Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Danilo Chavarro Chavarro en entrevista con Conducta Delictiva Podcast, entregó su versión sobre el intento de feminicidio por el que hoy paga una condena de 16 años, un mes y 15 días de prisión. El hombre reconoció que la relación estuvo marcada por los celos, el control y la violencia. La historia comenzó en Boyacá, cuando él, 21 años mayor que la joven, la conoció mientras promocionaba la carrera musical de su hijo. Tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió por casi siete años y de la que nacieron dos hijos.Durante ese tiempo, según su propio testimonio, hubo episodios de infidelidad, discusiones constantes y comportamientos posesivos. Chavarro calificó su actitud como un “machismo extraño” y admitió que la relación se deterioró progresivamente. La situación escaló en Semana Santa de 2023, cuando rompió los vidrios de la vivienda de su expareja en medio de un ataque de ira y luego la vio con otro hombre. Para entonces, la mujer ya contaba con una medida de protección y existían procesos activos en comisarías de familia.Pese a esas restricciones, el acoso continuó. Chavarro confesó haber enviado más de 200 mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas. “Mire, la voy a matar, llévenla... por favor les decía yo, en un mes se me va a pasar la tontada, llévenla”, relató. Días después, el 18 de abril de 2023, tras una audiencia judicial en la que fue sancionado económicamente por amenazas, aseguró que tomó la decisión de atentar contra ella. “Ese día yo salí hecho un demonio... dije: ‘Hoy compro, hoy acabo con esa mujer’”, afirmó, al explicar que vendió equipos de sonido para adquirir un revólver por tres millones de pesos.El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la noche, en el norte de Bogotá, cuando la víctima salía de una cantina. “Me bajo de ese carro, la llamo por su nombre y le doy tres impactos”, describió sobre el momento en que disparó. Tras el hecho, se retiró unos metros con la intención de ser capturado, convencido de que ella había muerto. No obstante, la rápida reacción de la Policía y el traslado inmediato a un centro asistencial permitieron salvarle la vida, aunque quedó con secuelas físicas permanentes.Cuatro meses después de los hechos, la mujer lo visitó en prisión y, según contó el propio condenado, le otorgó su perdón en presencia de sus hijos. Actualmente mantienen contacto telefónico y, de acuerdo con Chavarro, trabajan en una iniciativa para promover la prevención de la violencia de género y el respeto por las decisiones de pareja, mientras él continúa cumpliendo su condena en el centro penitenciario.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
La Contraloría General de la República acompañó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el segundo simulacro nacional de preconteo, como parte de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. En la jornada participaron cerca de 19.000 personas, además de misiones de observación, delegados de partidos políticos y auditoría internacional, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y fortalecer los procesos electorales.Durante la actividad, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez afirmó que Colombia cuenta con un sistema electoral ‘confiable, sólido y robusto’ y resaltó el trabajo de la Registraduría bajo la dirección del registrador nacional del Estado Civil.“Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una Registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente, es muy importante toda la confluencia que exista por parte de las diferentes entidades del Estado en torno a rodear este proceso electoral, teniendo en cuenta algo de que el proceso electoral no es responsabilidad únicamente del Registrador Nacional ni la Registraduría, es responsabilidad de todos los colombianos y sobre todo de quienes de una u otra manera por alguna circunstancia ostentamos responsabilidades públicas”, aseguró.Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de realizar una mesa técnica entre la Registraduría, el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y demás instituciones del Estado, para exponer inquietudes, identificar dificultades y dar respuestas oportunas en el marco del proceso electoral.
