El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
El consumo de lácteos en Colombia mostró una recuperación durante 2025, marcando un punto de inflexión para un sector que venía de atravesar años complejos. De acuerdo con el índice de gasto de los hogares de Raddar, el consumo de leche y derivados creció 3,5 % al cierre del año, consolidándose como el repunte más importante de los últimos cuatro años.En 2024 el aumento fue leve, de apenas 0,9 %, mientras que en 2023 y 2022 se presentaron caídas pronunciadas del 6 % y 9 %, respectivamente. Estos descensos encendieron las alertas dentro de la industria, que tuvo que responder con estrategias enfocadas en fortalecer la cadena productiva, innovar en la oferta y promover información basada en evidencia sobre los beneficios nutricionales de estos productos.Según Asoleche, gremio que agrupa a la industria láctea, junto con el Ministerio de Agricultura se adelantó un estudio para entender las razones detrás de la reducción en el consumo. El análisis reveló que uno de los principales factores fue la influencia de recomendaciones difundidas por figuras públicas y creadores de contenido en redes sociales.“Encontramos dos fenómenos preocupantes. Primero, profesionales de la salud que, incluso sin un diagnóstico clínico que lo justifique, eliminan sistemáticamente los lácteos de la dieta de sus pacientes. Segundo, influencers y figuras públicas que, sin ningún sustento científico, desaconsejan el consumo de leche en redes sociales”, explicó Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.Desde el gremio insisten en que la nutrición debe abordarse desde el equilibrio y no desde la prohibición. Recuerdan que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D, fósforo y grasas esenciales para el funcionamiento del organismo.Con este repunte en 2025, el sector lácteo no solo evidencia una recuperación económica, sino también un cambio en la dinámica de consumo de los hogares colombianos, que vuelven a incluir estos productos de manera más activa en su dieta diaria.
Carlos Alcaraz sigue marcando el ritmo en el circuito. El número uno del mundo clasificó a la final del ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar al ruso Andrey Rublev, 14º del ranking y vigente campeón del certamen, por 7-6 (7/3) y 6-4.Carlos Alcaraz por la final: El español, de 22 años, necesitó 2 horas y 2 minutos para resolver un partido exigente. En el primer set cedió en dos ocasiones su servicio y la definición se trasladó al ‘tie-break’, donde se impuso 7/3. En la segunda manga pasó de estar 3-0 arriba a ver el marcador igualado 3-3. Con 5-3 a favor dispuso de tres puntos de partido con su saque, pero no pudo concretarlos. En el último juego también dejó escapar otras dos oportunidades antes de cerrar el encuentro en la sexta opción.Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su duodécima final en los últimos 13 torneos disputados y la número 34 de su carrera. En Doha sumó once partidos y once triunfos, dentro de una racha que se extiende desde el Abierto de Australia, donde se convirtió en el hombre más joven en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam. El murciano disputará por primera vez la final en las pistas duras de Catar y buscará ampliar su dominio reciente en el circuito. Su consistencia lo mantiene como referente del calendario en este inicio de temporada.El próximo rival será el francés Arthur FilsEn la final enfrentará al francés Arthur Fils, 40º del mundo, quien derrotó al checo Jakub Mensík, 16º del ranking y sexto cabeza de serie, por 6-4 y 7-6 (7/4). Mensík venía de eliminar en cuartos de final al número dos del mundo, Jannik Sinner.Desde que Rublev ganó el título en Madrid en mayo de 2024, ningún jugador distinto a Alcaraz o Sinner ha conquistado un torneo ATP en el que ambos hayan participado.
