El sector del calzado y la marroquinería en Colombia cierra el 2025 con un balance positivo en varios frentes, según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). Aunque el año presentó resultados mixtos, la directora ejecutiva del gremio, Marcela Caicedo, aseguró que la recuperación del consumo entre enero y septiembre fue clave para dinamizar la industria.“Se reactivó el gasto en calzado y marroquinería, y eso para nosotros es muy positivo porque significa que fabricantes y comercializadores lograron salir del inventario acumulado. Esto permitirá mover la producción en el próximo semestre”, explicó Caicedo.La directiva destacó el papel de Bucaramanga y su área metropolitana como una región históricamente ligada a la fabricación de calzado. En las cifras nacionales, el departamento mantuvo un desempeño destacado.Exportaciones de calzado: Santander se ubicó en el quinto lugar nacional con USD 2,36 millones, equivalentes al 9% de las exportaciones del país entre enero y septiembre.Gasto de los hogares en calzado: Bucaramanga registró $81.707 millones, un 3% del total nacional, ocupando también el quinto lugar.Gasto en marroquinería: La ciudad sumó $10.056 millones, el 3% del país, según el balance del gremio.A nivel sectorial, Santander cerró el 2024 con 1.880 empresas dedicadas al calzado, 11.900 empleos directos, 36.000 indirectos y una producción estimada de 10,6 millones de pares de calzado formal.A pesar de las cifras favorables en consumo y exportaciones, Acicam advierte que el ingreso de producto asiático, legal y de contrabando, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la industria nacional.“Competir con un producto que entra sin pagar IVA ni aranceles genera una desventaja para la producción colombiana. El contrabando técnico y abierto sigue siendo un gran reto”, señaló Caicedo.Según Acicam, el sector reportó un incremento del 5% en el gasto de los hogares en marroquinería y un 4% en calzado, frente al año anterior. En valores absolutos, el consumo nacional alcanzó 2,8 millones de pares de calzado y $298.000 millones en marroquinería.Caicedo también invitó a fabricantes y empresarios a participar en la feria IFLS + EICI, que en febrero de 2026 completará más de 25 años como la principal plataforma de negocios del sector del calzado y la marroquinería.La próxima edición espera reunir alrededor de 430 expositores, incluyendo participantes de Brasil, México, Turquía e Italia, además de compradores nacionales e internacionales.“Es la feria más grande de nuestra cadena productiva. Allí realmente se cierran negocios y se impulsa la producción del primer semestre”, afirmó la directora de Acicam.
Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron capturadas en pleno centro de Bucaramanga cuando, según la Policía Metropolitana, que se dedicaban a cometer hurtos y estafas bajo las modalidades de cosquilleo y paquete chileno. El operativo fue realizado por el Gaula durante acciones de control en esta zona comercial, que por estos días registra una alta afluencia de compradores por la temporada navideña.De acuerdo con las autoridades, los señalados, conocidos como alias “Largo”, “Churca” y “Azul”, aprovechaban la aglomeración en bancos y locales comerciales para distraer a sus víctimas, muchas de ellas adultos mayores o ciudadanos que acababan de retirar dinero. Con maniobras de engaño lograban apoderarse de efectivo y pertenencias.La intervención policial permitió detenerlos en flagrancia y recuperar un millón de pesos que había sido hurtado minutos antes. También les fueron incautados teléfonos celulares y billetes extranjeros que usaban para simular altas sumas durante las estafas.“Se capturan tres sujetos, dos mujeres y un hombre, que se encargaban de hacer el famoso cosquilleo aquí en el centro y el paquete chileno. Hay dos personas denunciantes y se recuperó un millón de pesos que previamente le habían quitado a unos ciudadanos aprovechando la aglomeración por Navidad”, explicó el coronel Diego López, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar portar grandes sumas de dinero, estar atentos a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o al Gaula 165.
