Luego de la emboscada que dejó tres militares muertos y uno herido en zona rural de Cartagena del Chairá, mientras instalaban puestos de votación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno mantiene el despliegue de tropas para garantizar la seguridad de las elecciones y anunció una ofensiva contra las disidencias responsables del ataque.El hecho ocurrió en la vereda Santo Domingo, donde los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Omega, adelantaban labores de instalación y verificación de puestos de votación cuando fueron atacados por integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, Iván Mordisco.“Por eso se trata de las garantías de seguridad, por lo que estamos desplegando. Esas unidades están avanzando a dar la configuración en la seguridad, y siempre es reconocido que las amenazas persisten y hay que combatirlas”, afirmó el ministro al referirse al ataque.El jefe de la cartera calificó el hecho como “muy lamentable” y confirmó que actualmente se desarrolla una operación ofensiva contra esa estructura armada ilegal. “Estamos desarrollando en este momento una operación ofensiva fuerte contra la estructura de alias ‘Mordisco’”, señaló.
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos del jefe de Estado y volvió a defender el sistema electoral, el software que utiliza la Registraduría, el preconteo, el escrutinio y aclaró el uso de impugnaciones relacionadas con reclamaciones establecidas en el Código Electoral."Esas reclamaciones han existido por décadas en Colombia, desde los años 80 están en el Código Electoral y son herramientas que se les entregan a las organizaciones políticas para que puedan solicitarles a los jueces la revisión de esos documentos, pero no pueden convertirse en un abuso del recurso ni en un mecanismo para dilatar o deslegitimar el proceso electoral", manifestó Penagos.En el mismo sentido, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a no abusar del recurso de impugnación de los resultados.“En el proceso electoral existen etapas diferenciadas como el preconteo y el escrutinio, cada una con actores y controles específicos. Por primera vez se publicarán las tres actas y los testigos electorales podrán fotografiarlas en mesa. Con la participación de las instituciones y los organismos de control, el objetivo es garantizar transparencia y generar la mayor confianza en la ciudadanía", dijo Rodríguez.En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro denunció un presunto "desacato a la justicia" al asegurar que la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, no ha cumplido la orden de implementar un software estatal y auditable.Petro cuestionó el sistema informático actual, contratado con una empresa privada, y advirtió que "hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y, por tanto, garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos".Asimismo, arremetió contra el conteo preliminar que se realiza el día de la votación, pero que carece de valor jurídico, calificándolo como un "derroche de dinero" porque en el pasado ha presentado diferencias de hasta un millón de votos frente al escrutinio oficial.En contraste, mientras Petro enfoca sus críticas en la presunta falta de transparencia del sistema, el Ministerio de Defensa anunció que la fuerza pública ha movilizado al Comando Conjunto Cibernético para custodiar la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional.
El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, negó cualquier relación con los hechos ocurridos en Hatonuevo, La Guajira, donde uno de los integrantes de su esquema de seguridad fue capturado con $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Lacouture aseguró que no se movilizaba en el vehículo en el que fueron hallados el dinero y la publicidad política, ni participó en los hechos que hoy son objeto de investigación. En el documento también precisó que, tras la audiencia de legalización, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura del escolta y ordenó su libertad inmediata, así como la devolución del dinero y de los vehículos aprehendidos.“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada algunos medios de comunicación y particulares a través de redes sociales donde me relacionaron con la comisión de delitos electorales”, señaló el funcionario, quien insistió en que cualquier insinuación en su contra queda desvirtuada con la decisión adoptada por la autoridad judicial.El caso involucra a Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y miembro del esquema de seguridad del secretario general. La captura se produjo cuando se movilizaba con el dinero en efectivo y piezas de publicidad política, situación que generó cuestionamientos en medio del ambiente preelectoral en el departamento.Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación. La primera busca establecer si podría configurarse un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino de los $145 millones. La segunda apunta a determinar si existió una eventual destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.En su pronunciamiento, Lacouture sostuvo que lo ocurrido debe ser investigado y esclarecido frente a posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente en lo relacionado con la actuación de las autoridades. Asimismo, manifestó que permanecerá atento al avance de las investigaciones y reiteró que no tiene ninguna vinculación con los hechos.Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las indagaciones para determinar la procedencia de los recursos y establecer si existe alguna responsabilidad penal derivada del caso.
