posteriores en tierra, se confirmó la muerte de siete combatientes, entre ellos alias 'Chucky', segundo cabecilla del denominado Batallón de Frontera. Además, se logró la captura de un sujeto conocido como alias 'Elías'.En el lugar, las tropas hallaron un arsenal significativo que incluía 15 fusiles, armas cortas, abundante munición y más de 200 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones. Un hallazgo que llamó la atención de las autoridades fue un equipo tecnológico de origen europeo diseñado para bloquear señales de drones, el cual está siendo analizado por el CTI para determinar su procedencia y especificaciones técnicas.Ante las preocupaciones sobre la presencia de menores de edad en el campamento, el general López aseguró que la operación se planeó bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario para evitar afectaciones a la población civil. Aunque se reconoce que el ELN realiza reclutamiento forzoso de menores, los dictámenes preliminares de Medicina Legal no han reportado menores de edad entre los fallecidos hasta el momento.Finalmente, las fuerzas militares confirmaron que, aunque este operativo no tenía como blanco a alias 'Pablito', máximo cabecilla del ELN, las labores de inteligencia para dar con su paradero continúan de manera intensa. Se sospecha que este cabecilla podría encontrarse en territorio venezolano, por lo que se mantienen desplegadas más de 12,000 tropas en la zona fronteriza del Catatumbo para asegurar la soberanía nacional.Escuche aquí la entrevista:
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Susto en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
La liberación bajo fianza de un hombre acusado de asesinar a una joven porrista durante una fiesta ha provocado indignación, miedo y tristeza entre familiares y conocidos de la víctima, quienes aseguran sentirse desprotegidos ante la decisión judicial.El hecho ocurrió en el estado de Alabama, donde Steven Tyler, de 27 años, salió este martes 3 de febrero de la cárcel del condado de Jefferson tras pagar una fianza cercana a los 118 millones de pesos. El juez ordenó además que el acusado use un dispositivo de monitoreo electrónico mientras avanza el proceso en su contra por la muerte de Kimber Mills, una estudiante de último año de secundaria.La joven, de 18 años, era animadora de su escuela y recibió un disparo en la cabeza durante una reunión de jóvenes alrededor de una hoguera en Pinson. Tras permanecer varios días conectada a soporte vital, su familia tomó la difícil decisión de desconectarla, respetando su voluntad de donar sus órganos. “Era una niña llena de vida, siempre sonriendo, y ahora solo queremos que se haga justicia”, expresó un familiar cercano.La noticia de la liberación causó una fuerte reacción entre sus seres queridos. Su hermana aseguró que vive con temor desde que supo que el acusado volvió a las calles. “Saber que está afuera me produce una ansiedad enorme. Me quedaré en casa. Justicia para Kimber, eso es todo lo que pedimos”, expresó.De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió luego de que el hombre intentara acercarse a la joven y ella se negara a hablar con él, lo que habría desencadenado una discusión. En medio de la confrontación, el acusado sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra varios asistentes.Uno de los sobrevivientes, Silas McCay, de 21 años, resultó gravemente herido al intentar intervenir para proteger a sus amigos. Desde el hospital relató que intentó detener al agresor. “La consideraba como una hermana menor. Hice todo lo que pude”, señaló.McCay también reveló que minutos antes había sido alertado sobre la conducta del sospechoso hacia Kimber. Ahora, mientras el proceso judicial continúa, familiares y miembros de la comunidad insisten en que no descansarán hasta que el responsable enfrente la justicia por la muerte de la joven.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrieron una nueva convocatoria pública para proveer 1.142 vacantes de planta en diferentes regiones del país, a través del proceso de selección DIAN 2676.Las oportunidades están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los requisitos exigidos y se distribuyen en los niveles asistencial, técnico y profesional. En detalle, se ofertan 79 vacantes asistenciales, 308 técnicas y 755 profesionales.Las inscripciones estarán habilitadas desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero, y se realizan únicamente a través del sistema SIMO de la CNSC.Vacantes en todo el territorio nacionalLa convocatoria contempla cargos en varios departamentos del país, con mayor concentración en Bogotá D.C. (475 vacantes), seguido por Valle del Cauca (113), Antioquia (88) y Atlántico (66). En Santander se ofertan 36 vacantes, mientras que en Norte de Santander hay 29 disponibles.Nuevos cargos y concurso abiertoDesde la CNSC se aclaró que los empleos ofertados no corresponden a convocatorias