En 3.700 pesos quedaría el pasaje de bus en el área metropolitana de Barranquilla para los días ordinarios y 3.800 para domingos y festivos, si la autoridad de transporte accede a la propuesta que presentaron las empresas transportadoras de subirle 400 pesos al valor actual del pasaje.Todavía no hay decisión de cuánto será el incremento, pero la sola idea ya preocupa a los usuarios."Imagínate, serían 7.400 pesos diarios para los que toman dos buses al día, pero en mi caso es todavía más, porque yo vivo en un municipio cerca de Barranquilla, que es Galapa, y entonces son cuatro pasajes diarios, o sea, ¿dónde quedará ese beneficio del aumento del salario mínimo si solamente en transporte se nos va una parte?", expresó Juan Trujillo, usuario."No encuentro realmente beneficio en cuanto a subir el salario, si sube el tema de la canasta familiar y sube el transporte, que es el el el diario vivir", cuestionó también Carlos Miranda, usuario en Barranquilla.Y es que en principio los transportadores y el Área Metropolitana de Barranquilla habían acordado un aumento de 200 pesos en los pasajes de bus a partir del primero de enero, pero una vez se conoció el incremento del salario mínimo, hubo un reversazo por parte de las empresas, que pidieron una tarifa todavía mayor."Ya los costos están corriendo y hay que dejar algo claro: de pronto se piensa que el único impacto es el salario que uno le paga a sus empleados y pues no es el único impacto. Son todos los servicios que a nosotros nos prestan, los cuales suben la misma proporción. Por ejemplo, la empresa de vigilancia seguramente va a subir el 23.7% del salario mínimo también", expresó Giovanny Ramos, presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano del Atlántico.El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, aseguró a Blu Radio que la nueva tarifa se anunciará en los próximos días cuando, justamente, terminen de estudiar los costos del sector transporte con el incremento del salario mínimo.
Bajo el azote de la delincuencia continúan las joyerías del país y así quedó evidenciado con un nuevo asalto ocurrido en uno de estos establecimientos, ubicado en el municipio de Montelíbano, Córdoba, donde hombres armados ingresaron, amenazaron a una trabajadora, y robaron más de 180 joyas.Dos de los señalados asaltantes, quienes, al parecer habían viajado desde Barranquilla exclusivamente a cometer este millonario hurto, fueron capturados momentos después a las afueras de la mencionada población, cuando intentaban escapar en motocicleta por la vía que conduce hacia el municipio de la Apartada, donde la Policía los interceptó y los detuvo con el botín robado."Logramos la captura en flagrancia de dos sujetos que al parecer minutos antes habían estado involucrados en un hecho delictivo. De igual manera, la incautación de un revolver calibre 38 y una motocicleta. También la recuperación de 240 millones de pesos aproximadamente en elementos de joyería", informó el coronel Alexander Martin, subcomandante de la Policía de Córdoba.Sobre los elementos robadosEntre los elementos recuperados figuran 47 anillos, avaluados en $74.000.000; 25 pulsos, que cuestan $75.000.000; 18 aretes, por valor de $3.190.000; balines, avaluados en $56.826.000; 96 dijes, tasados en $56.826.000 y 1 reloj marca Casio, avaluado en $700.000.El caso recuerda al violento atraco ocurrido el pasado 29 de noviembre en una joyería ubicada en un centro comercial de Bucaramanga, donde se produjo una balacera que dejó muertos a uno de los presuntos delincuentes y a un policía que se enfrentó a tiros con los ladrones para evitar el hurto. En aquella oportunidad las autoridades informaron que una banda, proveniente de la región Caribe, estaba detrás del hurto.
Minutos después de recibir el Año Nuevo, una niña de solo tres años resultó herida en su hombro izquierdo por una bala perdida en Santo Tomás, Atlántico.El hecho se presentó en la calle 6 con carrera 9, barrio La Granada, en este municipio ubicado en el oriente del departamento, según confirmaron vecinos del sector.La Policía del Atlántico informó que la niña se encontraba dentro de su vivienda, pero minutos después de la llegada de 2026 salió con uno de sus familiares para observar los fuegos artificiales que se veían en diferentes puntos del municipio.Fue en ese momento cuando la menor fue impactada por el proyectil. Consternados por la situación, sus padres la trasladaron al Hospital Municipal de Santo Tomás, donde recibe atención médica.“De acuerdo con el reporte inicial, la menor se encuentra estable, a la espera de la realización de estudios médicos para determinar el tratamiento a seguir”, comunicó la Policía.Frente a estos hechos, el Departamento de Policía del Atlántico adelanta las actividades investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y establecer posibles responsabilidades.La institución hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer uso irresponsable de armas de fuego, especialmente durante celebraciones, e invitó a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este 1 de enero en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.
