Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
A través de redes sociales, se ha vuelto viral un fenómeno cultural en donde se ha conocido sobre la comunidad 'Therian', un grupo de personas que aparecen vestidas de animales salvajes y viven su día a día como uno, es decir, caminando en cuatro patas y con pelajes postizos. Incluso, se han conocido casos de personas que llegan a reuniones sociales o piden ser atendidos por parte de veterinarios al considerarse "parte" de este nicho y no como seres humanos. Esto ha llamado la atención de miles de personas, quienes no comprenden bien de qué se trata esto.Esto es un 'Therian': así lo define la psicologíaEste grupo son personas que no se identifican como seres humanos, sino como animales y puntualmente como zorros, perros o gatos, quienes quieren ser tratados como animales domésticos y comer lo mismo que ellos.En el campo de la psicología existe el término de teriantropía, que se asocia a este tipo de casos ya que define a las personas que sienten que su identidad interna no corresponde a su cuerpo, sino a otra especie. Esto se ha interpretados como una experiencia subjetiva de la metamorfosis psicológica y hay una distorsión de la realidad y las alucinaciones."Los expertos buscan distinguir entre una identidad creativa y los casos raros de psicosis. Para la comunidad, la teriantropía es la etiqueta que nombra su sentir interno y da sentido a su percepción de especie dentro de un marco de salud mental estable", explicaron en Excelsior.Así se comportan e identificanDe acuerdo a especialistas, este fenómeno en realidad apareció a finales de los 90 en comunidades digitales que se percibían como animales y no como seres humanos, algo parecido a la comunidad de 'furros', pero que se comporta de manera diferente. Ladrán, aullan y juegan como parte de los animales, incluso, suelen ser vistos en parques con otros animales y compartiendo con ellos de la misma manera en que lo hacen en estado salvaje.Según el estudio, Therianthropy: Wellbeing, Schizotypy, and Autism in Individuals Who Self-Identify as Non-Human, de Helen Clegg, Roz Collings y Elizabeth C. Roxburgh, "mostraron puntuaciones más bajas en variables asociadas a relaciones sociales positivas, lo que podría estar relacionado con factores sociales como la estigmatización", así indicaron en UNOTV.Asimismo, también se identificó como un factor protector en personas con mayores niveles de autismo o esquizotipia.
Al teatro Colsubsidio, en Bogotá, llegaron los amantes del freestyle para ver la gran final de Sudamérica que daría un cupo a la gran Red Bull Batalla Internacional que se llevará a cabo el 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago de Chile, cupo que se lo quedó Venezuela.En una tarde llena de un ritmo espectacular y batallas llenas de tensión, el venezolano Lancer Lirical venció a Chang en la final, asegurando así su cupo a Chile tras una tarde mágica en donde a cada rival le mostró de lo que es capaz y que, de palabras de él, espera demostrarlo a un icono como Chuty si llega a verlo en un enfrentamiento.Su trayecto hasta el campeonato ha sido una demostración de pasión y constancia. En octavos de final superó a Spektro en cuartos dejó en el camino a Emblema y en semifinales se impuso a Cristonita, para finalmente asegurar su lugar frente al público.El duelo de la final fue emocionante de principio a fin, en donde la rivalidad dejó la tensión viva hasta el final hasta que el jurado decidió que el mejor de la tarde fue él, ahora con la convicción de que se vendrá un sueño en donde deberá dejar lo mejor de sí mismo.“La batalla final enfrentó a los venezolanos Lancer Lirical y Chang en un duelo intenso, lleno de rivalidad y con momentos memorables que lograron mantener la tensión hasta el veredicto. Tras la decisión del jurado, Lancer Lirical levantó el trofeo y selló su nombre en la historia de Red Bull Batalla Sudamérica”, expresaron desde Red Bull.Ahora, los MCs preparan sus gargantas de cara a lo que será esa gran Internacional en donde Colombia tendrá representando a Valles-T, quien conquistó el título de la Nacional en el Movistar Arena de Bogotá en 2025.