anteriores, ya que responden a necesidades específicas de la DIAN y no pueden ser provistos mediante listas de elegibles. Por esta razón, los cargos solo pueden ser cubiertos a través de concurso abierto, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en el acceso al empleo público.El proceso se desarrolla conforme al Decreto 927 de 2023, que regula los concursos de méritos y busca fortalecer la carrera administrativa y modernizar el talento humano de la entidad.Perfiles, salarios y oportunidades para jóvenesEntre las áreas de conocimiento requeridas se encuentran Administración, Economía, Derecho, Comunicación Social, Psicología, Sociología, Contaduría Pública, Ingenierías y Lenguas Modernas, entre otras.Los salarios varían según el nivel del cargo:Hasta $4.100.000 para el nivel asistencialHasta $7.100.000 para el nivel técnicoHasta $17.600.000 para el nivel profesionalAdemás, se destacan 276 vacantes dirigidas a jóvenes que buscan su primer empleo o personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad para ingresar al sector público.¿Cómo inscribirse?Los interesados deben realizar el proceso exclusivamente en la plataforma SIMO de la CNSC, donde también deberán pagar los derechos de participación:$58.400 para niveles técnico y asistencial$87.550 para los demás niveles jerárquicosCada aspirante solo podrá postularse a una vacante y no haber participado en la modalidad de ascenso.Toda la información sobre reglas del proceso, requisitos y pasos de inscripción está disponible en la página oficial de la CNSC, en el apartado de procesos en desarrollo de la convocatoria DIAN 2676.
Un joven trabajador del sector salud y del área de servicios denunció presunta negligencia médica, fallas en la atención de su EPS y vulneración de sus derechos laborales, hechos que hoy lo mantienen con una discapacidad severa y bajo cuidados paliativos. Se trata de Alejandro, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, agente de un call center bilingüe y deportista de porrismo profesional.Según su testimonio en Vamos Pa Eso Podcast, su estado de salud comenzó a deteriorarse tras el uso prolongado de diademas a alto volumen en su jornada laboral, lo que le provocó episodios recurrentes de otitis. Pese a las molestias constantes y la supuración en los oídos, aseguró que no recibió el acompañamiento adecuado por parte de su EPS ni comprensión de su entorno laboral. Alejandro afirma que, incluso en medio de citas médicas, debía reponer el tiempo laboral perdido. “Yo quería ser ese doctor que sea humilde, que entienda lo que siente la otra persona”, expresó al recordar su vocación antes de que su condición se agravara.El joven señaló que su situación empeoró tras un procedimiento médico que califica como negligente. De acuerdo con su relato, durante un lavado de oídos, una enfermera utilizó una jeringa con presión excesiva, lo que le generó un vértigo inmediato. “Sentí el primer vértigo de mi vida”, indicó. Posteriormente, fue diagnosticado con un síndrome vertiginoso acompañado de nistagmus, condición que afectó su estabilidad y visión.En septiembre de 2023, Alejandro sufrió un accidente doméstico como consecuencia de estos síntomas. Durante una crisis de vértigo en el baño de su vivienda, perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente en la cabeza. “Mi cabeza dio contra la división del baño… me desmayé”, relató. A raíz del impacto y de complicaciones posteriores, desarrolló una monoplejía que le impide mover el brazo y la pierna izquierdos, dejándolo en condición de dependencia y con cuidados paliativos.A la situación médica se sumó un conflicto legal con la EPS, que lo denunció por un presunto fraude por “abuso del derecho” a la incapacidad, luego de identificar publicaciones suyas en redes sociales. Alejandro asegura que esta decisión profundizó su crisis emocional. “Yo ya no quiero vivir más… esto no es vida para alguien por tantas dificultades que hemos pasado”, manifestó. La denuncia fue retirada únicamente después de que su familia acudiera a la Defensoría del Pueblo y el caso se hiciera público.Pese a ello, el joven denuncia que aún no recibe una atención integral ni los insumos básicos para su rehabilitación. Asegura que no cuenta con una silla de ruedas propia ni con acompañamiento domiciliario. “Ni siquiera tengo el derecho a estar en una silla de ruedas… lo único que están pensando la ARL, la EPS y todos ellos es lavarse las manos conmigo”, afirmó.“Cuando ya estaba pasando por toda esta situación, le dije a mi familia que no quería seguir viviendo y que quería solicitar la eutanasia, porque sentía que esa ya no era una vida digna para nadie", narró.Actualmente, Alejandro exige que se reconozca la responsabilidad de la ARL y la EPS en su caso, así como el acceso a una enfermera domiciliaria, suplementos nutricionales, ayudas técnicas y una pensión por incapacidad que le permita garantizar su subsistencia y la de su madre.