Uno de los asuntos más polémicos establecidos por parte del Gobierno nacional en el decreto de emergencia económica está relacionado con el aumento de impuestos a los licores, bebidas cuyas ventas representan ingresos vitales para la salud y la educación en los departamentos del país.El incremento del 5% al 19% del IVA en este tipo de productos motivó en las últimas horas el rechazo por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, desde donde manifestaron su preocupación por la carga tributaria de hasta un 90% que se avecina para la industria y pondría en serias dificultades la operación.En el caso de la empresa antioqueña, una botella de aguardiente de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de 17.500 pesos ahora tendrá que pagar un valor total de 33.000 pesos, un incremento cercano al 50% en el precio para el consumidor, mientras que en el del ron sería del 48%.Esteban Ramos, gerente de la FLA, destacó que esta realidad no solo pone en riesgo las finanzas de las diferentes regiones del país, sino que además podría incentivar otros fenómenos como la producción y consumo de licor adulterado y de contrabando."Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho", expresó Ramos.El directivo también criticó que recursos recaudados en el contexto de la emergencia económica se usen en rubros que contempla el Presupuesto General de la Nación.El Ministerio de Hacienda ha proyectado un recaudo adicional superior a los 6 billones de pesos en 2026 con todas las medidas adoptadas y en el caso de las bebidas alcohólicas la cerveza, por su consumo generalizado, sería el único producto exento de nuevos gravámenes.
El departamento de Antioquia se rajó en el tema de la pólvora durante el 2025 y muestra de ello es que, según las cifras oficiales entregadas por la Gobernación, entre las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre y las 8:00 de la mañana del 1 de enero, se reportaron 26 personas lesionadas con elementos pirotécnicos, para un total de 173 quemados en la región. El más reciente reporte muestra que 14 de los 26 heridos de las últimas horas son de municipios del Valle de Aburrá.Los datos dejan ver que en la celebración del Año Nuevo hubo siete lesionados en Medellín, de los cuales seis son menores de edad con quemaduras, fracturas de huesos y hasta la amputación de varios dedos de la mano en un joven de 17 años que estaba manipulando voladores. Además, en La Estrella (2) y Bello (2) también tuvieron menores quemados, como un bebé de un año con heridas en su cara.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, lamentó que el departamento haya tenido un incremento en los quemados con pólvora que llega casi al 30 %, a la vez que encendió las alarmas por la situación de los menores de edad."Pero lo más lamentable es que fueron nueve menores de catorce años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado", indicó Ramírez.Por su parte, hay que mencionar que con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia se deja ver que Medellín tuvo 70 casos de quemados y que sumados a los demás municipios del Área Metropolitana, hicieron que el Valle de Aburrá superará los 100 lesionados con pólvora durante la época decembrina de 2025.Finalmente, hay que mencionar que de los 173 quemados que hay en el departamento de Antioquia, es decir, 33 casos más que el año inmediatamente anterior, 57 de los afectados son menores de edad y 17 necesitaron de amputación de alguna parte de su cuerpo.
Las autoridades dispusieron una serie de medidas para garantizar la seguridad y la movilidad durante la tradicional verbena popular que se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, celebración que reúne a miles de personas cada 1 de enero.En el sector hay presencia de agentes de tránsito, con un plan especial de movilidad que se implementó durante varias cuadras de la zona para evitar congestiones vehiculares.“Por parte de los agentes de tránsito tenemos un cubrimiento de este servicio que va desde la carrera 25 hasta la diagonal 15 sobre la calle 70, y sobre la avenida Ciudad de Cali entre las calles 73 y 75. Contamos con un pie de fuerza importante y, en horas de la tarde y la noche, realizaremos operativos de alcoholemia”, explicó Jorge Vergara, de la gestión operativa de la Secretaría de Movilidad.Adicionalmente, se adoptaron otras medidas para reforzar la seguridad durante el evento, con uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, quienes adelantan controles y requisas a los asistentes.“Tenemos un dispositivo de 750 policías que estarán cubriendo la seguridad del evento, el cual tradicionalmente tiene una alta asistencia de personas, tanto residentes como visitantes. El año pasado participaron cerca de 7.000 personas y, por ello, desde el Puesto de Mando Unificado se definió el cierre de algunas vías. En total serán siete cierres y ocho filtros de ingreso, para que la actividad se desarrolle en absoluta tranquilidad”, expresó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad y a la autorregulación, especialmente en el consumo de licor, teniendo en cuenta que más de 2.500 personas asisten de manera habitual a esta celebración, que se extiende hasta altas horas de la noche.
