Una nueva y rigurosa revisión de la información disponible es concluyente: tomar paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual en los niños.El estudio, dirigido por el City St George’s de la Universidad de Londres (Reino Unido) y publicado en 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health', es un metaanálisis de 43 estudios cuyos resultados proporcionan "pruebas sólidas" de que tomar paracetamol durante el embarazo es seguro.En septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump sugirió que tomar este fármaco durante el embarazo podía interferir en el desarrollo neurológico de los niños y causar autismo. La afirmación sembró la duda en la opinión pública.Pero, según explican los autores del nuevo estudio, el gobierno de Trump se basó en informes anteriores que estaban sesgados, no recogían toda la información necesaria para hacer una evaluación de este tipo y no tenían en cuenta a los hermanos o a los antecedentes familiares, que son cruciales.Para esta nueva revisión, el equipo recopiló 43 estudios de máxima calidad, realizados con métodos de investigación metodológicamente rigurosos y que incluían comparaciones con hermanos.Los autores explican que las asociaciones entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o las discapacidades intelectuales aludidas por la administración estadounidense pueden deberse a otros factores maternos, como el dolor subyacente, las molestias, la fiebre o la predisposición genética, más que a cualquier efecto directo del paracetamol.Comparaciones entre hermanosEn esta revisión, el equipo examinó 43 estudios y comparó los embarazos en los que la madre había tomado paracetamol con los que no.Los resultados de los estudios se agruparon en dos bloques entre hermanos nacidos de la misma madre, uno en el que la gestante había tomado paracetamol en el embarazo y otro en el que no (un método que ayuda a controlar la genética compartida, el entorno familiar y las características parentales a largo plazo que los estudios tradicionales no suelen tener en cuenta).En comparación con los embarazos sin exposición al paracetamol, se confirmó que tomar paracetamol durante el embarazo no estaba relacionado con el autismo infantil, el TDAH o la discapacidad intelectual.En los estudios de comparación entre hermanos, los datos incluyeron 262.852 niños evaluados para el autismo, 335.255 para el TDAH y 406.681 para la discapacidad intelectual."Nuestros hallazgos sugieren que las relaciones descritas anteriormente probablemente se expliquen por la predisposición genética u otros factores maternos, como la fiebre o el dolor subyacente, más que por un efecto directo del paracetamol en sí", subraya Asma Khalil, profesora de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal en City St George's y directora del estudio.Khalil es clara: "el paracetamol sigue siendo una opción segura durante el embarazo cuando se toma según las indicaciones. Esto es importante, ya que el paracetamol es el medicamento de primera línea que recomendamos a las mujeres embarazadas con dolor o fiebre, por lo que deben sentirse tranquilas sabiendo que siguen teniendo una opción segura para aliviar sus síntomas".Los autores esperan que esta revisión ponga fin a las dudas sobre el uso del paracetamol durante el embarazo, porque evitar este fármaco cuando hay dolor o fiebre intensa "puede exponer tanto a la madre como al bebé a riesgos conocidos, en particular la fiebre materna no tratada", advierten.Un debate zanjado para los expertosAlgunos científicos han destacado la solidez de este metaanálisis, que ha excluido a los estudios de menor calidad y que supone una "revisión sistemática oportuna y bien realizada" sobre el tema, afirma el profesor de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Ian Douglas, a la plataforma de recursos científicos SMC Reino Unido.Para Steven Kapp, profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), "como investigador y defensor neurodivergente, creo que una implicación es que la sociedad necesita dejar de meterse en callejones sin salida buscando falsas formas de prevención de las discapacidades del desarrollo. En su lugar, deberíamos centrarnos más en hacer del mundo un lugar mejor para las personas con discapacidad".Y para Grainne McAlonan, catedrática de Neurociencia Traslacional del King’s College London, "aunque el impacto del anuncio del año pasado fue considerable, espero que los hallazgos de este estudio den por zanjado el asunto", concluye en declaraciones al SMC Reino Unido.
La Gerencia Nacional de Tesorería de Nueva EPS informó que la entidad postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) más de $1,5 billones, destinados al pago de más de 2.000 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el país durante el mes de enero.Según explicó la EPS, esta gestión hace parte de los compromisos adquiridos con los entes territoriales y los prestadores públicos y privados. Los recursos ya fueron reportados a la Adres para que los giros se realicen conforme al cronograma definido para enero de 2026.Desde la llegada del agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, Nueva EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones, en el marco de las acciones orientadas a mejorar el flujo de recursos dentro del sistema de salud.Como parte de su estrategia de saneamiento financiero, la entidad ha fortalecido los procesos de conciliación de cartera con prestadores de distintas regiones del país.Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se llevaron a cabo mesas de conciliación con prestadores regionales y nacionales, en las que se avanzó en acuerdos para el giro de recursos y el cumplimiento de obligaciones pendientes, reflejados en la postulación presentada ante la Adres.No obstante, Nueva EPS advirtió que una parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, lo que ha generado afectaciones temporales en la ejecución de algunos pagos acordados durante el mes de diciembre, impactando tanto a prestadores públicos como privados.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) dispuso la prórroga de la medida cautelar aplicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación de los servicios de salud dirigidos a las maestras, maestros y sus beneficiarios.La medida, inicialmente impartida en septiembre de 2025, fue extendida tras una solicitud presentada por la nueva administración del fondo y luego de un proceso de seguimiento conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se da en el contexto de la reestructuración y actualización del plan de trabajo del Fomag.De acuerdo con la información oficial, el plan actualizado contempla acciones específicas para el fortalecimiento de la entrega de medicamentos, la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como la mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de la información entregada a los usuarios.También incluye medidas orientadas a asegurar la correcta administración y el flujo de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.El proceso se desarrolla con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, como parte de un trabajo articulado entre las entidades involucradas en el sistema de salud del magisterio.Según indicó el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, la entidad se acogió a las medidas de seguimiento definidas por la superintendencia con el propósito de atender las dificultades identificadas y avanzar en la implementación de soluciones dentro del marco del plan de trabajo.La prórroga de la medida cautelar y los ajustes al plan fueron socializados en una reunión realizada este 16 de enero, en la que participaron el superintendente nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, el Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode.
