Tras la realización de una mesa de trabajo a la que asistieron los secretarios de Salud municipales y gerentes de hospitales de Galapa, Santo Tomás, Ponedera, Candelaria, Sabanalarga, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Soledad, la Gobernación del Atlántico declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en este territorio para atender las emergencias que se registren hasta el próximo 19 de febrero, en el marco de las festividades de Carnaval y precarnaval.Según el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, la orden entregada es que las IPS, tanto públicas como privadas, deberán actualizar sus planes de contingencia y reportar de forma inmediata intoxicaciones, lesiones, accidentes de tránsito y demás infortunios.“Revisamos los planes de contingencia de cada municipio y cada hospital, todo esto en aras de garantizar una atención oportuna a cualquier evento que se presente durante estas fiestas de carnestolendas. Los hospitales deben contar con todo el personal de urgencias perfectamente equipado, bancos de sangre, imagenología y transporte en ambulancia”, señaló el funcionario.Debido a la gran afluencia de asistentes esperada, especialmente en municipios como Santo Tomás, el gerente de la ESE del hospital local, Carlos Alberto Henríquez, informó que ya se adelanta la socialización de la información asistencial y la preparación del personal para atender posibles urgencias y emergencias durante este evento masivo.Desde Puerto Colombia, la secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez, aseguró que la red hospitalaria se encuentra activa y en articulación con el departamento. “Le estamos garantizando a propios y visitantes que tenemos la red hospitalaria activa para atender cualquier eventualidad que se presente”, indicó.La declaratoria de Alerta Amarilla coincide con el inicio de la Ruta de la Tradición, que contempla 15 eventos emblemáticos en diferentes puntos del Atlántico, por lo que se autorizó priorizar la vigilancia en municipios como Santo Tomás, Ponedera, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga, al ser los que más público congregan.La lupa de las autoridades también estará sobre citas como las corralejas, el Sirenato de la Cumbia en Puerto Colombia (del 29 al 31 de enero) y la Batalla de Flores de Santo Tomás, el próximo 7 de febrero.
Atemorizados están los habitantes del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, debido al triple homicidio que se registró en un barrio conocido como Altos del Progreso.Al parecer, los hechos fueron perpetrados por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada o Pachencas, de los cuales uno fue capturado y otro abatido, luego de protagonizar una balacera en su intento de escape. Por lo menos, así fue informado por el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar.“El 26 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, se presentó un hecho de homicidio múltiple en zona rural del municipio de San Alberto. De acuerdo con la información recolectada, este hecho habría dejado como resultado tres personas gravemente lesionadas. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas”, dijo el comandante en un comunicado de las autoridades.“Los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al corregimiento La Pedregosa, en jurisdicción de Norte de Santander. En este sector, unidades del grupo de operaciones especiales GOES, que adelantaba labor de control y verificación, sostuvieron un intercambio de disparos con los individuos, logrando como resultado un presunto delincuente neutralizado y otro capturado”, añadió.“Según información, los presuntos responsables harían parte del grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada”, también alcanzó a decir.La Policía rechazó de manera contundente estos hechos y afirmó estar comprometida con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Del mismo modo, abrieron sus canales institucionales para recibir información que permita el esclarecimiento de esta matanza.Hay que decir que, hasta el momento, solo dos de las víctimas fatales han sido identificadas plenamente. Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años, y Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27. Del tercer fallecido se ha mencionado que sería un supuesto habitante de calle.Asimismo, en la balacera quedó herida a Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, hoy bajo observación médica en el Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara.“Lamentamos profundamente que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro municipio. Uno de ellos era de nacionalidad venezolana y los otros dos eran hijos de nuestro pueblo. Al parecer, en el lugar se estaba presentando consumo de estupefacientes. Esto generó pánico no solo entre los jóvenes que lograron huir del sector, sino también en comunidades como Primero de Abril y Alto del Progreso”, fueron las palabras del alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz.
Nelson Javier Vasquez, quien recientemente renunció al cargo como agente interventor de Air-e tras estar seis meses en el cargo, no habría dejado la mejor de las impresiones por su gerencia en la empresa. La falta de inversiones, las caídas en los recaudos y el poco acompañamiento a varios proceso de la compañía se habrían convertido en una queja constante que solo terminó alentando su salida del puesto. El asunto es que ahora solo hay expectativa sobre quién llegará a liderar este proceso de intervención. Blu Radio conoció que todo apunta a que muy posiblemente sería alguien cercano al ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Al menos tres nombres se barajan entre las opciones, sin embargo, todavía no hay confirmación sobre quién arribará. Entre estos se encuentra la exviceministra Karen Shutt, quien recientemente renunció a su cargo como viceministra de Energía. Ella es una figura que conoce más que nadie la realidad de la compañía, siendo que en el pasado trabajó para Electricaribe. No obstante, también es probable que vaya como comisionada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras la renuncia presentada por Orlando Velandia. Otro de los nombres que se barajan es el de Miguel Varela, primo del diputado del Atlántico, Alfredo Varela, y quien se desempeñó como gerente de relaciones laborales cuando Palma Egea fue agente interventor de Air-e. Un tercer nombre que está en el sonajero es el de Germán Londoño, quien ocupó el cargo de jefe División de Ventas y Comercio de la empresa Air-e durante un breve periodo, cuando Palma también estuvo al frente del manejo de la compañía. Aunque su nombramiento generó incomodidades en algunos sectores, debido a su cercanía en el pasado con Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Solicitud del sindicatoAl respecto, desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico de Colombia, Sintraelecol, es importante que se configure una gerencia estable que ayude a mejorar el servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajira. Incluso, enviaron una propuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sean los trabajadores, a través del sindicato, quienes se encarguen del manejo de la compañía.
