La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla reiteró que en la capital santandereana está prohibida la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, y aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público.Según el mandatario, el pasado jueves se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
El nuevo hospital de Usme acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y supera los $280 mil millones en inversión, según advirtió la Contraloría de Bogotá durante una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero de 2026.De acuerdo con el informe del organismo de control, el proyecto fue contratado el 25 de febrero de 2020 e inició obras en mayo de ese año, con una fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, tras múltiples prórrogas, suspensiones, adiciones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y posteriormente hasta junio de 2026, prácticamente duplicando el tiempo inicialmente pactado.Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos clave para su operación integral. Sin la certificación eléctrica completa, el centro asistencial no puede prestar todos los servicios en condiciones normales, lo que obliga a una apertura gradual.La Administración Distrital anunció que algunos servicios especializados comenzarán a funcionar en las próximas semanas; el área de urgencias entrará en operación en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía lo harán en junio. No obstante, esta puesta en marcha por fases confirma que la infraestructura no será entregada totalmente terminada en un solo momento, como se proyectó inicialmente.El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que, si bien es positivo que cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad empiecen a recibir atención en la nueva sede hospitalaria, no se pueden normalizar retrasos de esta magnitud en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó, según el comunicado oficial.La Contraloría indicó además que existen controversias contractuales en trámite ante tribunales de arbitramento y reiteró que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para garantizar la culminación total del proyecto con responsabilidad técnica, financiera y jurídica, así como para determinar eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos registrados.
Lo que debía ser una tarde de pasión futbolística en el barrio de Capodimonte, en Nápoles, estuvo a punto de convertirse en un hecho judicial. Mientras el Nápoles de Antonio Conte se enfrentaba al Atalanta en la vigesimosexta jornada de la Serie A, la crispación por las decisiones arbitrales saltó de la pantalla de televisión a la realidad física de un domicilio particular, dejando a un hombre de 40 años hospitalizado tras ser apuñalado por su esposa.El detonante: la pantalla y la confusiónLos hechos, de los que se ha hecho eco La Gazzetta dello Sport, ocurrieron en pleno fragor del encuentro disputado en el Stadio di Bergamo. El desencadenante fue una secuencia de decisiones del VAR que perjudicaron gravemente al conjunto napolitano, incluyendo la anulación de un penalti a su favor. Ante la frustración deportiva, la víctima comenzó a lanzar improperios y gritos contra la tecnología de videoarbitraje.Sin embargo, su esposa, una mujer de 35 años, interpretó que los insultos iban dirigidos hacia ella. La escalada de tensión fue inmediata. Según los informes policiales, la mujer increpó a su marido con una amenaza directa: "¡Vete o te apuñalo!".Una agresión en varias fasesLa violencia no se quedó en las palabras. En un primer momento, la agresora lanzó unas tijeras contra el hombre, que afortunadamente no impactaron en su cuerpo. Acto seguido, se dirigió a la cocina para armarse con un cuchillo. Tras un primer intento fallido, logró alcanzar a su pareja en el costado.La escena, descrita como caótica, continuó con el lanzamiento de más utensilios de cocina mientras el hombre intentaba pedir auxilio; uno de los cuchillos quedó incluso clavado en la pared del salón. Finalmente, el agredido consiguió contactar con la Policía. Al llegar a la vivienda, los agentes procedieron al arresto de la mujer, quien ocultaba en su bolso tres armas blancas adicionales, entre ellas un abridor de ostras. El aficionado se encuentra actualmente ingresado y fuera de peligro, mientras ella enfrenta cargos por lesiones agravadas.Un arbitraje bajo la lupaEl clima de crispación que se vivía en los hogares napolitanos no era infundado desde el punto de vista deportivo. El encuentro, que terminó con la derrota del Nápoles por 2-1, estuvo marcado por la actuación del colegiado Daniel Chiffi. La polémica estalló cuando se anuló el que habría sido el 0-2, un tanto de Miguel Gutiérrez, por una presunta falta previa de Hojlund que nadie en el club visitante alcanzó a comprender.Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, estalló ante los micrófonos de DAZN tras el pitido final: "Es algo incomentable. No hay contacto, no hay falta de Hojlund. Para mí, no se ha consultado el VAR, se ha reanudado inmediatamente. Vamos ganando 2-0 en Bérgamo y nos anulan un gol, es vergonzoso", denunció visiblemente molesto.Manna fue más allá en su crítica, vinculando la situación a una crisis estructural del arbitraje en Italia: "¿Para qué sirve el VAR? ¿Por qué no lo revisa? Es inexplicable. Es vergonzoso, nos estamos jugando la Champions. Es necesario reflexionar urgentemente". El directivo concluyó con una frase que resume el hartazgo de la entidad: "Queremos lo que es nuestro y esto no es justo, esto no es fútbol. Es una situación que no existe, Hien se tira él mismo... estamos cansados. Basta, no se puede seguir así".