Después de varios años marcados por irregularidades, sobrecostos, suspensiones y retrasos, el proyecto del Hospital Regional de San Gil podría al fin terminarse. La Gobernación de Santander anunció que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó la financiación para su fase final por $50.191 millones, recursos que serán aportados por el Ministerio de Salud en las vigencias de 2026 y 2027.La aprobación llega tras una compleja trayectoria que inició con la promesa de modernizar la infraestructura sanitaria de la provincia Guanentá, pero que derivó en uno de los proyectos más demorados y controversiales del departamento.Desde sus primeras etapas, el hospital estuvo rodeado de inconsistencias. En mayo de 2020, la Contraloría General de Santander identificó hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por más de $120 millones en el contrato de consultoría para los estudios y diseños. Los errores en los estudios de suelo y en los diseños estructurales dispararon el presupuesto inicial: pasó de $23.000 millones a $48.000 millones, un incremento superior al 100 %.A estas irregularidades se sumó la suspensión total de la obra en noviembre de 2019, debido a problemas en el terreno que comprometían su viabilidad. Durante 2020, el proyecto permaneció paralizado mientras se realizaban nuevos estudios, profundizando la incertidumbre en las comunidades de San Gil y municipios vecinos.El estancamiento prolongado llevó a que en julio de 2021 la Procuraduría General de la Nación interviniera, impulsada por las quejas ciudadanas ante la falta de avances. La entidad verificó atrasos significativos relacionados con fallas en la cimentación y con pagos pendientes a los contratistas.Aunque las obras se reanudaron en diciembre de 2020, el progreso siguió siendo lento. Solo hasta el 13 de agosto de 2023 se entregó la primera fase, consistente en la estructura en obra gris: dos pisos, cuatro bloques, cubiertas, muros, tanque de agua y conexión al alcantarillado municipal.Los problemas financieros también marcaron el camino. La segunda fase del proyecto, correspondiente a acabados y obras exteriores, pasó de un estimado inicial de $25.000 millones a $36.000 millones, impulsado por el aumento del costo de los materiales. En febrero de 2024, el Ministerio de Salud aseguró $45.000 millones, lo que dio un respiro, pero aún no garantizaba la culminación total.Mientras tanto, la comunidad seguía esperando un hospital que promete servicios esenciales como consulta externa, urgencias, cirugía, laboratorio, sala de partos y hospitalización, y que beneficiará directamente a más de 46.000 habitantes y, de forma ampliada, a más de 168.000 personas de la provincia Guanentá.La reciente aprobación del Conpes representa, según las autoridades, el paso definitivo para cerrar un capítulo lleno de tropiezos. El proyecto fue viabilizado y priorizado por el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, y hace parte de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, celebró la noticia en su cuenta de X: “Conpes aprueba la terminación del Hospital Regional de San Gil. La culminación de la infraestructura quedó respaldada tras la gestión técnica realizada por la Gobernación y el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud. Esta decisión garantiza mejores servicios especializados para más de 168.000 habitantes de la provincia Guanentá y asegura recursos para finalizar la obra entre 2026 y 2027. Gestión que fortalece la salud y la calidad de vida de nuestra gente.”Se espera que las obras en el Hospital Regional de San Gil por fin finalicen y que pueda ponerse en funcionamiento en el menor tiempo posible.
La ciénaga El Llanito, uno de los humedales más importantes de Barrancabermeja, volvió a encender las alarmas ambientales tras el hallazgo de un manatí antillano recién nacido sin vida. Con este caso, ya son 14 los ejemplares muertos en los últimos cinco años, una cifra que preocupa profundamente a autoridades, pescadores y organizaciones ambientales por tratarse de una especie en vía de extinción.El hallazgo se produjo en un sector que la comunidad había señalado como crítico por la degradación del agua. Minutos después, funcionarios de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) llegaron al punto para iniciar la atención de la emergencia y recopilar las primeras muestras ambientales.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que los riesgos que rodean a la ciénaga son múltiples y están ampliamente documentados.“Lamentablemente tenemos que decirlo: es la víctima número 14. Hemos identificado riesgos de contaminación por hidrocarburos, aguas residuales, desecación y sedimentación de humedales. Esto es una alarma muy grave porque se trata de una especie en vía de extinción”, explicó.Granados señaló que, según análisis recientes, la ciénaga ha perdido 300 de sus 1.375 hectáreas, una reducción que evidencia un avanzado proceso de sedimentación y la transformación acelerada del ecosistema. “Esto demuestra el deterioro del cuerpo hídrico y por eso estamos impulsando un acuerdo empresarial para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad”, añadió.La Alcaldía anunció que se realizarán estudios de calidad del agua, sedimentos y macrófitas en varios puntos del humedal, priorizando las zonas donde los pescadores han reportado mayor mortandad.Estos análisis buscan establecer si existen contaminantes o alteraciones que estén impactando la supervivencia de los manatíes, particularmente de las crías, que son más sensibles a cambios bruscos en el entorno.Para las comunidades locales, sin embargo, los anuncios deben venir acompañados de acciones de fondo. Líderes pescadores han insistido en la necesidad de recuperar el flujo natural del agua y tomar decisiones sobre el denominado “dique de verano”, una estructura cuya incidencia en la dinámica hídrica aún debe ser evaluada.Granados confirmó que se está planteando un estudio hidrobiológico e hidráulico para determinar el comportamiento del sistema hídrico de la ciénaga y establecer un corredor biológico que permita proteger a las especies nativas. “No hemos sido indiferentes. Estamos trabajando articuladamente con la Red de Varamientos y con los pescadores para mitigar el impacto”, afirmó.El municipio reiteró la invitación a las compañías que operan en la zona a sumarse a un acuerdo ambiental para reducir los impactos derivados de sus procesos productivos.“Las empresas que de alguna u otra forma han generado impacto ambiental deben unirse para resolver el problema de manera definitiva”, sostuvo el secretario.
