Un mes y medio después de un terrible siniestro náutico que dejó en estado crítico a un turista italiano; un día de playa volvió a terminar en tragedia para un grupo de turistas en la zona insular de Cartagena.La víctima del accidente marítimo, cuyas circunstancias son investigados por las autoridades, es Julie Bohórquez Romero, una medica bogotana, radicada en el departamento de Caquetá, quien habría sido arrollada por una embarcación cuando disfrutaba de una actividad náutica en un sector conocido como Agua Azul, en la isla de Barú.Según el relato de los familiares, la especialista en Ginecología y Obstetricia, había llegado a Cartagena a participar de un congreso de medicina, y el pasado domingo 15 de marzo, una vez terminada las actividades académicas, decidió ir de paseo con un tres de sus colegas médicos.“La información que nosotros tenemos es que ella se encontraba departiendo con unos amigos y estaban haciendo uso de esta atracción que es alada por una lancha, más conocida como una dona, en la que las persona se suben, las arrastra una lancha y pues el objetivo es que las personas se vuelquen o se caigan al agua. Ella cae, junto con las otras dos personas que estaban en la atracción, y en la caída cuando regresa la lancha como a sacarlos, pues al parecer, la lancha la golpea de una forma demasiado fuerte, al parecer, de acuerdo a lo que manifiesta la otra persona que estaba allí, la lancha se acerca demasiado a ella, le corta su brazo, pero además le genera unas lesiones a nivel del tórax y del abdomen, que pues al parecer fue lo que lo que resultó determinante para su deceso”, relató en diálogo con BLU Radio, Andrea Chacón, prima de la médico fallecida.Y aunque, la especialista de 42 años fue auxiliada por sus compañeros médicos y trasladada a un hospital de la ciudad de Cartagena, no fue posible salvarle la vida.“Enviemos nuestra voz de condolencia a toda su familia. El reporte indica que se intervino, se aplicaron medidas como tubo de tórax, se reanimó. Salió de manera inicial de este paro cardiorrespiratorio, pero lastimosamente, falleció por las heridas múltiples que tuvo, como contusión en el tórax, traumas, heridas penetrantes en miembros superiores”, explicó el director del Departamento de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.Familia pide mayor regulación a actividades náuticasEn medio del dolor y mientras avanzan los trámites para trasladar el cuerpo de la médico, la familia pidió mayor regulación y control para este tipo de actividades que siguen causando accidentes fatales en la zona insular.“Lo que se ruega es el control a este tipo de actividades, no sé la capacitación de las personas que las realizan, la conciencia frente al riesgo que se asume al ejecutar este tipo de acciones porque cuando pasan estas cosas ya no hay marcha atrás, ya el resultado se dio y ya solo nos queda el dolor de no tenerla, pero si de repente esta tragedia sirve para evitar que otras personas, pues tengan que sufrir la misma suerte o situaciones similares, pues se haga lo que corresponde”, agregó la prima de la médico.Asimismo, aseguraron que se abrió una investigación penal que esperan tengan resultados lo más pronto posible.“Ya hay aperturada una investigación penal por los hechos, las personas que estaban con ella ya ya han rendido, y están rindiendo sus declaraciones, y pues nosotros estamos gestionando todo lo posible para retornarla a su casa”.Por su parte, el secretario de turismo (e), Milton Pereira, señaló que se investigan en las circunstancias en las que se dio el siniestro.“Estamos trabajando articuladamente con Guardacostas para determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió este siniestro en la zona de Agua Azul. Preliminarmente, estamos determinando cuáles fueron las circunstancias para efectos de que el operador, que es un privado, pueda dar las explicaciones correspondientes y que la autoridad marítima determine qué sucedió en el siniestro”, dijo el funcionario.Bohórquez Romero, quien deja dos hijas de 2 y 7 años, se desempeñó como médico de la unidad de ginecobstetricia del Hospital Departamental María Inmaculada de Caquetá durante 13 años.La Gobernación del Caquetá lamentó fallecimiento el fallecimiento de la profesional de la salud. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a todo el equipo del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza y consuelo para quienes hoy sienten su partida. Su vocación de servicio y compromiso con la vida dejarán una huella imborrable en la región”.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, confirmó que la instalación del puente militar en el sector de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, avanzaría para quedar habilitada antes de la temporada de Semana Santa, una de las más importantes para el turismo en la región.Durante una visita de inspección al sitio de las obras, la mandataria verificó los trabajos que se adelantan en este punto de la vía que conecta a Santa Marta con el departamento de La Guajira.Según explicó, actualmente se realizan labores de demolición de la estructura colapsada, paso necesario para iniciar el montaje del puente militar que permitirá restablecer el tránsito vehicular en este corredor.“Hacemos seguimiento al puente militar en compañía del batallón de ingenieros. Vamos por muy buen camino y esperamos instalarlo aproximadamente el 30 de marzo, para contar con paso habilitado en la época de Semana Santa”, señaló la gobernadora.Mientras avanzan los trabajos, en la zona funciona un paso provisional, que ha permitido mantener parcialmente la movilidad de residentes, transportadores y turistas, aunque con restricciones para algunos vehículos de transporte de pasajeros y carga.El corredor donde se adelanta la intervención es uno de los más importantes del Caribe colombiano, ya que conecta al Magdalena con La Guajira y facilita el acceso a destinos turísticos como el Parque Tayrona, Palomino y varias playas del norte del país.La gobernadora destacó además la articulación entre el Gobierno nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para avanzar con rapidez en la instalación del puente militar, mientras se proyecta una solución definitiva para esta vía estratégica de la región.