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
Marcela Meléndez asumió esta semana como nueva directora de Fedesarrollo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el centro de pensamiento económico en más de cinco décadas de historia. En su primera entrevista para Mañanas Blu 10:30 tras asumir el cargo, Meléndez dejó clara una de sus principales preocupaciones: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.“Yo creo que no hay manera de que el país se ponga en una senda virtuosa de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad mientras no aborde el tema de seguridad con todas las ramificaciones que tiene”, afirmó.¿Qué relación tiene la seguridad y el crecimiento económico?Para la nueva directora, el problema de orden público no solo es un asunto de defensa o justicia, sino un obstáculo estructural para la economía. Explicó que la inseguridad impacta las finanzas públicas, la inversión privada y la productividad.Por un lado, señaló que los recursos destinados a atender la violencia se desvían de sectores clave como educación, salud e infraestructura. Por otro, advirtió sobre el efecto en las empresas: “El tema de seguridad le pega, no solo por los costos ineficientes que a veces hay que asumir para protegerse (…) sino también porque hay una incertidumbre muy grande sobre cómo se recupera la inversión que uno realiza”.Además, subrayó el impacto social de largo plazo. “Cuando tú has tenido tanta gente golpeada por la violencia y expuesta a un trauma violento, pues esas personas tienen un reto mayor que otras para engancharse en el mercado laboral”, explicó, advirtiendo que esto profundiza la desigualdad en un país ya marcado por brechas estructurales.Orden fiscal y reformas pendientesMeléndez también puso sobre la mesa los retos macroeconómicos inmediatos. Habló de la necesidad de “ordenar la casa desde lo macrofiscal” y de mantener niveles de deuda sostenibles. A su juicio, existe un desbalance entre ingresos y gastos que obligará al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles.En esa línea, fue clara sobre el debate tributario: “Creo que no” es posible que el próximo presidente gobierne sin una reforma tributaria. Más allá de aumentar o reducir impuestos, planteó que el país debe revisar la complejidad del sistema y corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.El salario mínimoEn cuanto al incremento del salario mínimo, señaló que en Colombia no funciona como un verdadero mínimo, pues cerca del 50 % de los trabajadores gana menos que ese valor. Alertó sobre los efectos colaterales de aumentos elevados, especialmente por la indexación del salario mínimo a pensiones, subsidios y vivienda de interés social.“Son grandes preguntas que hay que contestar alrededor de una decisión que no solamente es simbólica”, explicó, insistiendo en la necesidad de analizar las implicaciones fiscales y distributivas.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Una crisis de salud pública se vive este lunes 23 de febrero en San Pelayo, Córdoba, luego de que un grupo de casi 60 menores recibiera una donación por parte de unos profesores que decidieron realizar una entrega de alimentos a niños afectados por las recientes lluvias que ya dejan a más de 220.000 personas damnificadas en este departamento. Los alimentos fueron entregados durante una actividad realizada en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera, en la tarde del domingo. Como parte del menú fueron incluidos dos huevos cocidos, yuca cocida, queso y mantequilla. Sin embargo, al parecer durante el traslado, estos habrían sufrido alteraciones, lo que llevó a que más de 20 niños resultaran afectados tras su consumo. Al respecto, se está realizando un estudio para establecer una posible Enfermedad Diarreica Aguca, teniendo en cuenta que están presentando un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentación. "La comunidad dice que habría sido el queso, el causante de la intoxicación masiva. Son muchos niños, pero bueno no creemos que haya sido de mala fe", indicó Ivan Conde, un líder de la vereda. Pese a que los primeros 14 menores fueron llevados de urgencia el domingo por la noche, durante la mañana del lunes llegaron otros seis niños más, para un total de 20 menores atendidos. De estos, cuatro ya fueron dados de alta y 16 permanecen estables bajo atención médica.