La tarde de los bogotanos fue interrumpida por una enorme columna de humo, pues un incendio que ocurrió en un edificio requirió la atención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.Información preliminar indica que la conflagración tuvo lugar en una edificación situada en la carrera 30 a la altura de la calle 71 (Barrios Unidos) de al menos ocho pisos.Tras el llamado de emergencia, unidades de bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas.Según informaron las autoridades, en el sitio opera un restaurante, Mi Gran Parrilla Boyacense, y la conflagración se habría originado en los ductos de ventilación, lo que obligó al Cuerpo de Bomberos a realizar un ataque directo y a implementar ventilación mecánica para controlar la emergencia.Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Debido al incidente, el tránsito vehicular también resultó afectado. La Secretaría de Movilidad, informó sobre un cierre vial en la localidad de Barrios Unidos por el incendio estructural, por lo cual hay paso restringido en la zona. Unidades de ambulancia y grupo guía, hacen presencia en el lugar.Videos del incendio en restaurante de BogotáEn videos en redes sociales quedó registrado el momento en que el humo comenzó a salir de la parte superior del famoso restaurante, para luego invadir gran parte del cielo bogotano.
Un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de cinco presuntos integrantes del ELN en la Comuna 1 de Barrancabermeja, Santander.Según el reporte oficial, los detenidos harían parte de la comisión de finanzas del Frente Édgar Amílkar Grimaldos Barón, estructura señalada de sostener actividades criminales para financiar a este grupo armado.Los capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Lalo, Manuel, Eduardo, Alex y Gomelo. De acuerdo con la información entregada, estas personas estarían implicadas en la apropiación y comercialización ilegal de hidrocarburos en el Magdalena Medio, una de las principales economías ilícitas que afectan tanto a la región como a los activos estratégicos del país.Durante la operación fueron incautados una pistola traumática con su proveedor y cartucho, cuatro radios de comunicación, varios teléfonos celulares y más de once millones de pesos en efectivo. Estos elementos, según las autoridades, serían utilizados para facilitar el transporte, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.Los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de receptación de hidrocarburos, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, y concierto para delinquir.El Ejército destacó que este resultado representa un golpe contra las finanzas del ELN en el Magdalena Medio y contribuye a debilitar su capacidad logística.
Una disputa entre grupos de jóvenes, varios de ellos menores de edad, mantiene en alerta a cuatro barrios de Piedecuesta y ha dejado seis personas muertas en la última semana. Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se trata de una confrontación entre jóvenes de los sectores Argentina y Villanueva, contra los de Hoyo Grande y Cerros del Mediterráneo, quienes buscan el control territorial.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la situación se viene escalando desde hace varios días. “Hay una confrontación entre los barrios Argentina y Villanueva contra los de Hoyo Grande y Cerros del Mediterráneo. En esa confrontación ya van seis homicidios que la Policía está investigando.El último caso ocurrió entre el 12 y el 13 de noviembre: el 12 pierde la vida una persona en el sector Mediterráneo y al otro día, en el velorio, llega un delincuente y dispara y causa la muerte a una muchacha que estaba ahí”, señaló.La víctima fue identificada como Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, asesinada hacia las 7:35 de la noche del jueves 13 de noviembre en el barrio San Silvestre. La joven había asistido al velorio de un muchacho que había sido asesinado el día anterior. Según la Policía, un grupo de hombres llegó en motocicletas y abrió fuego con armas de fuego, entre ellas, una escopeta artesanal.La muchacha habría intentado interponerse en el ataque dirigido contra su hermano, quien tendría relación con una de las estructuras enfrentadas.Habitantes del sector advierten que estos hechos están relacionados con las llamadas “barreras invisibles”, una disputa territorial entre grupos juveniles que restringen el paso y se consideran dueños de ciertas zonas. Las riñas frecuentes incluyen el uso de machetes, cuchillos y armas de fuego. La Policía anunció un despliegue especial en los barrios afectados y labores de inteligencia para identificar a los responsables de estos homicidios y evitar nuevos ataques.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que adelanta la búsqueda de dos hombres que, a bordo de una motocicleta, vandalizaron la sede de campaña del candidato a la Alcaldía, Carlos Bueno, en el sector de cabecera.Los sujetos lanzaron objetos contundentes contra las puertas de vidrio y huyeron con rumbo hacia el norte de la ciudad, según quedó registrado en cámaras de seguridad.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, ya se realizó una trazabilidad de la ruta de escape. “La Policía ya hizo un seguimiento anoche de toda la trazabilidad de hacia dónde cogió esa moto; la tenemos hasta el CAI La Virgen sector norte de Bucaramanga, y de ahí con rumbo a los diferentes barrio, estamos verificando y haciendo seguimiento para determinar el origen de esta situación, y con el candidato anoche se hizo la inspección en el lugar y la orden fue poner un guardia de seguridad en esa sede política mientras pasa la contienda electoral”, señaló.El aspirante Carlos Bueno, avalado por el partido Colombia Justa Libres, denunció que el ataque ocurrió antes de la medianoche del lunes festivo: “Dos hombres no identificados en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra los vidrios de puertas y ventanas de la edificación donde concentramos nuestras actividades de campaña”, afirmó.El candidato calificó el hecho como un acto de vandalismo y aseguró que hace parte de agresiones recurrentes. “Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, agregó.Las autoridades mantienen la investigación abierta y reforzaron las medidas de seguridad en el lugar.