Un nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano, lo cual seguirá provocando fuertes vientos y alto oleaje en la costa norte, donde ya se ha elevado bandera roja en playas para advertir el riesgo a los bañistas.Vientos de más de 45 km/h y olas de hasta tres metros de altura mantienen en alerta naranja a Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como al departamento de La Guajira, donde se registran condiciones similares en su zona marítima.Este fuerte oleaje e intensidad del viento, por los que inclusive las autoridades han instalado banderas rojas en playas del Atlántico, persistirán en los próximos días, debido a la entrada de un nuevo frente frío proveniente de Norteamérica, que si bien no provocará intensas lluvias, sí amenaza con traer mucha brisa y grandes olas en el mar.Una de las zonas donde se está en alerta por estas condiciones es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde tres menores de edad por poco pierden la vida en el mar tras ser arrastrados por las olas cuando disfrutaban de un baño.Los menores alcanzaron a ser rescatados por el cuerpo de salvavidas del municipio, indicó la coordinadora de este organismo de socorro, Linda Goenaga."Estos tres menores de edad, de 10, 13 y 14 años, no acataron las recomendaciones del socorrista y fueron arrastrados por la corriente. Pero digamos que el llamado es sobre todo a los padres, porque la responsabilidad es de ellos a la hora de estar en playa, ya que nos encontramos en bandera roja", dijo Goenaga.Goenaga recordó así a los bañistas ser prudentes a la hora de ingresar al mar, pues justamente la presencia de bandera roja en todas las playas de esta población advierte que no es conveniente alejarse de la orilla ni bañarse cerca de los espolones.Vale mencionar que por fuerte viento y alto oleaje también hay alerta amarilla en los departamentos de Córdoba, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En Córdoba se confirmó que el cuerpo que se halló enterrado en una vivienda corresponde al de una adolescente, de 14 años, que residía en Montería. Familiares contaron que la menor había estado recibiendo atención psicológica y contaba con acompañamiento del ICBF, pero escapó de casa. En el barrio Los Robles II de Montería, la familia de Victoria Luz Moreño Romero recibió la noticia que ninguno quería oír: tal como se había especulado, el cuerpo que apareció sepultado en el patio de una vivienda del municipio de Sahagún (Córdoba) efectivamente corresponde al de esta adolescente, de 14 años, a quien le habían perdido el rastro hacía una semana.Todavía son una incógnita la forma como la menor llegó a ese municipio y cómo terminó muerta y enterrada en una casa, sin embargo, el avanzado estado de descomposición en el que se halló su cuerpo apunta a que la habrían sepultado desde hacía ocho días, luego de que ella escapó de su casa y no volvió a comunicarse con su familia.En diálogo con medios locales, una hermana de la víctima contó que ella apenas tenía unos días de haber regresado a casa, cuando decidió marcharse de nuevo; pues antes, la menor había decidido irse a vivir junto a un muchacho, pero luego él la devolvió a su familia, asegurando que no podía hacerse cargo de ella, porque apenas era una niña.Sin embargo, Victoria decidió irse otra vez y no le dieron chance alguno de volver, pues la asesinaron y hasta pretendieron mantener oculto su cadáver."En la parte de atrás de donde ella dormía hay una puerta y ella se voló por ahí. Eso fue todo lo que supimos hasta hasta que nos dieron la triste y lamentable noticia, y queremos que se haga justicia porque no queremos que le vuelva a pasar esto a otra familia", contó la hermana.Su madre también clama a las autoridades que esclarezcan pronto este crimen y den con el responsable."¿Por qué le hicieron eso a mi niña? ¿Por qué le hicieron eso? Yo no me explico, yo estaba esperándola, pero no llegó. Llegó fue la noticia que mi hija está muerta. Eso es lo que yo sé. Yo la estaba esperando todos los días aquí en mi ranchito humilde, daba la vida por ella y le daba lo mejor, yo la quise mucho", expresó su madre entre el llanto.No se descarta que la adolescente, quien estaba bajo un proceso de acompañamiento con el ICBF y en su momento debió ser internada para recibir atención psicológica, haya sido víctima de un feminicidio, pues el principal sospechoso es un hombre que vivía arrendado en la casa donde se encontró el cuerpo.
Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, decidió iniciar una batalla legal en Colombia para que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido.Su solicitud, presentada ante su EPS en 2025, fue negada por falta de normas que regulen el procedimiento. Mientras su caso avanza en los tribunales, la joven habló en una investigación de Noticias Caracol sobre el sufrimiento que la llevó a tomar esta decisión.Giraldo explicó que lleva más de la mitad de su vida enfrentando trastornos mentales severos. “Es como una sensación de vacío con la vida. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, relató. Según cuenta, la enfermedad le impide llevar una vida normal y la sensación de angustia la acompaña permanentemente. “Es un infierno… me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, durante años intentó distintos tratamientos médicos y psiquiátricos sin lograr mejoría. Después de múltiples terapias y hospitalizaciones, en 2025 decidió solicitar el "derecho a morir dignamente", pero no mediante eutanasia. Su petición consiste en que un médico le suministre el medicamento y que sea ella quien lo administre. “Yo he intentado acabar con mi vida de maneras impulsivas, pero tampoco quiero lastimar a mi familia. Me pregunté si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacerlo a escondidas”, explicó.Catalina asegura que su decisión también busca evitar que sus seres queridos enfrenten una muerte traumática. “Para mí pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor. Un acto de amor conmigo misma, pero sobre todo con mi familia”, dijo. Incluso relató que cuando habló del tema con su madre y su hermana, la conversación fue dolorosa, pero finalmente recibió su apoyo. “Lloramos y nos abrazamos. Ellas me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”, recordó.Sin embargo, el proceso encontró un obstáculo institucional. En noviembre de 2025 su EPS respondió que no podía autorizar el procedimiento porque no existen “condiciones normativas ni operativas” para realizarlo. Ante esa negativa, la joven interpuso una tutela, pero un juez la rechazó al señalar que podría acceder a la eutanasia. Ella insiste en que no es lo mismo. “Quiero que el médico me acompañe, pero que sea yo quien tome la decisión final”, explicó.Ahora su caso podría llegar a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra. Mientras espera una decisión, Catalina sostiene que su lucha no es solo personal. “Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda… ayuda para mi familia también. Porque esto cansa mucho, y yo estoy cansada”, dijo.
