Las que debían ser unas vacaciones de ensueño para un turista británico y su pareja en Cartagena terminaron convertidas en una verdadera tragedia la mañana de este domingo 22 de marzo.James Michael Winkless, de 30 años, fue encontrado sin vida en las playas del barrio El Laguito, en la zona turística del Corralito de Piedra.De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el extranjero se habría ahogado cuando intentaba disfrutar de un baño de mar durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, deberá ser Medicina Legal la que determine la causa exacta del fallecimiento del visitante.La víctima, quien había llegado a la capital de Bolívar el pasado 9 de marzo, al parecer se encontraba en la ciudad por motivos de su matrimonio.Este es el segundo caso de ahogamiento que se registra en esta zona de playa en lo corrido de 2026. El pasado 7 de febrero, en medio del paso del denominado frente frío por el mar Caribe, el joven chef Samuel Peñates Cortina, de 21 años, también fue encontrado sin vida después de más de 24 horas de búsqueda.Restricciones para la navegaciónDurante este fin de semana en Cartagena, por el aumento de la velocidad de los vientos y la altura del oleaje, la Capitanía de Puerto emitió bandera amarilla para la navegación en la zona insular; es decir, se prohibió el embarque y desembarque de pasajeros en todas las islas, incluyendo Playa Blanca.En la bahía interna de la ciudad se mantiene la bandera verde para la navegación bajo recomendaciones y seguimiento.“Se permite la navegación bajo estricta observancia de todas las medidas de seguridad y restricciones operativas vigentes, las cuales deberán ser evaluadas permanentemente por los capitanes, pilotos y operadores marítimos”, indicó la Capitanía de Puerto.
El CTI de la Fiscalía sigue recabando pistas para esclarecer la balacera ocurrida este jueves en el norte de Barranquilla, en la que seis personas resultaron heridas, siendo una de ellas Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.Al menos, las primeras hipótesis apuntan a que se derivaría de las confrontaciones entre Pepes y Costeños. Aun así, se conoció una carta enviada por el jefe de los Pepes, Digno Palomino, en la que intenta desmentir una presunta participación suya en los hechos.En esa misiva, describe como “inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en la ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera” a su nombre para señalarlo “como responsable sin una sola prueba técnica que lo sustente”.“Yo, Digno Palomino, ante los graves hechos de violencia registrados la madrugada de este jueves en el norte de Barranquilla y las posteriores noticias que pretenden vincularme como determinador de estos, comparezco ante la opinión pública para manifestar mi más enérgico rechazo a estas acusaciones infundadas”, dice inicialmente.“Es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en esta ciudad, es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en esta ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica que lo sustente. Rechazo rotundamente que personas ajenas al proceso judicial y ciertos sectores interesados me utilicen como objeto fácil para justificar actos de violencia que no me pertenecen. Mi nombre no puede seguir siendo el recurso automático para cerrar investigaciones de manera apresurada ante el afán de resultado de la fuerza pública”, agregó.“Hago un llamado directo a la Fiscalía y al CTI para que sea la administración de justicia, bajo el imperio de la ley y el debido proceso, la que se encargue de esclarecer lo ocurrido. Confío en que las autoridades judiciales actúen con la imparcialidad que les corresponde, basándose en pruebas reales y no en narrativas mediáticas o supuestos chats cuya veracidad de origen no han sido legalmente verificados”, también alcanzó a decir.En realidad, las autoridades toman esta carta como una respuesta a la reacción de alias Castor, en la que sostiene que, según él, no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia.Lo cierto es que, por los hechos, hay un capturado y dos aprehendidos, presuntos miembros de la banda Los Pepes de Digno Palomino.
Solo falta la aprobación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para poner en marcha el Plan de Acción Específico (PAE), una iniciativa de la UNGRD con la que se busca avanzar de una vez por todas en la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán Iota en 2020.“El PAE contempla una inversión estimada de $1,3 billones y se estructura en dos fases: Recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. Su objetivo principal es corregir las fallas identificadas en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota y garantizar una recuperación integral, sostenible y con enfoque diferencial”, escribieron en un comunicado.El director de esta entidad, Carlos Carrillo, explica que, junto a la comunidad Raizal, se creó un proyecto en el que se repararán las viviendas mal reconstruidas, se edificará un hospital de nivel 2, también un albergue definitivo, y se entregarán al menos 100 casas de interés social.“El plan también incluye la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva; la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla. La versión actualizada del PAE fue elaborada por la UNGRD mediante consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, garantizando la inclusión de las prioridades del pueblo Raizal y el respeto por su identidad cultural”, agregaron.Por el lado de la comunidad, solo hubo una observación para este proyecto, relacionada en este caso con la falta de presupuesto para la reparación de los establecimientos turísticos de las islas, los cuales, según ellos, fueron muy mal intervenidos durante la primera reconstrucción.“El PAE ahora será presentado ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación e implementación”, culminan.
