A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
En un primer fallo de tutela, un juzgado administrativo determinó que el Ministerio del Interior, el de Hacienda y un Banco vulneró derechos fundamentales al no pagar oportunamente salarios, primas y otros emolumentos.La decisión determinó que la falta de pago afectó directamente el mínimo vital del accionante, entendido como los recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.A partir de esa orden judicial, la cartera emitió en febrero de 2026 dos cheques correspondientes a salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Sin embargo, el caso escaló a un nuevo litigio tras la negativa del banco a hacer efectivos esos pagos.En una segunda tutela, un juzgado penal municipal de Bogotá concluyó que un banco vulneró el derecho Benedetti al negarse a pagar los cheques emitidos por el Ministerio, pese a que correspondían a ingresos salariales.Según el expediente, la entidad financiera rechazó el pago incluso ante la posibilidad de endoso a un tercero, argumentando razones internas. No obstante, el juez recordó que la autonomía de las entidades financieras tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales .La decisión fue contundente: ordenó al banco realizar el pago de los cheques en un plazo máximo de dos días hábiles tras la notificación del fallo.Además, el fallo tuvo en cuenta que la entidad financiera no respondió oportunamente a la acción de tutela, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por el accionante.
Una juez penal de conocimiento condenó, mediante preacuerdo, a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', a 22 años y 4 meses de prisión por su participación en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.Durante la diligencia, la juez avaló la negociación judicial alcanzada con la Fiscalía y detalló las sanciones impuestas.Alias 'El Viejo' aceptó su responsabilidad en delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su rol, según la investigación, fue determinante dentro de la estructura criminal que ejecutó el ataque.De acuerdo con el expediente, Pérez Marroquín fue contactado para planear el atentado y, posteriormente, delegó la articulación del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', quien habría definido la logística y distribuido los roles entre los demás implicados.Las autoridades también establecieron que alias 'El Viejo' realizó seguimientos previos a la víctima. En marzo de 2025, Miguel Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá, en una acción que haría parte de la fase de inteligencia del crimen.Asimismo, el hoy condenado fue quien entregó el arma de fuego utilizada en el magnicidio a Katherine Andrea Martínez Martínez. Según la Fiscalía, el arma fue modificada con el fin de aumentar su letalidad antes de ser usada en el ataque.Posteriormente, y tras la ejecución del crimen, Pérez Marroquín continuó participando en actividades relacionadas con la estructura criminal. Una semana después del atentado, suministró dinero y un celular a Martínez Martínez y facilitó su traslado hacia el departamento de Caquetá. Allí, de acuerdo con la investigación, la mujer sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura conocida como Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.Por su parte, el abogado Víctor Mosquera celebró la condena contra alias 'El Viejo'; sin embargo, reiteró que la justicia no puede limitarse a responsabilidades parciales "El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio"
La Alcaldía de Bogotá anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, con el que se adopta un plan para eliminar la explotación económica de animales en el espacio público y fortalecer su protección y bienestar en la ciudad.La medida busca poner fin al uso de animales, como caballos, llamas o alpacas, que normalmente se pueden encontran en el centro de la ciudad, en actividades con fines lucrativos que, según las autoridades, en muchos casos implican maltrato, tenencia irresponsable o condiciones inadecuadas.El plan será liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que ha identificado múltiples situaciones de vulneración de derechos de los animales en este tipo de prácticas.El Distrito explicó que la estrategia no solo se enfocará en la protección animal, sino también en acompañar a las personas que dependen de estas actividades. Para ello, se implementará un proceso en tres etapas: caracterización de los casos, oferta institucional para reconversión laboral y una implementación progresiva del plan. Lo que quiere decir que este es el primer paso para prohibir esta práctica de explotación económica de los animales en las calles de Bogotá.Además, se promoverán campañas pedagógicas para fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto hacia los animales, mientras que el IDPYBA asumirá la custodia y promoverá la adopción responsable de los animales que rescaten.Con esta decisión, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad libre de maltrato animal, garantizando al mismo tiempo alternativas económicas para las poblaciones más vulnerables que dependen de estas actividades.
