Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la vía Armenia–Pereira fueron identificadas como William Paipa, de 46 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19. El siniestro se registró en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del departamento del Quindío.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad del sector y la información recopilada por las autoridades, las víctimas trabajaban en la promoción de bebidas alcohólicas y se dirigían a participar en un evento en un establecimiento de entretenimiento nocturno de la zona.Según el reporte preliminar, cuando intentaban cruzar la doble calzada fueron embestidos por una camioneta. El conductor del vehículo habría huido del lugar sin prestar auxilio a los afectados.Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.En el municipio de Circasia, donde residían, familiares y conocidos los recuerdan por su dedicación al trabajo. En el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, allegados destacaron su sueño de convertirse en cantante. La joven participó en 2019 en el programa La Voz Kids del Caracol Televisión, donde fue reconocida por su talento vocal.
El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que el proyecto Escudo Nacional Antidrones avanza sin injerencias externas ni favorecimientos y que, hasta la fecha, 74 empresas de 20 países han manifestado su interés en participar en esta iniciativa estratégica, considerada una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para enfrentar la amenaza de ataques con drones en el país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó a través de su cuenta en X que este amplio interés internacional fortalece el estudio de mercado que actualmente se adelanta como parte de la fase precontractual. Según explicó, esta etapa es clave para estructurar los estudios previos y garantizar que el proceso sea sólido, técnico y transparente.De acuerdo con la cartera de Defensa, cerca de 9.000 intentos de ataques con drones fueron detectados en 2025. Aunque aproximadamente el 96 % de estos fueron inhibidos, el 4 % restante dejó como saldo la muerte de varios uniformados y civiles, además de más de un centenar de heridos.Para el Ministerio, esta realidad evidencia la urgencia de poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto valorado en 6,7 billones de pesos. La primera fase, que comenzará a desarrollarse en 2026, tendrá un presupuesto cercano a un billón de pesos.El proyecto fue anunciado oficialmente el 10 de enero de 2026 y responde, según el Gobierno, al uso cada vez más sofisticado de drones por parte de grupos armados ilegales y organizaciones narcoterroristas, que los emplean para ataques con explosivos, espionaje y vigilancia ilegal.La entidad precisó que actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de estudio de mercado, dentro de la fase precontractual. En esta fase participan comités estructuradores de cada Fuerza —Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía—, además de los equipos evaluadores y la Dirección de Contratación del Ministerio.El Ministerio subrayó que ninguna persona ajena a la entidad hace parte del proceso y que este cuenta con el acompañamiento del Grupo de Transparencia de la cartera, así como con interacción permanente con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el marco del principio de colaboración armónica.Uno de los criterios definidos por el Gobierno es que la contratación se realizará de manera directa entre el Estado colombiano y los fabricantes de la tecnología o sus representantes legales, con acompañamiento de las embajadas de los países involucrados. No se aceptarán intermediarios.En diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que acudiría a la figura de urgencia manifiesta para acelerar la compra inicial de sistemas antidrones, tras un ataque a una base militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis militares muertos y al menos 26 heridos.
Momentos de angustia vivieron los habitantes de Iquira, en el departamento del Huila, luego de que tropas del Ejército detectaran el sobrevuelo de un dron mientras realizaban el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Ante este hecho, los soldados, al intentar neutralizar la amenaza que ponía en riesgo a la población civil y al personal militar, dispararon contra la aeronave no tripulada, lo que generó temor entre los habitantes de la localidad.“En el desarrollo de operaciones militares, hacia la medianoche, al término de una tarea táctica adelantada por el Grupo de Caballería Liviano N.° 11 en la zona urbana del municipio de Íquira, donde se realizó el desmonte de una valla alusiva al Bloque Central Isaías Pardo de la estructura ‘Ismael Ruiz’, nuestras tropas detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida. Los soldados reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza”, confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Asimismo, el alto oficial reiteró que el compromiso de las unidades militares y de Policía es garantizar la seguridad y tranquilidad de los huilenses.“Cada decisión que se toma en el desarrollo de nuestras operaciones tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila. Actuamos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, con profesionalismo, experiencia y pleno respeto por los derechos humanos”, indicó el comandante de la Novena Brigada.Finalmente, aclaró que estas operaciones tácticas tienen como objetivo neutralizar las acciones terroristas de los grupos disidentes que operan en la región.