A la sala de espera del aeropuerto Ernesto Cortissoz debieron volver los pasajeros de la aerolínea Wingo, exactamente de su vuelo 7206, los cuales tomaban rumbo hacia San Andrés Islas pero en su proceso de despegue registraron una falla en uno de sus motores.La aeronave no duró más de 20 minutos en los aires, hasta que se declaró la emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje en la misma pista y así realizar la revisión técnica de la misma, de la que según Wingo, todo fue provocado por el impacto con ave en una de sus turbinas.“Wingo informa que el vuelo P5 7206 que cubría la ruta Barranquilla–San Andrés, debió regresar al aeropuerto de origen luego de que, durante el despegue, la tripulación identificara un posible impacto con ave. En línea con los protocolos de seguridad establecidos, y gracias a la actuación oportuna y profesional de la tripulación, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave”, fue la forma en la que fue anunciado por la aerolínea.Este era un avión que tenía a bordo 144 pasajeros y todos se encuentran en perfecto estado de salud.La aerolínea activó un plan de atención para disponer un vuelo especial que saldrá hacia el mismo destino a las 9:00 de la noche, con el fin de facilitar el trayecto que tenían previsto estas personas.“Wingo reitera que la seguridad es su principal prioridad y que este tipo de decisiones responden a la aplicación estricta de los protocolos operacionales”, culminaron.Recordemos que la semana anterior hubo una alerta de evacuación generada en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de una falsa alerta de explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional.
En el parqueadero de un centro comercial en Valledupar fueron capturadas tres personas, entre las que se encuentra un abogado llamado Juan David López, señaladas de extorsionar desde hace meses a Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar.De acuerdo a los datos conocidos por Blu Radio, el encuentro en el que desarrolló la detención fue coordinado por el Gaula de la Policía, pues allí se había acordado la entrega de 70 millones de pesos que al parecer Juan David López exigió con el fin de no denunciar ante la Fiscalía unas supuestas irregularidades que cometió el mandatario en su gestión.Esa versión coincide con la declaración del mandatario entregada al medio Radio Guatapurí, donde aseguró que inicialmente la suma solicitada era de 30 millones de pesos. No obstante, alcanzó a realizar un abono de hasta 50 millones de pesos, por lo que prefirió denunciar antes de seguir dándoles dinero."El día 21 de febrero le entregué 50 millones de pesos, y ahí estuvo de testigo mi conductor. También previamente se le había entregado una alta suma de dinero para evitar que siguiera denunciando. Este ciudadano tenía unas personas que mandaba a negociar con nosotros, y si nosotros le entregábamos un recurso, él se retractaba de las denuncias que había hecho ante la Fiscalía”, alcanzó a decir Leonardo Hernández.“Nosotros ya conocíamos la situación, ya estaba denunciado, y quisimos hacer el acompañamiento hasta que el señor se mostrara con más confianza. Nosotros, los alcaldes, muchas veces, por miedo, hemos sido sometidos por este tipo de personas. Tuvimos la gallardía de denunciar y hoy se está haciendo justicia”, agregó.Los hombres ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y este sábado se adelantarán sus audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Un conductor de la empresa de buses públicos, Sobusa, luego de las puñaladas que este sábado le propinó un mototaxista en el municipio de Soledad, quien al parecer estaba molesto por un golpe que le dio a su vehículo.Al parecer, el agresor se cayó de su moto en medio de la lluvia que hubo en la ciudad y a Evaristo Caraballo, como es el nombre del conductor, no le dio tiempo de esquivar la moto.Cuenta el director operativo de la empresa, John Jairo Ospina, que la primera reacción de la otra persona fue enviar una piedra hacia el vidrio panorámico del bus y luego arremeter con un arma blanca contra Evaristo, momentos en los que se bajaba a recriminarle que eso no era necesario.“El conductor sufrió heridas múltiples por parte de un sujeto que iba conduciendo una motocicleta. Venía terminando su recorrido hacia la empresa y a la altura de un semáforo que está en Portal de Soledad, el mototaxista intentó hacer una maniobra como para subirse al andén, pero resbaló por la humedad de la vía. Había llovido. La buseta venía en movimiento y alcanzó a golpear muy levemente al vehículo”, dijo inicialmente a Blu Radio.“Llegó la persona enfurecida diciendo que tenía que pagarle, pero el conductor le dijo que no lo había tocado para tumbarlo. Ahí empezó una discusión que terminó en el rompimiento del vidrio panorámico, que son pérdidas superiores al millón de pesos. Evaristo intentó evitar que huyera y fue cuando le causó las heridas con puñal”, agregó.Evaristo fue llevado con urgencia hacia un centro médico en el que su estado de salud es estable y, tras ser dado de alta, pondrá la denuncia contra el mototaxista.“Nuestros conductores no salen a agredir a nadie, están prestando un servicio. Somos una empresa prestadora de servicio público. Ellos también son padres de familia que salen todos los días a ganarse el sustento para sus casas. Son esposos, son hermanos, son hijos que quieren hacer las cosas bien”, finalizó.
