Un operativo binacional permitió la incautación de 597 kilogramos de cocaína que eran transportados en un tractocamión en la provincia de Imbabura, en zona fronteriza con Colombia. La incautación se logró tras información suministrada por inteligencia del Ejército, que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre el movimiento del vehículo.La operación fue coordinada con la Policía Antinarcóticos de Ecuador y la DEA, lo que permitió ubicar el automotor, capturar a su conductor e incautar además 640 dólares y dos celulares.Según las autoridades, la droga pertenecería a la Estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El cargamento tendría un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.El Ejército señaló que continuará articulando esfuerzos con agencias internacionales para frenar las rutas del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana y debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
Al menos 19 personas murieron, entre ellas un ciudadano británico, y 25 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara a un río en una de las rutas más transitadas del país durante la madrugada del lunes, informaron las autoridades."De los 44 pasajeros que viajaban en el autobús, 19 fallecieron y 25 resultaron heridos", informó la Oficina de Policía del Distrito de Dhading, situado en la zona central de Nepal.En el autobús viajaban al menos tres ciudadanos extranjeros, entre los que se confirmaron un británico, un neozelandés y un ciudadano chino, añadieron las autoridades.El jefe del distrito de Dhading, Bijay Raj Subedi, explicó a EFE que el autobús cubría la ruta entre Pokhara y Katmandú cuando se desvió de la carretera y se precipitó desde unos 300 metros al río Trishuli alrededor de la 1:15 hora local (19:30 GMT del domingo).Equipos de rescate, con la asistencia de fuerzas de seguridad y residentes locales, fueron desplegados tras el accidente, mientras que los heridos, algunos en estado grave, fueron trasladados a distintos centros médicos.Las autoridades señalaron que la investigación del siniestro continúa.Nepal mantiene un historial deficiente en materia de seguridad vial, con frecuentes accidentes en sus principales carreteras. En menos de un mes, más de 55 personas murieron en accidentes de tráfico, según datos policiales.En promedio, el país registra alrededor de 75 accidentes de tránsito diarios, que provocan unas siete muertes cada día, de acuerdo con la Policía de Nepal.Un informe del Banco Asiático de Desarrollo estima que el impacto económico de los accidentes de tráfico en Nepal ascendió a unos 3.000 millones de dólares en 2021, equivalente a aproximadamente el 7 % del producto interior bruto del país, un coste que excede el gasto público en sanidad.
La Universidad de Antioquia (UdeA) avanza en uno de los proyectos más ambiciosos para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano: la construcción de una nueva sede de la planta pública de medicamentos esenciales, iniciativa que busca recuperar la autonomía en la producción farmacéutica nacional y reducir la dependencia de insumos importados.El anuncio fue confirmado por el decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, Wber Orlando Ríos, en entrevista con Mañanas Blu, donde explicó los alcances técnicos, financieros y sociales de la nueva infraestructura.Según detalló el académico, la nueva planta estará ubicada en el campus del Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, y contará con una inversión cercana a los 423 mil millones de pesos, de los cuales 350 mil millones serán aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante vigencias futuras a siete años.Una apuesta por la soberanía sanitariaEl proyecto no parte desde cero. La Universidad de Antioquia ya cuenta con una planta pública de medicamentos con 30 años de trayectoria en Medellín. Sin embargo, la nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de producción y desarrollar medicamentos considerados estratégicos para la salud pública.“La Universidad de Antioquia tiene una planta pública de medicamentos hace 30 años (…) supo en su momento fabricarle incluso medicamentos al antiguo Seguro Social”, recordó Ríos, al contextualizar la experiencia institucional.No obstante, explicó que el país perdió terreno en materia de autonomía farmacéutica durante las últimas décadas. “El país hace más de dos décadas dejó de trabajar sus propios medicamentos, sus propios desarrollos, después de lo ocurrido con la pandemia evidenciamos que el país debe recuperar esa senda de autonomía, soberanía sanitaria”, afirmó el decano.La nueva planta busca precisamente cerrar esa brecha y consolidar una producción pública de medicamentos esenciales que atienda enfermedades de alto impacto social, pero con bajo atractivo comercial para la industria privada.¿Qué medicamentos producirá la planta?De acuerdo con el decano Ríos, la nueva sede tendrá como enfoque la fabricación de medicamentos estratégicos, entendidos como aquellos que son fundamentales para la salud pública, pero que actualmente deben ser importados.“Cuando hablamos de medicamentos estratégicos, hablamos de medicamentos que están muy en ciernes por estos días (…) tenemos ya registro sanitario desarrollado (…) una cloroquina para tratar la malaria. También tenemos el prazicuantel para la enfermedad de Chagas”, explicó.A estos se suman otros desarrollos en curso: “Vienen dos en camino, que es la niclosamida y el vermiazol, para temas antiparasitarios”.Además, la universidad avanza en la investigación de tratamientos para el VIH. “Estamos desarrollando un medicamento, dolutegravir tipo conjugado para personas que conviven con VIH, medicamento supremamente importante”, subrayó.El decano enfatizó que estos productos no suelen ser prioridad para farmacéuticas privadas debido a sus bajos márgenes de rentabilidad: “Normalmente este tipo de productos no se desarrollan en Colombia por sus bajos márgenes y sus pocos volúmenes”. En ese sentido, el rol de la universidad pública resulta clave para garantizar acceso y disponibilidad.Ubicación y cronograma del proyectoLa nueva planta de medicamentos esenciales se construirá en un terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en el campus del Carmen de Viboral, una de las sedes regionales más importantes de la Universidad de Antioquia.“Allí ya funcionan instalaciones para docencia e investigación. En ese espacio va a estar ubicada la nueva planta”, indicó Ríos.El cronograma contempla una ejecución por anualidades. “Pensamos que son 7 anualidades (…) esperamos que en el quinto y sexto año, contados a partir del 2026, esté lista la nueva planta de producción”, detalló el decano. Esto proyecta su entrada en funcionamiento hacia el año 2032.Mientras se culmina la construcción, la planta actual en Medellín será fortalecida con nueva tecnología y equipamiento para incrementar su capacidad productiva.