El Servicio Geológico Colombiano hizo una importante aclaración sobre la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, luego de que el evento fuera confirmado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad enfatizó que estos fenómenos no corresponden a volcanes magmáticos y que su comportamiento es sustancialmente diferente.“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC en un mensaje público. Con esta precisión, el organismo técnico buscó evitar interpretaciones erróneas frente a la magnitud del evento registrado durante la noche del miércoles en el municipio del Urabá antioqueño.Cabe recordar que, de acuerdo con lo que detalló por su parte la UNGRD, la erupción repentina del volcán en San Juan de Urabá se dio por un fenómeno geológico conocido como diapirismo, según explicó esta entidad nacional, "en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión interna".¿Cuántos volcanes de lodo hay en Colombia?El Servicio Geológico también recordó que en Colombia existen más de 100 volcanes de lodo, ubicados principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe. Además, señaló que hay cientos de salidas adicionales de lodo que no conforman volcanes propiamente dichos.¿Se monitorean los volcanes de lodo en Colombia?Frente al monitoreo, la entidad indicó que “establecer un sistema para cada uno de ellos no es viable”, debido a que con frecuencia surgen nuevas manifestaciones. Esta condición geológica hace que la vigilancia permanente, como ocurre con volcanes activos magmáticos, no sea aplicable en estos casos.¿Cuáles son los riesgos de los volcanes de lodo?En cuanto a los riesgos, el SGC detalló que la amenaza se relaciona con flujos de lodo hacia cultivos y viviendas, agrietamientos del terreno y una eventual explosividad asociada a gases como el metano. No obstante, precisó de forma indirecta que los eventos explosivos documentados en el país se han presentado en zonas con baja densidad poblacional.Finalmente, el organismo reiteró que su competencia es técnica e informativa, mientras que la atención de emergencias corresponde a las autoridades locales y regionales coordinadas por la UNGRD. El Servicio Geológico Colombiano aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.
Colombia muestra una "persistencia del conflicto armado", según el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgado este jueves, que registró en 2025 el asesinato de 99 defensores de DD.HH. y 53 masacres."La persistencia de la violencia y del conflicto armado en varios territorios, junto con el afianzamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, sigue afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas", señala el informe.El documento también advierte sobre un aumento de los ataques de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública, "con graves afectaciones en la población civil que pueden calificarse de ataques indiscriminados y desproporcionados".
El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, Colombia celebrará tres consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, los resultados anticipan un panorama con claras ventajas en cada bloque político.Consulta de la derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la denominada “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a nueve aspirantes, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza la intención de voto con el 41,6 %.En segundo lugar aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, seguido por el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien registra 10,4 %.La medición muestra una ventaja considerable de Valencia frente a sus competidores, consolidándola como favorita para quedarse con el aval de ese sector político en la carrera presidencial.Consulta del centro: Claudia López sin rivalEn la consulta del centro solo se inscribieron dos candidatos. Según el sondeo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López concentra el 92,9 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta alcanza el 7,1 %.Las cifras reflejan un dominio prácticamente absoluto de López en este bloque, lo que la perfila como la virtual ganadora de la consulta centrista.Consulta de la izquierda: Daniel Quintero sorprendeEn la consulta del llamado “Frente por la Vida”, donde participan cinco aspirantes y de la cual el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lidera con el 68,1 % de la intención de voto.El resultado representa una sorpresa política, ya que el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, obtiene el 23 % del apoyo entre los electores de izquierda.Participación y contexto electoralLa encuesta también señala que una parte significativa del electorado aún no define si solicitará el tarjetón de las consultas interpartidistas, un factor que podría incidir en los resultados finales.Las consultas del 8 de marzo serán determinantes para configurar el tablero de la primera vuelta presidencial, pues los ganadores de cada bloque se sumarán a otros candidatos que competirán directamente por la Casa de Nariño.Con estos resultados, el escenario electoral empieza a tomar forma, aunque la dinámica política de las próximas semanas podría modificar las tendencias registradas por Invamer.