Cada 21 de marzo, regalar flores amarillas se convierte en una práctica cada vez más visible en distintos países de América Latina. La fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y, aunque en lugares como Colombia no marca un cambio de estación, la costumbre logró posicionarse con fuerza gracias a su difusión en redes sociales.La tradición moderna tiene un impulso claro desde la cultura popular. Muchas personas la relacionan con la telenovela juvenil Floricienta, producida en Argentina en los años 2000. En la historia, el gesto de regalar flores amarillas simboliza amor, ilusión y la esperanza de una relación ideal.Con el paso del tiempo, escenas y canciones de la serie circularon en plataformas digitales, lo que permitió que nuevas generaciones adoptaran el gesto como una forma de expresar afecto. Así, lo que comenzó como un elemento narrativo pasó a convertirse en una práctica replicada cada año.El 21 de marzo coincide con el inicio de la primavera en varios países, una estación asociada con renovación, crecimiento y nuevos comienzos. Las flores amarillas, en particular, suelen representar alegría, energía y optimismo, lo que refuerza el sentido simbólico del gesto.Aunque en Colombia y otras regiones no se vive la primavera de forma climática, la fecha se mantiene por su carga cultural y por la influencia de contenidos digitales que marcan tendencias globales.El crecimiento de esta práctica se explica en gran parte por su difusión en plataformas como TikTok e Instagram. Usuarios comparten videos entregando flores, recreando escenas o explicando el significado de la fecha.¿Qué significado tienen las flores amarillas?Más allá de su origen en la cultura pop, las flores amarillas suelen asociarse con emociones positivas como la alegría, la energía y el optimismo. Tradicionalmente, este color se vincula con la amistad, el cariño sincero y los buenos deseos, lo que explica por qué su entrega se interpreta como un gesto cercano y significativo.En el contexto del 21 de marzo, su significado también se amplía hacia el ámbito romántico, especialmente por la influencia de contenidos virales que relacionan estas flores con la idea de amor, ilusión y nuevos comienzos. Esto hace que muchas personas las regalen como una forma de expresar sentimientos o reforzar vínculos afectivos.Sin embargo, el gesto no responde a una única interpretación. Algunas personas optan por entregarlas a sus parejas, mientras otras las regalan a amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo.
La Confederación Nacional de Bomberos de Colombia emitió un pronunciamiento en el que, aunque respalda la asignación de $30.800 millones por parte del Gobierno nacional para atender la emergencia invernal, advierte inconsistencias en la forma en que se estarían destinando estos recursos.Según el comunicado, publicado tras la Junta Nacional de Bomberos realizada el 20 de marzo, el desacuerdo no radica en la entrega del dinero, sino en su uso y en la falta de planeación técnica para atender las necesidades reales de las regiones afectadas.De acuerdo con la Confederación, los recursos asignados bajo la figura de urgencia manifiesta deberían destinarse exclusivamente a la atención inmediata de la emergencia. Sin embargo, se habría planteado la compra de equipos que no estarían directamente relacionados con la temporada invernal, como herramientas forestales o equipos especializados para manejo de materiales peligrosos.El gremio también señaló que la propuesta presentada durante la Junta carecía de estudios técnicos suficientes y no contaba con una estructuración adecuada. Además, cuestionó que el Comité Técnico encargado de estas decisiones no incluya representación amplia del sector bomberil, lo que, a su juicio, limita la toma de decisiones informadas.A esto se suma la falta de concertación con los territorios. Según la Confederación, varios comandantes de cuerpos de bomberos en zonas afectadas aseguraron no haber sido consultados, e incluso desconocían tanto la asignación de los recursos como las decisiones sobre su uso.Otro de los puntos críticos expuestos es la diferencia en la identificación de las zonas impactadas por la emergencia. Mientras en la Junta Nacional se reportaron 61 municipios afectados, la Confederación asegura haber identificado al menos 92, lo que evidencia una brecha de 31 municipios que, según advierten, podrían quedar por fuera de la atención.Asimismo, denunciaron que un informe técnico previo, elaborado por la propia Confederación con diagnósticos detallados por región, no fue tenido en cuenta durante la discusión.La postura del gremio, liderada por el capitán Harold Alzate, fue respaldada por la mayoría de los delegados y se fundamenta en la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos, planeación basada en necesidades reales y participación de los territorios.La Confederación reiteró que continuará trabajando de manera articulada con el Gobierno, pero insistió en que las decisiones deben responder a criterios técnicos, legales y operativos que permitan una atención efectiva de la emergencia invernal en el país.
