La alerta temprana 003 de 2026, se emitió para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar, donde se ha intensificado la presencia y confrontación de grupos armados ilegales por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para la movilidad de economías ilícitas.Según la Defensoría, esta zona del sur de Bolívar es clave para actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, lo que ha generado una presión creciente sobre las comunidades, reflejada en restricciones a la movilidad, miedo y regulación armada.El escenario se ha agravado tras la suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN, lo que derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas, mientras que el Clan del Golfo ha expandido su presencia hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras. A esto se suma la actuación de disidencias de las extintas Farc, aumentando el riesgo de enfrentamientos y represalias contra la población civil.“Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles”, aseguran en un comunicado.En Montecristo se registraron dos accidentes con minas antipersonal en 2025 que dejaron víctimas mortales y personas heridas, además de ataques con drones que impactaron espacios comunitarios y viviendas rurales.La entidad también alertó sobre confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias en comunidades rurales de Montecristo, así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, incluyendo presión a civiles para evacuar heridos o trasladar cuerpos tras los combates. A ello se suman homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, con víctimas civiles, incluso menores de edad.Otro de los riesgos es el fortalecimiento del control social impuesto por los actores armados, que incluye amenazas a líderes comunitarios y servidores públicos, estigmatización, instrumentalización de juntas de acción comunal e imposición de normas de comportamiento bajo coerción.El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento, a violencias basadas en género y a la interrupción del servicio educativo por desplazamientos y amenazas contra docentes.Ante este panorama, la Defensoría solicitó la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de coordinar acciones de protección, prevenir ataques con drones y fortalecer las medidas de atención humanitaria, especialmente para población infantil y comunidades confinadas.
En Santa Marta, la paciencia se agotó. Después de las fuertes lluvias asociadas al reciente frente frío, que dejaron más de 400 familias damnificadas, otra emergencia volvió a quedar al desnudo: el colapsado sistema de alcantarillado, con más de diez rebosamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.Calles inundadas de aguas residuales, malos olores permanentes y riesgos para la salud pública son hoy el paisaje cotidiano en sectores como Pescaíto, Bastidas, El Rodadero, el Centro Histórico y barrios del sur. Frente a este panorama, un grupo de líderes comunitarios inició una firmatón ciudadana para respaldar una acción de tutela que exija soluciones de fondo.La iniciativa busca articular en una sola acción judicial las voces de los barrios afectados. La idea es recolectar firmas, fotografías, videos y testimonios que evidencien cómo el rebosamiento de alcantarillas vulnera derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano y la dignidad de miles de samarios.“No se puede normalizar que la gente viva rodeada de aguas negras. Estamos organizándonos legalmente para que una tutela obligue a quienes tienen la competencia a tomar decisiones reales, no pañitos de agua tibia”, señaló Pablo Acuña, uno de los promotores de esta iniciativa.La acción también pedirá el cumplimiento efectivo de la sentencia T-290 de 2024 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes frente al rebosamiento en el sector de Los Cocos, pero que, según los líderes, no se ha ejecutado a cabalidad y hoy se repite en otros puntos de la ciudad."Me uno a esta iniciativa porque ya los samarios estamos cansados de ver nuestras calles hechas ríos de alcantarillas; nuestros niños se enferman y nuestra gente no puede vivir tranquila por los malos olores; es momento de unirnos y exigir solución inmediata", afirmó Edgardo Vizcaino, edil de la Localidad 1.En paralelo a la movilización ciudadana, la alcaldía distrital elevó un fuerte pronunciamiento contra la intervención de la Essmar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. El alcalde Carlos Pinedo asegura que, después de más de cuatro años bajo control nacional, la empresa no ha logrado mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y reclama que sea devuelta al Distrito para poder ejecutar soluciones estructurales.Mientras avanzan las jornadas de recolección de firmas en los barrios más afectados, el mensaje que se repite en las calles es el mismo: Santa Marta no quiere seguir viviendo entre aguas residuales. Los promotores de la tutela esperan que esta vez la justicia y las entidades respondan con obras concretas y no solo con promesas
A pesar del auge que le ha dado el Muelle 1888 al municipio de Puerto Colombia en materia de turismo y desarrollo, este complejo gastronómico está a punto de sumergirse en una crisis frente al mar porque cada vez se hace más insostenible la operación de los restaurantes y demás establecimientos ubicados en esta nueva infraestructura.En diálogo con Blu Radio, varios propietarios de los negocios denunciaron que aparentes choques y “falta de coordinación” entre la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Puerto Colombia y la empresa Puerta de Oro, que está a cargo de la administración del lugar, son los que hoy tienen en jaque la operación de los locales.Afirman que la administración departamental no ha terminado algunas obras, mientras que el municipio cada día limita más los accesos al Muelle y el operador Puerta de Oro no ejecuta como ellos esperan, para mantener a flote la operación.Además, tenemos un costo muy alto en la administración y el arriendo, que nos están comparando como si fuéramos un centro comercial del norte de Bogotá o de los más famosos de Barranquilla, tarifas que son impagables y hemos trabajado un año año completo para pagarle al operador solamente arriendo y gastos de administración", expresó Fernando Raad, uno de los propietarios afectados."Hay obras pendientes que tienen que ser terminadas por la gobernación del Atlántico y proyectos como un plan estratégico de mercadeo y de posicionamiento que tiene que hacer el operador, para gestionar y promocionar el muelle a nivel nacional e internacional", agregó.Estos inconformismos fueron manifestados por los restauranteros en una carta enviada a las partes involucradas y a los entes de control, en la que afirman que los constantes cierres viales ordenados por la alcaldía, falta de parqueaderos y baños, y otros aspectos logísticos han impactado negativamente la llegada de visitantes a la zona.Piden, entre otros aspectos, un descuento del 20% en los cobros por concepto de contraprestación y del 50% cuota de administración para no tener que cerrar sus puertas y proteger los más de 450 empleos directos generados en este icónico lugar.
Cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos del municipio de Soledad llegaron hasta un taller de mecánica ubicado en el barrio Ciudadela Metropolitana, en un sector conocido como El Percal, donde se registró un incendio de varios vehículos que estaban estacionados en la parte externa.El fuego amenazó con extenderse hacia el local comercial; sin embargo, los bomberos lograron contenerlo. La emergencia, desafortunadamente, causó graves quemaduras a dos hombres que estaban en el sitio. Uno de ellos responde al nombre de Ángelo José Melli Bocaranda, de 56 años, quien fue trasladado a la Clínica Adela de Char de Soledad con quemaduras en el 80% del cuerpo.La otra persona lesionada es Dubán Manuel Acuña Méndez, quien tiene quemaduras en sus piernas y brazos, y fue trasladado a la Clínica Campbell de Barranquilla."Atendimos una emergencia por incendio vehicular. Inmediatamente fueron despachados al lugar cuatro vehículos porque la magnitud que nos estaban reportando indicaba que era bastante complicada la situación. En el taller de mecánica resultaron afectados tres vehículos y, desafortunadamente, hubo dos personas lesionadas con quemaduras. Se logró, por parte de las unidades que atendimos la emergencia, evitar que el incendio afectara el establecimiento comercial como tal, ya que los carros estaban en la parte externa", indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, el teniente Blas Araujo.La Secretaría de Salud se encuentra al frente de la situación para verificar el estado de los lesionados.
Alejandro, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería y deportista de alto rendimiento, vive hoy una tragedia que comenzó en su lugar de trabajo: un call center. Según su denuncia, las extensas jornadas usando diademas y la constante negativa de sus superiores para asistir a controles médicos convirtieron una otitis tratable en un cuadro de monoplejía y síndrome de Meniere.El estado de salud del joven se agravó tras un desmayo en su lugar de trabajo que derivó en un trauma craneal. En entrevista con Vamos Pa Eso podcast, Alejandro describe su realidad con crudeza: "Yo conozco más hospitales que un lugar de atracciones", señalando la indiferencia institucional que ha marcado su proceso.A raíz del impacto y de complicaciones posteriores, desarrolló una monoplejía que le impide mover el brazo y la pierna izquierdos, dejándolo en condición de dependencia y con cuidados paliativos.La presión llegó a tal punto que, el pasado noviembre, el joven solicitó formalmente la eutanasia ante la intensidad del dolor y la falta de soluciones. En un momento de quiebre, le hizo una desgarradora petición a su madre: "Mami, yo sé que tú me diste la vida pero acompáñame a que ella no tenga más de dolor". No obstante, el procedimiento fue frenado por la oposición de su familia y un impedimento legal, ya que Alejandro había firmado previamente un "poder a ruego" que limitaba su autonomía para decidir sobre su muerte en ese estado.Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la actitud de su EPS y su empleador. Según el afectado, iniciaron un proceso en su contra por un supuesto "abuso del derecho" a las incapacidades, argumentando que en videos de redes sociales el joven no aparentaba estar enfermo."Esto no es vida para nadie, mi desesperación era muy grande", relató Alejandro, quien asegura haberse sentido perseguido mientras su salud mental se deterioraba.Incluso denunció que se le negaron suplementos nutricionales pese a haber perdido casi 20 kilos, bajo el argumento de que no estaba "tan flaquito". Solo la intervención de la Defensoría del Pueblo logró que la EPS desistiera de los señalamientos legales.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
La justicia argentina solicitó el miércoles a Estados Unidos la extradición de presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial a la que accedió la AFP.Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas la madrugada el 3 de enero.Un juez argentino libró el miércoles un "exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros" para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de "jurisdicción universal".En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional del entonces presidente Nicolás Maduro en esta causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa.La justicia argentina determinó la existencia de "un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil" desde 2014 "hasta el presente" y libró órdenes de detención para indagar a Maduro y a su ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.En otras ocasiones, la justicia argentina aplicó la jurisdicción universal. En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.El exmadatario venezolano es acusado por narcotráfico y terrorismo por las justicia estadounidense y su próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo en Nueva York.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