“La planta actual que tenemos en Campus Medellín es una planta que se va a ir fortaleciendo (…) para aumentar su capacidad productiva”, señaló Ríos.Impacto regional y nacionalLa iniciativa no solo representa un avance para Antioquia, sino para todo el país. La producción de medicamentos esenciales permitirá reducir costos, asegurar disponibilidad ante eventuales crisis sanitarias y, eventualmente, exportar a otros países de América Latina mediante mecanismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).“El enfoque es trabajar con medicamentos con alto impacto social y poder desarrollarlos en Colombia para distribuirlos en Colombia y también en Latinoamérica vía OPS”, puntualizó el decano.En medio del debate nacional sobre el sistema de salud, el proyecto se convierte en un eje estratégico para la industrialización farmacéutica y el fortalecimiento de la infraestructura científica del país.La nueva sede de la planta de medicamentos esenciales de la Universidad de Antioquia se perfila así como un paso decisivo hacia la recuperación de la soberanía sanitaria, la innovación pública y el acceso equitativo a tratamientos fundamentales para miles de colombianos.
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En el corazón de Montería, donde hay 53.492 personas damnificadas por las lluvias, el Coliseo Miguel Happy Lora dejó de ser, por unas horas, un frío albergue de paso para convertirse en un palacio de esperanza. En medio de un paisaje marcado por las pérdidas y el agua que lo reclama todo, surgió una historia que logró lo que parecía imposible: cambiar el llanto de angustia por lágrimas de pura alegría.Michelle, una joven cuya vida se vio sacudida por la furia del invierno, se encontró este fin de semana en el centro de un milagro cotidiano. Mientras miles de familias intentan rescatar lo poco que les queda, la comunidad del albergue se unió para que la tragedia no le robara sus 15 años. No hubo grandes salones ni lujos, pero bajo el techo del coliseo que hoy cobija a quienes lo han perdido todo, el brillo de la sorpresa en los ojos de Michelle iluminó la penumbra de la emergencia.Le puede interesar: Más de 400 familias afectadas por lluvias en Córdoba reciben ayuda de la Unidad de VíctimasFue una celebración que desafió a las estadísticas. Entre las colchonetas y los bultos de ropa, los pasos de baile de esta quinceañera recordaron a los presentes que, aunque el río Sinú se haya desbordado, la dignidad y los sueños de los monterianos permanecen a salvo.Este festejo no fue solo para Michelle; fue un bálsamo para los miles de afectados que vieron en su sonrisa una victoria contra la adversidad. En el "Happy" Lora, este fin de semana se demostró que, incluso cuando el agua llega a las rodillas, el corazón puede seguir volando alto. Vea aquí las conmovedoras imágenes de los 15 años de Michelle.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos.Hoy, vestido con uniforme verde de operario, riega los parques y habla con serenidad de un futuro que, por ahora, no está en su país de origen."Fui habitante de calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme", cuenta a EFE en una entrevista en la que resume su presente en una frase definitiva: "Me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida acá".Como él, millones de venezolanos observan desde Colombia el incierto escenario abierto tras la captura en enero pasado del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense que abrió una compleja transición política.Colombia es el principal destino migratorio venezolano en el mundo, con unos 2,8 millones de personas, según cifras oficiales. En total, más de 7,7 millones de venezolanos abandaonaron su país en la última década, de acuerdo con organismos internacionales.Muchos se han instalado en Bogotá, donde han reconstruido su vida como vigilantes, panaderos, repartidores, periodistas o vendedores ambulantes. En el centro de la capital, en mercados y plazoletas donde decenas de migrantes esperan durante horas a que llegue un pedido en sus teléfonos, el miedo sigue presente.Varios repartidores de comida mediante aplicaciones como Rappi o DiDi rechazaron hablar con EFE y algunos se alejaron apenas vieron la grabadora."Si nos ven, nos echan el gancho y nos llevan para El Helicoide", dijo uno de ellos, en alusión a la cárcel en la que organismos de la ONU han de nunciado la existencia de "salas de tortura" y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.Volver sí, pero no ahoraAntonio Alexander Hernández, vigilante de 54 años, recibió la noticia de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero y recuerda que dijo: "Gloria a Dios, llegó lo que esperábamos".Hernández, que asegura haber huido tras ser advertido de que estaba "en una lista para ser capturado", quiere regresar, pero solo si existen garantías. "Pienso volver (...) pero con una ley de amnistía, que nos permita regresar en paz", dice.Una cautela similar tiene Isamar Celín, manicurista en el céntrico sector de Chapinero, quien emigró hace seis años y hoy también trabaja como enfermera particular. Aunque la noticia le produjo "mucha alegría", descarta volver por ahora, en parte por el tratamiento contra el cáncer que recibe su madre en Colombia."Tendría que estar Venezuela al mismo nivel de Colombia para poder trasladarla", explica, consciente de que regresar implica empezar de nuevo. Otros, como Diego Alexander Matute, administrador en Venezuela y hoy panadero en Bogotá, tampoco ven el retorno como una decisión inmediata, pese a su deseo de contribuir a la reconstrucción del país.La vida que lograron construirEn la frontera, donde miles de migrantes siguen cruzando a diario en ambos sentidos por razones laborales, comerciales o familiares, Ariadni Benítez vende cafés desde hace siete años, trabajo con el que logró estabilidad, algo impensable cuando emigró tras una crisis de salud de su hija.Con dos termos bajo el brazo y varios vasos de plástico en la mano, recorre las calles ofreciendo "tinto" (café) a conductores y transeúntes para sacar adelante a su familia."Tengo estabilidad, mis hijas estudiando, por eso no tengo muy pensado regresarme", dice, mientras recuerda que decidió salir de Venezuela después de que su hija enfermara y no encontrara medicamentos.Más allá de la caída de Maduro, el regreso depende de factores personales, familiares y económicos. Beatriz Jhoana Ochoa, que vende empanadas y arepas en un puesto callejero en Cúcuta, viajó recientemente a Venezuela después de ocho años sin regresar y lo que encontró fue un país aparentemente ajeno al terremoto político."Llegué a (la isla) Margarita y todo estaba normal. La gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema", cuenta. Para ella, más allá de quién gobierne, la vida sigue marcada por la necesidad de trabajar: "A mí no me importa si está o no está, yo tengo que trabajar igual", dice.Su reflexión resume el sentimiento de muchos migrantes que, tras años fuera, han logrado reconstruir su vida lejos de Venezuela mientras observan desde la distancia el incierto futuro de un país al que aún no saben si volverán.