La iniciativa busca fortalecer la protección de usuarios y conductores frente a riesgos como suplantación de identidad, fraudes digitales y delitos durante los trayectos.El proyecto, de autoría de la concejal Cristina Calderón Restrepo, plantea una serie de medidas para mejorar la seguridad en los servicios de transporte solicitados a través de aplicaciones móviles, en medio del crecimiento de este tipo de alternativas de movilidad en la ciudad.Según explicó la cabildante, las plataformas digitales se han convertido en parte de la vida cotidiana de millones de bogotanos al ofrecer una forma rápida y accesible de desplazarse. Sin embargo, el uso masivo de estas herramientas también ha traído nuevos desafíos en materia de seguridad.“Este avance tecnológico también ha traído nuevos desafíos que no podemos ignorar: suplantación de identidad, delitos dentro de los carros y falta de trazabilidad en los servicios”, aseguró Calderón Restrepo durante la discusión del proyecto.Uno de los principales objetivos de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de verificación de identidad tanto de conductores como de usuarios. Con esto se busca reducir casos de suplantación y aumentar la confianza en este tipo de servicios.El proyecto también contempla la incorporación de herramientas tecnológicas para responder de manera más rápida ante situaciones de riesgo. Entre ellas se incluye la posibilidad de contar con botones de emergencia conectados directamente con la línea de atención de emergencias 123.De acuerdo con el Concejo, estas medidas buscan llenar el vacío de regulación nacional que actualmente existe sobre las plataformas digitales de transporte, situación que ha sido señalada por jueces y autoridades en diferentes decisiones.Tras la aprobación del acuerdo, la empresa Uber en Colombia celebró la decisión del Concejo de Bogotá y aseguró que varias de las herramientas contempladas en la iniciativa ya hacen parte del estándar de seguridad de su aplicación.Entre estas funciones se encuentran procesos de verificación de identidad, validación de antecedentes para conductores, el uso de códigos PIN para confirmar que el usuario aborda el vehículo correcto, así como la trazabilidad de los trayectos a través de GPS.Uber también destacó la posibilidad de contar con un botón de llamada directa al 123 en caso de emergencia, además de sistemas de grabación de audio o video durante los viajes que pueden utilizarse como soporte en eventuales reportes.Según la empresa, su aplicación cuenta actualmente con más de 40 herramientas de seguridad dirigidas a proteger a los usuarios y a quienes prestan el servicio.
La situación en Medio Oriente se ha intensificado tras la reciente escalada bélica que, según reportes, deja cerca de 100 fallecidos en Irán y más de 800 en Beirut. En medio de este escenario, Estados Unidos ejecutó un ataque contra la isla de Kharg, un enclave estratégico por donde circula cerca del 90 % del petróleo iraní, una acción que incrementa la presión económica y militar sobre Teherán. El nuevo episodio del conflicto vuelve a poner en el centro del debate la estabilidad del régimen de los ayatolás y la posibilidad de cambios en el sistema político iraní.Para la experta Margarita Cadavid, de la Universidad Militar, la actual ofensiva se inscribe en una estrategia más amplia de reconfiguración regional. Según explicó en entrevista con Sala de Prensa Blu, el objetivo estaría relacionado con los intereses de seguridad de Israel y con los objetivos políticos de Estados Unidos. Cadavid señaló que, tras meses de protestas internas en Irán —en las que por primera vez sectores de la población exigieron abiertamente el fin del sistema teocrático— algunos actores internacionales habrían interpretado ese escenario como una oportunidad para debilitar al régimen.En ese contexto, la analista advirtió que existe una lectura política según la cual las potencias occidentales “quisieron darle, como se diría coloquialmente, el último empujoncito al régimen de los ayatolás para acabarlo”. Sin embargo, también subraya que la estructura institucional iraní es fuerte y está diseñada para resistir eventuales cambios de liderazgo, especialmente por la figura del Líder Supremo, que concentra amplios poderes dentro del sistema político.Uno de los factores centrales de la tensión sigue siendo el programa nuclear iraní. Aunque existen dudas sobre la capacidad actual del país para fabricar un arma nuclear tras los bombardeos a sus centrales en 2025, el desarrollo atómico continúa siendo la principal “carta” utilizada para justificar acciones militares. Cadavid explica que, desde la perspectiva de Israel, esta posibilidad representa una amenaza existencial, lo que incluso abre la puerta a un eventual escenario de intervención terrestre.La experta también advierte sobre los riesgos de una desestabilización mayor en Irán. Según señala, la instrumentalización de minorías étnicas podría fragmentar el país y generar un escenario similar al de otros Estados fallidos. “Estaríamos frente a un escenario donde un estado iraní… sería un estado como en este momento lo es Libia”, afirma.A esto se suma el impacto geopolítico que tendría una crisis profunda en Irán, país que controla el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo. Mientras tanto, desde la Guardia Revolucionaria iraní advierten que la confrontación podría prolongarse. Según han señalado, “esta guerra no se va a acabar cuando Estados Unidos quiera sino cuando ellos quieran”, en medio de una creciente tensión regional que podría involucrar a otros actores, como Turquía.
El Gobierno Nacional reiteró su respaldo a los procesos de formalización de los mineros de pequeña escala, tradicionales y de subsistencia, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde esta actividad representa una fuente de sustento para miles de familias.A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior de Colombia y el Ministerio de Defensa de Colombia señalaron que el país actualmente enfrenta el reto de avanzar en la legalización de la minería artesanal, mientras se mantiene la lucha contra la extracción ilegal de minerales.Según las cifras entregadas por el Gobierno, entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en esta subregión. De ese total, 2.242 mineros ya han sido formalizados mediante 32 instrumentos creados para facilitar este proceso.Sin embargo, las autoridades indicaron que 567 de estas personas desarrollaban actividades en zonas ambientalmente restringidas, excluibles o en áreas tituladas, por lo que se el gobierno les ofreció la posibilidad de acceder a programas de reconversión productiva.En el comunicado, también destacaron las acciones contra la minería ilegal. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en lo corrido de 2026 se han adelantado siete operativos que permitieron inhabilitar 22 dragas utilizadas en la extracción ilegal de minerales, una actividad que, según las autoridades, también puede estar asociada a otros delitos y hechos de violencia en las regiones.Finalmente, las entidades reiteraron su disposición al diálogo con las comunidades mineras, alcaldías y gobernaciones, siempre y cuando las protestas se desarrollen de manera pacífica. Además, señalaron que continuarán avanzando en la construcción de un distrito minero y en planes de gestión territorial que permitan fortalecer una minería legal que contribuya al desarrollo de las regiones y a la protección del medio ambiente.