'El Cantante' se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la salsa y en la canción que mejor representó la voz de Héctor Lavoe durante su carrera. Aunque muchos lo asocian directamente con el cantante puertorriqueño, este tema fue compuesto originalmente por Rubén Blades, cantautor panameño con trayectoria propia en la música latina. La canción surgió en 1978 y fue incluida en el álbum Comedia, un trabajo en el que Lavoe buscaba consolidar un regreso artístico tras un periodo difícil en su vida y carrera. Blades escribió la letra pensando en la vida personal y profesional de un intérprete, describiendo los retos de presentarse en el escenario y la dualidad entre la figura pública y la persona detrás de la fama. ¿Por qué Héctor Lavoe interpretó 'El Cantante'?Aunque Rubén Blades tenía intenciones de interpretar El Cantante por sí mismo, la canción terminó en manos de Lavoe por decisión del productor Willie Colón, quien trabajaba con Lavoe en ese momento. Colón, figura influyente dentro del sello Fania Records, reconoció que la letra y el mensaje del tema encajaban de forma orgánica con la trayectoria y estilo de Lavoe. Por esa razón solicitó a Blades la cesión de la canción para que Lavoe fuera quien la interpretara. La idea de ceder el tema obedeció tanto a consideraciones musicales como a una estrategia para fortalecer la carrera de Lavoe, que en ese momento enfrentaba desafíos personales. Blades aceptó entregar la canción, con la convicción de que 'El Cantante' resonaría de manera más auténtica en la voz de Lavoe. El papel de Willie Colón en el éxito de 'El Cantante'Willie Colón no solo fue productor del álbum Comedia, sino también uno de los artífices del contexto en el que la canción se consolidó como un clásico, pues entendió que la letra escrita por Blades sobre la vida del intérprete, combinada con la voz de Lavoe, podía transformarse en un sello distintivo dentro de la salsa. Como resultado, 'El Cantante' destacó en las emisoras y entre el público, marcando un punto clave en la carrera de Lavoe y en la historia del género.Aunque no existió un conflicto abierto entre los autores sobre la canción, sí hubo un proceso de negociación y decisión artística, Blades aceptó ceder los derechos de interpretación, y la producción de Colón aseguró que el tema se convirtiera en la pieza principal del álbum. Además, 'El Cantante' no solo se convirtió en el tema insignia de Lavoe, sino en una de las canciones más representativas de toda la salsa, con reconocimiento internacional y presencia constante en eventos y playlists de música latina. Muchos consideran que, sin el impulso de Colón y la interpretación de Lavoe, el tema no habría tenido el mismo impacto cultural.
Una discusión por una mascota terminó en un caso que, 13 años después, sigue generando cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en Playa del Carmen, en México. Roberto quedó con cuadriplejia tras un ataque ocurrido el 20 de enero de 2013, luego de reclamarle a una vecina porque sus perros ingresaron sin correa a su vivienda y orinaron en el interior.Según el relato del afectado en Pepe y Chema Podcast, los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la mañana, cuando decidió confrontar a María Fernanda, residente de la casa 29 del mismo conjunto residencial, por el incumplimiento de las normas de convivencia. Roberto había sido administrador del condominio durante cuatro años y asegura que el trato con la mujer y su familia era únicamente cordial y “diplomático”. Sin embargo, tras el reclamo, la situación escaló cuando ella alertó a su esposo, Rodrigo Galán, quien ingresó a la propiedad armado con un dispositivo de descargas eléctricas tipo taser.De acuerdo con la víctima, fue inmovilizado con una descarga en el pecho y, una vez en el suelo, recibió múltiples golpes. En medio de la agresión, Roberto asegura que escuchó a la mujer gritarle a su esposo: “¿ya lo mataste o qué o ya lo matamos?”. Un golpe en la nuca le provocó fracturas en las vértebras cervicales C3 y C4, generándole una lesión medular irreversible que lo dejó sin movilidad en brazos y piernas.El proceso judicial, según denuncia la familia, ha estado marcado por irregularidades. La Fiscalía local informó en su momento que el video de seguridad que registraba el ataque, y que había sido entregado como prueba, se había “perdido” dentro de sus instalaciones. Además, el caso fue tipificado inicialmente como lesiones calificadas y no como intento de homicidio, lo que permitió que los señalados enfrentaran el proceso en libertad.Aunque hace un año y medio se emitió una sentencia que condena a Rodrigo Galán a 10 años y un mes de prisión, además del pago por reparación del daño, el hombre continúa en libertad mientras se resuelven recursos de amparo interpuestos por su defensa. Desde Ciudad de México, donde reside actualmente, Roberto enfrenta los altos costos médicos derivados de su condición, a la espera de que el fallo judicial quede en firme.