El Pacto Histórico se pronunció para alertar sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral que, según sus voceros, podrían presentarse debido a lo que consideran una insuficiente auditoría del software utilizado en las elecciones.El representante Alirio Uribe afirmó que no están denunciando un fraude, sino que, a su juicio, estas alertas buscan prevenir posibles irregularidades.Además de las preocupaciones sobre la seguridad del software, el bloque político señaló que existe una concentración de funciones en un único proveedor privado del sistema electoral. Ante estas dudas, anunciaron un plan para contar con testigos en la mayoría de los puestos de votación, quienes reportarían en tiempo real los resultados con el fin de consolidar la información de manera simultánea a la Registraduría Nacional del Estado Civil.“La estrategia es la de hace cuatro años, que nos permitió recuperar más de 500 mil votos al Senado, que es tener testigos de mesa que están fidelizados y capacitados; además, conocen las irregularidades”, explicó Uribe, quien resaltó que existen 22 causales por las cuales un testigo electoral puede impugnar los resultados de su mesa.Al domingo 1 de marzo, el Pacto Histórico, para la elección de circunscripción nacional, tenía inscritos 45 mil testigos para cubrir 90 mil mesas electorales, es decir, uno por cada dos mesas, y espera que este jueves 5 de marzo, cuando se vence el plazo, ya cuenten con la cifra necesaria para cubrirlas en su totalidad.Igualmente, exigieron a la autoridad electoral una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente, así como la publicación de los protocolos de transmisión y consolidación de datos.En cuanto a lo planteado por el presidente Gustavo Petro sobre impugnar resultados, la senadora María José Pizarro aclaró que no se trata de una “impugnatón” masiva, sino de reforzar la vigilancia y, en caso de que existan causales, proceder a presentar las reclamaciones correspondientes.En rueda de prensa, el Pacto Histórico, como bloque, también insistió en que no se ha cumplido la decisión del Consejo de Estado de 2018, que exigió la adquisición de un software que no dependiera de un proveedor privado.
Las tropas del Batallón de Infantería Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional informaron que luego de fuertes combates contra integrantes del Frente 18 de las disidencias en la vereda Las Agüitas de Ituango, se logró la liberación de una persona que, al parecer, estaba secuestrada hace un par de días.Lo que se ha conocido es que el hombre habría sido detenido cuando se transportaba en un vehículo de transporte público en zona rural del Norte antioqueño, allí mediante algunas intimidaciones los ilegales se llevaron a esta persona sin razón alguna, según le contó a la Fuerza Pública.El comandante del Batallón de Infantería Atanasio Girardot, teniente coronel Fredy Arboleda, entregó un balance sobre el procedimiento militar e indicó que también se logró el sometimiento de un delincuente asociado al Frente 18 de las disidencias."A raíz de esos combates, se logra el sometimiento a alias 'Estiven', orgánico de esa estructura y proveniente del departamento del Cauca. Asimismo, se logra la liberación de un ciudadano", destacó el uniformado.Según lo que se ha podido conocer, alias 'Estiven' llegó hace poco desde el departamento del Cauca desde donde llegó para poder fortalecer el componente armado del Frente 18 de las disidencias que están bajo el mando de alias 'Ramiro' pero que ante los malos tratos de sus cabecillas decidió entregarse ante las autoridades.Tras los combates, tanto el hombre liberado como alias ‘Estiven' fueron atendidos por enfermeros para que el retenido fuera llevado sano y salvo hasta su hogar, mientras que el integrante de las disidencias inició su proceso de reincorporación a la sociedad.
A través de su cuenta de X, el precandidato de la Consulta Frente por la Vida se refirió a las opciones que está considerando para la Vicepresidencia. Por un lado, mencionó a la senadora Gloria Flórez, quien en su momento también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero se bajó de la contienda y se sumó a su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, cuando se votó la consulta de octubre del año pasado.La periodista María Jimena Duzán, de Cambio, es otra de sus opcionadas. A la lista se suma también su colega, escritora y columnista colombiana Patricia Lara.El último nombre es el de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya había expresado públicamente su apoyo a su campaña. Esto, desde algunos sectores, fue interpretado como un respaldo del jefe de la cartera política, aunque él lo negó e insistió en que, como lo pidió el presidente, no votaría la consulta.Barreras aseguró que estas opciones las considera si el presidente Gustavo Petro no acepta ser su fórmula vicepresidencial, pues insiste en que está habilitado para hacerlo, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, como también lo planteó la precandidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia.“Todo el mundo me pregunta quién va a ser mi vicepresidente. Yo contesto: uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Hoy me levanté pensando que, después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Qué piensan?”, aseguró.
En un megaoperativo destruyen 16 unidades mineras ilegales en el Bajo Cauca antioqueño. Los elementos destruidos e incautados están avaluados en más de 1.000 millones de pesos.En el departamento antioqueño no se detiene la lucha en contra de la explotación ilegal de terrenos. Son varios los municipios en los que la intervención de las autoridades han permitido poner freno a este delito que atentan contra los recursos naturales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.Tropas del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron una intervención a 16 unidades productoras mineras que, de acuerdo con su investigación, estarían operando de manera irregular, al contar con un título minero y no tener en su poder una licencia ambiental vigente.El procedimiento se realizó específicamente en la vereda Caño la Tres, que hace parte de la jurisdicción del municipio de Zaragoza, Antioquia. En medio del allanamiento los uniformados inutilizaron de manera controlada 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica que estarían avaluados en más de 1000 millones de pesos.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, en estos terrenos ilegales de minería, se estaría produciendo una extracción cercana a los 15.000 gramos de oro de manera mensual, el cual tiene un valor en el mercado, de aproximadamente 8.000 millones de pesos.Además, las autoridades indicaron que el material incautado pertenece al grupo delincuencial Clan del Golfo, Subestructura Uldar Cardona Rueda, quienes sufrieron una afectación directa en su economía, gracias a este golpe.En el marco de la protección ambiental, con estas acciones se logra mitigar el daño ocasionado a los caudales y afluentes de la región, además de reducir la deforestación y remoción de suelo, lo que tardaría aproximadamente 30 años para su recuperación.