En un fallo de 89 páginas, el Consejo de Estado aclaró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sí pueden utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación para pagar deudas o pasivos correspondientes a vigencias fiscales anteriores, siempre que dichas obligaciones no estén prescritas y que el uso de los recursos no afecte la prestación del servicio de salud a los afiliados.Así lo estableció el alto tribunal al resolver una consulta formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que buscaba determinar si a los recursos de la UPC les es aplicable el principio de anualidad presupuestal. Este principio limita el uso de los recursos públicos al periodo fiscal en el que son recibidos, lo que había generado dudas sobre la posibilidad de cubrir obligaciones de años anteriores.En su concepto, la Sala fue clara en señalar que el principio de anualidad no aplica a los recursos provenientes de la UPC, debido a que estos dineros no han sido concebidos por el legislador como parte del Presupuesto General de la Nación.El Consejo de Estado precisó que las facturas por servicios de salud no necesariamente deben ser radicadas dentro de la misma vigencia fiscal a la que corresponde la UPC.No obstante, el alto tribunal reconoció la existencia de un vacío jurídico en relación con el uso de los recursos de la UPC para vigencias fiscales anteriores y frente a las reservas técnicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Es claro el alto tribunal en señalar que, esto no debe bajo ninguna circunstancia afectar la atención de los pacientes.
Al día, se movilizan miles de vehículos por la vía Bogotá - La Calera; aunque no hay una cifra exacta, es un corredor de alta congestión, especialmente en horas pico. Se estima que unos 40.000 vehículos circulan por el importante corredor al día.Con el fin de descongestionar la vía, hace poco anunciaron una obra clave que pretende mejorar el tránsito en el sector y que descongestionará una de las entradas Bogotá.Obra clave descongestionará el acceso vehicular entre Bogotá y La CaleraSegún la Gobernación de Cundinamarca, en febrero de este año comenzará una nueva fase de la pavimentación de la vía alterna a La Calera, un corredor estratégico que conecta la perimetral de Oriente, El Triunfo con la calle 185, en el sector El Codito, en Bogotá.A la fecha, ya se han pavimentado 3,2 kilómetros gracias a recursos del Invías, con ejecución a cargo de la Gobernación. Con los trabajos pendientes, este proyecto permitirá obtener una vía clave para el desplazamiento de miles de ciudadanos y para el movimiento de la economía regional, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey.La iniciativa hace parte de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía de La Calera, con el fin de dejar la estructura vial en óptimas condiciones y aliviar la presión sobre otras rutas de acceso a Bogotá.Con la intervención prevista, el corredor alcanzará un 98 % de pavimentación total. El tramo restante corresponde a un sector donde se ubica un puente declarado Bien de Interés Cultural por el Consejo Nacional de Patrimonio, lo que limita cualquier tipo de intervención sobre esta estructura.Datos clave y comienzo de la obraInicio de la obra: febrero.Tramo intervenido: entre la perimetral de Oriente – El Triunfo y la calle 185 (sector El Codito).Kilómetros pavimentados a la fecha: 3,2 km.Kilómetros pendientes: 2,1 km.Valor del contrato adjudicado a finales de 2025: $5.374 millones.
La calidad del servicio de energía en la región Caribe mostró un cambio durante 2025. Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron el mejor desempeño de los últimos años en los indicadores que miden las interrupciones del suministro eléctrico, un avance que impactó de manera directa a más de cinco millones de usuarios entre hogares, comercios e industrias atendidos por Air-e Intervenida.De acuerdo con las cifras consolidadas de la compañía, en promedio la luz se fue 38,21 horas durante todo 2025 en estos tres departamentos. Este dato, medido a través del indicador SAIDI, representa una reducción del 36,6 % frente a 2024, cuando el promedio anual era de 60,33 horas sin servicio. En términos prácticos, los usuarios pasaron menos tiempo a oscuras, una de las principales quejas en esta zona del país.Por otro lado, el indicador SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio en el año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, lo que equivale a una reducción del 5,12 %. Aunque el número de cortes sigue siendo un reto, la tendencia descendente confirma una mayor estabilidad en la operación del sistema eléctrico.A este avance en calidad se suma la estabilidad de la tarifa, anunciada como parte del esfuerzo por aliviar el impacto económico en los usuarios y recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2026, la empresa aseguró que continuará ejecutando obras priorizadas, gestionando nuevos recursos con el apoyo del Gobierno y promoviendo una cultura de corresponsabilidad, en la que el pago oportuno y el uso adecuado del servicio sean claves para mantener y mejorar el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Hacia un centro penitenciario en Barranquilla será trasladado Álvaro Felipe Rivera Ramírez tras la medida de aseguramiento de detención preventiva que le ordenó el Juzgado 07 Penal Municipal por ser el presunto autor material del feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, luego de su hallazgo en un apartamento en abril de 2024.El togado se acogió a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, aunque aclaró que esta no es una condena anticipada, pues solo busca proteger los fines de orden constitucional y el avance de las investigaciones. Además, aclaró que en el juicio el procesado podrá utilizar todas sus pruebas para defenderse.“Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, acorde al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, como presunto autor material a título de dolo de la conducta punible de feminicidio agravado. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley”, expresó durante la audiencia.En medio de la diligencia, el juzgado especificó como clave el dictamen emitido por Medicina Legal en el que no se evidencia ninguna marca en el cuello de Valentina, proveniente del columpio de Aeroyoga aparentemente utilizado.“¿Y qué traduce esto? Que fue una fuerza extrínseca, una fuerza externa de tal magnitud la que ocasionó la lesión a la laringe. Es decir, que no fue el producto de un ahorcamiento en el columpio de aeroyoga, sino de una fuerza externa de digitopresión. Es decir, que en el caso concreto la versión de la defensa se va difuminando”, añadió.La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.Recordemos que Valentina Cepeda, en su tiempo, fue llevada hacia la clínica Portoazul en Puerto Colombia. La explicación que entregó su pareja es que le tomó una foto pensando que estaba molestando y minutos después se percató que no respiraba.El fiscal Nicolás Busto señaló que contra la víctima se ejercía violencia económica y física. Del mismo modo, declaró que, al parecer, la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.
La ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade (EE.UU.), aprobó este jueves designar una calle con el nombre de 'María Corina Machado Way' en honor a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.La iniciativa, impulsada por el concejal Rafael Piñeyro, fue respaldada por el Concejo Municipal y contempla renombrar un tramo de una vialidad principal de la ciudad con el nombre de la opositora, que este jueves se reunió por primera vez con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington.El sur de Florida alberga una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos, con alrededor de un cuarto de millón de persona de origen venezolano, concentradas en el área metropolitana de Miami, especialmente en Doral.La alcaldesa local, Christi Fraga, calificó la decisión como "un gran honor" y destacó que la distinción reconoce el coraje increíble, la perseverancia y el compromiso con la democracia de Machado.Los concejales señalaron que María Corina Machado ya fue notificada sobre el reconocimiento y que existe la posibilidad de que esté presente durante el acto de inauguración de la calle, que se realizaría próximamente.Trump y Machado se reunieron hoy en un almuerzo privado en la Casa Blanca después de que fuerzas estadounidenses capturaran el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque en Venezuela que derivó en su traslado a Nueva York, donde el exmandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico.Desde entonces, Trump ha relegado a Machado del proceso de la transición política en Venezuela.En una rueda de prensa, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, definió hoy a Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos, pero agregó que Washington todavía considera que la opositora no cuenta con los suficientes apoyos para liderar una transición.
La crisis de la salud en Colombia sigue bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, tras un nuevo llamado a la Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención oportuna a sus afiliados en todo el país.Y es que según cifras del ente de control, solo en 2025 se radicaron 131.000 tutelas en contra de la Nueva EPS.Este nuevo requerimiento de la Procuraduría se centra en la implementación efectiva del plan denominado “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, diseñado por la EPS para enfrentar las dificultades en la entrega de medicamentos. Tras una revisión exhaustiva de esta estrategia, el Ministerio advirtió la necesidad de realizar ajustes urgentes y estructurales.Las falencias que logró identificar la Procuraduría se centran en la falta de claridad en los objetivos del plan, la ausencia de un detalle preciso de las acciones a ejecutar en cada departamento, la identificación de la población afectada, la definición del modelo de atención y la construcción de una matriz de riesgos que permita anticipar y mitigar nuevas fallas en el servicio.En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió formalmente a los funcionarios de la Nueva EPS para que informen los avances concretos y aporten los soportes de las acciones que se están llevando a cabo, con el propósito de evitar que se repitan episodios de intermitencia o interrupción en la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.
La reciente actualización de la pirámide nutricional en Estados Unidos ha despertado un intenso debate entre expertos en salud y nutrición. Para entender mejor sus implicaciones, el endocrinólogo y nutricionista Antelm Pujol, con formación de posgrado en endocrinología clínica en Harvard, explicó en entrevista en Mañanas Blub 10:30 los aspectos positivos y las inconsistencias del nuevo modelo alimentario, que busca orientar los hábitos de millones de ciudadanos.Según Pujol, el cambio no es menor. “El cambio implica cambiar los hábitos de la población, porque al final si nosotros tenemos un modelo a seguir, la gente va a seguir esas recomendaciones que da el Gobierno y las instituciones oficiales”, afirmó, subrayando la responsabilidad que tienen estas guías en la salud pública. Por eso, insistió en que deben estar alineadas con la evidencia científica.Uno de los puntos que el especialista destacó como más relevantes es el énfasis en consumir “comida real”. Por primera vez, las guías oficiales desaconsejan de forma explícita los ultraprocesados. “Son las primeras guías de la historia que desaconsejan el consumo de estos alimentos, que sabemos están vinculados a riesgo cardiovascular, cáncer y obesidad”, señaló Pujol, quien considera este avance como un paso fundamental para combatir enfermedades crónicas.Sin embargo, el médico también advirtió inconsistencias entre la imagen de la pirámide y el contenido de las recomendaciones escritas. Mientras el gráfico ubica carnes rojas, huevos y productos altos en grasa en lugares destacados, el texto sugiere limitar la grasa saturada a menos del 10 % de la ingesta diaria. “Lo que dice dentro del texto no se corresponde con la imagen de la pirámide, y eso genera confusión”, explicó.Sobre las grasas, Pujol fue claro: no todas son iguales. “La evidencia científica dice que las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate o el pescado, tienen efectos protectores a nivel cardiovascular”, indicó, diferenciándolas de las grasas saturadas provenientes de carnes procesadas.En cuanto a los lácteos, un tema históricamente polémico, el endocrinólogo aseguró que la evidencia actual respalda su consumo. “Los lácteos sí tienen un efecto beneficioso para la salud y pueden reducir el riesgo cardiovascular, siempre que sean de calidad”, puntualizó, resaltando que no todos los productos lácteos ofrecen los mismos beneficios.Respecto a los carbohidratos, Pujol explicó que la recomendación es priorizar los de buena calidad, provenientes de frutas, verduras y granos enteros. “Estos alimentos tienen un beneficio cardiovascular muy importante”, dijo, especialmente en contextos como el latinoamericano, donde el consumo de arroz, plátano y otros carbohidratos refinados es elevado.Finalmente, el especialista defendió el consumo de frutas, incluso aquellas con mayor contenido de azúcar natural. “No es lo mismo la fructosa que viene en una fruta que la que se encuentra en un ultraprocesado, porque la fruta aporta una matriz nutricional que mejora su efecto en el organismo”, concluyó.El mensaje central, coincidieron entrevistadores y experto, es claro: priorizar alimentos reales, frescos y mínimamente procesados, más allá de gráficos o modas dietéticas. La nueva pirámide, aunque perfectible, abre una conversación necesaria sobre cómo comer mejor para vivir más y mejor.
La situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a estar en el centro de la discusión. En Blu Radio, Deivis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar cooperativa que administra la cadena farmacéutica, explicó que la intervención está próxima a cumplir dos años y que, durante este periodo, la empresa ha acumulado pérdidas de manera consecutiva. Según el sindicato, en 2024 las pérdidas ascendieron a $64 mil millones, y en 2025 superaron los $40.000 millones; para el año en curso se proyecta un resultado similar.Carbonell señaló que existe una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos de comercio al Estado, proceso que, aseguró, aún no se ha materializado. Mientras tanto, los activos continúan registrándose en Copservir, lo que ha comprometido los aportes de los asociados para sostener bienes que, de acuerdo con la sentencia, ya no pertenecerían a la cooperativa.El dirigente indicó que esta situación ha impedido aplicar la sustitución patronal, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad de los contratos laborales ante un eventual cambio de administrador. Advirtió que algunas alternativas planteadas implicarían la renuncia de los trabajadores a Copservir y la firma de nuevos contratos, con la consecuente pérdida de beneficios asociados a la antigüedad laboral.Asimismo, afirmó que han solicitado acompañamiento al Ministerio del Trabajo sin obtener una respuesta efectiva y que se han realizado reuniones entre entidades del Gobierno nacional sin la participación de los trabajadores, lo que ha dificultado avanzar en soluciones.De acuerdo con el sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos, ya que, debido a las pérdidas acumuladas, quienes se retiran o son desvinculados no recuperan sus aportes, al aplicarse el factor de pérdida previsto en la normativa de la economía solidaria.Ante este panorama, el sindicato evalúa alternativas internas, como la convocatoria a una asamblea para definir el futuro de los aportes y la continuidad de la cooperativa, ante la falta de definiciones claras sobre la entrega de los activos y la intervención. Finalmente, Carbonell reiteró el llamado a la Superintendencia, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que se pronuncien sobre la sustitución patronal, la protección del ahorro laboral y el futuro de Drogas La Rebaja, con el fin de dar claridad a los trabajadores y sus familias.
La situación financiera de Nueva EPS continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos, y además en el pago a sus trabajadores, todo esto según reportan las IPS.Nueva EPS se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional desde 2024. Sin embargo, de acuerdo con los prestadores, persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la entidad y su capacidad para responder por las obligaciones financieras derivadas de la atención a los usuarios.En entrevista con Blu Radio, Jorge Toro, director de la Unión de IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente.Toro afirmó que, ante la acumulación de deudas, varias instituciones han optado por anunciar cierres de servicios como mecanismo para obtener respuesta por parte de la EPS. Según explicó, tras estos anuncios se realizan giros parciales que corresponden a una fracción del total adeudado, sin que exista un esquema de pagos regular ni acuerdos que garanticen la sostenibilidad financiera de los prestadores.El directivo también indicó que no se conocen de manera pública los estados financieros actuales de Nueva EPS, lo que incrementa la incertidumbre en el sector. Añadió que la situación no solo afecta a las IPS privadas, sino también a hospitales públicos, que han expresado preocupaciones por la continuidad de la operación y el pago al talento humano en salud.De acuerdo con la Unión de IPS, la falta de regularidad en los pagos ha generado dificultades para mantener la atención a los usuarios, quienes enfrentan retrasos en cirugías programadas, servicios ambulatorios y acceso a medicamentos. Toro señaló que la problemática es compartida por múltiples instituciones que prestan servicios a la EPS en diferentes regiones del país.Finalmente, el director de la Unión de IPS reiteró el llamado al Gobierno nacional para que, en el corto plazo, defina si Nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema de salud y a los usuarios afiliados.
Blu Radio habló con el profesor Luis Jorge Grandes, director del Observatorio de Vacunación, quien alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), encargado de la vacunación en el país. Según explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue de 190.000 millones, equivalente al 24 % de lo requerido.De acuerdo con el académico, desde el Gobierno se ha señalado que esta disminución no afectaría el programa, al contar con otras fuentes de financiación como recursos del Fondo Rotatorio. No obstante, indicó que desde el observatorio persiste la inquietud sobre la capacidad real del sistema para garantizar las coberturas necesarias.Grandes, señaló que el PAI enfrenta dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país. Según indicó, se han reportado limitaciones en la disponibilidad de vacunas contra influenza y COVID-19, especialmente para adultos mayores.El director del Observatorio de Vacunación afirmó que esta situación ocurre en un contexto de circulación de enfermedades inmunoprevenibles como fiebre amarilla, tosferina e influenza tipo A H3N2. También mencionó la presencia de brotes de sarampión en países de América del Norte y casos reportados en México y Canadá, lo que, según explicó, incrementa el riesgo regional.En relación con la baja asistencia a los puntos de vacunación, el profesor señaló que, a su juicio, el principal factor no es la falta de demanda ciudadana, sino la disponibilidad limitada de biológicos. Indicó que la población solicita vacunas, pero en varios territorios no se cuenta con el suministro suficiente.Según el Observatorio, la reducción de recursos para el PAI podría traducirse en menores coberturas de vacunación, lo que aumentaría la incidencia de enfermedades prevenibles y sus posibles consecuencias en salud pública. Grandes recordó que el país ya venía registrando coberturas inferiores a las metas establecidas.Finalmente, desde el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes se hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar el presupuesto del PAI, garantizar la adquisición de vacunas y asegurar la continuidad del programa, especialmente para menores de cinco años, gestantes y adultos mayores. También se solicitó que la política de vacunación se mantenga al margen del contexto electoral y se priorice como un asunto de salud pública.