Las autoridades en Barcelona confirmaron el hallazgo sin vida de James Gracey, un ciudadano estadounidense de 20 años que se encontraba en la ciudad disfrutando de sus vacaciones. El joven, estudiante de contabilidad en la Universidad de Alabama y miembro activo de la fraternidad Theta Chi, había sido reportado como desaparecido tras no regresar a su lugar de alojamiento.De acuerdo con la reconstrucción oficial, la desaparición se registró en la madrugada del martes 17 de marzo, luego de que Gracey asistiera a la discoteca Shôko Barcelona, ubicada en la zona de la Vila Olímpica. Según los reportes, el joven permaneció en el establecimiento sin la compañía de su grupo de amigos, quienes se retiraron previamente. Ante su ausencia en el hospedaje, allegados interpusieron la denuncia, por lo que se activó un operativo de búsqueda con apoyo aéreo y marítimo.Durante las labores de rastreo, los equipos de emergencia encontraron elementos clave para la investigación. En una primera fase, fue localizada su billetera flotando en el mar y, posteriormente, las autoridades recuperaron su teléfono, el cual estaba en posesión de un individuo que afirmó haberlo hallado en la playa. Estos indicios permitieron focalizar la búsqueda en inmediaciones de la playa del Somorrostro. El cuerpo fue encontrado el jueves en horas de la tarde, sumergido a aproximadamente cuatro metros de profundidad frente a esa zona del litoral. Según información preliminar basada en cámaras de seguridad, la hipótesis principal apunta a un accidente. Las grabaciones evidencian que el joven caminó solo hacia el muelle y cayó al agua sin intervención de terceros.Los resultados iniciales de la autopsia confirman que la causa de muerte fue por ahogamiento. Asimismo, se reportaron lesiones compatibles con golpes contra las rocas del espigón, lo que respalda la versión de un hecho accidental. El caso permanece bajo investigación judicial en Barcelona, a la espera de exámenes toxicológicos que determinen si hubo consumo de alcohol u otras sustancias.Entre tanto, la familia del joven, que viajó a España para acompañar el proceso, adelanta los trámites para la repatriación del cuerpo a Estados Unidos.
Los altos niveles que sigue presentando el río Ranchería mantienen en alerta roja a por lo menos 15 municipios de La Guajira, cuyas autoridades, tanto municipales como la administración departamental, empezaron a prepararse desde este fin de semana para evacuar a las decenas de familias que podrían verse afectadas producto de graves inundaciones. Ante este panorama, la Agencia de Desarrollo Rural informó en las últimas horas que en la zona de influencia se mantendrá el control sobre el caudal del río a través del embalse, con el fin de regular las descargas de agua y evitar nuevas emergencias, sobre todo, en las comunidades indígenas (siendo las más golpeadas hasta ahora). Adicionalmente, la entidad sostuvo que la alerta continúa en el embalse dado que se encuentra en el 100 % de su capacidad, por lo que seguirá activo el monitoreo a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se viene coordinando con los diferentes Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, sostuvo que es crítica la situación que se vive, sobre todo, en la Alta Guajira, pues la capacidad de respuesta en muchos casos se queda corta. "Es muy difícil para nosotros, sobre todo en temas de capacidad de respesta. Haber activado la calamidad pública nos permitió revisar presupuestalmente de qué manera podríamos hacerle frente a esta situación". Aguilar Deluque informó que de los 15 municipios de La Guajira los más graves con esta cruda ola invernal son en total 10: Riohacha, Dibulla, Manaure, Uribia, Maicao, San Juan del Cesar, El Molino, La Jagua del Pilar, Urumita y Albania, siendo los cinco primeros los más críticos y, de estos Manaure y Uribia que comprenden zona rural de la Alta Guajira, unos 21 corregimientos.De otra parte, las lluvias registradas durante las últimas horas en Santa Marta generaron el desbordamiento de la quebrada Tamacá que dejó más de 500 familias damnificadas en el barrio Villa Betel dada las graves inundaciones que dejaron con el agua hasta el cuello a los damnificados.
En medio de las conclusiones que entregó desde la cumbre de precandidatos del partido Centro Democrático realizada en Barranquilla, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que en el país no hay una política de seguridad que garantice la vida e integridad de los colombianos, dado que, al hacer un comparativo de las cifras en materia de violencia para el año 2010, consideró que la situación "va empeorando". Así las cosas, el jefe del partido Centro Democrático se mostró preocupado frente a la situación que viven ciertas poblaciones, señalando que "el país está extorsionado", pues las víctimas ya no se atreven a realizar denuncias sobre hechos de violencia porque se vuelven blanco de retaliaciones. "El país está extorsionado. Los ciudadanos ven inútil la denuncia porque no hay una política de seguridad que los proteja, entonces la denuncia lo que está generando es retaliación del delincuente", afirmó.A estos cuestionamientos se sumó la senadora María Fernanda Cabal quien, refiriéndose a la paz total del Gobierno Petro, la catalogó como “una locura”. Al término del evento 'Foros para el futuro de Colombia', la congresista dijo que no se puede tener seguridad en un país que cuenta “con más de 300 mil hectáreas de coca”. "Sin seguridad no hay país, y no es la locura de la 'paz cocal' de Petro. Usted no puede tener seguridad con 300.000 hectáreas de coca, entonces busquemos el trasfondo del problema. El origen se dio en los acuerdos de La Habana donde hay que pedirle permiso al delincuente para erradicar y fumigar", alegó. Además, el expresidente Uribe Vélez aseguró que durante los años 2022 y 2023, incluyendo la cifra de lo que se estima a cierre de 2024, la proyección de colombianos que habrán salido del país sería de casi 2'000.000, producto de problemáticas sociales y económicas que tienen que ver con seguridad, desempleo, entre otro aspectos. "Entre los años 2022 y 2023, y lo proyectado hacia el cierre de este 2024, habrán salido 2 millones de colombianos sin tiquete de regreso", dijo.
