Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en varias regiones de México tras un operativo de fuerzas federales que habría terminado con la vida del líder criminal. La situación derivó en bloqueos simultáneos, quema de vehículos y ataques coordinados en al menos seis estados del país. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, integrantes del crimen organizado instalaron retenes ilegales e incendiaron automotores en vías estratégicas de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de obstaculizar el despliegue de las autoridades. Esta modalidad, utilizada anteriormente por estructuras del CJNG, busca generar presión operativa y sembrar temor entre la población civil. Uno de los puntos más críticos se registró en el municipio de Tapalpa, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó enfrentamientos armados y anunció la activación del “código rojo” para reforzar la presencia de la Fuerza Pública. En Guanajuato también se reportaron incendios en establecimientos comerciales, entre ellos farmacias y tiendas de conveniencia. En Morelia, las autoridades suspendieron temporalmente el transporte público y las salidas de autobuses como medida preventiva.Imágenes difundidas en redes sociales evidencian columnas de humo y vehículos calcinados atravesados en carreteras de distintas entidades. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se mantiene el despliegue federal para controlar los focos de alteración del orden público. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas mientras continúan los operativos.Frente a este panorama, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la ola de violencia.En un comunicado publicado en sus redes sociales, la delegación diplomática señaló: “Debido a las operaciones de seguridad en curso en varios estados, así como a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada, los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse en los lugares mencionados hasta nuevo aviso”.La embajada precisó que las zonas afectadas incluyen el estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Tamaulipas (incluido Reynosa y otros municipios), áreas del estado de Michoacán, así como los estados de Guerrero y Nuevo León.Asimismo, recomendó a sus ciudadanos: estar atentos a su entorno; evitar las áreas cercanas a la actividad policial; buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios; monitorear los medios locales para actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911; evitar las multitudes; y mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado a través de llamadas, mensajes de texto y redes sociales.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en varias zonas del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño tras la aparición en varios puntos públicos, especialmente vías, de vallas y otros elementos de propaganda del Clan del Golfo.Según la Séptima División del Ejército, el material se intentó ubicar en localidades como Santo Domingo, San Carlos y el municipio de Rionegro.En este último municipio, las autoridades intervinieron contra dos hombres que pertenecerían a la subestructura Gener Morales cuando intentaban instalar en la vereda Mampuesto una pancarta alusiva a Oliverio Isaza, cabecilla del grupo criminal abatido hace un año.En el procedimiento incautaron 79 dosis de estupefacientes, dos pancartas, una motocicleta, tres celulares y más de 1.5 millones de pesos en efectivo. "Estos individuos, no solamente se les decomisó publicidad alusiva al grupo armado organizado, sino sustancias psicoactivas y una motocicleta, los cuales están siendo puestos a disposición de nuestra Fiscalía para su debida judicialización", dijo Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.Estas acciones estarían relacionadas con la conmemoración por parte del grupo ilegal del primer año de la muerte de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, quien fue abatido en un operativo de la fuerza pública en Puerto Triunfo junto a otros cinco hombres de su estructura.
A pesar de que cerca del 30 % de los 125 municipios de Antioquia presentan niveles extraordinario y relevante de riesgo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no contempla el traslado de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026.La decisión se conoció durante el desarrollo del Comité Departamental de Seguimiento Electoral con la Gobernación de Antioquia, que avanza en diferentes subregiones con el fin de evaluar las condiciones de seguridad, logística y coordinación institucional.Según el índice de riesgo electoral, 11 municipios del departamento están clasificados en nivel extraordinario y otros 25 en nivel relevante, lo que refleja condiciones que requieren especial atención por parte de las autoridades, señaló Laura María Tobón Mejía, directora de Asuntos Institucionales."La Registraduría, la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la Contraloría, la MOE, todos los partidos políticos, nosotros estamos entregando las garantías de participación para que desde allí, desde los territorios, construyamos y entendamos las necesidades para estas elecciones que ya se avecinan el próximo 8 de marzo", declaró.En este contexto, la Gobernación indicó que ha realizado encuentros en municipios como Andes, Yarumal, Puerto Triunfo, Rionegro, Remedios y Caucasia, donde se analizaron las condiciones particulares de cada territorio. El cronograma continuará con sesiones en Cañasgordas, Chigorodó y Medellín antes de la jornada electoral del 8 de marzo.Las autoridades departamentales señalaron que uno de los principales objetivos de estos recorridos es revisar las condiciones de orden público y fortalecer la articulación institucional. En ese sentido, aclararon que coordinan acciones con la Cuarta Brigada y la Séptima Brigada del Ejército Nacional para reforzar los dispositivos de seguridad.
Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior en la vía Armenia–Pereira fueron identificadas como William Paipa, de 46 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19. El siniestro se registró en el kilómetro 2 de este corredor vial, en jurisdicción del departamento del Quindío.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad del sector y la información recopilada por las autoridades, las víctimas trabajaban en la promoción de bebidas alcohólicas y se dirigían a participar en un evento en un establecimiento de entretenimiento nocturno de la zona.Según el reporte preliminar, cuando intentaban cruzar la doble calzada fueron embestidos por una camioneta. El conductor del vehículo habría huido del lugar sin prestar auxilio a los afectados.Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.En el municipio de Circasia, donde residían, familiares y conocidos los recuerdan por su dedicación al trabajo. En el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, allegados destacaron su sueño de convertirse en cantante. La joven participó en 2019 en el programa La Voz Kids del Caracol Televisión, donde fue reconocida por su talento vocal.
A pocas semanas de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el escenario político en Colombia se mueve en medio de incertidumbre por las reglas que rodean las consultas interpartidistas y la renovación del Congreso. Ese día, además de elegir Senado y Cámara, los ciudadanos podrán participar en tres consultas para definir candidatos únicos a la Presidencia, en un proceso que analistas califican como atípico.En entrevista con Sala de Prensa Blu, la analista política y profesora de la Universidad de los Andes, Paca Zuleta, advirtió que la contienda actual enfrenta un problema de transparencia por cuenta de la Ley 2494 de 2025, que regula la publicación y realización de encuestas electorales en el país.Restricciones a encuestas y debate electoralZuleta cuestionó el impacto de la norma, señalando que ha limitado el acceso a información clave sobre intención de voto y dinámicas regionales. “A mí me llama la atención que nadie ha dicho que esa ley, 2494 del 2025, le quitó transparencia al debate electoral, porque no nos deja ver una cantidad de información que era muy importante para entender qué estaba pasando en las campañas”, afirmó.Según la experta, la restricción ha dejado un vacío que estaría siendo ocupado por fuentes sin respaldo técnico. “Le está abriendo el espacio para que haya una manipulación durante la campaña electoral a través de firmas de apuestas, gente que no cumple con la normativa pero bota ruido”, advirtió, al referirse a la circulación de cifras no verificadas en redes sociales y plataformas digitales.Líderes en sondeos, por fuera de consultasOtro de los puntos que genera debate es que varios nombres que figuran con alta recordación en el escenario nacional no participarán en las consultas del 8 de marzo. Entre ellos están Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes no harán parte de esas coaliciones.“Tenemos esta situación tan particular de que las personas que están punteando, los tres primeros que aparecen en las encuestas que conocemos, no hacen parte de las consultas”, explicó Zuleta. En su concepto, esto convierte la jornada en una especie de “intento de primera vuelta”, pero sin la participación de todas las figuras con mayor visibilidad mediática.Dudas sobre el alcance de Roy BarrerasEn el caso de la consulta liderada por Roy Barreras, el debate gira en torno a la capacidad de movilización electoral. Mientras el exsenador ha proyectado una votación cercana a los tres millones de apoyos, Zuleta se mostró escéptica frente a esa meta.“Yo no creo que esa consulta supere los 500.000 votos”, sostuvo la analista, al recordar el comportamiento histórico del político bajo el sistema de voto preferente. Además, señaló que la decisión del Pacto Histórico de no participar en esa consulta podría afectar de manera directa el caudal electoral que tradicionalmente lo ha acompañado.La “Gran Consulta” y la disciplina partidistaEn la centro-derecha, la denominada “Gran Consulta” reúne a figuras como Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna y Carlos Fernando Galán. Aunque varios de ellos cuentan con reconocimiento nacional, la incógnita es cuántos votos efectivos lograrán movilizar.Para Zuleta, la clave estará en la disciplina interna del Centro Democrático. “El Centro Democrático es un partido político disciplinado, y yo me imagino que el Centro Democrático sí va a votar en la consulta por Paloma Valencia... yo creo que ese es el éxito de esa consulta”, afirmó.De acuerdo con sus cálculos, esa coalición podría acercarse a los dos millones de votos, una cifra similar a la obtenida por el partido en elecciones legislativas anteriores.Escuche la entrevista completa aquí
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.
