Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
Varios candidatos a la Presidencia se han referido a la posición del presidente Gustavo Petro en los últimos días, quien ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría e incluso ha dicho que podría estar abriéndose la puerta al fraude. Petro ha cuestionado el hecho de que el registrador, Hernán Penagos, ordenara dejar en blanco los espacios de los formularios E-14 en las mesas donde no haya votos por algún candidato o partido; esto se hace para que el procesamiento de la información sea más fácil.Además, el mandatario cuestiona el software de preconteo y escrutinio de mesa, el cual contará con auditoría independiente y cuya información podrá ser consultada por los partidos políticos. Es por eso que varios candidatos a la Presidencia han cuestionado a Petro."Como candidata a la Presidencia tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador, Hernán Penagos, y la Registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer el derecho al voto", dijo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.Por su parte, el candidato Juan Manuel Galán dice que el sistema electoral colombiano sí es confiable, pero que el Gobierno no ha dado garantías para un proceso libre y justo, teniendo en cuenta la contratación que se dio antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías."La institucionalidad y la Registraduría son garantía de elecciones libres. Lo que no está bien es que el gobierno se gaste más de $14 billones de pesos en contratos antes de las elecciones", dijo Galán.De otro lado, el candidato Roy Barreras dijo que al presidente Gustavo Petro le llevan muchas historias falsas y lo hacen equivocar en algunos casos."Siendo presidente Santos perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición; siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral, ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron gobernaciones y alcaldías gobernadores de partidos de oposición o distintos al Pacto; es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno", señaló Barreras.El excontralor Felipe Córdoba también se refirió al caso, exigiéndole al Gobierno garantías para las elecciones."Este Gobierno no puede exigir respeto a las reglas mientras es el primero en desafiar la institucionalidad o intentar acomodar las normas a su conveniencia. La democracia se defiende garantizando que cada colombiano pueda votar en libertad y que las reglas se cumplan para todos por igual, sin excepciones", dijo Córdoba.Y, por su parte, el candidato Leonardo Huerta aseguró que "en una democracia el presidente no solo gobierna, también es el principal garante de la estabilidad institucional. Las autoridades son los agentes garantes de los derechos de las personas; si existen preocupaciones sobre el sistema electoral, es precisamente él quien tiene la responsabilidad de activar mecanismos legales y administrativos para fortalecer las garantías electorales. Lo que no ayuda es tratar de generar incertidumbre en la opinión pública sin anunciar medidas concretas".
Un intento de atraco ocurrido en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó herido al alcalde del municipio de Ospina, Nixon López. El hecho se registró cerca del sector de Corferias, según confirmaron las autoridades.De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al mandatario, quien se encontraba en la capital por compromisos relacionados con su gestión. Según versiones iniciales, López se hospedaba en un hotel de la zona y habría sido perfilado por los delincuentes.Durante el atraco, los agresores lo amenazaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. El alcalde se habría resistido al robo y, en medio del forcejeo, recibió un disparo.Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Colombia, donde recibe atención médica. La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta operativos para ubicar a los responsables y recolecta material probatorio en la zona. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer los detalles del caso.La Policía Nacional adelanta adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho."Invitamos a la ciudadanía que tenga cualquier tipo de información suministrarla a través de los diferentes canales de comunicación o CAI más cercano", agregaron las autoridades.
El precandidato presidencial Iván Cepeda respondió a la polémica generada por la presencia de personas con camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) durante un acto de su campaña en Tumaco, Nariño, y aseguró que solicitó su captura inmediata.“En cuanto tuve información, recurrí al capitán delegado para nuestra seguridad y le pedí inmediatamente que estos tres individuos (a quienes entregamos las imágenes) fueran capturados. Hasta ahora no hemos tenido respuesta frente a esa solicitud, pero evidentemente este es un hecho que debe ser investigado y esclarecido plenamente”, señaló.El candidato agregó que también enfrenta riesgos en materia de seguridad.En medio de la controversia, Cepeda también denunció lo que calificó como una campaña de desinformación en su contra, relacionada con su mención en los archivos del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.El precandidato anunció que sus abogados presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre lo que consideran actos de persecución política en el desarrollo de su campaña.Según Cepeda, algunos candidatos y miembros de la oposición habrían viajado a Estados Unidos con el objetivo de buscar su judicialización e incluso su extradición, señalándolo de presuntos vínculos con narcotraficantes y grupos guerrilleros.“Se ha encontrado que en esos computadores no hubo cadena de custodia y, por ende, han sido manipulados. Ya hay un pronunciamiento de la justicia y la pregunta es por qué se intenta revivir este tema. La respuesta es que estamos en un momento electoral”, afirmó.