A raíz de lo comunicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por repatriar cerca de $200 billones en ahorros de fondos de pensiones privados en el extranjero, hay varias reacciones de lo que propone y quiere cumplir el gobierno.Lo hizo primero el exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, Enrique Peñaloza, diciendo que “es robarle la pensión a los ciudadanos”. Sin embargo, sobre esa reacción, el presidente Gustavo Petro respondió “Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”Sin embargo, entró a la discusión, Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, exfuncionaria del gobierno Petro, quien aseguró que ella salió de este cargo al ser una irresponsabilidad con los colombianos.“Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Cuando dirigía la URF ese era mi compromiso. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de que traigan en 6 meses 125 billones, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir. Sea usted responsable con los colombianos, escuche por favor y asesórese bien antes de tomar decisiones.” Concluyó.Entre tanto, en medio de la discusión, en un extenso trino, el presidente Petro reconoció lo escrito por la ex directa de la URF y aseguró que esa repatriación no se puede hacer en un “solo golpe” sino de una manera gradual.“Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. Hay que comenzar con que no sale más dinero y un plan, de acuerdo a la liquidez de los recursos, de desinversión en el exterior e inversión interna. Que no es robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales.” Escribió el mandatario
A través de una videollamada facilitada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, los padres del soldado secuestrado Víctor Hugo Yepes García lograron tener comunicación directa con el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para suplicarle encontrar una solución que permita el regreso a casa con vida de su hijo.Luego de 46 días en manos de las disidencias de las Farc, la madre Lenis García le dijo al jefe de cartera que ni las cartas, ni los plantones, ni los comunicados han sido suficientes para volverlo a ver y que debería ponerse en sus zapatos, teniendo en cuenta que él es padre.“Estamos aquí rogándoles, importandoles a ustedes, suplicándoles que nos ayuden y que no nos dejen solos. Mi hijo requiere de usted, señor ministro (Pedro Arnulfo Sánchez). Le imploro, le suplico, ya que usted es padre. Ayúdeme, por favor”, se puede ver en medio de un video publicado en redes sociales.Los padres han recibido dos pruebas de supervivencia, siendo la última de ellas un video en el que Víctor Hugo le reprocha al presidente Gustavo Petro que no están haciendo nada por él y demás soldados. Por tal razón, su padre, y quien lleva el mismo nombre, le pidió que desde el Gobierno sean escuchados.“Lo que pudimos evidenciar en los videos de supervivencia de mi hijo y de los otros secuestrados, señor ministro, ellos desean hablar con ustedes. Pero como padre, como ser humano, como la persona directa encargada, jefe de mi hijo, porque es el jefe directo de mi hijo, por favor, no nos abandonen y retomen eso a ver qué quieren ellos, es lo que nosotros necesitamos para que, por favor, podamos volver a tener esa tranquilidad”, le acotó.“En sus manos pongo el que mi esposa pueda abrazarlo nuevamente”, fueron las palabras que le mencionó el papá de Víctor antes de que la gobernadora le agradeciera al ministro el aceptar la llamada.Asimismo, el funcionario le manifestó que comprendía sus sentimientos y que haría todo lo posible para que no le pase nada.“Comprendo enormemente el dolor. Víctor Hugo está vivo, va a regresar vivo y va a regresar sano y salvo, pero es muy duro hacerlo; es muy duro lograrlo. Y lo que más duele es la espera. Esa incertidumbre. Nos duele en el alma, pero vamos a hacerlo lo sabiamente y humanamente necesario para que no le pase nada a él”, les respondió.Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado el pasado 14 de noviembre en medio de un combate en zona rural del municipio de Balboa, Cauca.
Lo que pretendía ser un día de descanso en las playas de La Heroica para Óscar Benavides, un ciudadano oriundo de Tumaco, terminó en un altercado con la Policía y una denuncia pública que ha puesto sobre la mesa la vigencia y los límites de las concesiones hoteleras en el país.El incidente ocurrió cuando Benavides y su grupo intentaron instalarse en un sector de la playa que se encuentra frente a uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Según su relato, apenas pasaron dos minutos antes de que la Policía llegara para retirarlos del lugar, bajo el argumento de que esa zona estaba concesionada."Las playas son públicas, son del pueblo y no son de los poderes económicos de este país", afirmó Benavides, quien, incluso, organizó un "paseo de olla" como acto de protesta para demostrar que cualquier colombiano tiene derecho constitucional a disfrutar de estos espacios. Benavides cuestionó que se utilicen cercas o delimitaciones que impiden el libre tránsito, asegurando que ha recibido denuncias similares en Tumaco, San Andrés y Barranquilla."Hay un flagelo que se está presentando a nivel nacional, no le están permitiendo ni siquiera a los nativos y ni siquiera a las personas del común sentarse y poder disfrutar de sus familias", indicó Benavides. Ante la controversia, el Hotel Las Américas aclaró que cuenta con una concesión otorgada por la autoridad marítima desde 1994, la cual se renueva cada 10 años. Según el hotel, este permiso les permite instalar mobiliario (sillas, carpas y sombrillas) para beneficio del turismo, pero recalcaron que son conscientes de que las playas son bienes de uso público.Versión de la DimarEl capitán de navío, Alberto Luis Vuelvas, fue enfático al señalar que "las playas en Colombia no pueden ser privatizadas". El oficial explicó que, si bien existen actos administrativos que autorizan a los hoteles el uso de mobiliario, los ciudadanos mantienen intacto su derecho al tránsito y al uso del mar.Escuche la entrevista aquí:
La libertad condicional concedida por la juez Carmen Luisa Terán hacia Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hoy mantiene en alerta a los periodistas Amalfi Sierra y Jacobo Solano, así como al defensor de derechos humanos, Juan David Diaz, quienes en febrero del presente año denunciaron ante la Fiscalía unos mensajes que los advertía de un plan para asesinarlos junto a sus familias.Dice Juan David Diaz, vocero además del Movimiento Nacional de Víctimas, en Sucre, e hijo de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble, que fue asesinado por paramilitares en abril de 2003, que ya no sabe con quien hablar para aumentar su protección o, en su defecto, avanzar en esta denuncia a la que no le han dado trámite."Como víctima y vocero del capítulo Sucre, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, me he opuesto a qué lo nombren gestor de Paz, argumentando que, por ejemplo, en el caso de presunto lavado de activos por parte de ellos, los Gatos, a Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, alias el Gato se burla de la justicia", indicó Díaz.Precisamente, Juan David sostiene tener miedo de pasar por la misma suerte de su padre, ultimado pese a rogarle protección frente a frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un consejo comunal en Corozal. De hecho, se siente revictimizado junto con su esposa e hijos.El también médico de profesión asegura que las presuntas amenazas se derivan de la ola de asesinatos contra los testigos en el caso de su padre, siendo 24 de ellos blancos de atentados, sin contar, dice él, los que han logrado sobrevivir. Por estos motivos, cuenta que no es la única vez que le llegaron amenazas.Finalmente, Juan David recordó que el año pasado Salvatore Mancuso reconoció que, tanto él como su familia, necesitaban protección adecuada, pues podrían “ser víctimas de organizaciones con capacidad de causar grandes daños”.