América de Cali empató este domingo 1-1 con Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, en un intenso partido de la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol colombiano, resultado que mantiene a los locales en la lucha por los primeros puestos de la tabla.El conjunto visitante se adelantó en el minuto 12 con un gol de Adrián Parra, lo que obligó al equipo dirigido por el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva a buscar el empate ante su afición.Tolima incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero el portero brasileño Jean Fernandes detuvo un penalti cobrado por Juan Pablo Torres en el tiempo añadido de la primera parte, una acción que mantuvo con vida a los locales.En la segunda mitad América reaccionó y, tras un gol anulado por el VAR a Jan Lucumí, logró igualar en el minuto 56 con un tanto de Mateo Castillo luego de una asistencia de Rafael Carrascal.El empate deja al América en la sexta posición con 17 puntos, mientras que Tolima suma 16 unidades y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación.En otros resultados de la jornada, Águilas Doradas derrotó por 1-0 a Deportivo Pereira, Once Caldas venció por 4-2 al Deportivo Pasto, Atlético Nacional superó por 2-0 a Llaneros y se mantiene como líder con 24 puntos, Internacional de Bogotá empató 0-0 con Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali derrotó por 2-0 a Cúcuta Deportivo.El sábado, Boyacá Chicó frenó la racha de Millonarios al imponerse por 2-1 en Tunja, mientras que Independiente Santa Fe y Alianza empataron 1-1.La undécima jornada se completará con los juegos entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín, y el encuentro entre Junior de Barranquilla y Fortaleza.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Regional Norte anunció en las últimas horas que las deudas de aproximadamente $1 billón de pesos que mantiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con firmas de construcción, consultoría e interventoría afectarían la estabilidad de las empresas del sector de infraestructura del Caribe.La principal consecuencia de ello es que se despertaría una amenaza con retrasar o suspender la ejecución de proyectos viales claves para esta región.La CCI precisó, por medio de un comunicado, que en esta zona del país la crisis impacta con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas por cuanto constituyen el 99% del total de las compañías de este sector registradas formalmente, siendo el 80,8% microempresas y el 19% pequeñas y medianas.Solo en Atlántico y Bolívar, en la cadena de valor del sector de la infraestructura, hay 762 empresas constructoras, 779 de proveeduría y 67 de consultoría, de acuerdo con datos del Registro Único de Proponentes de estos dos departamentos.La Cámara recordó que aunque no se ha establecido qué proyectos podrían paralizarse por la falta de pagos de Invías a sus contratistas, en la Región Caribe son responsabilidad de dicho instituto los viaductos de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga; la variante de Ciénaga, y un tramo importante de la doble calzada Cartagena-Barranquilla.“La situación es más crítica porque entidades territoriales y otras del orden nacional, como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, también han incumplido pagos a firmas que hacen la interventoría en obras a cargo de juntas de acción comunal, lo que está obligando a los contratistas a suspender sus actividades, con lo cual se acentúan las parálisis de los proyectos viales”, sostuvo el ente.“Esta situación acentuará el rezago que tiene la región Caribe en materia de infraestructura y afectará el transporte y la comercialización de bienes e insumos del sector productivo y de consumo de los hogares, con el consiguiente efecto en alzas de los productos y de la operación logística”, finalizó.
Han pasado 15 días de 2025 y aún los cuerpos voluntarios de bomberos en el Atlántico están en el limbo en cuanto a los convenios que garanticen la prestación de sus servicios.La denuncia la hace el teniente Alexander Martínez, comandante del cuerpo de Bomberos de Soledad y vocero de estos organismos de socorro en el departamento, quien advierte que mientras las alcaldías no definen, han decidido declararse en un cese de actividades escalonado dándole prioridad solo a las emergencias que comprometan la vida de la comunidad, a pesar de la alerta amarilla por incendios forestales y que podría convertirse en roja en los próximos días, según el Ideam.“No estamos atendiendo emergencias por temas forestales o de emergencias por abejas, solo aquellos casos en los que esté en peligro la vida de la comunidad”, dijo citando que este fin de semana por falta de combustible en el municipio de Sabanalarga no pudieron acudir a atender un llamado de la comunidad.Explicó que, en el caso del municipio de Soledad, tras varias protestas registradas la semana anterior, avanzan en una mesa de trabajo con la Alcaldía, pero que aún, a la fecha, no se ha firmado nada.“Estamos en la necesidad urgente de que los alcaldes nos miren, no se han pronunciado, nadie dice nada, los bomberos pasando crisis y la comunidad está sin protección, lo que es un deber ser garantizado por los alcaldes”, advirtió.Informó que se estima que hay 498 unidades bomberiles en el departamento, de los cuales 320 están en la incertidumbre.¿Qué dice la Gobernación?Al respecto, el subsecretario de Gestión del Riesgo, Nelson Oquendo, respondió que los contratos están en los tiempos administrativos de ley para esta vigencia y que se estiman entre 20 a 30 días de iniciarse el año. Reiteró el llamado a las alcaldías para que haya acuerdos de presupuesto con los voluntarios para garantizar la cobertura en las poblaciones.Anunció que se está tramitando un convenio con el Ministerio del Interior por 12.600.000 millones de pesos para reforzar los cuerpos de bomberos en dotación, herramientas y vehículos sumándose a lo que firmen con los municipios.