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de una persona presuntamente involucrada en la masacre de cuatro hombres ocurrida en el municipio de Floridablanca, en hechos relacionados con una guerra entre bandas criminales que se disputan el control del microtráfico en el área metropolitana.Las autoridades indicaron que detrás del múltiple homicidio estaría una organización delincuencial conocida como ‘La Oficina del Sur’, que mantiene una violenta confrontación con otros grupos locales por el dominio de las zonas de expendio de estupefacientes.El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que unidades especiales fueron desplegadas en los sectores más críticos de Floridablanca.“El grupo GOES de la Policía está haciendo presencia en los asentamientos humanos donde se da toda la confrontación criminal”, afirmó el oficial, al tiempo que aseguró que se reforzó la presencia policial para evitar nuevos homicidios.Las víctimas fueron halladas con múltiples heridas de bala e identificados como ‘Calvo’, ‘Álvaro’, ‘Jhonatan’ y ‘Mosco’, quienes serían presuntos ‘campaneros’ de una olla de expendio de drogas que opera en el asentamiento Villa Esperanza, en FloridablancaFuentes de la investigación revelaron que el ataque habría sido ordenado desde la cárcel La Picota en Bogotá por un recluso conocido con el alias de ‘Brayan’, quien sería uno de los cabecillas de ‘La Oficina del Sur’.Según las autoridades, las recientes acciones violentas hacen parte de una disputa entre las bandas criminales 'Los del Sur', 'Los de Pichi' y 'Los de Chorizo', que buscan controlar los puntos de microtráfico en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.La Policía confirmó que continúa el despliegue de un grupo especial de investigación criminal e inteligencia para dar con los demás responsables de este hecho que ha generado conmoción en el área metropolitana.
Isagen confirmó que ya se realizó la apertura de las compuertas del sistema de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosogamoso), debido al alto caudal generado por las fuertes lluvias que se presentan en la región.La maniobra, según la empresa, busca mantener niveles seguros en el embalse Topocoro y garantizar la seguridad de la presa Latora, ubicada en jurisdicción de Betulia, Santander.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que Isagen se vio en la obligación de abrir las compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso debido al aumento del nivel del embalse Topocoro.“El embalse alcanzó su cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar, lo que hizo necesario realizar la maniobra de apertura para garantizar la seguridad de la infraestructura”, explicó Sánchez. El funcionario agregó que la decisión también responde al crecimiento de los caudales de los ríos Suárez, Chicamocha y Fonce, que confluyen en el río Sogamoso, incrementando considerablemente el volumen de agua que llega al embalse.Isagen advirtió que, tras la apertura, se registra un incremento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa, por lo que se hace un llamado urgente a las comunidades ribereñas para que se mantengan alejadas del cauce y sigan las recomendaciones de las autoridades locales.Como no estar cerca del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas a lo largo del río Sogamoso y sobre todo evitar que los niños permanezcan solos cerca de riberas o charcos.De igual manera hizo un llamado a agricultores a no dejar pertenencias cerca de la orillas y trasladar el ganado y animales a zonas altas.Las autoridades de Gestión del Riesgo en Santander informaron que se mantiene monitoreo constante sobre los niveles del río Sogamoso y otros afluentes del departamento ante la actual ola invernal.
