La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos 2024.El funcionario deberá responder por el delito de fraude procesal tras ser señalado de haber acreditado ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.De acuerdo con la investigación, "el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos. En ese sentido, obtuvo un beneficio indebido".El procesado no aceptó el cargo en su contra y, en diálogo con BLU Radio, afirmó que "jamás" presentó información que "no fuera cierta y verificable"."Jamás dije ser padre cabeza de familia en mi declaración, ni soltero. Solo manifesté la dependencia económica de mi hijo y el pago de sus estudios. Esto es un ataque de mis detractores de la dirección y asumiré con responsabilidad mi defensa", aseveró.
La intolerancia sigue cobrando vidas. En plena celebración de Nochebuena, una discusión terminó en tragedia en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.En medio de una discusión entre varias personas, en plena vía pública, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Jhon Jairo Ángulo, un ayudante de obra de 40 años, causándole la muerte.En el mismo hecho, una joven de 23 años y un niño de tan solo 7 años, que se encontraban en el lugar, resultaron heridos.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el agresor, quien fue capturado tras el hecho, disparó en varias ocasiones, causando la muerte de la víctima.“Se habría presentado una discusión entre varias personas que se encontraban departiendo, donde el hoy capturado dispara en varias ocasiones contra el hoy occiso. De forma colateral, una mujer de 23 años y un menor de 7 años resultaron con una herida en la pierna, quienes se encuentran fuera de peligro y recuperándose en un centro asistencial”, indicaron.Durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre en Cartagena se registraron dos muertes por riñas y se atendieron más de 25 casos.“Durante Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre se atendieron más de 300 llamadas a la línea de emergencia 123 por diferentes motivos. Entre ellas, 25 por riña y 11 por perturbación a la tranquilidad, reportando una disminución en estos comportamientos respecto al año anterior”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.Estas cifras, de acuerdo con la Policía, representan una reducción del 74 % en lesiones personales, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Los tradicionales carruajes con caballos quedarán prohibidos a partir del 29 de diciembre en Cartagena, joya turística de Colombia, informó el alcalde local el viernes.Conocida por su centro histórico amurallado y su arquitectura colonial, la ciudad caribeña tuvo por décadas como uno de sus símbolos los carruajes tirados por caballos para pasear turistas a lo largo de las calles empedradas. Pero activistas por los derechos de los animales han denunciado que estas jornadas provocan lesiones, estrés y colapsos por agotamiento en los animales."Bajo ninguna circunstancia permitiremos ninguna forma de maltrato animal", dijo el alcalde Dumek Turbay en X.El gobernante prohibió por decreto y "bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico" de esta ciudad de casi un millón de habitantes.Turbay también anunció que en Cartagena circulará un "primer lote de coches eléctricos", regulado por la alcaldía y con un tope máximo de 62 carrozas."NO habrá espacio para carruajes eléctricos 'piratas'", añadió.El gremio de cocheros ha manifestado su inconformidad, y cuestiona no haber sido tenido en cuenta para la implementación de la nueva medida.En el pasado el Congreso ha debatido sin éxito proyectos de ley para prohibir los vehículos de tracción animal, por considerarlo maltrato.En mayo de 2024 los legisladores prohibieron las corridas de toros a partir de 2027.
Con emoción fue recibido el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que dio a conocer que esta ciudad le apunta a la construcción de su propio a Movistar Arena, un escenario con el que se le apuntará a ingresar con fuerza a la industria del entretenimiento y atraer todo tipo de conciertos.El proyecto expuesto en medio de la rendición de cuentas adelantada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo muchos más aplausos al escuchar que su ubicación estratégica sería justo al lado del monumento de la Ventana de Campeones, presente en el sector turístico del Gran Malecón.El mandatario no entregó muchos detalles sobre cuándo iniciarán las obras de este escenario multipropósito, hasta ahora, con capacidad para 13.000 espectadores, pero especificó que será operado por el mismo equipo que administra el Movistar Arena en Bogotá, hoy sede de grandes eventos. Esta iniciativa va en relación con la gran apuesta de Barranquilla y su administración de la ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esas obras, de hecho, ya están en marcha según lo mostrado por el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.Muestra de ello es la noticia de que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, cita que venía trabajándose desde hace varios meses y generaría un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera."Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.
El escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, provocó el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares para proteger sus vidas en plena temporada de fin de año.Según información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y de autoridades locales, las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados.Ante este panorama, el NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia, a pesar de contar con recursos limitados, y pidió al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los grupos armados.“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.De acuerdo con datos de OCHA, durante 2025 al menos 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en varios municipios del Catatumbo, lo que representa el 53 % de la población de esta subregión.Las organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para acompañar a las familias que hoy enfrentan el desplazamiento forzado y la violencia, justo en una de las épocas más sensibles del año.
Desde este 25 de diciembre, entró en vigencia una de las modificaciones más esperadas del Código Sustantivo del Trabajo. La nueva normativa establece que el recargo nocturno, que anteriormente iniciaba a las 9:00 p. m., ahora se comprende entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Este ajuste implica que quienes cumplan sus funciones después de las siete de la noche tienen derecho a recibir un pago adicional por cada hora laborada bajo esta denominación.El cálculo del recargo nocturno es una de las dudas más frecuentes en las oficinas de recursos humanos y entre los trabajadores. Para entender cuánto debe recibir, primero es necesario identificar el valor de la hora ordinaria. Este rubro se determina dividiendo el salario mensual del trabajador entre el número de horas que labora al mes.Ejemplo práctico para el cálculo del recargo nocturnoPara efectos ilustrativos, si un empleado tiene un valor de hora ordinaria de $10.000, el cálculo del recargo se realiza aplicando un 35 % sobre ese monto:Hora ordinaria: $10.000Recargo del 35 %: $3.500Valor total de la hora: $13.500Sin embargo, existe una precisión legal importante sobre este resultado. Tratándose de la jornada laboral ordinaria, no es procedente sumar ambos valores para el pago final. Esto se debe a que la hora ordinaria ya está remunerada dentro del sueldo básico mensual del trabajador.En consecuencia, si el empleado cumple sus 8 horas diarias reglamentarias y estas coinciden con el horario nocturno, el empleador solo debe pagar el valor del recargo, es decir, los $3.500 adicionales por cada hora. Los $10.000 base ya están cubiertos en el contrato por el cual se le paga su salario mensual.Este reajuste impacta directamente el bolsillo de quienes laboran en sectores de servicios, seguridad y salud. Con la actualización de la ley, el valor de la hora nocturna en días hábiles pasó a promediar los $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban anteriormente bajo el esquema que iniciaba a las 9:00 p. m.El cambio también se extiende a los domingos y festivos. En estos días, el recargo también empieza a aplicar desde las 7:00 p. m., elevando el costo de la hora de $12.997 a $13.925. Este incremento de $1.547 por hora busca compensar el desgaste del trabajador en horarios no convencionales, alineándose con los estándares internacionales de trabajo decente.