Más de 20 emergencias por lluvias fueron atendidas en el Distrito, principalmente en las comunas Siete y Tres, así como en el corregimiento El Centro, tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada de este domingo.De acuerdo con el reporte oficial, la alcaldía activó de inmediato el protocolo de respuesta junto a organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de verificar afectaciones y brindar apoyo a las familias damnificadas.El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez, confirmó que más de 23 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones, que ocasionaron daños en viviendas y enseres.“Asimismo, la Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, explicó el funcionario tras la llegada de las primeras ayudas humanitarias.Ramírez detalló que el equipo técnico adelantó el proceso de caracterización de las familias impactadas para agilizar la entrega de asistencia. “Llegan las ayudas para más de 23 familias caracterizadas que lastimosamente vieron afectadas sus viviendas y sus enseres, con ocasión a unas lluvias muy fuertes durante la madrugada de este domingo. Estamos trabajando en campo con los demás organismos de socorro”, señaló.El funcionario advirtió que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta y el monitoreo permanente en distintos puntos del casco urbano y la zona rural.“Queremos que hoy mismo esas familias sientan que esas ayudas las van a proteger, porque, por supuesto, continuaremos en fase de lluvia durante toda la semana”, agregó.Desde la administración distrital informaron que, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, se mantienen activos los equipos de respuesta y el grupo de arborización de la Secretaría de Infraestructura, que adelanta labores de poda y tala preventiva en sectores donde se ha identificado riesgo inminente.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
Un operativo interinstitucional permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al hurto de ganado en Santander. Tres hombres fueron capturados y 70 terneros de raza cebú, reportados como robados, fueron hallados en predios rurales del municipio de Sabana de Torres.La acción policial se inició luego de la denuncia interpuesta por el propietario del ganado, que había sido sustraído en zona rural de Puerto Wilches. A partir de esta alerta, unidades de la Policía desplegaron un plan candado que incluyó verificaciones, seguimiento de rutas y trabajo coordinado con la Seccional de Carabineros, unidades de Protección Ambiental, el Ejército Nacional y los departamentos policiales de Santander, Magdalena Medio y Cesar.Las labores de búsqueda condujeron a los uniformados hasta tres veredas del municipio de Sabana de Torres: La Irlanda (finca Magnolia), La Gómez (finca La Esmeralda) y La Musanda (finca La Esterlina). En estos lugares fueron encontrados los 70 semovientes ocultos, presuntamente con el fin de facilitar su posterior comercialización ilegal.Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de abigeato. Las investigaciones continúan para determinar si los capturados hacen parte de una estructura más amplia que estaría operando en diferentes zonas ganaderas del departamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo articulado de las instituciones: “Este resultado evidencia la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional. La denuncia oportuna permitió actuar con rapidez y recuperar el patrimonio de los ganaderos. En Santander, la lucha contra el abigeato es una prioridad. Seguiremos desplegando capacidades para proteger la seguridad rural y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de nuestros campesinos”, afirmó.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) presentó en Bucaramanga el nuevo Centro de Industrialización Regional de Café (CIR), llamado “Entre Árboles”, el tercero que se instala en el país como parte de la estrategia nacional para fortalecer la cadena de valor del café desde las regiones.El centro, ubicado en el corazón comercial de la ciudad, promete convertirse en un motor de transformación para la caficultura santandereana, al acercar tecnología, innovación y procesos de alto valor agregado a los productores.Según la FNC, la infraestructura cuenta con equipos de última generación y tendrá capacidad para trillar hasta 1.000 sacos al mes y realizar 22 toneladas de tostión, garantizando estándares de calidad en cada etapa del proceso.“En cada nuevo centro de industrialización el caficultor encuentra un lugar confiable donde puede entregar su café para procesarlo con los mayores estándares de calidad y avanzar en la cadena de valor”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la FNC, quien recordó que este modelo arrancó en Neiva y Manizales y se proyecta hacia la creación de 15 centros en todo el país.