Entre lágrimas y con voz entrecortada, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, relató la desesperante situación financiera de la institución que dirige. En entrevista con Mañanas Blu, el funcionario advirtió que su hospital, especializado en ortopedia y trauma, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia debido al incumplimiento en los pagos de las EPS intervenidas por el Gobierno, principalmente Savia Salud y Nueva EPS.“Llegaban llorando: no tengo con qué comer, no tengo cómo pagar el arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo. Y tener que decirles que no tengo con qué pagarles porque desde agosto no nos paga la Nueva EPS”, expresó Arroyave, visiblemente conmovido.El drama retrata con crudeza el impacto de una crisis estructural que afecta a toda la red pública hospitalaria del departamento. Según cifras de las autoridades locales, las EPS adeudan cerca de 8 billones de pesos a los hospitales antioqueños, poniendo en jaque su funcionamiento y dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre económica.“Nos están dejando morir de hambre”El gerente explicó que el hospital depende en un 90% de los pagos de las EPS, pero los giros “se hacen a discreción” y no de acuerdo con lo establecido por la norma. “Nos facturan lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que realmente debemos recibir. Desde agosto no nos giran, y eso nos tiene en una situación insostenible”, denunció.Arroyave describió la situación del personal con crudeza: “Mi gente se está muriendo físicamente de hambre; comparten una coca entre tres para poder comer. Mucho personal me renunció en diciembre”. El gerente señaló que algunas auxiliares y enfermeras, en su mayoría madres cabeza de familia, han tenido que acudir a préstamos “gota a gota” para sobrevivir.La deuda acumulada del hospital con sus proveedores y empleados ha llegado a niveles insostenibles. “Solo tres EPS intervenidas me deben 22 mil millones de pesos. Con esa plata solucionaría todos mis problemas, pero no nos llega un solo peso”, afirmó.Insolvencia y sacrificio: el costo humano del colapso financieroEl Hospital San Rafael de Itagüí cuenta con 460 funcionarios, entre médicos, enfermeras, especialistas y personal administrativo. A ellos se suman trabajadores de empresas tercerizadas de vigilancia, aseo y alimentación, también afectados por la falta de pago. “Toda esa gente está sufriendo porque no he podido pagarles. Hacemos milagros para mantener el hospital limpio y seguro, pero ya no aguantamos más”, lamentó el gerente.Ante la falta de insumos médicos, el personal del hospital ha tenido que improvisar. “A veces tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para comprar gasas o agujas. Incluso les pedimos a las familias que ayuden con los insumos para poder atender a sus pacientes. Es muy doloroso, pero no hay otra opción”, relató.El colapso económico ha obligado al hospital a reducir cirugías en áreas críticas como la ortopedia, debido al alto costo del material quirúrgico. “No hemos podido comprar el material de osteosíntesis, los proveedores nos tienen bloqueados. Sin pago no hay cómo operar a los pacientes”, agregó Arroyave.Un sistema al borde del colapso en AntioquiaLa situación del Hospital San Rafael no es un caso aislado. De acuerdo con el propio gerente, todos los hospitales públicos de Antioquia están en la misma situación. En un grupo de chat que comparten gerentes de instituciones de salud del departamento, las quejas son constantes. “Nadie nos escucha. Ni el ministro actual ni la anterior ministra se han pasado por aquí. No han visto el sufrimiento del personal de salud”, subrayó.El impacto del retraso en los pagos trasciende lo financiero y afecta directamente la atención a los pacientes. “Tengo pacientes en UCI a punto de despertarse porque no hemos podido comprar los medicamentos para mantenerlos sedados. Otros llegan con enfermedades descompensadas porque las EPS no entregan los medicamentos que necesitan”, advirtió.Un alivio parcial que no soluciona la crisisTras su emotivo testimonio, Arroyave recibió una llamada del nuevo gerente interventor de la Nueva EPS, quien se comprometió a girar 1.500 millones de pesos al hospital. Aunque el anuncio representó un leve alivio, el funcionario fue tajante: “Eso es un pañito de agua tibia; no soluciona nada, pero al menos demuestra que alguien nos escuchó”.El gerente recordó que en 2024 ya había tenido que gestionar ayudas con recursos personales y donaciones de alimentos para su personal. “De mi propio bolsillo saqué plata para comprar mercados. Fui a la central mayorista y, con el apoyo de algunos comerciantes, pude darle comida a mi gente. Pero ya no puedo más; el hospital no tiene de dónde sacar”, recordó.“El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”En medio de su relato, Arroyave resumió el sentimiento colectivo con una frase que rápidamente se viralizó: “El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”. Con esas palabras, el gerente sintetizó el desgaste físico, emocional y financiero que enfrenta el personal del hospital, símbolo del colapso del sistema de salud colombiano.Mientras tanto, los 460 trabajadores del Hospital San Rafael de Itagüí siguen atendiendo a la población más vulnerable del Valle de Aburrá, pese a los meses sin salario y la escasez de insumos médicos. “Lo hacen por vocación, porque son verdaderos héroes, enfatizó Arroyave. Pero los héroes también necesitan comer, también tienen hijos, y también se cansan”.
Durante el mes de enero se registra un aumento superior al 50 % en las consultas dermatológicas relacionadas con manchas en la piel, acné y brotes cutáneos, según reportes de especialistas del Hospital Infantil Universitario de San José. El incremento se presenta semanas después del periodo de vacaciones y celebraciones de fin de año.De acuerdo con los dermatólogos, este aumento está relacionado con factores como la exposición prolongada al sol, el uso inadecuado del protector solar, cambios en los hábitos de cuidado diario, suspensión de tratamientos dermatológicos y modificaciones en la alimentación y el descanso. Estas condiciones favorecen la aparición de hiperpigmentaciones, empeoramiento del acné y otras alteraciones cutáneas.El doctor David Reyes, médico dermatólogo de la institución, explicó que en enero es frecuente la consulta de pacientes con manchas más marcadas, especialmente melasma, así como brotes de acné inflamatorio. Indicó que muchos de estos casos se asocian a una aplicación insuficiente o incorrecta del protector solar durante las vacaciones.Los especialistas señalan que la mayoría de las personas reduce la frecuencia de limpieza facial, interrumpe tratamientos médicos y utiliza productos sin orientación profesional durante este periodo. A esto se suma el contacto con sol, cloro y sal, además del aumento en el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados, factores que inciden en la respuesta inflamatoria de la piel.Además de las manchas y el acné, los dermatólogos reportan consultas por resequedad, dermatitis y cambios en lesiones pigmentadas. En algunos casos, estas alteraciones no son evidentes de inmediato y se manifiestan semanas después del retorno a la rutina habitual.Ante este panorama, los especialistas recomiendan retomar los cuidados básicos de la piel, mantener el uso adecuado del protector solar, reiniciar tratamientos suspendidos y consultar al dermatólogo si aparecen manchas nuevas, brotes persistentes o cambios en lunares. El seguimiento médico permite identificar de forma temprana alteraciones cutáneas y orientar el manejo adecuado según cada caso.
