Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
Con amores y rodeador de amor se despidió Pontificio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, un gato que durante años se ganó el cariño de los estudiantes y profesores, quienes siempre aprovechaban el tiempo a su lado para expresarle amor y darle alguna caricia.Es por eso por lo que, a través de un comunicado, la universidad informó que Pontificio (Ponti para los amigos) se graduó con “honores en amor incondicional” de la “facultad de las ciencias de la siesta y el ronroneo”, un título que toda la comunidad de la universidad celebró y vieron “más que merecido” este reconocimiento, además de que recibió su propio carné estudiante e identificación.“Con mucha emoción le hicimos su propio carné😌. Es nuestra forma de decirle que, aunque ahora descanse feliz en un hogar, su lugar en el #EcoCampusUPB está asegurado para siempre. Gracias, Ponti, por elegirnos como tu primera familia y por graduarte con los honores más altos en amor puro. Esta siempre será tu casa”, fueron las palabras de la universidad.Además, este reconocimiento se dio gracias a que, finalmente, Pontificio fue adoptado por una familia y se encuentra en una casa rodeado de amor, según dio a conocer la universidad en un comunicado, pues por su edad era mejor que estuviera en un entorno más seguro pese al amor que le tenían en la universidad.“Durante años, el #EcoCampusUPB no fue solo su territorio, fue su hogar feliz; el lugar donde cada estudiante tenía una caricia para él y donde cada rincón guardaba una de sus siestas bajo el sol. Verlo tan en paz y profundamente amado es el regalo más grande que podíamos recibir en este inicio de año”, expresaron.Pero con el reconocimiento de grado con honores, según la institución, lo ligará por siempre como un miembro más de la comunidad educativa al cual ni profesores ni estudiantes podrán olvidar, aunque pasen los años.
De cara a las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa adelantando acciones para garantizar un proceso electoral seguro, organizado y transparente en todo el país.En Bogotá, la entidad se reunió con representantes de los partidos y movimientos políticos, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para socializar los principales aspectos del proceso en el marco de la paz electoral. Durante este encuentro se presentaron el plan de seguridad para los puestos y mesas de votación, las estrategias de capacitación de los jurados, los resultados del simulacro de preconteo, que se realizó el pasado 7 de febrero, y la pedagogía para el correcto diligenciamiento de las actas electorales.También desde el órgano se informó que este miércoles 11 de febrero iniciará la distribución del material electoral en el exterior y que el próximo 21 de febrero se realizará un nuevo simulacro de preconteo. La Registraduría invitó a todas las organizaciones políticas a participar en las auditorías y simulacros como parte del fortalecimiento de la transparencia del proceso democrático.De manera paralela, la Registraduría ha intensificado las capacitaciones ante el panorama de violencia que se vive en Colombia. En donde, anteriormente, el registrador nacional alertó que en 312 municipios del país hay presencia de grupos armados ilegales y que en el 40 % de estos territorios existen intereses políticos, lo que representa un riesgo para el desarrollo normal de las elecciones.Frente al actual panorama, se han reforzado las acciones conjuntas con la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad electoral.En Putumayo, se realizaron capacitaciones a la Policía Nacional en las que se socializaron los roles y responsabilidades de acompañamiento, los protocolos de seguridad y el apoyo logístico en las distintas etapas del proceso electoral, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en el territorio y la confianza en el proceso.A la par, en el departamento del Quindío se capacitó a los soldados del Batallón de Servicios sobre sus funciones en los 36 puestos de votación, de cara a la jornada electoral del próximo 8 de marzo, resaltando la importancia de la preparación y el compromiso institucional.Por parte de San Andrés se llevó a cabo un Comité de Seguridad Electoral con la participación de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Infantería de Marina y otros actores clave, en el que se revisaron las condiciones de seguridad de los puestos de votación y de los centros de escrutinio departamental y municipal.Por el momento, las autoridades buscan garantizar un ambiente y condiciones óptimas y seguras para el desarrollo de las elecciones.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de febrero de 2026:Juan David León, abogado de Ricardo Roa, habló de las imputaciones de la Fiscalía al presidente de Ecopetrol.Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, se refirió sobre la situación en la ciudad por las fuertes lluvias.Álvaro Molina, representante de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, comentó sobre la alerta por decreto del Gobierno para trasladar a 6 millones de pacientes.Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, habló de las lluvias y frente frío en Colombia.Yeison Mesa, presidente del sindicato de Migración Colombia - Osemco, dio detalles sobre el plan tortuga en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.Escuche el programa completo aquí:
Pacientes Colombia expresó su preocupación sobre un posible traslado masivo de afiliados entre EPS en distintas regiones del país. Según la organización, un borrador de decreto del Gobierno Nacional podría provocar el movimiento de cerca de 6,6 millones de usuarios como consecuencia de la liquidación de varias EPS.De acuerdo con Pacientes Colombia, el traslado automático de usuarios cuando se liquida una EPS no es una práctica nueva y ya ha sido aplicada en gobiernos anteriores, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, la principal preocupación radica en que, a diferencia de esos periodos, anteriormente no se permitía trasladar afiliados a EPS que se encontraran intervenidas, debido a sus graves problemas administrativos y financieros. Por lo que, comparando el escenario actual, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría considerando trasladar millones de usuarios a entidades que ya presentan serias dificultades para garantizar la atención en salud.Pacientes Colombia advirtió que los usuarios que serían trasladados provienen de EPS liquidadas, es decir, entidades que ya agotaron todas las posibilidades de recuperación.“Ahora el gobierno pretende cuadrar la tasa de la nueva EPS trasladándole cerca de 4 millones de usuarios. Si a la nueva EPS le quedó grande manejar 11 millones 500.000 afiliados que tiene de promedio hoy en día, si le trasladan 4 millones más, serían cerca de 16 millones. El caos sería espantoso”, según señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.Este panorama implica que muchos afiliados lleguen sin tratamientos activos, sin historias clínicas completas y con una alta carga de enfermedad. Al ser trasladados a EPS que atraviesan problemas similares, los pacientes podrían enfrentar meses de espera antes de retomar sus tratamientos, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o de alto costo.Según Pacientes Colombia, aunque algunos de estos usuarios no hacen uso frecuente del sistema de salud, la mayoría presenta patologías de alto costo y alto impacto social, lo que aumenta la gravedad de la situación. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones se tomen de manera responsable y no se condene a los pacientes de una EPS liquidada a ser trasladados a otra que se encuentra en condiciones iguales o peores.Finalmente, Pacientes Colombia aclaró que, hasta que el Gobierno no haga público el borrador del decreto, no es posible confirmar qué EPS serían liquidadas. Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos, ya que una vez se anuncien los traslados, los afiliados podrán ejercer su derecho a la libre elección y solicitar el cambio a otra EPS.
En un operativo realizado por diferentes autoridades en Medellín, se logró evidenciar la necesidad urgente de intervenir y demoler 12 viviendas ubicadas en el barrio Villatina, esto con el propósito de garantizar las condiciones seguras y así prevenir un movimiento en masa.La Alcaldía de Medellín indicó que las estructuras están ubicadas en zonas de alto riesgo, por lo que se priorizaron las obras de mitigación y estabilización del terreno para disminuir la amenaza en esta zona del Nororiente de la capital de Antioquia.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que este procedimiento también se realiza porque se han identificado antecedentes de ocupación en zonas de alto riesgo no solo en el barrio Villatina sino en otras zonas de la ciudad."Se adelanta una intervención técnica y social en el sector de Villatina de la Comuna 8, tras el concepto del DAGRD, que determinó la necesidad de demoler 12 estructuras que estaban ubicadas en una zona de alto riesgo por movimiento en masa. Esta decisión se toma con base en un análisis riguroso", expresó el funcionario.Hay que mencionar que los análisis estructurales y del suelo lograron identificar que el grupo de edificaciones requiere demolición para poder garantizar las obras de mitigación, por lo que las viviendas ya fueron caracterizadas, notificadas y desocupadas para prevenir inconvenientes durante las labores técnicas.Se espera que en las próximas horas se instale un Puesto de Mando Unificado para poder hacerle seguimiento operativo y jurídico a la situación y así garantizar el control territorial en el marco de la calamidad pública decretada desde el 2025 en Medellín.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
Un joven fue capturado en flagrancia en Bucaramanga cuando recibía dinero producto de una extorsión a su exnovia, a quien amenazaba con divulgar fotografías y otra información de carácter íntimo si no accedía a sus exigencias económicas.El procedimiento fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en desarrollo de las acciones contra la extorsión. De acuerdo con el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado fue sorprendido en el momento exacto en que recibía $600.000 en efectivo y una manilla de oro avaluada en cerca de $2 millones.Según las investigaciones, “el presunto extorsionista mantuvo una relación sentimental previa con la víctima y utilizaba esa cercanía para intimidarla mediante mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En los mensajes le exigía pagos que oscilaban entre uno y dos millones de pesos, a cambio de no divulgar contenido íntimo”, explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Durante el operativo, las autoridades incautaron el dinero exigido, la manilla de oro y dos teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para la materialización del delito.El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión. La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123.
