La aparición de hasta 300 tarjetones de más en varias mesas de votación es una irregularidad que no solo está llevando a la destrucción masiva de votos al azar durante los escrutinios, sino que está afectando a partidos como el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, que denuncia la anulación de más de 70.000 sufragios que tenía a su favor en Barranquilla, Bucaramanga y varios municipios del Valle del Cauca.El inconformismo lo manifestó inicialmente Rafael Esguerra, representante jurídico del partido Aico, durante los escrutinios que se realizan en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Aseguró que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”, pues afirma que están siendo castigados junto a la circunscripción nacional, siendo que ellos son una circunscripción especial.Si bien la ley obliga a hacer un nuevo conteo y a destruir los votos en exceso cada vez que el número de sufragios supere la cantidad de votantes por mesa, el abogado Esguerra sostiene que la circunscripción indígena merece un tratamiento especial.“Hoy se están metiendo en la misma bolsa dos circunscripciones totalmente distintas, la nacional y la especial indígena. Los votos de la circunscripción indígena no afectan ni el umbral ni la cifra repartidora. Es decir, ni le suman ni le restan votos a la circunscripción nacional. Se están destruyendo también nuestros votos, castigando a una minoría política por un problema que no nos corresponde, ya que el problema viene de las mesas”, declaró.El abogado insiste en que la falta de capacitación de los jurados puede ser una de las causas por las que se están dando estas irregularidades.Lo cierto es que estas inconsistencias, como votos que superan el número de votantes inscritos por mesa, motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación en contra de cuatro jurados de votación en Barranquilla que, pese a no estar vinculados a ninguna entidad pública, están siendo procesados como funcionarios públicos, pues su labor como jurado los convirtió en servidor del Estado por un día.Más molestiasOtro de los que habló del tema fue el candidato al Senado Rubén Marino, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien sostuvo que solo en Barranquilla le anularon cerca de 12.000 votos.“En Barranquilla saqué algo más de 9.000 votos y me anularon 12.000, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, agregó.Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, indicó.El candidato insistió en que lo que está en juego no es únicamente una aspiración electoral, sino la posibilidad de que las comunidades indígenas cuenten con una representación real en el Congreso.
Las alarmas siguen encendidas en la Policía del departamento de Cesar tras la detonación de un artefacto explosivo, al parecer tipo petardo, contra un puesto de control de esta autoridad que estaba ubicado en la entrada al municipio de Curumaní.Según el reporte inicial de las autoridades competentes, los hechos no registraron personas heridas y se abrió una investigación para determinar qué grupo armado pudo estar detrás de ese atentado.El episodio fue rechazado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien ordenó el aumento de unidades del Ejército en la zona para restablecer la movilidad vehicular.“Un nuevo hecho de violencia ocupa a nuestro departamento. Un artefacto explosivo fue detonado hace algunas horas en la vía Curumaní - San Roque, hecho que rechaza la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y a partir del cual articula nuevas acciones con la fuerza pública”, escribieron por sus redes sociales.“El ataque no dejó lesionados, ni daños a la infraestructura vial, pero llevó al aumento de Policía y Ejército en la zona. A esta hora se registra tránsito normal”, agregó.Del mismo modo, el alcalde Hermes Martínez, analiza en estos momentos la realización de un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.Como ya informamos, los hechos son materia de investigación para las autoridades.
Luz Mendoza García todavía puede recordar la última llamada que el pasado 28 de diciembre tuvo con sus hermanos Manuel María (51 años) y Alfonso Manuel (49 años), en la que le dijeron que tenían que salir, junto con sus primos Pablo Guillermo (42 años) y Darío Miguel Vides García (52 años), desde una base militar en Rusia hacia una zona llamada el área, uno de los puntos en los que se libra la guerra de este país con Ucrania.La mujer tomó con preocupación la noticia de que “estarían incomunicados por lo menos hasta enero de este año”, mucho más ahora que transcurren tres meses del 2026 y todavía no hay rastro de ellos.Desde su casa en Soledad, Atlántico, declaró a Blu Radio que sus allegados fueron reclutados con la promesa de ganar mucho dinero en la logística del ejército ruso. Sin embargo, tras un par de semanas de entrenamiento les entregaron fusiles y los sacaron a “una realidad muy diferente”.“Hemos hecho de todo. Mandamos una carta a la embajada de Rusia, a la de Colombia en ese país, a Polonia. Incluso opté por ingresar a un grupo ucraniano para pedir información y ni así. Lo único que me dicen es que no aparecen en la lista de nada. Si no aparecen entre los muertos, ni entre los desaparecidos, ni en lista de heridos, tampoco en hospitales, ¿entonces dónde están?”, dijo inicialmente.Para ella esto es anormal, pues desde el 10 de noviembre que partieron hacia Moscú, siempre mantuvieron comunicación por la plataforma de Telegram. De hecho, la alcanzaron a tranquilizar explicándole que solo cuidarían las ciudades bajo el dominio ruso. Aun así, aclara que su única esperanza ahora es volver a verlos.“Es horrible no saber lo que le pasa a tu familia. No tener ni idea de si está vivo o muerto. Angustioso. Estamos agarrados de la fe de Dios. Por lo menos le pido que me dé la oportunidad de que mis hermanos aparezcan. Hay veces en las que pierdo la esperanza, porque todo está como muy difícil”, agregó entre lágrimas.Manuel trabajaba con la empresa Brasilia en Maicao, La Guajira; Alfonso se ganaba la vida haciendo oficios varios en La Jagua de Ibirico, en Cesar, mientras que Darío y Pablo laboraban juntos en un restaurante ubicado en la playa de El Rodadero, en Santa Marta.Su vuelo salió desde Bogotá hacia París, Francia, para posteriormente tomar rumbo hacia Estambul, Turquía, y finalmente, Moscú.Hoy Luz Mendoza García suplica una ayuda del Gobierno nacional para volver a ver a sus hermanos y primos.