Iván Enrique Cuentas, de 74 años, se convirtió en la víctima de un terrible siniestro vial que involucró un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al esquema de seguridad del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, en la ciudad de Cartagena.El adulto mayor, oriundo de Chocó, murió tras ser arrollado por la camioneta cuando, al parecer, cruzaba por el carril exclusivo de Transcaribe, a la altura del Castillo de San Felipe.Aunque el hecho se registró hacia las 2:30 de la tarde del pasado viernes 10 de enero, ninguna autoridad de tránsito distrital ni departamental se había pronunciado al respecto.Sin embargo, este miércoles 15 de enero, a través de su cuenta en X, la UNP confirmó que el vehículo involucrado en el siniestro había sido asignado al gobernador Arana, al tiempo que lamentó lo sucedido.“La Unidad Nacional de Protección, UNP, lamenta la muerte de Iván Enrique Cuentas Arriaga, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido en Cartagena el viernes 10 de enero. En el hecho se vio involucrada una camioneta de la UNP del esquema de protección del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. El vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación y no por la persona autorizada por la UNP”, informaron.A su vez, la entidad del Gobierno nacional anunció que se abrió una investigación interna para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación de Bolívar y no por personal autorizado de la UNP.“Por este mal uso de las medidas, la entidad protectora adelanta investigaciones internas y tomará las medidas correspondientes. La UNP abrió una investigación para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación, y no por personal de la entidad.Por su parte, la Gobernación de Bolívar, a través de un comunicado de prensa, señaló que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.También indicaron que han “brindado acompañamiento a la familia de la víctima” y que están atentos a los requerimientos de las autoridades competentes.“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y garantizar que se sigan los procedimientos establecidos. La Gobernación de Bolívar permanece atenta a cualquier requerimiento por parte de los organismos de investigación y reafirma su disposición para continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de todos los bolivarenses”, añadieron.Entretanto, en su comunicación, la Gobernación de Bolívar no entregó detalles sobre por qué el vehículo era conducido por un contratista y no por personal de la UNP, ni tampoco a qué funcionario estaba asignado en el momento del siniestro vial.
El asesinato a bala de un adolescente de 16 años en Barranquilla, haría parte del duro panorama de reclutamiento de menores que afecta a esta zona del país, donde incluso le estarían ofreciendo sueldos a estos niños para entrenarlos como extorsionistas y sicariosSe trata del crimen de Deiner Camargo, de 16 años, un adolescente al que un sicario asesinó a bala este martes 14 de enero en horas de la tarde, en el barrio Rebolo de Barranquilla, cuando estaba caminando por la calle. Por el modo en el que se dio el homicidio, no se descarta que sea un caso que podría estar relacionado con posibles retaliaciones entre bandas criminales.Aunque las autoridades no confirman si Deiner sería miembro de un grupo delincuencial, su caso podría estar conectado con el reclutamiento de menores que estaría siendo realizado en zonas del suroriente y suroccidente de la ciudad, con adolescentes desde los 13 años.Según conoció Blu Radio, investigadores han podido establecer que a estos les ofrecen sueldos que van desde los $500 mil mensuales. A estos inicialmente los presionarían con amenazas de asesinar a un familiar o incluso a ellos mismos y posteriormente los entrenan para cometer extorsiones y homicidios. Uno de los casos más notables es el de alias 'Bebé', un menor de 17 años que fue recientemente capturado y quien reconoció a las autoridades que participó en el asesinato de 11 personas en los últimos años, luego de recibir órdenes de miembros de bandas delincuenciales. Muriel Jiménez, investigadora de la Universidad del Atlántico, recientemente realizó un informe para Unicef en el que detectó que a pesar de lo difícil que es darle números al reclutamiento de menores en Barranquilla, pudo determinar a partir de cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio que en los últimos cuatro años más de 1.100 menores han sido aprehendidos, de los que un 63% de los casos correspondían a porte ilegal de armas de fuego."Es llamativo que antes de 2021 la mayor parte de los datos ingresados correspondían a aprehensiones por hurto, pero ahora la gran mayoría es por fabricación y porte de arma de fuego. Vemos cómo están cambiando los delitos. Instrumentalizan a los menores porque ellos enfrentan penas más bajas. Aprovechan que en el sistema los niños entran y salen más rápido. Además, son más rentables, pues desde la lógica de estas bandas ellos son cuestan menos", cuenta la investigadora.
Personal de Guardacosta organiza un operativo para iniciar la búsqueda de Kevin Cera, un joven de 21 años que fue arrastrado por los fuertes vientos poco después de abrir una cometa que utilizarían para pescar en Puerto Velero, Atlántico.La intensidad de la brisa que por estos días alcanza los 52 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte del Ideam, lo llevaron hasta una zona profunda de donde no salió, así lo explicó Eimar David Cera, primo de la víctima.“Kevin estaba acá con los muchachos y un amigo sacó una cometa, entonces él fue a cogerla y como que la cometa se fue para el agua y al intentar aguantarla terminó metido en un candil que estaba ahí cerca, yale habían advertido que para allá no se fuera, pero al final terminó metiéndose”, detalló Eimar.El joven que vivía en el municipio de Baranoa, en el Atlántico, se había desplazado junto a dos vecinos hasta Puerto Velero, donde ocurrió el incidente a eso de las 8 de la mañana de este miércoles.Por los fuertes vientos, el Ideam junto con la DIMAR mantienen una alerta para toda la zona costera y marítima del departamento del Atlántico por lo que han pedido mucha precaución con la relación de actividades en el mar.
La empresa Ecopetrol informó este domingo 15 de marzo sobre una falla en el suministro de energía eléctrica que provocó el apagado temporal de varias unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, Reficar.De acuerdo con la compañía, luego de que se registrara la situación, se activaron los protocolos de contingencia para restablecer las operaciones de forma segura. Actualmente, las unidades de proceso se encuentran en modo seguro y energizadas, mientras continúan las labores para normalizar el funcionamiento de la refinería.Ecopetrol aseguró que, pese al incidente, no se verá afectado el abastecimiento de combustibles en la región Caribe ni en el resto del país, ya que la refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda nacional. La empresa también señaló que no se reportaron personas lesionadas ni daños en la infraestructura como consecuencia del evento dentro de la refinería. Finalmente, indicó que las causas de la falla eléctrica son objeto de investigación para así determinar el origen del incidente y evitar que este se repita.Comunicado de EcopetrolEcopetrol informó que el domingo 15 de marzo de 2026 se presentó una afectación en el suministro de energía eléctrica en la Refinería de Cartagena, lo que ocasionó el apagado de las unidades de proceso.Según la compañía, este hecho no afecta el abastecimiento de combustibles en el país ni el suministro en la región Caribe. La refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda nacional.Una vez se reportó la situación, la empresa activó su plan de contingencia con el objetivo de atender oportunamente el evento y avanzar en el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio.Ecopetrol indicó que, por ahora, las unidades de proceso se encuentran en modo seguro y energizadas mientras continúan las labores para normalizar la operación.La compañía también informó que las causas del evento serán objeto de investigación. Además, precisó que el hecho no generó afectaciones a personas ni daños en la infraestructura de la refinería.