La crisis en la carretera que conecta Bucaramanga con Bogotá continúa sin un horizonte claro. Pese a una extensa jornada de diálogo realizada el pasado lunes, 17 de noviembre, en Curití, a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, empresarios y voceros de los transportadores, no se alcanzó un acuerdo que permita restablecer el cobro de los peajes en Oiba, Curití y Los Curos.Las comunidades ratificaron que mantendrán las talanqueras arriba, una decisión que completa más de 40 días, como medida de presión frente al deterioro del corredor vial. Aunque John Jairo González, director general (e) del Instituto Nacional de Vías, Invías, propuso reanudar los cobros mientras se avanzaba en soluciones técnicas y administrativas, los manifestantes insistieron en que no habrá marcha atrás hasta que se concreten compromisos verificables.Durante el encuentro, el Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta que contempla trasladar la administración del Convenio Vía de Los Comuneros a Findeter, bajo un esquema de pignoración de los recaudos y gestión integral del proyecto. Hasta ahora, dicho convenio está en manos de ENTerritorio. La propuesta incluye que en la primera semana de diciembre se realice una sesión de socialización en la que Findeter deberá definir si asume o no el manejo del programa.No obstante, las críticas frente al posible ingreso de Findeter no se hicieron esperar en Santander. Laureano Tirado, consultor político de la región, escribió en su cuenta de X: “Señor gobernador, @GralJuvenalDiaz, con todo respeto: @Findeter es el peor estructurador de proyectos. En Santander “no dan pie con bola” con el convenio las Cigarras ni con los colegios de Bucaramanga; en Cúcuta, llevan ocho años con el estudio del Policlínico. Increíble que esta decisión se tome sin director en propiedad de @InviasOficial, sin la presencia de la ministra de Transporte @maferojas, y sin su presencia. Lo mejor que le puede pasar a Santander es que llegue rápido el nuevo gobierno nacional para que sea el compromiso más importante de la historia la concesión 4G. ¡Se Puede!”Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, también se expresó a través de sus redes sociales: “Fundamental que @Findeter de por aprendidas las lecciones con Vías de las Cigarras en materia de revisar y validar los diseños antes de licitar. No se puede repetir el error del par vial El Cero - Puente Tierra. Lamentablemente tendremos la barrera de participación del cupo de crédito, dado que amparado en su “régimen especial”, Findeter no utiliza pliego tipo ni ley 80/93 y, en consecuencia, se reduce el número d oferentes. Ojalá no vayan a empaquetar los proyectos para limitar más”, escribió en su cuenta de X.Si el ingreso de Findeter se concreta, el Gobierno prevé actualizar estudios y diseños de obras estratégicas para el corredor, incluyendo terceros carriles y dobles calzadas, con el fin de avanzar en intervenciones estructurales más allá del mantenimiento rutinario.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, quien participó en la reunión, expresó que “la conclusión puntual es que se va a reactivar el Convenio de los Comuneros, haciendo una actualización especialmente en las consideraciones técnicas y que permita desarrollar esta infraestructura proyectada”.Sin embargo, los voceros de la Alianza Ciudadana y Transportadores señalaron que no levantarán su protesta hasta que la reunión con Findeter se materialice y existan compromisos claros sobre inversiones y plazos.Cabe recordar que el convenio Vías de Los Comuneros se firmó en diciembre de 2024, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada. En esa fecha se explicó que el proyecto tenía como objetivo planificar, ejecutar