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Un trágico accidente se registró en el kilómetro 10 de la vereda Capilla Baja, en la vía Bucaramanga–Matanza, donde un operario de maquinaria amarilla murió mientras realizaba trabajos de remoción de tierra para habilitar la carretera.La víctima fue identificada como Jinedes Elías Otero Díaz, de 30 años, quien trabajaba para una empresa contratista de Bucaramanga y residía en el municipio de Piedecuesta.De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hombre realizaba la limpieza del material que había caído sobre la carretera cuando, de manera repentina, se produjo un nuevo deslizamiento en la parte alta de la zona.“En medio de la labor se produjo un deslizamiento de tierra que cayó sobre la máquina. La persona se lanzó, siendo alcanzada por las piedras”, señaló la Policía en el reporte oficial.Compañeros de trabajo acudieron de inmediato para auxiliarlo y lograron rescatarlo, pero ya no presentaba signos vitales.El deslizamiento ocurrió en un punto crítico donde las lluvias recientes han generado inestabilidad del terreno. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y verificar las condiciones de seguridad en las labores adelantadas.La vía registró cierre parcial mientras organismos de emergencia atendían la situación.En Santander varios municipios están emergencia por cuenta de las lluvias, una de las más graves en el sur del departamento es la afectacción de la Transversal del Carare donde una falla geológica que se agrabó por el invierno acabó con buena parte de la carretera. Allí, la Gobernación de Santander decretó la calamidad pública tras un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.La decisión, según explicó el mandatario, busca habilitar mecanismos extraordinarios que permitan gestionar recursos del orden nacional para enfrentar una afectación que compromete cerca de seis kilómetros de vía, en un sector donde la montaña continúa desplazándose.El gobernador Díaz Mateus explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.
Los empresarios del sector turístico en San Gil, Santander, expresaron su preocupación por la reducción del presupuesto destinado al turismo para 2026, una decisión que, aseguran, podría profundizar la caída de visitantes al municipio, considerado uno de los principales destinos del sur del departamento.Mientras en 2025 el presupuesto para turismo fue de $482 millones, para 2026 la cifra aprobada se reduce a $467 millones, lo que representa una disminución de entre el 7% y el 9%, según cálculos de los gremios.Uno de los puntos que más inquieta al sector es la drástica reducción en los recursos destinados a capacitaciones y educación informal turística. La directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, Carmen Álvarez, explicó que este recorte impacta directamente la profesionalización y fortalecimiento del gremio.“En el servicio de educación informal en asuntos turísticos, que es una de las metas más importantes para trabajar de la mano con el empresariado, este año nos habían dejado $11 millones. Para 2026 solo quedaron $100, que correspondían a ese proceso de capacitaciones”, señaló Álvarez.La disminución del presupuesto también afecta la promoción del destino, un rubro fundamental para atraer visitantes. En 2025 se destinaron $95 millones para esta labor, pero en 2026 el monto aprobado es de solo $59 millones.Para Natalia Salinas, integrante de la junta directiva de Fenalco Sur de Santander, la situación deja al municipio sin herramientas para competir como destino turístico.“Reducir el presupuesto entre un 7% y un 9% significa que el dinero que queda es solo para gastos de funcionamiento. Queda cero para inversión, cero para promoción, cero para encaminar a nuestro municipio a que lleguen más turistas. Nuevamente los empresarios quedamos haciendo los esfuerzos solos”, afirmó.Salinas también cuestionó la ausencia de estrategias claras por parte de la administración municipal.“Queremos saber qué razones llevaron a tomar esta decisión y qué proyectos se van a gestionar afuera si aquí no hay recursos. Necesitamos promoción del destino y no vemos ninguna luz verde”, agregó.El gremio del turismo recordó que la reducción de visitantes ya se evidencia en las cifras del Parque Gallineral, uno de los principales atractivos del municipio. Entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2023, ingresaron 72.350 personas, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra cayó a 61.377, es decir, casi 11.000 visitantes menos.Ante este panorama, los empresarios y representantes del sector hicieron un llamado a la administración municipal para que implemente campañas de promoción turística y estrategias que permitan recuperar la llegada de viajeros al municipio.