Cerca de cinco mujeres, todas trabajadoras en el sector salud en el norte de Barranquilla, han sido víctimas de abusos sexuales perpetrados por dos hombres que al parecer estarían utilizando plataformas digitales para fingir ser mototaxistas y luego llevarlas hacia una zona apartada en la que pueden someterlas con armas de fuego.Blu Radio conoció en primicia que uno de ellos sería colombiano y otro venezolano. Ambos están siendo buscados por las autoridades competentes y la investigación ya fue asignada a una fiscal especializada, debido a que varios casos ya completan un año sin justicia.Precisamente, habló el allegado de una de las víctimas, quien en reserva de su identidad mostró su preocupación por las demoras para la captura de estos hombres. Dice que cada día que pasa puede sumarse otra mujer más al número de abusadas.“Esos individuos han seguido haciendo sus fechorías y nadie ha dicho nada. Nosotros le mandamos un mensaje a la Presidencia de la República, a la Alcaldía de Barranquilla y hasta a la que supo ser fiscal general (Martha Janeth Mancera). Nos respondieron que sí, que iban a proceder lo más pronto y mire cuánto tiempo ha pasado y todavía nada”, declaró.Esta persona indicó que a su familiar además le robaron sus pertenencias en una zona limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia; y la dejaron en el sitio a altas horas de la noche. Afortunadamente, un conductor que pasaba por la vía la auxilió y la llevó hasta un centro asistencial.“Estaba laborando (la víctima), salió de su trabajo a las 9:30 de la noche. Iba a pedir un inDriver, sin embargo, iba pasando una moto y le dijo que si quería que le hiciera la carrera. Como nadie le ofrecía nada, accedió. En el camino esta persona hablaba mucho por el celular y mi familiar le advirtió que estuviera más pendiente, que se iban a estrellar. Aquel hombre le dijo tranquila, y cuando estaba cerca a la clínica Portoazul se desvió hacia un monte”, contó inicialmente.“Allí salió otro muchacho con un arma apuntándole, le dijo que se quedara quieta o si no la mataba. Quedó en shock. Abusaron de ella. Con la Policía fuimos al lugar al día siguiente y encontramos sus cosas, su maquillaje, su bolso”, añadió.En manos de la Fiscalía están las descripciones y la placa de la motocicleta utilizada para los hechos. Asimismo, los abusadores tendrían anotaciones también por delitos sexuales.
La vida de Lorena Saray Barrios Lara en Barranquilla cambió en menos de dos meses, debido a las complicaciones de salud que la llevaron a una UCI de la clínica Bonnadona el pasado 2 de febrero, de donde salió esta semana sin sus brazos y piernas.Esta madre de tres hijos manifiesta que, aunque le fue detectado un avanzado cáncer de mama, solo llegó hasta esa clínica por una fiebre que tuvo luego de su tercera quimioterapia. Al despertar, relata que ya tenía los pies ennegrecidos, sus carnes dañadas y una orden inevitable de amputación.“Yo entré caminando y tenía que salir caminando, es muy difícil para todos. Incluso hay gente que no ha querido venir a verme porque le da dolor verme así. Una situación horrible para todo el mundo”, declaró la mujer, indicando que espera tomar acciones legales y que uno de sus hijos “tuvo que salirse de sus estudios para cuidarla a tiempo completo”.Ante la ola de críticas en redes sociales, la clínica Bonnadona explicó que debieron actuar con rapidez para salvar su vida, pues se agravó en su cáncer y tuvo trombosis séptica, lo que implica que se dejaron de suministrar oxígeno y nutrientes a sus tejidos.La clínica dice que su pronóstico fue tan crítico que llegó a tener una probabilidad de muerte de 85%. En los diagnósticos además le encontraron una neumonía adquirida.“El 2 de febrero de 2025, la paciente ingresó al servicio de urgencias presentando fiebre de aproximadamente dos semanas de evolución. Fue valorada de manera inmediata por el equipo médico, diagnosticando neutropenia febril, condición grave que puede presentarse en pacientes con enfermedades oncológicas y que requiere manejo urgente según protocolos médicos establecidos”, escribieron en un comunicado.“Durante su evolución clínica, en menos de 48 horas, la paciente presentó choque séptico y falla orgánica múltiple, en el contexto de neutropenia febril y neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual requirió traslado y manejo a la unidad de cuidados intensivos de adultos, con soporte ventilatorio y manejo hemodinámico intensivo mediante vasopresores. Las escalas de severidad aplicadas en ese momento indicaban un pronóstico crítico con mortalidad estimada superior al 85%”, añadieron.“En el curso de su hospitalización en la UCI, la paciente presentó diversas complicaciones asociadas a su condición clínica, entre ellas falla renal aguda que requirió hemodiálisis, episodios de fibrilación auricular, así como alteraciones de la coagulación compatibles con la coagulación intravascular, todas manejadas con un equipo médico multidisciplinario especializado”, también alcanzaron a decir.“Adicionalmente, la paciente desarrolló alteraciones severas en la perfusión de sus extremidades asociadas a fenómenos de trombosis séptica y a su enfermedad oncológica avanzada. A pesar de las intervenciones médicas realizadas y de los esfuerzos terapéuticos desplegados, esta condición no logró revertirse, por lo cual fue necesario realizar procedimientos de amputación múltiple de extremidades como medida extrema orientada a preservar la vida de la paciente”, concluyeron.Bonnadona se solidarizó hacia la paciente y su familia y aclaró que “durante todo el proceso asistencial las decisiones médicas adoptadas fueron explicadas de manera clara y oportuna por los especialistas tratantes”.