Eduardo Coudet, conocido como el “Chacho” Coudet, será el nuevo director técnico de River Plate de Argentina. Tras la salida de Marcelo Gallardo, último entrenador del club y quien fue despedido con cantos de la barra, la institución contrató a Coudet para retomar los resultados del equipo.El Chacho Coudet remplazará a Marcelo GallardoEn una entrevista con el medio ESPN, Stefano Di Carlo, presidente de la corporación, confirmó la contratación y anunció que mañana hará el anuncio oficial.Coudet reemplazará a Marcelo Gallardo, último director técnico de River, a quien la barra despidió con cantos en su último partido. Gallardo, apodado “El Muñeco”, fue el entrenador más laureado en la historia del club y, en su primer paso por la dirección técnica del equipo, alcanzó 14 títulos.El objetivo primario de Coudet será retomar el rumbo del equipo para que vuelva a transitar por buenos resultados. Deberá ceñirse a la plantilla armada por Gallardo, contrataciones que han sido cuestionadas por los fanáticos del club.Mañana se haría el anuncio oficialCoudet no es ajeno a River Plate y ha dicho que el club “es un equipo a la altura de los clubes top a nivel mundial”. Tiene amplia experiencia dirigiendo en primeras ligas: en Argentina ha estado al frente de Rosario Central y Racing; en Brasil dirigió a Internacional y Atlético Mineiro; en México fue técnico de Necaxa; y en España dirigió al Celta y, más recientemente, al Alavés.River Plate viene de empatar 1 a 1 como visitante ante Independiente Rivadavia y volverá a jugar el próximo 12 de marzo contra Huracán.
El debate de la Gran Consulta por Colombia en Blu Radio dejó una línea divisoria clara entre quienes mantendrían aspectos del proyecto de salud del presidente Gustavo Petro y quienes proponen desmontarlo por completo. La pregunta fue directa: ¿conservarían algo de la iniciativa oficial?Entre los que respondieron afirmativamente estuvieron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. Ambos coincidieron en la necesidad de una reforma, aunque con matices y ajustes frente al modelo impulsado por el Gobierno.Gaviria aseguró que “se necesita una reforma a la salud, y muchas otras”, pero advirtió que los cambios no pueden hacerse “a las patadas, porque no salen o salen frustradas”. Indicó que mantendría el énfasis en la atención primaria, fortalecería el sistema mixto, aumentaría la UPC y obligaría a las EPS a atender en máximo una hora.Oviedo, por su parte, sostuvo que la ciudadanía quiere sentir que el derecho a la salud se materializa. En su intervención señaló que es clave que el Estado entienda que el sistema también debe cuidar a los trabajadores informales en situación de vulnerabilidad, una meta que calificó como loable.En la orilla contraria se ubicaron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, quienes rechazaron de plano la propuesta oficial y cuestionaron su ejecución.Dávila afirmó que el actual modelo “no sirve para nada” y urgió el pago de la deuda de medicamentos. Además, pidió mayor vigilancia para evitar que los recursos de la salud terminen financiando campañas, y planteó liquidar las malas EPS para dignificar la labor médica.Cárdenas calificó la reforma como “una ley corrupta” y habló de una “Petrosalud” construida, según él, por la puerta de atrás mediante intervenciones a EPS. Señaló que se requieren nuevos interventores y más gerencia para evitar que los recursos se desvíen con fines políticos.Valencia sostuvo que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza” y advirtió sobre el riesgo de entregar la salud a la politiquería. Defendió un sistema mixto y solidario, con entrega inmediata de medicamentos y servicios a domicilio, alejando el debate de posiciones ideológicas y enfocándolo en resultados concretos.Luna enfatizó que “la salud no es un experimento” y subrayó que el problema no es normativo sino de administración. Aseguró que lo que necesita el país es gerencia para garantizar que los medicamentos y tratamientos lleguen oportunamente a los pacientes.Peñalosa cuestionó la idea de estatizar el sistema y advirtió que una salud completamente pública podría derivar en ineficiencia y corrupción. En su concepto, la participación privada es un factor clave para garantizar eficiencia.Galán, finalmente, fue uno de los más críticos al afirmar que lo ocurrido con el sistema de salud constituye “un crimen de lesa humanidad”, al señalar que miles de personas han muerto en medio de lo que describió como un intento sistemático de desfinanciar el modelo vigente.