El sistema de salud colombiano comenzó 2026 con un panorama marcado por desequilibrios financieros y dificultades operativas que se arrastran desde la vigencia anterior. De acuerdo con el más reciente comunicado de Así Vamos en Salud, el déficit patrimonial del sistema alcanzó los –15,8 billones de pesos, lo que representa un aumento frente al cierre de 2024, cuando se ubicaba en –9,7 billones.Las cifras disponibles a noviembre de 2025 indican que las pérdidas operacionales superaron los 7,3 billones de pesos y que la siniestralidad global se mantuvo por encima del 108 %, lo que evidencia que los ingresos del sistema no lograron cubrir los costos reales de la atención, especialmente en el régimen contributivo. Este comportamiento financiero se presenta en un contexto de información incompleta, debido a que algunas de las principales entidades del sistema no han reportado oportunamente su situación financiera, lo que limita una evaluación integral del riesgo existente.Otro de los factores señalados es la ejecución del Presupuesto Máximo. Para 2025 se estimó una necesidad cercana a los 4,4 billones de pesos, pero a diciembre solo se habían ordenado giros por 2,4 billones, situación que impactó la liquidez de las EPS y la continuidad en la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.En cuanto a 2026, el presupuesto aprobado para la ADRES asciende a 110,7 billones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto Máximo inició el año con apenas 1 billón, una cifra inferior a la requerida según los datos de la vigencia anterior. A esto se suma el incremento de la UPC, definido en 16,49 % para el régimen subsidiado y 9,03 % para el contributivo, el cual no cubre las presiones de costos identificadas. El análisis estima un faltante inicial de entre 2,7 y 3,1 billones de pesos solo en el régimen contributivo, sin considerar el impacto del aumento del salario mínimo del 23 %.Las consecuencias de este escenario también se reflejan en el acceso de los usuarios al sistema. Para finales de 2025 se proyectó un acumulado superior a dos millones de PQRS y más de 300 mil tutelas en salud, cifras que dan cuenta de las dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios. Así Vamos en Salud advierte que, sin ajustes técnicos, mayor transparencia en la información y seguimiento a la suficiencia de las primas, estas condiciones podrían profundizarse durante 2026.
A partir del 16 de enero de 2026, la red pública hospitalaria de Risaralda —integrada por cerca de 15 hospitales— suspenderá la prestación de varios servicios a usuarios de la Nueva EPS y de otras aseguradoras como Asmet Salud y Pijaos Salud. La medida responde a incumplimientos en los pagos por servicios ya prestados, situación que ha generado una afectación financiera significativa en las instituciones.Según informaron los gerentes hospitalarios, la deuda acumulada de estas EPS con la red pública del departamento supera los 116 mil millones de pesos. La falta de flujo de caja ha impedido la contratación de personal y la adquisición de insumos, lo que compromete la operación regular de los hospitales.La restricción de servicios no es nueva en algunos centros asistenciales. Hospitales como el Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS) y el Hospital Universitario San Jorge ya habían limitado atenciones con anterioridad. Sin embargo, la decisión actual se extiende a la mayoría de la red y afecta a cerca de medio millón de afiliados.Entre los servicios que se suspenderán se encuentran las cirugías programadas, las hospitalizaciones, las citas médicas y odontológicas, así como los procedimientos especializados y diagnósticos. Las instituciones aclararon que se mantendrá únicamente la atención de urgencias vitales.Los directivos hospitalarios señalaron que esperan la realización de pagos efectivos antes de la fecha anunciada, con el fin de evitar la suspensión. En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que intervenga y facilite soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio.Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AISalud), Olga Lucía Zuluaga, explicó que la decisión es consecuencia de varios meses de compromisos incumplidos y de la falta de respuestas concretas por parte de las entidades aseguradoras. Indicó que la medida busca proteger la operación de los hospitales y garantizar la atención a los usuarios con respaldo financiero, advirtiendo que, sin pagos, las ESE no tienen cómo continuar funcionando.Zuluaga agregó que la crisis ya tiene efectos visibles en la atención. Hospitales de baja complejidad enfrentan serias dificultades para remitir pacientes, especialmente en servicios de salud mental y oncología, áreas que no son cubiertas por la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijaos Salud. Esta situación mantiene a pacientes en niveles de atención que no corresponden a su condición clínica, afectando a los usuarios, al talento humano y a las instituciones hospitalarias.La situación configura una crisis en la prestación de los servicios de salud en Risaralda, derivada del incumplimiento financiero de varias EPS y de las medidas adoptadas por los hospitales para preservar su sostenibilidad operativa.
Durante años, la evidencia científica ha señalado que el sedentarismo es uno de los factores que más impactan la salud de la población adulta. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que no es necesario cumplir rutinas exigentes ni largos entrenamientos para observar cambios medibles en el organismo. Dos estudios recientes publicados en revistas del grupo The Lancet analizan cómo variaciones mínimas en la actividad diaria, el descanso y la alimentación se relacionan con la mortalidad.Uno de los trabajos, difundido en The Lancet, se enfocó exclusivamente en la actividad física y el tiempo que las personas permanecen sentadas a lo largo del día. Para ello, los investigadores utilizaron datos objetivos registrados mediante dispositivos que midieron movimiento y sedentarismo, evitando así el uso de estimaciones subjetivas.Qué ocurre en el cuerpo al sumar cinco minutos más de ejercicioLos resultados muestran que incrementar levemente el tiempo de movimiento tiene efectos observables. En la mayoría de los adultos, que realizaban cerca de 17 minutos diarios de actividad física moderada, añadir cinco minutos más al día se asoció con una reducción del 10 % en la mortalidad total. En el grupo de personas menos activas, que apenas alcanzaban dos minutos diarios de ejercicio de esta intensidad, el mismo aumento se relacionó con una disminución cercana al 6 %.Menos tiempo sentado también se relaciona con menor mortalidadLa investigación también evaluó el impacto de reducir el sedentarismo. De acuerdo con los datos, disminuir en 30 minutos el tiempo diario sin actividad se asoció con una reducción estimada del 7 % en la mortalidad en adultos que pasan alrededor de 10 horas sentados. En quienes permanecen sedentarios unas 12 horas al día, la reducción fue de aproximadamente el 3 %.Además, los investigadores encontraron que aumentar en 10 minutos diarios la actividad física de intensidad moderada se relacionó con una disminución del 15 % en la mortalidad en la población general y del 9 % en el grupo menos activo.Luis Cereijo, investigador en Salud Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, indicó en una reacción al estudio que estos resultados refuerzan la evidencia acumulada sobre la relevancia de los hábitos cotidianos, y destacan el valor de contar con una muestra amplia y mediciones objetivas de actividad física.