El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático y aspirante al Senado en la lista cerrada de esa colectividad, expuso sus principales propuestas legislativas de cara a las elecciones del 8 de marzo. En entrevista con Recap Blu habló sobre seguridad energética, salud, reforma política y la postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.Seguridad energética como política de EstadoEspinal aseguró que su principal bandera ha sido la defensa de la seguridad energética. “Ya llevo 8 años defendiendo la seguridad energética. Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”, afirmó. Advirtió que la demanda energética crece por encima del 4% y que actualmente solo un proyecto entraría al sistema, al referirse a Hidroituango.Entre sus propuestas planteó tres ejes: “Primero, que la seguridad energética sea declarada como una política de Estado, elevado a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental y los permisos ambientales (…) especialmente mineroenergético. Y tercero, Silvia, se hace urgente la reglamentación de la consulta previa en nuestro país”.“No rotundo” a la constituyenteFrente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre presentar un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente al nuevo Congreso, Espinal fue enfático: “Nosotros desde el Centro Democrático le decimos no a una asamblea constituyente”. Agregó que el mandatario “falta a la verdad” y sostuvo que su posición es un “no rotundo a la constituyente de Gustavo Petro”.Salud y crisis del sistemaSobre la situación del sistema de salud en Colombia, el congresista afirmó: “Yo creo que eso no se trata de reformar la salud. Acá, gracias a Dios, tenemos el marco normativo de la Ley 100”. Señaló que el sistema “resistió, por ejemplo, la pandemia” y que el problema actual es “más económico”. En ese sentido, indicó que el próximo Congreso deberá “sentarse con todas las EPS a nivel nacional para replantear y fondear la UPC”.Reforma fiscal y tamaño del EstadoEn materia fiscal, propuso “hacer una reforma fiscal estructural” y sostuvo que “nosotros necesitamos que el Estado sea más pequeño”. También se mostró dispuesto a apoyar reformas estructurales: “Sí necesitamos reformas estructurales, la reforma política y la justicia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
La automotriz japonesa Honda informó que suspendió la operación en su planta en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, por la violencia desatada tras la muerte en un operativo militar de "El Mencho", el poderoso líder del CJNG.Honda dijo en un comunicado que se encuentra "evaluando las condiciones" de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado "El Mencho".Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México."Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero", informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.Las actividades serán reanudadas "cuando sea apropiado", apuntó.La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco (oeste). Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6% del PIB del país.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
El piloto de un caza F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas murió esta madrugada al estrellarse el aparato poco después de despegar para una misión rutinaria, informó este miércoles el Ministerio de Defensa."Se ha determinado que nuestra aeronave se ha estrellado y se ha llegado hasta los restos. Nuestro piloto ha muerto", indicó el ministerio en un comunicado.El F-16 despegó de una base militar en el oeste de Turquía y se estrelló poco después del despegue, alrededor de las 00.50 hora local (21.50 GMT).El aparato cayó cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, próximo al distrito de Karesi.Los restos quedaron esparcidos por una amplia zona y, tras el accidente, la autopista fue cerrada al tráfico y en la mañana del miércoles los equipos continuaban trabajando en el lugar, indicaron las autoridades.El Ministerio de Defensa añadió que se perdió el contacto por radio y el seguimiento por radar a partir de las 00.56 hora local, y que las causas del siniestro las investiga un equipo de evaluación de accidentes.
La ferretería que terminó vendiéndole los famosos carrotanques de La Guajira a la Unidad de Gestión del Riesgo tendrá que pagar casi 1.300 millones de pesos en multas y no podrá contratar con el Estado.Estamos hablando de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía que nació como ferretería y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en un contrato que terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia exdirectivos del Gobierno Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.Esa compañía tendrá que pagar a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y, además, queda inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La compañía tampoco podrá recibir subsidios públicos durante los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente removidos.La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que le pagaron por los 40 carrotanques y puede ser apelada por la firma.“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y, de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial", dijo el superintendente Billy Escobar.