Operativos desarrollados entre los barrios 20 de julio, Pescaito, Mercado Público, Avenida el Río, Las Malvinas, La Concepción, El Parque y Ciudad del Sol permitieron ubicación y captura de tres personas, quienes figuraban como presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mejor conocida ‘Los Pachenca’. En el barrio 20 de Julio cayeron dos sujetos en flagrancia, lográndose comprobar que exigían hasta $500.000 a comerciantes para dejarlos abrir sus negocios y que, de esta manera, pudieran atender a su clientela. Entre estos se encuentra alias ‘Mocalister’ quien, al parecer, se encontraba bajo las órdenes de alias ‘Juan Barreto’.A estos dos sujetos les fueron incautadas dos motocicletas, dos celulares, dos panfletos y $400.000 pesos en efectivo, según confirmó el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Por otro parte, en el barrio La Concepción se logró la captura en flagrancia de alias ‘Mauricio’ por el delito de extorsión, tras ser sorprendido en momentos en los que recibía la suma de $200.000 en efectivo por parte de una víctima a cambio de la devolución de una motocicleta hurtada. Según las investigaciones adelantadas, la víctima había denunciado el hurto de su motocicleta días antes y, producto de ello, recibió un mensaje extorsivo en el que se le exigía el pago de $3'500.000 o, alternativamente, un celular iPhone 14 Pro Max y $200.000 mil. A cambio de devolverle la motocicleta hurtada. Dentro de la investigación se conoció el modus operandi para cometer los hurtos, era el de alias “Duvancito” o el “Gato”.“Este operativo forma parte de la estrategia de la Policía Metropolitana de Santa Marta para reducir la extorsión y otras actividades criminales en la ciudad, particularmente en barrios vulnerables. La captura de estos tres sujetos representa un avance significativo en la lucha contra las bandas criminales y que se dedican a la intimidación y explotación económica de los comerciantes y ciudadanos", indicó Bernal.
La acción tuvo lugar contra el frente de guerra "Darío Ramírez Castro" del ELN, una estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones a mineros, comerciantes y campesinos de los municipios de Remedios y Segovia, en Antioquia, y San Pablo y Santa Rosa del Sur, en Bolívar.El comandante de la Región 5 de la Policía Nacional, general José James Roa, desde Barrancabermeja, señaló que siguen los operativos contra el ELN en el sur de Bolívar. "Son siete guerrilleros muertos en combates. Se decomisaron 12 fusiles y abundante munición. Lamentamos el fallecimiento de un teniente; otros tres uniformados están heridos".Roa aseguró que el ELN "continúa reclutando menores de edad de manera ilegal para incorporarlos a sus filas", lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.Además, subrayó que "las operaciones de la Policía Nacional no solo están dirigidas contra esta estructura guerrillera, sino contra todos los grupos ilegales que atentan contra la seguridad de los habitantes de la región, afectando la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general".El ELN también es señalado de realizar ataques armados mediante el uso de artefactos explosivos contra instalaciones petroleras en Barrancabermeja, Santander, así como de ser responsable de homicidios de líderes sociales en la región.Durante la operación 'Escudo', el teniente Jorge Humberto Muñoz Gómez, oriundo de Mutatá, Antioquia, perdió la vida en combate. El oficial llevaba más de nueve años de servicio en la Policía Nacional y había sido condecorado en seis ocasiones."Su labor fue fundamental en diversas operaciones que resultaron en la captura y neutralización de objetivos de alto valor en todo el país", aseguró Roa. Además, tres uniformados resultaron heridos en el enfrentamiento y están siendo atendidos en centros médicos de la región.Con esta operación, la Policía Nacional afirma que se logra afectar la estructura del frente "Darío Ramírez Castro", responsable de diversas acciones armadas contra la población civil, el reclutamiento de menores y ataques contra la fuerza pública en las zonas limítrofes de los departamentos de Bolívar y Antioquia.A su vez, las autoridades informaron que las operaciones contra el ELN y otros grupos armados ilegales continúan en la región, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.