El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó el informe de la Silla Vacía que reveló que los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes en 2008 y en los que él fue mencionado, son un montaje. Según el candidato, se trata de pruebas falsas y modificadas.La polémica nace por esta afirmación tajante de la Silla Vacía tras una investigación sobre la validez de los archivos de Raúl Reyes, recuperados luego de un bombardeo en el que murió en Ecuador en marzo del 2008: "La mención de Iván Cepeda en computador de las Farc no fue un montaje", haciendo referencia a un supuesto mensaje que el senador habría enviado a alias 'Ingrid Storgen' para que las Farc respaldaran una marcha de las víctimas el 6 de marzo de 2008. "Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior con las Farc. Ahora ¿qué es lo que mostró la justicia? que el das hizo un intento para generar en la opinión pública esa sensación a través de la operación de las chuzadas... y después apareció el cuento de qué en el computador de Reyes, y en otras piezas que había una USB, aparecía supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las Farc intervinieran en esa movilización. Que es lo que mostró la justicia, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría que ese material está en la USB y en el computador fue manipulado por qué por qué no se respetó lo que se llama la cadena de custodia es decir la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y por lo tanto fue manipulada", dijo a Noticias Caracol. La periodista Jineth Prieto aclaró que la decisión de la Corte Suprema de justicia de declarar los archivos ilegales no se basó en que el contenido fuera falso o manipulado sino en que los dispositivos fueron recogidos ilegalmente por personal no autorizado y sin presencia de las autoridades de Ecuador."No es cierto que la Corte haya dicho que fue una operación ilegal y que por tanto eso no deja cuestionado lo que ella válida como una prueba, no, lo que la justicia determinó es que no se respetó la cadena de custodia, eso es muy importante, ¿por qué? porque entonces el material fue manipulado y por eso en varios procesos no me refiero a uno sino en varios procesos la corte suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en la que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria", agrego Cepeda.La Silla Vacía asegura que se llega a esta conclusión luego de acceder a los archivos originales del entonces das por 3 fuentes distintas, procesar los archivos de la ONG inglesa The International Institute For Strategic Studies y revisar informes de inteligencia nacionales e internacionales que se emitieron con base en esos documentos.Y finalizó: "Jamás, ni he tenido ningún contacto. Mis contactos con la gente que perteneció a las extintas Farc se dio en la mesa de conversaciones de paz entre el año 2013 y el año 2016, cuando se produjo el proceso de paz y luego la implementación de acuerdo de 2016"El candidato anunció que acudirá a la CIDH para denunciar el uso de esta información con el fin de someterlo a un proceso ante la justicia de Estados Unidos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.El reporte fue respaldado por el meteorólogo de turno Mirovan Sverko Navarrete y el hidrólogo Juan Carlos Garzón Riveros, quienes detallaron las zonas donde se prevén los mayores acumulados de precipitación.Regiones donde lloverá con mayor intensidadSegún el Ideam, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la interacción del frente frío con otros sistemas, así como por el ingreso de humedad desde el hemisferio sur asociado a un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad.De acuerdo con el pronóstico nacional, se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, en amplias zonas del:Centro, occidente y sur del Caribe colombianoRegión AndinaPacífico colombianoLos mayores acumulados están previstos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe; así como en Chocó y Antioquia.En la región Andina, el Ideam señaló probabilidad de lluvias en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila. También se estiman precipitaciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.En el sur del país, las lluvias más importantes podrían presentarse en el occidente de Caquetá y en Putumayo.Por su parte, lluvias de menor consideración son probables en los piedemontes de Arauca, Meta y Amazonas, mientras que se prevén lloviznas puntuales en sectores del sur de Vichada, Vaupés y Guaviare.Lluvias registradas en las últimas horasEn su balance más reciente, el Ideam indicó que durante las últimas seis horas se registraron precipitaciones de moderadas a localmente fuertes en sectores del Pacífico, la región Andina y el sur del Caribe.Las lluvias más significativas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, se presentaron en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reportó cielo entre despejado y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, el Ideam prevé un incremento relativo en la nubosidad, los vientos y el oleaje en esta zona por la incidencia del frente frío, con probabilidad de lluvias intermitentes.Más de 550 municipios en alerta por deslizamientosEl informe también incluye el estado de las alertas vigentes en el país.En total, 552 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 130 están en alerta roja. Los departamentos con mayor número de municipios en esa condición son Antioquia (32), Chocó (26) y Santander (15), según detalló la entidad.En cuanto a alertas hidrológicas, el Ideam mantiene avisos por inundaciones y crecientes súbitas en áreas hidrográficas como Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas, con niveles que van desde amarillo hasta rojo.Adicionalmente, 16 municipios presentan algún nivel de alerta por incendios en regiones Andina, Caribe y Orinoquía, aunque ninguno está en alerta roja.