El cáncer continúa siendo un problema de salud pública en Santander. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología y de la plataforma Globocan, en el departamento se presentan cerca de 9.000 nuevos casos de cáncer cada año, con un registro aproximado de 4.000 fallecimientos anuales. Según el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, los tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, próstata, pulmón, estómago y colon rectal, este último con tasas superiores a la media nacional.En este contexto, el Instituto de Cáncer del Hospital Internacional de Colombia (HIC) se ha consolidado como uno de los principales centros de atención especializada en la región. Durante el último año, la institución atendió a más de 3.600 pacientes, entre adultos y niños, en procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diferentes tipos de cáncer.De acuerdo con el doctor Diego Gómez, director clínico del Instituto de Cáncer HIC y oncólogo clínico, una de las principales conclusiones a nivel mundial es que buena parte de los casos de cáncer pueden prevenirse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta cuatro de cada diez diagnósticos podrían evitarse con la reducción de factores de riesgo asociados al consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y las dietas poco saludables.“El tabaco es responsable de al menos 17 tipos de cáncer diferentes. Muchas veces solo se asocia con el cáncer de pulmón, pero su impacto es mucho más amplio”, explicó el especialista, quien insistió en que adoptar estilos de vida saludables es una medida clave para disminuir la incidencia de la enfermedad.Las cifras del HIC indican que en la población adulta los diagnósticos más frecuentes corresponden a cáncer de piel (excepto melanoma), mama, próstata, colon y recto, y cuello uterino. En los hombres, además, predominan los cánceres digestivos como el gástrico y el de esófago, así como el cáncer de pulmón, patologías que suelen presentar altas tasas de mortalidad cuando se detectan de manera tardía.En la población pediátrica, los casos más comunes atendidos en el instituto incluyen leucemia linfoide aguda, tumores cerebrales, síndrome mielodisplásico y tumores de tejidos blandos.El doctor Gómez advirtió que el cáncer continúa siendo una enfermedad silenciosa, que en muchos casos no presenta síntomas en sus etapas iniciales. “Cuando se diagnostica a tiempo, el tratamiento tiene una intención curativa. En fases avanzadas, el manejo se enfoca principalmente en el control de la enfermedad y en cuidados paliativos”, señaló.Por ello, desde el HIC se hizo un llamado a fortalecer la prevención mediante hábitos de vida saludables, la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, así como la consulta oportuna ante cualquier síntoma persistente. La detección temprana, insistió el especialista, sigue siendo la herramienta más efectiva para mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer.