La demolición de los terraplenes ilegales, como estrategia para restaurar el flujo natural del agua de las ciénagas y evitar futuras inundaciones como las que ya dejan a miles de damnificados en Córdoba, es una tarea que ya han puesto en marcha la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ejército Nacional.En las últimas horas, el director de la ANT, Felipe Harman, indicó que sostuvo una reunión con el Ejército, en la que esta institución alistó "todo un equipo de ingenieros y dispuso el acompañamiento operativo y técnico para demoler de forma clara y concreta distintos obstáculos que no han permitido la interconexión hidráulica en la Ciénaga Grande y demás ciénagas del departamento"."Ya establecimos un plan general, que le agradecemos a estos hombres del Ejército, y a partir de este ejercicio inicia también la operatividad para avanzar en la recuperación de la ciénaga y los playones de este departamento, lo cual ha sido una orden presidencial en función de atender la situación de calamidad que se está presentando en esta región", dijo el director Harman.De acuerdo con el plan trazado, se empleará maquinaria amarilla para derribar los jarillones ubicados en los puntos críticos previamente identificados en terrenos comunales, un trabajo que se realizará de la mano de los campesinos y pescadores que hacen parte de la Junta de Baldíos."Esta intervención en los sitios que están afectando al departamento de Córdoba es una estrategia unificada en la que vamos a poner todas nuestras capacidades para cumplir con el propósito final, como lo es mejorar las condiciones de vida de la población que está siendo afectada actualmente", manifestó el Ejército.
Semana Santa es una de las temporadas favoritas para los bogotanos. Si bien es una época en la que muchos feligreses aprovechan para descansar y acercarse a las enseñanzas de la religión católica, otros la utilizan para viajar, desconectarse y disfrutar de escenarios llenos de historia y cultura en un mismo territorio.En ese contexto, el turismo se ha consolidado como uno de los sectores con mayor dinamismo a nivel global, impulsando la riqueza patrimonial, la oferta cultural y la gastronomía de diferentes destinos.Bogotá ha entrado con fuerza en esa tendencia. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Turismo, la capital recibe más de 10 millones de visitantes cada año. Durante Semana Santa, además, se posiciona como uno de los principales destinos gracias a sus iglesias coloniales, su arquitectura republicana y su amplia escena cultural, elementos que la convierten en un escenario atractivo para quienes buscan experiencias religiosas, históricas y gastronómicas.Qué hacer en Bogotá en Semana SantaDurante esta temporada, recorrer el centro histórico es uno de los planes más tradicionales. Caminar por el barrio La Candelaria, visitar la Catedral Primada o la Iglesia de San Francisco, y subir a Monserrate se convierte casi en una parada obligatoria para quienes desean conectarse con la tradición religiosa de la ciudad.“Bogotá se ha consolidado como un destino urbano que combina tradición, cultura y una oferta gastronómica y de bienestar cada vez más sólida. Esta temporada es una oportunidad para redescubrir la ciudad desde una experiencia integral, donde los visitantes puedan recorrer sus iglesias y su centro histórico, y regresar a un espacio de descanso, gastronomía y servicio personalizado”, afirma Gerald Ursulet, gerente general de Grand Hyatt Bogotá.Para quienes buscan descanso después de los recorridos turísticos, también existen espacios dedicados al bienestar. Uno de ellos es Zaitana Spa, que ofrece más de 2.300 metros cuadrados enfocados en el descanso y la relajación. Entre sus servicios se encuentran piscina climatizada semiolímpica, jacuzzi, sauna, turco y terapias de flotación.La gastronomía también se convierte en un pilar importante para los visitantes. Entre las alternativas están Capitalino Restaurant, con propuestas de cocina internacional, y Ushin Japanese & Grill, que ofrece una propuesta inspirada en la tradición japonesa contemporánea. También existen opciones más informales como Aldeana Market o espacios de coctelería de autor como Ilustre Bar, que reflejan la diversidad gastronómica de la capital.En esa misma línea, algunos hoteles ofrecen servicios de concierge que permiten organizar recorridos religiosos y culturales con transporte privado y recomendaciones personalizadas. La idea es que los visitantes puedan recorrer la ciudad a su propio ritmo, integrando la tradición del centro histórico, la gastronomía y momentos de descanso.Deporte también en Semana SantaAdemás de los recorridos culturales y gastronómicos, el deporte se ha convertido en otra alternativa para quienes visitan el país. En Colombia, actividades como el fútbol, el ciclismo y el tejo suelen ser muy populares entre los turistas.Sin embargo, en los últimos años otro deporte ha ganado terreno: el pádel. Esta disciplina ha tenido un crecimiento notable en varias ciudades del país.En ese escenario, Arturo Molina, CEO y fundador de Unicarpas, se ha convertido en uno de los impulsores de este deporte al instalar carpas en cerca de 50 clubes de pádel en Colombia, lo que ha permitido que esta disciplina llegue a diferentes regiones.A través del proyecto Unicarpas Pádel Tour, la iniciativa no solo apuesta por el desarrollo de infraestructura deportiva, sino también por el impulso del talento nacional. Su presencia en ciudades como Cali, Neiva, Cartagena, Ibagué y Bogotá abre la puerta para que visitantes y locales aprovechen Semana Santa para practicar deporte, compartir con amigos o familiares y desconectarse de la rutina.