Desde el próximo 1 de abril comenzará a implementarse en Colombia el nuevo modelo de pasaportes. El anuncio se hizo en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, y otros funcionarios presentaron las nuevas libretas que empezarán a ser expedidas.El proceso de producción tendrá cuatro fases. El documento es elaborado inicialmente por la Casa de la Moneda de Portugal. Luego es trasladado a Colombia y, en virtud de un contrato por 13.000 millones de pesos firmado por la Imprenta Nacional, las libretas son transportadas desde el Aeropuerto El Dorado hasta la sede de la entidad. Allí cada pasaporte es cosido y personalizado con los datos biográficos y biométricos de los ciudadanos, además del respectivo grabado de seguridad. Posteriormente, en el marco del contrato de transporte, son distribuidos a los distintos puntos de entrega en el país.El secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín, se refirió al estado legal del convenio para la elaboración de los documentos y aseguró que el proceso avanza sin inconvenientes. “En este momento se adelanta el proceso sin ningún contratiempo y jurídicamente ya están en ejecución los contratos, son válidos y están en perfecta ejecución”, afirmó.Según lo pactado en el acuerdo con Portugal, en un plazo de diez años la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, incorporando la tecnología y el conocimiento transferido por ese país europeo.Con este nuevo esquema, después de más de una década, la empresa Thomas Greg & Sons dejará de producir estos documentos. La compañía ha estado en el centro de una controversia con el Gobierno, en medio de cuestionamientos del presidente Petro, quien ha señalado a la firma en el marco de presuntas irregularidades electorales.La canciller Rosa Villavicencio aclaró que los pasaportes actualmente vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los ciudadanos no deberán cambiar el documento de manera inmediata, salvo que esté próximo a expirar.
Roy Barreras abre su camino para las elecciones del próximo 8 de marzo y, en su charla con el panel de Blu Radio, el candidato habló sobre el problema de las drogas en el país y la difícil situación diplomática que enfrentó Colombia con Estados Unidos tras los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.Barreras fue tajante y afirmó que se presentaron contradicciones en el escenario internacional. Su postura busca combatir a las mafias con la fuerza del Estado, pero primero es necesario revisar una guerra que por décadas ha dejado miles de muertos y ha fracasado.Barreras afirma que EE.UU. debe tener gesto con ColombiaColombia ha enfrentado meses difíciles, donde la disputa en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump puso al país contra las cuerdas y no es para menos, pues Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra las drogas.Para Estados Unidos, el gobierno de Petro no hizo más que permitir que el narcotráfico creciera sin control y eso llevó a Trump a imponer sanciones contra Colombia y su presidente, entre ellas incluir a Petro en la lista Clinton.Ante eso, Barreras defendió una postura pragmática con Estados Unidos, misma que espera esté basada en respeto y en canales diplomáticos, y no en redes sociales como ocurrió anteriormente. De hecho, criticó que al presidente colombiano se le haya vinculado con señalamientos sin derecho a la defensa y apuntó: “Un gesto con Colombia es sacar a Petro de la lista Clinton”.De acuerdo con Barreras, la soberanía es una línea roja que no se debe cruzar; aun así, insistió en que Colombia debe mantener relaciones inteligentes con EE.UU., China, Europa y Asia. “No por Twitter ni por agresiones verbales”, dijo, al subrayar que la prioridad debe ser el bienestar de los colombianos.Roy Barreras aclara su postura sobre las drogasBarreras fue tajante al referirse a la relación entre política y crimen. “Cualquier político que reciba plata de la mafia es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes”, afirmó. Para él, el narcotráfico es “una maldición que destruye todo lo que toca” y no puede seguir siendo tratado como un mal inevitable.En ese escenario, defendió una respuesta fuerte del Estado: persecución directa a las organizaciones criminales, fortalecimiento de la capacidad operativa y leyes de sometimiento a la justicia. “Ojalá se sometan, pero si no, el Estado tiene que ser capaz de someterlos por la fuerza”, dijo, aclarando que no se trata de acuerdos de paz, sino de autoridad legítima.Al mismo tiempo, planteó la necesidad de regular la hoja de coca para quitarles el negocio a las mafias y darle usos medicinales y farmacéuticos. “Ellos ponen la nariz y nosotros ponemos los muertos”, resumió al criticar la hipocresía de los países consumidores.