A pocos minutos de lo que había sido el inicio de la jornada laboral para un grupo de cinco personas en una de las bodegas ubicada dentro del centro logístico Stock Caribe, a las afueras de Barranquilla, un fuego repentino se expandió sin control entre icopor y plástico y dejó a estos trabajadores atrapados en el sitio.Los gritos de auxilio alertaron a los trabajadores de las bodegas contiguas, los cuales llamaron al cuerpo de bomberos mientras abrían un hueco en la pared para rescatar a los operarios atrapados. La misión afortunadamente se cumplió.En total fueron tres máquinas del cuerpo de Bomberos de Barranquilla y otras dos del municipio de Galapa las que trabajaron en el control de este incendio de grandes proporciones.El incendio, según la primera versión recibida por los Bomberos, se habría generado por un derrame de cloro, sustancia que si bien no es inflamable por sí misma, sí resulta en combustión al contacto con otro tipo de elementos.En el local había gran cantidad de icopor el cuál rápidamente quedó envuelto en llamas, ocasionando que el fuego alcanzara varios metros de altura y generara una espesa nube de humo, explicó el comandante de bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco."Ahí se quemaron rollos de papel, se quemaron arrume de icopor. Precisamente ahí en las afuera se ve una máquina que es la que procesa ese producto. En el sitio, por un derrame de cloro, según la información que tengo del oficial de servicio, se generó el incendio como tal, pero lo que se quemó fueron pilas de icopor que se encontraban almacenados, obviamente ya producto terminado para ser despachado", indicó Pacheco. En la emergencia no hubo personas heridas. Por el momento las autoridades aún están en la evaluación de los daños. Este es el segundo incendio estructural que se registra al interior de una empresa en el municipio de Galapa, en las últimas 24 horas.
En un reconocido hotel de Bucaramanga fue detenido un turista estadounidense, quien tenía una alerta por explotación sexual.De acuerdo con las autoridades de Migración Colombia, agencias homólogas habrían hecho el reporte y se había lanzado una alerta internacional para tener especial atención con este hombre.Blu Radio pudo conocer que la Policía de Santander recibió información acerca de la llegada del estadounidense a la capital santandereana y de inmediato se organizó un operativo para determinar los movimientos del hombre.Después de algunas indagaciones, se logró determinar el hotel en el que se había registrado. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía y funcionarios de Migración Colombia para realizar las labores de verificación de su identidad.Tras el operativo, los uniformados lograron confirmar la identidad del extranjero y de inmediato comenzó el proceso para cancelarle el permiso de turismo, razón por la cual el hombre deberá abandonar el país en las próximas horas.Cabe destacar que el cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.Gracias al apoyo del sistema Angel Watch, Migración Colombia detectó durante 2025 a 65 ciudadanos extranjeros con antecedentes por delitos contra menores de edad, quienes fueron inadmitidos, evitando su ingreso a Colombia.A través de un comunicado Migración Colombia anunció que “reforzará el apoyo en sistemas de información, alertas tempranas y la articulación con agencias nacionales e internacionales para el ejercicio eficaz del control migratorio y la protección de los niños, niñas y adolescentes”.
Este 2026 las altas cortes concentran la atención del Gobierno del presidente Gustavo Petro por varios temas de interés en manos de los altos tribunales, uno de ellos, el decreto del salario mínimo expedido en diciembre del año pasado y que generó controversia.En ese sentido, el Consejo de Estado decidió no dar por terminado el proceso de nulidad promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo, pese a que él mismo pidió retirar la demanda tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.El alto tribunal explicó en un auto conocido por este medio que al tratarse de una acción de simple nulidad, el demandante no puede desistir libremente de las pretensiones, ya que este tipo de procesos tienen un carácter público y buscan proteger el ordenamiento jurídico, más allá del interés particular de quien los presenta.Además, el Consejo de Estado señaló que la solicitud de retiro y desistimiento no obedecía a una manifestación libre y espontánea, sino que estaba mediada por presuntas presiones y actos de intimidación derivados de la exposición pública del caso.“Es deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar cualquier acto que resulte contrario a la dignidad de la justicia. En el presente caso, dicha dignidad se ve gravemente comprometida por la coerción ejercida por quienes discrepan de la postura jurídica del demandante”, señaló el Consejo de Estado.Por las mismas razones, el Consejo de Estado también negó la petición de renunciar a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, al considerar que dicha decisión estaba igualmente influenciada por el clima de hostilidad denunciado por el actor.Esto en la práctica significa que este proceso seguirá vivo y el Consejo de Estado deberá determinar si suspende o no provisionalmente el decreto del salario mínimo.