Luis Enrique bajó el tono a la polémica tras la derrota en Rennes, defendió la mentalidad del PSG y confió en que su equipo recuperará la eficacia antes de visitar al Mónaco.A un día de enfrentar al Mónaco en el estadio Louis-II, por el partido de ida del repechaje de la Liga de Campeones, el entrenador del PSG dejó claro que no le inquieta la agitación generada tras la caída ante Rennes y las declaraciones de Ousmane Dembélé. “Alrededor del PSG siempre hay mucho ruido, hay que aceptarlo”, afirmó.Luis Enrique insistió en que no se puede reducir el análisis a dos nombres propios, pese a que el foco esté puesto en los laterales. El PSG cuenta con Achraf Hakimi y Nuno Mendes; el Mónaco, con Vanderson y Caio Henrique. Para el técnico español, hay muchos otros futbolistas de calidad en ambos equipos y el plan no cambiará. Incluso anticipó que el partido puede parecerse al de hace algunos meses. La mentalidad es la misma: ir a ganar.Sobre el estado anímico, defendió el rendimiento reciente. Recordó que frente al OM marcaron cinco goles y que ante Rennes generaron un número de ocasiones similar, aunque solo concretaron una y pagaron la eficacia del rival. “Comenzamos la verdadera Champions League. Estamos motivados”, señaló.También abordó la falta de contundencia. Explicó que el año pasado iniciaron la competición con el mismo problema, pero que el volumen de ocasiones creadas demuestra superioridad. Está convencido de que pueden recuperar la eficacia.Entre las lesiones de Chevalier y Donnarumma, y antecedentes como el episodio de Mbappé en 2024, el Louis-II ha dejado episodios movidos. Con una sonrisa, cerró con ironía: “Quizás podamos jugar sin portero, ningún portero quiere jugar aquí”.
No solo ser el segundo latino más escuchado en todo el mundo ha llevado a J Balvin a la cima, sino su versatilidad musical para adaptarse a los cambios y a probar cosas diferentes. Por eso, entró al mundo del dancehall y lo hizo de la mano de Kybba, uno de los productores más famosos a nivel internacional en la actualidad.“Fue una locura trabajar con alguien que moldeó mi sonido y ha sido una influencia tan grande para mí. Pero para lograr este crossover, para realmente llevar el flow de Balvin a una perspectiva 2026, tener la energía de Rytikal en la mezcla fue una parte clave de esa evolución”, comentó Kybba.“I Love It” se mostró como una canción diferente y con toda la influencia del dancehall latino. Al unir la maestría melódica de J Balvin y su alcance social de más de 160 millones de seguidores con el innovador movimiento Basshall de Kybba y su fuerte presencia europea y panlatina, esta unión disuelve las fronteras entre la música latina, caribeña y electrónica para crear un lanzamiento verdaderamente sin límites.Reconocido por su capacidad de fusionar el dancehall, el reggaetón y la electrónica en un sonido dinámico, Kybba se ha consolidado como un puente cultural entre Europa, el Caribe y Latinoamérica. Con “I Love It”, el productor lleva esa visión a un nuevo nivel, apostando por una colaboración que reúne el alcance global del mainstream latino con la energía cruda y cinética del dancehall contemporáneo.El impacto internacional de Kybba comenzó a escalar con “Ba Ba Bad” junto a Sean Paul, tema que posteriormente fue remezclado con Ryan Castro. El remix superó los 124 millones de reproducciones y alcanzó el puesto número uno en Colombia, uno de los mercados más fuertes del artista.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 16 de febrero:El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, habló sobre las manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca.Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, analizó qué pasará con el aumento del salario mínimo.Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin, quien luego de un accidente en bicileta perdió la vida esperando un medicamento en su EPS.Las lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas.La derrota de la Selección Colombia en su debut en el hexagonal del Sudamericano Sub 20 femenino contra Ecuador.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.
La ofensiva contra la banda ‘Satanás’ en lo corrido de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha dejado por ahora 43 integrantes de esta organización criminal tras las rejas, debilitando su presencia en varias localidades de la capital del país.Las autoridades han atacado desde los jefes de mando hasta los sicarios, pasando por quienes movían las finanzas y la logística. La organización, señalada de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y uso de explosivos, perdió figuras clave desde 2024, cuando fue capturado alias ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, considerado el segundo al mando. A esa caída se sumaron ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, uno de los ejecutores más temidos.En 2025 los operativos apuntaron al dinero. Cayeron alias ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, su pareja, quien manejaba las finanzas, y ‘La Pure’, vinculada a secuestros extorsivos. Cada detención fue un golpe directo a las rentas ilegales que sostenían a la banda.Este año también se registró la captura de siete miembros más, entre ellos alias ‘Bill’, señalado de coordinar amenazas, ataques armados y cobros extorsivos contra comerciantes, especialmente en Bosa y Kennedy. A esta célula se le atribuyen hechos violentos con muertos y heridos, además de un fuerte impacto en el comercio local.En los allanamientos se incautaron armas, granadas, explosivos, drogas, celulares, panfletos y motocicletas usadas en atentados. Según cálculos oficiales, estos golpes habrían afectado ingresos criminales cercanos a 200 millones de pesos mensuales.Desde la Secretaría de Seguridad insisten en que la presión seguirá. “Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, afirmó el secretario César Restrepo.