Representantes de los sindicatos colombianos reclamaron este jueves que el aumento del salario mínimo para 2026 sea de dos cifras y advirtieron que no cederán mientras los empresarios mantengan su propuesta actual en el 7,21 %."El 16 % es movible, pero depende de lo que digan los empresarios", dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, en una rueda de prensa.Arias criticó que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Jaime Alberto Cabal, haya manifestado que la propuesta de los gremios es "generosa", cuando llega a la mitad de lo que aspiran los sindicatos.Las declaraciones se producen en medio de la negociación tripartita entre Gobierno, sindicatos y representantes del sector empresarial, que comenzó el martes con propuestas distantes para fijar el salario mínimo del próximo año.Actualmente, el salario mínimo colombiano es de 1.423.500 pesos, más el auxilio de transporte de 200.000 pesos.En la instalación de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los sindicatos plantearon un aumento del 16 %, mientras que los empresarios propusieron un alza del 7,21 %, según informó el Ministerio de Trabajo."Mientras los empresarios no se muevan, nosotros no nos moveremos", agregó Arias, quien recordó que, si no hay consenso, el Gobierno fijará el salario mínimo por decreto a más tardar el próximo 30 de diciembre.Con el incremento del 16 % solicitado por las centrales obreras, el salario mínimo quedaría en 1.650.680 pesos.En contraste, la propuesta empresarial llevaría el salario a 1.525.598 pesos.Pese a la amplia brecha entre las posiciones, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha manifestado confianza en que pueda lograrse un acuerdo "satisfactorio para las tres partes", en especial para los trabajadores.
Con la llegada del fin de año vuelve al debate el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, un ajuste que será clave para la sostenibilidad del sistema de salud. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) plantea que la UPC debe crecer, como mínimo, 15,6% el próximo año para evitar un mayor deterioro en la operación del aseguramiento.Según su análisis financiero, el sistema está gastando más de lo que recibe: la siniestralidad proyectada para 2025 alcanza el 105,9%, lo que significa que por cada $100 que ingresan a las EPS se destinan casi $106 solo para atenciones, sin contar costos administrativos.A este panorama se suma un nuevo estudio de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que representa el 61,4% del régimen contributivo. Según la agremiación, la UPC debería aumentar 17,33% en 2026 para garantizar la atención adecuada de los afiliados. El cálculo se realizó siguiendo la metodología utilizada por el Gobierno y se construyó con la información reportada por las EPS para el estudio de suficiencia.El análisis refleja el comportamiento del gasto en salud, ajustado por la inflación causada y por el incremento en la frecuencia de uso de los servicios.Tanto la Andi como Acemi coinciden en que la brecha entre los recursos disponibles y los costos reales del aseguramiento se ha ampliado en los últimos años. En 2025, el déficit operativo proyectado supera los $10 billones, mientras que las quejas, reclamos y tutelas por servicios de salud han mostrado aumentos significativos.Para los gremios, el ajuste de la UPC en 2026 será determinante para evitar que la crisis se profundice y afecte la continuidad y calidad de la atención a millones de colombianos.
El fundador de Guarumo, Víctor Muñoz, aseguró en Mañanas Blu 10:30 AM que las consultas interpartidistas cumplen un papel clave en la configuración del panorama electoral. “Son importantes y beneficiosas para los candidatos”, dijo al resaltar que estos mecanismos permiten dinamizar nombres y fortalecer el reconocimiento público antes de la primera vuelta.Según Muñoz, el escenario político “no cambia” por ahora, porque existe un grupo consolidado de aspirantes que solo espera el 17 de diciembre para confirmar quiénes llegarán formalmente con las firmas. Mencionó que Enrique Peñalosa tendría ya un coaval definido, mientras que Juan Daniel Oviedo tomará su decisión después de entregar las firmas.El analista explicó que, pese a las dudas expresadas por el expresidente Álvaro Uribe sobre el tamaño y la pertinencia de las consultas, el proceso sigue en firme. Recordó que 35 aspirantes manifestaron intención de participar, por lo que “consulta vamos a tener”, a la espera de que el Centro Democrático y Juan Carlos Pinzón se sumen o no.Muñoz también destacó que para lograr una consulta única de centro-derecha es necesario resolver “viejas discusiones” internas. Señaló que detrás del proceso hay una mecánica electoral que los partidos están evaluando y anticipó que “sobre el 18 se debe estar anunciando quiénes irían en esta gran consulta”.El consultor defendió que las consultas, al coincidir con las elecciones legislativas, movilizan a las bases de partidos como el Centro Democrático, Conservador, Liberal y el Pacto. Esta participación, indicó, impulsa el reconocimiento de los aspirantes y fortalece sus campañas rumbo a la primera vuelta.Aunque valoró la información que aportan las encuestas, insistió en que estas “no sustituyen el voto directo” y que deben entenderse como una herramienta complementaria. También recordó que hay candidatos que han llegado sólidos a primera vuelta sin participar en consultas.Muñoz advirtió que la recolección de firmas supone un costo aproximado de 2.000 millones de pesos, lo que calificó como “un esfuerzo gigantesco”. Proyectó que en marzo podría haber entre 22 y 23 precandidatos, pero insistió en que las consultas son necesarias para reducir el abanico a “máximo 8 nombres en mayo”, una cifra más manejable para el electorado.