Por una serie de obras que adelantará la empresa EPM en Bello inició un cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional, en sentido sur-norte, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina.Aunque se trata de un proyecto de expansión y modernización del sistema de acueducto en el municipio de Bello, que responde al crecimiento urbano de este municipio, habrá el cierre de un año del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte.Este cierre será hasta el año 2027 será de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por 10 horas que, sin duda, generará un gigantesco trancón para quienes van no sólo a Bello, si no el resto de municipios del norte del Valle de Aburrá y la conexión a la Costa Caribe y los Santanderes. Como vías alternas estarán La Seca que pasa de 4 carriles a uno en la UVA y la autopista norte.“Esa inversión que comprende en su mayoría la construcción de tanques y tuberías de gran diámetro permitirá mejorar las condiciones de transporte de agua potable de EPM. Para la ejecución de esas obras de manera segura, es muy importante realizar cierres parciales sobre las vías”, dijo Alvin Quintero, Jefe encargado planta infraestructura primaria de EPM.Aunque ante las dudas de los ciudadanos, EPM señaló a Blu Radio que los trabajos no se hacen de día por su alta complejidad y con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía y los trabajadores.“Estas obras requieren maquinaria de gran tamaño, un monitoreo constante del personal y seguimiento permanente de las condiciones del río Aburrá-Medellín. Además, por su cercanía al cauce, son actividades de alto riesgo, por lo que ejecutarlas en jornada diurna nos permite tener mayor control, prevenir incidentes y avanzar de forma segura. Estos trabajos buscan garantizar el servicio de acueducto para el futuro de Bello y el norte del Valle de Aburrá”, afirmó la respuesta.Por otro lado, la Alcaldía de Bello afirmó que sí se planteó la opción de realizar los trabajos en horario diurno, pero, siendo una vía concesionada, la aprobación la hizo el Invías. Sin embargo, insistieron que se acordó que se hará monitoreo permanente a la movilidad y, en dado caso y con evidencia, se evidencié una afectación, se solicitará cambio o ajuste del horario en el permiso por parte de Invías.La apuesta de EPM en Bello se traduce en la construcción e instalación de 21.19 kilómetros de nuevas redes primarias o principales, conocidas también como conducciones; 2.96 kilómetros de redes de distribución o secundarias, que es la tubería que llega hasta los inmuebles y la construcción de tres tanques de almacenamiento de agua potable, dos ya construidos y en operación, de 5.000 metros cúbicos y 1.400 metros cúbicos, y un tercero que está en ejecución de 2.500 metros cúbicos de capacidad.Obras en alcantarilladoLas inversiones de EPM en el municipio de Bello también abarcan el servicio de alcantarillado, para el cual se contempla la modernización de 26.12 kilómetros de redes primarias y 0.73 de redes secundarias, con el propósito de recoger las aguas residuales del sistema público y llevarlas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Claras, ubicada también en el municipio.Las cifrasDurante 2025, EPM invirtió en Bello más de 102.000 millones de pesos.En 2026, la cifra de inversión se estima en $78.000 millones.Bello, después de Medellín, es la segunda localidad con mayor inversión en infraestructura de servicios públicos.
El próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar por las listas al Senado y Cámara que conformarán el próximo Gobierno en el Congreso de la República. Por parte del Partido de la U encabeza el senador Juan Felipe Lemos, que aspira volver a tener su curul para “avanzar en temas que beneficien a los colombianos”.“Soy un congresista dedicado única y exclusivamente a este ejercicio político. Formado en los temas públicos, particularmente en Hacienda Pública, en las económicas. Y el Congreso requiere voces autorizadas, respetadas, que den el debate con argumentos, con seriedad, con rigor técnico. Eso es lo que he hecho durante estos últimos 16 años de mi vida, y quiero hacer este último periodo porque veo que el país no va bien, porque habrá que llegar a hacer una reforma a la salud, porque habrá que llegar a reformar la seguridad, porque habrá que llegar a devolverle el orden económico al país, y para eso se necesita gente experimentada con la capacidad de incidir a través del debate, la discusión, el respeto que ya nos hemos ganado en la toma de decisiones que beneficien a los colombianos”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.¿Cuáles son las propuestas de Juan Felipe Lemos en el Congreso?Primero fue enfático al mencionar que seria uno de los principales opositores de quienes intenten impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y que en el Congreso trabajará para tramitar reformas estructurales.Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la reforma tributaria. Lemos afirmó que el país necesita una nueva reforma, pero con un enfoque distinto al implementado recientemente. Criticó el aumento de la carga tributaria al sector productivo, que pasó del 32 % al 35 %, ubicándose, según indicó, por encima del promedio de los países de la OCDE.“El país tiene una deuda con el sector rural. Yo quiero impulsar la creación del sector agropecuario. Hay 5 millones de trabajadores en el país que son los trabajadores de la tierra, los que producen el café, la caña, el arroz, el algodón, en fin, todos los productos que hoy estamos exportando. La gran mayoría de esos trabajadores están en la informalidad. La tasa de informalidad en el sector rural de Colombia es del 83 % comparada con la tasa de informalidad en el sector urbano. ¿Qué queremos nosotros? Crear una figura de contratación especial de los trabajadores del campo que atienda las realidades de ese sector”, puntualizó.Por eso, puso sobra la mesa la creación de la “primera banca agropecuaria en la historia”, para fortalecer la economía rural. Destacó que Colombia cuenta con más de 20 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos.“Estos años de incertidumbre han mostrado que la producción agropecuaria ha crecido de manera significativa. Tenemos un gran potencial, siempre y cuando el Estado y el Congreso direccionen su mirada hacia el campo”, afirmó.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
Ad portas de las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo y a tres meses de la primera vuelta presidencial, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer que mide el panorama electoral antes de los comicios.Realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país con un total de 3.800 encuestas, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.Así se encuentra la aprobación del presidente PetroDe acuerdo con la encuesta, la aprobación por su gestión se encuentra en 49.1 % y su desaprobación en 46.1 %. Cabe recordar que, en noviembre, en la última realizada antes de esta, un 37,7 % de los colombianos aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprobaba.En materia de país, el mayor problema para los colombianos ha sido el orden público con un 30.9 %, destacando también la economía (18.0 %), necesidades básicas (14.6 %), corrupción (13.3 %) y mala función del Gobierno y/o sistema político (8.3 %).¿Cuál es el escenario de cara a las votaciones?“Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, planteó la encuesta y la respuesta de los resultados dio que Iván Cepeda lidera con un 37.1 % la intención de voto en Colombia.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.La primera jornada electoral del 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en donde los colombianos no solo votarán la consulta de precandidatos, sino que elegirán los nuevos senadores y representantes el Congreso de la República.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completA