Desde el próximo 2 de enero del 2026 entrará en una etapa de reversión el contrato de concesión otorgado hacia Autopistas del Caribe, debido a una liquidación anticipada de mutuo acuerdo, en la que en un lapso de 200 días prometen entregar las operaciones relacionadas con la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo los peajes de su jurisdicción.Informó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, que hacia el mes de junio se espera que la operación y mantenimiento del corredor quede a manos del Invías, mientras que los vehículos de categoría 1 y 2 estarán exentos de cualquier cobro.“Por mutuo acuerdo, la concesión Autopistas del Caribe y la ANI llegamos a establecer una terminación anticipada A partir del 02 de enero del 2026 iniciamos el proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo con todos los trámites a junio del ese año, para que, posteriormente, esto quede en manos del Invías”, dijo inicialmente.“Asimismo, hemos garantizado el no cobro a las categorías uno y dos bajo resolución del Ministerio de Transporte dando garantías a los procesos serios y transparentes”, agregó.Del mismo modo, la decisión implica el cese de protestas de los miembros del Comité No Más Peaje alrededor de las casetas en Turbaco, Sabanagrande y Galapa, donde este año se registraron hasta agresiones.De hecho, Autopistas del Caribe siempre se mantuvo en que tenían un Evento Eximente de Responsabilidad, en el que las protestas sociales no les daban pie de alcanzar el cierre financiero del proyecto, el cual nunca fue presentado.Dice el concesionario que cumplieron con todos sus compromisos en los que fueron invertidos $4.430 millones para sellar 282 mil metros de fisuras, generar más de 2.000 empleos y prestar cerca de 7.000 servicios como grúa vehicular, ambulancia, entre otros.De igual manera, hablan de que sus acciones tuvieron un impacto directo en Atlántico y Bolívar, dado al apoyo a asociaciones de hacedores de pastel y chicharrón del municipio de Baranoa, a través de estrategias publicitarias y capacitaciones; el respaldo a la escuela deportiva del corregimiento de Sincerín; y la entrega de material fresado para el mejoramiento de vías internas en municipios como Malambo, Baranoa y Palmar de Varela, en Atlántico, así como Clemencia, Arjona y Turbaco, en Bolívar.
Cielo Santos habló con Blu Radio desde la lejana San Petersburgo, en Rusia, donde está radicada hace más de dos décadas. Luchando contra un cáncer linfático y haciéndose cargo de sus otros tres hijos menores de edad, desde hace cinco meses libra otra batalla para pedir justicia en el caso de su hijo, el joven soledeño Gonzalo de Jesús Ramos Santos, capturado en julio de 2025 en la terminal de transportes de Barranquilla con circular roja de Interpol y de quien recientemente la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para su extradición a Lituania.Según las autoridades lituanas, el joven hacía parte de una estructura criminal internacional que operaba en varios países de Europa y mantenía nexos directos con los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia.En ese sentido, Gonzalo es señalado de haber participado en labores de inteligencia contra una empresa proveedora de drones utilizados por Ucrania, con el objetivo de beneficiar estratégicamente a Rusia en la guerra que actualmente enfrenta a los dos países y deja miles de muertos.Su madre niega todos estos señalamientos y le pide al presidente Gustavo Petro que no firme su extradición antes acceder al expediente, y se percate que no hay pruebas contundentes contra su hijo de 22 años.“Humildemente quiero pedirle al presidente Gustavo Petro que mire el caso. No sé si pueda hacerlo personalmente, pero es que él puede hacer que lo investiguen y que sea justo. A mi hijo lo van a extraditar y todavía no hay una investigación que lo identifique completamente. Una prueba que diga que lo es, que es parte de un grupo, no veo todavía las pruebas de que él haga parte de cuál grupo”, mencionó en entrevista la mujer.Hay que recordar que el plan de viaje de su hijo, antes de llegar a Colombia este año, según dice Cielo Ramos, era Rusia-Lituania-España, pero un aparente “inconveniente” con la venta del tiquete llevó a Gonzalo, ya en Lituania, a hacer escala en Bulgaria. Ahí las autoridades de ese país lo retuvieron asegurando que no podía entrar a España “por haber estado año y medio allá”.Precisamente, esos días en Bulgaria son para Cielo la prueba reina de que su hijo no cometió los delitos de los que se le acusa, por estar bajo la custodia de las autoridades en Bulgaria.Al momento de su deportación en Bulgaria, le pidieron escoger entre Rusia y Colombia, y Gonzalo escogió su país para evitar ser reclutado por el ejército ruso como en efecto le notificaron en dos ocasiones.En ese orden, esta madre solicita el apoyo a un abogado especialista que asuma el caso de su hijo, ya que ella no cuenta con los recursos económicos para contratar a uno.