En un acto que se realizó frente al Palacio Municipal, Javier Sarmiento tomó posesión este lunes como alcalde designado de Bucaramanga, cargo que ejercerá hasta el próximo 14 de diciembre, cuando se realicen las elecciones atípicas convocadas para elegir al nuevo mandatario de la ciudad tras la salida de Jaime Andrés Beltrán a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por doble militancia.La posesión se llevó a cabo ante Héctor Elías Ariza, notario séptimo de Bucaramanga, y contó con la presencia del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, algunos concejales, directores de entidades descentralizadas y funcionarios de la administración municipal.En su primer pronunciamiento, Sarmiento anunció que su primera acción será convocar un consejo de seguridad metropolitano con los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija.“No es necesario hacer un consejo de gobierno municipal sino metropolitano, para cerrar las fronteras a la delincuencia. A los bandidos locales y foráneos que pretendan venir a delinquir a nuestra ciudad, mano dura, individualización y judicialización inmediata”, aseguró el mandatario.El alcalde designado agregó que también adelantará un consejo de gobierno conjunto con la Gobernación de Santander, para fortalecer el trabajo articulado con las autoridades departamentales y nacionales.“La premisa es construir sobre lo construido. Vamos a fortalecer las acciones con la fuerza pública e integrar a la sociedad para neutralizar rápidamente a los actores delincuenciales. Hago un llamado a la ciudadanía para que coopere y trabaje de la mano con las autoridades”, indicó Sarmiento.Sarmiento también se refirió a la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, uno de los principales retos de la ciudad.“El transporte público requiere soluciones que no son de corto plazo. Vamos a estructurar un proyecto con un equipo de expertos para ofrecer una solución a mediano y largo plazo. La ciudadanía necesita un sistema económico y eficiente que permita movilizarse por la ciudad”, afirmó.Finalmente, sobre posibles cambios en el gabinete municipal, el alcalde designado señaló que primero realizará un proceso de empalme y evaluación con los actuales secretarios.“Estamos conociendo al gabinete, que es muy competente y técnico. Evaluaremos si existe o no la necesidad de realizar ajustes”, puntualizó.
La primera dama de Santander, Victoria Eugenia Casallas Lozano, ha consolidado una Red de Valor Social que articula esfuerzos entre el sector público, privado y el voluntariado para transformar realidades en las zonas rurales del departamento. Su trabajo, centrado en el bienestar y la equidad, impulsa programas que fortalecen la educación, promueven el emprendimiento y fomentan el desarrollo humano sostenible.La primera dama anunció el lanzamiento de la versión 2025 de la campaña “Es Tiempo de Compartir”, una iniciativa que busca llevar esperanza y abrigo a los niños de las escuelas rurales de Santander durante la temporada navideña.El año pasado, la estrategia benefició a más de 5.000 niños de 337 escuelas rurales en 35 municipios, quienes recibieron mudas de ropa nuevas y zapatos. Este año, la meta es aún más ambiciosa: impactar otros 30 municipios diferentes y entregar más de 7.000 mudas de ropa a niños entre los 5 y 12 años, con el apoyo de empresarios, fundaciones, bancos, voluntarios y ciudadanos solidarios.“El objetivo es que cada niño de las veredas santandereanas pueda estrenar en Navidad, porque un juguete alegra el día, pero una muda de ropa transforma una familia”, expresó.A través de la estrategia ASPAS, la Red de Valor Social impulsa la mejora de escuelas rurales mediante dotación, embellecimiento y entrega de bicicletas a niños que recorren largas distancias para llegar a sus aulas.En 2025, se han intervenido instituciones educativas en Confines, Lebrija, Suaita, Chapala, Rionegro y Sabana de Torres, entre otros municipios, con el respaldo de empresas aliadas y voluntarios.ASPAS también apoya a 90 jóvenes santandereanos que viajan a Canadá a fortalecer su inglés mediante el Plan Padrino, un programa que canaliza donaciones