La preocupación surge luego de que la dirección del auditorio planteara realizar otros conciertos en el mismo horario, lo que ha generado incomodidad entre los músicos, quienes consideran que se trata de un momento histórico construido junto a su público.Blu Radio conversó con Aníbal Dos Santos, violista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quién aseguró que este no es un tema reciente, sino una tradición consolidada durante décadas en la ciudad.“Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de las cuatro de la tarde de los sábados, en el auditorio León de Greiff, es una tradición que lleva más de cuarenta años, más cerca a los a los cincuenta. Y construir, eso eso ha sido todo un proceso que a través de todas esas décadas se ha podido construir un público, una tradición en la población de Bogotá, porque mucha gente de de todas las edades te dice, me acuerdo cuando mi papá me llevaban a los conciertos de la Filarmónica en los años setenta, etcétera. Es decir, realmente hay mucha gente que sabe eso que están, que saben que existen y que siguen existiendo esos conciertos”, explicó.En ese sentido, destacó que no solo se trata de un espacio, sino de una relación construida con su público a lo largo del tiempo.“La gente que viene a al León de Greiff los sábados a las cuatro de la tarde, son personas que vienen a escuchar la Ortesta Filarmónica de Bogotá, vienen a escuchar nuestra programación, vienen a escuchar lo que tenemos que ofrecer esa semana. Mucha gente viene, ni siquiera se meten en páginas web hoy en día a ver cuál es la programación, sino simplemente están allá desde las dos y media, dos de la tarde haciendo cola para poder entrar. Eso es algo que pasa todas las semanas”, señaló.Según el violista, el conflicto surge porque la nueva programación coincidiría exactamente con ese horario, lo que, a su juicio, implicaría desplazar a su audiencia habitual.“Hemos tenido conversaciones con la señora María Bailen Sáenz, que es la directora del teatro, la cual está haciendo una programación que se llama Presencia, para la cual hemos estado también prestos a a aportar y ayudar. Pero en este momento, lo que lo que sí atraviesa esa línea que no nos sentimos bien con ella, obviamente, es que es que ella pretenda hacer conciertos de su ciclo en nuestra hora. Es decir, es usando nuestro público, es decir, la gente va a seguir, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a seguir viniendo a los conciertos, pero va a encontrar a otra orquesta tocando”, subrayó.Además, Dos Santos indicó que existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica que respalda el uso de ese espacio.“Si hay un convenio, y fue firmado entre director de la orquesta en esa época y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, los convenios son como contratos y son para respetarloS, es decir, eso es lo único que nosotros pedimos, es que eso ya está por escrito”, afirmó.La Orquesta también quiso dejar claro que el problema no es con la Orquesta Sinfónica de Colombia, a la que describen como una agrupación cercana.“La sinfónica de Colombia es una orquesta hermana, una orquesta que le tenemos mucho cariño, es decir, mucha gente han salido de las mismas escuelas”, agregó.Aunque la Filarmónica asegura que no se opone a nuevas programaciones ni a compartir el escenario, insiste en que se respete ese horario emblemático, que consideran parte de su identidad y del vínculo histórico con su público.En Blu Radio contactamos a la directora del auditorio, María Belén Sáenz, para conocer su posición frente a esta situación; sin embargo, se negó a entregar declaraciones.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
En video de cámaras de seguridad quedó captado el momento exacto en el que un hombre, asomado por la puerta de un colegio en el municipio de Soledad, en el Atlántico, desenfundó un arma y disparó indiscriminadamente.El ataque a tiros se produjo después de las 7:00 de la mañana, cuando el hombre, que en el video aparece con una camisa de color oscuro, arribó a las instalaciones de la institución educativa, el colegio San Antonio de Padua de Soledad y, sin mediar palabra, disparó contra el cuerpo de docentes.Según aprecia en el video captado por cámaras de seguridad, con la primera detonación algunos alumnos -hombres y mujeres- que se encontraban cerca de la puerta de ingreso al colegio, corrieron hacia adentro de la institución.Cabe recordar que, tras los disparos indiscriminados, que dejaron tres personas heridas: la coordinadora y dos estudiantes, el hombre -de 21 años según trascendió- huyó del lugar. Un par de horas después, sin embargo, fue capturado luego del despliegue de un plan candado por parte de las autoridades locales, que inmediatamente después de conocerse los hechos ofrecieron, por el responsable, una recompensa de 20 millones de pesos.