Tras conocerse los graves hechos violentos ocurridos en los últimos días en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, el Ministerio Público se pronunció frente a estas confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en las que fueron secuestradas dos menores de edad.Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó la liberación de Jhocer Alexandra Yánez Hernández y María Ana Yánez Hernández, dos hermanas de 12 y 15 años de edad, respectivamente, que, según la institución, habrían sido retenidas por uno de los grupos en confrontación con fines de reclutamiento forzado.La Defensoría recalcó que lo sucedido, donde también fueron asesinadas dos personas, no se trata de un hecho aislado, “sino que se inscribe en un escenario de confrontación que continúa afectando gravemente a la población civil” y ya advertido en la Alerta Temprana 045 de 2020 sobre los escenarios de riesgo que podrían provocar grupos criminales en el Bajo Cauca de Antioquia.“Conforme al derecho internacional humanitario (DIH), las niñas, los niños y adolescentes gozan de una protección especial. Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa”, remarcó la Defensoría.Sobre el caso, las autoridades ya activaron un protocolo de búsqueda, como lo aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez."Lo que yo hice inmediatamente fue, con la directora de Derechos Humanos, hacer que se activen todas las rutas correspondientes con los organismos que trabajan de la mano con la Gobernación para ver de qué manera conseguimos que estas dos menores sean liberadas de manera inmediata", afirmó el funcionario.Al final de su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también pidió a los grupos armados no solo la liberación de estas menores de edad, sino además respetar su vida e integridad. “La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”, concluyeron.
La comunidad en el municipio de Puerto Berrío no sale del asombro luego de que las autoridades locales confirmaron la muerte de Luz Estella Restrepo, una reconocida profesora con varios años al servicio de la comunidad, que fue abordada por dos hombres que la asesinaron y lograron huir del sitio del crimen.El alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, indicó que la orden inmediata fue convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para tratar de conocer con más exactitud cómo sucedieron los hechos y si el homicidio obedece, quizás, a un intento de robo a la profesora.El mandatario manifestó su más profunda tristeza por el vil asesinato de Restrepo e indicó que lo único que se sabe, hasta el momento, es que los delincuentes abordaron a la docente y terminaron con su vida, al parecer, sin mediar palabra."Nos llega esta lamentable noticia donde dos sujetos la abordan y, de una manera criminal y despiadada, le arrebatan la vida. Hoy quiero decirle a la familia, a los hijos, que sentimos esta situación y que lamentamos la ocurrencia de este hecho", declaró Baena.Por parte de las autoridades de esta localidad del Magdalena Medio ya se estableció una recompensa de 30 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los implicados en el caso, que inclusive quedaron registrados en videos de cámaras de la zona.Con el aporte de esta información por parte de la población civil, la Fuerza Pública espera avanzar en las investigaciones y establecer con exactitud quién está detrás del homicidio, así como cuál fue la motivación de los delincuentes para asesinar a la educadora Restrepo.
Este crimen se registró en una finca ubicada entre los sectores de La Marina y La Carbonera, en límites del municipio de El Cairo con Ansermanuevo, al norte del Valle del Cauca, cuando varios hombres armados llegaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente al grupo de personas que ahí se encontraba departiendo.En un video conocido a través de las redes sociales se ve a las víctimas de este ataque armado tendidas en el suelo. Por la magnitud de sus heridas, se indicaría que el hecho habría sido perpetrado con armas largas. El saldo de este caso son tres personas asesinadas, las cuales aún no han sido identificadas."Además de las víctimas mortales, otras dos personas resultaron heridas. Este hecho ocurre en un territorio donde la violencia y el control armado sobre la población ya habían sido advertidos. En esta zona hacen presencia el Clan del Golfo, el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas de control local, en medio de dinámicas de disputas y control territorial que siguen afectando gravemente a las comunidades", señaló Leonardo González, director de Indepaz.Según Indepaz, esta sería la masacre N.º 28 ocurrida en Colombia en este 2026. Las autoridades ya desplegaron un grupo de investigación para determinar qué grupo armado estaría detrás de este hecho.