Aunque todavía queda más de un año para el fin de la vigencia de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla, en esta ciudad ya se discuten los candidatos para relevarlo debido a las declaraciones del actual ministro de Interior, Armando Benedetti, en las que dice que tiene ganas de probar suerte en la lucha por la administración distrital.Sus palabras fueron dichas al salir de una reunión social privada convocada por el Pacto Histórico en el norte de Barranquilla, puntualmente por el senador Pedro Flórez, y a la que asistieron los representantes Jaime Santamaría, Andrea Varga y muchas más personalidades de esa coalición.Del encuentro Benedetti señaló que el “futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”.“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Todo depende del pacto histórico, de lo que vayan a hacer, porque ellos son los dueños de los votos. Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita. Tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No hablo del Caribe colombiano, hablo del mar internacional. Y de eso sé bastante porque es con políticas nacionales y públicas”, dijo a los medios de comunicación.“Fui invitado a una reunión social donde están los senadores Agmeth Escaf, Orlando de la Hoz, Pedro Flórez y los representantes Jaime Santamaría, Andrea Vargas y el concejal Recer Lee Pérez, líderes como Reiner Angulo, Natalie Álvarez, el rector de la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe y los principales líderes del Pacto Histórico en Barranquilla. Como siempre hay unos…, aquí no se ha hablado de política ni de estrategia ni de trabajo, así un tonto crea que sí y se ría. Algunos sí hablaron del futuro lejano del 2027. El futuro siempre es bienvenido si trae buenos augurios”, escribió además en sus redes sociales.De hecho, a su llegada al hotel Marriot fue recibido entre aplausos y bajo el rótulo de “el futuro alcalde de Barranquilla”. Así se puede ver en los varios videos que han circulado por las redes sociales.Para el funcionario la decisión está “prácticamente tomada”, aunque prefirió no hablar aún sobre las propuestas que tendría de llegar al mando de la ciudad.
La aparición de hasta 300 tarjetones de más en varias mesas de votación es una irregularidad que no solo está llevando a la destrucción masiva de votos al azar durante los escrutinios, sino que está afectando a partidos como el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, que denuncia la anulación de más de 70.000 sufragios que tenía a su favor en Barranquilla, Bucaramanga y varios municipios del Valle del Cauca.El inconformismo lo manifestó inicialmente Rafael Esguerra, representante jurídico del partido Aico, durante los escrutinios que se realizan en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Aseguró que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”, pues afirma que están siendo castigados junto a la circunscripción nacional, siendo que ellos son una circunscripción especial.Si bien la ley obliga a hacer un nuevo conteo y a destruir los votos en exceso cada vez que el número de sufragios supere la cantidad de votantes por mesa, el abogado Esguerra sostiene que la circunscripción indígena merece un tratamiento especial.“Hoy se están metiendo en la misma bolsa dos circunscripciones totalmente distintas, la nacional y la especial indígena. Los votos de la circunscripción indígena no afectan ni el umbral ni la cifra repartidora. Es decir, ni le suman ni le restan votos a la circunscripción nacional. Se están destruyendo también nuestros votos, castigando a una minoría política por un problema que no nos corresponde, ya que el problema viene de las mesas”, declaró.El abogado insiste en que la falta de capacitación de los jurados puede ser una de las causas por las que se están dando estas irregularidades.Lo cierto es que estas inconsistencias, como votos que superan el número de votantes inscritos por mesa, motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación en contra de cuatro jurados de votación en Barranquilla que, pese a no estar vinculados a ninguna entidad pública, están siendo procesados como funcionarios públicos, pues su labor como jurado los convirtió en servidor del Estado por un día.Más molestiasOtro de los que habló del tema fue el candidato al Senado Rubén Marino, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien sostuvo que solo en Barranquilla le anularon cerca de 12.000 votos.“En Barranquilla saqué algo más de 9.000 votos y me anularon 12.000, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, agregó.Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, indicó.El candidato insistió en que lo que está en juego no es únicamente una aspiración electoral, sino la posibilidad de que las comunidades indígenas cuenten con una representación real en el Congreso.
Las alarmas siguen encendidas en la Policía del departamento de Cesar tras la detonación de un artefacto explosivo, al parecer tipo petardo, contra un puesto de control de esta autoridad que estaba ubicado en la entrada al municipio de Curumaní.Según el reporte inicial de las autoridades competentes, los hechos no registraron personas heridas y se abrió una investigación para determinar qué grupo armado pudo estar detrás de ese atentado.El episodio fue rechazado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien ordenó el aumento de unidades del Ejército en la zona para restablecer la movilidad vehicular.“Un nuevo hecho de violencia ocupa a nuestro departamento. Un artefacto explosivo fue detonado hace algunas horas en la vía Curumaní - San Roque, hecho que rechaza la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y a partir del cual articula nuevas acciones con la fuerza pública”, escribieron por sus redes sociales.“El ataque no dejó lesionados, ni daños a la infraestructura vial, pero llevó al aumento de Policía y Ejército en la zona. A esta hora se registra tránsito normal”, agregó.Del mismo modo, el alcalde Hermes Martínez, analiza en estos momentos la realización de un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.Como ya informamos, los hechos son materia de investigación para las autoridades.