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato usando drones, una modalidad que, según explicó, será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad.De acuerdo con Idárraga, los primeros territorios donde se implementará esta estrategia están ubicados en el departamento del Cauca. “Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca”, señaló el ministro, tras precisar que la decisión se adoptó luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara la aspersión terrestre con siete votos a favor de los siete asistentes.El jefe de la cartera de Justicia explicó que, una vez surtida esta aprobación, el proceso pasa a la última revisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Cuándo y dónde comenzará la aspersión con glifosatoSi ese visto bueno se otorga, el Gobierno espera que las operaciones comiencen la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, afirmó.Idárraga aclaró que, aunque ya se habla de 17 municipios, la definición final de los puntos específicos estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a que estas operaciones requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”, indicó.Sobre la modalidad, el ministro insistió en que no se trata de aspersión aérea, como la que en el pasado se hacía con avionetas. Según explicó, los drones operan a muy baja altura y son controlados visualmente desde tierra, lo que, desde el punto de vista técnico y normativo, los clasifica como aspersión terrestre. “No es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”, dijo.El ministro también detalló que esta estrategia será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos y no reemplazará programas como la sustitución voluntaria. En ese sentido, aseguró que la fumigación con drones se enfocará únicamente en zonas donde, según el Gobierno, los campesinos están siendo obligados por estructuras criminales a sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”, afirmó.Cómo se realizará la aspersión con glifosatoEn cuanto a la seguridad, Idárraga confirmó que las operaciones estarán custodiadas por la Fuerza Pública debido a los riesgos que persisten en estas zonas. Reconoció que, aunque el uso de drones reduce la exposición directa del personal, siguen existiendo amenazas como ataques o asonadas. Por ello, insistió en que la definición de los territorios será una decisión conjunta entre Ejército y Policía.El ministro explicó además que los drones serán operados por la Policía Nacional, entidad que los adquirió desde 2018 y que cuenta con personal entrenado para su manejo. Según Idárraga, esta tecnología permite reducir la llamada “deriva”, es decir, la dispersión del químico hacia cultivos o zonas no objetivo, lo que minimiza impactos ambientales.Finalmente, indicó que aún no es posible precisar cuántas hectáreas serán intervenidas bajo esta modalidad, debido a que se trata de una estrategia focalizada y no masiva. “Cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable”, concluyó.
La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
Para la mayoría de trabajadores en Colombia, el domingo es un día sagrado para descansar; sin embargo, existen quienes deben salir a trabajar. Comercio, vigilancia, salud, transporte, restaurantes e industria no se detienen, y detrás de esa dinámica hay reglas que no todos conocen o que pasan por alto.Según dicta la ley laboral, ese día no pasa inadvertido y establece beneficios cuando el trabajo dominical se convierte en una situación habitual para el trabajador.La duda suele centrarse en si solo se tiene derecho al recargo dominical o también a un día libre, y la respuesta depende de cuántos domingos se trabajen al mes y de lo que señala el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en sus artículos 180 y 181.Esto dice la ley sobre trabajar los domingosEl artículo 180 señala que cuando el trabajo dominical es excepcional, es decir, uno o dos días al mes, el empleado tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a un pago adicional con el recargo correspondiente. Es decir, el trabajador puede escoger una de esas dos opciones.Sin embargo, el panorama cambia cuando la jornada dominical se convierte en habitual, es decir, cuando se trabajan tres o cuatro domingos al mes. Es allí donde entra en juego el artículo 181, el cual establece un beneficio doble.Pago con recargo.Descanso compensatorio remunerado.En este escenario no tiene que elegir, pues de manera obligatoria le deben reconocer ambos derechos.Si trabaja domingo, recibirá más dinero en la quincenaCon la reciente reforma laboral, el recargo por trabajo dominical o festivo quedó establecido en el 80 % sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora normalmente vale $10.000, el domingo se pagaría a $18.000.Por lo tanto, si trabaja las ocho horas, la diferencia en el ingreso mensual del trabajador tendrá un peso considerable, especialmente en sectores donde el fin de semana registra mayor movimiento. Por ejemplo:Si se trabajan cuatro domingos en el mes, se recibe el 80 % adicional por cada hora.Además, se deben otorgar cuatro días de descanso compensatorio remunerado.Si solo se laboran dos domingos:Se puede elegir entre el pago con recargo o el día libre.Trabajo dominical habitual: así funciona el compensatorioPara muchos colombianos diferenciar entre trabajo dominical habitual y excepcional es crucial para identificar qué deben percibir. Muchas empresas manejan turnos rotativos y es ahí donde pueden surgir confusiones. No reclamar el descanso compensatorio o aceptar un pago inferior al legal representa una afectación directa a los ingresos mes a mes.De hecho, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que estos recargos y descansos son obligatorios; su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.Si bien para muchos hogares trabajar el domingo implica un sacrificio, la ley contempla una compensación para los trabajadores, la cual no debería verse afectada por el desconocimiento ni dejarse pasar.