La violencia no da tregua en Soledad y Malambo, área metropolitana de Barranquilla. En cinco horas, cinco hombres fueron asesinados en diferentes atentados con arma de fuego. Las autoridades aún no se pronuncian sobre la oleada criminal que mantiene atemorizada a la ciudadanía.A las 11:40 de la mañana de este martes se registró el primer atentado, el cual tuvo lugar en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo. Allí fueron asesinados dos hombres que estaban sentados en el patio de una casa. El parrillero de una moto disparó a través de una cerca que encerraba la vivienda y luego huyó con su cómplice del lugar.Veinte minutos después, en el barrio Villa Katanga de Soledad, fue asesinado de varios disparos Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años. El joven fue atacado cuando se disponía a ingresar a una chatarrería. La víctima, dice la Policía, tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de noviembre de 2025.A las 4:20 de la tarde, nuevamente sicarios interrumpieron la tranquilidad de los habitantes del barrio La Esperanza, en el municipio de Malambo. Las detonaciones llamaron la atención de los moradores, quienes al salir a la calle encontraron el cuerpo de Luis Fernando de la Rosa Mendoza, de 24 años, quien murió en el sitio al recibir tres disparos. El joven, de acuerdo con lo indicado por familiares, tenía tan solo tres meses de estar viviendo en el sector.El quinto atentado se registró tan solo 10 minutos después, nuevamente en el barrio Villa Katanga, donde asesinaron a un mototaxista de 53 años identificado como Carlos Mario Sánchez Camargo. De acuerdo con la investigación, la víctima estaría recibiendo amenazas por parte de ‘los Costeños de la Luna’, al mando de ‘alias 05’. El mototaxista no tenía anotaciones judiciales.
La emergencia por las fuertes lluvias en la Costa Caribe no solo deja un saldo doloroso en Santa Marta, con tres personas fallecidas y más de 170 familias damnificadas, sino también un punto crítico para la movilidad nacional: el colapso del puente de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, que mantiene interrumpida la conexión entre el Magdalena y La Guajira.Este lunes, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y su homólogo de La Guajira Jairo Aguilar, realizaron una visita conjunta al punto afectado, en el kilómetro 37+650 de la vía Santa Marta–Río Palomino. En el lugar firmaron la solicitud formal de apoyo para la instalación de un puente militar, con el que esperan restablecer de manera provisional la conectividad entre ambos departamentos y garantizar el tránsito de personas, alimentos, combustible y servicios esenciales.“Estamos solicitando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a las autoridades competentes que prioricen este tramo. El puente militar es urgente para devolverle la movilidad a la Troncal del Caribe y proteger la vida de quienes a diario dependen de esta vía”, fue el mensaje de la mandataria magdalenense, quien también pidió a Invías avanzar en la construcción de una solución definitiva para Mendihuaca.La solicitud se presenta en medio de un balance preliminar que da cuenta de la magnitud de la emergencia en Santa Marta. El Puesto de Mando Unificado, activado por la Alcaldía Distrital, reporta hasta ahora 170 familias damnificadas en al menos siete sectores, entre ellos Vista al Mar, Playa Salguero, Villa Tabla, San Martín, Colinas del Río y Loma Linda. Solo en Vista al Mar se registran 10 viviendas destruidas, 25 inhabitables y cuatro personas heridas.El dato más doloroso está en Gaira, donde tres personas, una madre de 67 años, su hijo de 48 y un hombre identificado como Evelio Maldonado, perdieron la vida en medio de la emergencia. La administración distrital asumirá los gastos fúnebres y mantiene desplegado, junto a organismos de socorro, un operativo de atención humanitaria y maquinaria amarilla para remover sedimentos y material de arrastre.Mientras tanto, la Troncal del Caribe permanece cerrada a la altura de Mendihuaca y el tránsito hacia La Guajira debe hacerse por la ruta alterna Ciénaga–Bosconia–La Paz–Villanueva–Riohacha, lo que alarga tiempos de viaje y encarece el transporte de carga y pasajeros.Con el pedido de un puente militar firmado en terreno por los dos gobernadores, el Caribe espera una respuesta rápida del Gobierno Nacional para evitar que la ruptura de la vía se sume a las pérdidas humanas y materiales que ya deja el temporal en esta zona del país.