La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación penal contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, mencionada en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares en octubre de 2010. El caso se está desarrollando por presuntas conductas relacionadas con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, derivadas de un supuesto entramado de facturación falsa y evasión tributaria.De acuerdo con el expediente judicial, Moreno habría utilizado varias empresas como fachada para expedir facturas por servicios inexistentes, una práctica que, según el ente acusador, hacía parte de una estructura de defraudación tributaria que operó entre 2006 y 2009. La investigación lo vincula a un esquema liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida por el alias La Patrona, que buscaba reducir de manera fraudulenta la base gravable de múltiples compañías en Colombia. En ese contexto, la Fiscalía señala que la empresa Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos. Por estos hechos, el principal delito que se analiza es el de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito. En una audiencia reciente, previa a una eventual imputación, Jorge Moreno no compareció por problemas de salud. Durante la diligencia, su abogado defensor, Héctor Escobar, propuso una salida alternativa al proceso penal, solicitando explorar acuerdos administrativos y económicos que permitan resolver el caso sin una imputación inmediata.“En este momento hay gente que está trabajando para hacer un borrador de proposición para usted para la solución del caso y no tiene que existir una imputación”, manifestó el defensor, al explicar que la empresa de Moreno mantiene acuerdos vigentes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), reconocida como víctima en el proceso, así como con entidades bancarias por obligaciones financieras.Escobar advirtió que una imputación en este momento tendría consecuencias económicas inmediatas. “Si la imputación se produce hoy, sale el titular de prensa de que fue imputado Jorge Moreno, el papá de Laura Moreno, y automáticamente un banco va a ejecutar las obligaciones que tiene”, sostuvo. Según la defensa, ese escenario “va a acabar con esa empresa, con el empleo de más de 200 familias y además con que la Dian ya no va a recibir dinero del acuerdo que han hecho hacia 2030 para el pago de temas tributarios”.El abogado insistió en que avanzar con la imputación podría generar un doble perjuicio para el Estado. “La Fiscalía, antes que contribuir a un restablecimiento de derechos para las víctimas, lo que está generando es un doble perjuicio”, afirmó, al señalar que, en su criterio, la Dian terminaría sin posibilidad real de recuperar los recursos adeudados.En esa misma línea, Escobar reiteró que Moreno se encuentra acogido a mecanismos legales de insolvencia y cumpliendo sus compromisos. “Tiene un acuerdo con la Dian. Está cumpliendo con ese acuerdo. Tiene un acuerdo con la banca. Lo está cumpliendo, pero la imputación materialmente va a convertir a la Dian en una víctima doble porque al final no va a poder recuperar ni un solo peso”, argumentó.Pese a la propuesta de la defensa, el fiscal del caso dejó clara su posición frente a la solicitud, pues señaló que la imputación es un paso inevitable dentro del proceso penal. “Para mí sí es importante que usted sepa, doctor Héctor, desde ahora que la imputación es un requisito sine qua non”, afirmó el funcionario, al precisar que no es posible optar por una salida distinta sin que se formule imputación.El fiscal agregó que esperará a que, después del 6 de febrero, la defensa informe si Jorge Moreno se encuentra en condiciones de salud adecuadas para comparecer. “Esperaría que después del 6 de febrero usted nos diga si el señor ya está en buenas condiciones”.Por ahora, no se ha definido si las partes accederán a estudiar un acuerdo en los términos planteados por la defensa. Mientras tanto, el proceso continúa y la imputación sigue siendo, según el propio ente acusador, el paso necesario para definir el rumbo judicial del caso.
Un operativo de control vial terminó en una persecución policial y un fuerte accidente que dejó al descubierto un cargamento de 744 kilogramos de marihuana en carreteras del Valle del Cauca. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en uno de los principales corredores del departamento.Los hechos ocurrieron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta. Lejos de atender la orden, el sujeto aceleró el vehículo e intentó evadir el control, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las autoridades.Minutos después, a la altura de la entrada a la vereda Cumba, el conductor perdió el control del automotor y terminó colisionando contra un árbol. Tras el choque, descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.Durante la inspección del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron varios paquetes de distintos tamaños que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y características, correspondía a marihuana. De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento cubría la ruta Corinto–Medellín y estaría vinculado a redes de tráfico de estupefacientes que utilizan las vías nacionales para el transporte de droga.“Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 744 kilogramos de marihuana que eran transportados ilegalmente por la ruta Corinto–Medellín”, indicó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo y el cargamento quedaron bajo custodia judicial. Las autoridades señalaron que este resultado representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en los corredores viales del suroccidente del país.