En manos de un juez de Medellín está Wilder Horacio Montoya, alias 'El Sastre', quien fue la persona encargada de entregarle a algunos delincuentes las banderas de las disidencias de alias 'Calarcá' que fueron puestas en el barrio Loreto de Medellín antes de que varias torres de energía fueran atacadas con explosivos hace algunos meses en la capital de Antioquia.Tras conocerse la situación las autoridades comenzaron a realizar algunos operativos que permitieron dar rápidamente con la ubicación de Montoya que fue capturado en el barrio San Pablo en donde se halló una vivienda en donde se halló una fábrica de uniformes de las disidencias y otros materiales de intendencia.La fiscal del caso destacó cuando las audiencias preliminares que alias 'El Sastre' recibía órdenes directamente de alias 'Primo Gay', uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia y cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'."Y se encarga del suministro de uniformes, morrales, de campaña, camisetas personalizadas con emblemas del grupo armado. Se encarga de proveerlos a ellos de recursos de medios", relató la fiscal.Hay que mencionar que en su momento las autoridades destacaron que alias 'El Sastre' era un importante miembro de las redes de apoyo de las disidencias en Medellín y que, además, era el encargado de la logística, actividades de inteligencia y la adquisición de material de intendencia y explosivos desde la capital antioqueña.Ante las acusaciones y en vista de la condena que podría afrontar en prisión, Montoya decidió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mismo que será leído en las próximas horas y con el que se espera que alias 'El Sastre' permanezca cerca de cinco años en la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado.
Josefa García Gómez, de 67 años, desde el pasado 22 de octubre se encuentra hospitalizada en la clínica general del norte de barranquilla a la espera de que le practiquen una cirugía para retirar unos trombos en sus arterias pulmonares, que han deteriorado su salud, al punto que ya no puede caminar.La mujer necesita con urgencia una cirugía, y aunque su EPS sura ya autorizó la operación, la intervención no se ha realizado porque la clínica asegura que hay desabastecimiento de insumos clave, específicamente el kit ECMO que incluye tubos, cánulas, un oxigenador y una bomba, además de el salvador de células que es otro dispositivo médico que recupera, filtra y procesa la propia sangre del paciente que se pierde durante cirugías mayores. Estos equipos asegura, son indispensables para para efectuar la cirugía que es de alto riesgo.Angelica Gómez, hija de la paciente, afirma que sin esas máquinas no pueden hacer el procedimiento y mientras siguen a la espera la salud de Josefa se sigue deteriorando."Ya la EPS autorizó la operación, pero me dicen lo mismo que están en espera de insumos. O sea, a mi mamá la habían programado ya para el 11 de noviembre y desde el 11 de noviembre nos dicen todas las semanas, esta semana si llegan los insumos, esta semana si llegan los insumos."Ya me llegó un insumo. No tengo dos insumos y en eso me han tenido toda la semana. Mi mamá se ahoga, tiene falta de oxigenación en los pulmones. Ella no camina. Se ha desmejorado bastante su enfermedad, su calidad de vida cada día está peor", puntualizó Angélica. La salud de Josefa se ha deteriorado rápidamente durante su larga hospitalización. Padece hipertensión pulmonar severa y falla cardíaca derecha, condiciones que se han agravado en las últimas semanas mientras espera la cirugía.Cómo si fuera poco, la paciente recibe medicamentos, pero la familia denuncia que hace un año la EPS reemplazó su tratamiento original, por unos genéricos, lo que aceleró su deterioro.Ante los retrasos, Angélica ha recurrido a distintas instancias para buscar ayuda: desde la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Salud y ahora a un juez ante el que interpuso una acción de tutela.
Bucaramanga está lista para las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, 14 de diciembre, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde este viernes la Registraduría Nacional comenzó la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.¿Quiénes son los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga?Durante mes y medio, ocho ciudadanos estuvieron corriendo por ganarse la confianza y los votos de los bumangueses. Estos son los candidatos:Carlos Fernando Pérez: candidato avalado por el partido ADA. Fue contralor de Santander y señaló que busca continuar con el plan de gobierno aprobado por el Concejo para la vigencia actual.Juan Manuel González: candidato del partido Demócrata, es reconocido por ser periodista deportivo y exsenador. Él se identifica como candidato transparente e independiente.Cristian Portilla: tiene aval del Partido de la U y coaval Centro Democrático y Cambio Radical. Es abogado y exsecretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Su enfoque está centrado en la seguridad y continuidad del proyecto de la administración anterior.Jhan Carlos Alvernia: exconcejal, tiene el aval del Partido Liberal, sus propuestas están enfocadas en la seguridad y movilidad. Es empresario santandereano.Carlos Bueno Cadena: exdirector de Tránsito. Tiene el aval del partido Colombia Justa y Libres y coaval del partido Mira y Conservador.Rubén Morales Rey: tiene el aval del partido Unitarios, se desempeñó como juez laboral y tuvo relevancia en una denuncia que trabajó contra Rodolfo Hernández.Humberto Salazar García: es dirigente del Pacto Histórico, reconocido en la academia y el sector empresarial.Fabián Oviedo Pinzón: tiene el aval del Nuevo Liberalismo. Ha sido candidato por segunda vez y fue concejal de Bucaramanga.