Recibiendo atención médica bajo custodia policial se encuentra uno de los hombres que intentaron robar un camión de valores de la empresa Prosegur, momentos en los que se movilizaban por la vía Troncal del Caribe, jurisdicción del corregimiento de Camarones, en zona rural de Riohacha, La Guajira.Con conos y diferentes implementos, al parecer, los criminales simularon una emergencia en la vía y, una vez que el vehículo detuvo su marcha, intimidaron con armas de fuego a los escoltas y comenzaron a amordazarlos.Sin embargo, por allí pasaban funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en medio de la remisión de un recluso, por lo que tras una fuerte balacera frustraron el asalto y propiciaron la retirada de la mayoría de los buscados.“De acuerdo con la información conocida, varios sujetos intentaron cometer el hurto a un vehículo de la empresa de valores Prosegur, el cual realizaba un traslado de dinero por este importante eje vial. La situación fue alertada por funcionarios del Inpec que se movilizaban por la zona en una remisión y que, al percatarse de lo ocurrido, sostuvieron un intercambio de disparos con los delincuentes”, se puede leer en el comunicado de las autoridades.De hecho, en videos de conductores que pasaron por la zona se puede apreciar como los escoltas salían amarrados de sus manos justo antes de que el sitio fuera acordonado por el CTI de la Fiscalía. “Aquí lo que hubo es balín”, se le escucha a uno de ellos.Los delincuentes solo lograron llevarse dos escopetas y un revólver, según el reporte de las autoridades competentes, mientras que el venezolano de 39 años que resultó herido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones para establecer la plena responsabilidad de los demás implicados.A esta persona se le fue incautado un teléfono celular, el cual estaría siendo utilizado para comunicarse con las personas que adelantaban el hurto.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad en las vías del departamento e invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier situación sospechosa que permita prevenir hechos delictivos y proteger la vida y los bienes de la comunidad”, finaliza la comunicación.
Como una decisión “peligrosa y populista” califica el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, pues asegura que este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro “no tiene en cuenta la productividad ni el crecimiento real de la economía”.Zandra López, dirigente de este gremio, afirma que además del aumento en los precios, les preocupa cuánto se disparará la informalidad laboral como consecuencia de esta decisión del Gobierno Nacional."Con este nuevo salario mínimo ya las empresas no van a pensar en contratar nuevos colaboradores. Los aprendices del Sena menos serán contratados. Entonces, va a crecer la informalidad. Se destruye el empleo, porque no va a haber nuevas contrataciones y de verdad el salario real no mejoró. El salario no crea riqueza, la productividad sí", dijo la dirigente gremial.Y en esto coincidió Rafael Madero, directivo de Fenalco Atlántico: "según nuestro criterio, este aumento desbordado es populista y pensando en las elecciones del 2026. Es comida de hoy y hambre para mañana. Ojalá nos equivoquemos, pero veremos más desempleo, más informalidad", dijo.Desde la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico también advierten que otra consecuencia del incremento del salario mínimo sería un aumento hasta del 20% en la cuota de la administración en los conjuntos y edificios, ya que en estos lugares “los contratos de vigilancia privada podrían incrementarse entre 18% y 25%, y los servicios de aseo y conserjería podrían aumentar entre 15% y 22%”.“Estos aumentos se explican porque más del 70 % del valor de estos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos directamente indexados al salario mínimo”, explicó la Lonja.
