Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de febrero de 2026:Se debatió sobre: ¿El uso de animales para el transporte turístico es tradición cultural o maltrato animal? Se mencionaron casos como la prohibición del transporte en elefantes en Tailandia y el reemplazo de coches de caballos por vehículos eléctricos en Cartagena, resaltando el bienestar animal y la responsabilidad del turismo.Como tema central se habló sobre turismo y filantropía en Quimbaya, Quindío. Liliana Ospina, creadora de Casa de los Sueños Colombia, explicó cómo su proyecto de hospedaje integra impacto social, apoyo a la educación rural, generación de empleo y fortalecimiento de la comunidad campesina a través del turismo responsable.En ‘Recomendado’, se destacó Tampa Bay, Florida, como un destino ideal para viajeros colombianos. Se resaltaron sus paseos urbanos, parques frente al río, oferta gastronómica, actividades al aire libre y su conectividad, posicionándola como base estratégica para vacaciones y grandes eventos deportivos.En ‘Cinema Travel’, se enfatizó en el documental Epic sobre Elvis Presley, se explicó cómo esta producción remasteriza conciertos inéditos del artista y conecta cine y turismo con destinos como Las Vegas y Hawái, resaltando su importancia cultural y turística.En ‘El mundo a la carta’, se mencionó Finlandia, Quindío. Se descubrió el restaurante José Fernando, que propone un recorrido gastronómico por Colombia con cocina al vacío, productos locales y platos insignia como la canilla de cerdo, uniendo arquitectura tradicional y alta cocina.En ‘Paisaje sonoro’, se viajó al fondo del mar en La Parguera, Puerto Rico. A través del sonido de la respiración en el buceo, se destacó esta experiencia como una forma de conexión con la naturaleza, manejo del estrés y turismo de aventura consciente.
Una discusión por una mascota terminó en un caso que, 13 años después, sigue generando cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en Playa del Carmen, en México. Roberto quedó con cuadriplejia tras un ataque ocurrido el 20 de enero de 2013, luego de reclamarle a una vecina porque sus perros ingresaron sin correa a su vivienda y orinaron en el interior.Según el relato del afectado en Pepe y Chema Podcast, los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la mañana, cuando decidió confrontar a María Fernanda, residente de la casa 29 del mismo conjunto residencial, por el incumplimiento de las normas de convivencia. Roberto había sido administrador del condominio durante cuatro años y asegura que el trato con la mujer y su familia era únicamente cordial y “diplomático”. Sin embargo, tras el reclamo, la situación escaló cuando ella alertó a su esposo, Rodrigo Galán, quien ingresó a la propiedad armado con un dispositivo de descargas eléctricas tipo taser.De acuerdo con la víctima, fue inmovilizado con una descarga en el pecho y, una vez en el suelo, recibió múltiples golpes. En medio de la agresión, Roberto asegura que escuchó a la mujer gritarle a su esposo: “¿ya lo mataste o qué o ya lo matamos?”. Un golpe en la nuca le provocó fracturas en las vértebras cervicales C3 y C4, generándole una lesión medular irreversible que lo dejó sin movilidad en brazos y piernas.El proceso judicial, según denuncia la familia, ha estado marcado por irregularidades. La Fiscalía local informó en su momento que el video de seguridad que registraba el ataque, y que había sido entregado como prueba, se había “perdido” dentro de sus instalaciones. Además, el caso fue tipificado inicialmente como lesiones calificadas y no como intento de homicidio, lo que permitió que los señalados enfrentaran el proceso en libertad.Aunque hace un año y medio se emitió una sentencia que condena a Rodrigo Galán a 10 años y un mes de prisión, además del pago por reparación del daño, el hombre continúa en libertad mientras se resuelven recursos de amparo interpuestos por su defensa. Desde Ciudad de México, donde reside actualmente, Roberto enfrenta los altos costos médicos derivados de su condición, a la espera de que el fallo judicial quede en firme.