¿Cómo tener un año adicional de vida?El segundo estudio, publicado en eClinicalMedicine, amplió el análisis al considerar de forma conjunta tres factores: sueño, ejercicio y alimentación. Esta investigación se basó en datos de casi 60.000 personas del Biobanco del Reino Unido, reclutadas entre 2006 y 2010, con un seguimiento promedio de ocho años.Según sus conclusiones, pequeñas mejoras simultáneas —cinco minutos más de sueño, dos minutos adicionales de actividad física moderada a vigorosa y media ración extra de verduras al día— se asociaron con aproximadamente un año adicional de vida en personas con los hábitos menos saludables.Los autores también señalaron que una combinación considerada óptima, que incluye dormir entre siete y ocho horas, realizar unos 40 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa y mantener una dieta saludable, podría asociarse con más de nueve años adicionales de esperanza de vida en buena salud.Ambas investigaciones son observacionales y se basan en datos de países de altos ingresos. Los autores subrayan la necesidad de ampliar este tipo de estudios a contextos con menos recursos, aunque coinciden en que los resultados aportan evidencia sólida sobre el impacto de cambios pequeños y sostenibles en la vida diaria.Todos los análisis incluyeron información de más de 135.000 adultos procedentes de Noruega, Suecia y Estados Unidos, además de participantes del Biobanco del Reino Unido. El seguimiento promedio fue de ocho años, periodo durante el cual se evaluó la relación entre pequeños cambios en la actividad física diaria y la mortalidad por todas las causas.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia tuvo un aumento significativo durante la temporada decembrina y superó el total de casos registrados en 2024, cuando se reportaron 1.354 afectados.De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, hasta el martes 13 de enero, a las 2:00 de la tarde, después del puente festivo que marcó el cierre de la temporada, se reportaron 1.678 personas lesionadas en el país.Del total de casos reportados en Colombia, 503 corresponden a menores de edad, lo que representa el 29,97 % de los lesionados, mientras que 537 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades advirtieron como peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos fueron Antioquia, que encabeza la lista con 203 personas lesionadas, seguido por Nariño con 148 casos, Bogotá con 131, Norte de Santander con 97, Cauca con 94 y Cundinamarca con 92. En el listado también aparecen Santander con 71 lesionados, Córdoba con 69 y Atlántico con 65.En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del 13 de enero, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada llegó a 131. Este es uno de los cinco territorios del país que presentó una disminución en la incidencia, con una reducción del 10,3 %. Bolívar, Quindío, Chocó y San Andrés también reportaron menos heridos de este tipo.Del total de casos registrados en Bogotá, 32 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los niños y adolescentes resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía una supervisión adecuada.El reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud también reveló que los principales elementos pirotécnicos que generaron los accidentes fueron totes, voladores, cohetes y volcanes, los cuales ocasionaron quemaduras de primer grado (45,5 %), segundo grado (44,8 %) y, en menor proporción, de tercer grado (9,7 %).Pese a que en el 90 % de los accidentes se presentaron quemaduras, la manipulación de pólvora también dejó lesiones como laceraciones (58 %), contusiones (22 %), amputaciones (8 %), fracturas (7 %), daños oculares (7 %) y daños auditivos (2 %).
La Superintendencia Nacional de Salud informó que, a nivel nacional, la tasa de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes (PQRDS) pasó de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados en el acumulado de 12 meses, lo que representa un incremento del 30,68 %.Para el ente de control, este comportamiento confirma que el aumento de las inconformidades de los usuarios responde a un fenómeno sistémico y estructural, asociado a las tensiones propias del modelo de salud.Según el análisis comparativo realizado por la SuperSalud, evidencia que los mayores incrementos porcentuales no se concentran en las EPS intervenidas, sino en aquellas que operan sin medidas de intervención administrativa, las cuales superan ampliamente el crecimiento promedio del sistema. Este resultado pone de relieve que las dificultades en la atención y en la respuesta a los usuarios no se limitan a las entidades bajo vigilancia especial.Según el informe, las tasas más altas de PQRDS del sistema no corresponden exclusivamente a EPS intervenidas. La entidad con la mayor tasa de reclamos es Comfenalco Valle, EPS no intervenida, con 643,56 reclamos por cada 10.000 afiliados, seguida por SOS, con 584,80, y Capital Salud, también no intervenida, con 582,50. De las diez EPS que registran las tasas más elevadas, el 60 % no cuenta con medida de intervención administrativa.El reporte también destaca las intervenidas que Nueva EPS, con una tasa de 439,08 reclamos por cada 10.000 afiliados, no se ubica entre los primeros lugares, al ser superada por entidades como Sanitas, con 452,46; Sura, con 467,38; Salud Total, con 511,65; Compensar, con 512,01, y Capital Salud, con 582,50, lo que refuerza el carácter transversal del aumento de las quejas.Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud anunció un seguimiento estricto tanto a las EPS intervenidas como a las no intervenidas, con énfasis en su modelo de atención y en la respuesta a las PQRDS.