Tras una paciente labor de inteligencia y luego de recibir información de una fuente humana, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, lograron la ubicación de un depósito ilegal para almacenar morfina, la cual posteriormente era enviada a Ecuador y, de allí, a los mercados negros de Centroamérica y Estados Unidos.El comandante de esa unidad militar, general Juan José Guzmán Ramírez, dijo a Blu Radio que la acción militar y de Policía se cumplió en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, límites con el sur del Cauca.El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos. Además, se investiga si el cargamento de más de un millón 800 mil dosis de morfina que estaban listas para ser transportadas hasta Ecuador pertenecería a esa agrupación ilegal.Según el oficial, la operación se desarrolló mientras las unidades adelantaban tareas ofensivas y de control militar de área en zona rural del mencionado municipio. Gracias a labores de inteligencia militar, se localizó el depósito clandestino, en el que fueron hallados 26 kilogramos de opiáceos (morfina), distribuidos en dos bultos conformados por paquetes de diferentes tamaños, los cuales contenían una sustancia de color café claro, con características similares a la morfina y sus derivados.De acuerdo con la información obtenida, este alcaloide pertenecería al frente Manuel Vásquez Castaño del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y tendría como finalidad ser transportado desde zonas de producción en Nariño hacia la frontera colombo-ecuatoriana para su posterior procesamiento en heroína y distribución en mercados ilícitos de Centroamérica y Estados Unidos, en articulación con carteles internacionales.Señaló el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional que la incautación de este depósito ilegal de morfina, avaluado en más de 7 millones de dólares, representa un duro golpe a las finanzas del grupo armado ELN que opera en esa región del suroccidente de Colombia.Dijo Guzmán que, con esta incautación, se evitó la potencial comercialización de 1,8 millones de dosis de heroína que pretendían ser distribuidas por carteles internacionales en mercados de Centroamérica y Estados Unidos.
Dos hombres señalados de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de menores.Según la información entregada por la Fiscalía, ambos habrían contactado y persuadido mediante engaños a dos adolescentes en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de que eran menores de edad.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de las víctimas para persuadirlas y coordinar su traslado hacia Cali, en el Valle del Cauca. El propósito, según la imputación, era ponerlas a disposición de contactos de la estructura Dagoberto Ramos.El presunto reclutamiento no se concretó gracias a la intervención de la Policía Nacional. Las adolescentes eran movilizadas en un vehículo que fue interceptado en un retén instalado en el barrio Marroquín II, en Cali.Durante la verificación de antecedentes y la inspección al automotor, los uniformados detectaron la situación irregular que había sido alertada por una de las jóvenes a través de un mensaje de sus familiares y el envío de su ubicación en tiempo real. Tras el procedimiento, las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en situación de flagrancia. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.Durante las audiencias preliminares, John Humberto Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ambos procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso.
Estos menores entre los 14 y 17 años de edad lograron escapar del centro de entrenamiento que las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ tienen en el sector del Naya, zona rural de Jamundí. Tras un recorrido de más de ocho días, lograron bajar de las montañas y encontrarse con el puesto del Ejército ubicado en el puente Valencia, que conecta a los departamentos de Valle y Cauca.Los jóvenes pidieron la ayuda de los soldados, asegurando que habían sido reclutados desde hacía más de un año, y que decidieron escapar cuando les anunciaron que serían enviados al Guaviare para apoyar a los frentes disidentes de esa región.Tres de estos menores fueron reclutados en Cali, y el cuarto fue sacado de una comunidad indígena del departamento del Cauca, con falsas promesas, donde les aseguraban iban a ganar hasta cinco millones de pesos. Sin embargo, al llegar al Naya, les quitaban los celulares y por varios días los dejaban sin comer."Inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, ya nosotros los dejamos a disposición del Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia que son las entidades encargadas de restablecer sus derechos. Ya están haciéndoles los chequeos médicos", señaló general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.La Fuerza Pública en el suroccidente se encuentra en alerta ante el incremento de menores reclutados por las disidencias de mordisco, según el Ejército, el 70% de estos jóvenes provienen de las zonas vulnerables de Cali como el oriente y la ladera, además de Popayán, Jamundí y Suárez."Desafortunadamente esta estructura no limita región para el reclutamiento de menores, lo hace con niños en el Cauca, lo hace en el Valle, especialmente sobre el sector del Naya", añadió el general Africano.