La muerte de una menor de tan solo dos años ha generado profunda consternación y reavivó las alertas sobre los peligros que representan los cuerpos de agua sin medidas de protección, especialmente en zonas donde habita fauna considerada riesgosa. El caso, que involucra un ataque de pirañas, ha causado impacto por la corta edad de la víctima y por las condiciones en las que ocurrió el accidente.El hecho se registró en la ciudad de Coari, ubicada en el estado de Amazonas, Brasil. Allí, la pequeña, identificada como Clara Vitória, perdió la vida luego de caer accidentalmente a un río cercano a su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontraba caminando sola en una estructura flotante situada a la orilla del afluente, un lugar que no contaba con ningún tipo de barrera de seguridad para prevenir caídas.Según las autoridades, la menor cayó al agua a través de un orificio que hacía parte de una adecuación en curso, ya que en ese punto se planeaba construir un baño. El espacio no tenía protección alguna, lo que facilitó el accidente. Sus padres notaron que la niña no estaba en casa y, tras una rápida búsqueda, decidieron lanzarse al río al sospechar lo ocurrido.Minutos después lograron hallarla y sacarla del agua, pero Clara ya presentaba múltiples heridas provocadas por pirañas. Las lesiones más graves estaban concentradas en el cuello, lo que habría causado un desenlace fatal en cuestión de minutos, pese a los intentos por auxiliarla.El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Médico Legal para la respectiva necropsia, mientras que el caso quedó oficialmente registrado ante la policía local. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si existió negligencia relacionada con la falta de seguridad en la estructura donde ocurrió el accidente.Este tipo de hechos no es aislado en Brasil. En meses recientes, otro caso similar encendió las alarmas sobre los riesgos en zonas de recreación sin control. En esa ocasión, una niña de nueve años resultó gravemente herida tras ser atacada por pirañas mientras compartía un picnic con su madre a la orilla de un lago.
La Secretaría Distrital de Salud entregó un nuevo balance sobre las lesiones causadas por el uso de pólvora en Bogotá durante la temporada decembrina. Con corte a las 2:00 de la tarde de este jueves 25 de diciembre, 70 personas han resultado lesionadas en la capital, de las cuales 19 son menores de edad.De acuerdo con el informe oficial, durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre se registraron 16 nuevos casos. Este incremento rompe la estabilidad que se había mantenido entre el fin de semana y el martes, cuando el número de lesionados se sostuvo en 54 personas.Según el monitoreo realizado por la Secretaría de Salud a través de la plataforma Salud Data, la mayoría de los casos se concentraron en fechas clave de las celebraciones. En la noche de velitas, el 7 y 8 de diciembre, se reportaron 43 lesionados, mientras que durante la noche de Navidad se registraron los 16 nuevos casos que elevaron la cifra total a 70.El reporte detalla que 51 de las personas afectadas son adultos y 19 menores de edad. Además, las autoridades señalaron que 21 de los lesionados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor que continúa siendo recurrente en este tipo de emergencias.Por localidades, Engativá encabeza la lista con 12 casos, seguida de Bosa y Suba, cada una con ocho personas lesionadas. Usme regista seis casos, mientras que San Cristóbal y Kennedy reportan cinco casos cada una; Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén, cuatro; Fontibón y Los Mártires, tres; Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda, dos; y Teusaquillo y Antonio Nariño, un caso respectivamente.Aunque la cifra actual es considerablemente menor a la registrada el año pasado, cuando para esta misma fecha Bogotá reportaba 111 personas lesionadas por pólvora, las autoridades insisten en que cualquier caso es evitable y representa un riesgo grave para la salud pública.Desde la Secretaría Distrital de Salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para que quienes hayan sufrido algún tipo de lesión acudan de inmediato a los centros de salud, especialmente si se trata de menores de edad. La entidad recordó que la pólvora, en todas sus presentaciones, puede causar daños graves, mutilaciones y secuelas de por vida.En el mismo sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá respaldó el balance entregado por las autoridades distritales y volvió a insistir en la necesidad de evitar la manipulación de material pirotécnico durante las celebraciones de fin de año. Asimismo, hizo un llamado a denunciar la venta ilegal y el uso indebido de pólvora a través de los canales oficiales o en el CAI más cercano.
