Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos, en una octava jornada que ha dejado movimientos importantes en la tabla de la liga colombiana.El conjunto verdolaga encarriló el triunfo desde temprano con el tanto de Cristian ‘Chicho’ Arango a los 9 minutos, tras capitalizar un rebote en el área. Luego, Alfredo Morelos amplió la ventaja a los 33 y selló la goleada a los 56, firmando un doblete que confirmó la contundencia del equipo antioqueño en casa.Con este resultado, Nacional suma nueve puntos en cuatro partidos disputados y, con encuentros pendientes, queda bien perfilado para escalar posiciones en la clasificación.La jornada también dejó el triunfo de Once Caldas, que superó 4-2 a Fortaleza y se mantiene en la parte alta, mientras que Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron 0-0 en un compromiso marcado por las expulsiones.El viernes, Llaneros e Independiente Medellín empataron 2-2 con goles en los minutos finales, y Deportivo Pereira igualó 2-2 con Pasto, resultado que le permitió al conjunto nariñense conservar el liderato con 15 puntos.La jornada de este sábado se cierra con el juego entre Internacional de Bogotá y Millonarios, donde primero suma 14 puntos, luego de empatar 1-1 con Pasto en la fecha anterior, y buscará sostener la cima ante un Millonarios que viene en alza.En tanto, el club embajador, suma ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse esta noche. No obstante, el equipo azul llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.El domingo concentrará la mayor tensión con el duelo entre Santa Fe y Junior, el equipo barranquillero, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras su victoria 2-1 sobre América, mientras que el conjunto bogotano, decimoquinto con siete unidades, necesita reaccionar luego de la derrota 3-1 ante Jaguares para no rezagarse en la lucha por la clasificación.También se disputarán los encuentros Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares, en compromisos clave para el reacomodo de la zona media. La octava fecha se cerrará el lunes con Cúcuta-Tolima, un partido que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
Hay conmoción en Brasil por la muerte de Bianca Dias, una reocnocida influencer de 27 años, quien perdió la vida semanas después de someterse a una cirugía estética. La joven se encontraba en proceso de recuperación en la vivienda de sus padres cuando presentó un deterioro repentino en su estado de salud, según confirmaron algunos medios locales. Según versiones entregadas por sus familiares y reportes preliminares, la causa del fallecimiento habría sido una embolia pulmonar, una complicación grave asociada a la obstrucción de una arteria en los pulmones, que puede presentarse tras intervenciones quirúrgicas. Aunque en días anteriores había mostrado señales de evolución favorable, sufrió un mal súbito con convulsiones y dificultad respiratoria. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, sin embargo llegó sin signos vitales."Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", contó una de las amigas de Bianca a un medio de comunicación local. Dias contaba con más de 60.000 seguidores en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con su estilo de vida, viajes y trabajos de modelaje. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia por parte de seguidores y colegas del entorno digital.La influencer era madre de dos niñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedan bajo el cuidado de familiares en la ciudad de Mauá. El caso ha reavivado la discusión en Brasil sobre los riesgos postoperatorios en procedimientos estéticos y la importancia de un control médico estricto durante el proceso de recuperación.
Las lluvias algunas veces se convierten en el peor enemigo de las personas que habitan zonas rurales o lugares donde no hay servicio de alcantarillado, pues el agua llega a causar estragos tras su paso.Cada tormenta despierta el mismo temor, calles inundadas, hogares con filtraciones y familias que, una vez más, deben enfrentar pérdidas y daños. Frente a esto, un municipio de Cundinamarca dentro de poco verá esta problemática como cosa del pasado, por lo que una obra muy valiosa le cambiará la vida a sus habitantes.Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundacionesChocontá ha luchado por décadas contra una problemática estructural en su casco urbano. la ausencia de un plan maestro de alcantarillado que permita separar adecuadamente las aguas lluvias de las aguas sanitarias.Esta falencia ha generado "inundaciones recurrentes, afectaciones directas a viviendas y ha frenado, durante años, el mejoramiento de las vías urbanas".El gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que “en momentos de lluvias intensas, las aguas se devuelven e inundan barrios enteros, impactando a cerca de 4.000 personas”. Frente a esto surgió una solución que integra al municipio y la Gobernación de Cundinamarca, liderada junto al alcalde Javier Garzón.La obra, que permitirá separar adecuadamente las aguas, contempla una inversión de $15.800 millones y ya cuenta con viabilidad técnica y recursos asegurados. El proyecto será contratado en marzo e incluye:La construcción de 5 kilómetros de redes para la separación de aguas lluvias y sanitarias. La instalación de un sistema de bombeo que conducirá las aguas hacia la planta de tratamiento.La construcción de pozos de inspección, sumideros y nuevos interceptores que duplican el diámetro actual, pasando de 8 a 16 pulgadas.De acuerdo con la Gobernación, con esta intervención se alcanzará una cobertura cercana al 35 %, mitigando de manera significativa las inundaciones en este sector y saldando una deuda histórica con la comunidad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