Más de 20 mil habitantes del casco urbano de Sabana de Torres, Santander, podrían verse afectados en el suministro de gas domiciliario debido a bloqueos que desde el 11 de marzo afectan las operaciones en el campo Provincia, operado por Ecopetrol.La compañía informó que trabajadores de la empresa contratista Magnex mantienen bloqueadas las vías de acceso al campo, lo que ha impedido la movilidad de personal y vehículos hacia las estaciones Santos y Suerte, así como al campamento Santos, puntos clave para la operación del sistema.Según Ecopetrol, la situación también ha dificultado el ingreso de alimentos, agua potable y otros suministros básicos para el personal operativo y administrativo que permanece en el lugar. Además, no se ha permitido el relevo de turnos de los trabajadores, lo que, de acuerdo con la empresa, representa una vulneración de derechos fundamentales.La protesta se originó por una inconformidad de los trabajadores frente a la forma en que se entrega el beneficio de alimentación, ya que solicitan que este se pague en dinero y no en especie, como actualmente se realiza bajo lo establecido en la convención firmada entre la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa contratista.Ecopetrol advirtió que, debido a los bloqueos, 143 pozos se encuentran sin control operativo, junto con todas las facilidades del campo, lo que representa un riesgo para el medio ambiente, la seguridad de las operaciones y la continuidad del servicio de gas en la región.La empresa señaló que, si no se restablecen las condiciones mínimas de seguridad para operar, se vería obligada a apagar de manera segura los pozos, las estaciones de procesamiento y compresión de gas, lo que implicaría también la suspensión del suministro de gas domiciliario en el municipio.Ecopetrol hizo un llamado urgente al diálogo y pidió el levantamiento inmediato de los bloqueos para restablecer la normalidad en las operaciones y garantizar la continuidad del servicio.
En la cárcel La Vega, de la ciudad de Sincelejo, Sucre, será recluido el escolta de una empresa de valores que en medio de un procedimiento de traslado de dinero en el municipio de Zambrano, Bolívar, le disparó en varias ocasiones y le causó la muerte al subteniente Nicolás Reyes, comandante de la estación de Policía de ese municipio.Un juez de control de garantías del Guamo, Bolívar, le dictó medida de aseguramiento intramural al escolta al que durante las audiencias preliminares le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.“Medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario al señor Brayan Michel Ramírez Suárez, que puedo ser el autor de los delitos y de hurto calificado agravado (…) Se ordena oficiar al comandante de la estación de Policía de Sincelejo para que proceda a conformidad, y se mantenga al señor Rodríguez Suárez en la estación de ese municipio mientras se efectúa la reseña por parte del Inpec para que sea trasladado al establecimiento penitenciario de mediana seguridad conocida como la cárcel La Vega”, señaló el juez durante la audiencia de medida de aseguramiento que se llevó a cabo este miércoles, 29 de enero.La muerte el oficial de Policía se produjo el pasado viernes, 24 de enero, cuando el uniformado recibió varios impactos de bala durante un procedimiento de acompañamiento a una empresa transportadora de dinero, que arribó en helicóptero durante al municipio de los Montes de María.“Cuando el subteniente, con todo el equipo de Policía del municipio, se disponía a brindar el acompañamiento a la empresa Prosegur, uno de los escoltas desde el helicóptero le dispara en repetidas ocasiones, lo que resulta en su instantáneo fallecimiento(…) posteriormente el helicóptero despega dejando tendido a nuestro uniformado”, dijo en declaración a medios de comunicación el funcionario”, detalló en ese mismo día el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrio.La exequias del subteniente Reyes se llevaron a cabo el pasado domingo en su natal Rovira, Tolima. El oficial tenía 22 años, y había llegado como comandante encargado se la estación de Policía de Zambrano, cinco días antes de su muerte.
Un rotundo rechazo manifestó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, frente a la decisión del Gobierno nacional de suspender la ejecución del megaproyecto del Canal del Dique por falta de presupuesto, al considerar que “la sostenibilidad de 8 municipios y corregimientos de Sucre, Bolívar y Atlántico está en juego, así como la dignidad de quienes sufren recurrentemente por las inundaciones”.Verano dejó ver que no solo preocupa la desfinanciación del megaproyecto en la vigencia 2025, sino que la obra se realice en su totalidad para "garantizar las soluciones estructurales" que, según él, necesita la región evitando parálisis, retrasos y mayores afectaciones a las comunidades."El Canal del Dique es un megaproyecto que debe ser priorizado y ejecutado en su integralidad” y que como presidente de la RAP Caribe no permitirá “más aplazamientos ni incertidumbre sobre su ejecución (...) Como presidente de la RAP Caribe convoco a los mandatarios de la región a unirnos con fuerza y exigir garantías para la realización de esta obra que ya lleva un retraso de casi 2 años. Es prioritario reducir los sedimentos que afectan santuarios de vida silvestre como la Bahía de Cartagena y las Islas del Rosario”, dijo Verano a través de su cuenta en X.La preocupación de los portuariosEl gremio portuario de la región también manifestaron su preocupación por este anuncio y las implicaciones que podría tener si, por ejemplo, no se garantizan los recursos para dragar el Canal del Dique y permitir condiciones de navegabilidad desde y hacia el puerto de Cartagena."El dragado del Canal del Dique es supremamente importante para que todas esas embarcaciones y barcazas que transitan por el río Magdalena lleguen a la zona portuaria de Cartagena. Y si no se va a poder hacer el dragado por esta aplazamiento de recursos, creo que sí vamos a tener una dificultad bastante grande", expresó Lucas Ariza, director de Asoportuaria.Además, desde la seccional caribe de la Cámara Colombiana de Infraestructura, aseguran que por la sola expedición de este decreto por parte de MinHacienda no puede suspenderse el giro de las vigencias futuras comprometidas para este proyecto, por lo que señalan que, mientras tanto, el gobierno deberá cumplir con los giros de los acuerdos pactados.