Confianza total tiene el precandidato presidencial Roy Barreras de cara a las elecciones interpartidistas del próximo 8 de marzo para ir a la contienda de la primera vuelta por la Presidencia de la República y, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró tendría listo el gabinete en caso de ser elegido por los colombianos.Su objetivo será continuar el progresismo que “comenzó con el Gobierno de Gustavo Petro”, del cual hizo parte. Para él su gabinete estaría conformado por diferentes ideales, entre esos, entraría Armando Benedetti, ministro del Interior, a quien considera “un hombre inteligente”. “Me parece que es un gran constructor. No, yo creo que es un hombre que tiene mucho que ofrecer en una campaña, pero no puede porque está de ministro del Interior. Ojalá estuviera en mi campaña”, dijo.Así sería el gabinete de Roy Barreras de ser elegido presidente“El gabinete próximo tiene que ser un gabinete, y será un gabinete de expertos, un experto en hacienda pública. Hay que recuperar la economía, expertos en salud, en educación, hay gente muy buena. Pero le doy dos datos de los perfiles: el 60, no el 50, el 60 % de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género es enorme. En el consejo de Popayán, por ejemplo, en el consejo de Pasto hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay casi medio centenar de alcaldes, 47 hombres, una sola mujer. Esa brecha de género hay que cerrarla. Y empecemos por darle más espacios de poder a las mujeres en el alto Gobierno”, dijo.Además, que su gabinete será parte de la continuidad del progresismo, pues, bajo su Gobierno, saldrá a flote: reforma agraria, Transición energética, inclusión social, entre otros proyectos.¿Petro sería su vicepresidente?Sí. De acuerdo con Roy Barreras, la persona perfecta para este rol sería el presidente, quien sería capaz de equilibrar y unir, que, además, la ley se lo permite y hasta ahora “no le ha dicho que no”.“¿Quién mejor para representar el legado de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Y no está inhabilitado. ¿Usted va a insistir en esa tesis? Claro, porque no está impedido y no me ha dicho que no. Y yo creo que le daría garantía a, a las mayorías y al pueblo petrista de que hay un sello de, de inclusión social con un, con un Gobierno equilibrado de centro”, puntualizó.
Luego de pasar por el Gobierno como presidente del Senado de la República y como embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras entró a la carrera electoral por la Presidencia para tomar el lugar de Gustavo Petro en la Casa de Nariño en este 2026.En diálogo con Recap de Blu Radio, Barreras aseguró que será el encargado de continuar el progresismo que, hasta ahora, ha hecho el Gobierno actual y aseguró que derrotará “la consulta uribista” para convertirse en el encargado de unir nuevamente el país y crear un puente que “acabe con las diferencias”.“Los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes, la gente que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, los que tuvimos plebitusa, no hemos ido a las urnas. Yo voy el 8 de marzo a las urnas convocando a los colombianos a unir al país porque no estamos condenados al radicalismo, ni a los extremos, ni a la opción violenta que propone la extrema derecha. Voy a ir además a derrotar a la consulta uribista”, dijo.De acuerdo con Roy Barreras, él es un candidato de centro y buscará que “en su Gobierno se acabe de la violencia”, por eso, seguirá el legado que ha puesto el presidente Gustavo Petro y por eso buscará reunirse con Iván Cepeda el 9 de marzo, día en el que, según él, habrá ganado la consulta y podrá llegar “un nuevo pacto”.“Yo espero que el 9 de marzo tengan voluntad de diálogo. Han estado muy agresivos injustamente, muy nerviosos tal vez. Han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Muhammad, que yo estoy dividiendo la izquierda. Yo no soy de izquierda, voy a dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista de centro socialdemócrata, eso ha sido toda la vida. Y por supuesto quiero que este país tenga un gobierno de centro moderado, estable, que avance hacia el cambio”, puntualizó.Por otro lado, en medio de la controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral y el llamado de sectores del Pacto Histórico a no participar en la consulta, Barreras marca distancia y fija postura. “Confío totalmente en el sistema electoral. No es perfecto, pero funciona”, sostuvo, recordando que con el mismo mecanismo han ganado y perdido distintos sectores políticos en los últimos años.“Un país desunido no logra avanzar. No le aprobaron las reformas al presidente por la confrontación permanente”, señaló.De cara al 8 de marzo, el exsenador confía en que el voto de opinión —más que “las maquinarias”— definirá el resultado. “La ola que crece es la de quienes no quieren polarización. Esa es la que va a ganar”, afirmó.