Santander vivió un fin de semana marcado por el dolor y la tragedia en las vías. Cuatro graves accidentes de tránsito, ocurridos entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, dejaron un saldo de al menos tres personas muertas y varios heridos en diferentes municipios del departamento.Los siniestros, registrados en Piedecuesta, Oiba y en la Troncal del Magdalena Medio, encendieron las alarmas de las autoridades por el preocupante aumento de la accidentalidad vial.El primero de los hechos se registró hacia el mediodía del sábado 8 de noviembre en el sector de Los Troncos, sobre la vía nacional de Piedecuesta.Allí perdió la vida John Fredy Martínez, quien conducía una motocicleta Pulsar 200 y colisionó de frente contra una camioneta blanca. Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que el motociclista, al parecer, cruzó el semáforo en rojo, impactando violentamente contra el vehículo. Martínez fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por las graves lesiones craneales que sufrió.Menos de 24 horas después, la tragedia volvió a golpear las vías piedecuestanas. En la mañana del domingo 9 de noviembre, Carmen Yolanda Mindiola de Mendoza, de 70 años, fue arrollada por una camioneta cuando intentaba cruzar la autopista Floridablanca–Piedecuesta, a la altura del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP).La mujer, que se dirigía al sector de Los Ermitaños, murió en el lugar debido a un trauma craneoencefálico severo. Testigos aseguraron que la víctima acababa de bajarse de una buseta e intentó atravesar la vía sin alcanzar el separador.También el sábado, pero en el sur de Santander, un accidente múltiple se registró en el sector de La Charca de Oiba, sobre la Ruta 45A que conecta Bucaramanga con Bogotá y que ha sido blanco de críticas debido al pésimo estado en el que se encuentra.De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión que habría perdido los frenos colisionó con varios vehículos en una zona de paso restringido a un solo carril.Organismos de socorro y la Policía de Carreteras acudieron al lugar para atender a los heridos, mientras los habitantes denunciaron nuevamente el abandono de esta vía, a la que califican como “la carretera de la muerte”.Finalmente, en la mañana del domingo se reportó otro grave accidente en la Troncal del Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá.Una camioneta de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander colisionó de frente contra un bus de Expreso Brasilia, dejando al conductor y a su acompañante en condición crítica, además de dos heridos más entre los ocupantes del bus.Bomberos de Puerto Boyacá y personal médico del Hospital José Cayetano Vásquez atendieron la emergencia. Las autoridades investigan si el exceso de velocidad o una posible falla mecánica habrían provocado el siniestro.Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para respetar las normas viales, mantener la prudencia al volante y revisar sus vehículos antes de viajar, especialmente en carreteras con alto flujo y deterioro evidente.“Estamos reforzando los controles en los principales corredores viales del departamento. No podemos seguir lamentando vidas por imprudencias o fallas evitables”, indicó un vocero de la Dirección de Tránsito de Santander.
La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja confirmó que el resultado del caso sospechoso de viruela símica reportado esta semana en el municipio fue negativo, según el informe emitido por el Laboratorio de Salud Pública Departamental de Bucaramanga.“La administración distrital informa a la ciudadanía que el resultado del caso sospechoso de viruela sísmica fue negativo. Reiteramos el llamado a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barrancabermeja”, señaló el comunicado oficial.El pasado 6 de noviembre se conoció el caso de una mujer de 38 años, que fue inicialmente diagnosticada con viruela del mono (mpox) en un documento médico expedido en la Clínica Magdalena. El reporte clínico indicaba que la paciente se encontraba estable, sin fiebre, con signos vitales normales y lesiones cutáneas compatibles con la enfermedad, por lo que se había orientado manejo ambulatorio y aislamiento domiciliario.Tras conocerse el resultado negativo, la administración distrital reiteró que no existe ningún caso confirmado de viruela símica en Barrancabermeja y pidió a la comunidad evitar la difusión de información no verificada para prevenir alarmas injustificadas.Las autoridades de Salud de Barrancabermeja destacaron la importancia de mantenerse alerta ante la situación, "en atención al llamado de la Organización Mundial de la Salud, los territorios están adaptando cada uno de sus protocolos. El presidente nos ha invitado a que estemos atentos, y en Santander y Barrancabermeja también estaremos dispuestos para asumir cada una de las indicaciones que el Ministerio de Salud emita", señaló la Alcaldía.El contagio puede ser por contacto directo por contacto piel a piel con secreciones corporales (saliva, el líquido de las ampollas etc), o indirecto al tocar los elementos personales de alguien enfermo.