Bucaramanga vivirá este fin de semana un ambiente electoral inusual. Con motivo de las elecciones atípicas para elegir alcalde este domingo 14 de diciembre, la Alcaldía decretó Ley Seca y una batería de medidas de seguridad que regirán desde las 6:00 p.m. del sábado 13 hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.El Decreto 0872 del 11 de diciembre de 2025, firmado por el alcalde designado Javier Augusto Sarmiento Olarte, establece la prohibición total de venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares privados que trasciendan a lo público. La medida busca, según explicó el mandatario, “garantizar una jornada tranquila, ordenada y libre de alteraciones al orden público”.Además de la Ley Seca, la administración municipal dispuso otras limitaciones orientadas a prevenir incidentes:Prohibido el transporte y disposición de escombros en vías públicas y predios privados.Restringida la circulación de vehículos que transporten mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas.Suspensión del porte de armas, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Nacional 1556 de 2024.La Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y demás autoridades municipales serán las responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas y aplicar los correctivos necesarios.Durante el comité de seguimiento electoral realizado esta semana, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se han detectado amenazas que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios. Sin embargo, confirmó que habrá vigilancia constante por parte de la Policía y las Fuerzas Militares en todos los puntos de votación.Asimismo, este viernes 12 de diciembre se instalará la octava mesa de seguimiento electoral, con la participación del Ministerio del Interior y los organismos de control. Paralelamente, funcionarán el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y el departamental, desde donde se hará monitoreo permanente a la jornada.Cabe recordar que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde tempranas horas de la mañana, de este sábado 13 de diciembre, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:“Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.
La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará por primera vez en Bucaramanga un piloto de autenticación biométrica con reconocimiento facial en cinco puestos de votación durante las elecciones atípicas. Así lo confirmó Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, quien destacó que esta prueba busca fortalecer la seguridad del proceso democrático en una de las ciudades con mayor censo electoral del país.“Es un piloto importantísimo que el señor registrador nacional, Hernán Penagos, ha decidido hacer en Bucaramanga. Ustedes van a ver la biometría no dactilar, sino facial, que corresponde a la autenticación. No se toma una nueva fotografía; las fotos ya las tiene la Registraduría. El sistema identifica puntos característicos del rostro y los compara con la imagen registrada previamente”, explicó Suárez.El funcionario señaló que este mecanismo permitirá verificar la identidad de los votantes de manera más ágil y confiable. “Tenemos una innovación para las elecciones atípicas en la ciudad y es la autenticación biométrica en cinco puestos de votación”, agregó.Los puntos habilitados para el piloto de reconocimiento facial son:Institución Educativa José Celestino Mutis: 39 mesas – censo electoral de 15.299 votantesColegio Adventista Libertad: 35 mesas – 13.670 votantesFranciscano del Virrey Solís: 35 mesas – 13.499 votantesUniversidad Cooperativa de Colombia: 34 mesas – 13.218 votantesColegio La Presentación: 16 mesas – 5.936 votantesLa Registraduría reiteró que la implementación de esta tecnología no implica toma de nuevas fotografías, sino el uso de la base de datos ya existente para garantizar la autenticación de los ciudadanos.En Bucaramanga hay 531.239 ciudadanos habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.
Bucaramanga avanza a toda marcha en la organización de las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde tempranas horas de la mañana, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:“Para estas elecciones tenemos un censo electoral de 531.239 ciudadanos habilitados para votar. Tenemos 10.070 jurados de votación, en los 88 puestos de votación vamos a tener 1.391 mesas. Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.Paralelo a la logística electoral, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la disponibilidad de 4.000 uniformados para garantizar la seguridad en los puestos de votación y en los diferentes corredores de la ciudad durante la jornada, que se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Un video que circula en Barrancabermeja encendió las alertas entre los organismos de seguridad y de derechos humanos. En las imágenes aparecen varios hombres armados que, identificándose como presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lanzan amenazas directas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias de la ciudad.El grupo se presenta como parte del “Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia” y, leyendo un comunicado, declara como “objetivo militar” a un listado de personas y asociaciones.En el video, el supuesto vocero del grupo afirma que las amenazas obedecen a “irregularidades que vienen presentando algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, una justificación que de inmediato generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos, así como en la administración del ‘Puerto Petrolero’.Ante la circulación del material, Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, confirmó que ya tiene conocimiento del video y que activó los protocolos de verificación junto con las autoridades policiales. “Se solicitó a la Policía adelantar las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y origen”, indicó Ramírez.Las autoridades señalaron que se está realizando un análisis detallado del contenido, la puesta en escena y la posible ubicación donde habría sido grabado, con el objetivo de determinar si corresponde a un grupo real con presencia en la región o si se trata de un montaje con fines intimidatorios.Mientras tanto, los líderes sociales han pedido garantías de seguridad y acompañamiento institucional, pues aseguran que este tipo de amenazas generan un ambiente de zozobra que afecta directamente su labor comunitaria.Como respuesta, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja expresó: “Inmediatamente hemos hecho el acompañamiento a cada una de estas organizaciones y ciudadanos nombrados allí", indicó. Además, se ha dispuesto de un espacio, una reunión interinstitucional con cada uno de los involucrados, y en conjunto con nuestra Policía Nacional, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital estaremos trabajando de la mano, para que todas las personas que tengan algún tipo de riesgo puedan realmente tener la confianza en que las autoridades van a actuar para acompañarlos”.
