Salud: actualidad en Colombia y el mundo

La crisis en la atención de pacientes afiliados a distintas EPS en Colombia vuelve a quedar en evidencia con el caso de doña Blanca Uribe, una mujer de 92 años que permanece hospitalizada desde hace más de un mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en Envigado, a la espera de un procedimiento urgente: el cambio de su marcapasos.Pese a que un juez falló a favor de la paciente mediante una acción de tutela, y a que se han interpuesto dos incidentes de desacato por incumplimiento, la Nueva EPS no ha autorizado el traslado ni el suministro del dispositivo necesario para la intervención. El caso, revelado en Mañanas Blu con Néstor Morales, expone nuevamente las demoras en la atención en salud y el incumplimiento de fallos judiciales por parte de entidades intervenidas.Un marcapasos sin vida útil y una salud en deterioroDe acuerdo con su hija, Mónica Restrepo, el marcapasos que le fue implantado a doña Blanca cumplió su vida útil tras diez años de funcionamiento. Desde agosto del año pasado comenzaron las gestiones para programar la revisión y eventual reemplazo del dispositivo, pero las citas fueron aplazadas reiteradamente.“Mi mamá necesita en este momento el cambio de marcapasos, ya que el que tiene llegó a su vida útil, la batería se agotó. Necesitamos que le cambien el marcapasos urgentemente”, afirmó Restrepo en entrevista radial.El 8 de enero, ante complicaciones asociadas a niveles bajos de sodio y potasio, la adulta mayor fue ingresada por urgencias. El 13 de enero, tras la revisión por parte de un electrofisiólogo, se determinó que el dispositivo debía ser reemplazado de inmediato. Sin embargo, el Hospital Manuel Uribe Ángel informó que no contaba con el marcapasos requerido, por lo que la Nueva EPS debía autorizar la remisión a otra clínica.Desde entonces, la familia asegura que no ha recibido respuesta formal. “Llevamos esperando ya casi dos meses que la remitan y no lo han hecho. La salud de mi mamá se ha deteriorado casi que en un 80%”, denunció su hija.Tutela, desacatos y arresto: sin solución de fondoAnte la falta de respuesta, la familia interpuso una acción de tutela el 23 de enero, la cual fue fallada a su favor. No obstante, según Restrepo, la orden judicial tampoco fue acatada.“Se había instaurado la tutela y no atendieron esa tutela. Se les hicieron dos desacatos a los cuales tampoco accedieron. No hubo ninguna respuesta”, aseguró.El juez del caso impuso sanciones que incluyen orden de arresto y multas contra funcionarios responsables por el incumplimiento. Sin embargo, la medida no ha derivado en la autorización del procedimiento. “No ha llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe. No se han pronunciado en ningún momento”, agregó.El caso pone en el centro del debate la efectividad de los mecanismos judiciales para garantizar el derecho fundamental a la salud, especialmente en el contexto de la intervención estatal a varias EPS y las dificultades financieras y administrativas que atraviesan.El deterioro clínico y el paso por UCIMientras se define la responsabilidad administrativa, la condición médica de doña Blanca continúa agravándose. Según su hija, la paciente presentó acumulación de líquidos en los pulmones y debió ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Incluso, denunció tensiones con uno de los médicos tratantes cuando solicitó exámenes adicionales ante el deterioro visible de su madre. “Yo le decía: por favor, doctor, ayúdeme, que necesito que le hagan una radiografía. Mi mamá debe estar llena de líquido. Él se enojó y me dijo que él era el que mandaba”, narró.Posteriormente, tras practicarse la radiografía, se confirmó la acumulación de líquidos y la paciente fue remitida a UCI durante dos días para recibir tratamiento.Crisis en la atención de la Nueva EPSEl caso de Blanca Uribe no es aislado. En medio del complejo panorama que enfrenta el sistema de salud colombiano, múltiples usuarios han denunciado demoras en autorizaciones, entrega de medicamentos y procedimientos especializados, particularmente en entidades intervenidas por el Gobierno nacional.La situación de la Nueva EPS ha sido objeto de seguimiento por parte de autoridades y medios de comunicación, en un contexto donde miles de pacientes reportan dificultades similares. “Nos sentimos abandonados por el Estado, por la Nueva EPS”, expresó Restrepo.Más allá de las sanciones judiciales, la familia insiste en que el objetivo principal es salvar la vida de la paciente. “Mi mamá se me está muriendo en una cama y yo no puedo hacer nada. Ya he hecho todo lo humanamente posible”, afirmó.El caso reabre el debate sobre la garantía efectiva del derecho a la salud en Colombia, la capacidad de respuesta de las EPS intervenidas y el cumplimiento de fallos judiciales en situaciones de urgencia médica. Mientras tanto, en una habitación del Hospital Manuel Uribe Ángel, una mujer de 92 años espera que llegue el marcapasos que podría estabilizar su corazón y devolverle una oportunidad de recuperación.

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