Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 18 de febrero de 2026:Sergio Torres, primo de Kevin Acosta y paciente con hemofilia, habló de por qué al pequeño de 7 años no lo pudieron operar.Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se refirió del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, habló sobre su posesión como Rector de la Universidad Nacional hasta el 2027.El magistrado Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, dio detalles de la suspensión del aumento del salario mínimo.Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, habló del cierre indefinido del Parque Tayrona por riesgo de seguridad.Jaime Quito, congresista de Perú, se refirió de la destitución del presidente interino José Jerí.Escuche el programa completo aquí:
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
Este miércoles, el Metrocable línea K del Metro de Medellín no presta servicio por un inconveniente técnico. No hay personas atrapadas, se logró evacuar a los usuarios de las cabinas.Este Metrocable cuya ruta es Acevedo - Santo Domingo, atienden a unas 50 mil personas diariamente en la zona nororiental de Medellín.El Metro informó que actualmente la línea K no presta servicio por un inconveniente técnico y por tal motivo se activó un Plan de Movilidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad del transporte.A diferencia del accidente en 2024 cuando una cabina del Metrocable se desplomó con 11 pasajeros y una persona murió, acá se logró evacuar a las personas que iban en las cabinas. Allí se ven afectados los habitantes de las comunas Popular y Santa Cruz, por lo que se activaron rutas de buses alternas para atender la situación.Rutas alternas por falla en línea K del metrocableLa línea c6-017 que inicia su recorrido en la estación Santo Domingo, toma la vía principal hasta la calle 97, sigue por los barrios Granizal, Santa Cruz y finaliza en Acevedo.La línea c6-012a La Francia - Acevedo que inicia en La Francia, sigue por la estación Andalucía y termina en la integración de Acevedo.Y la línea c6-013 Popular 1 - Tricentenario, comienza su ruta en el Popular 1, se integra en la estación Popular y se dirige a la estación Tricentenario.Por ahora no se tiene claro la hora de apertura de las cuatro estaciones que hacen parte de la linea K del Metro.
Hace un par de días en Medellín fueron capturadas nueve personas que hacía parte de lo que se ha denominado como una 'oficina premium' que ejecutaba asesinatos, en especial contra ciudadanos extranjeros en la capital de Antioquia y los municipios vecinos del Valle de Aburrá. Ahora tras varios días se entregaron nuevos detalles del inmenso alcance que tenían estos delincuentes.Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, este grupo delincuencial cobraba sumas exorbitantes de dinero para asesinar a colombianos y extranjeros. Incluso, aseguró que estas personas trabajaban directamente y delinquían bajo el mando de la antes conocida como La Oficina de Envigado."Nueve criminales dedicados a una oficina de sicariato para extranjeros especialmente, en los que llegaban a cobrar inclusive hasta 500.000 dólares por asesinato. Esto no era un grupo por ahí aislado, esto es un grupo que trabajaba directamente y hacía asesinatos premium para La Oficina", indicó Gutiérrez.El mandatario local aseguró que las investigaciones han arrojado que la 'oficina premium' tenía nexos internacionales al encontrarse, por ejemplo, que las líneas de los teléfonos celulares incautados eran internacionales, incluso, con documentos que los relacionan con los Estados Unidos.Gutierrez insistió que las pesquisas han permitido establecer que los delincuentes capturados también habrían cometido delitos en el exterior con flujos migratorios a países como República Dominicana, México o Chile."Aquí es importante ver cómo algunos de los homicidios que han tenido lugar en Medellín pueden haber sido estas personas los determinadores de ellos, homicidios, por ejemplo, de personas de ciudadanos y un ciudadano mexicano y un ciudadano de Albania y un ciudadano de Canadá y un ciudadano colomboestadounidense", explicó el mandatario.Hay que mencionar que algo que llamó la atención es que los sicarios utilizaban la brujería, ya que se encontró un espacio con un altar y, según información preliminar, los cabecillas buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia mediante este tipo de rituales.
Envían a la cárcel a dos extranjeros señalados de disparar contra un adulto mayor durante un hurto en Medellín. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.La Fiscalía General de la Nación judicializó a los ciudadanos extranjeros Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres, señalados de participar en un hurto ocurrido el pasado 11 de febrero en el centro de Medellín, en el que un adulto mayor resultó gravemente herido tras recibir un disparo.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los hechos ocurrieron cuando los presuntos responsables habrían intimidado con un arma traumática a un hombre que salía de una entidad crediticia. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.Según el ente acusador, durante la huida los procesados habrían accionado el arma con el propósito de evitar ser capturados. En ese momento, un adulto mayor de 68 años que transitaba por el sector resultó herido de gravedad. La persona lesionada fue alcanzada por el disparo en medio de la acción violenta.La Fiscalía destacó que la rápida reacción de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía permitieron la captura de los sospechosos poco después del hecho. En el procedimiento también fueron incautadas una motocicleta, que presuntamente habría sido utilizada en el hurto, y el arma traumática con la que se habría cometido el ataque.Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.En el desarrollo de las labores investigativas, las autoridades también establecieron que Zumosa Torres tiene una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir agravada y financiación al terrorismo, conductas que habrían sido cometidas en Venezuela.Ante esta situación, la Fiscalía notificó al país solicitante sobre la medida de aseguramiento dictada contra el extranjero, con el fin de avanzar en los procedimientos correspondientes. El proceso penal en Colombia continuará mientras se definen las responsabilidades de los investigados en los hechos ocurridos en la capital de Antioquia.