En una polémica decisión la juez Carmen Luisa Terán ordenó conceder libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, quien desde junio de 2024 permanece en prisión domiciliaria por enfermedad grave e incompatible con el régimen carcelario, según un dictamen de medicina legal.La juez sexta de ejecución de penas y medidas de Barranquilla indicó que Alfonso López, el pasado 16 de diciembre cumplió las 3/5 partes de la pena, tras haber sido condenado a 29 años por ordenar el asesinado del periodista Rafael Enrique Prins quien denunció actos de corrupción cuando él era alcalde de Magangué en el año 2005.Sumado a esto, la juez detalló que la Penitenciaría El Bosque calificó la conducta del condenado como “buena y ejemplar”, realizando redenciones de penas con trabajo y estudio.El lugar de arraigo del hijo de ‘La Gata’, seguirá siendo la misma mansión en la que actualmente cumple con detención domiciliaria, la cual está ubicada en la Calle 59 B con la carrera 86, norte de Barranquilla.Alfonso López fue obligado a pagar un poco más de 95 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a la familia de la víctima, sin embargo, a la fecha no se conocen herederos del periodista asesinado por lo que el juzgado ordenó “realizar emplazamiento, de acuerdos a los términos señalados en el CGP, de los que se crean con derechos para recibir el pago de perjuicios morales, cancelados por el señor Jorge Luis ALfonso López e inicien las acciones legales pertinentes para el pago del mismo”.La jueza Carmen Terán fue la misma que le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud al condenado empresario Carlos Mattos.
Los vientos de hasta 46 km/h que se están registrando en Atlántico, Magdalena y Bolívar están provocando olas de entre 2 y 2.8 metros de altura, convirtiéndose en una nueva arremetida del mar que sigue desapareciendo algunas áreas de playa en balnearios como Puerto Colombia.Los comerciantes porteños afirman que, solo en inmediaciones del muelle, alrededor de 15 negocios ubicados a la orilla del mar se han visto afectados por la erosión costera en el último año y que las condiciones tienden a empeorar con las brisas decembrinas, dejando pérdidas económicas en esta temporada turística."El mar ha destruido todos los negocios, el mar todo los negocios se los está llevando. No tenemos nada de playas, queremos que el municipio o la Gobernación nos colaboren con unos espolones para mitigar esto, porque está muy fuerte", cuenta Omar Restrepo, uno de los caseteros que debió cerrar uno de sus establecimiento por esta situación.Por los intensos vientos y el alto oleaje, el Ideam mantiene alerta naranja en Atlántico, Bolívar y Magdalena, y alerta amarilla en los demás departamentos del Caribe, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.Vale decir que en esta temporada seca también hay alerta en todos los departamentos de la región por la probabilidad de incendios forestales. Justamente, en inmediaciones del Castillo de Salgar, en Puerto Colombia, hubo un incendio que debió ser atendido por el cuerpo de bomberos del municipio.Las autoridades y organismos de socorro piden a la comunidad que se abstenga de realizar cualquier tipo de quemas, ya que por el fuerte viento el fuego se les podría salir de control y provocar un incendio forestal.
Como un paso importante en el modelo preventivo en salud de su Gobierno, calificó el presidente Gustavo Petro la presentación oficial o ceremonia de botadura al agua del Buque Hospital Benkos Biohó, el primero que se construye en el país de este tipo.Desde las instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial de Colombia, Cotecmar, donde se diseñó y construyó el buque que atenderá a las poblaciones más apartadas del Pacífico, el mandatario dijo que se deben construir más barcos de este tipo para otras regiones del país.“Como llega personal médico hasta el último rincón de Colombia hasta el último hogar más remoto, un médico, una médica a ver cómo está la familia y a determinar y a diagnosticar y, si es del caso atender, y si es peor el caso, pues llevar. Y este barco tiene esa finalidad. Esto hace parte de nuestro modelo de atención preventiva y primaria que tiene una inversión pública en este Gobierno que suma la de los tres gobiernos anteriores todos juntos”, indicó.Durante este evento, en el que además se conmemoró el Día de la Armada Nacional y el aniversario 25 de Cotecmar, también se presentó oficialmente la patrullera oceánica ARC 24 de Julio, el buque más grande construido en el país. Esta embarcación, con 93 metros de eslora, 14 metros de manga y 3.9 metros de calado; tendrá labores de seguridad marítima, patrullaje, vigilancia, interdicción marítima, entre otros.“El barco que aquí se tira entonces tiene que ver este primero con la ayuda que le hacemos a Estados Unidos para que no enloquezca su sociedad, y este segundo con la ayuda que hacemos a los pueblos más excluidos de Colombia para que atiendan a su población desde el punto de vista del derecho a la salud, y el tercero va para San Andrés”, sostuvo el presidente Petro en su intervención.Para San Andrés y Providencia se construyó el bote ARC ‘Isla San Andrés’ que será operado por la Dirección General Marítima con el propósito de fortalecer el desarrollo de operaciones de investigación marina, levantamientos batimétricos, inspecciones de zonas costeras y control a las actividades náuticas.Sobre la patrullera oceánica, Cotecmar explicó que es un proyecto que marca la independencia tecnológica del país dentro de la industria astillera a nivel mundial.“Con este proyecto, Colombia se convierte en líder en la región con las capacidades para diseñar y construir buques con alto desarrollo tecnológico y de grandes dimensiones”, señaló el vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar. Las embarcaciones entrarán en fase de prueba en agua, y empezarán a navegar en enero de 2026.