El buque de la Armada Nacional conocido como el ARC Golfo de Urabá está siendo aprovisionado con agua potable, alimentos y combustibles en las playas de Riohacha, desde donde se espera que zarpe rumbo a diferentes puntos costeros de la alta Guajira.La maniobra marina del buque tiene como objetivo realizar una segunda entrega con 110 toneladas de ayudas humanitarias a cientos de comunidades indígenas afectadas por la ola invernal que, durante las últimas semanas, ha mantenido a La Guajira en graves emergencias."Esto está grave por el barro y todo eso. Está teso, todo está inundado, no hay para dónde coger. A la gente que lleva a los niños para las guarderías, los llevan al hombro porque todo se inundó y todo se perdió", dijo Alfredo Epinayú, damnificado por las inundaciones en La Guajira.Varios damnificados que viven en zonas rurales de Manaure y Uribia han manifestado que se han quedado sin agua potable ni comida debido a que las trochas que conducen a los cascos urbanos de dichos municipios han quedado totalmente destruidas por las intensas lluvias.En una entrega anterior por parte del buque Golfo de Urabá se logró entregar 130 toneladas de alimentos a las comunidades damnificadas con el objetivo de mitigar el impacto de la intensa ola invernal.
Momentos de terror se vivieron en la mañana de este jueves 28 de noviembre en el colegio San Antonio de Padua de Soledad, Atlántico, cuando un sujeto llegó hasta el portón del plantel, en pleno ingreso de estudiantes, a entregar un panfleto y abrir fuego contra la coordinadora del plantel. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el hombre se ubicó en la puerta e inicialmente entregó a Rosa Perea, coordinadora académica, un panfleto supuestamente firmado por "Oficina de la Costa Los Costeños", en el que advertían que tenían dos horas para llamar al número allí indicado. "A partir de este momento tienen dos horas para comunicarse con el comandante José Guerra y arreglar su situación con nosotros, de lo contrario será declarado objetivo militar. Que se comunique el director", se lee en el panfleto. La docente, al recibir el documento, habría salido corriendo, pues el hombre hizo un disparo en el piso y le dijo que todos tenían que irse. Fue entonces cuando disparó en cuatro ocasiones contra la mujer, quien resultó impactada en su espalda y brazos. De inmediato el hombre se dio a la huida, en medio de los gritos de los alumnos y maestros, quienes auxiliaron a la profesora. Sin embargo, también resultó afectado un niño de primaria, a quien una bala habría rozado y también un estudiante de bachillerato. Las tres personas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica, mientras que un equipo de la Policía se dirigió hacia el colegio para investigar lo sucedido. Por lo pronto, el personal fue evacuado, mientras la Policía realiza entrevistas y revisiones en la zona, pues el atentado se registró en una zona afectada por la violencia entre bandas criminales. Incluso, los docentes habían pedido apoyo por los constantes hurtos que se registran en los sectores aledaños, pero es la primera vez que la violencia permea la institución.