La exdirectora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, le respondió a José Félix Lafaurie, quien en una carta denunció presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata del partido a la Presidencia.En ese proceso fue elegida Paloma Valencia, por encima de María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, y de la senadora Paola Holguín. En la misiva, Lafaurie señala que Nubia Stella Martínez habría dicho que Paloma Valencia era la ganadora del proceso antes de que se conocieran los resultados.“También conviene informarte de una reunión de Nubia Stella con el médico Luis Escaf en Barranquilla, el jueves 11, en la que ella daba como ganadora a Paloma. ¿Cómo lo sabía? Habrá que preguntarle”, dice Lafaurie.Martínez asegura que Lafaurie y Cabal no son sus enemigos, pero que desde hace algunos años han cuestionado diferentes decisiones del partido.“Encuentro imperdonable su comportamiento con el Partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático. Fue un proceso transparente adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria. Ellos conocieron y aceptaron cada regla una a una. Se contrató la auditoría del 100 % de las encuestas. Todo se discutía con los compromisarios y el Dr. Lafaurie era el de la senadora Cabal. No obstante, mantuvieron en público información imprecisa y malintencionada”, dijo Martínez.Además, agregó que, según ella, a Lafaurie y Cabal solo les servía el resultado si eran ganadores. “Los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo. Hoy sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del Partido”, dice la carta de la exdirectora del partido.
A Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, su asesino lo llegó buscando a su casa en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. El joven estaba al interior de su vivienda cuando el sicario se acercó hasta la puerta y lo llamó varias veces por su nombre, hasta que al verlo le dio un disparo que le entró por un costado del pecho.Nelson alcanzó a ser llevado al hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, pero allí dio su último respiro mientras médicos hacían lo imposible para salvarlo.Allegados a la víctima contaron a las autoridades que el joven, quien se ganaba la vida como albañil trabajando como ayudante de su papá, había sido amenazado semanas atrás por presuntos miembros de la banda Los Costeños, quienes le exigían que colaborara con ellos en la estructura criminal, realizando cobros de extorsiones y la venta de estupefacientes.Pese a su resistencia a vincularse con la actividad criminal, los delincuentes no cesaron en las intimidaciones hasta acabar con su vida.Otros casos En el barrio, suroccidente de Barranquilla un joven de 19 años fue asesinado mientras se encontraba visitando a su novia.La víctima es Anthony De Jesús Frías Pérez, quien fue baleado de cinco tiros cuando se encontraba en la terraza de una casa hablando con su joven pareja. Posteriormente fue llevado hasta el P.A.S.O El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.
El pasado fin de semana, Oscar Arévalo y Juan Diego Arévalo, padre e hijo, murieron tras la detonación de un explosivo del ELN mientras se movilizaba por zona rural de Pailitas, Cesar, exactamente en la vereda La Paz. De acuerdo con las autoridades, este ataque del ELN, presuntamente, tenía como blanco original a la Fuerza Pública.Las víctimas eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander, pero poseían una propiedad ganadera en la zona desde hace más de 15 años. Al momento de la explosión, se desplazaban hacia su finca para realizar labores de supervisión durante el fin de semana.El alcalde del municipio, Alexander Toro, entregó declaraciones clave sobre los detalles del ataque y la identidad de las víctimas en Blu radio."Lamentamos la situación que aconteció el día sábado en horas de la noche, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley. Tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia hacia su finca a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio donde venían con frecuencia", indicó Toro. El "error" en el blanco terroristaAunque se presume que el objetivo era la Fuerza Pública, el alcalde aclaró que no había uniformados cerca en ese momento."Fuerza pública no había por ahí en esos momentos no sé por qué pasó esa situación, no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación", informó el mandatario. A pesar de que no había patrullas del Ejército o la policía en el sector al momento del estallido, el alcalde Toro señaló que la zona es objeto de patrullajes frecuentes ,debido a la presencia de infraestructura del poliducto Galán, donde se suelen cometer extracciones ilícitas de combustible. Se presume que los atacantes detonaron la carga por una confusión, debido a la oscuridad de la noche, pensando que se trataba de un vehículo oficial."Eso no es un hecho de desconocerse aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo. Entre los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo",aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Cartagena de Indias se alista para despedir a Salvo Basile, el italiano más cartagenero que algún día bromeó en vida con ser enterrado en la isla del Pirata, ubicada en la Isla del Rosario, con una pepa de mango entre las piernas en una ceremonia muy íntima y privada. Para esto, la familia comunicó que a partir de las 8:00 de la mañana iniciará la velación en la sala número 4 de Jardínes de Cartagena. De acuerdo con la información entregada, hacia las 4:00 de la tarde será realizada la ceremonia de exequias, mientras que el servicio de inhumación será en el cementerio Jardínes de Cartagena a las 4:30 de la tarde. Este actor y gestor cultural que falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero, a los 85 años, generó un profundo vínculo con esta ciudad que adoptó como hogar. Incluso tan cartagenero se volvió que en algún momento intentó ser concejal de esta ciudad. Todo como parte de un amor y un agradecimiento que en vida siempre Salvo profesó por el país.Se sabe que en vida pidió que fuera una ceremonia muy íntima y discreta, tal y como lo pidió en varias ocasiones a través de diferentes entrevistas que entregó. Como parte de los homenajes póstumos, Cartagena le rendirá un tributo especial en el marco de la versión 65 del Festival de Cine, el cual se desarrollará entre el 14 y 19 de abril. Precisamente, fue Salvo quien impulsó por muchos años el desarrollo cinematográfico para esta ciudad siendo una de las caras visibles del festival, liderando procesos de desarrollo de pensamiento crítico y transformación social a través del cine.