La tarde de este jueves, tras más de 24 horas de bloqueo en la vía nacional La Mata – San Roque, los habitantes de Curumaní levantaron la protesta que mantenían en esta zona del sur del Cesar y rehabilitaron el paso desde y hacia el centro del país, confiando en que la empresa Afinia y las autoridades les cumplirán con la instalación de una mesa de diálogo en la que se acuerden soluciones a las problemáticas del servicio de energía.En el lugar de la protesta hicieron presencia el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel; el secretario de Minas, Carlos Ríos, y el alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, quienes intervinieron en la situación y acordaron con los manifestantes que el próximo 31 de julio se reunirán para analizar alternativas y evitar los constantes apagones que se vienen dando en medio de las altas temperaturas.José David Uribe, vocero de los manifestantes, afirmó que el margen de espera para instalar estos diálogos solo será de una semana, si no retomarán las vías de hecho."Pudimos llegar a un acuerdo de levantar el paro, eso sí, hasta el 31 de julio, cuando tres representantes del pueblo van a estar viajando a la ciudad de Valledupar y dialogaremos hasta poder encontrar lo que necesita el municipio", manifestó.Previo a esto, empresa Afinia, encargada de prestar el servicio en la región, reconoció los continuos apagones, pero explicó que estos se estaban dando porque en los últimos días se ha presentado un aumento del 10 % en la demanda de energía, debido al uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros electrodomésticos, por lo que se satura la red y se desconecta.La compañía asegura que la única solución es que la comunidad disminuya el consumo del servicio en horas pico, para evitar que se siga interrumpiendo el servicio. A esto, la comunidad pide que sean concertados los cortes, como si se tratara de racionamientos, pues dice que es imposible controlar que la gente apague los abanicos cuando todos están sudando.
A partir de la fecha, y por lo menos hasta que se cumpla el juicio en su contra, el exbombero Edwin Alberto Cataño deberá permanecer recluido en su casa en cumplimiento de una medida de detención domiciliaria que le impuso una jueza de Barranquilla por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el joven Juan David Ucrós Cervantes, en el norte de la capital del Atlántico.La Fiscalía le imputó cargos a Cataño por el delito de homicidio culposo y solicitó casa por cárcel para él, pues todas las pruebas apuntan a que fue él quien atropelló y acabó con la vida de Juan David, cuando conducía su vehículo en evidente estado de embriaguez.Jueza se acogió la solicitud de la FiscalíaEsto, al considerar que Cataño representa un peligro para la sociedad, pues insistió en que el desenlace de Juan David no fue por azar, sino consecuencia del acto irresponsable del exbombero. En este sentido, la togada le advirtió al procesado que debe acatar la medida, si no quiere otras consecuencias para él."Usted no se encuentra en libertad señor Edwin, usted está sometido a una decisión judicial que implica deberes, controles y consecuencias en caso de algún incumplimiento. Por eso, esta juez le exhorta a que usted mantenga un comportamiento respetuoso del ordenamiento jurídico, conserve el decoro personal y observe una conducta acorde a las restricciones que le han sido impuestas", advirtió a la jueza.Cataño, debido a este repudiable hecho, fue retirado del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, donde prestaba sus servicios. Luego se entregó a las autoridades para responder al proceso, sin embargo, este martes no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.¿Qué dice la defensa de la familia del joven Juan David?El abogado de la familia de la víctima, Gerardino León, se mostró en desacuerdo con la medida de aseguramiento y apeló la decisión, argumentando que, para mayor garantía del proceso debería ser enviado a la cárcel.
Bajo preocupación amaneció este jueves 24 de julio la secretaría de salud en Soledad, Atlántico, liderada por el funcionario Edison Barrera, luego de confirmarse el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Juan Domínguez Romero, el único centro de alta complejidad en su zona, y por el que manifiestan que no les llegó una notificación oficial sobre el cese de actividades en la misma.Barrera le exigió a la Gobernación del Atlántico que se apersone del tema para garantizar la viabilidad de los hospitales públicos del departamento y que haya mejor trabajo en equipo para que estos temas no terminen siendo notificados solo vía telefónica.“Lo primero es lamentar la situación y hacer un llamado a la administración del departamento para que garantice el funcionamiento de esta institución históricamente de los soledeños, aunque administrada por la Gobernación. Estamos trabajando precisamente para organizar el tema, todo fuera más fácil de existir una notificación con tiempo para organizar un plan de contingencia, eso evitaría traumatismos”, dijo a Blu Radio.Además, el secretario sostuvo que el cierre implica para ellos un cambio de planes en la remisión de cerca de 60 pacientes que iban a llegar a la institución desde centros asistenciales privados.“Nosotros amanecemos diariamente 60 o 80 pacientes para remitir en las clínicas de alta complejidad del municipio, y ante esta contingencia, pues tendremos que definir cómo actuaremos para garantizar la salud de los soledeños. Quizás toque ubicarlos en clínicas de barranquilla, que no es el deber ser. Ante estas situaciones administrativas quienes se favorecen son las clínicas de la capital del Atlántico”, también apuntó.Para Barrera este es un golpe en salud hacia la banda oriental del Atlántico, a lo que agregó que siempre han estado dispuestos a colaborarle al hospital Juan Domínguez Romero. Ejemplo de ello, aclara, es el fortalecimiento de la seguridad para sus trabajadores, la instalación de alumbrado público en los alrededores y la asignación de trabajadores soledeños cuando tuvieron déficit de talento humano.En el Hospital Juan Domínguez Romero son atendidos entre 2.000 y 3.000 personas mensualmente, según datos de la secretaría de Salud.