A las afueras de Medicina Legal en Barranquilla, mientras le entregaban el cuerpo de su hijo asesinado, Liney Fuentes Cabrera contó la pesadilla que hoy vive por el vil ataque de su expareja, quien a tiros le mató a su pequeño, de 10 años, y dejó gravemente herida a su madre.Liney recordó que el pasado 28 de junio se separó de Fabián Quintero, por una decisión que él mismo tomó al considerar que ella lo hacía vivir "en pecado", pues él recién se había convertido en el pastor de una iglesia y ella no quiso congregarse allí.Sin embargo, casi cuatro meses después de la separación, Liney empezó a ser víctima de amenazas por parte de su ‘ex’, quien le quería prohibir que ella saliera y compartiera en la calle. Dijo que el hombre hasta le advirtió que la iba “a matar” y la iba “a picar”, por lo que corrió a pedir ayuda a una comisaría de familia, donde le dieron un amparo policivo y la remitieron a la Fiscalía, pero allá -contó- no obtuvo la mejor respuesta."El de la Fiscalía me dijo: vamos a ver si él te sigue amenazando y ahí sí procedemos nosotros con el caso", recordó."Entonces, yo le dije: ¿y si me llega a pasar algo? Y me dijo: usted ya va directamente a la Policía, ahí está el amparo de Policía", contó.Pero Liney ni siquiera alcanzó a notificar a su expareja de aquel amparo policivo, pues aseguró que por más que se acercó una y otra vez al CAI, la Policía nunca la acompañó a llevarle los papeles, siendo que ella no podía ingresar sola al barrio, porque allí la esperaba él armado “con un cuchillo”."Llamé el sábado a la Policía y le dije: respóndame si me van a colaborar con dichos papeles, pero me dejaron en 'visto'. Me acerqué allá al cuadrante y le dije: mira, no he podido entregar esos documentos al señor Fabián, pero nada", afirmó."Nunca la Policía fue a mi casa, nunca me llamaron, nunca me respondieron y mira el hecho que pasó", expresó entre lágrimas la mujer.Solo pasaron tres días para que su expareja cumpliera sus amenazas de la peor manera: el hijo y la mamá de Liney pagaron las consecuencias."Él entró al cuarto mío y abrió las cortinas. Me buscó en los cuartos y no me encontró. Le pegó tres tiros a mi madre y a mi hijo, que estaba en la sala, le pegó dos. Y salió caminando tranquilo", narró.En las próximas horas será presentado ante un juez el señalado asesino, un exmilitar al que capturaron minutos después junto al arma que habría utilizado para cometer el crimen.
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía, realizaron 11 diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Luz y La Chinita, donde capturaron cinco personas mediante orden judicial y una más fue capturada en un cantón militar en San José del Guaviare.Además, otras seis personas fueron notificadas en centros carcelarios de nuevos procesos judiciales. Todos, según labores de inteligencia, pertenecerían a la banda 'Los Papalópez Renacer', y serán procesados por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio y extorsión.Esta organización vendría sosteniendo una pugna con 'Los Costeños' por el control de las rentas ilegales de barrios del suroriente de Barranquilla y límites con el municipio de Soledad.El coronel Edwin Urrego, comandante de la Policía dio detalles de este operativo, e indicó que estas personas tienen un largo prontuario delictivo.“En este operativo fueron 12 personas las judicializadas. Algunos de ellos son sicarios reconocidos de esta estructura, también fue capturada una mujer que fungía como la encargada de las finanzas criminales de la estructura. Estas personas suman 44 anotaciones judiciales por diferentes delitos dentro de ellos el homicidio, la tentativa y otros delitos adicionales como abuso y las lesiones personales”, dijo el oficialEn otro operativo, la Policía capturó nueve presuntos integrantes de los Pepes que son solicitados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir ya que tenían azotados a los comerciantes de Malambo y varios sectores del municipio de Soledad.Entre los capturados se encuentran alias 'Garavito' y alias 'La Gorda', quienes serían los encargados de coordinar las extorsiones a establecimientos comerciales.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.