El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse la muerte del legendario salsero Willie Colón el 21 de febrero de 2026. La familia del artista confirmó su fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales, señalando que ocurrió de manera tranquila y rodeado de sus seres queridos.Colón fue reconocido como una figura icónica dentro de la salsa, especialmente por su trabajo como trombonista, vocalista, compositor y productor, y por haber contribuido a dar forma a un sonido distintivo dentro del género desde finales de la década de 1960.El último concierto de Willie ColónEn sus últimas semanas de vida, Willie Colón había ofrecido un concierto que muchos seguidores recuerdan como uno de sus shows más emotivos. Su presentación final se realizó en San Juan, Puerto Rico, durante el espectáculo Idilio Sinfónico, el 9 de agosto de 2025. En ese escenario, Willie Colón dirigió un mensaje al público que hoy cobra especial relevancia: “Este puede ser mi último concierto (…) quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias”.En ese evento, realizado meses antes de su muerte, el artista se dirigió al público con palabras que hoy resuenan entre sus fans, planteando la posibilidad de ese concierto como su último sobre un escenario.En un discurso durante esa presentación, reconoció la conexión con su público y agradeció por el acompañamiento a lo largo de su carrera, señalando de forma reflexiva que ese momento podía marcar una despedida de las giras según su estado de salud.Aunque el concierto no fue anunciado inicialmente como su despedida definitiva, el mensaje que dejó en ese escenario es recordado tras su muerte y se considera significativo dentro de su historia musical.Causa del fallecimiento y confirmación familiarHasta ahora, no existe una declaración oficial sobre la causa específica de la muerte, pero versiones periodísticas señalan que en los últimos años el músico enfrentó complicaciones de salud relacionadas con problemas respiratorios y efectos de un accidente anterior.La confirmación del deceso se realizó a través de un mensaje de la familia publicado en la cuenta del artista, en el que se describió su partida como pacífica y rodeada de afecto. En el aviso, también se solicitó respeto por el momento de duelo.¿Quién era Willie Colón?Willie Colón nació en El Bronx, Nueva York, en 1950, de padres puertorriqueños. Desde joven se involucró en la música y fue parte central del movimiento salsa surgido en Estados Unidos, fusionando ritmos afrocaribeños con jazz y otros géneros.Colón grabó numerosos álbumes exitosos, entre ellos trabajo junto a Héctor Lavoe y colaboraciones con otros artistas claves de la salsa. Su impacto se extendió por décadas, influenciando tanto a músicos como a aficionados de la música latina alrededor del mundo.Más allá de su labor artística, también fue considerado un referente cultural capaz de encarnar la identidad latinoamericana y de llevarla a escenarios globales.
La muerte de un multimillonario empresario británico del sector de la moda digital tiene en alerta a las autoridades, luego de que fuera encontrado sin vida tras caer desde el piso 17 de un edificio residencial.Se trata de Quentin Griffiths, cofundador de la reconocida firma de comercio electrónico ASOS, quien falleció en la ciudad costera de Pattaya, en Tailandia. Su cuerpo fue hallado el pasado 9 de febrero frente a un complejo de apartamentos situado a unos 150 kilómetros de Bangkok. La Policía confirmó su identidad días después y desde entonces mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la caída.De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el empresario se encontraba solo dentro de su vivienda en el momento del incidente. Las autoridades indicaron que la puerta del apartamento estaba cerrada desde el interior y no había señales evidentes de violencia ni indicios de robo. Este escenario ha dificultado establecer una hipótesis concluyente, por lo que los investigadores no descartan ninguna posibilidad mientras esperan los resultados de las pruebas forenses.Fuentes cercanas al caso señalaron que el fallecimiento ocurre en medio de un complejo panorama personal y judicial. En el último año, Griffiths había enfrentado acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y conflictos legales con su exesposa, quien lo denunció por supuesta falsificación de documentos y manejo indebido de activos compartidos. Aunque el empresario negó las acusaciones, las investigaciones seguían en curso.La trayectoria de Griffiths estuvo marcada por el éxito empresarial. En el año 2000, junto a Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe, creó una plataforma pionera en la venta de ropa por internet, que con el tiempo se consolidó como una de las compañías más influyentes del sector. En su mejor momento, la empresa alcanzó una valoración superior a los 8.000 millones de dólares y expandió su presencia a más de 150 mercados internacionales.Aunque Griffiths se retiró de la compañía en 2005, continuó desarrollando nuevos proyectos, entre ellos la cofundación de Achica, un minorista enfocado en productos de lujo. Además, obtuvo importantes ganancias tras la venta de acciones en años posteriores, lo que consolidó su fortuna.El empresario se había radicado en Tailandia desde 2007, donde reconstruyó su vida personal y formó una nueva familia. Sin embargo, su fallecimiento ha dejado más preguntas que respuestas. Personas cercanas al caso han descrito el hecho como “un verdadero misterio”, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones que podrían esclarecer qué ocurrió en los últimos momentos de uno de los pioneros de la moda digital.