Un acto de disculpas por parte de la rectora y una campaña para prevenir el matoneo entre los estudiantes marcaron el inicio del calendario académico en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó a esta institución resarcir los derechos que le fueron vulnerados a una alumna en 2023.La madre de la estudiante afectada denunció que su hija fue víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros cuando cursaba décimo grado y que los profesores y directivos de la institución no actuaron a tiempo para frenar los ataques, sino que el matoneo continuó hasta que la joven empezó a sufrir depresión y perdió el año escolar.Fue tal bullying, que el caso escaló hasta los estrados judiciales con el acompañamiento del abogado Héctor Sarmiento, quien asumió la defensa de la víctima."Eso le afectó psicológicamente, no tenía amigos, de hecho, ella cumplió 15 años y ningún amigo quiso ir. Entonces, estas son cosas que como padres también nos afectan", agregó.Fallo de tutelaEl fallo sobre la tutela interpuesta por la madre de la estudiante declaró que en este caso sí hubo un “daño consumado ante la configuración de bullying en el año 2023, con una respuesta institucional tardía y débil, que afectó la estabilidad emocional de la discente y repercutió negativamente en su desempeño escolar”.En este sentido, “a fin de garantizar el derecho a no repetición” se ordenó a la rectora de la institución presentar “excusas sinceras a la estudiante y a su familia por el dolor y los inconvenientes que causó la gestión tardía en este asunto que no generaron alternativas en el año del 2023 para un acompañamiento preventivo a fin de evitar su afectación emocional y el rendimiento académico”.Igualmente, se ordenó a la rectora “realizar una reflexión dirigida a los estudiantes, para que tomen conciencia sobre la gravedad del matoneo y sobre la urgencia de adoptar correctivos que pongan fin a este fenómeno en el ámbito escolar”, actividades que la institución empezó a cumplir esta misma semana, al inicio de este año escolar.No obstante, la jueza del caso denegó la solicitud de la mamá de la estudiante, que buscaba el “reconocimiento y pago de los servicios médicos sicológicos suministrados de forma particular a la menor, como resultado de la decisión de la progenitora de no aceptar la asesoría institucional”.
Solo entre el 20 y el 29 de enero el nivel del río Magdalena pasó de 4.91 metros a 3.88 metros en la estación San Pedrito, lo que evidencia un considerable descenso en los niveles de este afluente en su paso por el sur del Atlántico, como consecuencia de la sequía que poco a poco empieza a experimentarse en esta región.Si bien el Ideam aclara que los actuales niveles del río aún no representan una alerta, debido a estas condiciones, la empresa de acueducto del sur del Atlántico ya activó un plan de contingencia con trabajos de dragado sobre el río Magdalena.Por estas labores inclusive este miércoles fue suspendido el servicio de agua en el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez desde las 8:00 de la mañana y hasta que culminen dichas obras.El ingeniero Alfredo Castro, jefe operativo de Aguas del Sur del Atlántico, detalló que este dragado se está realizando específicamente en el área de captación, para poder retirar los sedimentos que se están presentando con la disminución en los niveles del río."Nosotros captamos aproximadamente unos 5.000 metros cúbicos diarios. Gracias a los trabajos que estamos realizando en el sitio con la maquinaria, hemos logrado garantizar un flujo constante al punto de captación garantizando la continuidad y la calidad del servicio por estos días", dijo.En la estación Calamar, en el norte de Bolívar, los niveles del río también han descendido 90 centímetros en cuestión de una semana, ubicándose en 4.28 metros este martes 28 de enero.Al respecto, desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico están realizando trabajos de monitoreo y acompañamiento a las comunidades, para actuar en caso de que se esté comprometiendo la prestación del servicio de agua potable.Ayari Rojano, bióloga de la corporación, indica que, aunque es preocupante la drástica reducción de los niveles, estos corresponden a la medición promedio para esta época del año.Precisó que, por lo pronto, solo fueron abiertas las compuertas del Embalse del Guájaro, para garantizar mejores niveles, sin comprometer la actividad pesquera de la zona.