Como Yosman Herazo fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la Policía en Córdoba, luego de protagonizar una persecución en su contra por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental, Yuliana Martínez.De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, ambos habrían tenido una discusión, al parecer, por el proceso de separación que estaban adelantando, por lo que el hombre optó por degollarla en una vivienda del barrio San José, en el municipio cordobés de Sahagún.El hombre, relata la Policía de esa jurisdicción, se dio a la huida en un Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, con rumbo hacia el departamento de Sucre, donde luego fue interceptado mediante un plan candado de las autoridades, que también buscaban proteger la vida de su hija de tres años, a quien aparentemente obligó a marcharse con él.El alcalde de Sahagún, Jairo Andrés Balmaceda, rechazó lo sucedido por medio de un comunicado en sus redes sociales y envió sus condolencias a los familiares.“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo en un video el mandatario.“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el Gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se ha logrado la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, se escribió allí.El hombre capturado se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta su judicialización por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de una menor de edad.Mientras tanto, la niña de solo tres años recibió valoración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y luego fue entregada a sus familiares.
La zozobra en la que se encuentran los habitantes del suroccidente de Barranquilla, a causa de las amenazas que los obligaron a quitar las publicidades políticas que tenían en las fachadas de sus casas, al parecer no vendría de bandas criminales, sino de grupos políticos, según la más reciente denuncia de Estefanel Gutiérrez, exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.El aspirante aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.“Hay unos indicios muy claros por las formas y los mensajes que también me han llegado personalmente. Les molesta el discurso y que digamos lo que estamos haciendo, que llevemos un mensaje a Barranquilla. En muchos de ellos me dicen ‘negro vendido’, me quieren obligar a que yo piense distinto”, dijo a Blu Radio.Del mismo modo, indicó que ya elevó el clamor ante la Policía para garantizar la seguridad, tanto suya como de la comunidad.“El mensaje es claro para todas las autoridades. Le hemos pedido acompañamiento a la Policía, a las autoridades locales y nacionales para que brinden todas las garantías. Estamos frente a una de las decisiones más importantes de nuestro país. Se toma el próximo 8 de marzo. Necesitamos que brinden las garantías; no se pueden volver a repetir episodios de violencia en los que el Estado no pudo ni siquiera garantizar la seguridad a un senador de la República, como Miguel Uribe Turbay. Hay que dejar que la gente vote libremente, que escuche las propuestas y decida a quién va a acompañar”, agregó.Cabe recordar que las amenazas mencionadas en Barranquilla tomaron relevancia este fin de semana, cuando residentes de barrios como La Manga, Me Quejo y Las Malvinas, entre muchos otros, escucharon audios en los que eran declarados objetivo militar por tener en las fachadas de sus viviendas publicidad política.Según los involucrados, la única forma de mantenerlas era mediante el pago de dos millones de pesos como “multa” o, de lo contrario, matarían “hasta al más pequeño de sus casas”.
