Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de febrero de 2026:Se debatió sobre: ¿El uso de animales para el transporte turístico es tradición cultural o maltrato animal? Se mencionaron casos como la prohibición del transporte en elefantes en Tailandia y el reemplazo de coches de caballos por vehículos eléctricos en Cartagena, resaltando el bienestar animal y la responsabilidad del turismo.Como tema central se habló sobre turismo y filantropía en Quimbaya, Quindío. Liliana Ospina, creadora de Casa de los Sueños Colombia, explicó cómo su proyecto de hospedaje integra impacto social, apoyo a la educación rural, generación de empleo y fortalecimiento de la comunidad campesina a través del turismo responsable.En ‘Recomendado’, se destacó Tampa Bay, Florida, como un destino ideal para viajeros colombianos. Se resaltaron sus paseos urbanos, parques frente al río, oferta gastronómica, actividades al aire libre y su conectividad, posicionándola como base estratégica para vacaciones y grandes eventos deportivos.En ‘Cinema Travel’, se enfatizó en el documental Epic sobre Elvis Presley, se explicó cómo esta producción remasteriza conciertos inéditos del artista y conecta cine y turismo con destinos como Las Vegas y Hawái, resaltando su importancia cultural y turística.En ‘El mundo a la carta’, se mencionó Finlandia, Quindío. Se descubrió el restaurante José Fernando, que propone un recorrido gastronómico por Colombia con cocina al vacío, productos locales y platos insignia como la canilla de cerdo, uniendo arquitectura tradicional y alta cocina.En ‘Paisaje sonoro’, se viajó al fondo del mar en La Parguera, Puerto Rico. A través del sonido de la respiración en el buceo, se destacó esta experiencia como una forma de conexión con la naturaleza, manejo del estrés y turismo de aventura consciente.
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el proyecto de acuerdo que buscaba crear la llamada “Ruta por la Vida” para mujeres gestantes y lactantes en la ciudad.Según el organismo, aunque la iniciativa hablaba de cuidado y acompañamiento, en la práctica podría generar barreras para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.La entidad señaló que el proyecto contradecía la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, que protege este derecho en el país.Además, advirtió que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y posible estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres y personas con capacidad de gestar, lo que constituiría una forma de violencia institucional y un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.La Defensoría señaló que estas alertas ya habían sido enviadas desde el 6 de febrero de 2026 a la Secretaría Jurídica Distrital, tras identificar dichos riesgos constitucionales en varias disposiciones del proyecto.Finalmente, reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico al Distrito para que las políticas públicas que se adopten sean compatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.¿Qué dicen desde el Concejo de Bogotá sobre esta decisión?La concejal Lucía Sandoval, autora del proyecto de la “ruta por la vida”, informó que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán decidió objetar la iniciativa.“Lo primero que tengo que decir es que para mí es una mala noticia, no para mí de manera personal sino para las mujeres en Bogotá. Hemos explicado hasta el cansancio que aquí tenemos todos los argumentos jurídicos, legales y de conveniencia para que este proyecto se convierta en una realidad en la ciudad”, señaló la concejal.Aseguró que la decisión por parte de la Alcaldía de Bogotá está influenciada por presiones mediáticas y de “grupos extremistas”."El alcalde está cediendo a presiones mediáticas de grupos extremistas que no les interesa proteger la salud de las mujeres, que no les interesa proteger la vida del que está por nacer, que no les interesa tener a mujeres informadas con información completa, clara y oportuna para la toma de decisiones”, puntualizó.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
El actor y comediante boliviano David Santalla falleció este sábado a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, informaron los médicos que se encargaban de su tratamiento con autorización de su familia."Tengo que informar, obviamente con la venia familiar, el fallecimiento del señor David Santalla a las 15:20 (19:20 GMT)", declaró a los medios locales el director del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), Jorge Tango.El especialista indicó que Santalla padecía una enfermedad oncohematológica y que en el último tiempo recibía el tratamiento correspondiente en la ciudad de Sucre (sureste), aunque su estado general se deterioró progresivamente."Hace unos minutos, mi papá ha fallecido... Lo amé tanto, aprendí tanto, y no se puede describir lo que se siente en la profundidad del cuerpo. ¡Él siempre será! Como la lluvia que cae en el campo, como un lápiz al dibujar, como un gesto amable cuando lo necesitas... ¡Por siempre serás!", escribió en sus redes sociales Yungaro Santalla.Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó en X que: "hoy Bolivia pierde no solo a un artista, sino al hombre que mejor supo leer nuestra alma a través de la risa. David fue el espejo donde nos miramos con ternura, crítica y orgullo; un genio que convirtió el escenario en un altar de la identidad nacional".Santalla nació en La Paz el 16 de agosto de 1939. A los 10 años se trasladó a Chile debido al exilio de su padre, militar de profesión. En ese país llegó a integrar la selección chilena de gimnasia y natación en 1957, antes de regresar a Bolivia.Ya en su país natal, desarrolló un estilo propio basado en la recreación de acentos y personajes de distintas regiones, combinados con un humor fino y observacional. De esa etapa surgieron figuras emblemáticas como Toribio, un hombre de origen humilde que busca superarse; la cholita Salustiana, de carácter divertido y a la vez osado; y don Enredoncio, un adulto mayor algo gruñón con una mirada singular sobre la vida cotidiana.También tuvo una destacada participación en el cine boliviano. Actuó en "Chuquiago", de Antonio Eguino (1977), y en "Cuestión de Fe", de Marcos Loayza (1995). Su papel más recordado en la pantalla grande fue en "Mi Socio", de Paolo Agazzi (1983), considerada una de las películas más importantes del cine boliviano y que tuvo una segunda parte en 2019.Además, Santalla publicó varios libros vinculados a sus vivencias personales y a su trayectoria en el teatro.
Hay conmoción en Brasil por la muerte de Bianca Dias, una reocnocida influencer de 27 años, quien perdió la vida semanas después de someterse a una cirugía estética. La joven se encontraba en proceso de recuperación en la vivienda de sus padres cuando presentó un deterioro repentino en su estado de salud, según confirmaron algunos medios locales. Según versiones entregadas por sus familiares y reportes preliminares, la causa del fallecimiento habría sido una embolia pulmonar, una complicación grave asociada a la obstrucción de una arteria en los pulmones, que puede presentarse tras intervenciones quirúrgicas. Aunque en días anteriores había mostrado señales de evolución favorable, sufrió un mal súbito con convulsiones y dificultad respiratoria. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, sin embargo llegó sin signos vitales."Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", contó una de las amigas de Bianca a un medio de comunicación local. Dias contaba con más de 60.000 seguidores en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con su estilo de vida, viajes y trabajos de modelaje. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia por parte de seguidores y colegas del entorno digital.La influencer era madre de dos niñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedan bajo el cuidado de familiares en la ciudad de Mauá. El caso ha reavivado la discusión en Brasil sobre los riesgos postoperatorios en procedimientos estéticos y la importancia de un control médico estricto durante el proceso de recuperación.
Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos, en una octava jornada que ha dejado movimientos importantes en la tabla de la liga colombiana.El conjunto verdolaga encarriló el triunfo desde temprano con el tanto de Cristian ‘Chicho’ Arango a los 9 minutos, tras capitalizar un rebote en el área. Luego, Alfredo Morelos amplió la ventaja a los 33 y selló la goleada a los 56, firmando un doblete que confirmó la contundencia del equipo antioqueño en casa.Con este resultado, Nacional suma nueve puntos en cuatro partidos disputados y, con encuentros pendientes, queda bien perfilado para escalar posiciones en la clasificación.La jornada también dejó el triunfo de Once Caldas, que superó 4-2 a Fortaleza y se mantiene en la parte alta, mientras que Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron 0-0 en un compromiso marcado por las expulsiones.El viernes, Llaneros e Independiente Medellín empataron 2-2 con goles en los minutos finales, y Deportivo Pereira igualó 2-2 con Pasto, resultado que le permitió al conjunto nariñense conservar el liderato con 15 puntos.La jornada de este sábado se cierra con el juego entre Internacional de Bogotá y Millonarios, donde primero suma 14 puntos, luego de empatar 1-1 con Pasto en la fecha anterior, y buscará sostener la cima ante un Millonarios que viene en alza.En tanto, el club embajador, suma ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse esta noche. No obstante, el equipo azul llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.El domingo concentrará la mayor tensión con el duelo entre Santa Fe y Junior, el equipo barranquillero, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras su victoria 2-1 sobre América, mientras que el conjunto bogotano, decimoquinto con siete unidades, necesita reaccionar luego de la derrota 3-1 ante Jaguares para no rezagarse en la lucha por la clasificación.También se disputarán los encuentros Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares, en compromisos clave para el reacomodo de la zona media. La octava fecha se cerrará el lunes con Cúcuta-Tolima, un partido que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
Las autoridades de Santander investigan el brutal asesinato de Vanesa Amado Cárdenas, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Diamante, zona rural de Sabana de Torres. La víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca, impactos de bala y signos de tortura, según reportes preliminares. La comunidad permanece consternada ante la brutalidad del crimen, mientras familiares y allegados piden justicia. Vanesa, madre de una niña pequeña, estaba próxima a culminar sus estudios y trabajaba en un establecimiento comercial del municipio. La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan la investigación para esclarecer el crimen. De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación. En el lugar del hallazgo, el cuerpo fue encontrado con las manos amarradas, múltiples golpes y rastros de intento de incineración, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de un feminicidio.El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicou, rechazó el hecho y lo calificó como un acto “cobarde”, solicitando resultados inmediatos a los organismos judiciales. Por su parte, la comunidad realizó una velatón en memoria de Vanesa Amado, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres. Organizaciones sociales advierten que Santander registra 21 homicidios de mujeres en lo corrido del año, y que en Sabana de Torres ya se investigan tres casos de violencia de género.Este es el video