En Baranoa, Atlántico, hay fiesta porque fue declarado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación la fiesta de La Loa de los Santos Reyes Magos, una tradición que rinde homenaje cada mes de enero a la visita de los reyes de Oriente al niño Jesús en el pesebre. La noticia surge luego de que ayer se aprobara en cuarto y último debate este proyecto de ley que cuenta con la ponencia y coautoría del senador Pedro Flórez. “Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero. Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”, manifestó el senador Flórez.Entre otros, la inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio cultural del país, también permitirá el fomento de actividades para fortalecer el turismo y la economía local.Al respecto, Alberto Sarmiento, director de La Loa, asegura que esto se convierte en orgullo para el municipio, siendo que se refuerza el sentir por esta tradición que reúne a mas de 230 personas. "Esta representación llegó a Baranoa hace más de 150 años de la mano de un sacerdote español. Lo interesante es que de principio a fin todo esta escrito en prosa y verso. Tiene teatro, danza, música, efectos especiales. Hoy en día nos acompañamos de muchos elementos. Es un conglomerado de muchas personas. El elenco está conformado por unas 45 personas. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero detrás en la organización y montaje hay unas 170 personas que hacen posible todos lo años esta esceneficación", contó el gestor cultural.
Momentos de terror se vivieron alrededor de un establecimiento comercial tipo billar en el norte de Barranquilla, el cual se terminó convirtiendo en un campo de batalla entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en la madrugada de este jueves, debido a un violento ataque a bala que registró al menos seis personas heridas.Reportaron las autoridades que Luis Bernal Castro Barrios (30 años), José Armando Pertuz Montenegro (39 años), Julio Enrique Ruiz Polania (39 años), presuntos integrantes de ‘Los Costeños’, departían a las afueras del sitio cuando fueron sorprendidos por los disparos provenientes desde un taxi, de placas TZK-850, en el que estaban cuatro presuntos ‘Pepes’, dos de ellos adolescentes.Según pudo conocer Blu Radio, al parecer, el ataque iba dirigido contra Julio Enrique Ruiz Polania al ser hermano de Danelis Patrícia Ruiz Polania, pareja sentimental de alias 'Castor', máximo cabecilla de la estructura ‘Los Costeños’. Ella habría sido capturada por un proceso de lavado de activos, según la Policía.De hecho, Julio Enrique sería la persona que estaría en un estado de salud más grave al recibir cerca de 10 impactos de bala, la mayoría de ellos en su espalda y extremidades inferiores. Sus acompañantes fueron blanco de tres disparos entre los tres.Los agresores intentaron huir en su vehículo por toda la carrera 43, aunque fueron perseguidos en una rápida reacción de la Policía. Así las cosas, terminaron chocando su vehículo en otro sector de Barranquilla, propiciando la captura de Jean David Pacheco González, de 21 años, y las aprehensiones de un joven de 14 años y otra persona sin identificar de aproximadamente 17 años, todos lesionados también.Las investigaciones de este caso están en marcha y fueron asignadas al CTI de la Fiscalía. Las autoridades incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola; cuatro proveedores, varios de ellos con capacidad para 32 cartuchos; y el vehículo utilizado para los hechos.
En Nueva EPS, al parecer, no solo no cumplen con la oportuna atención a los pacientes y entrega de medicamentos sino también con las ordenes de arresto judicial.Esto por cuenta de que desde ayer están siendo buscados Eudes del Carmen Cueto, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo, gerente regional Norte, para que cumplan con diez días de arresto, tras una orden emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, debido al desacato en el cumplimiento de tutelas para la entrega de medicamentos y citas.Ambos deberán ir a un centro penitenciario de la ciudad, sin embargo, cuando fueron por Cueto y Fontalvo a las oficinas, ninguno de los dos estaba en las instalaciones. En el caso de Cueto, al parecer, está incapacitada; mientras que dijeron que Fontalvo habría sido ascendido a un cargo nacional, dentro de la misma EPS, en diciembre pasado y que por eso no se encontraba.Sin embargo, no es la primera vez que ambos están enfrentando órdenes de arresto. En febrero de este año, Fontalvo también fue sancionado para que cumpliera con 10 días de arresto por desatender el cumplimiento de una tutela en Cesar, con un paciente de la tercera edad. La orden fue entregada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar, ante el no cumplimiento de las tutelas ordenadas, para que la misma fuera cumplida en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.Al respecto, no hay confirmación de si cumplió con este arresto.
Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.