La Justicia rusa condenó este miércoles a cinco años y nueve meses de prisión al humorista Artiom Ostanin por bromear sobre una persona con discapacidad en el metro y sobre la figura de Jesucristo, justo cuando la censura rusa prohíbe terminantemente hacer bromas sobre política, guerra y religión.Ostanin, de 29 años, fue acusado de instigar odio y animadversión contra otras personas y herir los sentimientos de los creyentes ortodoxos, cargos contemplados por el código penal ruso, según informó el portal Mediazona.El tribunal Meshanski de Moscú también impuso al condenado una multa de 300.000 rublos (3.915 dólares). "No, no lo entiendo", dijo desde el habitáculo acristalado Ostanin, cuando el juez le preguntó si entendía el alcance del fallo.Al intervenir ante el tribunal el lunes en lo que en Rusia se llama 'la última palabra', Ostanin rechazó todos los cargos y proclamó su inocencia, aunque pidió disculpas si sus bromas reproducidas en las redes sociales hirieron la sensibilidad de alguna persona. "No fue intencionado ni deliberado", afirmó.Además, denunció haber recibido una paliza en un bosque cuando fue detenido, al intentar cruzar la frontera, por las fuerzas de seguridad bielorrusas en marzo de 2025, que le habrían amenazado de muerte y roto una vértebra.Ostanin, que ha sido incluido en la lista de extremistas y terroristas, no pudo comunicarse con su familia durante nueve meses en la prisión preventiva en la que esperó el juicio."Deseo que nadie se tope con una arbitrariedad legal tan cruel como la que yo me he encontrado", dijo y cuestionó el origen y motivos de los delatores y testigos de la acusación.Al respecto, su abogado se preguntó si los delatores disfrutan buscando en las redes sociales motivos para denunciar a otras personas, en su mayoría críticas con la política, la guerra o la moral del Kremlin.Según la defensa del humorista, "los chistes no tienen como fin causar daño o alguna clase de amenaza", por lo que la acusación carece de sentido.El fiscal, que había pedido cinco años y once meses de prisión para Ostanin, consideró agravante el hecho de que esos crímenes fueran cometidos como parte de una organización criminal, mientras los atenuantes son los problemas crónicos de salud del acusado y su labor humanitaria.En respuesta, Ostanin insiste en que las bromas de las que se le acusa las ideó y las escenificó él solo, sin ayuda de una tercera persona.Según la defensa, la persona con discapacidad sobre la que bromeó Ostanin nunca combatió en Ucrania, como denunciaron organizaciones ultranacionalistas en un primer momento, sino que se gana la vida desde hace años pidiendo limosna en el metro.El cómico hizo esa broma en diciembre de 2024 en un club en el centro de Moscú, tras lo que fue acusado por una organización cercana al Kremlin (La llamada del pueblo) de reírse de un soldado "que perdió las piernas en la guerra".Durante el juicio se personaron también varias personas que denunciaron que el artista se burló de Jesucristo durante una actuación. Desde la 'misa punk' de Pussy Riot hace más de diez años en Rusia se castiga con pena de cárcel herir los sentimientos de los creyentes, en virtud del artículo 148 del código penal."Yo sólo informé a la gente ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron", dijo Ostanin, una broma que se puede ver en YouTube.Los humoristas reconocen que desde el comienzo de la guerra en Ucrania está prohibido bromear sobre el gobierno, la religión y la guerra. A esto habría que sumar otro tabú: hacer cualquier mención a la comunidad LGBT, considerada desde hace años extremista en este país.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la aerolínea Satena confirmaron este miércoles el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, tras accidentarse en Norte de Santander. "No hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander", puntualizó la ministra Rojas, al tiempo que la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 13 pasajeros y dos tripulantes que cubrían el vuelo NSE 8849 en la ruta Cúcuta-Ocaña.Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil señaló que se puso disposición "los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”.Así quedó el avión de SatenaCampesinos de la zona fueron los primeros en divisar los restos de la aeronave. Según testimonios y registros desde el lugar, el avión se encuentra en una zona de alta nubosidad, factor que pudo incidir en el siniestro, aunque falta la confirmación. La aeronave, operada por la firma Searca, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y perdió contacto a las 11:54 a. m., agotando formalmente su autonomía de vuelo a las 2:00 p. m.La aerolínea Satena expresó sus condolencias y publicó el listado oficial de las víctimas, entre las que figuran líderes políticos, profesionales y la tripulación al mando:Pasajeros:Diógenes Quintero Amaya (Representante a la Cámara)Carlos Salcedo (Candidato a la Curul de Paz)Juan Pacheco Mejía (Exconcejal de Ocaña)Maira Sánchez CriadoRolando Peñaloza Gualdrón (Médico)Natalia Acosta SalcedoMaría Álvarez BarbosaMaría Díaz RodríguezMaira Avendaño RincónAnayisel QuinteroKaren Parales VeraAnirley Julio OsorioGineth RincónTripulantes:Cap. Miguel Vanegas (Piloto)Cap. José de la Vega (Copiloto)Satena informó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y colaborará activamente con la Aeronáutica Civil para esclarecer las causas de la tragedia. Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina ahora el traslado de los organismos judiciales a la vereda Curasica para realizar las labores de levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