Dos de los 17 heridos en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves, murieron este sábado en el hospital al que habían sido trasladados, tragedia que elevó a seis las víctimas mortales, informaron fuentes médicas.La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Un grave caso de inseguridad fue denunciado por el ciudadano Jhon Fernando Ramos, quien relató que su hermano, estudiante del Sena en Floridablanca, fue víctima de un violento ataque con arma blanca cuando se dirigía a clases en la madrugada del pasado lunes.El hecho ocurrió hacia las 5:30 a.m., a pocos metros de la sede educativa, en un sector que, según la comunidad, se ha convertido en un corredor crítico por la presencia de habitantes de calle y delincuentes.Ramos narró que su hermano caminaba hacia el centro de formación cuando fue abordado por un hombre que aparentaba ser habitante de calle y que le pidió una moneda. Ante la negativa, el agresor sacó una navaja y lo amenazó.“Mi hermano se asusta y en ese momento el hombre le tira una apuñalada. No logra herirlo de lleno en el primer intento, pero le rasguña el brazo. Mi hermano intenta zafarse y en ese momento le hace otro lance y lamentablemente le pega una apuñalada en el cuello”, contó.La herida no fue profunda gracias a que el impacto dio contra el botón de la camisa, lo que evitó una lesión mayor. Sin embargo, el joven tuvo que ser trasladado a un hospital, donde recibió puntos de sutura. Su familia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía.El hecho ocurrió en un punto donde confluyen tres instituciones educativas: el Sena, la Universidad Santo Tomás y un colegio aledaño. Según Ramos, desde hace semanas los estudiantes y vecinos han alertado sobre la presencia constante de consumidores, habitantes de calle y presuntos delincuentes que merodean la zona.El denunciante señala como foco principal de inseguridad el abandonado edificio del sistema de transporte Metrolínea, conocido como el “elefante blanco del Papi Quiero Piña”, ubicado justo al frente de estas instituciones.“Desde hace un mes vienen saqueando todo lo que quedó ahí. Eso se volvió un foco de inseguridad gigantesco. El habitante de calle, el delincuente común, recicladores y extranjeros que vienen a delinquir atraviesan la autopista como Pedro por su casa, llegan a la zona del Sena, cogen la quebrada, cargan y descargan cosas”, explicó.Ramos asegura que no es el primer caso. Un vigilante de la Universidad Santo Tomás les informó que hace 15 días una estudiante también fue intimidada con un cuchillo y despojada de sus pertenencias.Aunque reconoce que la denuncia ante la Fiscalía podría no avanzar por falta de cámaras o material probatorio, insiste en que es necesario “dejar el precedente” y evitar que otro estudiante resulte gravemente herido.La comunidad pide patrullajes permanentes, intervención del edificio abandonado y acciones efectivas para recuperar la seguridad en este corredor educativo que, según ellos, está “totalmente vulnerable”.Por ahora, el joven atacado se recupera en casa, mientras su familia espera respuestas institucionales para prevenir nuevas agresiones.
La Clínica Foscal encendió las alarmas por la crítica situación financiera que enfrenta, debido a la millonaria deuda acumulada por la Nueva EPS, que asciende a $420.000 millones. A través de una circular enviada al interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, la institución médica advirtió que, sin un flujo mínimo de recursos, no será posible garantizar la continuidad de los servicios para miles de usuarios en Santander y otros departamentos.El director de la Foscal, Jorge Ricardo León, explicó que la clínica está asumiendo la atención de usuarios de la Nueva EPS provenientes de departamentos donde los servicios están cerrados, como Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare, además de varias clínicas en Bogotá y Bucaramanga. Esto ha llevado a que la carga asistencial recaiga de manera desproporcionada sobre la institución.Actualmente, la Foscal atiende 600 pacientes hospitalizados de la Nueva EPS, además de entre 50 y 60 personas en urgencias y un promedio de 1.000 usuarios diarios en servicios ambulatorios. De sus 800 camas disponibles, el 80% está ocupado por afiliados de la Nueva EPS.León señaló que, pese a que la clínica factura alrededor de $70.000 millones mensuales, los giros enviados por la Nueva EPS han sido insuficientes: $11.000 millones en septiembre, $11.000 millones en octubre y $18.000 millones en noviembre, frente a una facturación acumulada de $130.000 millones en ese periodo.“Estamos llegando a unos niveles de deuda muy altos y necesitamos flujos de caja. Si facturamos $70.000 millones y nos giran $20.000 millones, no somos capaces de sostenernos. No hemos cerrado servicios, pero solo podremos continuar si llegan los recursos necesarios”, afirmó el director.León aseguró que la clínica no busca confrontar al Gobierno ni generar alarma social, pero insistió en la urgencia de que se garanticen giros mensuales de mínimo $60.000 a $70.000 millones para sostener la operación y mantener la atención de alta complejidad que hoy presta a usuarios de seis departamentos.La Foscal reiteró que seguirá siendo solidaria con el Gobierno en el proceso de reorganización de la Nueva EPS, pero advirtió que sin los recursos adecuados “no será posible mantener la atención” en las actuales condiciones de sobrecarga asistencial y cartera en mora.