En las profundidades de la bahía de Cartagena, frente a Bocagrande y muy cerca de Tierra Bomba, un equipo especializado de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) y arqueólogos del Instituto de Patrimonio, descubrió lo que hoy se considera uno de los hallazgos submarinos más importantes en la historia de Colombia: el fuerte de San Matías, un castillo colonial sumergido durante siglos.El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de buzos profesionales y expertos en hidrografía, quienes utilizaron tecnología de última generación como sensores de escaneo submarino y ondas de sonido para crear imágenes tridimensionales del fondo marino. Una de esas imágenes, con una forma idéntica a otros fuertes coloniales como El Pastelillo y Santa Cruz, encendió la sospecha de que bajo las aguas podía esconderse algo más que simples piedras.“Cuando vimos la forma, dijimos: esto es un castillo”, relató Richard Guzmán Martínez, hidrógrafo formado en la Escuela Naval de Oficiales de Cartagena y uno de los principales investigadores de la expedición, en diálogo con Los Informantes. Fue él, junto a su equipo, quien lideró el hallazgo tras años de especulación sobre las ruinas de fortificaciones perdidas en la bahía.San Matías fue construido como parte del complejo sistema defensivo de Cartagena de Indias, considerado uno de los más imponentes del Caribe junto con el de La Habana. Este sistema incluía murallas, escolleras y fortificaciones diseñadas para repeler ataques de corsarios y piratas que codiciaban la ciudad como punto estratégico de comercio, tráfico de esclavos y resguardo de embarcaciones.Las primeras pistas surgieron cuando se identificaron formaciones rocosas inusuales bajo el agua, en un área donde antiguamente se encontraba una escollera diseñada por el ingeniero español Antonio de Arévalo. Inicialmente se pensó que se trataba de restos de esa estructura, pero la forma simétrica y las evidencias posteriores confirmaron que se trataba del fuerte San Matías.El castillo, sumergido a solo seis metros de profundidad, está sorprendentemente bien conservado. Se ha convertido en un arrecife coralino repleto de vida marina, desde peces de colores hasta cangrejos y pulpos. Su interior, aunque oscuro y con visibilidad limitada, revela garitas, paredes de más de dos metros y la antigua plaza de armas, aún reconocible por su superficie arenosa libre de piedras.La capitán de corbeta Maritza Moreno, buzo profesional y oficial de la Armada oriunda de Yopal, Casanare, fue una de las primeras en ver el fuerte con sus propios ojos. “Fue una sensación muy bonita. Aunque al principio la visibilidad era baja, al bajar y encontrarnos con las escolleras y la fauna marina, nos dimos cuenta de que estábamos frente a un ecosistema vivo que llevaba siglos allí”, expresó.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Concejo de Santa Marta y de la Policía Metropolitana, tras los hechos ocurridos el pasado 23 de abril, cuando uniformados ingresaron a la sede de la corporación para retirar al concejal Miguel Martínez Olano.La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena explicó que la actuación busca esclarecer lo ocurrido durante la sesión del Concejo Distrital, luego de que el cabildante se negara a acatar la orden de desalojo impartida por el presidente de la corporación, Pedro Gómez.Según el Ministerio Público, en medio del procedimiento “se advierte el uso de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública”, y será materia de análisis si esta se aplicó de forma excesiva.La indagación pretende identificar a los servidores públicos involucrados en la confrontación, con el fin de individualizarlos y evaluar la procedencia de una eventual investigación disciplinaria en su contra.Por ahora, la Procuraduría no ha formulado cargos, pero recaba pruebas para determinar si hubo vulneración de derechos o abuso de autoridad durante la intervención policial.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, señaló que hasta el momento no hay certeza del pago que debe hacer el Gobierno Nacional por la deuda de 1.5 billones de pesos que mantiene la empresa Air-e con las generadoras, colocando en riesgo a la Costa de sufrir un apagón.El mismo Castañeda apuntó que fue convocado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, para unas reuniones con los acreedores, los gremios, el superintendente y el Ministerio de Hacienda con el fin de buscar una salida. Sin embargo, hasta ahora eso no ha sido posible.“Cuando ya las deudas siguen acumulándose y no hay una estrategia ni un plan por parte de la Superintendencia, el llamado del Gobierno nacional debe ser reunirnos. El mismo ministro Edwin Palma anunció unas reuniones con los acreedores, con los gremios y obviamente con el Ministerio de Hacienda para buscar la salida a esta situación”, dijo inicialmente.“El problema es que, como lo mencionaba anteriormente, nosotros lo que estamos haciendo es ir al sector financiero para que nos preste recursos y podamos seguir comprando combustibles. Lo que está pasando es que los bancos ya están preguntando sí el Gobierno va a pagar, pues la deuda crece. No hay respuesta ni acuerdos de pago que era lo establecido por ejemplo con las deudas del mes de octubre. Es urgente que haya certeza y un esquema de la cancelación de los compromisos”, agregó.Castañeda recalcó que, por hechos como estos, la desconfianza en el mercado aumenta y una prueba es el anuncio de Shell de vender sus activos en Colombia y terminar su sociedad con Ecopetrol.El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) reiteró en que, si no se cambian las políticas petroleras y gasíferas en el país, no van a fluir los recursos necesarios para mover energéticamente a Colombia, con todos los riesgos que esto representa para la economía nacional.