Desde el ‘Foros por el futuro de Colombia’ que lidera el partido Centro Democrático desde Barranquilla, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que “no ha sido afortunada” la manera en la que han venido avanzando las negociaciones con la guerrilla del ELN.Cuestionó, entre otras cosas, el corredor humanitario habilitado en el Chocó, afirmando que “no es suficiente” pues, para él, tratar de mantener diálogos es insuficiente cuando no hay verdadera voluntad de paz.“No ha sido afortunada la manera en la que ha venido avanzando este proceso. Casi que firmando el comunicado que se expidió en Caracas, secuestraron a Cristian Serrano el Río de Oro (César). Adicional, decretaron un paro armado en el Chocó. No podemos seguir tratando de mantener un diálogo cuando evidentemente no hay ese tipo de manifestaciones “, señaló Lafaurie.Adicionalmente, se refirió a la crisis del sector lechero en el país, asegurando sentirse preocupado porque no ha habido una integración con el sector transformador.Según explicó, esto no ha permitido eliminar, inclusive, la brecha que hay en cuanto al consumo de leche entre estratos altos y los sectores más vulnerables del país.“Yo veo que no nos integramos debidamente, entre otras cosas, en el sector transformador. Colombia produce mucha leche, más del doble de lo que transforma la industria. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo en esa materia”.Bajo esta línea, indicó que “por una razón elemental, porque un país como el nuestro que produce tanta comida, no puede dormir un niño sin un vaso de leche”.
Fue una noche de sábado violenta en el municipio de Soledad, Atlántico, debido al homicidio de tres personas que dialogaban a las afueras de una vivienda en el barrio Villa Soledad; hechos que también mantienen herida de gravedad a una cuarta víctima.Los fallecidos fueron identificados como Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Nicolás Miranda, de 67 años; y Luis Alberto Romero Hernández, de 68. Por otro lado, Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, es la víctima que intenta mantenerse con vida en un centro asistencial del área metropolitana de Barranquilla.Los sicarios alcanzaron a huir del sitio en un motocarro, luego de bajarse del mismo con disimulo para perpetrar los hechos, mientras que la Policía designó un grupo investigador para ubicarlos lo más rápido posible.Precisamente, la Alcaldía de Soledad rechazó lo sucedido y sostuvo que la muerte violenta “no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”.“Rechazo y repudio por acto sicarial de esta noche. Requerimos de las autoridades competentes una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización”, escribieron inicialmente en un comunicado.“La muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz. Ofrecemos recompensa por información que le permita a la Policía Nacional dar con la ubicación y judicialización de los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho”, agregaron.Las autoridades competentes aún no han entregado muchos detalles de quiénes son las víctimas, si tenían anotaciones judiciales o amenazas de muerte, ni mucho menos qué estructura criminal estaría detrás de este nuevo atentado en Soledad.
La Válida Nacional de Motocross en Sabanilla, el Salinas Fest y el Festival de la Ciruela en Campeche son tres de los eventos más importantes que se estarán realizando este puente festivo en el Atlántico, por lo que la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Gobernación han preparado un robusto operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de propios y turistas.El dispositivo contempla el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional en puntos estratégicos, escenarios deportivos, vías de acceso y zonas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar el orden público, la movilidad y la sana convivencia durante el desarrollo de los eventos.Como parte de la estrategia, también se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) que permitirán el monitoreo permanente y la toma de decisiones en tiempo real, informó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.“Desde la Gobernación del Atlántico hemos dispuesto toda la capacidad institucional para garantizar que estos eventos se desarrollen en completa tranquilidad. Tendremos presencia permanente de la fuerza pública, monitoreo desde los PMU y coordinación con todas las autoridades para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, sostuvo.Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez, señaló que el dispositivo se mantendrá vigente durante todo el fin de semana.“Contamos con más de 1.000 hombres y mujeres desplegados en el territorio, quienes estarán enfocados en labores de prevención, control y acompañamiento. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios con responsabilidad y a acatar las recomendaciones de las autoridades”, señaló.El llamado a los atlanticenses y visitantes es a vivir estos eventos con cultura ciudadana, respeto por las normas y compromiso con la convivencia.Debido a esta alta afluencia de vehículos, la Policía de Tránsito ha instalado varios puestos de control en puntos priorizados, tales como el paradero del Sombrero Vueltiao, el peaje de Puerto Colombia, a la altura de los municipios de Baranoa y Luruaco, así como en la entrada de Sabanagrande y en inmediaciones de Suan.Con estos operativos se pretende seguir disminuyendo los índices de accidentalidad en las carreteras del Atlántico, donde este año ya se reporta una reducción del 25 % en siniestros viales.La Policía destaca que, además, este 2026 ha habido una reducción del 15 % en lesionados en accidentes de tránsito y del 5 % en la cifra de muertos por este tipo de siniestros.