En el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), analizó y aclaró los puntos críticos expuestos por el presidente Gustavo Petro en su reciente alocución televisada. Barrios enfatizó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia en los próximos comicios.Testigos electorales y el mito del reconteo nacionalFrente a la invitación del presidente para que la ciudadanía actúe como testigo electoral, Barrios señaló que si bien es un derecho legítimo, el proceso de inscripción formal para los partidos suele cerrarse días antes de la elección. Aunque se han otorgado ampliaciones de plazo, como la que vence este jueves 5 de marzo, es responsabilidad de las organizaciones políticas inscribir a sus representantes.Respecto a la idea de un reconteo nacional total, la directora de la MOE fue enfática en que esta figura no existe y es logísticamente inviable. Explicó que se manejarán cerca de 80 a 100 millones de tarjetas electorales debido a la complejidad de las consultas y cámaras especiales, por lo que cualquier discrepancia debe resolverse mediante "reclamaciones" en la mesa de votación o ante las comisiones escrutadoras el mismo día de la elección.Transparencia en el software y el código fuenteUno de los puntos más polémicos de la alocución presidencial fue la supuesta opacidad del software electoral. Al respecto, Barrios aclaró que el código fuente sí fue expuesto a los delegados de los partidos y observadores durante sesiones técnicas. Explicó que este código es la "receta" de programación del sistema y, por razones de seguridad nacional, no se puede entregar una copia física para ser llevada a casa, ya que esto facilitaría hackeos o la creación de "puertas traseras". El acceso se dio en un ambiente controlado para realizar auditorías técnicas antes de la jornada electoral.Finalmente, ante la afirmación del mandatario sobre la presunta ilegalidad del preconteo, la MOE aclaró que este es plenamente legal y está reglamentado, aunque no tiene un vínculo jurídico sobre los resultados finales. El preconteo sirve como una herramienta informativa para evitar el caos social al ofrecer resultados rápidos, mientras que el escrutinio, realizado por jueces y notarios con una estricta cadena de custodia, es el que determina legalmente a los ganadores. Barrios recordó que, en 2022, el propio partido del presidente utilizó los datos del preconteo para identificar anomalías y solicitar revisiones en los formularios E14, demostrando la utilidad del sistemaEscuche aquí la entrevista:
En desarrollo se encuentra el debate presidencial de la Consulta de las Soluciones, un espacio organizado por Blu Radio en el que los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta exponen sus propuestas frente a los principales desafíos del país.Bajo la moderación de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, el debate La Elección es Colombia busca centrarse en soluciones técnicas y viables, dejando a un lado la retórica política. Los aspirantes presentan cómo planean enfrentar temas como la inflación, la seguridad en las regiones y la crisis del sistema de salud, en busca de demostrar la viabilidad de sus programas de gobierno.El encuentro está estructurado por bloques temáticos que abordan asuntos clave de la agenda nacional: control de precios, generación de empleo, infraestructura energética, tarifas de servicios públicos y lucha contra la corrupción.Uno de los momentos esperados será el segmento “Tablero de la verdad”, donde los precandidatos deberán responder con un claro “sí” o “no” sobre la viabilidad fiscal de sus propuestas. El espacio concluirá con las reflexiones finales de los moderadores sobre la coherencia técnica y política de cada plan.
En un operativo de control vial realizado en la mañana de este miércoles 4 de marzo en la carretera que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, la Policía Nacional de Colombia capturó a dos personas que se movilizaban con 434.700.000 pesos en efectivo. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Blu Radio conoció en primicia que el procedimiento fue adelantado por unidades de Tránsito, inteligencia e investigación criminal, que ubicaron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Durante la inspección, los uniformados hallaron un bolso negro que contenía la millonaria suma de dinero.De acuerdo con las verificaciones preliminares, Villarreal había sido elegido concejal del municipio de Montelíbano para el periodo 2024-2027. Sin embargo, perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo Municipal, según consta en la Resolución 008 del 20 de octubre de 2025.Las autoridades indicaron que el dinero habría sido retirado en Montería y que, al parecer, los implicados se dirigían hacia Montelíbano. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el destino final de los recursos.Aunque no existe confirmación oficial sobre el propósito del efectivo, por la modalidad, la cantidad y el hecho de transportarlo en efectivo, no se descarta que pudiera estar destinado a la compra de votos, conducta que configuraría el delito de corrupción al sufragante.Según información preliminar, al ser requeridos en el puesto de control, los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero. Por esta razón, fueron dejados a disposición de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos.
Tres militares muertos y uno más herido dejó una emboscada perpetrada por las disidencias de las Farc en el departamento de Caquetá, en hechos ocurridos en la vereda Nápoles, zona rural de San Vicente del Caguán.De acuerdo con la información preliminar, los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se encontraban adelantando la instalación y verificación de los puestos de votación para las elecciones de este domingo, cuando fueron atacados por integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’.El ataque habría sido ejecutado por hombres bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de esa facción de las disidencias de las Farc, quienes mantienen injerencia armada en esa región del sur del país.Las autoridades desplegaron operaciones en la zona para garantizar la seguridad y dar con los responsables, mientras se refuerza el dispositivo de protección de cara a la jornada electoral. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas y se espera un pronunciamiento oficial del Ejército Nacional de Colombia sobre lo ocurrido.Este es el punto donde ocurrió el ataque"Nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo", indicó el Ejército en sus redes socailes.