Un hombre fue hallado sin vida en la mañana de este lunes, 11 de noviembre, en un paraje rural de la antigua vía que conecta al corregimiento de Cincelada con Coromoro, en el departamento de Santander. De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, la víctima presentaba impactos de arma de fuego y aún no ha sido identificada por las autoridades.“Se presenta un hecho de homicidio esta mañana en la antigua ruta entre Cincelada y Coromoro. Allí, en un paraje sobre la vía que conduce entre el corregimiento y la cabecera del municipio, apareció el cuerpo sin vida de un hombre al parecer con impactos de arma de fuego”, informó el coronel Arévalo.El oficial señaló que la Policía Nacional acordonó la zona y funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica al lugar y al cadáver, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan establecer la identidad de la víctima y los móviles del crimen.“La persona no es un ciudadano de la región, no lo conocen los habitantes del sector, por tal razón estamos en ese proceso de investigación para determinar exactamente qué ocurrió”, añadió el coronel.El hallazgo se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales de Santander. Según Arévalo, las autoridades han intensificado los operativos conjuntos para contener el avance de estos grupos ilegales.“Hemos venido reforzando y hemos dado unas capturas importantes en este sector con integrantes del ELN que quieren llegar al territorio. La Policía Nacional, de manera muy articulada con la Quinta Brigada del Ejército y el Gaula Militar, se reúne casi a diario para direccionar esfuerzos y evitar que estos actores criminales lleguen a territorio santandereano”, explicó.Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y no descartan que el homicidio esté relacionado con disputas entre estructuras armadas que buscan expandirse hacia el suroriente de Santander.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en la identificación de la víctima y el esclarecimiento del caso.
Mientras el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostiene que las insubsistencias de 13 funcionarios de su gabinete fueron legales y se realizaron antes del inicio de la Ley de Garantías Electorales, la jueza Andrea Catalina Serrano Arenas, del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, advirtió en un reciente auto que desde el 14 de octubre de 2025 rige dicha restricción en la ciudad, fecha en la que se convocaron las elecciones atípicas para elegir nuevo mandatario el 14 de diciembre.Según el auto judicial que resolvió una medida cautelar dentro de una acción popular, la jueza Serrano Arenas precisó que el alcalde no puede realizar modificaciones en la nómina, encargos o desvinculaciones de funcionarios durante la vigencia de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.“La norma prohíbe modificar la planta de personal dentro de los cuatro meses previos a las elecciones, salvo casos excepcionales como vacancias definitivas por muerte, renuncia irrevocable o aplicación de normas de carrera administrativa”, señaló la jueza en su decisión.El juzgado negó la medida cautelar que solicitaba la demanda de suspensión de las modificaciones en la nómina y ordenó al Municipio entregar en 48 horas los actos administrativos donde se registren los cambios efectuados desde el 14 de octubre, para verificar si cumplen con las excepciones previstas en la ley.Además, exhortó al alcalde y a todos los funcionarios públicos a respetar las restricciones de la Ley de Garantías.Por su parte, el alcalde designado Javier Sarmiento defendió las insubsistencias realizadas y aseguró que no violó la Ley de Garantías, pues, esta solo empezó a regir el 8 de noviembre, y las decisiones se tomaron antes de esa fecha.“Solicité las renuncias protocolares el jueves y el viernes (6 y 7 de noviembre). No hubo voluntad de entregarlas, por lo que procedí conforme a la facultad nominadora. Es un procedimiento habitual y permitido por ley”, explicó Sarmiento.“Tendría que ser un loco para desconocer la Ley de Garantías; fui procurador delegado y sé perfectamente las consecuencias. Tengo la certeza jurídica de que las decisiones se tomaron antes de la vigencia de esa norma”, agregó el mandatario designado.Sarmiento también argumentó que existe divergencia de criterios jurídicos sobre si la Ley 996 de 2005 aplica a elecciones atípicas, y aseguró que las directivas emitidas por la Procuraduría General son de carácter orientador y no de obligatorio cumplimiento.Con estas posiciones enfrentadas, será el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga el que defina, una vez reciba los documentos solicitados, si las insubsistencias realizadas en la Alcaldía de Bucaramanga vulneraron o no la Ley de Garantías Electorales.