“Entre Árboles” también será un espacio para la formación y el desarrollo técnico. El CIR contará con un laboratorio de catación, un centro de capacitación y asistencia técnica y alianzas con universidades locales para impulsar procesos de control de calidad, desarrollo de nuevos productos y formación en transformación del grano.Además, el lanzamiento del centro está ligado a la presentación de la nueva marca regional “Entre Árboles”, con la que se busca posicionar a Santander como un referente nacional en cafés sostenibles, cultivados bajo sombra y con un enfoque en conservación ambiental y alta calidad sensorial.La FNC destacó que, desde Almacafé y a través del servicio Cafenlace, los productores también podrán enviar desde este centro su café procesado directamente a clientes en el exterior, ampliando sus oportunidades de comercialización.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Luz Mery Hernández, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander durante la administración de Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un convenio por más de $2.700 millones destinado a la entrega de incentivos a artistas del departamento.Según el Ministerio Público, el convenio fue suscrito con la fundación Funsocial, una entidad que no habría cumplido los requisitos legales exigidos para contratar con la gobernación.La investigación determinó posibles omisiones en la verificación de documentos, inconsistencias en la selección del contratista, y fallas en la modalidad de contratación utilizada.Además de Hernández, la Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz, y la profesional universitaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, quienes actuaron como supervisoras del convenio. De acuerdo con el organismo de control, ambas funcionarias habrían permitido que se ejecutara un contrato sin los soportes exigidos y sin los controles necesarios.El caso salió a la luz pública en 2022, cuando el entonces diputado Ferley Sierra denunció ante la Asamblea de Santander presuntas anomalías en los convenios de la Secretaría de Cultura. Sierra documentó presuntos pagos inferiores a los acordados con los artistas entre $50.000 y $500.000 menos del valor pactado de $4 millones, según declaraciones juramentadas de los propios beneficiarios.La Procuraduría señaló que las irregularidades habrían generado afectaciones directas a los artistas locales, quienes debieron recibir recursos completos como parte del programa de estímulos culturales.Con el pliego de cargos, el proceso avanza a etapa de juicio disciplinario, donde el Ministerio Público definirá si las funcionarias incurrieron o no en faltas gravísimas relacionadas con la ejecución de recursos públicos destinados al sector cultural.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó, en segunda instancia, la condena siete años y tres meses de prisión contra el alcalde de El Playón, Santander, Luis Ambrosio Alarcón López, por irregularidades cometidas en la contratación pública durante su primera administración en 2009.El fallo ratifica la decisión emitida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga, que lo halló responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.De acuerdo con la Fiscalía, Alarcón firmó dos contratos bajo urgencia manifiesta sin agotar los procedimientos legales, el primero, firmado el 29 de octubre de 2009, por más de $4 millones, para la compra de materiales como cemento y mangueras, destinados a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara.El segundo, firmado el 6 de noviembre de ese mismo año, por $35 millones, destinado a financiar las ferias y fiestas del municipio. Las autoridades demostraron que en ambos procesos el entonces alcalde no realizó estudios previos, omitió el proceso de selección del contratista, no suscribió acuerdo escrito y tampoco obtuvo certificados de disponibilidad ni registros presupuestales.La investigación también reveló que Alarcón suscribió una letra de cambio por $11 millones para gastos municipales sin sustento legal, lo que derivó en demandas contra el municipio y evidenció un uso indebido de los recursos públicos.Por estos hechos, además de la pena intramural, el mandatario deberá pagar una multa superior a $201 millones y quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.Pese a la confirmación del Tribunal, no se ha emitido orden de captura, por lo que la defensa del alcalde, en cabeza del abogado Jhon Franco, anunció que llevará el caso a casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que permitirá que Alarcón permanezca en libertad mientras se resuelve la última instancia.El caso continúa en seguimiento judicial y mantiene la atención pública en El Playón y en el departamento de Santander.
Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.