En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, reveló detalles sorprendentes sobre la detención de un escolta en La Guajira, quien fue hallado con 145 millones de pesos en efectivo. El dinero se encontraba distribuido en siete sobres, presuntamente destinados a líderes políticos y gamonales de la región, lo que ha desatado un escándalo que salpica al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.La tesis del montaje y la "permuta" del vehículoSegún relató Rodríguez, tras comunicarse con Lacouture para indagar sobre la situación, este le transmitió la versión del escolta implicado. El trabajador asegura que el operativo policial fue, en realidad, un montaje. De acuerdo con este relato, la policía detuvo el vehículo —un Toyota Corolla particular propiedad del escolta— en dos ocasiones. En la segunda revisión, tras vararse el carro y ser transportado en una grúa, los agentes habrían encontrado los sobres de Manila en una maleta.La versión del escolta sostiene que los policías llevaron los sobres al punto de control y que, posteriormente, un oficial ordenó marcarlos con los nombres de siete políticos, incluyendo concejales de Riohacha y diputados. Según esta defensa, los uniformados habrían filmado la escena después de realizar dicha marcación para hacer parecer que el dinero ya venía rotulado para fines electorales. Sobre el origen de los fondos, el escolta afirmó que el dinero era para realizar una "permuta" o intercambio de su vehículo por uno más nuevo en Maicao.Irregularidades administrativas y publicidad políticaA pesar de la versión del implicado, el director de la UNP fue enfático en señalar al menos tres irregularidades graves. La primera es la falta de un permiso oficial, ya que el escolta abandonó su labor de protección sin tramitar la novedad ante la UNP o la Unión Temporal que lo contrata, debilitando así el esquema de seguridad.En segundo lugar, el funcionario fue sorprendido transportando publicidad electoral y tarjetones pedagógicos de un candidato al Senado. Rodríguez cuestionó que un miembro de la UNP, aunque sea personal tercerizado, utilice su tiempo y recursos pagados con dineros públicos para actividades ajenas a la protección, especialmente relacionadas con campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
A pocos días de la primera jornada electoral de este domingo 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la seguridad no solo estará desplegada en las calles con el Plan Democracia, sino que también en el entorno digital, con el fin de garantizar transparencia y confianza en los comicios.El jefe de la cartera de Defensa informó que, a través del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, ya fueron activadas todas las capacidades de ciberdefensa estratégica para proteger la infraestructura tecnológica crítica de la Registraduría durante el proceso electoral.Además, explicó que se realizará monitoreo permanente mediante analítica avanzada de datos y ciberinteligencia para identificar de manera temprana patrones atípicos que puedan estar relacionados con conductas constitutivas de delitos electorales, todo dentro del marco constitucional y legal.“El objetivo es que tanto los votantes como los candidatos tengan aún mayor confianza en los resultados y contribuir así a la seguridad y transparencia de estos comicios”, aseguró el ministro, desde el centro cibernético.El ministro Sánchez recordó, además, que se mantienen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita anticipar delitos electorales y reiteró que está habilitada la línea gratuita nacional 157 para que la ciudadanía denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho que pueda poner en riesgo o alterar el normal desarrollo de las votaciones en el país.
A pocos días de las elecciones parlamentarias y consultas interpartidistas en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que el país contará con una cifra histórica de testigos electorales para vigilar el proceso democrático. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario reveló que ya están acreditados cerca de 750.000 testigos electorales para acompañar la jornada del próximo domingo.“Tenemos hasta el día del domingo en la noche cerca de 750.000 testigos”, afirmó Quiroz, destacando que hace cuatro años la cifra apenas alcanzaba los 200.000 en todo el territorio nacional. El incremento, que cuadruplica el número anterior, responde —según explicó— al lanzamiento de una nueva plataforma digital de postulación y acreditación implementada por el CNE.Impugnación de mesas: procedimiento y límites legalesEl tema central de la entrevista giró en torno a la posibilidad de una impugnación masiva de mesas de votación, luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera la necesidad de impugnar para garantizar transparencia en el escrutinio.En Colombia estarán habilitadas 125.000 mesas de votación distribuidas en los 32 departamentos y 1.104 municipios. Según Quiroz, los testigos electorales tienen la facultad de impugnar una mesa siempre que exista una causal objetiva establecida en la normativa.Entre las causales de impugnación se incluyen errores en el diligenciamiento del formulario E-14, inconsistencias matemáticas en el conteo, ausencia de firmas de jurados o irregularidades en las tarjetas electorales. “Son muchas causales: que no concuerde el conteo, que las tarjetas no estén marcadas, que haya error en la suma en el E-14 (…) solamente con las causales que estén ahí establecidas”, precisó. Quiroz fue enfático en que no es posible impugnar sin fundamento: “Si no está dentro de las causales, no”.¿Qué pasaría si se impugnan todas las mesas?Uno de los escenarios planteados durante la conversación fue el de una eventual impugnación masiva de las 125.000 mesas de votación. Aunque el presidente del CNE evitó dar un plazo definitivo, sí reconoció que una situación de ese tipo generaría demoras.