En Colombia, la tradición de que el apellido del padre preceda al de la madre dejó de ser una obligación legal. Con la entrada en vigencia de la Ley 2129 de 2021, los padres tienen la libertad de decidir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos al momento de inscribirlos en el Registro Civil de Nacimiento. Sin embargo, surge una duda frecuente: ¿qué sucede si los progenitores no se ponen de acuerdo?La normativa es clara al respecto. Según el artículo 2 de dicha ley, que modifica el Decreto 1260 de 1970, si no existe un consenso entre el padre y la madre, el funcionario encargado de llevar el registro civil, ya sea un registrador o un notario, deberá resolver la disputa mediante un sorteo. Este mecanismo garantiza que la decisión sea imparcial y no beneficie automáticamente a ninguna de las partes.El procedimiento del sorteo y excepciones para definir orden de los apellidosLa Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de reglamentar este sorteo. El proceso se realiza en el mismo sitio de la inscripción, evitando que el trámite del registro se dilate por falta de entendimiento familiar. Es importante destacar que esta regla aplica para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos y de parejas del mismo sexo.No obstante, existen escenarios específicos donde el orden se determina de otra manera:Hijos no reconocidos: si solo uno de los padres asiste a registrar al menor, el niño llevará los apellidos de ese progenitor.Decisión judicial: en casos donde la paternidad o maternidad es declarada por un juez, si no hay acuerdo, el apellido que irá primero será el de quien reconoció al menor inicialmente, seguido por el de la persona que perdió el proceso judicial.La ley también contempla beneficios para quienes ya están registrados. El parágrafo 2 establece que cualquier ciudadano, al cumplir la mayoría de edad, puede acudir a una notaría para modificar su nombre por una sola vez mediante escritura pública. Esto permite que el joven fije su identidad personal según su preferencia, pudiendo invertir el orden de sus apellidos si así lo desea.
La celebración de la Navidad en el Atlántico trajo consigo el reporte de cinco nuevos lesionados por el uso de pólvora, todos ocurridos en el municipio de Soledad y teniendo entre uno de sus afectados a un menor de 11 años.Así las cosas, la cifra total de lesionados durante diciembre asciende a 41 personas (10 menores de edad y 31 adultos), nueve casos más que los 32 reportados a la misma fecha del año anterior, según declaró la secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez.“Hacemos un llamado insistente a los padres de familia y adultos. El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol”, enfatizó Wehedeking, quien dijo que 21 de los adultos lesionados este año estaban bajo los efectos del alcohol.La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla, pese a que no hubo nuevos reportes durante la Nochebuena, a corte de las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.La titular de esta dependencia, Stephanie Araujo Blanco, decidió seguir con las campañas para la prevención del uso de la pólvora y la estricta vigilancia hacia los negocios que expenden licores, pólvora y alimentos en este fin de año.En la capital del Atlántico hubo un doble homicidio en el barrio La Sierrita, al parecer, por una posible venganza, y una tercera muerte tuvo lugar en Ponedera, hecho bajo investigación que según las autoridades no estuvo relacionado con las festividades navideñas.Sin embargo, la Policía en Barranquilla reportó nueve capturas por diferentes delitos, la incautación de 1 arma de fuego y el traslado de 89 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.Del mismo modo, se efectuaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos, al tiempo que fueron atendidas 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.En cuanto a la accidentalidad, se reportó un lamentable hecho en el municipio de Manatí el 24 de diciembre, donde un motociclista falleció tras colisionar con un semoviente; el acompañante resultó lesionado.Todas las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados negativos y se movilizaron un total de 29.101 vehículos por las vías del departamento, con un ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el impacto de las acciones preventivas. “Este balance es el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, pero sobre todo del compromiso de la ciudadanía, que entendió que celebrar también es cuidarnos entre todos”.