Roy Barreras, candidato a la Presidencia 2026-2030, habló sin titubeos sobre lo que sería su gobierno de ser elegido presidente de Colombia y, aunque todavía espera tener un encuentro con Iván Cepeda en las urnas, también señaló que espera cumplir las promesas que ha sostenido el progresismo durante el gobierno de Gustavo Petro y que no se han concretado por la oposición.Ante esto, Roy Barreras afirmó que el actual gobierno ha dado el primer paso hacia una inclusión social adecuada, dándoles voz a los más vulnerables y, según el candidato, “Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena”; además, sostuvo que Colombia por décadas ha sido un país que ha mantenido en el olvido y en la negación a los más pobres.Y es que, según Barreras, Colombia es el tercer país más injusto del mundo, por lo que el avance que ha tenido el gobierno ha sido clave para establecer cambios en favor de las personas más pobres. Pese a ello, aseguró que su tarea será cumplir lo que no se ha logrado en cuatro años del gobierno de Petro.Roy Barreras cumplirá con lo que Petro no pudoRoy Barreras señaló que, en el primer año en que presidió el Congreso, bajo ese criterio hubo una coalición estable, donde se aprobaron las reformas. Pero tras su salida se han presentado varias confrontaciones entre el Congreso, los gobernadores, los alcaldes e incluso con las cortes, por lo que considera que “un país desunido no funciona. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización”.Ante ello, señaló: “Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía”.Así mismo, afirmó que respalda el subsidio a los adultos mayores y considera necesario formalizar a las madres comunitarias, y que incluso dará un subsidio de vivienda.Y finalmente indicó que, bajo su presidencia, el campesinado estará protegido, pues va a “reconstruir el Idema como centro de acopio para los campesinos”, con el objetivo de poner a Colombia a producir, dejando claro que, si hay dinero en el país, se podrá pagar la deuda social y poner fin a la desigualdad.
Una operación conjunta en zona rural de Ricaurte, Nariño, permitió a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 2 del Ejército, junto con unidades de la Policía, ubicar y destruir un laboratorio clandestino destinado a la producción de clorhidrato de cocaína. El complejo, escondido entre la espesura de la selva nariñense, operaba como uno de los centros de procesamiento más importantes de la región, según informaron las autoridades tras el operativo.Al ingresar al punto, los uniformados encontraron estructuras acondicionadas para el procesamiento químico del alcaloide, así como insumos, maquinaria, pozos de decantación y hornos que permitían sostener una producción constante. Entre lo incautado se halló una carga de estupefacientes avaluada en más de 3.380 millones de pesos, lista para ser enviada a través de rutas clandestinas que conectan con Centroamérica y los Estados Unidos.De acuerdo con la información recopilada, el laboratorio pertenecía al grupo armado organizado residual Coordinadora Guerrillera Nacional Bolivariana, que utiliza estos corredores para financiar su actividad criminal. La magnitud de la infraestructura evidencia la capacidad logística de la organización, que mantenía un flujo de producción sostenido destinado a mercados internacionales.La destrucción de laboratorios de esta escala no solo afecta la producción inmediata, sino que interrumpe la cadena de distribución, incrementa los costos operativos de los grupos ilegales y limita su capacidad de expansión territorial.Las autoridades resaltaron que este tipo de operaciones continuarán en la zona fronteriza de Nariño, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico en el Pacífico. Aseguraron, además, que el objetivo es desmantelar las economías ilícitas que sostienen a las organizaciones armadas y reducir el riesgo para las comunidades rurales, que suelen ser las más afectadas por la presencia de estos laboratorios.
El exministro del Interior y actual candidato presidencial, Daniel Palacios, ha lanzado una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro por la reintegración del general Juan Miguel Huertas al servicio activo, solicitando que el mandatario lo llame inmediatamente a calificar servicios. Palacios enfatizó que la presencia de Huertas en puestos de responsabilidad, como el comando de personal, pone en riesgo la seguridad operacional y la vida de los miembros del Ejército Nacional.Pérdida de confianza y nexos criminalesDurante la entrevista, Palacios recordó que la salida inicial del general Huertas del Ejército se produjo en mayo de 2022, durante el gobierno del presidente Duque, mediante la discrecionalidad de llamar a calificar servicios. Esta decisión fue tomada después de que se recibiera información "muy muy preocupante" por parte de una agencia internacional.La información apuntaba a sospechas de nexos con grupos criminales o disidencias de las Farc. Según Palacios, la sospecha de traición a la patria o de trabajar con el enemigo, pasando información y poniendo en riesgo las operaciones, fue suficiente para determinar una pérdida de confianza. En ese momento, el general Huertas era el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, operando en la zona de Arauca. Mantenerlo en el cargo no solo ponía en riesgo las operaciones, sino también el trabajo con agencias de inteligencia que se manejaban responsablemente.El reintegro cuestionadoPalacios manifestó su incredulidad ante el criterio del actual gobierno, especialmente porque el presidente Petro "confirmó que agencias internacionales tenían una información muy muy preocupante sobre este general". A pesar de esto, el general Huertas fue reintegrado e incluso propuesto para cargos de alta responsabilidad.El exministro se preguntó cómo un oficial cuestionado por agencias de inteligencia es reintegrado y recibe una posición de responsabilidad como la Dirección de Personal del Ejército Nacional, un cargo que ofrece acceso a información sensible y reservada. Palacios tachó la decisión de irresponsable, indicando que el presidente parece desestimar la información de inteligencia a favor del "capricho del primer mandatario".Huertas no solo ocupa hoy el comando de personal, sino que también fue considerado para comandante del ejército e, inclusive, para director de inteligencia del Ejército Nacional. Palacios sostiene que el riesgo de que este general pase información a grupos terroristas, poniendo en peligro la vida de miles de miembros del Ejército, es inaceptable y debería ser superior a "traer a un general que ya había salido mal del Ejército Nacional".Al abordar el tema de la reintegración de oficiales, Palacios trazó una diferencia "gigante" entre casos excepcionales históricos, como el de Teodoro Campo en 2002, y lo que, a su juicio, es hoy la "regla general": reintegrar a oficiales retirados.El problema, según el exministro, radica en que este gobierno ha priorizado el reintegro de oficiales cuestionados o que salieron por pérdida de confianza, mientras saca a oficiales con experiencia y resultados contra grupos criminales. Palacios también resaltó la diferencia entre salir de las fuerzas para hacer política, versus salir para hacer política y luego regresar a la fuerza.Señaló que generales como Huertas y Salamanca fueron fichas claves en la campaña de Petro. Si bien Palacios afirmó que hacer política después de salir del servicio no es inherentemente malo, lo inadmisible es reintegrar a oficiales cuestionados sobre quienes ya existían reportes de inteligencia.El exministro reiteró que la sospecha de traición a la patria ya existía, por lo que el presidente debería llamar a calificar servicios a Huertas para evitar que la seguridad operacional y la vida de los miembros de las fuerzas militares sigan en riesgo.
El mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz, hoy integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece mencionado en dos investigaciones que avanzan en organismos de control y justicia, una relacionada con narcotráfico en La Guajira y otra que involucra al denominado “zar del contrabando”, Diego Marín, alias Papá Pitufo. La información fue revelada por la revista Cambio y ha generado preocupación dentro de la Fuerza Pública.Ortiz, oficial retirado de la Policía, estaría mencionado en un expediente derivado de un megaoperativo ejecutado en julio de 2023 contra el narcotráfico en Maicao, Riohacha y Uribia, en La Guajira, así como en Bogotá. En esa operación, adelantada con apoyo de la DEA, fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos estructuras que enviaban droga hacia Estados Unidos y otros países. Durante la investigación, los agentes detectaron que un grupo de 12 policías de La Guajira sería pieza clave para el tráfico ilegal, pues presuntamente facilitaban el paso de los cargamentos de estupefacientes.Los investigadores identificaron, al parecer, dos patrones de actuación dentro del grupo de uniformados sospechosos: algunos extorsionaban a las redes de narcotráfico para permitirles mover la droga, mientras que otros incautaban los cargamentos de organizaciones que no cooperaban y posteriormente negociaban con ellos. El expediente contiene testimonios de personas extraditadas, agentes encubiertos e interceptaciones. Uno de los 12 policías mencionados en esta estructura sería el mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz.Por estos hechos, la Procuraduría General adelanta actualmente una indagación previa. Dentro de esta actuación se solicitaron informes a la Seccional de Investigación Criminal de La Guajira, a la Fiscalía General y a la DIJIN, con el propósito de avanzar en la recolección de pruebas sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos, pérdidas de mercancía, hurto y modificación de vehículos de alta gama. Con este material, el Ministerio Público determinará si cita o no al mayor (r) Ortiz a un proceso disciplinario formal.El segundo proceso en el que aparece mencionado Ortiz corresponde a la investigación por contrabando que involucra a Diego Marín, alias Papá Pitufo. De acuerdo con testigos del caso, el exoficial habría alertado a Marín en octubre de 2023 sobre las pesquisas en su contra, lo que habría permitido su salida del país para evadir a las autoridades.Estas revelaciones generan inquietud dentro de la Policía Nacional, tras cuestionamientos sobre cómo, supuestamente, en la DNI estaría influyendo en la revisión de hojas de vida para definir traslados y ascensos. En ese contexto, hay rechazo por la presencia de un oficial con indagaciones en la entidad encargada de funciones estratégicas de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
El exministro de Defensa Diego Molano se refirió al reintegro del general Juan Miguel Huertas, decisión tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según él, representa un riesgo para la estructura, la meritocracia y la estabilidad de la carrera militar en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu, el exministro expuso los antecedentes de la salida de Huertas en 2022, las razones que motivaron su retiro, las implicaciones del llamado a calificar servicios y los efectos que la llamada “puerta giratoria” estaría generando dentro de las Fuerzas Militares.La salida de Huertas en 2022: razones reservadas y discreción presidencialMolano recordó que la desvinculación del general Huertas en 2022 se dio dentro del procedimiento regular de evaluación de altos oficiales. Explica que la Junta de Generales presenta información al Ministerio de Defensa, que a su vez la eleva al presidente de la República, para que éste tome decisiones sobre llamados a calificar servicios.Según el exministro, la salida del oficial respondió a una valoración integral que incluía desempeño, inteligencia y contrainteligencia. Aunque evitó revelar detalles por la demanda vigente contra el Ministerio, señaló que la determinación se tomó dentro del marco legal y con información relevante recibida en ese momento.“Con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios”, afirmó Molano. El exministro insistió en que la discrecionalidad presidencial es un elemento central en estos procesos:Investigaciones y el operativo frustrado: lo que se sabía y lo que noFrente a las declaraciones del presidente Petro sobre una presunta vinculación del general Huertas con el ELN en Arauca, Molano fue cauteloso. Aseguró que esa información es materia de investigación y que, por la demanda en curso, no puede referirse a detalles específicos.En cuanto al operativo que Petro aseguró fue saboteado por presencia de un helicóptero, el exministro aclaró que este se desarrolló en 2023, ya dentro de la actual administración, y no durante su gestión.“No, el operativo se presentó el año pasado… fue una operación contra alias 'Calarcá', señaló, subrayando que su retiro del cargo ocurrió antes de esos hechos.Aunque reconoció que esa información fue considerada posteriormente, insistió en que la decisión de retiro de Huertas en 2022 no se basó únicamente en ese episodio.¿Qué implica un llamado a calificar servicios?Molano explicó que esta figura, aunque frecuentemente interpretada como sanción, es un procedimiento habitual dentro de la Fuerza Pública. Puede obedecer a motivos administrativos, falta de funciones disponibles o información relevante para la continuidad en el servicio.“Un llamado a calificar servicios implica que él pasa a la vía civil… y no sigue ejerciendo ningún mando ni control”, detalló el exministro. Agregó que estas decisiones se toman para garantizar el cumplimiento de los propósitos del mando militar y la integridad institucional. Por ello, llamó la atención sobre los riesgos que implica revertirlas sin una valoración sólida.Puerta giratoria en las Fuerzas Militares: un riesgo para el mérito y la seguridadUno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en el reintegro de oficiales retirados que participaron en campañas políticas. Molano advirtió que esta práctica puede socavar los principios de la carrera militar y generar incentivos negativos dentro de la institución.