La Secretaría de Ambiente y Transición Energética anunció que iniciará un incidente de desacato contra la empresa Cenit por el incumplimiento de las órdenes emitidas por un juez, tras evidenciar nuevos focos de contaminación por hidrocarburos en la Ciénaga San Silvestre, en el sector de Kikelandia.Según explicó Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, la decisión se tomó, luego de atender denuncias realizadas por pescadores de la zona, que alertaron sobre la presencia de manchas de hidrocarburos en el cuerpo de agua.“De acuerdo con las denuncias de los pescadores, venimos con nuestro equipo técnico a verificar cómo hay trazas de hidrocarburos en la ciénaga. Nos preocupa que esta contaminación esté superando las barreras oleofílicas”, señaló el funcionario.Granados advirtió que esta situación representa un alto riesgo ambiental, por lo que se hizo un llamado urgente a la empresa Cenit para que revise y corrija las fallas en la implementación del Plan de Recuperación Ambiental, con el fin de evitar que la contaminación se siga propagando.El secretario indicó que desde la autoridad ambiental se está exigiendo la implementación inmediata de nuevas tecnologías, como el Watermaster, para reducir los riesgos asociados a la fauna del ecosistema, en especial al manatí antillano, así como para evitar afectaciones al acueducto que abastece a la población.Además, anunció que se elevó un llamado a la Procuraduría Ambiental y Agraria, con el objetivo de agilizar los procesos necesarios que permitan contratar a pescadores de la zona, quienes cuentan con la experiencia para realizar labores de limpieza de manera rápida y efectiva.“Vamos a iniciar un incidente de desacato porque consideramos que hay un incumplimiento a lo ordenado por el juez”, puntualizó Granados.La autoridad ambiental reiteró que mantendrá un seguimiento permanente y que no descarta nuevas acciones administrativas y judiciales, en defensa de la Ciénaga San Silvestre y de las comunidades que dependen de este ecosistema.
En un operativo, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a alias ‘Pechuga’, señalado como el principal articulador de una peligrosa alianza entre las bandas “Los Búcaros” y “Los del Sur”. Este hombre, que contaba con una trayectoria criminal de más de una década, se había convertido en el objetivo prioritario de las autoridades debido a su capacidad para coordinar homicidios selectivos y, especialmente, por su rol como enlace logístico del ELN.Las investigaciones judiciales vinculan directamente a ‘Pechuga’ con actos de terrorismo que conmocionaron a la región a finales del año pasado. Se le señala de participar activamente en la observación, logística y adecuación de los artefactos explosivos utilizados en el atentado contra el peaje La Lizama, ubicado en la vía que conduce a Barrancabermeja, así como en un ataque simultáneo contra una patrulla policial en diciembre de 2025. Bajo la modalidad de subcontratación criminal, este hombre ponía la estructura de sus bandas al servicio del ELN para ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública y la infraestructura del departamento.“Muy importante estas capturas de alias ‘Pechuga’ y alias ‘Mocho’, por es el cabecilla de la banda ‘Los Bucaros’, estaba en compañía de su papá que había sido integrante de una estructura criminal, este delincuente está relacionado con 13 homicidios en la ciudad de Barrancabermeja en el mes de diciembre y estamos investigando homicidios en Bucaramanga. Además, está vinculado con el atentado al peaje La Lizama”, señaló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Más allá de sus nexos terroristas, el prontuario de ‘Pechuga’ revela una estela de violencia urbana sin precedentes. Las autoridades lo sindican como el autor intelectual de al menos 17 homicidios cometidos entre 2025 y lo que va de 2026 en el área metropolitana. Junto a él fue capturado alias ‘Mocho’, otro integrante clave que facilitaba el control territorial en el norte de Bucaramanga, consolidando un monopolio delictivo que integraba el tráfico de estupefacientes y la extorsión a comerciantes de la zona.Durante el procedimiento de captura, las unidades policiales hallaron elementos que confirman la peligrosidad y las conexiones de esta red: un arma de fuego con munición, dos kilogramos de marihuana y, de manera reveladora, una bandera alusiva al ELN, lo que ratifica la tesis de la alianza entre la delincuencia común y la insurgencia. Con este resultado, la Policía Nacional no solo debilita las finanzas de estas organizaciones, sino que retira de las calles al hombre que actuaba como el puente estratégico para la violencia en el corredor entre Bucaramanga y el Magdalena Medio.