A poco más de un mes de que comience la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, la Cancillería confirmó que avanza la adecuación técnica y operativa en la Imprenta Nacional para iniciar la expedición del documento a partir del 1 de abril de 2026.La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó este 21 de febrero las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá para verificar el estado de las obras y la instalación de la infraestructura requerida para la producción del nuevo pasaporte.Según informó la Cancillería a través de un comunicado, durante el recorrido la ministra inspeccionó las zonas habilitadas para impresión, control de calidad y almacenamiento, que actualmente están siendo puestas a punto con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.De acuerdo con la jefa de cartera, el objetivo es garantizar que el país cuente con la capacidad instalada necesaria para iniciar la operación del nuevo modelo sin contratiempos. “Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”, afirmó. Este nuevo esquema de producción surge tras el acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta de X, publicó un video de los camiones que transportarían las nuevas máquinas instaladas en la Imprenta Nacional y aseguró que el país ya cuenta con tecnología moderna para producir pasaportes.El mandatario señaló además que, si la Registraduría lo decide, esa misma infraestructura podría utilizarse para la producción de cédulas, argumentando que esto permitiría que los datos de los ciudadanos no queden en manos de privados y, según dijo, reduciría riesgos de fraude electoral.El pasado 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado mostró públicamente un modelo del nuevo pasaporte que comenzará a expedirse el 1 de abril, como parte de este proceso de transición.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres identificados como Juan Camilo González Soto, Julián Andrés Ríos Castaño y Henry Mora Guzmán, después de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.Estos tres sujetos fueron judicializados por su presunta responsabilidad en tres hurtos a ciudadanos extranjeros registrados en Medellín. y de acuerdo con las investigaciones estos sucesos ocurrieron entre el 6 y el 23 de agosto del año pasado, en diferentes sectores de la capital antioqueña.Además, en el reporte entregado por las autoridades, los procesados cometieron estos hechos delictivos en los exclusivos sectores de El Poblado y Laureles. despojando a las víctimas de su dinero y elementos de valor avaluados en más de 200 millones de pesos.Uno de estos casos se presentó el 23 de agosto de 2025 en el sector El Tesoro, en el barrio El Poblado. Un ciudadano ecuatoriano y sus dos acompañantes, fueron abordados por los ladrones, quienes los intimidaron y les quitaron un bolso de alta gama, joyas y dinero en efectivo avaluados en 110 millones de pesos.Tras un exhaustivo proceso de investigación, la policía judicial logró identificar y ubicar a los hoy detenidos, quienes vivían en el barrio Villa Hermosa, centro de la ciudad. En el proceso de allanamiento del inmueble, además de las capturas, se decomisaron 3 celulares, 4 relojes y 1 motocicleta.En medio del proceso de sentencia, los tres procesados, González Soto, Ríos Castaño y Mora Guzmán no aceptaron los cargos que les imputó el juez por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Sin embargo, fueron enviados a un centro carcelario como medida preventiva.
Hay consternación en el corregimiento de San Cristóbal tras el macabro hallazgo en las últimas horas del cuerpo de una persona al interior de un costal.Los hechos ocurrieron en un sector del barrio La Loma conocido como ‘La Y de los Locos’, sobre la antigua vía al mar, donde ciudadanos reportaron a las autoridades el avistamiento de este contenedor.Según el informe oficial, tras la inspección policial a la zona, se identificó el costal blanco y con rastros de sangre que quedó en poder de las autoridades judiciales y forenses para determinar el sexo y la plena identidad de la víctima.No se descarta que este tipo de acciones estén relacionadas con casos de ajuste de cuentas entre grupos criminales, una de las hipótesis en la que ya trabajan las respectivas entidades para esclarecer lo ocurrido.Con este caso ya son 35 las muertes violentas en lo corrido del año en Medellín, un caso menos que durante el mismo periodo de 2025. De ese total, dos hechos se han registrado en el corregimiento de San Cristóbal.De igual manera, se trata de al menos el quinto caso de cuerpos sin vida hallados en algún tipo de contenedor durante lo que va del año en Antioquia. Los primeros cuatro se habían reportado a inicios de enero en municipios como Bello, Támesis y Copacabana.
La directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, quien lideraba una apuesta de transformación institucional con enfoque de reparación histórica, murió de causas naturales, este sábado en Bogotá, informó hoy el Ministerio de las Culturas."Desde el Ministerio, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz", expresó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, en un mensaje en X este domingo.Angulo Cortés, artista plástica, gestora cultural e investigadora que fue reconocida por una trayectoria artística e investigativa centrada en la memoria, la identidad y la resistencia de las comunidades afrodescendientes en Colombia.Su obra plástica y su trabajo como curadora la convirtieron en un referente para artistas, investigadores y procesos comunitarios, antes de asumir la dirección del Museo Nacional, desde donde impulsó una revisión crítica de las narrativas históricas y una apertura institucional hacia miradas diversas.El Ministerio destacó que en la dirección del Museo Nacional "impulsó un proceso de transformación institucional desde la perspectiva decolonial y la reparación histórica" y subrayó que su legado permanecerá como un testimonio de memoria y reconocimiento para las poblaciones afrocolombianas.El Museo de Arte Moderno de Medellín expresó también su "profunda tristeza" por la muerte de Angulo y recordó su participación en las exposiculturiones 'La buena vida' y 'Desafiar. Atravesar el sol hacia un gran Pacífico'.La institución destacó que su trabajo, centrado en la memoria, la identidad y las construcciones de género en comunidades afrodescendientes, "abrió nuevas preguntas y caminos" en el arte contemporáneo colombiano, y subrayó que sus esculturas, performances, videos y series fotográficas dejaron una huella crítica frente a las estructuras sociales.
La AmCham Colombia señaló que esta herramienta le permitiría al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles temporales de hasta el 15 %, según lo anunció el presidente Donald Trump, durante un periodo inicial de 150 días, bajo el argumento de corregir desequilibrios en la balanza de pagos.Aunque se trata de una medida transitoria, el gremio advirtió que su eventual aplicación podría generar impactos relevantes en el comercio bilateral. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y destino clave para exportaciones no minero-energéticas, por lo que cualquier incremento arancelario podría traducirse en mayores costos de ingreso, pérdida de competitividad y ajustes en contratos comerciales.Sectores como el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y algunos bienes industriales serían especialmente sensibles a este tipo de decisiones, ya que compiten en precio dentro del mercado estadounidense.AmCham explicó que, más allá del porcentaje del arancel, el principal efecto inmediato sería la incertidumbre. Las empresas podrían aplazar inversiones, renegociar acuerdos o replantear proyecciones de exportación ante un entorno menos predecible.El gremio también subrayó que, en este contexto, cobra mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, así como la necesidad de fortalecer la diplomacia comercial y avanzar en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino.
Al menos 45 personas fueron víctimas de un presunto esquema de estafa inmobiliaria en Duitama, Boyacá. Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por apropiarse, según las autoridades, de alrededor de 1.536 millones de pesos mediante proyectos de vivienda inexistentes o sin licencias de construcción.Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, habrían estructurado un esquema para ofrecer inmuebles con facilidades de pago que resultaban atractivas para los compradores.Entre 2018 y 2024, los señalados persuadieron a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de supuestos apartamentos o casas, respaldando las negociaciones con promesas de compraventa que finalmente no se concretaban.La Fiscalía reveló que cada integrante del núcleo familiar cumplía un rol específico para dar apariencia de legalidad al negocio. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando la imagen de legitimidad.Por su parte, su esposa e hijo presuntamente exhibían planos de las unidades habitacionales y aseguraban que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes, lo que generaba confianza en las víctimas.Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados. Un juez impuso medida de aseguramiento en la cárcel contra Nelson Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Divantoque deberá cumplir la medida de casa por cárcel.