Entró en funcionamiento un nuevo parque solar ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, desarrollado con participación de Erco Energía, Andina Solar y Climate Fund Managers (CFM). Se trata del primer proyecto de este fondo en operación comercial en América Latina.El sistema cuenta con una capacidad instalada de 19,9 MW y produce más de 43 GWh anuales, energía equivalente al consumo de más de 32.000 personas. Su operación permite una reducción aproximada de 13.000 toneladas de CO₂ por año y contribuye a diversificar una matriz energética nacional históricamente dependiente de fuentes hídricas.El proyecto se estructuró bajo un modelo de financiación combinada, en el que se integran recursos públicos internacionales —incluidos fondos europeos— y capital privado para promover inversiones en energías renovables. En este esquema participan CFM como inversionista, Erco Energía como desarrollador local y la Unión Europea como cofinanciadora.Durante su construcción se generaron 270 empleos directos, con una participación del 64 % de mano de obra local y un 30 % de mujeres. Además, se adelanta un Programa de Desarrollo Comunitario por USD 125.000 que beneficia a habitantes de varias veredas de La Esperanza mediante iniciativas en infraestructura, liderazgo, equidad de género, deporte y emprendimiento rural.Con su entrada en operación, el proyecto aumenta la capacidad de generación solar instalada en el país y se suma a los desarrollos que buscan ampliar la presencia de fuentes no convencionales dentro del sistema energético colombiano.
La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) solicitó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director encargado del Invías, Jhon Jairo González, aplicar medidas urgentes para atender la grave crisis de movilidad que enfrenta el departamento debido al deterioro de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.En una carta enviada a los funcionarios, la SSI advierte que la falta de capacidad de la vía nacional entre Bucaramanga y el centro del país, sumada a recientes movimientos de coluviones en sectores como La Charca (Oiba) y entre La Hélida y Bajo Jordán, mantiene a Santander “desconectado del resto del país”, afectando la seguridad vial, el abastecimiento y la actividad económica del sur del departamento.La agremiación explicó que los coluviones -depósitos inestables que no han sido estudiados ni mapeados a detalle- han generado cierres reiterados y obligan a intervenciones de emergencia para garantizar un paso mínimo. En la Transversal del Carare, aseguran, hay depósitos que superan los 5 millones de metros cúbicos entre Vélez y Landázuri, lo que podría requerir una variante de unos 20 kilómetros para una solución definitiva.La SSI recordó que el 28 de octubre una comisión del gremio acompañó a comunidades en el sector de Curití, donde habitantes levantaron las talanqueras de varios peajes en protesta por lo que consideran un incumplimiento del Gobierno frente a las inversiones correspondientes. Según cálculos de la entidad, desde 2015 los cinco peajes de la Ruta 45A han recaudado cerca de 1,1 billones de pesos.Aunque Invías ha adjudicado algunos contratos en los últimos dos años, la Sociedad asegura que estos no son suficientes frente a las necesidades reales del corredor, que contempla diseños para dobles calzadas y terceros carriles entre Bucaramanga y Zipaquirá. Por ello, plantean que los recursos recaudados por peajes deberían destinarse directamente a estas obras.El gremio también propone liberar cerca de $967.000 millones que no fueron aplicados a la concesión Autovía Bucaramanga - Pamplona, según información presentada por el representante a la Cámara Cristian Danilo Avendaño. Estos fondos, afirman, permitirían atender necesidades urgentes sin afectar el presupuesto nacional.Asimismo, piden realizar el cierre financiero del proyecto diseñado por el consorcio E&D Chiquinquirá, contratado por Invías en 2020, que estima inversiones por 1,7 billones de pesos en dobles calzadas y $440.000 millones en terceros carriles entre Bucaramanga y Chiquinquirá.La Sociedad Santandereana de Ingenieros insistió en que la crisis exige una intervención inmediata del Invías y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente en los tramos donde se requieren obras de emergencia para restablecer el tránsito.“Santander es el cuarto departamento más competitivo del país y un motor logístico del nororiente colombiano”, señala la carta, en la que reiteran su disposición para brindar apoyo técnico en las soluciones que se definan.La petición se suma a los reclamos de transportadores y comunidades que, durante las últimas semanas, han denunciado afectaciones económicas por los cierres constantes en estos corredores estratégicos.
Un fuerte accidente de tránsito registrado en la mañana de este miércoles mantiene totalmente bloqueada la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Boyacá y Bogotá, a la altura del sector Macanillo, en jurisdicción del municipio de Oiba, Santander.En el siniestro están involucrados una tractomula y un camión. De acuerdo con el reporte preliminar, la tractomula salió de la carretera y chocó contra un árbol, mientras que el camión quedó volcado sobre la vía, lo que obligó al cierre total del corredor vial.A pesar de la gravedad del choque, no se reportan personas lesionadas, según confirmó la Policía de Tránsito.“Efectivamente, en estos momentos se está atendiendo el evento donde dos tractocamiones, al parecer, sufren un siniestro. No hay lesionados, tenemos el volcamiento de uno de los vehículos y se está verificando para restablecer la movilidad en este punto, teniendo en cuenta que uno de los vehículos está ocupando las dos calzadas de la vía”, dijo el mayor Carlos Vergara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander.El oficial confirmó además que, por ahora, hay cierre total: “Estamos tratando de habilitar por lo menos un carril para mejorar la movilidad en este punto. Entonces, un accidente de tránsito, no hubo lesionados, cierre total a esta hora de la vía”.Organismos de socorro y unidades policiales permanecen en la zona adelantando la atención de la emergencia y las labores para remover los vehículos siniestrados.
La Policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a alias ‘El Gordo’, un hombre de 49 años que se hacía pasar como integrante del ELN para presionar a comerciantes de Barrancabermeja mediante intimidaciones y exigencias económicas.El operativo se desarrolló en el sector del Parque de la Vida, en la comuna 1. Según informó la Policía, unidades del Gaula sorprendieron al hombre en el momento exacto en que recibía $4 millones, producto de una extorsión que venía realizando bajo la supuesta pertenencia al frente “Edgar Amílkar Grimaldo Barón” del ELN. Durante el procedimiento, también fue incautado un teléfono celular desde el cual, al parecer, realizaba múltiples llamadas extorsivas.El coronel Jhon Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, explicó que el sujeto utilizaba la intimidación para exigir dinero a sus víctimas.“Se le incautó un celular que contiene evidencia de llamadas donde se hacía pasar por el ELN para amenazar a la comunidad”, señaló el oficial.El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y, según las autoridades, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.La Policía destacó que este resultado afecta directamente las estructuras financieras de organizaciones criminales que operan en la región.En otro operativo realizado entre la Policía y Ejército, fueron capturados en Barrancabermeja cinco presuntos integrantes del ELN que se dedicaban al hurto de hidrocarburos en el Magdalena Medio.Los capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Lalo, Manuel, Eduardo, Alex y Gomelo. De acuerdo con la información entregada, estas personas estarían implicadas en la apropiación y comercialización ilegal de hidrocarburos en el Magdalena Medio, una de las principales economías ilícitas que afectan tanto a la región como a los activos estratégicos del país.Durante la operación fueron incautados una pistola traumática con su proveedor y cartucho, cuatro radios de comunicación, varios teléfonos celulares y más de once millones de pesos en efectivo. Estos elementos, según las autoridades, serían utilizados para facilitar el transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.
La Corte Constitucional lanzó un severo llamado de atención y ordenó la adopción de medidas sanitarias inmediatas en los centros carcelarios y de detención transitoria de Santander y Antioquia, luego de confirmar brotes de tuberculosis que, según el alto tribunal, representan un riesgo inminente para la salud pública y una vulneración grave de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.En un comunicado, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario calificó como “inadmisible” que las autoridades continúen realizando traslados entre establecimientos sin verificar condiciones mínimas de salubridad ni realizar tamizajes clínicos previos.“Resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, las autoridades continúen trasladando personas sin garantizar las medidas sanitarias mínimas que cualquier ser humano merece”, advirtió la Corte.Por esta razón, las alcaldías de Medellín y Bucaramanga deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un paquete de acciones urgentes para “proteger la vida y la salud” de quienes permanecen en Centros de Detención Transitoria. Las medidas deben regirse por los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis e incluir:Implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho.Establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas.Asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado.Practicar pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, garantizando su atención y, de ser necesario, reubicación temporal.Abstenerse de efectuar traslados inter-establecimientos sin tamizaje previo, certificación de no contagiosidad o, en su defecto, traslado sanitario con las medidas de aislamiento respiratorio pertinentes.Garantizar las remisiones hospitalarias urgentes, cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.Adicionalmente, el Inpec y la Uspec deberán ejecutar un plan sanitario integral para contener, diagnosticar y tratar el brote de tuberculosis en los establecimientos nacionales ubicados en Antioquia y Santander, especialmente entre internos que han sido trasladados recientemente desde estaciones de Policía y URI.El alto tribunal también encomendó al Ministerio de Salud prestar asistencia técnica urgente a las entidades territoriales e, incluso, emitir nuevos lineamientos epidemiológicos si la situación lo requiere. Además, deberá consolidar la información nacional sobre casos confirmados y entregar un informe formal sobre las acciones adelantadas.
En la vereda La Vega, sector norte de Bucaramanga, la Policía capturó a Josmar Andrés García, alias ‘Arenitas’ o ‘Andrés Búcaros’, quien tenía orden vigente por homicidio y concierto para delinquir, además de una circular azul de Interpol. García es señalado de pertenecer a la banda ‘Los Bucaros’.Durante el procedimiento también fue capturado Luis Felipe Carreño, también según las autoridades integrante de ‘Los Bucaros’. A los dos hombres les incautaron una pistola, siete cartuchos calibre 9 mm, dos celulares, una motocicleta y 4.107 gramos de marihuana, que estarían destinados al expendio en la zona. La motocicleta habría sido empleada para facilitar actividades delictivas.De acuerdo con el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana, “alias ‘Arenitas’ sería el cabecilla principal de ‘Los Búcaros’ y se ocultaba en Bucaramanga mientras huía de las autoridades por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Barrancabermeja. Las investigaciones señalan que el capturado tendría además vínculos con los grupos criminales Los del Sur y el Tren de Aragua, articulando acciones relacionadas con asesinatos y control de expendios de estupefacientes en la capital santandereana”, explicó el oficial.Los dos detenidos, junto con el arma, la droga y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.
La Electrificadora de Santander (ESSA) lanzó una advertencia urgente a las autoridades y a la comunidad por la construcción de vías alternas, que según la empresa, no están autorizadas en la vereda Zarandas, en Vélez, donde se encuentra la variante provisional de la línea de transmisión Barbosa–Cimitarra de 115.000 voltios.Según la entidad, estas intervenciones ponen en riesgo la integridad de las estructuras de emergencia que fueron instaladas tras la contingencia ocurrida el 30 de octubre de 2025, cuando un movimiento en masa en la vía Vélez–Landázuri afectó la línea de alta tensión y dejó sin servicio de energía a miles de usuarios de la región.“Para garantizar la continuidad del suministro, ESSA construyó una ruta provisional de dos kilómetros, puesta en operación el 8 de noviembre, que hoy abastece de energía a cerca de 30.000 clientes en Cimitarra, Landázuri, Puerto Araujo y Puerto Parra”, explicó la ESSA en un comunicado.Sin embargo, destaca que “en las últimas semanas se han detectado intervenciones no técnicas realizadas por algunos habitantes, como remoción de tierra, modificación de taludes, apertura de pasos vehiculares y alteración de drenajes en zonas cercanas a templetes y anclajes que sostienen las estructuras eléctricas”.ESSA señala que estas acciones podrían generar graves consecuencias en la vida de quienes realizan los trabajos, afectación del servicio y dificultades en caso de nuevas emergencias.Ante esta situación, la empresa solicitó el apoyo de las alcaldías, la Gobernación de Santander, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD para implementar acciones conjuntas de control, ordenamiento del uso del suelo, acompañamiento técnico y socialización con las comunidades.ESSA hizo un llamado urgente a los habitantes para abstenerse de realizar obras o excavaciones en zonas de servidumbre eléctrica y acatar las recomendaciones de seguridad, con el fin de proteger tanto la infraestructura como la continuidad del servicio.
La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó la reapertura y continuidad de los servicios de la Unidad Clínica La Magdalena para los usuarios afiliados a la Nueva EPS, así como la atención para pacientes de Salud Total y Sanitas. La decisión representa un alivio para miles de familias del Magdalena Medio que, durante las últimas semanas, habían manifestado preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en el país.Según informó Alcaldía, el restablecimiento de los servicios constituye un avance significativo para más de 124.000 afiliados de Nueva EPS en Barrancabermeja, entre ellos 62.345 del régimen subsidiado y la misma cifra del régimen contributivo, quienes dependen de la atención que ofrece este centro asistencial.“La Unidad Clínica La Magdalena ha anunciado la reapertura y continuidad de sus servicios (…) Esto constituye un avance significativo para las familias barranqueñas”, señaló la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado, en el que además destacó el esfuerzo de la institución, su talento humano y el respaldo del Holding Empresarial Cayena Azul.El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, celebró el acuerdo logrado entre la Nueva EPS y la IPS.“Nos encontramos complacidos con el acuerdo (…) La Clínica La Magdalena es importante para nosotros por la integralidad de sus servicios, a donde pueden acceder todos los usuarios que pertenecen a diversas EPS, en este caso la Nueva EPS”, afirmó.El funcionario reiteró que en el municipio hay 62.345 usuarios de Nueva EPS en el régimen subsidiado y 62.345 en el contributivo, quienes se verán beneficiados con esta decisión.La Alcaldía aseguró que continuará acompañando a las instituciones públicas y privadas del sector salud mediante mesas técnicas, espacios de articulación y comités de seguimiento para garantizar la calidad y continuidad en la atención.
Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, dejó a varias personas heridas en la carrera 27 con avenida González Valencia, en Bucaramanga. Las autoridades investigan si el conductor de una camioneta involucrada en los hechos manejaba en estado de embriaguez.Según testigos, el incidente comenzó a la altura de la calle 48, donde el conductor arrolló inicialmente a dos motociclistas. En medio del caos, otro motociclista inició la persecución del vehículo para intentar detenerlo. Sin embargo, durante su huida, el conductor embistió nuevamente a una vendedora ambulante en la intersección de la carrera 27 con calle 48, quien permanece en delicado estado de salud.Testigos aseguraron que dentro del vehículo fueron encontradas varias botellas de licor, lo que reforzaría la hipótesis de que el responsable conducía bajo los efectos del alcohol.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la verificación del estado de embriaguez del conductor.
La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora durante esta temporada aumentó a 18. Del total de casos, siete corresponden a menores de edad y once a adultos.El secretario de Salud departamental, Edwin Prada Ramírez, informó que los eventos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.Las autoridades manifestaron especial preocupación por el estado de salud de los siete menores lesionados. Además de las quemaduras, han presentado amputaciones de dedos y daños oculares, lo que evidencia la gravedad de los accidentes registrados en los primeros días de la temporada decembrina.La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores y a toda la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y buscar alternativas seguras de celebración. Asimismo, las autoridades anunciaron que reforzarán las acciones de prevención en los municipios con mayor incidencia para evitar que esta cifra continúe en aumento.