De acuerdo con el reporte del Ideam, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suan, sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas; mientras que en la estación Calamar, que se halla en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros.Las mediciones anteriores activan las alarmas, si se tiene en cuenta que los niveles del río en su paso por esta zona hacia el Canal del Dique tienden a ubicarse entre los 2 y 3 metros durante esta época, días en los que más bien suele preocupar la sequía por estos bajos niveles, tanto así, que en algunos puntos a duras penas la corriente alcanza el metro de altura.Uriel Ávila, líder de la zona, afirma que la situación de nuevo pone en riesgo de inundaciones a las comunidades de Atlántico y Bolívar, mientras el Gobierno sigue poniendo trabas a la inversión que se requiere para llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique."¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Pues que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al Gobierno nacional su intervención, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del Gobierno, no vemos una voluntad de las autoridades público administrativas y queremos que inicien cuanto antes las obras de mitigación", expresó Ávila.Las comunidades advierten que por los altos niveles que se están dando, se podría dar un desbordamiento inminente del canal cuando se presenten las lluvias habituales, pues la zona no tiene dónde recibir más caudal para aliviar la presión del Magdalena.
Si bien para este miércoles descendió la humedad, predomina el tiempo seco y hay menos nubes sobre la región Caribe. Estas condiciones apenas serían una corta tregua de las intensas lluvias registradas este febrero, pues un nuevo frente frío viene en camino y amenaza con mantener este atípico clima lluvioso y el mar de leva para los próximos días.El impacto de este nuevo frente frío se sentirá hasta el próximo domingo, siendo que las brisas y las lluvias más fuertes se podrían registrar entre viernes y sábado, afectando una vez más a departamentos como Córdoba y Sucre, informó Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam."Está saliendo de Estados Unidos un frente frío y es probable que pueda afectar, especialmente, la parte del archipiélago de San Andrés y Providencia, y sectores del occidente del mar Caribe, donde se podría desarrollar condiciones inestables, acompañadas de fuertes vientos y alto oleaje por esta incidencia del frente frío", indicó.La Dirección General Marítima informó, a su vez, que en estos momentos el oleaje se mantiene con alturas entre los 2 y 4 metros, con mayor impacto en el litoral sur y centro del Caribe colombiano, así como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las islas Cayos del Norte.Lo anterior se debe a los intensos vientos con ráfagas entre los 27 y 50 kilómetros por hora, generando mayor afectación en el norte del mar Caribe, la zona insular y la franja costera colombiana y, si bien hasta el sábado se espera una leve disminución en su intensidad, estas brisas se mantendrán entre 22 y 44 kilómetros por hora.Así, la autoridad marítima recomienda mantener restringidas las actividades en el mar que representen riesgo para la vida.
Las fuertes lluvias registradas en la región Caribe mantienen en estos momentos el paso restringido en la vía entre Montería y Medellín, a la altura del municipio La Apartada, debido al desbordamiento del río San Jorge, por lo que solo se permite el paso de vehículos grandes.La situación es de gravedad para esta población, pues, según su Alcaldía, al menos el 70% de este municipio está bajo inundaciones.“A esta hora, informamos a la comunidad que más del 70% de nuestro municipio se encuentra bajo el agua. El equipo de la Alcaldía Municipal continúa en monitoreo constante de los niveles del Río San Jorge, canales y quebradas”, escribieron por sus redes sociales.“Nuestra consigna es clara: ¡La vida es lo primero! Hacemos un llamado a proteger no solo la integridad de cada ciudadano, sino también la de nuestras mascotas y animales, quienes también son parte de nuestras familias y sufren esta emergencia”, agrega.Acerca del tramo que hoy se encuentra inundado, desde Byron Avila, enlace de la oficina de víctimas en La Apartada apuntó que solo los vehículos grandes pueden movilizarse, situación que se extiende hacia las calles del sector urbano."El paso está parcialmente restringido, solo para vehículos grandes. En el sector conocido como la estación de gasolina Las Margaritas hasta el puente de San Jorge, el agua está pasando por encima de la calzada y en el casco urbano el agua está bastante represada con una altura más o menos de 80 a 90 centímetros. Motos y vehículos pequeños no pueden pasar y mucho menos por las cuadras aledañas a la vía”, sentenció.Ante la gravedad de la ola invernal, el alcalde de La Apartada, Oscar Calao, ha declarado formalmente la urgencia manifiesta en el municipio. “Esta medida nos permite actuar con mayor rapidez para proteger la vida de nuestras comunidades”, apuntaron.Desde esa administración municipal habilitaron un albergue temporal en la Institución Educativa Indapaz para atender a las cerca de 540 familias damnificadas.