Un llamado urgente hacia los ministerios de Interior y Defensa, así como a la Unidad para las Víctimas, llegó desde la Defensoría del Pueblo en las últimas horas para tomar las medidas necesarias que permitan la llegada de ayudas humanitarias hacia las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwanawimaku en la Sierra Nevada de Santa Marta, tras su confinamiento desde inicios de marzo por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.Las autoridades programaron la entrega de 48 toneladas de ayudas, aunque solo 8,55 toneladas fueron entregadas en Gunmaku por vía terrestre.La violencia está siendo tanta que 15 toneladas permanecen en la base militar de Tucurinca a la espera de transporte helicoportado y 24 toneladas continúan almacenadas en la casa del adulto mayor de Aracataca, sin señales de que puedan ser llevadas pronto.De hecho, dice la Defensoría, que ahora mismo hay 465 familias afectadas, es decir, más de 2.500 personas que no pueden salir de sus hogares.“La entidad ha acompañado de manera permanente a las comunidades en el territorio y ha participado activamente en consejos de seguridad, comités de justicia transicional y otros espacios de coordinación, con el propósito de impulsar respuestas institucionales frente a la situación que enfrentan más de 465 familias (2.581 personas) confinadas en medio de enfrentamientos armados”, dijo inicialmente.“En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría ha desarrollado labores continuas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento, entre las que se destacan: participación activa en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, formulando recomendaciones orientadas a la protección de las comunidades; acompañamiento a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador Arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca (Magdalena), con el fin de monitorear la situación de derechos humanos y apoyar la entrega de 130 kits humanitarios; avance en la toma de declaraciones por confinamiento de habitantes de la vereda Palestina, lo que permitió subsanar su no inclusión inicial en el censo y garantizar su incorporación en el registro de atención humanitaria; e incidencia ante las entidades responsables para asegurar la garantía de los derechos de las comunidades arhuacas en situación de confinamiento”, agregaron.La entidad también hizo un llamado hacia los grupos armados para que cumplan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), absteniéndose de afectar a la población civil, de utilizarla como escudo y de exponerla a los efectos de las hostilidades.De igual manera, señala la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio e implementar de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025 y sus respectivos planes de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
A la espera de resultados finales está la Procuraduría General de la Nación con respecto a las 39 investigaciones que en estos momentos tiene abiertas contra distintos funcionarios en el país por participación indebida en política, de acuerdo a lo confirmado por el mismo procurador general, Gregorio Eljach, desde Barranquilla.Justo antes de participar en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Eljach indicó que algunas son preliminares pero que otras ya están cerca de entregar sanciones disciplinarias.“Nosotros estamos adelantando 39 averiguaciones, unas en investigación preliminar y otras en investigación disciplinaria. No hay resultados finales, son unos procesos lentos en donde hay plenas garantías del debido proceso, de presunción de inocencia, de derecho a la defensa que es una garantía constitucional. Entonces, no podemos avanzar más de lo que el procedimiento permite. Plenas garantías para los que están involucrados, pero los resultados se conocerán en su momento. No toda participación es censurable”, dijo a Blu Radio.El procurador aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios que incurran en estas acciones y que no se pronunciará más sobre una posible participación indebida del presidente Gustavo Petro, pues el control hacia él es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones.“El señor presidente es objeto de control por parte de la comisión de acusaciones. Él tiene un control constitucional integral privativo y solo desde allí se puede proceder en esos casos. El procurador no tiene competencia sobre eso”, agregó.Su mensaje principal desde Barranquilla fue que “sí hay garantías para las elecciones presidenciales” y que ya están trabajando para sacarlas adelante.“Venimos atendiendo personalmente el tema de la paz electoral, que fue exitoso en la jornada de Congreso. Creemos que es un buen esquema. Y hemos tenido realmente, y hay que decirlo, la presencia activa del Ministerio del Interior, que representa al Gobierno Nacional, a la UNP que también ha prestado sus servicios, y creemos que en el momento no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente. Vamos a sacar adelante las elecciones, Colombia va a tener elecciones y vamos a quedar todos bien”, apuntó.La Procuraduría también mantiene investigaciones sobre la empresa Air-e Intervenida para verificar si hay irregularidades en sus procesos de contratación y en la operación que adelantan para los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.Además, aprovechó su presencia en la ciudad para hablar de la inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. Al respecto, mencionó que será un tema al que le prestará principal atención cuando le entreguen los informes de gestión de las autoridades distritales y departamentales.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
Luego del atentado armado ocurrido en la madrugada de este jueves en el parqueadero de un billar ubicado en el norte de Barranquilla, resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Luis Bernal Castro, conocido como ‘Berna’, señalado como hombre de confianza del cabecilla de la estructura criminal ‘los Costeños’.Tras conocerse el hecho, Díaz Collazos se pronunció mediante una carta enviada a diferentes autoridades locales. En la comunicación, el jefe criminal aseguró que no responderá a provocaciones ni retomará caminos de violencia, y solicitó a las autoridades actuar frente a quienes estarían intentando generar nuevos hechos violentos.En el documento, que afirma haber escrito con su puño y letra desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señala que quiere dejar “absolutamente claro mi compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual”."A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, agregó.El cabecilla de la estructura criminal pidió al comandante de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Nación, al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico que “actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad". "Personas como "Digno", "Chan" u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público, no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”.