Preocupación es la palabra en común entre los habitantes del sur del Atlántico y el norte del departamento de Bolívar por la suspensión del megaproyecto del Canal del Dique, el cual garantiza la recuperación ambiental de la zona, para prevenir inundaciones y reducir la cantidad de sedimentos que termina llegando a la bahía de Cartagena y al Parque Natural Islas del Rosario. Esto, luego de que fueron aplazadas unas apropiaciones del presupuesto general de la nación que iban a ser dirigidos a este proyecto avaluado en $3.2 billones de pesosUriel Ávila, líder del sur del Atlántico, asegura que fueron dejados en el olvido por parte del gobierno central."Nosotros necesitamos atención. Esto es un proyecto importante para nosotros. Vamos a reunirnos y a revisar qué vamos a hacer", indicó. Además, desde la seccional caribe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguran que, por la sola expedición de este decreto por parte de MinHacienda, no puede suspenderse el giro de las vigencias futuras comprometidas para este proyecto, por lo que señalan que, mientras tanto, el gobierno deberá cumplir con los giros de los acuerdos pactados."El eventual aplazamiento de las vigencias futuras que respaldan el financiamiento del proyecto de restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, solamente se podrán dar por mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura con el contratista SACYR Concesiones y por el monto que definan las dos partes", indicaron en un comunicado de prensa. A su vez, el senador del Pacto Histórico Pedro Flores manifestó su preocupación por esto e hizo un llamado al gobierno a seguir trabajando por este proyecto. "Es importante que desde el Congreso y en el Gobierno podamos encontrar las rutas necesarias para que este proyecto y todos los regionales del país puedan salir adelante", manifestó el senador.
Un juez en Montería tomó la decisión en las últimas horas de enviar a prisión a un hombre señalado de aprovechar su rol de padrastro para acercarse a una menor de solo 10 años y abusar en reiteradas ocasiones de ella.La Fiscalía le imputó los delitos acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados, por vejamenes que se registraron según indica la autoridad desde el año 2017 hasta el 2021.“Por solicitud de una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Córdoba, un juez impuso medida de aseguramiento intramural a un hombre presuntamente responsable en los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados”, informó la autoridad a través de un comunicado en sus plataformas oficiales.“Labores de policía judicial determinaron que la menor, al parecer, vendría siendo víctima de vejámenes sexuales por parte de su padrastro. Se presume que el procesado se habría aprovechado de su cercanía con la joven”, agregaron.Dice el ente acusador que producto de esos abusos sexuales la niña quedó en embarazo cuando tenía 10 años, y en la actualidad tiene un hijo.Los episodios al parecer tuvieron lugar en el barrio La Palma en Montería, mismo sitio en el que el procesado fue interceptado por las autoridades esta semana, exactamente el pasado lunes 9 de marzo.
Un desconocido que caminaba por el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, fue el encargado de perpetrar el homicidio contra Luis Alberto Donado Benavides, un cobradiario de 39 años al que ni siquiera hubo tiempo de llevar hasta un centro asistencial para intentar salvarle la vida.La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para encontrar al responsable y confirmar las razones del crimen, aunque el ataque podría ir en línea con las confrontaciones que se libran entre prestamistas en el Atlántico por el control de las rutas de cobro.Al momento de su muerte, Luis Alberto realizaba la recaudación de sus préstamos, por lo que las autoridades entrevistaron a los comerciantes de la zona en busca de nuevas pistas.La víctima tiene cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.Otras muertesEstos no fueron los únicos hechos violentos registrados en la capital del Atlántico, puesto que en la jurisdicción se sumaron dos homicidios más en las últimas 24 horas. Sus nombres son Jullders Moisés Mejía Hernández, de 24 años, y Luis José Sanjuan Boneth, de 17, también conocido como ‘Mamby’.El adolescente fue alcanzado por las balas en la terraza de su vivienda en el barrio Villa Rica, en el municipio de Malambo. Mientras tanto, Jullders alcanzó a llegar a un centro asistencial pero no pudo recuperarse del atentado del que fue blanco en el barrio Bajo Valle, suroccidente de Barranquilla.Relatan las autoridades que su asesino entró en su casa y le disparó ante la mirada de sus familiares. De él solo se sabe que tenía una anotación judicial por tráfico de drogas.Hay que informar también que en Galapa, atentaron contra la vida de Kira Paola Meola Pernett, de 30 años. Cuenta la víctima que a su casa llegó un hombre con el uniforme de la empresa Gases del Caribe y, tras unos minutos de charla, sacó un arma para propinarle dos disparos. Hasta el momento su estado de salud es estable.
En un operativo realizado por una unidad especial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado de Zulia, en Venezuela, fue abatido el joven Fabián Nava Díaz, a quien le seguían la pista desde febrero pasado, cuando se vio involucrado en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Fernández Noriega, las adolescentes de 14 y 17 años halladas muertas en el municipio de Malambo, Atlántico.Según los testimonios recopilados durante la investigación, Fabián mantenía una relación sentimental con Keyla y fue quien invitó a ella y a su hermana a una fiesta el pasado martes de Carnaval, un encuentro que se llevó a cabo en la casa de la mamá de él en Malambo y que terminó con el sangriento asesinato de ambas menores.Todo apunta a que horas después del doble crimen, Fabián huyó hacia Venezuela, pero las autoridades de ese país fueron alertadas del caso por las colombiana y lograron ubicarlo en Maracaibo. El procedimiento consistía en establecer el paradero del adolescente, pues este aún no tenía una orden de detención en su contra.Le puede interesar: Revelan confesión de uno de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández en MalamboEl joven, según informó la misma Policía de Zulia, fue localizado en inmediaciones de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del sector El Despertar; sin embargo, al ver la presencia de los uniformados, quienes buscaban establecer su plena identidad, él corrió y se escondió en una vivienda.Cuentan las autoridades que estando en esa casa, al verse rodeado, Fabián sacó un arma y disparó contra los informados, quienes respondieron al ataque y lo hirieron de gravedad. Pese a ser llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, allí los médicos certificaron su muerte minutos después.Vale mencionar que, según el testimonio de uno de los confesos asesinos de las menores, el crimen se habría cometido en represalia ante un supuesto plan que tenían las víctimas para entregar a Fabián a 'Los Costeños' y que esta banda lo asesinara.