Tras un proceso de seguimiento que se extendió por varios meses, la Unidad Básica de Investigación Criminal logró la captura en plena vía pública de Suaita de un hombre de 25 años, presunto responsable de una cadena de abusos contra una menor de edad que ha conmocionado a la provincia Comunera.Los hechos, que según el expediente judicial se registraron en el corregimiento de Vado Real, exponen un crudo panorama de vulneración que se prolongó durante más de un año.De acuerdo con las pesquisas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría aprovechado su cercanía con el entorno íntimo de la víctima para perpetrar los ataques entre enero de 2020 y febrero de 2021, valiéndose de un oscuro método de manipulación donde “mediante engaños, amenazas y chantajes, habría cometido reiterados abusos sexuales”.La gravedad del caso radica no solo en la naturaleza de los actos, sino en la continuidad de estos, lo que llevó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de El Socorro a emitir una orden de captura por delitos de acceso carnal violento en concurso con actos sexuales con menor de catorce años, bajo circunstancias de agravación.Durante las audiencias concentradas, se conoció que el hombre actuó de manera sucesiva, aprovechando los momentos de indefensión de la menor bajo un vínculo de confianza que facilitó el silencio de la víctima durante meses.Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, la autoridad judicial determinó que el capturado representa un riesgo inminente, por lo cual se le impuso una “medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”.Al respecto, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, enfatizó que la institución mantiene una “lucha permanente y decidida contra cualquier forma de violencia que afecte a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señalando además que el trabajo articulado con la justicia busca garantizar “que estos hechos no queden en la impunidad y que los responsables enfrenten a la justicia”.El detenido ya fue trasladado a un centro de reclusión, mientras el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio, donde podría enfrentar una de las penas más severas contempladas en el código penal colombiano para este tipo de conductas.
Luego de tres meses de la emergencia ambiental provocada por el derrame de gasolina en la quebrada El Zarzal y la Ciénaga San Silvestre, en Barrancabermeja, a raíz de la rotura de un tramo del oleoducto de la empresa Cenit, las autoridades ambientales advierten que aún persisten rastros de hidrocarburos en el ecosistema. Ante esta situación, la Alcaldía Distrital realizó una visita de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y al proceso de recuperación que se ejecuta en el sector de Kikelandia.A pesar de que la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, implementó las medidas de control y recuperación ambiental, durante la visita, el equipo técnico de la Alcaldía verificó en campo los avances en la recuperación del ecosistema, halló trazas de hidrocarburo.El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, explicó que la inspección responde a las denuncias presentadas por pescadores del sector, quienes alertaron sobre la presencia de trazas de hidrocarburos en la ciénaga. Según indicó el funcionario, en el recorrido participaron ingenieros ambientales, un biólogo y un veterinario, quienes evidencian la necesidad de fortalecer las barreras de contención y ajustar el plan de recuperación ambiental.Granados advirtió que: “existe preocupación porque la contaminación estaría superando algunas de las barreras físicas instaladas, por lo que se solicitó una reunión con representantes de Cenit para revisar y corregir las acciones implementadas”.Además, hizo un llamado a la empresa para que incorpore de manera urgente nuevas tecnologías, como el sistema Water Master, que permitan reducir los riesgos ambientales y proteger especies como el manatí antillano, presente en la Ciénaga San Silvestre.En el marco de este proceso, se mantiene vigente una orden judicial que obligó a la empresa Cenit – Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. a ejecutar la recuperación integral de las áreas afectadas por los derrames registrados en el sector de Kikelandia. La decisión judicial reconoce la afectación a la quebrada El Zarzal, fuente hídrica que desemboca en la ciénaga, y establece que los eventos vulneran derechos fundamentales como el acceso al agua potable, el ambiente sano y el mínimo vital de las comunidades ribereñas y asociaciones de pescadores artesanales.Entre las medidas exigidas se encuentra la restauración de la ronda hídrica en las zonas impactadas, la recuperación de la microflora de los sedimentos y la evaluación para una repoblación controlada de especies nativas, incluyendo alevines, con el fin de recuperar el equilibrio ecológico del sistema.El fallo también dispuso que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja realicen un seguimiento riguroso al cumplimiento de estas obligaciones, garantizando un control permanente sobre el proceso de recuperación ambiental en la Ciénaga San Silvestre.Desde la Alcaldía se anunció que en los próximos días se desarrollará un nuevo encuentro con la empresa Cenit para atender las recomendaciones técnicas formuladas y avanzar en acciones concretas que permitan mitigar los impactos ambientales y proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