Después de permanecer 16 días detenida por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, fue liberada bajo fianza la periodista barranquillera Estefany Rodríguez Flores, quien actualmente labora con el medio estadounidense Nashville Noticias.La periodista recobró su libertad tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, la cual fue fijada por un juez y ya logró el reencuentro con su hija de 8 años y su esposo.De acuerdo con declaraciones dadas a Nashville Noticias por el abogado que representó a Estefany “tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal”.La defensa de la barranquillera informó que ahora continuará con la solicitud de hábeas corpus que presentaron el pasado 4 de marzo, mediante la cual se cuestiona el arresto realizado sin una orden judicial y en el que se señala que podría tratarse de una represalia por las denuncias que venía realizando.Lo que buscan los abogados es que a Estefany le concedan su libertad definitiva, pero además que el tribunal emita una orden para que ICE no vuelva a realizar acciones similares contra ella en un futuro.
Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como 'El Grande', fue capturado en Barranquilla para ser extraditado a los Estados Unidos, luego de ser solicitado por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida de Norte América, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas.Alias 'El Grande' ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe. Según las investigaciones, este hombre aprovechaba su condición de ciudadano americano para facilitar el diseño y ejecución de rutas de envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, lo que lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad de su país.El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirma que Linney presentaba antecedentes por reincidencia delictiva dado que, en abril de 2024, había sido capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar droga hacia los Estados Unidos, ocultas en su equipaje para evadir los controles aeroportuarios.El ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de los trámites administrativos para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.
Un plazo máximo hasta el 31 de marzo fue el que se estableció para la habilitación del tráfico de todo tipo de vehículos en la vía alterna que se construye como solución temporal tras la falla que se presentó en el puente a la altura de Jalisco, en el corredor vial Montería - Puerto Rey, debido a las inundaciones del mes de febrero pasado.El plazo fue fijado en una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Infraestructura de Córdoba, en la que participó la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta al Mar y su interventoría y la Alcaldía de Los Córdobas.En el encuentro, la Concesión Ruta al Mar informó que ya cuenta con un diseño preliminar para la construcción de un nuevo puente y, en paralelo, adelanta la construcción de este paso alterno provisional que estará al servicio de la comunidad al finalizar el mes en curso.El alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, expresó que el cumplimiento de este plazo será clave para garantizar mayor movilidad, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa, una época clave para la reactivación económica.Y es que, según la Secretaría de Tránsito Departamental, esta solución permitirá un ahorro significativo en tiempos de desplazamiento, frente a la vía alterna que actualmente se utiliza. Eso sí, la entidad solicitó a la concesión Ruta al Mar realizar la señalización respectiva debido a que este corredor es de alto tráfico, y debido a la Semana Santa, se incrementa la circulación de vehículos.
“Un diálogo real” con quienes lideran el Paro Minero es lo que está pidiendo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al Gobierno nacional para acabar con las jornadas de protesta que están afectando el transporte y la economía en el sur del departamento.Los manifestantes completan cuatro días de protesta en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, bloqueando el paso hacia Cerro Matoso, lo cual está afectando a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan desde y hacia la operación de este complejo minero.Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, informó que “cerca de 500 trabajadores directos y contratistas permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual” y que, inclusive, hubo la necesidad de “suspender parcial y totalmente muchos contratos de bienes y servicios ante la imposibilidad de mantener unas operaciones normales”.“De igual manera, no hemos podido entrar suministros necesarios y vitales para el sostenimiento de nuestra operación durante las 24 horas y nos tocó suspender el despacho de nuestros productos al puerto de Cartagena”, dijo.“Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero una protesta que sea pacífica, pero que no afecte el derecho a la movilidad de los trabajadores y el derecho al trabajo”, agregó.Es precisamente por estas afectaciones que el gobernador Zuleta le está insistiendo al Gobierno que establezca un verdadero diálogo con los manifestantes,de hecho, el mandatario dijo que la administración departamental está dispuesta a ser garante en este proceso “para que se escuchen las voces, se construyan acuerdos y se avance hacia la normalización”, antes de que la situación escale a inconvenientes de orden público.Hasta un juez falló una tutela para ordenar que de manera inmediata permitan la libre circulación en la vía, pero más de 100 manifestantes aún impiden el tránsito normal y solo mantienen habilitado un corredor humanitario para el paso de ambulancias, alimentos y bienes esenciales.