Familias numerosas viviendo en pequeños cambuches a la orilla de las carreteras principales de La Mojana evidencian la grave crisis humanitaria en la que sigue sumergida esta subregión por cuenta de las inundaciones, las cuales obligan a la comunidad a abandonar sus casas en busca de alguna zona seca donde mantenerse a salvo.Bajo estas condiciones vive Nubia Pérez, una campesina que hace tres meses debió instalarse junto a ocho miembros de su familia en un solo cambuche a un costado de la vía San Marcos - Majagual, a la altura del corregimiento La Sierpe, porque las aguas del río Cauca que siguen ingresando por el boquete de Caregato inundó su casa, enseres y cultivos.Reconoce que es horrible estar en un cambuche, pero afirma que es la única solución que ha tenido las incontables veces en las que se ha inundado en los últimos cuatro años.“Es muy horrible vivir en la carretera, pero me ha tocado porque nuestras casas están inundadas y no podemos habitarlas. Yo quisiera que mi casa estuviera bien, allá estuviera, pero no se puede. Le doy gracias a Dios que en este momento hay esta solución y aquí estamos”, apuntó.Además de la sedimentación y contaminación que está provocando el ingreso del río Cauca por Caregato, ahora la comunidad también padece por el acecho de animales peligrosos, como culebras venenosas que se están adentrando en las casas, en busca de un lugar seco donde refugiarse de las inundaciones.La comunidad insiste en que el Gobierno debe cerrar el boquete de Caregato y que, además, se requiere un trabajo coordinado con las alcaldías municipales para brindar una atención oportuna y más eficaz a esta grave emergencia.
Una pareja conformada por hombre y una mujer, de 37 y 24 años años, respectivamente, fueron capturados en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a España con más de cuatro kilos de cocaína.De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, actividades de vigilancia y perfilamiento de pasajeros permitieron detectar a la pareja que tenía escondidas las cuatro láminas de estupefacientes en dos maletas.“Nuevamente la Policía Nacional, gracias a sus controles en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena, capturan a dos personas oriundas del departamento de Santander, los cuales, en dos maletas, pretendían engañar los controles y sacar del país en unas maletas de doble fondo hacia España dos kilos de cocaína cada uno en dos maletas, para un total de cuatro kilos de cocaína”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.El oficial también señaló que se investiga si estas personas ya habían realizado este tipo de prácticas, pues al hombre le registra un viaje a Brasil.“Estas personas son capturadas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía por el tráfico de estupefacientes. En este momento están enfrentando las respectivas audiencias para la legalización de su captura y definir su situación jurídica”, agregó.Según la Policía, con este este resultado se logra evitar la comercialización de más de 10.000 dosis de cocaína, que está avaluada en 156.000 dólares, unos 560 millones de pesos en el mercado internacional.
En poder de las autoridades competentes ya están los tres presuntos responsables del atentado en el que, este fin de semana, perdieron la vida los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, cuando estaban en la terraza de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Plinio Cedeño, luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar la seguridad en la población.“Gracias a Dios y a la acción inmediata por parte de la Policía Nacional y por la institucionalidad de Puerto Colombia, se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades pertinentes tienen los elementos materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, dijo inicialmente el mandatario.“Queremos enviarle un parte de tranquilidad que junto a las autoridades aquí presentes continuamos trabajando de manera ardua, de manera permanente para que prevalezca la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos porteños. Estén tranquilos que seguimos trabajando de manera ordenada y articulada con todas las fuerzas para la tranquilidad de todas las familias”, agregó Cedeño.Los capturados fueron ubicados, según conoció Blu Radio, en el sector invasivo de Villa Caracas. Sin embargo, aún la Policía no ha revelado sus identidades.Sobre estos hechos se analiza la hipótesis de que al parecer estarían relacionados con la reciente muerte de otro hombre en Puerto Colombia identificado como Javier Carrillo Mieles. No obstante, los investigadores no quieren descartar otras líneas de indagación.La Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que en 2025 se lograron 251 capturas, siendo 238 de ellas en flagrancia y 8 relacionadas con el delito de homicidio. Además, 34 armas de fuego quedaron en poder de las autoridades.
Este martes 27 de enero, la JEP llevará a cabo la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón ‘La Popa’.Según la acusación, estos hechos dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.La diligencia, que se realizará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, será clave para definir el curso del proceso, pues el tribunal deberá establecer si Figueroa mantiene su negativa frente a los cargos o si decide aceptar responsabilidad.No obstante, en los días previos a la audiencia, la defensa del excomandante remitió un escrito a la JEP en el que manifestó la disposición del compareciente de aceptar responsabilidad.En el documento, María Paulina Gómez, abogada del exoficial, sostiene que su inasistencia a diligencias anteriores no obedeció a falta de voluntad, sino a que se encontraba fuera del país y no tuvo conocimiento oportuno de las citaciones.“En aquel escrito informé que el coronel Figueroa Suárez se encontraba fuera del país y que, precisamente por esa razón, no tuvo conocimiento de las citaciones anteriores”, indicó la abogada del exoficial, María Paulina Gómez, en un documento enviado a la JEP.La defensa también aseguró que Figueroa Suárez está dispuesto a suministrar información “exhaustiva, veraz y útil” y a “reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reiterando su voluntad de colaborar con el proceso de justicia transicional y con las víctimas.La audiencia preparatoria permitirá a los magistrados definir el conjunto de pruebas que serán debatidas, la participación de las víctimas y el calendario de las siguientes sesiones. Además, se evaluará el alcance procesal de la manifestación presentada por la defensa y si esta tiene efectos inmediatos dentro del trámite.Este proceso contra Figueroa hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos. Por estos mismos hechos, la JEP ya impuso una sanción de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que reconocieron responsabilidad y condenó a 20 años de prisión al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue antecesor de Figueroa en el mando de la unidad y negó su participación en los crímenes.