El proceso de inscripción para las elecciones atípicas en Girón cerró este miércoles 3 de diciembre, dejando en firme a seis candidatos que buscarán ocupar la Alcaldía el próximo 18 de enero. El ganador completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. Ramírez vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta. Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.Con el cierre del registro, inicia ahora la etapa de campaña en la que los seis aspirantes deberán presentar sus propuestas a los ciudadanos de Girón antes de la jornada electoral de enero.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento de los cinco capturados por el millonario hurto a una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, la Fiscalía reveló un testimonio clave que apunta a que un policía estaría entregando información a la banda delincuencial.Según expuso el fiscal del caso, dos uniformados que participaron en el operativo para contrarrestar el robo declararon en interrogatorio que el intendente Fredy Leal, fallecido en medio del operativo, les advirtió sobre la presunta participación de un policía de la zona como supuesto cómplice del grupo criminal. El intendente aseguró que esa información provenía de una fuente humana.Los policías relataron que, por esa razón, durante el operativo evitaron usar los radios de comunicación para impedir que dicho uniformado, identificado únicamente por el apellido, alertara a los integrantes de la banda sobre los movimientos de las patrullas. Según el testimonio, este funcionario tendría jurisdicción en las inmediaciones del centro comercial donde ocurrió el hurto.El fiscal también señaló que los policías interrogados también indicaron que “otra persona que habría participado en la coordinación del robo residiría en el barrio Girardot de Bucaramanga y sería el propietario de la camioneta. Con estos datos, los uniformados iniciaron labores de verificación que les permitieron confirmar el hurto en curso dentro del centro comercial y ubicar el vehículo en el barrio mencionado”.Cabe anotar que los cinco capturados por este violento robo enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa. En la audiencia el fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión.
En operaciones simultáneas ejecutadas en Piedecuesta y Bucaramanga, el Gaula Militar Chicamocha, con apoyo del Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN.Los operativos se desarrollaron, según informó el Ejército, como parte del Plan de Operaciones Ayacucho y contra el Frente Héroes y Mártires de Anorí, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, con injerencia en el sur de Bolívar.Los detenidos fueron identificados como alias ‘La Mona’, una mujer de 45 años con más de una década de presunta participación en la estructura armada ilegal, y alias ‘El Primo’, de 31 años.Según la información de inteligencia, ambos cumplirían órdenes directas del cabecilla conocido como alias ‘Omar’, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’, y estarían dedicados a apoyar actividades criminales relacionadas con extorsión, secuestro, tráfico de armamento, comercialización de pasta base de coca y homicidios selectivos.“Los operativos se realizaron tras varios meses de seguimiento, información suministrada por fuentes humanas y un despliegue estratégico que permitió ubicarlos sin afectar la seguridad ciudadana”, informó el coronel Ricardo Calderón, comandante del Gaula Militar Chicamocha.Las autoridades señalaron que los capturados aparentaban llevar una vida cotidiana para evadir la detección: ella se desempeñaba en labores de carpintería y él en oficios varios, lo que les permitía mantener un perfil bajo mientras, presuntamente, cumplían tareas de inteligencia delictiva y organización logística en Girón y Piedecuesta.La investigación indica que su papel dentro del ELN era clave para fortalecer la capacidad criminal y financiera del frente que delinque en el sur de Bolívar, especialmente mediante la búsqueda de armamento y la identificación de objetivos para acciones ilegales.Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso de judicialización por el delito de rebelión.
En el marco de la audiencia de medida de aseguramiento adelantada este miércoles, 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó enviar a prisión a los cinco presuntos involucrados en el fallido atraco armado a la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga.El fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión, equivalentes a 36 años, por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa.El hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento e inició un intercambio de disparos con varios policías que realizaban labores encubierto. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.Durante la diligencia judicial el fiscal fue enfático al señalar que los capturados representan un riesgo evidente para la sociedad, razón por la cual pidió que la medida de aseguramiento sea impuesta con urgencia.“Se hace necesario que se imponga de manera urgente la medida de aseguramiento solicitada, por cuanto se ha vulnerado el más valioso bien jurídico, como es la vida y la integridad personal, pero también otros bienes jurídicos como el patrimonio económico y la seguridad pública”, afirmó el delegado del ente acusador.“Todo indica que han ejecutado su conducta delictiva utilizando no una sino varias armas de fuego, lo cual indica que su libertad pone en riesgo el interés público”, agregó.El juez deberá determinar si los elementos expuestos por la Fiscalía son suficientes para imponer una medida privativa de la libertad en centro carcelario.En la audiencia de imputación realizada el martes 2 de diciembre, que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía presentó videos, testimonios, actas de incautación y otros elementos materiales probatorios que relacionan a los capturados con el intento de hurto.Pese a ello, los cinco procesados rechazaron de manera categórica los cargos formulados.El abogado penalista Mauricio Marín, consultado por Blu Radio para analizar los escenarios jurídicos de este caso, dijo que llamó la atención sobre la ausencia del delito de concierto para delinquir en la imputación inicial. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía aún se encuentra en etapa de indagación y tiene la posibilidad de agregar este delito hasta la audiencia de acusación.Los capturados fueron identificados como:Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, oriundo de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes judiciales.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, nacida en Valledupar, con registro por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de 27 años, herido en el hombro durante el intercambio de disparos.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, lesionado en el antebrazo durante el operativo policial.
La Defensoría del Pueblo acompañó la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La entrega se realizó ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Entre las personas liberadas se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, de las cuales cinco son menores de edad. Durante la entrega participaron sus familias y dirigentes comunales de la zona. Según el reporte de la comisión, todos manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos que presenta dolencias derivadas de una herida.La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados al respeto por la vida, los derechos de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, e insistió en la importancia de mantener abiertos los canales humanitarios para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.