Profunda indignación ha generado en el departamento de Santander el atroz asesinato de Briyi Vanesa Amado, una joven madre de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Diamante, zona rural de Sabana de Torres. La víctima, que había sido reportada como desaparecida la noche anterior, fue encontrada con múltiples heridas de arma de fuego y arma blanca, signos de tortura y rastros de incineración.Según las autoridades, Briyi Vanesa fue vista por última vez cuando un hombre la recogió en motocicleta en un establecimiento comercial del municipio. Un video de una cámara de seguridad captó los momentos previos, registro que ahora se ha convertido en una pieza clave para la investigación que adelanta la Policía y la Fiscalía.El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y pidió resultados urgentes a los organismos judiciales.“Fue encontrada sin vida en un sector rural cerca a nuestro municipio. Desde aquí extendemos nuestras condolencias a su familia y le solicitamos a la fuerza pública y a la Fiscalía esclarecer lo que sucedió y dar con los responsables”, manifestó el mandatario local.El crimen, que por su crueldad ha causado conmoción en la región, ha encendido nuevamente las alertas por los casos de violencia de género. Líderes sociales y colectivos de mujeres en Sabana de Torres convocaron a una velatón en memoria de Briyi Vanesa, como acto simbólico de rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres.“Como mujeres rechazamos profundamente este hecho tan doloroso. Invitamos a toda la comunidad a alzar la voz y exigir justicia”, expresó una de las representantes del movimiento femenino local.Mientras tanto, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad extraordinario para fortalecer las labores investigativas y garantizar el acompañamiento a los familiares de la víctima.El caso de Briyi Vanesa Amado se suma a la preocupante cifra de mujeres víctimas de feminicidio en Santander. En lo corrido del año, este departamento registra 21 homicidios de mujeres, de los cuales cuatro fueron tipificados como feminicidios que ocurrieron en Bucaramanga, tres más en Barrancabermeja y tres hechos violentos continúan en investigación en Sabana de Torres.
El Instituto Nacional de Salud confirmó que el departamento de Santander sigue siendo el más afectado por el dengue en Colombia, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja concentran la mayoría de los contagiosEl departamento registra 10.018 casos confirmados, manteniendo el deshonroso primer lugar a nivel nacional en número de contagios el secreatrio de salud de Santander Edwin Prada afirmó: "En el último reporte tenemos 9 personas que han fallecido por dengue, incluso tenemos en estudio un caso en Floridablanca de una menor".El panorama preocupa a las autoridades el 67,1% de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, el 32,3% a dengue con signos de alarma y el 0,7% a dengue grave. Aunque los adultos y jóvenes son los más afectados en número, las tasas de incidencia más altas se presentan entre niños y adolescentes, una población especialmente vulnerable.Los municipios con mayor número de contagios son Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Sabana de Torres y Barrancabermeja, donde los hospitales reportan una alta demanda de atención por síntomas asociados al dengue.Aunque las cifras no han superado las del año anterior, el comportamiento del virus sigue siendo preocupante por su persistencia y la posibilidad de un repunte en las próximas semanas.Actualmente, seis municipios permanecen en brote tipo I Barichara, Barrancabermeja, Chipatá, Cimitarra, El Carmen de Chucurí y Villanueva y 14 más están en alerta epidemiológica, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Sabana de Torres y San Gil.En Santander se han notificado 23 muertes probables por dengue, distribuidas en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Cimitarra, Girón, Vélez, Landázuri, Piedecuesta y San Gil. De esos casos, nueve fueron confirmados, 12 descartados y dos permanecen en estudio.Las autoridades de salud insisten en que la única forma de frenar el avance del dengue es eliminar los criaderos del mosquito. Recomiendan tapar los tanques y depósitos de agua, desechar los objetos que acumulen líquidos y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, sangrados leves o manchas en la piel.
A más de 15 años de prisión fue condenado Pablo José Sánchez Molletones, luego de aceptar su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras atacar con un arma cortopunzante a su expareja sentimental en el municipio de Floridablanca (Santander).La sentencia fue dictada por un juez de conocimiento tras un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, en el cual el agresor reconoció haber intentado asesinar a la mujer el pasado 21 de julio, en hechos ocurridos en el barrio La Cumbre.De acuerdo con la investigación, ese día Sánchez Molletones se presentó en la vivienda de la víctima y, tras una discusión, la atacó con un cuchillo causándole graves heridas. La intervención inmediata de vecinos y la oportuna atención médica evitaron que el hecho terminara en una tragedia.Según estableció la Fiscalía, la mujer venía siendo víctima de violencia física y psicológica constante, lo que la llevó a terminar la relación sentimental. Sin embargo, el agresor se negó a aceptar la ruptura y, movido por los celos y el control, planeó el ataque que hoy lo tiene tras las rejas.En desarrollo del proceso judicial, Sánchez Molletones aceptó su responsabilidad, por lo que el juez le impuso una pena de 15 años, 5 meses y 15 días de prisión. La condena busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia de género y de respaldo a las víctimas que se atreven a denunciar.Las autoridades reiteraron el llamado a las mujeres que sufran agresiones o amenazas por parte de sus parejas o exparejas a buscar ayuda y denunciar, a través de las líneas de atención 155 o 123, o en las sedes de la Fiscalía y las Comisarías de Familia más cercanas.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.