Una insólita situación se vivió este lunes 26 de enero en Barranquilla, previo a que decenas de usuarios de la Nueva EPS se encontraran para desarrollar una manifestación a las afueras de una de las sedes de la entidad. A pesar que, durante el fin de semana habían coordinado su salida a la calle, finalmente ninguno de los líderes pudo seguir con el proceso, pues gran parte de ellos y de los asistentes amanecieron con problemas de salud. "Hablé con mis compañeros y unos están de urgencia. Yo estoy en la cama sin aliento para hablar y otros compañeros dijeron sentirse demasiado débiles", contó una de las líderes a Blu Radio. De acuerdo con ella, esto se debe al retraso en la entrega de medicamentos, lo que los tiene afectados desde hace cinco meses, pero con el agravante de que hace un mes no tienen dispensario en el cual reclamar sus medicinas en Barranquilla ni en ningún municipio del Atlántico. "Los pacientes que requerimos medicamentos por tener enfermedades de alto riesgo tenemos llenas las urgencias. Nos estamos descompensando hasta por falta de pastillas para la presión, es inhumano lo que nos están haciendo", contó Andrés Meza, otro paciente afectado por esta crisis. La protesta, que quedó postergada, aún no tiene fecha de realización, sin embargo, los usuarios alertan que esto es efecto de la crisis que golpea especialmente a pacientes con cáncer, a los transplantados y a quienes tienen enfermedades de alto riesgo.
Santa Marta volvió a llenarse de uniformes, bolsos escolares y filas a la entrada de los colegios. Este lunes, más de 90 mil estudiantes regresaron a clases en las 182 sedes oficiales del Distrito, dando inicio al calendario académico 2026 en medio de un dispositivo especial de seguridad y con una novedad clave: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) empezó a operar desde el primer día.La secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz, aseguró que la jornada arrancó sin contratiempos y resaltó que este año la instrucción fue no esperar semanas para poner en marcha el Plan de Alimentación Escolar que supera una inversión de 56.000 millones de pesos.“La directriz de nuestro alcalde Carlos Pinedo ha sido clara de mejorar la calidad educativa, y garantizar la alimentación escolar es parte de poder brindarles a nuestros niños y jovenes mayores garantías para aprender y permanecer en el colegio, ”, explicó la funcionaria, al destacar que el objetivo es que los estudiantes encuentren en los colegios un entorno más seguro y con garantías básicas desde el inicio del año escolar.El regreso a clases estuvo acompañado por un despliegue de más de 200 policías en los alrededores de los colegios, como parte del plan de seguridad “Regreso a Clases”, articulado entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía. Uniformados de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Gaula y otros grupos especializados realizaron controles antes, durante y después de la jornada para prevenir delitos, riñas, consumo de sustancias y situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Las autoridades insistieron además en recomendaciones básicas para padres y estudiantes: acompañar los recorridos, no aceptar ayuda de desconocidos, cuidar la información que se comparte en redes y mantener una comunicación cercana en casa.Sin embargo, no todo es tranquilidad. En instituciones como el colegio San Fernando, sede San Jorge, la comunidad educativa prendió las alarmas: llevan tres meses sin servicio de agua, lo que pone en riesgo la higiene, el funcionamiento de los baños y, en últimas, el normal desarrollo del calendario académico si no se soluciona en el corto plazo. Blu Radio se comunicó con la Empresa de Servicios Públicos Essmar, pero no entregaron declaraciones sobre esta situación.Entretanto, muchos padres de familia recibieron el regreso a clases con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperan que 2026 sea un año más estable, sin la cadena de paros de maestros y suspensiones que, año tras año, terminan afectando el aprendizaje de los estudiantes.Santa Marta empieza un nuevo año escolar con salones llenos, vigilancia reforzada y la promesa institucional de garantizar alimentación y seguridad. El reto será que esas garantías se mantengan durante todo el calendario y que problemas como la falta de agua no terminen pasando la cuenta de cobro a miles de niños y jóvenes del Distrito.
Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia. Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público. "La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado. En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación. "La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad. NombramientoRafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes. Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo. Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado. Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.