y operar el corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga-San Alberto, y se estimaba que el recaudo por concepto de peajes sería de $120.000 millones anuales durante los próximos 20 años.En esa oportunidad el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), informó que los 458 kilómetros de la Ruta de Los Comuneros estarían distribuidos entre los cuatro departamentos involucrados de la siguiente manera: 288 km en Santander, 84 km en Cundinamarca, 51 km en Boyacá y 34 km en Norte de Santander.Para el desarrollo del proyecto se estima una inversión total de $2,4 billones, de los cuales $1,36 billones se destinarán a obras de infraestructura y $1,09 billones a la operación y mantenimiento de las vías.Mientras se soluciona el tema las talanqueras seguirán levantadas, pues la comunidad sigue a la espera de decisiones que definan el futuro de uno de los corredores más importantes del país.
Tras su participación en el Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, realizado el pasado fin de semana en Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, lanzó una fuerte advertencia sobre el agravamiento del sicariato y la disputa entre bandas criminales que hoy desestabilizan la capital santandereana.El mandatario destacó que el encuentro, que reunió a más de 20 alcaldes del país, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la cúpula de la fuerza pública, dejó compromisos concretos que Bucaramanga venía exigiendo desde hace semanas.Sarmiento reveló que incluso antes de la cumbre había sostenido una reunión privada con el ministro de Defensa para exponer la preocupación que más inquieta a las autoridades locales: el repunte del sicariato, un fenómeno que, recordó, no era común en Bucaramanga y que ahora está ligado a la confrontación directa entre estructuras criminales.“El sicariato no era una práctica habitual en nuestra ciudad. Lo que enfrentamos hoy es producto de la disputa entre dos grupos de delincuencia organizada”. Según explicó, la magnitud del problema quedó en evidencia con recientes incautaciones, entre ellas la de 2.4 toneladas de marihuana en el área metropolitana, un cargamento que confirma que el negocio dejó de ser microtráfico para operar en volúmenes mayores que alimentan los ataques armados.En Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga reiteró al ministro de Defensa y a la cúpula policial la necesidad de incrementar el pie de fuerza para reforzar la presencia disuasiva en las calles, pero también insistió en un componente clave: la investigación criminal. Como resultado, anunció el traslado a Bucaramanga de una comisión nacional de seis funcionarios de la Dijín, quienes se sumarán a las labores de la Sijín en la ciudad.“Estos funcionarios se dedicarán de manera especial a esclarecer homicidios y a perseguir a los responsables del tráfico de drogas y estupefacientes. Bajo un enfoque de investigación integral esperamos avanzar pronto en la identificación y judicialización de los actores criminales que están desestabilizando la ciudad”, explicó Sarmiento.Además del refuerzo humano, el mandatario confirmó inversiones en tecnología, entre ellas la compra de nuevas cámaras y drones de vigilancia que buscarán fortalecer la capacidad de reacción y vigilancia especialmente en la temporada de fin de año.Sarmiento aseguró que el compromiso del Gobierno Nacional y de las autoridades policiales permitirá avanzar en una estrategia conjunta para frenar la violencia que hoy inquieta a los bumangueses. “Lo que queremos es que la gente vuelva a sentirse segura y protegida. La presencia policial y la tecnología serán fundamentales para lograrlo”, concluyó.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.