El reconocido y polémico estratega político JJ Rendón ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre la realidad electoral en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, el consultor venezolano analizó el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2026, enviando un mensaje de cautela a quienes hoy celebran los resultados de los sondeos de opinión, asegurando que el liderazgo actual en las encuestas no garantiza el triunfo final.El espejismo de los punteros y el precedente históricoRendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.Según el estratega, esta situación se repitió en los procesos de 2014 y en la elección más reciente de Gustavo Petro. Rendón advierte que aparecer ganando entre octubre y marzo no es garantía de nada, citando también el histórico enfrentamiento entre Serpa y Uribe como prueba de que las encuestas de opinión pública no siempre reflejan la voluntad del "votante duro".La brecha entre la opinión pública y el voto realUno de los puntos más técnicos de su advertencia radica en la metodología de las mediciones actuales. Para Rendón, la mayoría de las encuestas públicas miden la opinión de la ciudadanía en general y no necesariamente la intención de quienes efectivamente acudirán a las urnas."Podrías tener un candidato que está muy arriba cuando en realidad, cuando le preguntas a los votantes duros, tiene 10 puntos menos", explicó el estratega. Este fenómeno se ve agravado por una tasa de abstención que oscila entre el 25% y el 30%, lo que significa que la opinión de personas que no van a votar termina distorsionando la percepción de apoyo real de los candidatos. Además, destacó que el voto de opinión en Colombia es significativamente más alto que el voto partidizado, lo que genera un gran volumen de indecisos que pueden cambiar el rumbo de la elección en cuestión de días.El factor de la "maquinaria" estatalMás allá de la opinión ciudadana, Rendón advirtió sobre la existencia de estructuras de poder que juegan un papel crucial en el resultado final. Mencionó que, a diferencia de lo que muchos prefieren ignorar, la "maquinaria" política existe y el gobierno de Gustavo Petro cuenta con una muy robusta que incluye alcaldías, gobernaciones y representación en el Congreso. Según el consultor, estos apoyos territoriales son factores que "a la hora del té" funcionan y ayudan a inclinar la balanza, un elemento que las encuestas actuales no logran capturar en su totalidad.
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía dejó la captura con fines de extradición de alias 'Gustavo', un hombre requerido por Brasil por narcotráfico y lavado de activos. Todo se realizó en medio de estrategias contra el crimen transnacional que venían siguiéndole la pista desde hace meses.Según las investigaciones, el capturado lideraba una organización criminal con conexiones en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de conexiones en Europa. Su rol, según las autoridades, era coordinar el envío de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia distintos países de Suramérica, con destino final en mercados europeos como España y Holanda.Las investigaciones indican, además, que la estructura criminal buscaba consolidar corredores internacionales para el tráfico de estupefacientes, aprovechando rutas regionales para mover cargamentos que luego eran enviados al otro lado del Atlántico. Por eso, la captura es vista como un golpe a redes que operan más allá de las fronteras colombianas.El director de Antinarcóticos de la Policía, el general William Castaño, aseguró que con este resultado se debilitan corredores del narcotráfico y se impactan las finanzas ilícitas de estas organizaciones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de extradición solicitado por Brasil.Con esta detención, las autoridades buscan frenar el avance de redes que convierten a Colombia en punto clave de salida de droga hacia el exterior, en un negocio que mezcla rutas regionales, lavado de activos y alianzas criminales internacionales.