Las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica aún persisten y continúan afectando a miles de familias en Córdoba, y así lo ha advertido el gobernador Erasmo Zuleta, quien está solicitando al Gobierno Nacional ampliar por 30 días esta medida extraordinaria.Rodeado de los alcaldes de los municipios más afectados, durante una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado, el gobernador aseguró que todavía falta adoptar medidas excepcionales y realizar movimientos presupuestales que faciliten la atención de la emergencia y la recuperación de los territorios, pues este un proceso que podría extenderse durante varios meses."No puede quedar en el ambiente nacional ni en el ambiente departamental que la emergencia pasó, porque vayan a ver cómo están las familias. Yo hoy sí quiero hacer un llamado responsable y con respeto; no desestimemos la emergencia", manifestó Zuleta. "Hemos tenido conversaciones y solicitudes de mesas técnicas para que desescalemos el Puesto de Mando Unificado y pasemos a sala de crisis, pero ni por ahí, porque la sala de crisis no genera las condiciones de articulación", criticó.Entre las propuestas planteadas por el mandatario departamental se encuentra la implementación de mecanismos como Obras por Impuestos, que permitirían vincular al sector privado en los procesos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.Los alcaldes respaldaron la solicitud del gobernador, quien ha sido enfático en que si bien hoy la gente “está medianamente tranquila”, aún no hay claridad y en cuestión de dos o tres meses “los problemas sociales y económicos van a ser tremendos”. “Y todo eso termina en problemas de seguridad, porque la gente no se va a morir de hambre”, sentenció.
El vuelo 244 de Avianca, que cumplía la ruta entre Bogotá y Nueva York, se vio obligado este jueves a desviarse de su trayectoria original tras declarar una emergencia médica de un pasajero en pleno vuelo.La aeronave activó la alerta 7700, el código transpondedor estándar internacional para indicar una emergencia general a bordo. Ante la activación del protocolo, el avión se dirigió hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, donde aterrizó para garantizar la salud del pasajero que presentó quebrantos de salud.
En una vivienda ubicada en el sector de La Ye, zona rural del municipio de Sahagún (Córdoba), fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición, el cual había sido enterrado en el patio para intentar mantener oculto el crimen.Sin embargo, pese al esfuerzo del responsable por encubrir el cadáver, el olor fétido del cuerpo emanó a los días y alertó al dueño de la vivienda, quien llegó la tarde del pasado miércoles a hacer inspección y aseo, luego de haber entregado su casa en arriendo por un tiempo.Según se ha podido conocer, en la casa vivía un hombre arrendado desde hacía un mes y justo se le perdió el rastro esta semana, lo que lo convierte en el principal sospechoso.Justamente, al no tener noticias de su inquilino, el dueño de la vivienda llegó a revisar su casa, pero al entrar, percibió un fuerte olor que enseguida le permitió dar con el cuerpo enterrado y dar aviso a las autoridades.La víctima aún no ha podido ser identificada debido al avanzado estado de descomposición en el que fue hallada; sin embargo, sus prendas de vestir apuntan a que se trata de una mujer.La Policía afirma que en este territorio no se han reportado personas desaparecidas, pero junto al CTI de la Fiscalía investigan para identificar a la víctima, establecer móviles y dar con el paradero del responsable.
Después de una larga negociación con la Fiscalía, finalmente Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, firmó un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los ataques sicariales que él ordenó como máximo cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños, los cuales dejaron más de un centenar de víctimas.En la negociación, avalada por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla y socializada a los familiares de más de 130 víctimas en una macrodiligencia reciente, alias ‘Castor’ admitió ser el responsable de 95 asesinatos y de otros múltiples ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.Durante la investigación “se estableció que las acciones sicariales fueron ordenadas por alias ‘Castor’ como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delictivas por el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla”, informó la Fiscalía.Inclusive, en su largo prontuario criminal también se reporta un caso en 2023, cuando amenazó a un funcionario de la Fiscalía, a través de mensajería instantánea, por las acciones judiciales que este adelantaba contra la organización delincuencial de ‘Los Costeños’.Como se recordará, ‘Castor’ fundó la banda Los Costeños en 2012 y desde entonces lideró esta peligrosa estructura criminal, ordenando asesinatos y extorsiones, y controlando la venta de estupefacientes al menudeo en Barranquilla y su área metropolitana, con la instrumentalización de niños y adolescentes en este territorio.Huyó hacia Venezuela y en mayo de 2019 fue capturado en el vecino país, donde permaneció en prisión durante cuatro años hasta que en abril de 2023 se logró su extradición a Colombia, que lo requería y hasta ofrecía por él 500 millones de pesos de recompensa.Desde entonces, ‘Castor’ ha estado tras las rejas y en la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Tras su condena, deberá permanecer en prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, estas dos conductas agravadas; porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y amenazas a servidor público.