Bucaramanga enfrenta una alerta silenciosa: una de cada cinco personas evaluadas presenta riesgo de sufrir un infarto, una arritmia, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular en los próximos diez años.Así lo revelan los resultados preliminares del estudio EVIDE, una investigación que adelanta la Universidad Manuela Beltrán (UMB), seccional Bucaramanga, para dimensionar el impacto real de estas patologías en la ciudad y orientar acciones que permitan reducir la mortalidad asociada.La enfermedad cardiovascular continúa siendo la segunda causa de muerte en Bucaramanga. Solo en 2023, la tasa ajustada alcanzó 120,9 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.Ante este panorama, el equipo liderado por la docente investigadora Yohana Cabrera, del Programa de Enfermería, desarrolla un análisis detallado de los estilos de vida y factores que podrían desencadenar complicaciones cardiacas en la próxima década.El estudio contempla la evaluación de 422 adultos representativos por sexo y edad, seleccionados a partir de datos del DANE. La recolección de información se divide en dos frentes: la mitad de los participantes son valorados en parques y zonas concurridas, y el resto en las sedes de la Red Primaria de Salud de Bucaramanga.Desde septiembre, 181 personas han sido examinadas y los hallazgos generan preocupación: el 20% presenta riesgo cardiovascular moderado, alto o extremadamente alto.Cómo se calcula el riesgoCada voluntario pasa por dos fases. La primera inicia con un cuestionario de hábitos de vida y datos sociodemográficos. Luego, el equipo realiza mediciones de composición corporal, masa visceral, masa muscular, edad corporal, presión arterial, perímetro abdominal, peso y talla.Con estos parámetros se calcula la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, utilizando la Tabla de Riesgo Cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud (2019).Quienes presentan riesgo alto o extremo son remitidos de inmediato a personal médico para tamizaje. Los voluntarios con riesgo bajo o moderado reciben recomendaciones y orientación preventiva.Educación y seguimientoEn la segunda fase, la UMB elaborará una cartilla digital de estilo de vida saludable basada en evidencia científica. Además, las personas con riesgo elevado tendrán acompañamiento más personalizado para impulsar cambios sostenidos en sus hábitos.El objetivo es completar las 422 valoraciones antes de abril de 2026 y presentar los resultados finales a mitad del mismo año.Convocatoria abiertaLa Universidad Manuela Beltrán mantiene abierta la participación ciudadana. Los requisitos son: ser mayor de 18 años, vivir en Bucaramanga y no tener diagnóstico previo de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Se excluyen mujeres embarazadas y personas con dispositivos implantados como marcapasos.Quienes deseen más información o agendar una valoración pueden escribir al correo yohana.cabrera@docentes.umb.edu.co o acercarse directamente a la sede de la UMB en Bucaramanga.
La Policía de Santander capturó a dos hombres implicados en el hurto de $25 millones y un vehículo a un ciudadano que había sido citado en zona rural de Moniquirá, Boyacá, para concretar la supuesta venta de un carro ofrecido por redes sociales.El hecho ocurrió cuando la víctima, un joven de 32 años, llegó al punto acordado y fue abordada por cinco hombres que lo intimidaron, le quitaron el dinero en efectivo y escaparon en el vehículo que supuestamente planeaban comprar.Tras el hurto, la víctima logró llegar a la estación de Policía de Moniquirá, donde inmediatamente se activó un “Plan Candado” en coordinación con las unidades policiales del departamento de Santander. Gracias a este despliegue, el vehículo hurtado fue ubicado en jurisdicción de Barbosa, donde fueron capturados dos hombres que se movilizaban en él.Según explicó el coronel Gustavo Henao Sáenz, subcomandante de la Policía de Santander, el operativo permitió no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la recuperación de parte del dinero.“Logramos la captura de dos personas en jurisdicción de Barbosa, así como la recuperación de $5.799.000 y la inmovilización del vehículo. Esto se dio gracias a la reacción inmediata tras la denuncia presentada en Moniquirá”, informó el oficial.Los dos capturados fueron reconocidos por la víctima como parte del grupo que cometió el hurto. Tanto ellos como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el trabajo articulado entre los departamentos de Boyacá y Santander.“La información oportuna y el despliegue coordinado nos permitieron cerrarles el paso a los delincuentes. En Santander no hay refugio para los criminales”, aseguró.La Policía Nacional informó que continúa la investigación para identificar y capturar a los otros tres hombres involucrados en el caso.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.