mensuales para garantizar su sostenimiento y aprendizaje.Entre los programas destacados de la Red se encuentra “Niños de provincia al estadio”, una iniciativa que nació con el propósito de acercar a los niños rurales al deporte y los valores del trabajo en equipo, la disciplina y la superación.Con el apoyo de Indersantander y aliados privados, más de mil niños de 50 municipios han vivido la emoción de un partido profesional, convirtiendo esta experiencia en una herramienta de inspiración.Otro eje clave ha sido la implementación de aulas digitales en 15 municipios rurales, que garantiza el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, formación docente y fortalecimiento de competencias en bilingüismo, robótica y matemáticas.En alianza con la Fundación Éxito y la Secretaría de Salud, la Red lidera el Programa de Complementación Alimentaria, que beneficia a 100 madres gestantes y lactantes en Barrancabermeja con bonos nutricionales, talleres de salud mental, lactancia y alimentación.Gracias a su impacto, Santander obtuvo el tercer lugar nacional en la Lactatón, lo que permitió ampliar la cobertura a 215 madres adicionales en Piedecuesta.Asimismo, el programa “Turismo Comunitario: Rutas de Identidad” busca fortalecer la economía local y el orgullo territorial a través del turismo sostenible en Betulia, Mogotes, Matanza, Puente Nacional y Guadalupe, promoviendo la cultura y la historia como motores de desarrollo.
Una historia insólita conmovió a Colombia tras conocerse que una mujer fue grabada mientras rompía una bóveda y sacaba el ataúd de un hombre en el cementerio Sagrado Corazón, en Landázuri, Santander. El hecho, registrado por el sepulturero del lugar, se hizo viral en redes sociales y generó un profundo impacto entre los habitantes del municipio.En el video se observa a la mujer, entre lágrimas, afirmando que quería ver nuevamente a su hijo y “bañarlo”. El trabajador del cementerio, sorprendido, le preguntó: “¿Por qué hizo eso, mamá? Eso es un delito”, a lo que ella respondió con voz alterada: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”. Luego encendió una vela sobre el ataúd y pidió ayuda para cambiarle la ropa al cuerpo.El sepulturero dio aviso a las autoridades, quienes llegaron poco después al lugar. Según su testimonio, la mujer parecía estar bajo los efectos del alcohol. La Policía retiró a la mujer del sitio y posteriormente se encargó de cerrar nuevamente la bóveda afectada.¿Quién era el joven cuya tumba fue profanada?De acuerdo con medios regionales y las autoridades locales, la tumba pertenece a Diego Expedito Moreno, un joven de 19 años que murió el 24 de julio de 2025 tras ser atacado con un arma blanca en el parque principal del municipio de Cimitarra, Santander.Testigos indicaron que el agresor sería un hombre de 24 años llamado Jeferson, con quien Moreno habría sostenido una discusión que terminó en tragedia. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, la herida en el tórax resultó mortal.Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la mujer involucrada en la profanación. Algunas versiones aseguran que se trataba de la madre del joven, mientras que otras sostienen que era su pareja sentimental.Profanar una tumba es un delito en ColombiaEl inusual suceso ha causado indignación y debate entre los colombianos, no solo por la escena registrada, sino también por el componente emocional detrás del acto. Sin embargo, profanar una tumba constituye un delito contemplado en el Artículo 204 del Código Penal colombiano, que castiga a quien “violare sepulturas o profanare cadáveres” con penas de prisión.Mientras la comunidad de Landázuri sigue conmocionada, la Fiscalía avanza en la investigación para determinar la responsabilidad legal de la mujer y esclarecer las circunstancias que la llevaron a actuar de esa manera.La historia de Diego Expedito Moreno, marcada por una muerte violenta y un acto desesperado posterior, volvió a sacudir la tranquilidad de este municipio santandereano y dejó en evidencia el profundo dolor que puede llevar a alguien a cruzar los límites de la ley.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.