La suspensión de cuatro meses por haber pagado con recursos de la Universidad del Atlántico los estudios en el extranjero de un docente siguen siendo un dolor de cabeza para el recién nombrado rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, ahora debido a una indagación previa iniciada por la Procuraduría General de la Nación para conocer un presunto incumplimiento a la misma.Dice el ente de control que ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, el cual también habría sido registrado en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo de 2025.“El Ministerio Público indaga si hubo incumplimiento en la aplicación de la sanción a Castillo Pacheco, pues a pesar de haber sido suspendido del cargo por cuatro meses, mediante un fallo del 21 de febrero de 2025, fue nombrado como rector de la institución educativa el 17 de diciembre de la misma anualidad”, explican inicialmente en un comunicado.“El ente de control ordenó la práctica de pruebas para aclarar por qué no se cumplió el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría. Esta actuación disciplinaria busca individualizar a los servidores responsables de un posible incumplimiento de deberes”, agregan.De hecho, en conversación con Blu Radio, Rafael Castillo ya había mencionado que pese a estas versiones de incumplimientos de una sanción estaba apto para ocupar el cargo ofrecido por el Ministerio de Educación debido a que “en estos momentos no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario”.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, señaló en su tiempo.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Gobierno.La controversia se presenta solo un par de días antes de reactivar el calendario académico de esta universidad.
Nuevamente la comunidad levantó las talanqueras de las estaciones de peajes de Sabanagrande y Galapa, las cuales hacen parte de las seis estaciones que tiene la concesión Autopistas del Caribe a lo largo del corredor de carga Barranquilla – Cartagena y cuya etapa de revisión inició el 2 de enero para entregar el proyecto al Invías.La protesta surge porque, tras lo dicho por el presidente Gustavo Petro de haber “eliminado siete peajes en la costa Atlántica”, al concretarse la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, siguió el cobro para todos los vehículos, y solo se aplicó una excepción del cobro para las categorías 1 y 2 en el peaje de Turbaco, Bolívar.Lo que pide la comunidad es que esta medida también se tenga en cuenta para los peajes del Atlántico.“Por la liquidación anticipada del contrato, hasta el 21 de julio habrá la entrega de todo el corredor vial, pero resulta que estamos viendo que al municipio de Turbaco le dejaron las categorías 1 y 2 con cero tarifas hasta que se surta el proceso de reversión del contrato. Entonces nosotros estamos pidiendo el mismo derecho a la igualdad y aparte de eso necesitamos que se desmonte la caseta antes del 21 de julio”, expresó Rubén Llanos, vocero del comité no al peaje.Pronunciamiento de Autopistas del CaribeLa concesión Autopistas del Caribe aclaró que los peajes correspondientes al proyecto no han sido desactivados ni suspendidos de manera general.“El recaudo en las estaciones de peaje del corredor continúa realizándose conforme a las disposiciones vigentes y a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”, dicen en un comunicado.Agregan que “lo ocurrido en algunos momentos obedece a la presencia de movimientos denominados “No Más Peajes” en las estaciones de Galapa y Sabanagrande, quienes han actuado de manera ilegal al levantar las talanqueras, impidiendo temporalmente el cobro. Estas situaciones no corresponden a una decisión administrativa ni a la desactivación oficial de los peajes”.
Un lamentable accidente mantiene en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Barranquilla a un niño de 8 años que terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en la espalda, glúteos, piernas y un brazo.El hecho ocurrió la tarde del domingo en el barrio Alto de la Metro, de Soledad, en la Calle 56A con la carrera 6C. La versión que entregaron familiares del niño a la Policía es que la madre del menor usó gasolina para quemar unos gusanos que estaban en un palo de mango y que el niño, al estar cerca, fue alcanzado por el fuego que prendió rápidamente su ropa."Yo me encontraba haciéndole mecánica al carro junto con mi papá y estábamos manipulando la gasolina para limpiar los respuestos y donde estábamos un palo de mango tenía gusano y comenzamos a quemarlos para que el niño jugara tranquilo. En un momento mi hermana, que también se encuentra en en el hospital con una quemadura en una mano, le dio por encender el el fuego. El niño se encontraba a espaldas de ella jugando y en el momento en que arroja el pote con la gasolina, la candela corrió y sufrió la si el incidente", detalló Wilder Romero, tío del niño. Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, indicó que el menor tiene comprometido gran parte de su cuerpo y que el caso está en manos de las autoridades para aclarar los hechos."Recibimos el centro de solución de la Metropolitana un niño con quemaduras graves en el 95% de su cuerpo. El niño bajo unas circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, resultó quemado y fue atendido en nuestra institución. La verdad es que las versiones son muy confusas y en ese orden de ideas, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, hemos decidido dejar en poder de las autoridades competentes la investigación del caso que permita esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió con con este niño", detalló el funcionario. El niño, que según las autoridades vive en el corregimiento de Palermo, Magdalena, llegó a Soledad junto a su madre para visitar a sus abuelos, cuando ocurrió el incidente.