La intención de voto en segunda vuelta presidencial cambia según el enfrentamiento planteado, de acuerdo con la encuesta Colombia Opina #20 realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol .El estudio evaluó cuatro posibles duelos entre candidatos, con base en quienes definitivamente o probablemente votarían y excluyendo a los indecisos.Cepeda vs. De la EspriellaEn este escenario, Iván Cepeda obtiene 59,4 % frente a 37,4 % de Abelardo de la Espriella. El voto en blanco alcanza 3,2 %.Cepeda vs. FajardoSi la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado sería 53,9 % frente a 42,8 %, respectivamente. El voto en blanco se ubica en 3,2 %.Fajardo vs. De la EspriellaEste es el escenario más ajustado. Abelardo de la Espriella registra 47,1 %, mientras que Sergio Fajardo marca 46,4 %. El voto en blanco llega a 6,5 %.Cepeda vs. ValenciaEn un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia es más amplia: 65,2 % frente a 30,7 %. El voto en blanco alcanza 4,1 %.¿A favor o en contra del Gobierno?Al cierre del bloque de intención de voto, la encuesta preguntó si los ciudadanos preferirían votar por un candidato a favor o en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El 52,6 % respondió que optaría por uno a favor, mientras que el 43,5 % lo haría por un aspirante de oposición. Un 3,9 % no sabe o no responde.La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La tarde del 25 de febrero ocurrió un lamentable suceso en la provincia de Ricaurte: durante la instalación del puente metálico El Triunfo, entre Moniquirá y San José de Pare, la estructura colapsó y dejó varias personas lesionadas. La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro.De acuerdo con los primeros reportes, seis personas resultaron heridas tras el desplome, aunque por fortuna no se reportaron casos de gravedad. La mayoría de los afectados eran obreros que trabajaban en la instalación de la placa de concreto, fase que se adelantaba cuando ocurrió el colapso.Gobernación de Boyacá envió equipo tras colapsoEn un comunicado oficial, la Gobernación informó que “un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura ya se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación”. Adicionalmente, señalaron que “la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de fundición del concreto para la placa”.Ante el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá reveló que enviaron dos máquinas de ataque rápido, cinco unidades desde Moniquirá, cinco unidades desde Barbosa y una ambulancia para apoyar la atención en la zona.Los seis lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales cercanos. El alcalde de Moniquirá señaló que “afortunadamente, seis personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad”, y explicó que presentaron golpes.Autoridades investigan desplome del puenteLa obra, de 34 metros de longitud, contaba con una inversión de 2.800 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por la Alcaldía y el resto por la Gobernación. El proyecto hace parte de la estrategia departamental “Así va la obra”, enfocada en el seguimiento de proyectos viales.Por su parte, la Alcaldía indicó que los hechos son materia de investigación y que “se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido”. A su vez, la Gobernación anunció que se realizará “un estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”.De esta manera, entre las hipótesis que se estudian están posibles fallas en la construcción, condiciones climáticas al momento de la instalación, así como aspectos técnicos relacionados con la fase de concreto.Cabe recordar que el puente buscaba restablecer la conectividad afectada desde hace más de tres años, cuando una creciente del río provocó el colapso de la estructura anterior. Ahora la prioridad es atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió con la obra que dejó seis lesionados.