“Es un procedimiento muy grave… porque desvía el proceso de la carrera militar”, afirmó. En sus palabras, permitir que oficiales retirados, involucrados en política o investigados por posibles delitos, regresen al servicio activo, impacta la objetividad en los ascensos y erosiona la tradición militar basada en honor, preparación y mérito.Además, planteó un impacto directo en la seguridad nacional, especialmente si existen investigaciones por sabotaje de operaciones o vínculos con grupos ilegales:El alcance de la discrecionalidad presidencial y los límites institucionalesMolano reconoció que el presidente tiene la facultad legal para reintegrar oficiales, incluso si existen advertencias de inteligencia. Sin embargo, señala que la decisión debe mantenerse alineada con el honor militar y la protección de las Fuerzas Armadas.“La decisión del Comandante Supremo debería ser siempre tener en las Fuerzas aquellas personas que mantienen el honor militar”, sostuvo. Advirtió que mezclar política y carrera militar constituye un riesgo institucional y podría afectar la moral y la operatividad de la fuerza pública.La reacción del presidente Petro y la necesidad de esclarecer los hechosFinalmente, Molano cuestionó la respuesta del mandatario en redes sociales frente al caso. Considera que el Gobierno intenta trasladar responsabilidades hacia administraciones anteriores, cuando lo pertinente sería avanzar en la investigación sobre el operativo bloqueado y las presuntas irregularidades asociadas.“Hoy es fundamental que se profundice en una investigación… allí es donde debería acelerarse para que el país conozca la realidad”, concluyó.
La Unión Europea (UE) enviará observadores a Colombia a partir de enero para que acompañen las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, confirmó este lunes el registrador nacional (autoridad electoral), Hernán Penagos."La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino el proceso electoral", expresó el registrador en una conferencia de prensa en Bogotá.Penagos, que lidera la institución que organiza las elecciones en Colombia, resaltó el hecho de que "la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo" certifique "el acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad"."No solamente vamos a revisar algunas recomendaciones que nos han dado desde las elecciones pasadas, sino las que se presenten para el próximo año. Así que esta reunión de observación internacional nos es muy útil porque asegura que esas importantes organizaciones en el mundo van a acompañar no solamente (en las elecciones) de Congreso sino de Presidencia en primera y segunda vuelta", explicó Penagos.Para el funcionario, esto significa que hay una "posibilidad de que no solamente ellos (la UE) sino muchas otras observaciones del mundo vengan a participar"."Con el cuerpo diplomático radicado en Colombia también nos reunimos la semana pasada, a instancias del Nuncio Apostólico, presentándoles todo nuestro esquema de acciones para la integridad electoral, de manera que esas misiones diplomáticas también conozcan de manera muy detallada cómo y de qué manera vamos a desplegar acciones que permitan absoluta transparencia e integridad", añadió.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.
La revelación periodística de que las disidencias de las antiguas Farc han infiltrado organismos de seguridad colombianos, entre ellos el Ejército, provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de "falsos informes".Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.Pese a que se trata de una investigación periodística basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias, el presidente, que guardó silencio durante todo el día, dijo en su cuenta de X que lo publicado son "versiones de supuestos informes de inteligencia" que tachó de "falsos".La CIA en ColombiaPetro sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios "errores" al publicar esa información y deslizó que "la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".Según la denuncia del canal de televisión, Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.Huertas fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo.Al defenderlo, el presidente insistió en que existen "bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango" que manipulan informes para "sacar del camino" a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA "también cae en esos errores" porque "no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación"."Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas. En lugar de decir 'haré todo para determinar a los responsables y sancionarlos' nos dice 'es falso, nos persiguen porque somos buenos'", criticó la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.La Fiscalía promete investigarLa Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto.En un comunicado divulgado esta noche, esa entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, "ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia".Por eso, Camargo "dispuso la intervención inmediata" para investigar "posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".La financiación de la campaña de PetroEn sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las Farc a su campaña presidencial de 2022.Ese apoyo supuestamente se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros.Márquez negó hoy "categóricamente" esa versión y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente" de ese supuesto apoyo.Clase política pide claridadDesde diferentes vertientes políticas se hicieron este lunes llamados a que se esclarezca el supuesto entramado de connivencia de un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con la guerrilla.El exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, pidió "toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación".Entretanto, el exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que la relación entre Petro, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "es evidente"."Todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado", sostuvo por su parte el candidato presidencial y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.