La preocupación crece y el miedo permanece en el sector de transportadores. El gremio aseguró que el panorama de inseguridad en las vías nacionales se está agudizando no solo por los daños a la infraestructura, sino también por atentados en contra de la vida y los derechos de los camioneros, pues el sector transporta el 97 % de la carga que en el país se mueve.La póliza antiterrorismo no lo es todo, el sector advirtió que, aunque los procesos de reclamación han mejorado, las indemnizaciones suelen tardar varios meses, tiempo durante el cual los propietarios y conductores quedan sin ingresos, lo que agrava el impacto económico del conflicto.“Hemos tenido casos en que nos hemos demorado uno o dos años buscando una indemnización. Y si partimos del principio de que un camión es una empresa, es el medio de producción de alguien que es el propietario de ese camión, cuando hablamos de un propietario unipersonal, pues después de un año, dos años, de que no le han pagado al camión, lo han condenado indiscutiblemente al ostracismo y a la quiebra”, denunció Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga.Hasta el momento, el gremio aseguró que se registran cierres viales al menos en tres departamentos. En el Valle del Cauca permanece cerrada la vía Loboguerrero–Buenaventura por la presunta presencia de un cilindro bomba; en Santander continúa bloqueado el corredor Barrancabermeja–La Lizama tras la destrucción del peaje en ese sector; y en Norte de Santander sigue inhabilitada la vía Cúcuta–Sardinata por un artefacto explosivo abandonado en la carretera.Frente al panorama en exclusiva para Blu Radio, los gremios se pronunciaron. Arnulfo Cuervo Aguilera, presidente de Fedetranscarga, denunció que desde el inicio del año se han registrado más de dos mil bloqueos en diferentes vías del país, y ahora, que se sumó el paro armado del ELN y amenaza con paralizar corredores estratégicos, generar daños a la infraestructura y amedrentar a los conductores, incluso con disparos y ataques letales.Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de Colfecar (Federación Colombiana de Empresas de Transporte de Carga por Carretera), señaló que el gremio transportador ya había alertado al Gobierno sobre la frecuencia de estas acciones violentas, especialmente tras los reiterados paros armados registrados durante el año en el Chocó."Es como si estuviéramos otra vez confinados por una pandemia. Nadie puede salir, ningún vehículo se puede mover, ni buses, ni camiones, absolutamente nada. Entonces esto está generando también un colapso en todo lo que tiene que ver con transporte y logística”, señaló la presidenta de Colfecar.El sector afirmó que el actual panorama de los conductores es marcado por el miedo y la zozobra, puesto que los transportadores en los últimos 3 años transitan con mucho más el temor constante de ser atacados, heridos o perder sus vehículos.
La aerolínea Avianca informó que, a partir del próximo 13 de enero de 2026, el colombiano Felipe Gutiérrez Forero asumirá el cargo de Director de Operaciones (COO), desde donde será responsable de garantizar la eficiencia operacional y la excelencia en el servicio de la compañía.El presidente de Avianca Group, Gabriel Oliva, destacó la llegada del nuevo directivo y su trayectoria en la industria aérea: “Nos alegra darle la bienvenida a Felipe a Avianca. Confiamos en que, gracias a su liderazgo y comprobada capacidad de ejecución, continuará fortaleciendo nuestro compromiso de ofrecer seguridad, excelencia y eficiencia en cada operación, siempre al lado de nuestros clientes”.Gutiérrez Forero cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector aéreo y ha sido clave en la redefinición de la conectividad regional en Colombia. En su trayectoria más reciente, lideró como gerente general la evolución de aerolíneas como EasyFly y su transformación hacia Clic.Por su parte, el futuro COO de Avianca aseguró que es un honor asumir este reto a partir del próximo año: “Sé lo que significa esta aerolínea para los colombianos y los latinoamericanos, y trabajaré para seguir fortaleciendo el servicio que entregamos a nuestros clientes junto a todo el equipo”.