La solicitud fue presentada ante las autoridades competentes y dirigida al partido político responsable de las inscripciones. Bustos recordó que la senadora Berenice Bedoya fue denunciada desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder.Las denuncias incluyen nombramientos irregulares de familiares, adjudicación directa de contratos, entre ellos el del acueducto de Yarumal por cerca de $10 mil millones, y cobro de comisiones ilegales a sus dependientes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El veedor insistió en que tanto Bedoya como su fórmula, Juan David Flórez, conocido como “El Itaguaseño”, deben ser retirados de las listas como una sanción ética y política, en tanto avanzan las investigaciones judiciales.
Polémica ha generado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, el caso de un motociclista luego de que otro conductor, al parecer, se pasara un semáforo en rojo y estuviera a punto de ocasionar un grave accidente, además de que transitaba con una mujer sin casco.El hecho quedó registrado en una cámara de 360° instalada en su motocicleta, donde se muestra incluso que al reclamarle al otro ciudadano su comportamiento, este reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas, asegurando pertenecer a “los muchachos del barrio”. Además, habría sacado un arma cortopunzante con la que intentó agredirlo e intimidarlo.En medio de la situación, el motociclista buscó ayuda de agentes de tránsito que pasaban por el lugar, por estos lejos de prestarle apoyo en el caso, no habrían impuesto comparendos ni actuado frente a la presunta agresión, a la par que uno de ellos incluso le recomendó retirarse del sitio.Por los hechos, aunque la ley indica que la Policía puede mediar en situaciones de convivencia derivados de accidentes de tránsito, en el sitio no se hicieron presentes uniformados ya que no fueron alertados, ni por parte de los agentes de tránsito ni del ciudadano víctima de la intimidación.Por lo pronto, la Alcaldía de Bello indicó a través de un comunicado que indagará la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que estuvieron en el procedimiento, mientras que evaluará si hay alguna falta disciplinaria. Ante las dudas que quedan sobre el altercado, Blu Radio se comunicó con la administración municipal y está indicó a través de su equipo de comunicaciones que todo es materia de investigación, pero que de momento se puede afirmar que el motociclista víctima de amenazas no cometió ninguna infracción de tránsito.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Con más de siete fechas disputadas de la Liga BetPlay, la polémica por el uso del VAR abrió la posibilidad de dejar de utilizar la tecnología en el fútbol colombiano, luego de que el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, señalara esa opción.Sin embargo, la última palabra no la tiene la Dimayor, pues el futuro de la publicación de los audios depende de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).Esta polémica ha generado un debate en torno a la responsabilidad sobre los audios y al manejo de la FCF frente a las decisiones arbitrales en la Liga BetPlay, debido a que es el único torneo del fútbol colombiano que cuenta con el uso de esta herramienta.FCF publicó los audios del VAR de Llaneros vs. DIMAnte este escenario, se esperaba que no se hicieran públicos más audios del VAR, pero la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del encuentro entre Llaneros e Independiente Medellín, compromiso que culminó igualado a dos goles.La Federación señaló que, en pro de la transparencia en el funcionamiento del VAR y por medio de la Comisión Arbitral Nacional, hizo públicos los audios del duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.“Es importante resaltar que el VAR ha tenido un efecto positivo en los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano, contribuyendo a la justicia deportiva y permitiendo mayor transparencia en el trabajo arbitral”, se puede leer en el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.De hecho, en el programa de Blu Radio, Blog Deportivo, se destacó la decisión como una noticia positiva para evitar polémicas posteriores sobre las jugadas que se presentaron en el compromiso. Una de las más discutidas es la mano al minuto 67 entre Llaneros y Medellín, donde el árbitro central no observó la infracción inicialmente, pero el VAR detectó una posición antinatural del brazo.“Mira la mano arriba, primero la mano arriba está en posición antinatural. Mira cuadro atrás. Vuelve cuadro atrás, cámara”, se puede escuchar al equipo del VAR indicarle al central del compromiso.De hecho, el equipo arbitral también apuntó que en la jugada se debía estudiar la posibilidad de un fuera de lugar. “El jugador que juega el balón está posiblemente fuera de lugar”.VAR no funciona por el desorden arbitralAnte esta situación, el equipo de Blog Deportivo aseguró que uno de los problemas del VAR no es la herramienta, sino el equipo arbitral, pues se critica que unos hablan sobre otros, lo que afecta la claridad y alarga la toma de decisiones. En este caso tardó seis minutos, lo que llevó a perder tiempo efectivo de juego.Adicionalmente, aunque el reglamento señala que existe sanción por tener la mano encima del hombro, es una jugada polémica al poder tratarse de una acción instintiva del jugador, quien estaba “ensanduchado” entre sus rivales. Aunque se celebra que hayan sido publicados los audios, también se pide que se divulguen los del duelo entre Millonarios vs. Internacional, específicamente en las jugadas contra Mackalister Silva y ‘Leo’ Castro.
La pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura ya genera preocupación en el sector avícola del Valle del Cauca. Según el gremio, en 2011 por esta terminal ingresaba el 51% de la carga a granel del país —principalmente maíz y soya—, pero actualmente esa participación se redujo al 30%, en medio de demoras en el descargue, sobrecostos logísticos y dificultades en las vías de acceso.El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno, explicó que la terminal ha venido perdiendo terreno frente a otros puertos como Puerto de Barranquilla, Puerto de Santa Marta y Puerto de Cartagena, e incluso ante la entrada en operación del Puerto Antioquia.“En el año 2011 por Buenaventura ingresaba el 51% de la carga a granel del país, en nuestro caso maíz, soya y torta de soya. En los últimos años esa participación ha venido disminuyendo y hoy está alrededor del 30%, perdiendo competitividad frente a otros puertos del país.En su momento se utilizaba Buenaventura para traer maíz y torta de soya incluso con destino a Bogotá, el Eje Cafetero, Huila y Tolima, pero hoy esa carga está migrando hacia la costa Caribe. El puerto está teniendo un problema de competitividad: se están demorando demasiado los buques en descargar, se generan sobrecostos y se está perdiendo la confianza. Este año tuvimos sobrecostos de más de mil dólares por tonelada”.El dirigente gremial reconoció que el problema es estructural y que la falta de granos representa un riesgo importante para el departamento, que produce cerca del 25% del pollo y el huevo del país.“Tenemos que reconocer el problema. La falta de grano es importante para el Valle del Cauca y estamos preocupados porque esta región representa el 25% de la producción de pollo y huevo del país. Hace 15 o 20 años el futuro de la agricultura colombiana estaba en esta región; hoy se está yendo a otras partes del país. Necesitamos pensar por fuera de la caja y buscar soluciones integrales. No es solo un tema de lluvias o del muelle , es algo mucho más de fondo lo que está causando que productores del Valle del Cauca decidan importar por otros puertos en lugar de utilizar Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico colombiano”, indicó.Fenavi estima que entre 800 y 1.000 empresas de la cadena de granos podrían verse afectadas por esta coyuntura. El gremio insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan recuperar la competitividad del principal puerto del Pacífico y garantizar el abastecimiento oportuno de insumos estratégicos para el sector avícola.
En diálogo con Mañanas Blu, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró la postura del Gobierno Nacional frente a la creciente polémica por la gestión de los turnos de despegue y aterrizaje (conocidos como slots) en el Aeropuerto El Dorado. La funcionaria confirmó que, aunque todavía no existe un borrador de decreto, el ministerio se encuentra en una etapa de "reflexión" profunda para modificar las reglas de juego y garantizar una mayor competitividad que beneficie al usuario final.¿Contradicciones internas y falta de experiencia?La discusión se intensificó debido a las contradicciones entre la cartera de Transporte y la dirección de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Mientras que funcionarios técnicos como Edgar Rivera habían confirmado públicamente el trabajo en un nuevo documento regulatorio, el actual director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenti, afirmó desconocer dichos planes. Esta situación ha puesto bajo la lupa la idoneidad de Martínez Chimenti, quien fue nombrado en encargo en noviembre de 2025 tras haber ingresado como director financiero apenas en junio del mismo año, acumulando escasos meses de experiencia en un sector altamente técnico.El desafío del monitoreo y la regla del 20 %La ministra Rojas calificó el monitoreo actual de los slots como "precario", coincidiendo con las quejas de diversas aerolíneas. Reveló que actualmente existe un 20% de capacidad que se rige bajo la regla de "úselo o piérdalo", pero no hay reglas claras sobre cómo se redistribuye ese porcentaje no utilizado. "Es un recurso que no sabemos en estricto sentido cómo se está utilizando", admitió Rojas, subrayando que fortalecer el monitoreo es una prioridad para evitar que el mercado siga operando como un "oligopolio estructurado" donde unas pocas empresas controlan la mitad de la operación.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual impone un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias (desagregadas en 73 subpartidas) de productos importados desde Ecuador y establece restricciones al ingreso terrestre de varias mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.La medida surge como respuesta a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de poner un arancel igual a productos colombianos, argumentando falta de cooperación en las fronteras para la lucha contra bandas criminales.Según el decreto, la decisión ecuatoriana habría generado una “grave tensión internacional” y un desequilibrio en las condiciones de comercio bilateral. El Gobierno colombiano sostiene que el arancel impuesto por Quito podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia ese país, lo que representaría pérdidas cercanas a los 1.803 millones de dólares y un fuerte impacto en regiones como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar.El nuevo arancel colombiano aplica a productos como el arroz, plátano, banano bocadillo, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass y productos pesqueros como camarón y trucha. En varios casos, el decreto no prohíbe totalmente la importación, pero limita su ingreso por vía terrestre, permitiéndolo únicamente por transporte marítimo o aéreo.