La Transversal del Carare, ubicada en el sur del departamento de Santander, cumplió un mes en emergencia tras el colapso de seis kilómetros de carretera. Una remoción en masa, que también afectó 600 hectáreas de predios campesinos, arrasó con ese importante eje vial de la región.Un mes después, la Gobernación de Santander declaró la calamidad pública en al menos 16 municipios para atender y solicitar recursos ante el Gobierno nacional.“Es una afectación que nosotros no podemos solucionar, son seis kilómetros de vías que afecta a muchas familias. Yo creo que el tramo requiere mucho dinero y tiempo en solucionarlos, hay es que habilitar las vías alternas. Por eso, inicialmente, se necesitan 50.000 millones de pesos”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.El mandatario explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.En las últimas horas se realizó un consejo de Gestión del Riesgo para analizar y revisar la situación actual por la emergencia en la Transversal del Carare.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.La Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.
En el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Lina Patricia Peñaranda, confirmó que, "en lo que va del año, se han registrado 13 feminicidios en el departamento"."Aunque la cifra representa una leve reducción frente a los 17 casos de 2024, hay que seguir trabajando para bajar esta cifra a 0", indicó Peñaranda.Entre los municipios más afectados por la violencia contra la mujer figuran Barrancabermeja, Floridablanca, Bucaramanga, Landázuri, Puerto Wilches y Sabana de Torres, territorios donde se han registrado varios episodios de feminicidio y agresión de género. Dichas zonas están en el foco de las campañas de prevención y activación de nuevos programas para evitar más tragedias, por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento.Uno de los casos más sonados fue el de Rosa Ofelia Malagón, de 61 años, victima de feminicidio, en el barrio La Victoria de Bucaramanga, por parte de su expareja un hombre de 74 años, quién la atacó con un cuchillo y le propinó al menos diez puñaladas.Otro caso que causó indignación fue el crimen de Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, asesinada con arma blanca mientras dormía en su vivienda del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. El responsable fue su compañero sentimental.En Rionegro, el 23 de marzo, Sindy Gutiérrez fue sacada de su casa por hombres armados y asesinada en plena vía pública, un caso que sigue bajo investigación judicial.El 25 de mayo, en Landázuri, fue asesinada Sonia Jazmín Peña, quien intentaba retirar sus pertenencias tras terminar una relación. Su expareja la atacó con un arma blanca, convirtiéndose en el tercer feminicidio en ese municipio en lo que va del año.En Bucaramanga, dos mujeres resultaron heridas tras ser atacadas con armas traumáticas. María Alejandra Cabezas Cordero, de 22 años, recibió un disparo en el pómulo izquierdo, mientras que Carla María Ríos Díaz, de 24, fue impactada en el tórax. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con disputas criminales, pues Cabezas sería pareja de alias Renzo, integrante de la banda Los AK-47.De acuerdo con datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y de la Fundación Mujer y Futuro, Santander registra este año los feminicidios siguen aumentando y una mujer es asesinada cada 24 días.3.476 denuncias de violencia intrafamiliar en nueve mesesUn caso cada 2 horas, 497 denuncias de violencia sexual: un caso cada 12 horas y 62,8% de las víctimas no denuncia, por miedo o falta de garantías.Johana Durán, directora de la Fundación Mujer y Futuro, advirtió que las cifras siguen ubicando a Santander como uno de los departamentos con mayor incidencia de feminicidios en el país.“Cada feminicidio es una vida truncada y un llamado urgente a fortalecer la protección de las mujeres. La respuesta institucional sigue siendo insuficiente”, sostuvo.La Gobernación de Santander anunció la intensificación de campañas en los municipios priorizados, articulación con la Fiscalía y la Policía, y acompañamiento a mujeres en riesgo.La Secretaría de la Mujer indicó que se reforzarán las rutas de atención y se activarán nuevas acciones comunitarias para prevenir agresiones.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.