En una operación conjunta desarrollada en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. En el mismo operativo murieron cuatro hombres que integraban su esquema de seguridad y fueron capturados otros dos miembros de la organización.Durante la acción de la Policía y la Fuerza Aeroespacial, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición, además de equipos de comunicación como celulares, radios, memorias USB y una grabadora, así como material de intendencia utilizado por el grupo armado. El golpe se dio en una zona estratégica para la movilidad y el control territorial de esta estructura criminal en el centro del departamento.Alias “07” tenía una trayectoria criminal cercana a los 20 años, tras haberse desmovilizado de las antiguas AUC y reincidir en actividades ilegales. Dentro del Clan del Golfo había ocupado cargos de alto nivel, entre ellos segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, posteriormente, jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, consolidándose como uno de los hombres de confianza del mando regional.Su prontuario lo vinculaba con homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados con otras organizaciones criminales por el control de corredores de narcotráfico. Con su caída, las autoridades consideran que se debilita de manera significativa el accionar de esta estructura en el Magdalena y se impacta su capacidad de expansión hacia zonas del departamento del Cesar, reduciendo la presión criminal sobre comunidades rurales y urbanas de la región.
La incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la identidad de las 15 personas que viajaban a bordo del avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, al servicio de Satena, desaparecido desde el mediodía de este miércoles. Entre los ocupantes del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se encuentran destacados líderes políticos de la región.Tripulación y PasajerosEl reporte oficial consolida los siguientes nombres de los 13 pasajeros y 2 tripulantes:Diógenes Quintero: representante a la CámaraCarlos Salcedo: candidato a la Curul de Paz.Juan David Pacheco: exconcejal del municipio de Ocaña.María Sánchez: esposa del exconcejal Juan David Pacheco.Rolando PeñalozaNatalia Cristina Acosta SalcedoTorcoroma ÁlvarezMaira AvendañoMaría Del Carmen DíazAnirley JulioKaren ParalesAnayisel QuinteroGineth RincónMiguel Vanegas: piloto.Jorge Trujillo: copiloto.Último contacto y operativo de rescateLa aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y registró su último contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del inicio del vuelo. El radar ubicó el avión por última vez en una zona montañosa de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC).
Momentos de tensión se viven en Norte de Santander luego de que se confirmara la desaparición de un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y que perdió todo contacto con los radares cuando se aproximaba a su destino.La aeronave, que prestaba servicios a la aerolínea estatal Satena, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana de este miércoles y tenía previsto aterrizar minutos después en el aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña. Sin embargo, a las 11:54 a. m., los sistemas de control aéreo reportaron la pérdida total de comunicación.A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a las curules de paz Carlos Salcedo, y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.Tras cerca de tres horas de la desaparición, el equipo del representante se pronunció informando que "seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente de agenda, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".Agregaron que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue". El equipo finalizó pidiendo oración por los tripulantes.Las labores de búsqueda y rescate se concentran en una zona montañosa y de compleja geografía del Catatumbo, entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, punto donde se habría registrado el último rastro del avión.La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde la base aérea de Palanquero, con el objetivo de realizar sobrevuelos de reconocimiento, mientras que equipos en tierra intentan establecer posibles puntos de impacto.Por su parte, Satena informó en un comunicado oficial que: "La aerolínea de los colombianos informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero".
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.