Colombia comenzará a expedir el 1 de abril un nuevo modelo de pasaporte con modificaciones tanto en su diseño como en sus características técnicas y en la forma en que será producido. El documento mantendrá su condición de pasaporte biométrico con chip incorporado y conservará en la carátula el escudo de la República junto con el símbolo internacional de pasaporte electrónico.El nuevo modelo tendrá tres versiones. El pasaporte ordinario será de color rojo y contará con 32 páginas; el diplomático será negro y tendrá 48 páginas; y el oficial será azul, también con 32 páginas. La diferenciación por color y número de páginas se mantiene como criterio para distinguir los distintos tipos de documento.En materia de seguridad, las nuevas libretas incorporan varios elementos técnicos destinados a la verificación y autenticidad. Incluyen impresión offset con microtextos y fondos irisados con degradados complejos. También cuentan con tinta metálica que cambia según el ángulo de la luz, una imagen secundaria o “foto fantasma” del titular y un dispositivo difractado que incorpora el escudo nacional. Además, integran elementos que solo pueden observarse bajo luz ultravioleta, como figuras y gráficos fluorescentes, numeración perforada con formas geométricas y una marca de agua que representa el escudo.Las páginas interiores, destinadas a visas, incluyen ilustraciones de fauna, flora y elementos culturales colombianos: aves, café, instrumentos musicales y otros símbolos.El proceso de producción se desarrollará en cuatro fases. En primer lugar, las libretas serán fabricadas por la Casa de la Moneda de Portugal. Posteriormente, serán trasladadas a Colombia, ingresando por el aeropuerto El Dorado. Luego, mediante un contrato que fue firmado por 13.000 millones de pesos entre la imprenta y la empresa 472, serán llevadas a la sede de la entidad colombiana, donde cada libreta será cosida y personalizada con los datos biográficos y biométricos del ciudadano, además del grabado correspondiente. Finalmente, los pasaportes serán distribuidos a los puntos de entrega en el país y en el exterior.El acuerdo establece que, en un plazo de diez años, la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, con transferencia de tecnología y conocimiento por parte de Portugal.
Un enfrentamiento armado en zona rural de Sardinata dejó a un uniformado herido luego de que la Policía Nacional frustrara un hurto en plena vía pública.Los hechos ocurrieron en el sector La Chacona, sobre el corredor que conecta con Cúcuta, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal se desplazaban por la zona en labores judiciales y detectaron el asalto en curso. Al intervenir para proteger a las víctimas, se desató un tiroteo.En medio del intercambio de disparos, uno de los policías fue impactado en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida. De acuerdo con el parte médico, la lesión no reviste gravedad y el uniformado permanece estable y fuera de peligro.Tras el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, una motocicleta y un bolso que serían clave en la investigación. El caso quedó en manos de los organismos judiciales para identificar y ubicar a los responsables del ataque.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que, tras más de diez años de investigación, se logró la plena identificación científica de los restos atribuidos al sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo.Según explicó, el proceso enfrentó un escenario técnico extremo, marcado por cuerpos mezclados, restos incompletos, deterioro avanzado y sustancias que afectaban el material genético. Ante estas condiciones, los expertos realizaron una reconstrucción genética compleja a partir de múltiples estructuras óseas exhumadas entre 2016 y 2024.La investigación incluyó muestras de linaje materno obtenidas de familiares directos. Estas fueron trabajadas en laboratorios especializados tras exhumaciones realizadas en Bogotá y La Habana, lo que permitió establecer la vinculación genética mediante comparación de perfiles mitocondriales.“Las muestras tomadas de la abuela materna Isabel Gaviria Cobaleda y de la madre Isabel Restrepo de Torres, exhumadas en Bogotá y la Habana, Cuba, fueron trabajadas para establecer la vinculación por linaje materno en el proceso”, dijo el director de Medicina Legal.Cortés destacó que el resultado no se basa en probabilidades simples, sino en una coincidencia genética robusta. De acuerdo con el informe, existe una certeza “844 millones de veces más probable” de que los restos correspondan a un hijo biológico de la familia Torres a que pertenezcan a un individuo al azar dentro de una población de referencia.“No estamos hablando de probabilidades someras, estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en el año 2024, sustentadas por la ciencia forense. Los restos analizados corresponden genéticamente a un hijo biológico de Calixto Torres Sumaña y nieto de Isabel Gaviria Cobaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”, agregó.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