“Nunca ha pasado jamás en la historia de este país que se hayan impugnado todas las mesas, entonces no sabría cuánto tiempo podría llevar”, sostuvo. Sin embargo, estimó que el sistema electoral colombiano es “tan ágil y tan potente” que podría resolver el proceso en un plazo aproximado de ocho días.El funcionario advirtió que una revisión masiva implicaría un trabajo manual exhaustivo: “Imagínate, con impugnaciones que son personas de carne y hueso, eso no lo hace una máquina”.Rol de los tribunales electorales y escrutinioEn caso de impugnación, el procedimiento contempla la intervención de los tribunales electorales en cada departamento. Las reclamaciones pueden resolverse en instancia municipal o escalar a nivel departamental y, de persistir la controversia, llegar hasta el Consejo Nacional Electoral en Bogotá.Quiroz también confirmó que, si un testigo no impugna en el momento oportuno, pierde la posibilidad de solicitar revisiones posteriores. “Lo que no haga el testigo en esa mesa, después no pueden elevarse ni solicitar la apertura de las bolsas”, afirmó. Este punto resulta clave dentro del debate político actual, pues refuerza la importancia de la presencia activa de los testigos durante el preconteo y el diligenciamiento de actas.Empresa privada y preconteoDurante la entrevista, también se abordó el papel de empresas privadas en el proceso electoral. Quiroz aclaró que el CNE no tiene relación directa con compañías encargadas de logística o transmisión de datos y que su competencia se limita a la inspección, vigilancia y control sobre los testigos electorales.“El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna relación con (…) ningún sistema en ese momento. Solamente tenemos control sobre los testigos electorales en el momento de la mesa”, puntualizó.Resultados el domingo y llamado a la calmaFrente a la expectativa por los resultados preliminares, el presidente del CNE indicó que el país podría conocer los primeros reportes oficiales entre las 5:30 y 6:00 de la tarde del domingo. “Espero que sobre las 5:30, 6 de la tarde tengamos los primeros resultados, muy, muy ágil”, manifestó.Finalmente, Quiroz hizo un llamado a la tranquilidad y a la participación masiva en lo que calificó como “la fiesta de la democracia”. Recordó que Colombia tendrá la tercera elección más grande de América Latina, después de Brasil y México, por número de mesas instaladas.En medio del clima de polarización política, el presidente del CNE insistió en la necesidad de responsabilidad por parte de partidos, candidatos y testigos electorales. “El llamado es a la calma, a bajar ese discurso, esa polarización que nos hace mucho daño”, concluyó.
En las últimas horas, una fuerte controversia se armó en las campañas presidenciales por un cruce de declaraciones entre el abogado Abelardo de la Espriella y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, a raíz de comentarios que han sido calificados en la opinión pública como homofóbicos.El origen de la discordia entre De La Espriella y OviedoEl incidente se desencadenó durante una entrevista concedida por De la Espriella al canal de YouTube RichyTv. En un ambiente distendido que terminó por generar un incendio digital, el abogado y hoy aspirante presidencial se refirió a Oviedo de una manera que muchos sectores consideraron despectiva y cargada de prejuicios. Al ser consultado sobre su contendor, De la Espriella lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.La expresión sobre la imposibilidad de "arreglo" para Oviedo fue interpretada como un ataque directo a su orientación sexual. La reacción de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. La controversia no se quedó en un asunto de dos. Otros actores de la contienda electoral, como el exministro Mauricio Cárdenas, se sumaron a las voces de protesta. Cárdenas fue enfático al rechazar las palabras de De la Espriella: "Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente."
A pocos días de las elecciones legislativas, en las que los colombianos también podrán votar por las diferentes consultas, el precandidato Mauricio Cárdenas, integrante de la Gran Consulta por Colombia, enfatizó en Recap Blu que el próximo mandatario del país no puede tener jefe."Creo firmemente que el presidente de Colombia no puede tener jefes, debe ser totalmente autónomo, debe ser una persona con independencia, porque los problemas que le llegan al presidente son grandes y no hay tiempo para empezar a llamar a pedir permiso. No, hay que decidirlos ahí", dijo el exministro de Hacienda.Esta declaración la hizo apropósito de la pregunta que le realizó durante el debate con Blu Radio este martes a Paloma Valencia sobre su independencia en caso de llegar a la Casa de Nariño y luego que ella sugiriera que su fórmula vicepresidencial podría ser Álvaro Uribe Vélez, algo que -enfatizó Cárdenas- es algo inconstitucional."¿Qué creo yo que en el fondo estaba pasando? Lo usó como una estrategia política electoral, porque obviamente hay una base política que sigue al presidente Uribe, y que entonces con esto se sienten que están bien rodeados y que ella va a estar bien acompañada", aclaró el economista.Por eso, volvió a enfatizar que debe haber un cambio generacional en el poder de Colombia y, en ese sentido, no puede haber un jefe detrás del próximo presidente."Y uno para gobernar tiene que acertar, y acertar es interpretar las necesidades de los colombianos. No puede estar pensando en lo que puedan pensar otras personas o lo que necesiten otros, hay que estar pensando en el país, en su totalidad", agregó Cárdenas.Para el exministro, gobernar Colombia exige construir una gran coalición que supere la lógica de un solo partido en el poder para así llegar a acuerdos con diferentes sectores políticos del país. “Esto no va a ser el gobierno de un movimiento. Tiene que ser una coalición amplia, diversa, que entienda que el poder es compartido”, explicó.¿Si no gana el 8 de marzo aspira a un ministerio?Finalmente, Mauricio Cárdenas dejó claro que su aspiración es la Presidencia y no un cargo en un eventual gabinete, pues en su momento ya fue jefe de la cartera de Hacienda. Sin embargo, aclaró que está dispuesto a ayudar a su coalición en lo que se requiera si el candidato de la Gran Consulta por Colombia llega a la Casa de Nariño.“Yo quiero ser presidente de Colombia, eso es lo que quiero. Si gana otra persona, estoy listo a ayudar. Ese es mi compromiso”, concluyó.