A una mesa de trabajo fueron convocados los directivos de la Regional Norte de Medicina Legal en Barranquilla, la cual tuvo lugar en la norte de la ciudad con representantes de la secretaría de salud distrital, la personería y la procuraduría con el fin de pedir explicaciones por la crisis de acumulación de cadáveres, su entrega en alto estado de descomposición y los olores que hoy se emanan desde el sitio afectando a la comunidad aledaña.La cita tuvo como novedad que no se permitió la entrada del veedor Rubén Moreno, presidente de la veeduría ciudadana de Barranquilla y uno de los que ha venido denunciando este tipo de casos.Así también, los directivos presentes salieron del lugar sin dar declaraciones, pese a que Blu Radio conoció que existe la posibilidad de otra mesa de trabajo en la que harán presencia autoridades locales, departamentales y hasta nacionales.Al tiempo del desarrollo de dicho evento, Tatiana Lean, administradora delegada del conjunto +House Los Andes, situado al frente de la sede de Medicina Legal en Barranquilla, denuncia que son múltiples las quejas que llegan a su despacho alegando cansancio por esos malos olores.“Hemos recibido varias quejas de múltiples propietarios que nos manifiestan los malos olores que se están presentando acá en los alrededores del conjunto. Ellos dicen que no pueden tener las ventanas abiertas, pues se siente con frecuencia. Es más, por esas mismas razones hemos llegado hasta Medicina Legal sin obtener respuesta”, dijo inicialmente.“Personalmente tampoco puedo abrir mucho las ventanas porque se me mete el olor. Por las tardes, con estas temperaturas, se siente todavía más. Es algo insoportable”, agregó.Dice además que se acercó hasta la sede para buscar una cita con su directora, pero eso no fue posible. Por otro lado, Cecilia Jiménez, una de las representantes de este conjunto, declara que la solución es trasladar la sede de Medicina Legal de esta localidad.“Creo que la mejor solución que pueden hacer es ir proyectando dónde pueden pasar esa sede de Medicina Legal, porque para nadie es un secreto que este es un barrio residencial. Solo este conjunto tiene nueve años. Hasta ahora todo ha sido pañitos de agua tibia. Tenemos que evolucionar para sacar a esa Medicina Legal a un sitio en donde no haya tantos residentes, gente adulta, niños o hasta personas enfermas”, aportó.Jiménez añadió que es testigo de cómo hasta los trabajadores de dicha sede tienen que taparse la nariz por los fuertes olores.
La crisis sanitaria que los malos olores de la sede de Medicina Legal de Barranquilla destaparon, es una que desde hace un año venía siendo denunciada por el sindicato de trabajadores de la entidad, quienes advertían sobre condiciones de trabajo que estaban colocando en riesgo la salud de los empleados.Solo hasta el pasado 27 de junio, el Ministerio de Trabajo le abrió una averiguación preliminar al Instituto por las condiciones de la morgue, lo que llevó a que el pasado 17 de julio fuera enviada una comisión de la oficina del Trabajo y del sindicato, quienes se habrían sorprendido con lo que encontraron. De acuerdo con Javier Oviedo, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Medicinal Legal, detectaron hacinamiento de cuerpos en el cuarto frío, el cual alberga 80 cuerpos, a pesar de que solo tiene capacidad para 20, los cuales estaban “apilados” y algunos con un acelerado proceso de descomposición. También hallaron proliferación de insectos, especialmente de moscas, lo que, en su conjunto, representan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, "quienes deben ingresar al cuarto frío para realizar la búsqueda del cuerpo y su entrega"."En cualquier momento ese cuarto frío va a fallar o está funcionando sin cumplir con su función y los cadáveres lo que hacen es que se descomponen. Esto va a crear una emergencia sanitaria. En la visita que tuvimos el jueves evidenciábamos mucha mosca. Sí, habían hecho aseo, pero el problema no es ese, el problema son los cuerpos que están ahí, ese una nevera grande. Los cuerpos están unos encima de otro, del piso para arriba", contó en diálogo con Blu Radio. Esta situación fue reportada a la Secretaría de Salud de Barranquilla, a la que le pidieron una visita para determinar lo que estaba sucediendo. Como consecuencia de esto, el Ministerio le dio un plazo de una semana a la sede de Barranquilla de Medicina Legal para que respondan a una serie de requerimientos y se establezca un plan de mejora. Esto, por los riesgos a los que se exponen los trabajadores ante un "riesgo inminente de emergencia sanitaria".