Luego de que la Comisión Séptima del Senado votara a favor del archivo de la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció públicamente a través de la red social X. En su mensaje, el funcionario afirmó que “la salud no se archiva”, en referencia a la decisión adoptada por la comisión.En su publicación, el ministro señaló que durante siete meses el debate del proyecto fue postergado y que la discusión se dio únicamente en la etapa final del trámite legislativo. Según indicó, la votación no tiene como principal efecto al Gobierno nacional, sino a los usuarios del sistema de salud.El jefe de la cartera de Salud manifestó que la reforma contaba con respaldo fiscal, recursos definidos y una proyección de incremento en la financiación del sector. No obstante, sostuvo que la iniciativa fue archivada por decisión mayoritaria de la Comisión Séptima.Tras la votación, el ministro reiteró que el debate sobre el sistema de salud continuará en otros escenarios institucionales. “Creen que el daño se lo hacen al Gobierno de Gustavo Petro. Se equivocan. El daño se lo hacen a millones de colombianos que siguen atrapados en un sistema que ya fracasó y que ustedes decidieron proteger”, advirtió el ministro de salud.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que rechaza la escalada de violencia y amenazas que comprometen la movilidad y el abastecimiento nacional. Estos actos se desprenden de la declaración de un paro armado por parte del grupo guerrillero ELN, medida ilícita que comenzó a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.El propósito fundamental de esta acción es suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio, lo cual impacta directamente la cadena logística, considerada crucial para la estabilidad económica y para garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos, particularmente durante esta época de alta demanda comercial. Adicionalmente, el anuncio formal del grupo armado de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en peligro la vida de los transportadores.Trece afectaciones y atentados terroristas confirmadosDesde la entrada en vigor de la medida, se han reportado al menos trece (13) afectaciones y atentados terroristas a nivel nacional. Los incidentes reportados incluyen:Bloqueos que obstaculizan la movilidad en el municipio de Pelaya, Cesar.Actos delictivos confirmados en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní.La voladura de la infraestructura del peaje La Lizama mediante el uso de una motobomba, un suceso que dejó dos (2) personas heridas.El asesinato de un conductor de ambulancia en el departamento de Santander.El cierre total en el sector de San Roque (Curumaní, Cesár), generado por la verificación de presencia de dos (2) contenedores con artefactos explosivos improvisados.Llamado al Gobierno nacionalDada la crítica coyuntura de orden público y la necesidad perentoria de garantizar la continuidad del servicio público de transporte de carga, Fedetranscarga ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía. La Federación exige que se tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias para asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas.Se ha solicitado incrementar la presencia permanente y efectiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional en los corredores viales del país. El objetivo primordial es garantizar la seguridad requerida para la población civil y para los transportadores de carga, permitiéndoles ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad personal y su vida, así como la seguridad de los equipos de transporte y las mercancías movilizadasFedetranscarga reitera que el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional, y cualquier interrupción de esta actividad representa un grave perjuicio para la sociedad. Por lo tanto, la seguridad en las vías debe ser asumida como una prioridad de Estado innegociable
El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo entregó 877.777 firmas ante la Registraduría para avalar su aspiración a la presidencia de la República.Oviedo realizó la recolección de apoyos durante 197 días, bajo el cobijo del movimiento Firme con Oviedo.“El país necesita apuestas que nos permitan pensar en grande y es ahí donde creemos que el mecanismo de las consultas entre movimientos significativos de ciudadanos y partidos políticos sea una oportunidad.Oviedo ratificó que van a una consulta él, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna, pero seguirán abiertos a recibir a quienes quieran sumarse a esa coalición.Ese mecanismo lo considera acertado porque se le da el poder a la ciudadanía de decidir. “Que el 8 de marzo el país tenga la palabra y defina cómo una apuesta moderada como la que muchos queremos representar se hace realidad de forma contundente en la democracia colombiana”, comentó Oviedo, quien recordó que la idea no es sembrar discordia con otros aspirantes; el único requisito es que apoye las banderas que los participantes ya definidos hayan establecido.
La Cancillería negó haber participado y patrocinado la fiesta vallenata del 11 de diciembre en Nicaragua, a la que asistió Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD. El Ministerio reconoció que promocionó el evento entre el cuerpo diplomático y los connacionales en ese país, pero aclaró que “no existió invitación directa ni gestión alguna” hacia el exdirector de la DNI.“La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”, se lee en el comunicado.De acuerdo con el ministerio, se trató de una actividad cultural; sin embargo, la Procuraduría abrió indagación previa contra los funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado. Y es que González fue imputado por lavado de activos y tráfico de influencias por aparentemente haber ideado un entramado de corrupción para sobornar a congresistas y que estos apoyaran las reformas del gobierno. Actualmente tiene orden de captura en su contra y fue pedido en extradición en Colombia, pero al ser asilado político pudo continuar residiendo en Nicaragua y huyendo de la justicia.El Ministerio Público busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos avisaran a las autoridades competentes.