Lo que debía ser una simple conversación para saldar una pequeña deuda terminó convirtiéndose en una tragedia en el barrio Girardot, de Bucaramanga. El pasado sábado, 8 de noviembre, una disputa por $60.000 entre dos vecinos derivó en una violenta pelea que dejó un hombre muerto y otro detenido por la Policía.De acuerdo con las primeras versiones, Nicolás Cuéllar Gelves, de 34 años, le debía esa suma a Royler Hernando Niño Molina, de 39. Durante el reclamo, los ánimos se caldearon hasta el punto de que Cuéllar Gelves sacó un cuchillo y atacó a Niño Molina en repetidas ocasiones. La víctima del primer ataque sufrió varias heridas en brazos, manos y hombros.En medio del forcejeo, Niño Molina logró defenderse y también utilizó un arma cortopunzante con la que hirió a Cuéllar Gelves en el pecho. Esa única herida fue mortal.“En los registros fílmicos se observa que el hoy occiso inició la agresión y lesionó en siete oportunidades al hoy capturado; ante esta situación, el agresor, en defensa propia, lo hirió en una ocasión, causándole la muerte”, detalló el informe policial.El propio Niño Molina, junto con varios vecinos, trasladó al herido al Hospital Universitario de Santander (HUS), pero los médicos no lograron salvarle la vida. Cuando la Policía llegó al centro asistencial, procedió a capturar en flagrancia al agresor, quien quedó a disposición de la Fiscalía.Según los reportes oficiales, Cuéllar Gelves tenía antecedentes por lesiones personales en 2019 y 2020. Los videos de cámaras de seguridad y de testigos serán clave para determinar con exactitud cómo ocurrió el enfrentamiento.La violencia también se sintió en Barrancabermeja la noche del viernes 7 de noviembre. En menos de dos horas, dos ataques sicariales alteraron la tranquilidad del puerto petrolero y dejaron una persona muerta y otra gravemente herida.En la estación de servicio Primax, en la vía al corregimiento El Centro, fue asesinado Ramiro Rincón, de 44 años, mientras hablaba por teléfono. Testigos relataron que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon sin decir palabra y huyeron del lugar.Más tarde, en la entrada del barrio Gaitán, David Elián Herrera fue víctima de otro atentado. Recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda, y se encuentra en estado crítico.Las autoridades investigan si ambos ataques están relacionados y qué motivó los hechos, mientras la comunidad exige respuestas y mayor presencia policial ante la ola de violencia que vuelve a estremecer a la ciudad.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó su respaldo al abogado Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas convocadas tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.En un mensaje difundido durante un encuentro con el aspirante, Uribe destacó la necesidad de que la campaña se centre en los problemas reales de la ciudad y en la búsqueda de soluciones conjuntas. “Queridos ciudadanos de Bucaramanga, me da mucho gusto estar con Cristian, candidato a la alcaldía. No hay sino un interés, servir a Bucaramanga”, expresó el exmandatario.Uribe enfatizó que su respaldo a Portilla se da bajo la premisa de una campaña con altura, sin ataques personales, enfocada en propuestas que beneficien a la ciudadanía.“Cristian quiere trabajar en esta campaña para unir a toda la ciudadanía, independientemente de su orientación política, alrededor de las soluciones de Bucaramanga”, agregó.Portilla, quien cuenta además con el apoyo del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, se presenta como una opción de continuidad en algunos programas de la pasada administración.Las elecciones atípicas en Bucaramanga fueron convocadas tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Beltrán por haber incurrido en doble militancia.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.