Lo que inició como un aparente reencuentro casual entre “paisanos” terminó en una pesadilla para una ciudadana oriunda de Suaita, que llegó hasta San Gil para hacer unas diligencias.Según las primeras versiones, el robo se produjo bajo la modalidad de suministro de sustancias químicas, dejando a la mujer sin sus pertenencias y con graves afectaciones de salud.La víctima, quien se encontraba realizando diligencias personales en las inmediaciones del parque principal, fue interceptada en el Centro Comercial Camino Real por un sujeto desconocido. Con una familiaridad fingida y un saludo efusivo: “Hola paisana, ¡qué milagro! Vamos a tomarnos un café”, el hombre logró acercarse lo suficiente para abrazarla.Según el relato de la afectada, fue en ese contacto físico donde el delincuente le habría aplicado una sustancia (presuntamente escopolamina o similares) que anuló de inmediato su voluntad.Bajo los efectos del narcótico, la mujer fue conducida hacia una zona estratégica del parqueadero del centro comercial, un punto donde el delincuente sabía que no había cobertura de cámaras de seguridad.De acuerdo con las autoridades, la mujer manifestó que se sentía como en un sueño, que no podía reaccionar. En ese momento el sujeto le dijo que tuviera cuidado, que estaban robando mucho, y que guardara las joyas en el bolso.Siguiendo las instrucciones del victimario en un estado de indefensión, la mujer guardó un botín avaluado en 15 millones de pesos, compuesto por cadenas, pulseras y anillos de oro. En un descuido inducido, el sujeto manipuló el bolso, sustrajo las prendas y huyó del lugar a bordo de un taxi, con la excusa de buscar algo en su vehículo.Tras el incidente, la mujer presentó un cuadro clínico de mareo, vómito, cefalea intensa y malestar general, síntomas característicos de la intoxicación por sustancias volátiles. Aunque el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía y la Policía Nacional, aún no se reportan capturas.Este hecho ha encendido las alarmas en San Gil, pues no es el primer reporte de hurtos mediante el uso de sustancias que doblegan la conciencia.La comunidad exige mayor vigilancia en el sector comercial y resultados contundentes contra estas bandas que empañan la seguridad del municipio. Hace poco más de un año, un comerciante también fue víctima de robo con escopolamina. En esa oportunidad, el delincuente lo abordó en una cafetería cerca de la plaza de mercado central.
Una serie de accidentes de tránsito registrados en diferentes corredores viales y zonas urbanas del departamento de Santander dejó como saldo dos personas fallecidas y seis más heridas.Uno de los hechos más graves ocurrió en la vía San Gil–Charalá, en el sector Palmita, vereda El Moral, donde el conductor de una motocicleta perdió el control del vehículo y terminó chocando con una alcantarilla ubicada en una cuneta.En el lugar falleció Wilker José Vivianco, de 24 años, una promesa de la música. Oriundo de Mompox, Bolívar, soñaba con convertirse en un cantante reconocido en el país. Cantaba Champeta, pero también tenía habilidades para otros géneros musicales. Otro accidente mortal se presentó en la vía San Gil–Bucaramanga, donde un motociclista chocó con una buseta. La víctima fue identificada como Wilfran Daza, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las lesiones.En la capital santandereana se reportó una colisión entre un vehículo particular y un taxi en la calle 34 con carrera 22. Tras el impacto, el conductor del automóvil habría abandonado el lugar, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.Asimismo, en el sector de La Gitanilla, antes de llegar a la intersección conocida como la Y que conduce hacia Acapulco, un vehículo terminó volcado sobre la vía.Otro siniestro se registró en la carrera novena con calle 45, Bucaramanga, donde un bus de servicio público colisionó con una motocicleta, cuyo conductor resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.También se reportó un accidente en la entrada al barrio Villa Mercedes, en el que resultó involucrado un motociclista, quien sufrió lesiones y recibió atención médica.En la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del puente de Puerto Araujo, dos tractomulas colisionaron, provocando el cierre total de este importante corredor vial. Uno de los conductores resultó lesionado, aunque logró salir por sus propios medios. Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia atendieron la emergencia y avanzan en las investigaciones para determinar las causas del choque.Finalmente, en la vía paralela, entra Bucaramanga y Floridablanca, se presentó otro accidente en el que una mujer resultó gravemente herida tras colisionar con una buseta. La víctima fue auxiliada por los organismos de socorro y trasladada a un centro asistencial.Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución.