Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
La salsa está de luto este sábado 21 de febrero tras la muerte de Willie Colón, uno de los nombres más representativos del género. Su partida no solo golpeó a Puerto Rico y Nueva York; también estremeció a Colombia, un país con el que construyó una relación cercana durante varias décadas.Colombia no fue solo un escenario más. Fue un territorio que lo respaldó, sede de grandes conciertos y, sobre todo, un público que sostuvo la vigencia de la salsa cuando otros ritmos tambaleaban. El propio artista lo confirmó en distintas entrevistas.El homenaje de Willie Colón al país: “Pa’ Colombia”Ese vínculo quedó inmortalizado en una canción: Pa’ Colombia. El tema fue compuesto y grabado como tributo al país y se convirtió en una declaración abierta de gratitud.La pieza exaltó la cultura y la fuerza musical del país, integrándolas a su repertorio habitual. No fue un gesto protocolario: la interpretó en varios escenarios internacionales, reforzando su lazo con el público colombiano.Colón siempre expresó su afecto por Colombia y prueba de ello fueron sus declaraciones: “Si no fuera por Colombia, la salsa estaría caída totalmente”, además de reconocer la importancia de la cultura colombiana para los boricuas: “Nosotros, los puertorriqueños, tenemos una deuda muy grande con ustedes”.Fragmento de Pa’ Colombia:“Barranquilla, CartagenaMedellín y BogotáBarranquilla, CartagenaMedellín y BogotáY la linda CaliQue no se queda atrásSon las cinco novias que yo tengo allá en Colombia”Cali y Medellín, escenarios clave para Willie ColónLa última vez que pisó suelo colombiano fue en diciembre de 2023, durante la Feria de Cali. En medio del concierto, problemas de salud lo obligaron a abandonar el escenario por algunos minutos; sin embargo, regresó para cerrar su presentación: “Gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para terminar mi tanda”.Estas ciudades fueron plazas habituales en su carrera. En la Feria de las Flores de 2019 también reafirmó su cariño por Colombia, en especial por Cali, considerada capital mundial de la salsa.Un legado que trasciende generacionesLa noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales, en el que señalaron que partió en paz, rodeado de los suyos.A sus 75 años, Willie Colón deja un legado que trasciende discos y conciertos. En Colombia, su nombre no se limita a una figura internacional: forma parte de la memoria colectiva salsera. Pa’ Colombia no fue solo una canción, sino un agradecimiento público a un país que mantuvo viva la llama de la salsa.
La muerte de Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa, no solo deja un vacío en la música latina, sino también en su familia, que durante décadas fue su principal refugio lejos de los escenarios. El trombonista, compositor y productor construyó junto a su esposa, Julia Craig, un hogar sólido del que nacieron sus cuatro hijos: Willie Jr., Ian, Diego y Alejandro.A diferencia de su padre, cuya vida transcurrió bajo los reflectores desde muy joven, los hijos del llamado “Malo del Bronx” han optado por mantener un perfil discreto. Lejos de los escenarios y de la atención mediática, han desarrollado sus vidas con un fuerte sentido de privacidad, aunque siempre han estado vinculados emocionalmente al legado del artista.¿Quiénes son los hijos de Willie Colón?Willie Colón Jr., el mayor de los hermanos, ha mantenido una vida reservada, alejada del protagonismo público que caracterizó la carrera de su padre. Al igual que sus hermanos Ian, Diego y Alejandro, ha sido parte fundamental del núcleo familiar que acompañó al músico durante sus diferentes etapas personales y profesionales.Aunque no todos siguieron el camino de la música, los cuatro hijos crecieron en un entorno profundamente influenciado por la identidad latina, la cultura neoyorquina y el impacto artístico de su padre. Este contexto contribuyó a formar en ellos un carácter resiliente, marcado por el orgullo de sus raíces y el respeto por el legado musical familiar.Su papel fue especialmente relevante en 2021, cuando el legendario trombonista sufrió un grave accidente que afectó su salud. En ese momento, sus hijos se unieron para brindar apoyo tanto a su padre como a su madre, consolidando el fuerte vínculo familiar que siempre los caracterizó.Julia Craig, el pilar silencioso de la familiaLa esposa del artista, Julia Craig, fue una figura clave no solo en el ámbito familiar, sino también en el equilibrio personal del músico. Su historia comenzó en la Nueva York de los años 70, en medio del auge de la salsa y el crecimiento de la carrera de Colón.A lo largo de más de cinco décadas, Craig se convirtió en su confidente, apoyo emocional y sostén durante los momentos más exigentes de su carrera. Mientras Colón se consolidaba como una de las figuras más influyentes del género junto a artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Julia eligió mantenerse en un segundo plano, priorizando la estabilidad familiar.Su discreción y fortaleza fueron fundamentales, especialmente durante los momentos más difíciles, incluyendo los problemas de salud que enfrentó el músico en los últimos años.Hoy, tras la muerte de Willie Colón a los 75 años, sus hijos y su esposa quedan como los principales guardianes de su legado. Más allá de su impacto en la salsa, el artista deja una historia familiar marcada por la unión, el apoyo mutuo y el orgullo por sus raíces.Aunque el mundo lo recordará como uno de los arquitectos de la salsa moderna, para su familia fue, ante todo, un padre presente y un hombre profundamente conectado con los suyos.
En Autos y Motos de este sábado, 21 de febrero de 2026, estos fueron los temas:La automotriz surcoreana Kia confirmó su patrocinio al Rio Open 2026, considerado el torneo de tenis más importante de Sudamérica.El portal digital en compra y venta de vehículos en Colombia anunció la consolidación de una red de 20 concesionarios certificados en Bogotá, Medellín y Cali.Nissan lanzó un libro conmemorativo por sus 65 años en Colombia, acompañado de una colección de vehículos a escala, disponible en vitrinas a nivel nacional.DiDi Colombia presentó su balance de 2025: opera en 18 ciudades, sumó más de 2 millones de nuevos usuarios y creció más del 12 % frente a 2024, con servicios como Express, Taxi y Moto.Escuche el programa completo:
Hay consternación en autoridades y habitantes del municipio de San Roque tras la confirmación en las últimas horas de la muerte de tres miembros de una misma familia que fueron hallados en el apartamento que residían en zona urbana.Fueron los fuertes olores de los cuerpos ya en estado de descomposición los que alertaron vecinos y que a su vez reportaron a policía, quienes tras la inspección del inmueble encontraron los cuerpos sin vida del padre, un hombre de 37 años; su esposa de 36 y su hijo de tan solo 12 años de edad.Hasta el momento las autoridades han descartado en el caso la injerencia de grupos armados, y la hipótesis que cobra mayor fuerza es la decisión de alguno de los adultos de la familia de atentar contra los demás por problemas económicos.Según información policial, el hombre al parecer tenía deudas superiores a 80 millones de pesos y antecedentes de intento de suicidio el año anterior. Además tenía reseñas por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales, al igual que su pareja por violencia intrafamiliar.El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, lamentó lo ocurrido y detalló que era una familia oriunda del municipio de Bello que había llegado hace un tiempo a esta localidad en el Nordeste de Antioquia."Es una consternación tan increíble para todos y a mí como mandatario, pero también como padre de familia. Decisiones que a veces los adultos tomamos por, no sé, por el desespero, las angustias. Quiero reconfirmar que desde el municipio de San Roque tenemos brindado de manera gratuita todos los canales de salud mental", reiteró.Al tiempo que avanzan las labores de autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, desde la administración municipal reiteraron que están a disposición de todos los habitantes la oferta institucional con programas y herramientas psicosociales y de salud mental.“Hacemos un llamado a quienes estén atravesando situaciones de angustia, tristeza o desesperanza a buscar ayuda oportuna a través de los servicios de salud y canales institucionales disponibles”, se lee en su mensaje.
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato de Vanessa Amado Cárdenas, una joven de 21 años encontrada sin vida en la vereda El Diamante, del municipio de Sabana de Torres.“Rechazamos de manera contundente el asesinato de una mujer en Sabana de Torres. Desde la Gobernación de Santander ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho que enluta al departamento, al ciudadano que de alcance a la investigación para lograr la captura de estos actores materiales como intelectuales de este lamentable hecho”, señaló Hernández.El cuerpo de la joven fue hallado con múltiples disparos, heridas con arma blanca y signos de tortura. Según el reporte preliminar, los agresores, incluso, habrían intentado incinerarla. Las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y capturar a los responsables.De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación.La comunidad de Sabana de Torres expresó su rechazo e indignación por este nuevo hecho de violencia contra la mujer. En redes sociales, familiares y amigos de Vanessa lamentaron su muerte, recordándola como una joven trabajadora que dejaba una hija pequeña y estaba por culminar sus estudios en busca de un mejor futuro.Desde la Gobernación de Santander reiteraron el compromiso de trabajar “sin descanso por la seguridad, la justicia y la protección de las mujeres santandereanas”.Las autoridades recordaron las líneas de denuncia disponibles para reportar cualquier caso de violencia o información relevante sobre el crimen: 123, 147, 165 y 155 (Línea Púrpura). La información suministrada tendrá absoluta reserva.
El 12 de febrero de 2023 en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, se dio la muerte de Adriana Marcela Escalante Peñaranda, quien se encontraba en estado de embarazado y fue asesinada a mano de su pareja Jhair Sepúlveda Sepúlveda, conocido como alias ‘Katyn’, con pasado en las disidencias.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por este feminicidio en donde le quitó la vida con un arma blanca propinándole varias apuñaladas en pena vía pública del corregimiento de Las Mercedes sobre las 6:40 de la mañana, que, pese a los intentos médicos, la gravedad de las heridas le causaron la muerte. Todo por una escena de celos por parte de este hombre, que al verla agonizando en plena calle, salió corriendo del sitio.“Lamentamos este hecho que se presentó en el corregimiento de Las Mercedes y desde ya con las autoridades competentes estamos investigando las causas que originaron este suceso”, señaló la Personería del municipio de Sardinata.Por otro lado, se conoció que la sentencia fue impuesta tras un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, avalado por el juez del caso. Sepúlveda permanecía privado de la libertad en un centro carcelario desde enero de 2025, cuando fue capturado. Además, se mencionó que habría planificado el crimen con tiempo de antelación y se encontraba persiguiendo desde días antes a Escalante Peñaranda.Ella era madre de dos niñas, de 7 y 8 años en ese momento, que, además, venía siendo víctima de violencia intrafamiliar con meses de anterioridad.
En medio la audiencia pública ante la Corte Constitucional, el contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que comenzará un proceso de seguimiento permanente a los recursos que han sido destinados para el Catatumbo, territorio que ha sido víctima del conflicto armado y la violencia.“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el contralor general.Tan solo el 50 % de 2,78 billones de pesos, que han sido los recursos del Estado de Conmoción Interior declarado en la región, han sido usado. Entre enero y octubre de este 2025, se han registrado alrededor de 22.473 contratos que equivalen a un valor de 1,94 billones de pesos, de los cuales, 55 contratos (24.657 millones) se encuentran relacionados directamente con la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria.La investigación refleja que, aunque se han realizado pagos y uso de los recursos, han sido pocas las acciones a comparación de todos los compromisos que se han acordado para aportar al orden público y la estabilidad en la región.La Contraloría mencionó que el mayor problema de este panorama “no es la falta de un plan, sino una crisis de ejecución”, esto tras hacer el seguimiento del Plan Catatumbo en Cúcuta. Los resultados arrojan que, aunque los avances en educación continúan, se refleja inclusión productiva y se ha brindado la atención humanitaria, falta aún el fortalecimiento de los compromisos en cuanto a infraestructura, vivienda y formalización de tierras, incluyendo la falta de articulación entre instituciones nacionales y locales.Frente al escenario que arrojó el seguimiento de ayuda, la Contraloría General de la República creó el 'Tablero de Control Catatumbo', una herramienta en línea que será pública y permitirá ver la trazabilidad fiscal de cada peso que sea invertido en la zona. Este elemento se convertiría en una herramienta para el Control Paz Colombia que se encarga de vigilar los recursos del acuerdo final de paz.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió la tutela interpuesta contra la Gobernación de Santander y, aunque declaró improcedente la acción, ordenó al gobernador Juvenal Díaz Mateus designar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles al alcalde encargado definitivo del municipio.De acuerdo con la decisión, si la designación aún no se ha hecho, la Gobernación deberá, en un término de 48 horas, establecer un mecanismo que garantice la publicidad y transparencia del proceso, incluyendo la publicación de los informes y motivaciones que sustenten la elección.A esta determinación se suma un requerimiento del Juez Penal 001 de Bucaramanga, Julio César Sanmiguel Cubillos, quien pidió a la Gobernación que en un plazo no mayor a 48 horas informe cómo se llevará a cabo el proceso de elección del nuevo alcalde, teniendo en cuenta que la terna ya fue conformada por los movimientos políticos.El juez también exhortó al mandatario departamental a que, en un plazo máximo de 10 días, se nombre al nuevo alcalde encargado que reemplazará a Fredy Cáceres, designado previamente por decisión del propio gobernador.El juez fue enfático en señalar la necesidad de avanzar con prontitud en la convocatoria de las elecciones atípicas, que podrían realizarse en enero de 2026, con el fin de restablecer la normalidad institucional en Girón.El nombre de Fredy Cáceres ha estado en el centro de la controversia luego de que, durante su paso por la Alcaldía, despidiera a más de diez funcionarios, entre ellos dos con licencias de lactancia y paternidad, lo que derivó en varias acciones de tutela.Mientras tanto, los partidos Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Partido de la U ya presentaron ante el gobernador la terna de candidatos de la cual deberá salir el nuevo alcalde encargado Juan José Gómez Vélez, Dayana Milena Tavera y Claudia Milena Jaimes Delgado.La decisión judicial aumenta la presión sobre la Gobernación de Santander, que aún no ha oficializado el nombramiento, pese a los llamados de los jueces y al creciente descontento político en el municipio.
El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, hizo un llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) por la falta de respuesta frente a la emergencia vial que mantiene incomunicados a varios municipios del sur de Santander, tras el colapso de un tramo de la Troncal del Carare.Según el mandatario, los técnicos del Invías se desplazaron hasta el punto crítico, pero se retiraron sin entregar soluciones concretas ni definir un nuevo trazado que permita restablecer la conexión entre los municipios de la provincia de Vélez y el centro del país.“No nos dan una luz, no nos dicen cuándo se van a reunir con nosotros. Invías debe reunirse con todos los alcaldes de Vélez, El Peñón, Landázuri, Cimitarra, Vélez y Barbosa, porque esta vía es clave para todos”, expresó.Ante la falta de paso por la Troncal del Carare, los transportadores se han visto obligados a utilizar rutas alternas de carácter secundario y terciario, que están en pésimas condiciones y no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada.Una de las rutas sale desde Landázuri, atraviesa la vereda La Hermosura (en el municipio de Bolívar), pasa por la vereda Mochilero y desemboca en el sector de Barroblanco, donde se conecta nuevamente con la Transversal del Carare.La segunda ruta es desde el municipio de Bolívar y recorre varios centros poblados como Gallegos, Flórez y Berbeo, antes de unirse también en el punto de Mochilero con la Transversal del Carare.Ambas rutas son terciarias y presentan tramos de difícil acceso, deslizamientos y deterioro por las lluvias. “Estas carreteras no están diseñadas para soportar el peso de las tractomulas ni el flujo de vehículos que antes circulaban por la Troncal del Carare”, advirtió Morales.El alcalde reiteró su llamado al Gobierno nacional y al Invías para que se instale una mesa de trabajo urgente con los alcaldes de la región, con el objetivo de definir un nuevo trazado vial y acelerar las obras que permitan restablecer la movilidad entre el sur de Santander y el centro del país.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.