La intención de voto para la primera vuelta presidencial de 2026 muestra a Iván Cepeda en el primer lugar en los distintos escenarios evaluados, seguido por Abelardo De La Espriella por la encuesta Colombia Opina #20, realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.¿Qué tan probable es que los colombianos voten?Ante la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?”, el 52,9 % respondió que definitivamente sí votaría y el 19,2 % que probablemente sí lo haría.En contraste, el 11,2 % no sabe si votará, el 5,5 % probablemente no lo haría y el 10,5 % afirmó que definitivamente no votaría.Escenario con ganadores de consultasCuando se plantea el escenario: “Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, Iván Cepeda obtiene el 37,1 %.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.Escenario con tarjeta cerrada de candidatosFrente a la pregunta: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, Cepeda alcanza el 43,0 %.En segundo lugar, está Abelardo De La Espriella con 23,4 %. Luego aparecen Claudia López con 12,5 %, Sergio Fajardo con 10,3 % y Paloma Valencia con 7,8 %. Daniel Quintero registra 1,4 % y el voto en blanco 1,6 %.La encuesta se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 entrevistas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La intención de voto en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 muestra una alta dispersión y un amplio margen de indecisos, según la encuesta Colombia Opina #20 de Invamer, para Blu Radio y Noticias Caracol, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país .De acuerdo con el estudio, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo, y un 20,1 % señala que “probablemente sí votaría”. Es decir, cerca de dos tercios manifiestan disposición a acudir a las urnas. Sin embargo, un 15,0 % aún no sabe si votará y un 17,9 % se inclina por no participar .¿Quién lidera la intención de voto en las consultas?Entre quienes aseguran que votarán y pedirán el tarjetón de las consultas, el 62,6 % respondió que sí participará en estos mecanismos partidistas, frente a un 37,4 % que no lo hará .En el escenario “todos contra todos”, el 43,9 % no sabe o no responde por cuál precandidato votaría.Al observar la sumatoria por bloques, la llamada “Gran consulta por Colombia” concentra el 34,3 % de la intención de voto; la “Consulta de las soluciones”, el 13,0 %; y la “Consulta frente por la vida”, el 8,9 %. El resto corresponde a indecisos .Resultados por cada consulta sin indecisosAl excluir el voto no definido, dentro de la Gran consulta por Colombia lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %).En la Consulta de las soluciones, Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %).En la Consulta frente por la vida, Daniel Quintero obtiene 68,1 %, seguido por Roy Barreras con 23,0 % .Esta edición de Colombia Opina fue realizada en todas las regiones de Colombia, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026. En total se hicieron 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
Una de las obligaciones legales en Colombia que muchos ciudadanos pasan por alto es la definición de la situación militar. Aunque el servicio militar ha sido históricamente obligatorio para los hombres mayores de edad, miles de colombianos llegan a la adultez sin cumplir con este requisito.Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1861 de 2017, el panorama cambió. Antes, el cumplimiento era prácticamente obligatorio en todos los casos; hoy existen nuevas disposiciones que han modificado de manera significativa su aplicación.A pesar de ello, persiste el mito social de que al cumplir 24 años el servicio militar deja de ser una obligación. Frente a esta creencia, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación y precisar cuáles son las responsabilidades reales de los ciudadanos en materia de definición de la situación militar.¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años?No. De hecho, el Ministerio de Justicia aclaró que los ciudadanos en este rango mayor de edad tampoco tendrán que pagar algún tipo de sanción, sin embargo, sí exigen cumplir con la libreta militar para acceder a algunos cargos y normativas.Estos son los requisitos para aclarar la situación militarCopia de la cédula de ciudadanía.Copia de la cédula de ciudadanía de los padres.Certificación de la universidad donde conste que ha cursado más de 5 semestres.Certificación de ingresos mensuales (desprendibles de pago de los últimos 3 meses, las últimas 3 planillas de pago de seguridad social si es independiente o si no tiene ingresos una declaración que lo manifieste).El valor de la cuota única de compensación militar no podrá superar los siguientes rangos, de acuerdo con los ingresos mensuales del ciudadano:Para personas sin ingresos económicos mensuales: hasta el 5 % de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).Para personas con ingresos mensuales iguales o inferiores a 2 SMLMV: hasta el 15 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales entre 2 y 4 SMLMV: hasta el 25 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales superiores a 4 SMLMV: hasta el 50 % de un (1) SMLMV.