Con fisura en el cráneo terminó un estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes de Nátaga, en el Huila, tras recibir un golpe por parte de uno de sus compañeros durante una práctica deportiva al interior del plantel.En un video, al parecer grabado por otro estudiante, se observa cómo esta actividad, promovida por el docente de educación física, se habría realizado sin las condiciones mínimas de seguridad y protección.“Mi hijo llegó a la casa mareado. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo: ‘Mamá, hoy estuve en una pelea en el colegio y un compañero me golpeó. Caí al suelo y quedé inconsciente por varios minutos’. Al ver que seguía muy mareado y con dolor de cabeza, lo llevé inmediatamente al hospital y de ahí fue trasladado a Neiva, donde aún nos encontramos”, señaló Floralba Ramos, madre del estudiante.De acuerdo con el relato de la madre, la pelea de boxeo en la que participó su hijo no fue la única organizada ese día. Además, indicó que incluso niñas estarían participando en estas prácticas deportivas.“El profesor, según lo que me indicó mi hijo, pasaba por cada uno de los salones preguntando quién quería pelear. Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, denunció la madre.El menor, de 15 años, permanece recluido en un centro hospitalario de Neiva, a donde fue remitido debido a la gravedad de las lesiones. Según informó su madre, el adolescente fue trasladado desde el municipio tras presentar fuertes mareos y dolor de cabeza, y actualmente permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento a seguir.“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, relató la madre.Ante estas actividades deportivas, realizadas sin condiciones pedagógicas ni de seguridad adecuadas y que ponen en peligro la vida de los estudiantes, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, indicó que ya se inició la respectiva investigación.“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, puntualizó.Asimismo, el funcionario fue enfático en advertir que la práctica deportiva escolar no puede desnaturalizarse hacia actividades que impliquen riesgos no controlados, ausencia de supervisión o falta de elementos de protección adecuados.“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, puntualizó el funcionario.
Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que se refirió a sus tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero también al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe, en Venezuela, en contra de esas organizaciones narcotraficantes y también envió un mensaje al ELN que hoy está incrementando la guerra que tiene con las disidencias causando nuevos desplazamientos en la región del Catatumbo.Incluso, el mandatario colombiano volvió a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump y las operaciones de interdicción marítima, al asegurar que muchas de las lanchas atacadas con misiles en el Caribe no transportaban cocaína sino cannabis.“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló Petro mediante su cuenta de X.En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro también se refirió además a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.Según el presidente, solo cerca del 5 % de la cocaína producida en Colombia pasa por esa región hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
Este fin de semana se registró un ataque entre el Ejército Nacional y la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’, en un sector conocido como caño mosco en el departamento de Guaviare.Según información preliminar, en medio del enfrentamiento el soldado Yeudy Osorio Córdoba perdió la vida y dos suboficiales y siete soldados fueron trasladados al hospital general de San José del Guaviare.De acuerdo con el parte médico, los nueve uniformados heridos durante este combate ya se encuentran fuera de peligro y continúan bajo observación. Fueron identificados como:Sargento segundo Kevin Lions GonzálezCabo segunda Brian Murcia SánchezSoldado profesional Rubén Saurith ContrerasSoldado profesional Luis Yesid Diaz RomañaSoldado profesional De la OsaSoldado profesional José Ángel ChíaSoldado profesional Yorman Ríos CortesSoldado profesional José Epinayu RamírezSoldado profesional Yoan Castillo FernándezEl Ejército informó que posterior al ataque, enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal en esta zona del país.Asimismo, las autoridades expresaron su solidaridad y condolencias a la familia del soldado fallecido.Finalmente, señalaron que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias 'Mizón', señalado cabecilla principal de la banda criminal ‘Los Maracuchos’, que operaba a nivel internacional. Según las autoridades, Osorio era requerido por delitos cometidos en el país.Jairo Otero, director Regional Nariño Putumayo Migración Colombia, aseguró que el hombre tenía una circular Azul de Interpol solicitada por Colombia, por concierto para delinquir agravado.“El hombre registraba cinco órdenes de captura emitidas desde el 6 de noviembre de 2025 por un juzgado penal municipal de Bogotá, por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tortura”, indicó.Alias Mizón, mantenía presuntos vínculos con el Tren de Aragua y figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. A propósito de esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que ‘Los Maracuchos’ tenían influencia en las localidades de Los Mártires y Kennedy, donde administraban bares, realizaban cobros extorsivos y mantenían puntos de expendio de estupefacientes.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este resultado evidencia la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.El director de la Policía, el William Rincón, resaltó la captura y el compromiso institucional de enfrentar las estructuras criminales mediante cooperación internacional, inteligencia estratégica y acción operativa sostenida.Alias 'Mizón' fue puesto a disposición de las autoridades colombianas para que responda por los múltiples delitos que se le imputan.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.