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza durante los enfrentamientos con estudiantes de la Universidad del Atlántico, ocurridos el pasado 30 de octubre tras la elección del nuevo rector de la institución.De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos habrían involucrado el uso de gases lacrimógenos y el sobrevuelo de un helicóptero en medio de las manifestaciones, actuaciones que podrían representar una vulneración a la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.La investigación, adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si hubo excesos por parte de los uniformados.La designación del nuevo rector que causó controversiaEl abogado Leyton Barrios fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico, luego de la puja que, durante 17 días, mantuvo en suspensión esta elección que enfrentó a la casa Char con el Gobierno, y que finalmente se resolvió a favor del grupo local.Los ánimos estuvieron caldeados en la Universidad del Atlántico, donde los estudiantes paralizaron sus actividades académicas, se tomaron los edificios de la sede norte, bloquearon con mesas y pupitres los accesos a las oficinas administrativas, causaron destrozos y hasta se enfrentaron a golpes entre ellos mismos.Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer si hubo o no un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía en el marco de estas protestas.
Si usted es uno de los miles de colombianos que planea disfrutar del puente festivo en conmemoración del Día de Todos los Santos, debe saber que la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades de tránsito han implementado un Plan de Operación Vial en el corredor Bogotá–Villavicencio, con importantes restricciones y medidas especiales.Tenga en cuenta que se aplicará una restricción a la movilidad para vehículos con un peso igual o superior a 3,4 toneladas, con el fin de optimizar el flujo vehicular durante el éxodo y retorno de los viajeros.La restricción inició este viernes a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta las 10:00 de la noche en el sentido Bogotá–Villavicencio. El sábado, la restricción irá desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en ambos sentidos. El domingo 2 de noviembre no aplicará la restricción, y el lunes festivo será desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en ambos sentidos.Para el día lunes, que será el plan retorno, las autoridades realizarán un reversible, en el cual la vía operará con prelación en sentido Villavicencio–Bogotá. El cierre se efectuará a la 1:00 de la tarde en el sector conocido como El Uval, y la carretera se habilitará en un solo sentido (Villavicencio–Bogotá) a partir de las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 de la noche.Adicionalmente, pensando en los viajeros de este corredor, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que no aplicará la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital, exclusivamente para los usuarios que provengan de la vía Bogotá–Villavicencio.Además, las autoridades viales, junto con la concesionaria, recomiendan a todos los conductores:Estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina. ¡Evite sanciones!No exceder los límites de velocidad y mantener una distancia de seguridad mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos.Las obras e intervenciones técnicas que puedan afectar la movilidad serán suspendidas durante el puente festivo.Habrá disponibilidad de servicios gratuitos como baños en puntos estratégicos (zonas de servicio, peajes y la variante del K18+000), además de carro-talleres, grúas y ambulancias disponibles las 24 horas.
El alto tribunal hizo un pronunciamiento importante sobre este tipo de casos tras resolver una tutela que presentó la abuela de un adolescente huérfano de ambos padres, a quien un fondo de pensiones se negó a reconocer la prestación argumentando que no había aportado la sentencia de un juzgado de familia o el registro civil con la nota marginal que acreditara su designación como guardadora.En este caso, la Corte fue clara en señalar que, la entidad impuso requisitos extralegales y desproporcionados que desconocieron el interés superior del menor y su derecho a la seguridad social.Incluso el alto tribunal recordó que, si bien las administradoras pueden exigir documentos para la inclusión en nómina, dichas exigencias no pueden convertirse en barreras que impidan el estudio de fondo de las solicitudes.Ante estas exigencias la Corte Constitucional también hizo una serie de precisiones en casos donde los niños o adolescentes estén bajo el cuidado de familiares, no es indispensable contar con una sentencia de guarda o un registro civil con nota marginal.Bastará con demostrar que los padres fallecieron o no pueden ejercer la patria potestad, que el menor está a cargo de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, que dicho familiar ejerce actos concretos de cuidado y que los derechos del menor están en riesgo.En su fallo de tutela la Corte Constitucional hizo un exhorto a los fondos de pensiones a aplicar el “principio del interés superior del niño” y, cuando sea necesario, acudir a la excepción de inconstitucionalidad para garantizar la protección efectiva de los derechos de la infancia en los trámites pensionales.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones la extensión por un año del mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Sin embargo, sucumbió a la presión de la delegación de Estados Unidos, que exigió recortar la supervisión de las sanciones impuestas por Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capo étnico del acuerdo de paz.La Misión, creada en 2017 para monitorear la implementación del acuerdo de Paz de Colombia, verá reducido su alcance a partir de esta prórroga. Según el informe del Security Council Report, Estados Unidos condicionó su apoyo a la resolución si se mantenían funciones que considera sensibles.El embajador de los Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que el Gobierno colombiano “ha socavado el progreso hacia una paz duradera” y advirtió con un posible veto si la verificación de sanciones propias de la JEP y el capítulo étnico no eran revisados.Aunque la continuidad de la Misión contaba con respaldo mayoritario, el hecho de que funcione con menos poderes esenciales abre interrogantes: ¿puede seguir cumpliendo su rol de verificación integral del acuerdo de paz con recortes clave?Aprobado el nuevo periodo, la octava extensión de la Misión desde 2017, en un contexto en el que la violencia contra excombatientes y líderes sociales permanece alta y la credibilidad del acompañamiento internacional cobra más peso.