La Aeronáutica Civil inició una investigación formal para determinar las causas de lo que el coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, calificó como un “evento no deseado de seguridad operacional” ocurrido en el Aeropuerto El Dorado. El incidente involucró a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de la aerolínea LATAM que transportaba a más de 150 pasajeros.El momento de la emergenciaEl suceso tuvo lugar cuando el avión de Latam iniciaba su carrera de despegue. Según el coronel Bello, en diálogo con Mañanas Blu, la tripulación de la aeronave civil se percató del desplazamiento del helicóptero militar y se vio obligada a realizar una maniobra de emergencia: “La tripulación de esta aeronave se percata del desplazamiento del helicóptero... inicia ese abortaje. Eso se llama técnicamente un abortaje del decolaje”. Esta maniobra implica no solo aplicar frenos, sino reducir potencia para controlar el avión en tierra y evitar una colisión.A pesar de la gravedad de la situación, Bello aseguró que hubo una separación entre ambas máquinas y que, “afortunadamente para nosotros en Colombia, no se materializó el accidente”.Fallas en la comunicación: El "traslapo"Uno de los puntos críticos bajo investigación es el cambio de frecuencia del helicóptero entre las torres de control Norte y Sur. Bello explicó que se presentó un fenómeno conocido como "traslapo de comunicación", que ocurre cuando varias estaciones hablan simultáneamente, saturando la frecuencia.El coronel detalló que “el helicóptero cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento... simultáneamente la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones... la aeronave de la Latam había recibido una instrucción para iniciar su carrera”.Controversia por la altitud de vueloOtro aspecto en disputa es la altura a la que cruzó el helicóptero. Mientras que la autorización indicaba 9,500 pies, herramientas de monitoreo como FlightRadar sugirieron que volaba significativamente más bajo, entre 8,800 y 8,900 pies. Ante esto, Bello señaló que los datos de dichas aplicaciones no son precisos y que la autoridad está recopilando la información técnica real para tener precisión sobre el desplazamiento.Escuche aquí la entrevista:
La Registraduría adelanta el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La idea es evaluar la funcionalidad del software que estará en funcionamiento para el proceso electoral.“Durante estas pruebas técnicas, que se realizan con el 100 % de las mesas de votación que instalará la entidad el próximo 8 de marzo, se verifica las soluciones informáticas para la consolidación de resultados en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma de seguimiento y control en la web de los escrutinios”, explica la Registraduría.En estos simulacros estarán representantes de los partidos políticos, delegados de los órganos de control y misiones internacionales.“Instalamos las 3.337 comisiones escrutadoras a nivel nacional y los 1.104 municipios están operando con normalidad. Se iniciaron las comisiones generales para poder consolidar cada uno de los departamentos. En Corferias, fueron instaladas 280 comisiones escrutadoras y nueve comisiones escrutadoras del exterior. Hasta el momento, el balance de este simulacro en el que hemos realizado las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, es de total éxito”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.
Un operativo binacional permitió la incautación de 597 kilogramos de cocaína que eran transportados en un tractocamión en la provincia de Imbabura, en zona fronteriza con Colombia. La incautación se logró tras información suministrada por inteligencia del Ejército, que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre el movimiento del vehículo.La operación fue coordinada con la Policía Antinarcóticos de Ecuador y la DEA, lo que permitió ubicar el automotor, capturar a su conductor e incautar además 640 dólares y dos celulares.Según las autoridades, la droga pertenecería a la Estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El cargamento tendría un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.El Ejército señaló que continuará articulando esfuerzos con agencias internacionales para frenar las rutas del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana y debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.