A punta de tiros, hombres armados acabaron la amena reunión que sostenía un grupo de personas en una calle del barrio Ciudad Bonita, en el municipio de Soledad (Atlántico), donde tres de los que se encontraban allí departieron fueron alcanzados por las balas.En el lugar quedó muerto de inmediato el adolescente Santiago Andrés Cazeprins, de 15 años y resultaron heridos Jorge Andrés Triviño Serrano, de 21 años, y Carlos José Igueresis, de 30, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.El joven Santiago Andrés murió cuando recibía atención médica en el Hospital Universitario del Norte, a donde había sido remitido desde la Clínica Agrupasalud con una herida de bala en el rostro y otro en la pierna derecha.Mientras que Carlos José, de nacionalidad venezolana, continúa en estado crítico en la clínica Agrupasalud, con una herida en la parte baja de la espalda y en el abdomen.Los móviles del ataque son materia de investigación por parte de la Policía.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se convirtió en el salvavidas de un joven motociclista que fue sorprendido por una creciente súbita en la vía que conduce al municipio de Montelibano, donde el río Sinú arremetió hacia la zona de la carretera durante la noche de este martes 3 de febrero. A pesar de las advertencias emitidas para evitar el paso en el sector, la osadía del motociclista lo llevó a pasar varios minutos agarrado de un árbol, mientras luchaba contra la corriente y pedía auxilio. Justo en ese momento, el gobernador pasaba cerca con su caravana y notó un casco blanco que se movía a lo lejos entre los arbustos y el agua. "Cuando miro hacia adelante, veo al man ahí y le grito a Felo (su escolta): "Para, dale para allá". Venía la moto pero yo veía el casco allá, como la cabecita, porque era blanco", contó el mandatario. Fue entonces cuando llegó hasta donde estaba el joven, saltó de su carro y mientras el agua le daba por las rodillas, sacó una navaja que tenía guardada para cortar su cinturón de seguridad y usarlo como lazo que permitiera llegar hasta él. Para esto contó con la ayuda de dos escoltas suyos, quienes terminaron en una cadena humana agarrados de los brazos. Pero la situación, puso en una encrucijada a Jesús, el motociclista en apuros. "Mi moto, mi moto", se escucha en un video que gritó el joven antes de extender su brazo para agarrar el cinturón de seguridad, refiriéndose a su vehículo que estaba siendo halado por la fuerte corriente. En respuesta, el gobernador le gritó: "Suéltala, que yo te regalo una". Esto facilitó que Jesús extendiera su brazo y tratara de ir en contra de la corriente para alcanzar el lazo que le estaban ofreciendo. El gobernador se agarró de una de las puertas de su camioneta, sujetó a uno de sus escoltas y animó para que avanzaran hasta el joven, quien finalmente logró ser puesto a salvo. "Yo no me acuerdo ni cómo me tiré. El chorro de agua era duro", contó el gobernador, quien posterior al rescate le confirmó a Jesús, el motociclista, que le va a regalar una moto. "Esa moto mañana te la regalo no te preocupes. Lo material se recupera, dale gracias a Dios porque estás con vida, con tu familia. Quédate tranquilo", le dijo el mandatario.
Las alarmas siguen encendidas en Barranquilla por la ola de violencia que en esta ocasión reportó el desmembramiento de un hombre, cuyo cuerpo fue abandonado envuelto en sábanas a la orilla del arroyo llamado El Salado, en inmediaciones al barrio Las Moras del municipio de Soledad. El macabro hallazgo fue reportado por la comunidad en horas de la mañana de este martes 03 de febrero, mientras que tiempo después la cabeza de esta persona fue vista en otro punto de este mismo barrio, también en un basurero y envuelta en sábanas. El caso fue asumido por la Seccional Vida de la Sijín de Barranquilla, los cuales tienen un operativo de búsqueda para ubicar tanto a los responsables como a las extremidades superiores que aún no han sido halladas. Mientras tanto, se avanza en la identificación de esta víctima fatal, pues recordemos que el año anterior se registró el desmembramiento de dos personas, uno hallado en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla, y otro reportado en noviembre de 2025 en el barrio Villa Rosa, de Malambo.Otro casoConductores que transitaban por la vía que conecta al corregimiento de Caracolí, en Malambo, con el municipio de Galapa fueron los encargados de reportar a las autoridades el hallazgo de una mujer sin vida al costado de esta carretera.La víctima vestida de jean y camiseta azul fue encontrada muy cerca a la empresa Promigas, y según conoció Blu Radio, la principal hipótesis alrededor de su muerte en estos momentos es el de un accidente de tránsito. Las autoridades creen que el vehículo involucrado aprovechó la soledad del sector para darse a la huida. Mientras es encontrado el responsable de su muerte, el cuerpo de la mujer fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y llevado hacia Medicina Legal, donde continuarán las labores para su identificación.