El país se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. En medio de la segunda temporada de lluvias, las autoridades del sector transporte desplegaron un amplio operativo en carreteras, terminales y aeropuertos para acompañar a los millones de viajeros que se movilizarán durante el puente festivo de Todos los Santos.El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que ya se han atendido 880 emergencias viales en todo el territorio nacional, ocasionadas principalmente por deslizamientos de tierra, caída de material vegetal, pérdida de banca e inundaciones.De estas emergencias, 417 han generado cierres totales y 463 cierres parciales durante todo el año, afectando especialmente a los departamentos de Boyacá, Nariño, Santander, Caquetá, Chocó, Huila y Cauca. Sin embargo, son 15 los puntos críticos y activos, con cierres totales en sectores de Antioquia, Chocó, Cauca y Huila, y cierres parciales en Cundinamarca, Casanare y Norte de Santander. Los equipos de la entidad trabajan en la recuperación de bancas, nivelación de taludes, instalación de puentes metálicos y control hídrico, para garantizar la movilidad en las vías nacionales durante el puente.Por su parte, la Supertransporte estima que 1,4 millones de vehículos se movilizarán por las terminales terrestres, en cerca de 139 mil vehículos, mientras que 900 mil viajeros lo harán por vía aérea. Para garantizar seguridad y acompañamiento, el Gobierno dispuso un operativo nacional con la participación de la Superintendencia de Transporte, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Invías.En total, más de 6.000 funcionarios y operativos estarán desplegados en terminales, peajes y aeropuertos, apoyados por 3.100 equipos tecnológicos de monitoreo y control en tiempo real. Además, habrá presencia de grúas, ambulancias y carro taller en los principales corredores viales.La viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, señaló que el compromiso del Gobierno es que “cada familia llegue bien a su destino y regrese a casa con tranquilidad”, e hizo un llamado a los viajeros a planear sus desplazamientos, revisar sus vehículos y acatar las indicaciones de las autoridades.En el transporte aéreo, la Aeronáutica Civil proyecta la movilización de más de 865 mil pasajeros entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, de los cuales 525 mil viajarán en rutas nacionales y 340 mil al exterior. Las terminales de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta serán las de mayor movimiento, y contarán con refuerzo operativo y monitoreo constante.La entidad también recomendó a los usuarios llegar con antelación a los aeropuertos (3 horas para vuelos nacionales y 4 para internacionales), revisar documentos, consultar las condiciones climáticas y estar atentos a los anuncios de sus aerolíneas.Con estos planes, el sector transporte busca garantizar que, pese a las lluvias y al alto flujo de viajeros, el puente de Todos los Santos transcurra con seguridad, fluidez y responsabilidad en las carreteras y aeropuertos del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como compleja la situación de vulneración de derechos humanos en el occidente y sur del Huila. La funcionaria fue enfática al expresar su preocupación por el aumento del reclutamiento forzado de menores, fenómeno que, según indicó, se viene presentando desde 2024.Durante su visita al departamento, donde se reunió con el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y con los alcaldes de municipios como La Plata y Pitalito, Marín Ortiz rechazó el constreñimiento e instrumentalización de líderes comunales por parte de las disidencias de las Farc.“Con preocupación seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a toda la población, pero especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes están siendo víctimas de múltiples afectaciones, como la vulneración del derecho a la educación, situación que ha conllevado al incremento del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. También hay múltiples casos de constreñimiento a líderes y lideresas comunales, que, pese a los riesgos, siguen resistiendo”, señaló la defensora.La funcionaria manifestó su preocupación por la expansión sostenida de las disidencias de las Farc y del ELN, a pesar de las siete alertas tempranas emitidas por la entidad en el departamento.“Hoy hacen presencia las disidencias del Estado Mayor Central, de la línea de ‘Mordisco’, que hasta hace unos meses, o tal vez un año, decíamos: están viniendo del Cauca y se devuelven. Pero hoy en día estamos viendo que hay un frente que hace presencia permanente en el Huila. No es solo un paso intermitente, es un proceso de consolidación de su presencia en el territorio. También está la nueva presencia del ELN, que era algo que no se había visto en el departamento del Huila, así como las disidencias de la línea de ‘Calarcá’ y también de la Segunda Marquetalia”, explicó Marín Ortiz.Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes, con inversión social y acciones efectivas que frenen la expansión de los grupos armados ilegales.