En una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, fue encontrado boca abajo el cuerpo sin vida de Natalia Castrillo Benjumea, mujer a la que sus familiares le perdieron el rastro desde el pasado sábado 20 de diciembre.Las investigaciones alrededor de este posible feminicidio se priorizaron desde este martes 23 de diciembre, cuando sus familiares y conocidos bloquearon la vía que de su población lleva hacia Valledupar para lograr la atención de las autoridades.Sin embargo, su hallazgo al parecer se dio gracias a la ayuda de un familiar del hombre con el que Natalia fue vista por última vez, precisamente de camino hacia Llerasca, aunque no había orden de captura en su contra por falta de pruebas.El cuerpo de la víctima fue llevado hacia Medicina Legal para determinar las formas de su fallecimiento, mientras que a la deriva quedarán sus hijos de 7 y 2 años, que por lo pronto se quedarán al cuidado de sus abuelos maternos.El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, rechazó de manera contundente lo ocurrido, pidió la mayor celeridad posible en las investigaciones y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“El alcalde Hernán Eduardo Baquero y la gestora social Claudina Díaz lamentan el fallecimiento de Natalia Castrillo. Rechazamos de manera contundente todo acto de violencia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, expresaron en un comunicado.“Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad”, agregaron.Otro casoPor otro lado, en pleno sector de Caracolí, en el corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, se registró un violento choque entre dos motocicletas que acabó con la vida de tres personas y dejó a una mujer herida, la cual hoy está bajo observación en un centro asistencial.El suceso ocurrió hacia la madrugada de este jueves 25 diciembre, sin embargo aún no se saben los detalles de cómo o qué ocasionó la tragedia en este sector.Solo una de las víctimas fatales alcanzó a ser identificada siendo su nombre Fair López, aunque conocido al igual bajo el apoyo de ‘Verruga’.El accidente coincide con otro siniestro vial, pero este en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, donde falleció Ovidio Enrique Cabrera Acuña cuando manejaba su motocicleta y se llevó por delante a un animal que se le atravesó en la vía.
Como una presunta venganza de la banda criminal Los Pepes es investigado hasta el momento el doble homicidio que se registró durante la noche de navidad en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.Justo en ese punto se encontraban departiendo en plena vía pública Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, cuando casi a medianoche fueron ultimados con arma de fuego por tres hombres desconocidos que los abordaron en dos motocicletas.Pese a que en medio de las indagaciones lideradas por agentes del CTI de la Fiscalía se conoció que ninguno de los occisos presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, sí aclaró la Policía Metropolitana que, al parecer, uno de ellos es señalado de participar en la muerte del hermano de alias 'Sombra', respetado integrante de la banda Los Pepes, grupo que hoy está en conversaciones con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de entablar una mesa de paz urbana de la que también harían parte Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.En dicha celebración, afirman reportes, estaban otras tres personas más que se salvaron de ser alcanzadas por las balas perpetradas.Mientras tanto, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, se reportó la muerte de Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, momentos en los que también departía en el barrio Centro del municipio de Ponedera.El principal sospechoso de su muerte es un adolescente de 17 años que, gracias a la descripción de la comunidad, fue aprehendido por las autoridades en ese municipio y puesto a disposición de la autoridad competente, la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Cantillo Ferrer alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y trasladado hasta la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.Vale la pena destacar que, durante los operativos de seguridad de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de la Nochebuena, fue capturado Victor Alfonso Muñoz Nuñez, requerido por la autoridad judicial por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el municipio de Soledad.“El procedimiento se desarrolló en el barrio Villa Estadio, donde uniformados de la Policía realizaban verificación de antecedentes a personas. Durante este proceso, fue identificado un sujeto de 40 años de edad, a quien, tras la consulta en el dispositivo tecnológico institucional, le figuraba una orden de captura vigente. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo es solicitado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado. Una vez confirmada la orden judicial, fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente”, informó la institución armada.
La cuenta regresiva ya está en marcha para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá lugar en Barranquilla, por lo que en esta ciudad comenzaron las obras para ampliar y modernizar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, actual casa del Junior y de la selección Colombia.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.El mandatario publicó un video en sus redes sociales diciendo que este será un escenario “de talla mundial”, teniendo en cuenta que las obras fueron adjudicadas esta semana por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.El ‘Metro’ tendrá una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED y un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.Aunque ya están en marchas estas remodelaciones, el recinto abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, el próximo 15 de enero, lo que fue descrito por Char como un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a los otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.