Momentos de terror vivió la familia de un comerciante en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, luego de que fueran intimidados por hombres encapuchados en la madrugada de este jueves, en medio de un robo avaluado hasta la hora en una suma cercana a los 100 millones de pesos.Los delincuentes forzaron con sigilo la reja de una vivienda de dos pisos en el barrio El Barrizal, mientras que luego dañaron la puerta principal para así infiltrarse hasta la habitación principal.Unos le apuntaron con armas a las víctimas, al tiempo que los otros recogieron todo el dinero en efectivo, objetos de valor, joyas y hasta celulares que había en la vivienda.De hecho, los criminales llegaron a preguntar por los dineros que tenían en sus cuentas bancarias, aunque prefirieron escapar del lugar antes de alertar a los vecinos. Con ellos, también se llevaron el monitor de las cámaras de seguridad para no dejar rastro.Las autoridades competentes ya fueron alertadas por lo sucedido, por lo que se adelanta un operativo para ubicarlos y capturarlos.Investigan homicidioComo Javier Enrique González Núñez fue identificado el tendero de 34 años que, en la noche de este miércoles, fue asesinado a tiros cuando estaba atendiendo en su tienda llamada La Cubana, ubicada en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción de Ponedera, Atlántico.Los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 de la noche, cuando, según la Policía, la persona fue abordada por dos sujetos movilizados en una motocicleta.Entre otras cosas, la víctima alcanzó a ser trasladada hasta el hospital municipal, donde luego se confirmó su deceso por la gravedad de sus heridas.Las autoridades, a esta hora, intentan determinar la veracidad de las versiones que indicarían que Gonzalez Nuñez recibió esta semana un panfleto en el que lo obligaban a pagar extorsiones.
Han sido meses de angustia para los familiares de Maria Angelica Castañeda Morales, una mujer de 53 años que llegó hasta la clínica Reina Catalina en Barranquilla, tras la falta de especialistas que había en su natal Cartagena para tratarle una masa que le identificaron en su páncreas.Sin embargo, su diagnóstico en esta ciudad ascendió de masa a tumor y ahora se le suma una perforación que le iniciaron en su intestino delgado, momentos en los que la preparaban para una biopsia con la que iniciarían su tratamiento.Dice su hijo Esteban Bossio Castañeda a Blu Radio que ahora mismo la Supersalud ni su EPS Salud Total ni los médicos que la atendieron les dan una respuesta, mientras que su estado de salud se agrava, debido a que lleva varios días sin comer y con un intenso dolor de estómago.“Mi mamá ha bajado demasiado de peso. Ella estaba pesando casi 70 kg y ahora está en menos de 40 kg. Está entre 35 y 33 kg. Nosotros hemos puesto quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Llamamos a Salud Total, pero nadie nos da respuesta”, declaró inicialmente.De hecho, a María Angelica le dieron salida ambulatoria con la promesa de que en los primeros días de marzo iban a recibirla para ingresarla a urgencias. Sin embargo, a su llegada nuevamente al centro asistencial les señalaron que su orden no tenía validez.Lo único que les han dicho hasta el momento es que esa perforación hubiera ocurrido en cualquier clínica de la ciudad, por lo que Esteban teme que la situación se salga de las manos y su madre muera.“Nos sentimos de brazos cruzados ante una salud en el país que está deplorable. Nunca habíamos sentido el golpe o que el sistema nos respirara en la nunca. No lo digo solo por mi mamá, es un llamado de atención. ¿Cuántas otras madres, padres, abuelos o hermanos han muerto por falta de una atención oportuna? quizás por una ecografía o por una biopsia. Nos dijo que nos quería ver, que nos extrañaba, como ella habrá miles de personas pasando por lo mismo. Como hijo siento que me están arrancando algo de mi corazón”, agregó.Sus deseos son simples, tener acceso a una nueva biopsia para tratar el tema del tumor y corregir la fisura generada en el intestino.
Suspendido por un año de sus funciones permanecerá el juez décimo civil municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez Torres, por haberse negado a celebrar en 2020 una boda civil entre dos mujeres porque, según él, esto atentaba su moral cristiana al considerar que entre la ley humana y la “ley de Dios”, debía prevalecer esta última.La decisión fue tomada en días pasados por la Comisión Nacional de Disciplina tras una revisión en segunda instancia, en la que se insistió en la importancia de amparar el derecho de los demás. Pese a que el juez alegó el derecho a ejercer la objeción de conciencia, desde la Comisión alegaron que este no se aplica a los jueces cuando se trata de negar el acceso a la justicia a terceros, pues no podía desconocerse o retrasar la aplicación de un derecho que tiene precedente constitucional de obligatorio cumplimiento como el matrimonio igualitario.Aunque el juez Flórez Torres fue sancionado en primera instancia con destitución y 15 años de inhabilidad, tras una revisión en segunda instancia, la Comisión decidió absolverlo de algunos cargos disciplinarios relacionados con el desconocimiento del precedente constitucional y reducir la suspensión e inhabilidad de 15 a un año.Sin embargo, se sentó un precedente en torno a la defensa de las parejas del mismo sexo, para que no sea negada la realización de sus ceremonias de unión, pese a las objeciones religiosas que se tengan al respecto.