En Barranquilla avanzan las investigaciones para esclarecer la explosión de una granada de fragmentación en las instalaciones de la Cárcel Distrital El Bosque, hechos que este lunes dejaron heridos a los vigilantes Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años, y James Fabián Blaza Jiménez, de 35 años. Hasta el momento son dos las hipótesis que se analizan alrededor del episodio, siendo una de ellas la circulación de panfletos en los que se amenaza al director y a los guardias de este penal por permitir la presunta llegada de integrantes de Los Pepes, involucrados dicen ellos en extorsiones y homicidios en Barranquilla.Esto manifiesta uno de los dos panfletos: “Si en 24 horas no vemos traslado de estas personas, alias ‘Chocolate’, ‘Steven’, ‘Calentura’, ‘Bebo’, ‘Milton’, ‘Guajiro’ y ‘Wainer’, serán declarados objetivos militares”. Tampoco se descarta que el atentado haya sido una retaliación hacia los vigilantes, pues estos no han permitido el ingreso de celulares, licores, drogas o armas. Lo cierto es que el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que justo 24 horas antes de ser lanzada la granada, ya hombres en moto habían disparado contra la fachada de la cárcel. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo rechazó este atentado diciendo que este no es un hecho aislado, sino que hace parte de una violencia sistemática contra el sistema carcelario del país. Por ello, pidió al Gobierno nacional, territorial y las entidades competentes:La revisión de las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.Reforzar de manera integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla, así como con todas las familias de los funcionarios que han sido afectados por esta violencia reiterada. Acompañamos su dolor y reiteramos el llamado a la verdad, la justicia y a la adopción de garantías reales de no repetición”, fueron las palabras de esta entidad.
Aunque con el paso de las horas, el comportamiento del mar en Cartagena regresa a su normalidad, pasando de olas de 4 metros a 2.5 metros este martes 3 de febrero, en el corregimiento de Manzanillo del Mar, en la zona norte de la ciudad, en donde el fuerte oleaje causó daños e inundaciones en más de 70 restaurantes y establecimientos comerciales, temen que estas condiciones se mantengan durante otros días más“Manzanillo del Mar ha sido bastante afectado principalmente con todos los comerciantes que se encuentran en toda la orilla o franja de la playa, en las cinco playas que tenemos, siendo Playa de oro, una de las más afectadas con una pérdida total de 65 restaurantes o kioscos. Playa rica también tuvo afectaciones, igual que Playa muralla. O sea, de los 105 comerciantes que tenemos o negocios, pues solamente alcanzaron a salvarse unos 30 restaurantes”, describió en diálogo con BLU Radio, Juan Carlos Sibaja, presidente de la Junta Acción Comunal de Manzanillo.El líder comunal además explicó que los daños no solo fueron a los establecimientos comerciales, también, por lo menos, 53 viviendas y más de 100 familias resultaron afectadas.“La verdad estamos muy preocupados. Ayer durante ese ese mar de leva tan intenso, todos estábamos nerviosos, y nos concentramos en la plaza principal, pues tomando atenta nota de lo que nos decían las autoridades y bueno, ahora tratar de mitigar algunas cosas, le damos gracias a Dios que no hubo nada que lamentar, no hubo heridos, no hubo pérdidas humanas, las cosas materiales, pues Dios proveerá y se recuperan, pero da tristeza que en estos momentos el balneario de Manzanillo del Mar pues pues esté en un 85% en el agua”, relató.Y es que, en Manzanillo de Mar, como su nombre lo dice, la principal actividad económica es el turismo, que durante estos días por supuesto ha estado mermado, por lo que pidieron ayuda de las autoridades.“No hablamos solamente de los comerciantes que se encuentran a la orilla de la playa, también el tendero, el que vende la leña, el que vende el hielo, el que vende el pescado, o sea que la comunidad en general está afectada, ya que Manzanillo su fuente de trabajo es el turismo, la playa y por ende si se afecta la playa se afecta a toda la comunidad”, afirmó el presidente de la JAC.Autoridades de gestión de riesgo mantienen alertas y monitoreoPor su parte, las autoridades de Gestión del Riesgo del Distrito anunciaron que mantienen activas las alertas de monitoreo y siguen las prohibiciones para el uso de las playas y la navegación hacia la zona insular. Cabe destacar que, en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay decretó desde este lunes el cierre preventivo de las playas urbanas, rurales e insulares. La medida estará vigente hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 04 de febrero.A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que el 97% de las emergencias en la ciudad han sido atendidas.