La temporada decembrina no termina hasta después del Día de Reyes. Sin embargo, para este enero de 2026 el calendario le cambió los planes a más de uno, pues el puente festivo no será el 6 de enero, sino el lunes 12 del mismo mes. Esto ocurrió porque el Día de Reyes cayó un martes y no fue festivo en su fecha tradicional.Por lo tanto, para quienes aprovecharán esta fecha para viajar y tomarse otro merecido descanso antes de regresar a sus labores diarias, es recomendable analizar los cuidados que se deben tener con la piel, especialmente si el plan incluye playa o piscina, así como por los cambios bruscos de clima.Según expertos, el cuidado cutáneo no inicia ni termina en las vacaciones, sino que requiere atención antes, durante y después del viaje. La dermatóloga María Camila Correcha Ferro advierte que una rutina adecuada puede evitar quemaduras, manchas y brotes que suelen aparecer tras un puente festivo prolongado.Preparar la piel antes de salir de viajeUno de los errores más frecuentes es no alistar la piel antes de viajar. La recomendación es iniciar los cuidados al menos una o dos semanas antes, con una rutina básica que incluya limpieza suave, buena hidratación y fotoprotección diaria.Entre los puntos clave están:Evitar iniciar productos nuevos o potencialmente irritantes.Suspender ácidos, retinoides y procedimientos estéticos.Usar protector solar incluso en la ciudad.Esto ayuda a reducir el riesgo de irritaciones o fotosensibilidad durante el viaje.Protección solar durante el puente festivo de eneroDurante el paseo, la protección solar se convierte en la prioridad. La experta recomienda usar protector solar FPS 50+ de amplio espectro y reaplicarlo cada dos horas, especialmente en playa o piscina.También es importante tener en cuenta:Evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.Usar gorra, gafas con filtro UV y ropa con protección.Secar bien la piel antes de reaplicar el bloqueador.No confiarse en productos resistentes al agua sin reaplicación.En pieles con melasma, rosácea o alta sensibilidad, los filtros minerales suelen ser una mejor opción.Cuidados básicos al regresar del viajeDespués del puente festivo, la piel suele mostrar signos de resequedad o irritación. En esta etapa es clave enfocarse en la recuperación:Usar cremas emolientes y reparadoras.Evitar exfoliaciones agresivas.Aplicar antioxidantes que ayuden a la regeneración.Mantener el uso diario de protector solar.Si aparecen quemaduras solares, se debe suspender la exposición, aplicar compresas frías y productos calmantes. Un cuidado oportuno permite que la piel se recupere mejor tras un viaje corto, pero intenso, como el puente del lunes 12 de enero de 2026.Puente de Reyes 2026: por qué no fue festivo el 6 de eneroEn 2026, el Día de Reyes cayó el martes 6 de enero, pero al no coincidir con un lunes, la Ley Emiliani trasladó el descanso al lunes 12 de enero, haciendo oficial esta fecha como día festivo.Es decir, los colombianos pueden disfrutar de un fin de semana largo que irá del sábado 10 al lunes 12 de enero, una situación que permite realizar viajes cortos, descansar en familia, ir a piscina, entre otros planes.Cabe recordar que, si un festivo nacional no cae lunes, este se traslada al lunes siguiente. Esta disposición aplica para la mayoría de celebraciones religiosas y cívicas, entre ellas el Día de Reyes. La idea de esta ley no es modificar el calendario, sino permitir que los colombianos tengan fines de semana más largos.Eso sí, no todos los festivos se acogen a la Ley Emiliani. Existen fechas que se mantienen fijas, sin importar el día en que caigan:Año Nuevo (1 de enero)Jueves SantoViernes SantoDía del Trabajo (1 de mayo)Día de la Independencia (20 de julio)Navidad (25 de diciembre)
La crisis del sistema de salud en Colombia continúa bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que hizo un llamado urgente a la Nueva EPS para que adopte un plan de contingencia inmediato que permita garantizar la atención oportuna e integral de sus usuarios, ante el incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio, especialmente relacionadas con la disponibilidad y entrega de medicamentos.Durante una mesa de seguimiento, el Ministerio Público solicitó a los funcionarios de la entidad avanzar en el modelo de ajuste estructural y en la formulación de alternativas que permitan solucionar los problemas asociados a la suficiencia y disponibilidad de los recursos.La Procuraduría también informó que adelanta acciones conjuntas para el manejo de los embargos que afectan a la EPS y para la atención de la población perteneciente a cohortes de alto costo, a partir de los hallazgos obtenidos en estos espacios de seguimiento.En ese sentido, la entidad fue enfática en solicitar la implementación de un plan de choque enfocado en la atención de pacientes de alto costo, críticos, personas con VIH y pacientes con enfermedades huérfanas, con el fin de evitar interrupciones en sus tratamientos y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.
La intervención de la Nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, lejos de aliviar la crisis, estaría profundizando los problemas de acceso a tratamientos vitales para miles de pacientes en Colombia. Así lo denunció Juan Manuel Montañez, paciente con hemofilia A severa, quien alertó sobre el riesgo inminente que enfrenta su vida debido a la falta de medicamentos indispensables para su condición.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Montañez explicó que padece una enfermedad crónica y de alto costo que lo obliga a depender completamente del suministro periódico del factor VIII, un medicamento que no se consigue en farmacias y que únicamente puede ser entregado a través del sistema de salud. La interrupción del tratamiento, incluso por pocos días, puede derivar en hemorragias internas espontáneas, daños articulares irreversibles e incluso la muerte.Según relató, desde el pasado 31 de diciembre dejó de recibir el medicamento luego de que la Nueva EPS notificara, sin previo aviso, a la IPS que lo atendía sobre la suspensión del servicio. Desde entonces, acumula casi diez días sin tratamiento, tiempo en el que ya ha comenzado a presentar sangrados internos y dolor severo en las articulaciones, señales de alerta propias de la progresión de la enfermedad.“El riesgo es total. Si me golpeo, me corto o presento una hemorragia interna, puedo morir. No es un dolor que se calme con un analgésico común, solo se controla con el factor VIII”, señaló Montañez, quien enfatizó que su caso no es aislado. De acuerdo con sus cifras, más de 4.200 pacientes con hemofilia en el país estarían enfrentando una situación similar tras la salida de dispensarios como Colsubsidio y la falta de pagos a prestadores.El paciente también cuestionó la falta de respuestas claras por parte de la Nueva EPS, que se limita a promesas de solución que no se materializan. A pesar de haber presentado derechos de petición y quejas ante la Superintendencia de Salud, el medicamento seguía sin llegar al momento de la entrevista.Montañez comparó la atención actual con la que recibía antes de la intervención de la EPS, asegurando que anteriormente el tratamiento se entregaba de manera preventiva y continua, incluso en el domicilio de los pacientes. Hoy, dice, la incertidumbre es constante y obliga a los afectados a recurrir a acciones legales para garantizar algo tan básico como seguir con vida.Finalmente, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que prioricen el enfoque humanitario por encima de las disputas administrativas o financieras. “La discusión de fondo es cuánto vale una vida. No se trata de política, se trata de personas que pueden morir o quedar con secuelas permanentes por no recibir un medicamento a tiempo”, concluyó.