Luz Mendoza García todavía puede recordar la última llamada que el pasado 28 de diciembre tuvo con sus hermanos Manuel María (51 años) y Alfonso Manuel (49 años), en la que le dijeron que tenían que salir, junto con sus primos Pablo Guillermo (42 años) y Darío Miguel Vides García (52 años), desde una base militar en Rusia hacia una zona llamada el área, uno de los puntos en los que se libra la guerra de este país con Ucrania.La mujer tomó con preocupación la noticia de que “estarían incomunicados por lo menos hasta enero de este año”, mucho más ahora que transcurren tres meses del 2026 y todavía no hay rastro de ellos.Desde su casa en Soledad, Atlántico, declaró a Blu Radio que sus allegados fueron reclutados con la promesa de ganar mucho dinero en la logística del ejército ruso. Sin embargo, tras un par de semanas de entrenamiento les entregaron fusiles y los sacaron a “una realidad muy diferente”.“Hemos hecho de todo. Mandamos una carta a la embajada de Rusia, a la de Colombia en ese país, a Polonia. Incluso opté por ingresar a un grupo ucraniano para pedir información y ni así. Lo único que me dicen es que no aparecen en la lista de nada. Si no aparecen entre los muertos, ni entre los desaparecidos, ni en lista de heridos, tampoco en hospitales, ¿entonces dónde están?”, dijo inicialmente.Para ella esto es anormal, pues desde el 10 de noviembre que partieron hacia Moscú, siempre mantuvieron comunicación por la plataforma de Telegram. De hecho, la alcanzaron a tranquilizar explicándole que solo cuidarían las ciudades bajo el dominio ruso. Aun así, aclara que su única esperanza ahora es volver a verlos.“Es horrible no saber lo que le pasa a tu familia. No tener ni idea de si está vivo o muerto. Angustioso. Estamos agarrados de la fe de Dios. Por lo menos le pido que me dé la oportunidad de que mis hermanos aparezcan. Hay veces en las que pierdo la esperanza, porque todo está como muy difícil”, agregó entre lágrimas.Manuel trabajaba con la empresa Brasilia en Maicao, La Guajira; Alfonso se ganaba la vida haciendo oficios varios en La Jagua de Ibirico, en Cesar, mientras que Darío y Pablo laboraban juntos en un restaurante ubicado en la playa de El Rodadero, en Santa Marta.Su vuelo salió desde Bogotá hacia París, Francia, para posteriormente tomar rumbo hacia Estambul, Turquía, y finalmente, Moscú.Hoy Luz Mendoza García suplica una ayuda del Gobierno nacional para volver a ver a sus hermanos y primos.
La demolición de los terraplenes ilegales, como estrategia para restaurar el flujo natural del agua de las ciénagas y evitar futuras inundaciones como las que ya dejan a miles de damnificados en Córdoba, es una tarea que ya han puesto en marcha la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ejército Nacional.En las últimas horas, el director de la ANT, Felipe Harman, indicó que sostuvo una reunión con el Ejército, en la que esta institución alistó "todo un equipo de ingenieros y dispuso el acompañamiento operativo y técnico para demoler de forma clara y concreta distintos obstáculos que no han permitido la interconexión hidráulica en la Ciénaga Grande y demás ciénagas del departamento"."Ya establecimos un plan general, que le agradecemos a estos hombres del Ejército, y a partir de este ejercicio inicia también la operatividad para avanzar en la recuperación de la ciénaga y los playones de este departamento, lo cual ha sido una orden presidencial en función de atender la situación de calamidad que se está presentando en esta región", dijo el director Harman.De acuerdo con el plan trazado, se empleará maquinaria amarilla para derribar los jarillones ubicados en los puntos críticos previamente identificados en terrenos comunales, un trabajo que se realizará de la mano de los campesinos y pescadores que hacen parte de la Junta de Baldíos."Esta intervención en los sitios que están afectando al departamento de Córdoba es una estrategia unificada en la que vamos a poner todas nuestras capacidades para cumplir con el propósito final, como lo es mejorar las condiciones de vida de la población que está siendo afectada actualmente", manifestó el Ejército.
Un juez en Montería tomó la decisión en las últimas horas de enviar a prisión a un hombre señalado de aprovechar su rol de padrastro para acercarse a una menor de solo 10 años y abusar en reiteradas ocasiones de ella.La Fiscalía le imputó los delitos acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados, por vejamenes que se registraron según indica la autoridad desde el año 2017 hasta el 2021.“Por solicitud de una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Córdoba, un juez impuso medida de aseguramiento intramural a un hombre presuntamente responsable en los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados”, informó la autoridad a través de un comunicado en sus plataformas oficiales.“Labores de policía judicial determinaron que la menor, al parecer, vendría siendo víctima de vejámenes sexuales por parte de su padrastro. Se presume que el procesado se habría aprovechado de su cercanía con la joven”, agregaron.Dice el ente acusador que producto de esos abusos sexuales la niña quedó en embarazo cuando tenía 10 años, y en la actualidad tiene un hijo.Los episodios al parecer tuvieron lugar en el barrio La Palma en Montería, mismo sitio en el que el procesado fue interceptado por las autoridades esta semana, exactamente el pasado lunes 9 de marzo.
Un desconocido que caminaba por el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, fue el encargado de perpetrar el homicidio contra Luis Alberto Donado Benavides, un cobradiario de 39 años al que ni siquiera hubo tiempo de llevar hasta un centro asistencial para intentar salvarle la vida.La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para encontrar al responsable y confirmar las razones del crimen, aunque el ataque podría ir en línea con las confrontaciones que se libran entre prestamistas en el Atlántico por el control de las rutas de cobro.Al momento de su muerte, Luis Alberto realizaba la recaudación de sus préstamos, por lo que las autoridades entrevistaron a los comerciantes de la zona en busca de nuevas pistas.La víctima tiene cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.Otras muertesEstos no fueron los únicos hechos violentos registrados en la capital del Atlántico, puesto que en la jurisdicción se sumaron dos homicidios más en las últimas 24 horas. Sus nombres son Jullders Moisés Mejía Hernández, de 24 años, y Luis José Sanjuan Boneth, de 17, también conocido como ‘Mamby’.El adolescente fue alcanzado por las balas en la terraza de su vivienda en el barrio Villa Rica, en el municipio de Malambo. Mientras tanto, Jullders alcanzó a llegar a un centro asistencial pero no pudo recuperarse del atentado del que fue blanco en el barrio Bajo Valle, suroccidente de Barranquilla.Relatan las autoridades que su asesino entró en su casa y le disparó ante la mirada de sus familiares. De él solo se sabe que tenía una anotación judicial por tráfico de drogas.Hay que informar también que en Galapa, atentaron contra la vida de Kira Paola Meola Pernett, de 30 años. Cuenta la víctima que a su casa llegó un hombre con el uniforme de la empresa Gases del Caribe y, tras unos minutos de charla, sacó un arma para propinarle dos disparos. Hasta el momento su estado de salud es estable.