“La Brigada Distrital de Emergencias, que lidera nuestra Oficina de Gestión de Riesgo, ha estado lista y preparada desde que se supo el pronóstico de la llegada del «frente frío» a la cuidad, para tener una capacidad de respuesta oportuna frente a las emergencias que se reportaran. Y así ha sido: el 97% de esos llamados han sido atendidos. Algunos árboles caídos y otras contingencias con las comunidades insulares que a esta hora están siendo abordadas”, escribió en su cuenta de X.Por su parte, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Daniel Vargas, precisó que se han atenido más de 17 casos de voladuras de cubiertas, más de 12 casos de árboles caídos y se han recolectado más de 400 toneladas de residuos como arena y piedras en la Avenida Santarder, que es uno de los puntos críticos en esta contingencia.“Está activo el consejo distrital de gestión del riesgo para poder tomar desde ahí todas las decisiones que sean necesarias para tener a la ciudadanía segura y tranquila; ayer dispusimos toda la maquinaria amarilla y todo lo que teníamos alistado y preparado para atender la Avenida Santarder, esta avenida principal de la ciudad, y pues como el señor Alcalde lo ha mencionado todo este sector de la avenida va ser reforzado con un pedraplén que se necesita mejor en esta zona”.
Siguen los desbordamientos del río Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba, donde más de 14 municipios están bajo inundaciones. En Tierralta ya van 4.000 personas evacuadas en lanchas y buses, mientras el río va arrasando con todo a su paso. En Lorica, más de 20.000 personas están en riesgo, para lo que se ordenó una evacuación masiva. Una de las situaciones más complejas se concentra en Montelíbano, donde una vereda quedó completamente borrada del mapa por el agua. "En la vereda La Luna no se ve nada. Dieciséis de dieciséis casas quedaron completamente borradas del mapa. Es demasiado triste. Ya el agua está que se mete en la escuela. Lo único que se salvó es el cementerio porque está en una zona alta. En total son 11 municipios de Córdoba los que están bajo alerta roja, sumado a la declaratoria de calamidad pública que realizó el gobernador Erasmo Zuleta a nivel departamental. Entre tanto, los daños vía terrestre dejan aisladas a varias poblaciones. Por ejemplo, se desplomó la vía que comunica a Montería–Arboletes y también con el Urabá.Se trata de lluvias que no cesan desde las 11 de la noche del pasado sábado, algo nunca antes visto en un mes de febrero para el Caribe. De acuerdo con el Ideam, estas lluvias representan un incremento del 90% frente a lo que normalmente se presenta en esta época.En total se calcula que la región Caribe supera las 35.000 personas afectadas por los estragos de estas lluvias atípicas que se extenderán hasta este miércoles.
Los recientes aguaceros dispararon de nuevo el éxodo de damnificados en La Mojana, donde las comunidades no han podido descansar de las lluvias y otra vez se han visto obligadas a salir de sus refugios en busca de lugares aún más altos en los que puedan protegerse un poco de las inundaciones, pues empeoró la situación en el boquete de Caregato y los ríos y ciénagas continúan desbordándose al ya no tener capacidad para resistir tanta agua.Arcesio Paredes, líder de La Mojana, cuenta que tantas inundaciones registradas por quinto año consecutivo los tiene padeciendo, no solo por el agua, sino por la sedimentación que ha llenado de barro todos los terrenos."Las casas prácticamente se han abonado de sedimentación, las fincas y los postes ya no se ven, se han cubierto prácticamente hasta el techo de esa sedimentación que en algunas partes llega a los 2 y 3 metros de altura, entonces, eso indica que la problemática ambiental en la región es grave", expresó Arcesio.Así los mojaneros, por enésima vez, claman al Gobierno que complete las obras para cerrar definitivamente el boquete de Caregato y frenar el ingreso del río Cauca, cuyas aguas mantienen sumergida en una crisis a 250.000 familias de esta región."Entonces, el llamado al Gobierno Nacional es que haga sus intervenciones en los 65 metros que tiene el boquete de Caregato y que repare todo lo que haya que reparar, sobre todo, en materia de recuperación de los caños y de ciénagas que hoy están afectados por ese rompedero", pidió Paredes.